CIUDAD DE MÉXICO: El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, advirtió que si los profesores paristas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no reanudan las clases el próximo jueves 19, ya tienen listos a 26 mil docentes que ocuparían sus plazas.
“Tenemos el número suficiente de maestros para eventualmente hacer una sustitución. El día de hoy hay 24 mil 617 maestros en paro y tenemos listos 26 mil maestros en caso de ser necesario para sustituirlos si es que llegamos a un escenario, que no deseamos, de darlos de baja”, señaló en conferencia de prensa.
De acuerdo con Nuño, de esa cifra 16 mil están en la lista de concursantes para ingresar a la docencia y los otros 10 mil son maestros eventuales en servicio y pensionados.
El funcionario federal destacó que este martes laboraron normalmente la mayoría de las escuelas en los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero.
Comentó que hay cifras positivas de profesores que regresaron a las aulas, y precisó que en Oaxaca abrió el 93% de las escuelas, en Chiapas 83%, Michoacán 92%, y en Guerrero 99.8%.
Las cifras son positivas y demuestran que cada vez más maestros están regresando a clases, subrayó.
“Los maestros en Michoacán, al igual que en Oaxaca y Guerrero, están saliendo del paro, lo cual festejamos y reconocemos como la decisión correcta y adecuada, que muestra que la mayoría de los maestros están haciendo caso omiso al paro al que llamó la Coordinadora”, indicó.
El titular de la SEP lanzó nuevamente su llamado a los 24 mil maestros que están en paro para que no se dejen engañar por los líderes de la CNTE que, según él, lo que realmente quieren es recuperar los privilegios que se acabaron con la reforma educativa.
“Son privilegios indebidos e ilegales, como la compra y venta de plazas. Que los maestros no vayan a esta aventura y pongan en riesgo tanto su salario con los días de descuento, como eventualmente su empleo, por una causa que no es justa ni es legal”, apuntó.
Por la mañana, maestros de la CNTE realizaron un mitin frente a la SEP y bloquearon los accesos a la dependencia, mientras que en la puerta principal colgaron una manta con la leyenda: “Muera el mal gobierno”.
Asimismo, advirtieron que realizarán protestas mientras permanezca el plantón frente a la Secretaría de Gobernación, a la que exigen un diálogo sobre la reforma educativa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSALÍA VERGARA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/440945/estan-listos-26-mil-maestros-reemplazaran-a-faltistas-nuno
martes, 17 de mayo de 2016
Sitio de Aristegui Noticias gana el Premio Knight de Periodismo Internacional 2016
CIUDAD DE MÉXICO: El Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés) otorgó el Premio Knight de Periodismo Internacional 2016 al portal de internet Aristegui Noticias “por exponer crímenes financieros y malas conductas a los más altos niveles”.
Según dijo Joyce Barnathan, presidente del ICFJ, los periodistas de investigación de ese sitio “han cambiado el mundo al revelar acuerdos oscuros que envuelven a altos funcionarios… Ellos sobresalen por sus importantes reportajes”.
Mediante un comunicado, la organización anunció el premio al portal encabezado por la periodista Carmen Aristegui. Explicó que el certamen tiene el objetivo de homenajear a periodistas que, por un trabajo pionero o de innovación tecnológica, produjeron información y noticias de calidad que generaron “un impacto significativo en la vida de personas de países en desarrollo”.
En este certamen, los candidatos pueden ser periodistas, editores, desarrolladores, tecnólogos, gerentes de medios, periodistas ciudadanos o blogueros. En este sentido, también entregó el galardón a Miranda Patrucic, periodista de Sarajevo que reveló temas de corrupción en Azerbaiyán y Uzbekistán.
El Centro Knigth aseguró que Aristegui Noticias es un “equipo de intrépidos reporteros” cuyas investigaciones han expuesto corrupción y crimen desde el poder en México, así como conflictos de interés entre figuras del gobierno y élites en un ambiente conocido como uno de los más letales en el mundo para los periodistas.
Destacó en particular la investigación publicada en dicho sitio el 9 de noviembre de 2014 sobre la llamada “Casa Blanca” con valor estimado en siete millones de dólares, construcción en la que se demostró un conflicto de intereses y favoritismo entre Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto y la empresa Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, una de las principales contratistas del gobierno federal.
Sin aceptar responsabilidad en el hecho, el gobierno de Peña Nieto canceló la construcción de un tren de alta velocidad cuya licitación ganó la misma compañía.
La investigación –que llevó meses de trabajo entre los periodistas Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán– ganó en septiembre de 2015 el Premio Nacional de Periodismo y el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo, otorgado por la Fundación Iberoamericana de Nuevo Periodismo (FNIP). En noviembre siguiente recibió el Premio Colpin 2015, otorgado por la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (Colpin).
El 10 de marzo de 2015, cuatro meses después del escándalo de “la Casa Blanca”, Aristegui y su equipo de investigación participaron en la presentación de la plataforma ciudadana Mexicoleaks, una alianza entre medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil para intercambiar información de manera segura y anónima con fines periodísticos.
La mañana siguiente la periodista hizo el anuncio al aire en el noticiero de MVS Radio. Dos días después, dos de sus colaboradores fueron despedidos y el 15 de marzo la empresa terminó su contrato laboral como conductora del noticiero estelar de esa estación y el más escuchado en el país. El argumento: “abuso de confianza” por usar su logotipo, presuntamente, sin autorización en el portal.
El Centro Knigth también destacó las investigaciones que el portal de Aristegui Noticias ha publicado sobre pederastia, la red prostitución operada por líderes del PRI en la Ciudad de México, así como su reciente participación en la investigación periodística de los #PanamaPapers.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/440962/sitio-aristegui-noticias-gana-premio-knight-periodismo-internacional-2016
Según dijo Joyce Barnathan, presidente del ICFJ, los periodistas de investigación de ese sitio “han cambiado el mundo al revelar acuerdos oscuros que envuelven a altos funcionarios… Ellos sobresalen por sus importantes reportajes”.
Mediante un comunicado, la organización anunció el premio al portal encabezado por la periodista Carmen Aristegui. Explicó que el certamen tiene el objetivo de homenajear a periodistas que, por un trabajo pionero o de innovación tecnológica, produjeron información y noticias de calidad que generaron “un impacto significativo en la vida de personas de países en desarrollo”.
En este certamen, los candidatos pueden ser periodistas, editores, desarrolladores, tecnólogos, gerentes de medios, periodistas ciudadanos o blogueros. En este sentido, también entregó el galardón a Miranda Patrucic, periodista de Sarajevo que reveló temas de corrupción en Azerbaiyán y Uzbekistán.
El Centro Knigth aseguró que Aristegui Noticias es un “equipo de intrépidos reporteros” cuyas investigaciones han expuesto corrupción y crimen desde el poder en México, así como conflictos de interés entre figuras del gobierno y élites en un ambiente conocido como uno de los más letales en el mundo para los periodistas.
Destacó en particular la investigación publicada en dicho sitio el 9 de noviembre de 2014 sobre la llamada “Casa Blanca” con valor estimado en siete millones de dólares, construcción en la que se demostró un conflicto de intereses y favoritismo entre Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto y la empresa Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, una de las principales contratistas del gobierno federal.
Sin aceptar responsabilidad en el hecho, el gobierno de Peña Nieto canceló la construcción de un tren de alta velocidad cuya licitación ganó la misma compañía.
La investigación –que llevó meses de trabajo entre los periodistas Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Irving Huerta y Sebastián Barragán– ganó en septiembre de 2015 el Premio Nacional de Periodismo y el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo, otorgado por la Fundación Iberoamericana de Nuevo Periodismo (FNIP). En noviembre siguiente recibió el Premio Colpin 2015, otorgado por la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (Colpin).
El 10 de marzo de 2015, cuatro meses después del escándalo de “la Casa Blanca”, Aristegui y su equipo de investigación participaron en la presentación de la plataforma ciudadana Mexicoleaks, una alianza entre medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil para intercambiar información de manera segura y anónima con fines periodísticos.
La mañana siguiente la periodista hizo el anuncio al aire en el noticiero de MVS Radio. Dos días después, dos de sus colaboradores fueron despedidos y el 15 de marzo la empresa terminó su contrato laboral como conductora del noticiero estelar de esa estación y el más escuchado en el país. El argumento: “abuso de confianza” por usar su logotipo, presuntamente, sin autorización en el portal.
El Centro Knigth también destacó las investigaciones que el portal de Aristegui Noticias ha publicado sobre pederastia, la red prostitución operada por líderes del PRI en la Ciudad de México, así como su reciente participación en la investigación periodística de los #PanamaPapers.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/440962/sitio-aristegui-noticias-gana-premio-knight-periodismo-internacional-2016
El Gobierno cuida megaobras y no mueve un dedo mientras se ataca a opositores: activistas
Parques eólicos, concesiones mineras, hidroeléctricas, autopistas, líneas de transmisión, entre otras megaobras cedidas a grandes empresas constructoras, han ido transformando el paisaje rural en industrial a pasos agigantados que dejan huellas imborrables en los ecosistemas, denunció el activista Carlos Mazo.
Organizaciones que han luchado para defender el medio ambiente, los recursos naturales y la salud de los mexicanos, acusaron que durante la actual administración priísta se han endurecido los ataques contra activistas.
Asimimo, acusó que cada frente, cada comunidad y cada organización se ve en la necesidad de crear sus propios protocolos de seguridad, ya que el Estado mexicano no ofrece garantías de protección. Y reconoció el trabajo que cada una de las anteriores ha implementado para proteger los recursos naturales: “cada quien ha puesto su granito de arena, cada comunidad ha aportado en la lucha”, comentó.
El pasado 13 de abril, habitantes de la comunidad de Xochicuautla, el Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Gobernación (Segob), firmaron un acuerdo en el que las autoridades se comprometieron a suspender los trabajos de la autopista Toluca-Naucalpan en tanto se buscan “alternativas” para su construcción.
Sin embargo, al defender su territorio y lograr detener los proyectos del Gobierno en Xochicuautla “han sido más los hostigamientos y las amenazas que estamos recibiendo. Esa es la forma en que demuestra el Gobierno su rabia, igual que las empresas por no dejar avanzar sus proyectos”, dijo el defensor.
El pasado 9 de julio, Peña Nieto firmó un decreto para expropiar casi 38 hectáreas de uso común del pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla, en el Edomex, para la construcción de una autopista privada, pese a la oposición de la comunidad.
Los pobladores consideran que la obra, concesionada a una empresa del Grupo Higa, violaría sus derechos como pueblo indígena, pues no se les consultó sobre el proyecto. La construcción de la obra fue cedida en abril de 2007 y desde entonces la comunidad ha mantenido una resistencia contra el proyecto, en busca de su cancelación definitiva.
No obstante, el pasado 11 de abril, maquinaria pesada, resguardada por cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado gobernado por el priísta Eruviel Ávila Villegas, derribó el Campamento de Paz y de Digna Resistencia en el pueblo Otomí de San Francisco Xochicuautla instalado para frenar la construcción de la autopista.
Ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de México la adopción de medidas cautelares en favor de los 595 miembros de la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México, ante el proyecto de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada a una de las constructoras más favorecidas por la administración federal y de varios estados del país en el actual sexenio.
En su oportunidad, Carlos Manzo, de la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, Oaxaca, denunció que parques eólicos, concesiones mineras, hidroeléctricas, autopistas, líneas de transmisión, entre otras megaobras, han ido transformando el paisaje rural en industrial a pasos agigantados que dejan huellas imborrables en los ecosistemas.
No obstante, lamentó que la respuesta permanente del Estado mexicano al esfuerzo y ejercicio de autonomía y libre determinación, ha sido de represión, encarcelamientos, desapariciones y asesinatos.
Además, el defensor puntualizó que en el caso particular de Oaxaca, estado gobernado por Gabino Cué Monteagudo, y el Istmo de Tehuantepec, “la resistencia comunal se expresa en contra de megaproyectos que en su conjunto y por sus impactos, implican el más grave ecocidio que esta región haya registrado en su historia”.
Finalmente, acusó a “los representantes del Gobierno” de entregar ilegalmente grandes extensiones de tierras, bosques y aguas a las empresas extranjeras a nombre de un supuesto progreso y desarrollo. “En la actual coyuntura electoral, por ejemplo, no hay un solo candidato o partido político que repare en la perversidad de los proyectos, señaló.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-05-2016/1661608
Organizaciones que han luchado para defender el medio ambiente, los recursos naturales y la salud de los mexicanos, acusaron que durante la actual administración priísta se han endurecido los ataques contra activistas.
“Nosotros sentimos que Enrique Peña Nieto se pone cada vez más rabioso cuando tocamos sus intereses y eso pasa en diferentes resistencias. Hemos escuchado de hostigamientos, asesinatos y encarcelamientos de muchos compañeros nuestros”, denunció José Luis Fernández Flores, vocero de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, Estado de México.En el marco del foro “La lucha de Berta Cáceres, la lucha de los pueblos”, realizado en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el activista subrayó las dificultades a las que se enfrentan él y sus compañeros de distintas luchas:
“Los defensores de los derechos humanos hemos vivido y seguimos viviendo diferentes agresiones. Siguen las amenazas, siguen las persecuciones, los hostigamientos, entonces es algo muy difícil”, lamentó.
Asimimo, acusó que cada frente, cada comunidad y cada organización se ve en la necesidad de crear sus propios protocolos de seguridad, ya que el Estado mexicano no ofrece garantías de protección. Y reconoció el trabajo que cada una de las anteriores ha implementado para proteger los recursos naturales: “cada quien ha puesto su granito de arena, cada comunidad ha aportado en la lucha”, comentó.
El pasado 13 de abril, habitantes de la comunidad de Xochicuautla, el Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Gobernación (Segob), firmaron un acuerdo en el que las autoridades se comprometieron a suspender los trabajos de la autopista Toluca-Naucalpan en tanto se buscan “alternativas” para su construcción.
Sin embargo, al defender su territorio y lograr detener los proyectos del Gobierno en Xochicuautla “han sido más los hostigamientos y las amenazas que estamos recibiendo. Esa es la forma en que demuestra el Gobierno su rabia, igual que las empresas por no dejar avanzar sus proyectos”, dijo el defensor.
El pasado 9 de julio, Peña Nieto firmó un decreto para expropiar casi 38 hectáreas de uso común del pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla, en el Edomex, para la construcción de una autopista privada, pese a la oposición de la comunidad.
Los pobladores consideran que la obra, concesionada a una empresa del Grupo Higa, violaría sus derechos como pueblo indígena, pues no se les consultó sobre el proyecto. La construcción de la obra fue cedida en abril de 2007 y desde entonces la comunidad ha mantenido una resistencia contra el proyecto, en busca de su cancelación definitiva.
No obstante, el pasado 11 de abril, maquinaria pesada, resguardada por cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado gobernado por el priísta Eruviel Ávila Villegas, derribó el Campamento de Paz y de Digna Resistencia en el pueblo Otomí de San Francisco Xochicuautla instalado para frenar la construcción de la autopista.
Ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de México la adopción de medidas cautelares en favor de los 595 miembros de la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México, ante el proyecto de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada a una de las constructoras más favorecidas por la administración federal y de varios estados del país en el actual sexenio.
En su oportunidad, Carlos Manzo, de la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, Oaxaca, denunció que parques eólicos, concesiones mineras, hidroeléctricas, autopistas, líneas de transmisión, entre otras megaobras, han ido transformando el paisaje rural en industrial a pasos agigantados que dejan huellas imborrables en los ecosistemas.
No obstante, lamentó que la respuesta permanente del Estado mexicano al esfuerzo y ejercicio de autonomía y libre determinación, ha sido de represión, encarcelamientos, desapariciones y asesinatos.
“Hemos sentido en este último tiempo, aunado a la imposición de los megaproyectos neoliberales, el recrudecimiento de la represión por parte de los malos gobiernos, tanto en México como en la gran mayoría de países de nuestro continente, lo que nos incita emergentemente a buscar alianzas ya impostergables con los pueblos, naciones y organizaciones indígenas de nuestro propio país como en otras partes del mundo”, urgió.
Además, el defensor puntualizó que en el caso particular de Oaxaca, estado gobernado por Gabino Cué Monteagudo, y el Istmo de Tehuantepec, “la resistencia comunal se expresa en contra de megaproyectos que en su conjunto y por sus impactos, implican el más grave ecocidio que esta región haya registrado en su historia”.
Finalmente, acusó a “los representantes del Gobierno” de entregar ilegalmente grandes extensiones de tierras, bosques y aguas a las empresas extranjeras a nombre de un supuesto progreso y desarrollo. “En la actual coyuntura electoral, por ejemplo, no hay un solo candidato o partido político que repare en la perversidad de los proyectos, señaló.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-05-2016/1661608
Van 7 mil 556 secuestros durante sexenio de EPN: ONG
Repuntaron los plagios en abril, reportó la organización Alto al Secuestro.
La organización Alto al secuestro reportó que durante la administración de Enrique Peña Nieto, hasta abril pasado, se registraron 7 mil 556 secuestros.
En un comunicado, señaló que “en esta administración ha habido en promedio 184 secuestros al mes, 43 a la semana y una víctima cada 4 horas”.
En tanto, durante 2016 han ocurrido 573 secuestros hasta abril.
El mes pasado hubo un repunte de 19 % de casos, pues hubo 148 secuestros y 173 víctimas.
Los estados en los que repuntó el secuestro respecto al mes de marzo son el Estado de México (aumentó 8), Ciudad de México (aumentó 4), Tabasco (aumentó 4) y Guerrero (aumentó 3).
El reporte íntegro:
Abril 2016 by Aristegui Noticias
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1705/mexico/van-7-mil-556-secuestros-durante-sexenio-de-epn-ong/
La organización Alto al secuestro reportó que durante la administración de Enrique Peña Nieto, hasta abril pasado, se registraron 7 mil 556 secuestros.
En un comunicado, señaló que “en esta administración ha habido en promedio 184 secuestros al mes, 43 a la semana y una víctima cada 4 horas”.
En tanto, durante 2016 han ocurrido 573 secuestros hasta abril.
El mes pasado hubo un repunte de 19 % de casos, pues hubo 148 secuestros y 173 víctimas.
Los estados en los que repuntó el secuestro respecto al mes de marzo son el Estado de México (aumentó 8), Ciudad de México (aumentó 4), Tabasco (aumentó 4) y Guerrero (aumentó 3).
El reporte íntegro:
Abril 2016 by Aristegui Noticias
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1705/mexico/van-7-mil-556-secuestros-durante-sexenio-de-epn-ong/
Fiscal regional de Morelos denuncia a víctimas en caso Tetelcingo; luego se desiste
CUERNAVACA, Mor: La fiscal regional Oriente de Morelos, Montserrat Castañeda Delgado, presentó una denuncia contra policías, activistas, defensores de derechos humanos, autoridades universitarias y familiares de víctimas de desaparición y asesinato por el caso de las fosas de Tetelcingo, a quienes acusó de cinco delitos, aunque más tarde retiró la misma.
Según la denuncia presentada el pasado lunes alrededor de las cuatro de la tarde –cuya copia tiene apro–, los delitos señalados son: incumplimiento de funciones, ejercicio indebido de servicio público, sabotaje, quebrantamiento de sellos y ultraje de autoridad.
Las personas denunciadas son dos policías de Cuautla, el poeta Javier Sicilia, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) Jesús Alejandro Vera Jiménez, el doctor Iván Martínez Duncker, así como María Concepción Hernández.
Ésta última es madre de Oliver Wenceslao Navarrete, comerciante desaparecido y hallado muerto, cuyo cadáver fue inhumado clandestina e ilegalmente en las fosas de Tetelcingo, a cargo de la Fiscalía General de Morelos.
De acuerdo con el documento, la fiscal regional Oriente de Morelos, Montserrat Castañeda Delgado, presentó la denuncia por su “propio derecho” y porque el pasado 12 de mayo los denunciados y otras personas más cruzaron el perímetro establecido por las autoridades de Morelos, alrededor de las fosas en Tetelcingo.
Javier Sicilia aseguró en entrevista que existe una “incongruencia” total de las autoridades. “Por un lado estamos dialogando en torno al asunto de las fosas de Tetelcingo y toda la criminalidad que ello encierra, y por el otro, este gobierno está criminalizando a los defensores de los derechos humanos y a las propias víctimas”, dijo.
El activista informó que el fiscal de Morelos, Javier Pérez Durón, recibió los reclamos de las víctimas y los denunciados en una reunión ocurrida en la Procuraduría General de la República (PGR) y que incluso se disculpó públicamente.
“El fiscal aseguró que la denunciante actuó de motu propio y ofreció una disculpa pública a los denunciados”, sostuvo Sicilia Zardaín.
Según su dicho, la Fiscalía se comprometió a desistirse de la denuncia y a sobreseerla para así terminar con la persecución en este caso de los defensores de los derechos humanos y de las familias de víctimas de la desaparición.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAIME LUIS BRITO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/440938/fiscal-regional-morelos-denuncia-a-victimas-en-caso-tetelcingo-luego-se-desiste
Según la denuncia presentada el pasado lunes alrededor de las cuatro de la tarde –cuya copia tiene apro–, los delitos señalados son: incumplimiento de funciones, ejercicio indebido de servicio público, sabotaje, quebrantamiento de sellos y ultraje de autoridad.
Las personas denunciadas son dos policías de Cuautla, el poeta Javier Sicilia, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) Jesús Alejandro Vera Jiménez, el doctor Iván Martínez Duncker, así como María Concepción Hernández.
Ésta última es madre de Oliver Wenceslao Navarrete, comerciante desaparecido y hallado muerto, cuyo cadáver fue inhumado clandestina e ilegalmente en las fosas de Tetelcingo, a cargo de la Fiscalía General de Morelos.
De acuerdo con el documento, la fiscal regional Oriente de Morelos, Montserrat Castañeda Delgado, presentó la denuncia por su “propio derecho” y porque el pasado 12 de mayo los denunciados y otras personas más cruzaron el perímetro establecido por las autoridades de Morelos, alrededor de las fosas en Tetelcingo.
Javier Sicilia aseguró en entrevista que existe una “incongruencia” total de las autoridades. “Por un lado estamos dialogando en torno al asunto de las fosas de Tetelcingo y toda la criminalidad que ello encierra, y por el otro, este gobierno está criminalizando a los defensores de los derechos humanos y a las propias víctimas”, dijo.
El activista informó que el fiscal de Morelos, Javier Pérez Durón, recibió los reclamos de las víctimas y los denunciados en una reunión ocurrida en la Procuraduría General de la República (PGR) y que incluso se disculpó públicamente.
“El fiscal aseguró que la denunciante actuó de motu propio y ofreció una disculpa pública a los denunciados”, sostuvo Sicilia Zardaín.
Según su dicho, la Fiscalía se comprometió a desistirse de la denuncia y a sobreseerla para así terminar con la persecución en este caso de los defensores de los derechos humanos y de las familias de víctimas de la desaparición.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAIME LUIS BRITO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/440938/fiscal-regional-morelos-denuncia-a-victimas-en-caso-tetelcingo-luego-se-desiste
Pobladores de Nahuatzen desarman a policías y les quitan patrullas
NAHUATZEN, Mich: Las primeras horas de este martes pobladores indígenas de Nahuatzen, en la Meseta Purépecha, desarmaron a la Policía de Michoacán y les quitaron las patrullas, inconformes porque habitantes del poblado no han sido acreditados como policías pese a haber pasado las pruebas.
El 4 de febrero pasado, comuneros del municipio quemaron un auto de los que utilizan para mantener bloqueadas las entradas al pueblo, debido a que no han tenido respuesta del gobierno estatal a su demanda de incorporarlos a los cuerpos policiacos.
Según los pobladores la anterior policía estaba coludida con el crimen organizado y sus integrantes fueron echados del pueblo. El problema en Nahuatzen data de hace más de seis meses.
La madrugada del 20 de octubre de 2015, un grupo de encapuchados vestidos de negro y con supuestas armas de fuego disparó contra los manifestantes que tenían tomada la Presidencia Municipal. Ahí exigían la destitución del director de Seguridad Pública y la devolución de un poblador que se mantenía desaparecido.
Tal hecho provocó la retención de funcionarios del ayuntamiento y un enfrentamiento la noche del 22 de octubre. En la revuelta expulsaron al alcalde Miguel Prado Morales y al director de Seguridad Silvano Murguía González, acusados de extorsionar y secuestrar a la población.
En aquella ocasión retuvieron policías y amenazaron con quemarlos vivos, por lo que el gobierno de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública del estado se comprometieron a capacitar a un grupo de pobladores para que formaran parte de la policía municipal, una de las demandas más sentidas de la comunidad, pero no cumplieron lo prometido.
Tras una exhaustiva selección, 10 indígenas que acreditaron las evaluaciones de control y confianza fueron capacitados en el Instituto de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial de Michoacán.
Sin embargo, pese a haber concluido la capacitación, los aspirantes a policías no fueron acreditados, lo que indignó a los habitantes de Nahuatzen.
Ante esa situación, en las primeras horas de este martes desarmaron a los policías encargados de la seguridad en el municipio y se apoderaron de patrullas. La situación es tensa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
LINK: http://www.proceso.com.mx/440882/pobladores-de-nahuatzen-desarman-a-policias-y-les-quitan-patrullas
El 4 de febrero pasado, comuneros del municipio quemaron un auto de los que utilizan para mantener bloqueadas las entradas al pueblo, debido a que no han tenido respuesta del gobierno estatal a su demanda de incorporarlos a los cuerpos policiacos.
Según los pobladores la anterior policía estaba coludida con el crimen organizado y sus integrantes fueron echados del pueblo. El problema en Nahuatzen data de hace más de seis meses.
La madrugada del 20 de octubre de 2015, un grupo de encapuchados vestidos de negro y con supuestas armas de fuego disparó contra los manifestantes que tenían tomada la Presidencia Municipal. Ahí exigían la destitución del director de Seguridad Pública y la devolución de un poblador que se mantenía desaparecido.
Tal hecho provocó la retención de funcionarios del ayuntamiento y un enfrentamiento la noche del 22 de octubre. En la revuelta expulsaron al alcalde Miguel Prado Morales y al director de Seguridad Silvano Murguía González, acusados de extorsionar y secuestrar a la población.
En aquella ocasión retuvieron policías y amenazaron con quemarlos vivos, por lo que el gobierno de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública del estado se comprometieron a capacitar a un grupo de pobladores para que formaran parte de la policía municipal, una de las demandas más sentidas de la comunidad, pero no cumplieron lo prometido.
Tras una exhaustiva selección, 10 indígenas que acreditaron las evaluaciones de control y confianza fueron capacitados en el Instituto de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial de Michoacán.
Sin embargo, pese a haber concluido la capacitación, los aspirantes a policías no fueron acreditados, lo que indignó a los habitantes de Nahuatzen.
Ante esa situación, en las primeras horas de este martes desarmaron a los policías encargados de la seguridad en el municipio y se apoderaron de patrullas. La situación es tensa.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
LINK: http://www.proceso.com.mx/440882/pobladores-de-nahuatzen-desarman-a-policias-y-les-quitan-patrullas
Penales de Chihuahua: corrupción y opacidad
El penal federal de Ciudad Juárez es –a decir de la CIDH y diversas ONG– reflejo fiel de la situación que impera en todas las cárceles del país: medidas de seguridad inadecuadas, corrupción generalizada, opacidad e incluso prostitución alentada desde la dirección penitenciaria. Así, resulta inexplicable que el gobierno de Enrique Peña Nieto haya decidido enviar al Chapo Guzmán a esa prisión.
CHIHUAHUA, Chih: El Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 9, en Ciudad Juárez, al cual llegó Joaquín El Chapo Guzmán Loera la semana pasada, ha sido utilizado para prostituir mujeres, como se demostró el año pasado durante el juicio a cinco hombres acusados de homicidio y trata de personas en perjuicio de 11 jóvenes desaparecidas entre 2010 y 2013.
La coordinadora de la organización Red Mesa de Mujeres, Imelda Marrufo Nava, señala que las jueces del Tribunal Oral que sentenciaron a los cinco acusados a 697 años de prisión en aquel juicio, también ordenaron investigar a las autoridades penitenciarias y de los tres niveles de gobierno que participaron en la trata de jóvenes que ingresaban al penal con fines de prostitución.
Marrufo enfatiza que la investigación sigue pendiente y no se ha demostrado que haya cambiado la situación en el Cefereso 9 ni en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3, el penal estatal.
Entre otros problemas a los que se enfrenta la prisión, los custodios se han manifestado con frecuencia contra sus precarias condiciones laborales y cuestionan las certificaciones de los penales ubicados en el estado que impulsó como fiscal especializado en Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Eduardo Guerrero Durán, actual comisionado del Órgano Desconcentrado de la Prevención y Readaptación Social.
Además, durante la audiencia temática del pasado 7 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló la opacidad del manejo gubernamental de las prisiones.
El principal argumento de las autoridades para negar que haya violaciones sistemáticas de los derechos humanos, así como cobro de cuotas y hasta trata de personas en los penales del estado, es que no se han presentado denuncias. Sin embargo, los reclusos, hombres y mujeres, viven un infierno que no pueden dar a conocer directamente por temor a que los maten o las autoridades acosen a sus familias.
“Aquí te dicen: ‘si quieres vivir bien, te va a costar’”, indica una fuente en una carta que entregó a la reportera durante una visita realizada al Cereso 1, en Aquiles Serdán (municipio conurbado con la capital de Chihuahua). Es necesario pagar 300 pesos para pasar a comer con un interno o interna en un día y horario distintos a los autorizados, sin ser familiar (requisito indispensable para visitar a un reo, según el reglamento)…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2063 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/440878/penales-chihuahua-corrupcion-opacidad
CHIHUAHUA, Chih: El Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 9, en Ciudad Juárez, al cual llegó Joaquín El Chapo Guzmán Loera la semana pasada, ha sido utilizado para prostituir mujeres, como se demostró el año pasado durante el juicio a cinco hombres acusados de homicidio y trata de personas en perjuicio de 11 jóvenes desaparecidas entre 2010 y 2013.
La coordinadora de la organización Red Mesa de Mujeres, Imelda Marrufo Nava, señala que las jueces del Tribunal Oral que sentenciaron a los cinco acusados a 697 años de prisión en aquel juicio, también ordenaron investigar a las autoridades penitenciarias y de los tres niveles de gobierno que participaron en la trata de jóvenes que ingresaban al penal con fines de prostitución.
Marrufo enfatiza que la investigación sigue pendiente y no se ha demostrado que haya cambiado la situación en el Cefereso 9 ni en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3, el penal estatal.
Entre otros problemas a los que se enfrenta la prisión, los custodios se han manifestado con frecuencia contra sus precarias condiciones laborales y cuestionan las certificaciones de los penales ubicados en el estado que impulsó como fiscal especializado en Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Eduardo Guerrero Durán, actual comisionado del Órgano Desconcentrado de la Prevención y Readaptación Social.
Además, durante la audiencia temática del pasado 7 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló la opacidad del manejo gubernamental de las prisiones.
El principal argumento de las autoridades para negar que haya violaciones sistemáticas de los derechos humanos, así como cobro de cuotas y hasta trata de personas en los penales del estado, es que no se han presentado denuncias. Sin embargo, los reclusos, hombres y mujeres, viven un infierno que no pueden dar a conocer directamente por temor a que los maten o las autoridades acosen a sus familias.
“Aquí te dicen: ‘si quieres vivir bien, te va a costar’”, indica una fuente en una carta que entregó a la reportera durante una visita realizada al Cereso 1, en Aquiles Serdán (municipio conurbado con la capital de Chihuahua). Es necesario pagar 300 pesos para pasar a comer con un interno o interna en un día y horario distintos a los autorizados, sin ser familiar (requisito indispensable para visitar a un reo, según el reglamento)…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2063 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/440878/penales-chihuahua-corrupcion-opacidad
México, segundo país con más violencia por homofobia
Investigadora de la UNAM señala que la nueva Constitución de la CDMX debe manifestarse en contra de toda forma de discriminación por orientación sexual; la capital del país, donde más agresiones se registran.
México es la segunda nación con mayor índice de crímenes por homofobia —sólo superada por Brasil—, señaló Gloria Careaga, investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM.
A propósito del Día Internacional contra la Homofobia, que se conmemora este 17 de mayo, la también académica de la Facultad de Psicología, dijo que a pesar de que no hay cifras actualizadas, organizaciones no gubernamentales (ONGs) han corroborado que de 1996 a 2015, en el país se registraron al menos mil 218 homicidios por homofobia, además, de que por cada caso reportado hay tres o cuatro más que no se denuncian.
La investigadora también aseguró que la Ciudad de México (CDMX), es donde se comete en mayor medida este tipo de delitos, señaló la investigadora.
Mediante un comunicado emitido por la UNAM, agregó que aunque en los últimos dos años en México se han dado avances respecto a los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT), no existe una política pública integral que responda a las necesidades de este sector ni un pronunciamiento claro de las autoridades contra la homofobia.
Aseguró que la nueva constitución de la CDMX debe de manifestarse en contra de toda forma de discriminación por orientación sexual.
“A pesar de que el Artículo 1º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establezca que queda prohibida la discriminación por preferencias sexuales, la idea no es clara. Es un apartado ambiguo. Hemos luchado para que se modifique y se hable directamente de orientaciones sexuales y de expresiones e identidades de género, y no sólo en nuestra Carta Magna, sino en la nueva constitución de la Ciudad de México”, señala el texto.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1705/mexico/mexico-segundo-pais-con-mas-violencia-por-homofobia/
México es la segunda nación con mayor índice de crímenes por homofobia —sólo superada por Brasil—, señaló Gloria Careaga, investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) de la UNAM.
A propósito del Día Internacional contra la Homofobia, que se conmemora este 17 de mayo, la también académica de la Facultad de Psicología, dijo que a pesar de que no hay cifras actualizadas, organizaciones no gubernamentales (ONGs) han corroborado que de 1996 a 2015, en el país se registraron al menos mil 218 homicidios por homofobia, además, de que por cada caso reportado hay tres o cuatro más que no se denuncian.
La investigadora también aseguró que la Ciudad de México (CDMX), es donde se comete en mayor medida este tipo de delitos, señaló la investigadora.
Mediante un comunicado emitido por la UNAM, agregó que aunque en los últimos dos años en México se han dado avances respecto a los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT), no existe una política pública integral que responda a las necesidades de este sector ni un pronunciamiento claro de las autoridades contra la homofobia.
Aseguró que la nueva constitución de la CDMX debe de manifestarse en contra de toda forma de discriminación por orientación sexual.
“A pesar de que el Artículo 1º de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establezca que queda prohibida la discriminación por preferencias sexuales, la idea no es clara. Es un apartado ambiguo. Hemos luchado para que se modifique y se hable directamente de orientaciones sexuales y de expresiones e identidades de género, y no sólo en nuestra Carta Magna, sino en la nueva constitución de la Ciudad de México”, señala el texto.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Utilizan Fonden en Chihuahua para coaccionar voto: PAN
El presidente estatal del PAN, José Luis Luévano, advirtió que de manera tramposa los gobiernos federal y estatal iniciaron la entrega de despensas y artículos de construcción.
El presidente estatal del PAN, José Luis Luévano, advirtió que de manera tramposa el gobierno federal y el gobierno del estado, utilizando recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), iniciaron la entrega de despensas y artículos de construcción a pobladores de los municipios de Valle de Allende, Guachochi, Coyame y Parral, entre otros.
“El único desastre que los funcionarios de gobierno federal y estatal van a enfrentar en esta época será una estrepitosa derrota electoral para su partido, pues en nuestra entidad no se han registrado fenómenos naturales de gravedad que ameriten el reparto de despensas y materiales de construcción, tal como lo está haciendo el gobierno priista con evidentes fines electorales”, dijo Luévano Rodríguez.
El líder panista recomendó a los beneficiados que sin dudar los acepten los apoyos, pero que tengan presente que al recibirlos no tienen por qué comprometer su voto con ningún partido o candidato y, si tratan de forzarlos a ellos, que digan que sí apoyarán aunque al momento de emitir su voto, en secrecía elijan a quien mejor les convenga.
“Es absurdo y ruin que la autoridad intente justificar el reparto de estos apoyos argumentando que en Chihuahua hay desastres naturales que ponen en riesgo a la población. Sin duda hay necesidades y urgencia de recibir estos y más apoyos, pero esas necesidades no son ocasionadas por algún desastre natural, sino por la ausencia de políticas públicas subsidiarias del mal gobierno priista que busca comprometer con la asistencia social el voto de los ciudadanos”, dijo Luévano Rodríguez.
Apuntó que la mejor ayuda que los ciudadanos de las comunidades del estado pueden recibir en este momento no proviene del gobierno federal ni estatal, sino de ellos mismos, dándose a sí mismos y a su familia un gobierno mejor, más sensible, más honesto y más transparente que en verdad esté preocupado por el beneficio de todas las comunidades y no solo atienda los problemas en épocas de elecciones, “y ese gobierno solo será el de Javier Corral Jurado”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1705/mexico/utilizan-fonden-en-chihuahua-para-coaccionar-voto-pan/
El presidente estatal del PAN, José Luis Luévano, advirtió que de manera tramposa el gobierno federal y el gobierno del estado, utilizando recursos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), iniciaron la entrega de despensas y artículos de construcción a pobladores de los municipios de Valle de Allende, Guachochi, Coyame y Parral, entre otros.
“El único desastre que los funcionarios de gobierno federal y estatal van a enfrentar en esta época será una estrepitosa derrota electoral para su partido, pues en nuestra entidad no se han registrado fenómenos naturales de gravedad que ameriten el reparto de despensas y materiales de construcción, tal como lo está haciendo el gobierno priista con evidentes fines electorales”, dijo Luévano Rodríguez.
El líder panista recomendó a los beneficiados que sin dudar los acepten los apoyos, pero que tengan presente que al recibirlos no tienen por qué comprometer su voto con ningún partido o candidato y, si tratan de forzarlos a ellos, que digan que sí apoyarán aunque al momento de emitir su voto, en secrecía elijan a quien mejor les convenga.
“Es absurdo y ruin que la autoridad intente justificar el reparto de estos apoyos argumentando que en Chihuahua hay desastres naturales que ponen en riesgo a la población. Sin duda hay necesidades y urgencia de recibir estos y más apoyos, pero esas necesidades no son ocasionadas por algún desastre natural, sino por la ausencia de políticas públicas subsidiarias del mal gobierno priista que busca comprometer con la asistencia social el voto de los ciudadanos”, dijo Luévano Rodríguez.
Apuntó que la mejor ayuda que los ciudadanos de las comunidades del estado pueden recibir en este momento no proviene del gobierno federal ni estatal, sino de ellos mismos, dándose a sí mismos y a su familia un gobierno mejor, más sensible, más honesto y más transparente que en verdad esté preocupado por el beneficio de todas las comunidades y no solo atienda los problemas en épocas de elecciones, “y ese gobierno solo será el de Javier Corral Jurado”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1705/mexico/utilizan-fonden-en-chihuahua-para-coaccionar-voto-pan/
Los habitantes de Xochicuautla que se enfrentan a Higa-Edomex están en riesgo: CIDH
La CIDH señala que tras recibir la información por parte de los miembros de la comunidad se pudo determinar que los indigenas “se encuentran en una situación de riesgo”, misma que se “ha incrementado en los últimos meses”. Los detalles de la vía concesionada a uno de los empresarios más favorecidos por la administración de Enrique Peña Nieto no pueden saberse: una Ley de Transparencia con plazos flexibles le permitió al actual Gobernador Eruviel Ávila Villegas clasificar la información como “reservada” hasta 2024. Así, la autoridad guarda bajo candado lo relativo a la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista Toluca-Naucalpan.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de México la adopción de medidas cautelares en favor de los 595 miembros de la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México, ante el proyecto de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada a Grupo Higa, una de las constructoras más favorecidas por la administración federal y de varios estados del país en el actual sexenio.
En la resolución, la CIDH señala que tras recibir la información por parte de los miembros de la comunidad se pudo determinar que los indigenas “se encuentran en una situación de riesgo”, misma que se “ha incrementado en los últimos meses”. Y que su solicitud cumple con los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad necesarios para solicitar las medidas.
El organismo internacional señaló que la solicitud de medidas, que se le hizo llegar desde el año 2013, argumenta que “el proyecto de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan incluye una sección que atravesaría el territorio ancestral de la comunidad indígena Otomí-Mexica de San Francisco Xochicuautla, donde sus miembros desarrollan actividades de caza, pesca y recolección”.
La carretera Toluca-Naucalpan está planeada para ser una vía de cuota de 39 kilómetros para beneficiar el tránsito vehicular procedente de la zona poniente del Estado de México y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca. El negocio es siete mil 200 millones de pesos y desde que Enrique Peña Nieto era Gobernador de la entidad mexiquense, fue concesionado a Grupo Higa.
Los detalles de la concesión no pueden saberse. Una Ley de Transparencia con plazos flexibles le permitió al actual Gobernador Eruviel Ávila Villegas clasificar la información como “reservada” hasta 2024. Así, la autoridad guarda bajo candado lo relativo a la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista.
Pero la carretera ha traído otro tipo de destino que no está relacionado con el dinero. En la comunidad otomí de Santiago Xochicuautla, en Lerma, en el Estado de México, se vive con zozobra. El 11 de abril pasado, el pueblo amaneció con la amenaza de ser desalojado debido a un decreto expropiatorio del Presidente Enrique Peña Nieto. Higa no pudo avanzar en sus trabajos.
Aquel día, la incursión de mil policías para garantizar la construcción de la vialidad fue difundida en las redes sociales por varias organizaciones no gubernamentales y las imágenes sirvieron para que autoridades del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Gobernación (Segob), firmaran un acuerdo para suspender los trabajos en tanto se buscan “alternativas”.
La vivienda del delegado Armando García Salazar fue derruida. Las redes sociales Twitter y Periscope difundieron las imágenes de la destrucción, así como mensajes que reproducían el temor a que la maquinaria avanzara por los caminos del pueblo, destruyendo cualquier hogar a su paso. De nada servía en esos momentos el juicio de amparo promovido en el juzgado quinto de distrito con sede en Toluca. Los obreros sostenían que ese terreno correspondía a las 37 hectáreas expropiadas.
Las acciones de “represión y desalojo cometidas” fueron condenadas por organizaciones civiles nacionales e internacionales que exigieron que la obra le fuera retirada a Grupo Higa.
De Santiago Xochicuautla, el Gobierno del Estado de México tampoco quiere hablar. También hasta 2024, mantiene clasificados estos documentos: la consulta previa en la comunidad, el financiamiento, metodología, estadísticas, medios de publicación y notificación de la consulta, así como su impacto social. También la información relativa a las contraprestaciones establecidas en el título de concesión y las que de ellas deriven.
Apenas el día de ayer, La Jornada dio a conocer que la constructora Autovan, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, argumentó haber entregado al menos 100 millones de pesos a los integrantes del comisariado de bienes de dichas comunidades por concepto de ocupación territorial previa, gastos reparatorios por afectación de bienes distintos a la tierra y por indeminización expropiatoria.
La publicación menciona que los abogados de la empresa Autovan presentaron ante el Poder Judicial Federal copias certificadas de convenios legales, cheques, transferencias bancarias y otras pruebas tendientes a comprobar que el comisariado ha aceptado dinero en representación de los 882 comuneros.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-05-2016/1661607
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de México la adopción de medidas cautelares en favor de los 595 miembros de la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México, ante el proyecto de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada a Grupo Higa, una de las constructoras más favorecidas por la administración federal y de varios estados del país en el actual sexenio.
“La Comisión requirió al Estado de México que adoptara las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de los miembros identificados de la comunidad indígena Otomí-Mexica de San Francisco Xochicuautla; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos alegados que dieron lugar a la adopción de esta medida cautelar, y así evitar su repetición”, se lee en la notificación sobre la medida.
En la resolución, la CIDH señala que tras recibir la información por parte de los miembros de la comunidad se pudo determinar que los indigenas “se encuentran en una situación de riesgo”, misma que se “ha incrementado en los últimos meses”. Y que su solicitud cumple con los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad necesarios para solicitar las medidas.
El organismo internacional señaló que la solicitud de medidas, que se le hizo llegar desde el año 2013, argumenta que “el proyecto de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan incluye una sección que atravesaría el territorio ancestral de la comunidad indígena Otomí-Mexica de San Francisco Xochicuautla, donde sus miembros desarrollan actividades de caza, pesca y recolección”.
La carretera Toluca-Naucalpan está planeada para ser una vía de cuota de 39 kilómetros para beneficiar el tránsito vehicular procedente de la zona poniente del Estado de México y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca. El negocio es siete mil 200 millones de pesos y desde que Enrique Peña Nieto era Gobernador de la entidad mexiquense, fue concesionado a Grupo Higa.
Los detalles de la concesión no pueden saberse. Una Ley de Transparencia con plazos flexibles le permitió al actual Gobernador Eruviel Ávila Villegas clasificar la información como “reservada” hasta 2024. Así, la autoridad guarda bajo candado lo relativo a la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista.
Pero la carretera ha traído otro tipo de destino que no está relacionado con el dinero. En la comunidad otomí de Santiago Xochicuautla, en Lerma, en el Estado de México, se vive con zozobra. El 11 de abril pasado, el pueblo amaneció con la amenaza de ser desalojado debido a un decreto expropiatorio del Presidente Enrique Peña Nieto. Higa no pudo avanzar en sus trabajos.
Aquel día, la incursión de mil policías para garantizar la construcción de la vialidad fue difundida en las redes sociales por varias organizaciones no gubernamentales y las imágenes sirvieron para que autoridades del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Gobernación (Segob), firmaran un acuerdo para suspender los trabajos en tanto se buscan “alternativas”.
La vivienda del delegado Armando García Salazar fue derruida. Las redes sociales Twitter y Periscope difundieron las imágenes de la destrucción, así como mensajes que reproducían el temor a que la maquinaria avanzara por los caminos del pueblo, destruyendo cualquier hogar a su paso. De nada servía en esos momentos el juicio de amparo promovido en el juzgado quinto de distrito con sede en Toluca. Los obreros sostenían que ese terreno correspondía a las 37 hectáreas expropiadas.
Las acciones de “represión y desalojo cometidas” fueron condenadas por organizaciones civiles nacionales e internacionales que exigieron que la obra le fuera retirada a Grupo Higa.
“Éste tipo de actos no solo constituyen graves violaciones a los derechos de libertad de expresión, de reunión y protesta, sino que además se enmarcan en un contexto de represión en contra de pueblos indígenas que defienden sus derechos frente a la imposición de megaproyectos en México y de la habilitación de legislaciones que permiten, como en el caso de la Ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, denominada ‘Ley Eruviel’, habilitar el uso de la fuerza, incluso letal, en contextos de manifestación pública”, señalaron a través de un comunicado las organizaciones que conforman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS).
De Santiago Xochicuautla, el Gobierno del Estado de México tampoco quiere hablar. También hasta 2024, mantiene clasificados estos documentos: la consulta previa en la comunidad, el financiamiento, metodología, estadísticas, medios de publicación y notificación de la consulta, así como su impacto social. También la información relativa a las contraprestaciones establecidas en el título de concesión y las que de ellas deriven.
Apenas el día de ayer, La Jornada dio a conocer que la constructora Autovan, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, argumentó haber entregado al menos 100 millones de pesos a los integrantes del comisariado de bienes de dichas comunidades por concepto de ocupación territorial previa, gastos reparatorios por afectación de bienes distintos a la tierra y por indeminización expropiatoria.
La publicación menciona que los abogados de la empresa Autovan presentaron ante el Poder Judicial Federal copias certificadas de convenios legales, cheques, transferencias bancarias y otras pruebas tendientes a comprobar que el comisariado ha aceptado dinero en representación de los 882 comuneros.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-05-2016/1661607
Ocho pueblos se organizan por su cuenta para poner orden al mercado de la goma en Guerrero
Ocho comunidades integraron un comité que se encarga de acopiar la producción y sale a venderla a quien ofrezca mejor precio. En otras zonas de la sierra de Guerrero, en campos de 100 metros se cultiva la flor de la que sale la goma de opio, y por tres meses de trabajo un campesino obtiene 12 mil pesos. Las ganancias buenas se las llevan los cárteles, se queja un productor de la parte baja de la sierra. El novedoso mecanismo terminó con la violencia en un año en esos pueblos.
En menos en un año, ocho comunidades de la sierra, abatieron la violencia que les provocaba la siembra de amapola y convirtieron la producción del enervante en un negocio que les reditúa ganancias para el desarrollo de sus pueblos.
Al margen del Gobierno y de los cárteles de la droga, los ocho pueblos del Filo Mayor de la sierra, organizaron un esquema que funciona como proyecto piloto y que están por adoptar otros pueblos de la región debido a los “buenos resultados”, informaron los comisarios de Campo de Aviación, Crescencio Pacheco González, y el de Filo de Caballos, Arturo López Torres.
El sistema consiste en la integración de un comité que se encarga del acopio de la producción de goma de amapola y la vende al comprador que ofrece un mejor precio, e impide que entren a los pueblos personas ajenas a las comunidades que antes eran campos de batalla de quienes se disputaban la mercancía y el territorio.
El novedoso mecanismo no sólo terminó con la violencia en un año en esos pueblos, sino que obtiene ganancias extras que son repartidas equitativamente entre los pueblos que integran el comité para obras como apertura y mantenimiento de caminos, “o para lo que haga falta en las escuelas, casas de salud y comisarías”, según explicó uno de los comisarios.
López Torres dijo que ese ejemplo muestra que la violencia no la provoca la siembra del estupefaciente, sino los intermediarios que la compran y se disputan el producto, además del gobierno que pretende combatirlos.
Los comisarios no mencionaron, por seguridad, los nombres de los pueblos, pero explicaron que se trata de localidades que hasta hace un año venían padeciendo altos índices de violencia “y los habitantes se cansaron y decidieron organizarse”, dijo Pacheco González.
“No son una policía comunitaria, no son grupos de autodefensa, ni nada de eso, la fuerza de ellos radica en su organización. Es un lugar donde sacan buen producto, allá son madrazos buenos, porque trabaja toda la familia, desde los morritos y las mujeres, todos se van a la chinga”, explicó el comisario de Campo de Aviación.
El novedoso sistema impide la entrada a los pueblos de los cárteles de la droga o de grupos criminales a comprar directamente a los productores, con ello también evaden a los intermediarios que pagan lo que quieren a los campesinos. Es el comité integrado por ocho personas, un representante por pueblo, quien trata directamente con los interesados en la producción de los pueblos y realiza la operación de compra-venta.
“Como todos utilizan radios, se comunican cuando ya llegó el dinero, entonces los cultivadores llevan su producto al comité y éste se encarga del acopio y lo entrega todo junto, es también el único que recibe el dinero. Explicaron que como se trata de un acuerdo de buena fe, los integrantes del comité garantizan la salida del comprador hasta donde termina su territorio de influencia, “y le dicen de aquí en adelante es tu responsabilidad”.
“Es un esquema piloto, que está dando muy buenos resultados, han disminuido la delincuencia en un año, porque no les interesa que pinche cartel les compre o de qué línea venga, allí lo que les interesa y lo que quieren es que alguien les lleve el dinero y que se lleve la chingadera esa, porque es un medio de sobrevivir para las poblaciones”, dijo en alusión a la producción.
A su vez, el comisario de Filo de Caballos, López Torres, explicó que se trata de una especie de cooperativa con la que se están beneficiando no solamente los productores, sino los pueblos en su conjunto, porque además de que terminaron con la violencia, después de pagarle a los productores, hay un excedente de las ganancias que se distribuye equitativamente entre los pueblos que participan en el comité que es utilizado para la reparación de caminos, para detalles que hacen falta en las escuelas o centros de salud, “o para lo que quieran utilizarlo.
López Torres añadió que el ejemplo de esos pueblos evidencia que la siembra de la amapola no es la causa de la violencia, sino la delincuencia organizada que se diputa la droga y el territorio, y que para resolver el problema solamente se requiere de voluntad de parte de las autoridades.
Explicó que el problema es que los productores “pelean con tres enemigos y un traidor”. Los tres enemigos son el gobierno, las plagas y el mal tiempo, mientras que el traidor son las organizaciones criminales que llegan a comprar la droga, a dividirlos y a enfrentarlos.
Dijo que no es posible que México ocupe el segundo lugar a nivel internacional en la producción de amapola y Guerrero el primer lugar a nivel nacional en la exportación de goma de opio y que la sierra, que es la zona que más produce, sigua sumida en la pobreza.
“A pesar de que somos una región productora de goma de opio, la gente está muy jodida y no tienen el dinero suficiente para poder subsistir, si preguntas a la gente que a dónde se va de vacaciones cada año, te dicen que a la planta de amapola”.
Siguió: “hay 50 mil habitantes, de mil 280 comunidades que se dedican al cultivo de amapola y la mitad ni siquiera conoce Acapulco, ni el mar”.
Explicó que un campesino que se alquila con los productores de amapola apenas gana mil pesos a la semana, mientras que el productor siempre vive endeudado con la esperanza de que para la próxima cosecha le irá mejor, “y todo porque al gobierno no le interesa la producción y vender al estilo del primer mundo, como España, por ejemplo, sin riesgos y con ganancias para todos”.
Dijo que la regularización de la producción y venta de la amapola implica salir de los problemas del mercado negro, “que nos lleva a la inseguridad, violencia, a los asesinatos y a la pobreza de los productores”.
López Torres destacó que si el gobierno no cambia el esquema, los productores ya vieron que lo pueden hacer sólo con organización, y que asumirán el ejemplo de los ocho pueblos, que integraron el comité para el acopio y la venta del producto, sin intermediarios.
SE SIEMBRA AMAPOLA, COMO MAÍZ O AGUACATE
Daniel es un hombre de campo de 35 años, lo único que sabe es hacer producir la tierra, no importa qué: aguacate, durazno, maíz y, por supuesto, amapola.
Para él, la única diferencia entre uno y otro cultivo es la dificultad que tiene para vender la cosecha. El aguacate y el durazno tiene que llevarlos personalmente hasta Acapulco, Chilpancingo o Iguala en donde los vende a precios que, a veces no le alcanzan ni para el transporte. En cuanto el maíz sólo lo siembra para el autoconsumo.
En cambio, por la amapola, los representantes de los cárteles van hasta su tierra y hasta se pelean por comprársela.
Igual que Daniel, 50 mil campesinos de mil 280 comunidades de 13 municipios se dedican a lo mismo, según datos de organizaciones y comisarios de la zona. Sin embargo, todos ellos, por el cultivo de la amapola luchan contra “tres enemigos y un traidor”, dice el comisario de Filo de Caballos, Arturo López Torres. Los enemigos son el gobierno, el mal tiempo y las plagas. El traidor son los intermediarios que llagan a comprarles la goma de opio, a dividirlos y a provocar violencia.
Llegar a la huerta de aguacate, durazno y a los cultivos de maíz y amapola de Daniel no es sencillo. Se tiene que andar por un camino accidentado de más de un kilómetro que comienza en la carretera Casa Verde-Tlacotepec y baja por la falda de un cerro tan empinado que cualquier paso en falso significa caer y rodar 50 o 100 metros hasta la barranca.
“Para mí esto ya no es problema, bajo y subo tres veces al día. Vengo a cambiar las mangueras que riegan la planta”, dice burlón el campirano cuando ve que los reporteros que lo acompañan bajan arrastrándose de nalgas para evitar una caída que sería mortal.
Su terreno con la plantación está escondido hasta el fondo del cerro, donde se unen dos barrancas. Allí, los árboles de aguacate ya están cargados de bolas y las matas de duraznos comienzan a florear.
La milpa verde aún no espiguea y su color contrasta con el de la amapola seca que creció en medio, las bellotas ya han sido ralladas para extraerle la goma de opio. “La cosecha ha sido más o menos regular”, comenta satisfecho Daniel deshojando una mata de cilantro, que también hay en medio de la milpa, para llevársela a la boca y masticar la aromática verdura.
El plantío es de apenas unos 100 metros cuadrados, porque en las partes bajas de la sierra los cultivos grandes son fácilmente ubicados y de inmediato son destruidos por los militares.
En este plantío, Daniel destinó tres meses desde que comenzó a preparar la tierra. Primero desmontó, luego quemó la basura, después ablandó la tierra a golpe de pico para regar la semilla en la tierra floreada. En seguida vino el cuidado de la planta, por ejemplo estar pendiente que no le faltara el agua que llega desde lo alto del cerro por medio de mangueras que Daniel tiene que cambiar tres veces al día para que el regado sea parejo.
El resultado de los tres meses de cuidado en un plantío de aproximadamente 100 metros cuadrados como el de Daniel, es de, máximo, kilo y medio de goma de opio. Un kilo cuesta 6 mil pesos si es de temporal (de tiempo de lluvias) y hasta 8 mil si es de tiempo de secas, como ahora.
Es decir, Daniel habrá obtenido aproximadamente 12 mil pesos por los tres meses de arduas jornadas para la siembra y el cuidado de su planta. “Está deveras retecabrón, de la chingada, no crea que nos llevamos la millonada como piensan, esto que ganamos es nomás para irla pasando, las ganancias buenas se las llevan otros, los cabrones de los cárteles grandes, por eso se pelean, y luego nos quieren echar la culpa a nosotros”, se queja el campesino con el característico acento sierreño.
Cuenta que más allá arriba, en lo alto de la sierra, los productores ganan un poquito más porque pueden sembrar hasta más de una hectárea y la tierra está más virgen, la planta produce más, “a una hectárea le llegan a sacar de 12 hasta 15 kilos, imagínese usted sus ganancias en tiempo de secas son de 90 a 120 mil pesos”.
Sin embargo, como son extensiones más grandes, los productores tienen que pagar peones, y un peón cobra 150 pesos diarios, “a veces (los productores) se llegan a quedar con la mitad de lo que cuesta la cosecha, pero siempre ya es algo más”, dice.
“Pero por aquí, en las partes bajas, los plantíos tienen que ser chiquitos porque entre más grande sea, más es el riesgo de su destrucción, insiste Daniel ya en el camino de regreso, atrás de los reporteros que, jadeantes, se aferran de los matorrales para no resbalar y caer.
DESTRUYEN EL INGRESO DE 5 MESES DE UNA FAMILIA
Por un camino menos accidentado, pero más retirado que el que lleva al sembradío de Daniel, estaba el plantío de Gabriel.
Aquí, orillas de una barranca, en un descampado rodeado por altos ocotes y cedros, la matas de amapola que Gabriel había sembrado entre árboles de aguacates, duraznos, peras y tejocotes, lucen totalmente secas.
Ocho días antes al 12 de mayo, dos helicópteros sobrevolaron la zona y fumigaron el plantío con herbicida para destruirlo.
La extensión del plantío era más o menos similar al de Daniel, pero Gabriel apenas comenzaría a rallar la bellota para recolectar la goma, no le dio tiempo. Se la destruyeron toda antes “los verdes”, como le dicen por aquí a los soldados.
El rostro de Gabriel es de abatimiento. “mire nomás, yo estoy de acuerdo, si la van a fumigar, está bien, pero que no lo hagan así, le vienen a dar en la madre a todo”, se queja mientras muestra las frutas tiernas de una mata de durazno, que ya no van a alcanzar a sazonar ni a madurar porque el herbicida las tumba antes.
Cuenta que antes los militares llegaban a pie hasta los sembradíos y a golpe de machete cortaban la planta que amontonaban a orillas del sembradío en donde la quemaban, “pero ahora ya les entró la flojera a los cabrones y en helicóptero le vienen a dar en la madre a todo”.
De este sembradío, Gabriel pensaba sacar una ganancia no menor a 10 mil pesos que le alcanzarían para alimentar a su familia –dos hijos y su esposa– en los próximos cinco meses, “aquí no se necesita más que azúcar y sal, la ropa y el calzado para los niños, todo lo demás, para comer lo tenemos si sabemos trabajar la tierra y criar los animalitos”, reconoce, pero se queja que ahora el gobierno ni para eso les deja tener.
–¿Y la cosecha del aguacate, el durazno y el tejocote, no les da para comer don Gabriel? , –pregunta el reportero.
–Sí, nos daría si tuviéramos el apoyo para vender, pero por aquí el gobierno ni nos deja sembrar la amapola ni nos ayuda para producir ni vender los otros productos. Aquí yo saco aguacate y durazno, sobre todo, pero ¿a dónde lo voy a vender?, tengo que llevarlo a Chilpancingo, Acapulco o Iguala, y, cabrón, gasto más en el transporte que lo que me pagan por mi fruta. En cambio la amapola hasta aquí vienen a comprarla.
–¿Y ahora que le destruyeron su cultivo de amapola, qué va a hacer, de qué va a vivir?.
–Esa es la cosa, a ver dígame usted, o que me diga el gobierno, de qué chingaos va a vivir mi familia, no yo.
Ocho días después de que policías federales y estatales desalojaron el 28 de abril a cientos de pobladores de la sierra que bloqueaban la Autopista del Sol, y encarcelaron a 71 manifestantes de la sierra, unos 10 helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), destruyeron plantíos de enervantes en los municipios de Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Heliodoro Castillo y Chilpancingo, y como la de don Gabriel, cientos o tal vez miles de familias de unos 30 pueblos de esos municipios se quedaron sin el sustento.
Parado a la orilla de su plantío, Gabriel ha dejado de tumbar las frutitas tiernas de los duraznos que caen al suelo con apenas rozarlos con los dedos, por el efecto que les produjo el Dicloruro de Paraquat el herbicida que rociaron los militares para destruir el plantío de amapola, y, ahora, acaricia una bellotita de amapola de las miles que no alcanzó a rallar, “le dan en la madre a todo, quieren que vivamos de puro aire, porque hasta el agua nos contaminan en toda la sierra”, protesta, hablando como para él mismo, concentrado en la bolita del tamaño de una canica que acaricia entre los dedos.
LA SIERRA DONDE ABUNDA EL “ORO VERDE”
En la sierra, los productores de amapola se van abriendo de capa y exigen al gobierno comenzar a explotar el “oro verde” de manera ordenada, sin riesgos y sin dañar el medio amiente, como sí lo dañan las empresas extranjeras que vienen a explotar el oro, el metal dorado.
Argumentan que aquí los campesinos se han dedicado al cultivo de la amapola desde hace 40 años, y, sin embargo, siguen igual de pobres, a pesar de que habitan la zona que ocupa el primer lugar en el cultivo de esa planta.
Incluso, los campesinos presumen que han mejorado la producción cultivándola en tres tipos de suelo; aguado, húmedo y seco.
En uno de los pueblos, asentado a orillas de la carretera que bordea el cerro desde Casa Verde hasta Filo de Caballos, un productor presume: “de aquí exportamos la mejor goma al extranjero”, comenta orgulloso mientras prueba su dicho mostrando una bolsita con algunos gramos de china white, una especie de heroína blanca que se procesa con la goma de amapola y que se exporta principalmente a Estados Unidos. Allá es considerada uno de los narcóticos de mayor demanda y cuyo costo debe andar entre los 28 mil dólares el kilo.
“El problema es que esas ganancias no son para nosotros los productores y que somos dueños de la tierra donde se produce la materia prima, son para los intermediarios, los que la procesan y los que la venden procesada”, dice el hombre que muestra satisfecho la china white.
“No sé a qué le teme el gobierno, si hubiera una producción ordenada no sólo se acabaría con la violencia, sino con el acelerado deterioro del medio ambiente, pues habría un mayor control para la siembra, se cuidaría el bosque no desmontando áreas nuevas para la siembra. Total, aquí en donde quiera abunda el oro verde, sólo es cuestión de no escondernos para explotarlo”, dice provocando sonrisas pícaras de quienes lo acompañan.
FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR.
AUTOR: ZACARÍAS CERVANTES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-05-2016/1660984
En menos en un año, ocho comunidades de la sierra, abatieron la violencia que les provocaba la siembra de amapola y convirtieron la producción del enervante en un negocio que les reditúa ganancias para el desarrollo de sus pueblos.
Al margen del Gobierno y de los cárteles de la droga, los ocho pueblos del Filo Mayor de la sierra, organizaron un esquema que funciona como proyecto piloto y que están por adoptar otros pueblos de la región debido a los “buenos resultados”, informaron los comisarios de Campo de Aviación, Crescencio Pacheco González, y el de Filo de Caballos, Arturo López Torres.
El sistema consiste en la integración de un comité que se encarga del acopio de la producción de goma de amapola y la vende al comprador que ofrece un mejor precio, e impide que entren a los pueblos personas ajenas a las comunidades que antes eran campos de batalla de quienes se disputaban la mercancía y el territorio.
El novedoso mecanismo no sólo terminó con la violencia en un año en esos pueblos, sino que obtiene ganancias extras que son repartidas equitativamente entre los pueblos que integran el comité para obras como apertura y mantenimiento de caminos, “o para lo que haga falta en las escuelas, casas de salud y comisarías”, según explicó uno de los comisarios.
López Torres dijo que ese ejemplo muestra que la violencia no la provoca la siembra del estupefaciente, sino los intermediarios que la compran y se disputan el producto, además del gobierno que pretende combatirlos.
Los comisarios no mencionaron, por seguridad, los nombres de los pueblos, pero explicaron que se trata de localidades que hasta hace un año venían padeciendo altos índices de violencia “y los habitantes se cansaron y decidieron organizarse”, dijo Pacheco González.
“No son una policía comunitaria, no son grupos de autodefensa, ni nada de eso, la fuerza de ellos radica en su organización. Es un lugar donde sacan buen producto, allá son madrazos buenos, porque trabaja toda la familia, desde los morritos y las mujeres, todos se van a la chinga”, explicó el comisario de Campo de Aviación.
El novedoso sistema impide la entrada a los pueblos de los cárteles de la droga o de grupos criminales a comprar directamente a los productores, con ello también evaden a los intermediarios que pagan lo que quieren a los campesinos. Es el comité integrado por ocho personas, un representante por pueblo, quien trata directamente con los interesados en la producción de los pueblos y realiza la operación de compra-venta.
“Como todos utilizan radios, se comunican cuando ya llegó el dinero, entonces los cultivadores llevan su producto al comité y éste se encarga del acopio y lo entrega todo junto, es también el único que recibe el dinero. Explicaron que como se trata de un acuerdo de buena fe, los integrantes del comité garantizan la salida del comprador hasta donde termina su territorio de influencia, “y le dicen de aquí en adelante es tu responsabilidad”.
“Es un esquema piloto, que está dando muy buenos resultados, han disminuido la delincuencia en un año, porque no les interesa que pinche cartel les compre o de qué línea venga, allí lo que les interesa y lo que quieren es que alguien les lleve el dinero y que se lleve la chingadera esa, porque es un medio de sobrevivir para las poblaciones”, dijo en alusión a la producción.
A su vez, el comisario de Filo de Caballos, López Torres, explicó que se trata de una especie de cooperativa con la que se están beneficiando no solamente los productores, sino los pueblos en su conjunto, porque además de que terminaron con la violencia, después de pagarle a los productores, hay un excedente de las ganancias que se distribuye equitativamente entre los pueblos que participan en el comité que es utilizado para la reparación de caminos, para detalles que hacen falta en las escuelas o centros de salud, “o para lo que quieran utilizarlo.
López Torres añadió que el ejemplo de esos pueblos evidencia que la siembra de la amapola no es la causa de la violencia, sino la delincuencia organizada que se diputa la droga y el territorio, y que para resolver el problema solamente se requiere de voluntad de parte de las autoridades.
Explicó que el problema es que los productores “pelean con tres enemigos y un traidor”. Los tres enemigos son el gobierno, las plagas y el mal tiempo, mientras que el traidor son las organizaciones criminales que llegan a comprar la droga, a dividirlos y a enfrentarlos.
Dijo que no es posible que México ocupe el segundo lugar a nivel internacional en la producción de amapola y Guerrero el primer lugar a nivel nacional en la exportación de goma de opio y que la sierra, que es la zona que más produce, sigua sumida en la pobreza.
“A pesar de que somos una región productora de goma de opio, la gente está muy jodida y no tienen el dinero suficiente para poder subsistir, si preguntas a la gente que a dónde se va de vacaciones cada año, te dicen que a la planta de amapola”.
Siguió: “hay 50 mil habitantes, de mil 280 comunidades que se dedican al cultivo de amapola y la mitad ni siquiera conoce Acapulco, ni el mar”.
Explicó que un campesino que se alquila con los productores de amapola apenas gana mil pesos a la semana, mientras que el productor siempre vive endeudado con la esperanza de que para la próxima cosecha le irá mejor, “y todo porque al gobierno no le interesa la producción y vender al estilo del primer mundo, como España, por ejemplo, sin riesgos y con ganancias para todos”.
Dijo que la regularización de la producción y venta de la amapola implica salir de los problemas del mercado negro, “que nos lleva a la inseguridad, violencia, a los asesinatos y a la pobreza de los productores”.
López Torres destacó que si el gobierno no cambia el esquema, los productores ya vieron que lo pueden hacer sólo con organización, y que asumirán el ejemplo de los ocho pueblos, que integraron el comité para el acopio y la venta del producto, sin intermediarios.
SE SIEMBRA AMAPOLA, COMO MAÍZ O AGUACATE
Daniel es un hombre de campo de 35 años, lo único que sabe es hacer producir la tierra, no importa qué: aguacate, durazno, maíz y, por supuesto, amapola.
Para él, la única diferencia entre uno y otro cultivo es la dificultad que tiene para vender la cosecha. El aguacate y el durazno tiene que llevarlos personalmente hasta Acapulco, Chilpancingo o Iguala en donde los vende a precios que, a veces no le alcanzan ni para el transporte. En cuanto el maíz sólo lo siembra para el autoconsumo.
En cambio, por la amapola, los representantes de los cárteles van hasta su tierra y hasta se pelean por comprársela.
Igual que Daniel, 50 mil campesinos de mil 280 comunidades de 13 municipios se dedican a lo mismo, según datos de organizaciones y comisarios de la zona. Sin embargo, todos ellos, por el cultivo de la amapola luchan contra “tres enemigos y un traidor”, dice el comisario de Filo de Caballos, Arturo López Torres. Los enemigos son el gobierno, el mal tiempo y las plagas. El traidor son los intermediarios que llagan a comprarles la goma de opio, a dividirlos y a provocar violencia.
Llegar a la huerta de aguacate, durazno y a los cultivos de maíz y amapola de Daniel no es sencillo. Se tiene que andar por un camino accidentado de más de un kilómetro que comienza en la carretera Casa Verde-Tlacotepec y baja por la falda de un cerro tan empinado que cualquier paso en falso significa caer y rodar 50 o 100 metros hasta la barranca.
“Para mí esto ya no es problema, bajo y subo tres veces al día. Vengo a cambiar las mangueras que riegan la planta”, dice burlón el campirano cuando ve que los reporteros que lo acompañan bajan arrastrándose de nalgas para evitar una caída que sería mortal.
Su terreno con la plantación está escondido hasta el fondo del cerro, donde se unen dos barrancas. Allí, los árboles de aguacate ya están cargados de bolas y las matas de duraznos comienzan a florear.
La milpa verde aún no espiguea y su color contrasta con el de la amapola seca que creció en medio, las bellotas ya han sido ralladas para extraerle la goma de opio. “La cosecha ha sido más o menos regular”, comenta satisfecho Daniel deshojando una mata de cilantro, que también hay en medio de la milpa, para llevársela a la boca y masticar la aromática verdura.
El plantío es de apenas unos 100 metros cuadrados, porque en las partes bajas de la sierra los cultivos grandes son fácilmente ubicados y de inmediato son destruidos por los militares.
En este plantío, Daniel destinó tres meses desde que comenzó a preparar la tierra. Primero desmontó, luego quemó la basura, después ablandó la tierra a golpe de pico para regar la semilla en la tierra floreada. En seguida vino el cuidado de la planta, por ejemplo estar pendiente que no le faltara el agua que llega desde lo alto del cerro por medio de mangueras que Daniel tiene que cambiar tres veces al día para que el regado sea parejo.
El resultado de los tres meses de cuidado en un plantío de aproximadamente 100 metros cuadrados como el de Daniel, es de, máximo, kilo y medio de goma de opio. Un kilo cuesta 6 mil pesos si es de temporal (de tiempo de lluvias) y hasta 8 mil si es de tiempo de secas, como ahora.
Es decir, Daniel habrá obtenido aproximadamente 12 mil pesos por los tres meses de arduas jornadas para la siembra y el cuidado de su planta. “Está deveras retecabrón, de la chingada, no crea que nos llevamos la millonada como piensan, esto que ganamos es nomás para irla pasando, las ganancias buenas se las llevan otros, los cabrones de los cárteles grandes, por eso se pelean, y luego nos quieren echar la culpa a nosotros”, se queja el campesino con el característico acento sierreño.
Cuenta que más allá arriba, en lo alto de la sierra, los productores ganan un poquito más porque pueden sembrar hasta más de una hectárea y la tierra está más virgen, la planta produce más, “a una hectárea le llegan a sacar de 12 hasta 15 kilos, imagínese usted sus ganancias en tiempo de secas son de 90 a 120 mil pesos”.
Sin embargo, como son extensiones más grandes, los productores tienen que pagar peones, y un peón cobra 150 pesos diarios, “a veces (los productores) se llegan a quedar con la mitad de lo que cuesta la cosecha, pero siempre ya es algo más”, dice.
“Pero por aquí, en las partes bajas, los plantíos tienen que ser chiquitos porque entre más grande sea, más es el riesgo de su destrucción, insiste Daniel ya en el camino de regreso, atrás de los reporteros que, jadeantes, se aferran de los matorrales para no resbalar y caer.
A finales de abril fueron detenidas decenas de personas que exigían que el cultivo de la planta fuera regulado en Guerrero |
Por un camino menos accidentado, pero más retirado que el que lleva al sembradío de Daniel, estaba el plantío de Gabriel.
Aquí, orillas de una barranca, en un descampado rodeado por altos ocotes y cedros, la matas de amapola que Gabriel había sembrado entre árboles de aguacates, duraznos, peras y tejocotes, lucen totalmente secas.
Ocho días antes al 12 de mayo, dos helicópteros sobrevolaron la zona y fumigaron el plantío con herbicida para destruirlo.
La extensión del plantío era más o menos similar al de Daniel, pero Gabriel apenas comenzaría a rallar la bellota para recolectar la goma, no le dio tiempo. Se la destruyeron toda antes “los verdes”, como le dicen por aquí a los soldados.
El rostro de Gabriel es de abatimiento. “mire nomás, yo estoy de acuerdo, si la van a fumigar, está bien, pero que no lo hagan así, le vienen a dar en la madre a todo”, se queja mientras muestra las frutas tiernas de una mata de durazno, que ya no van a alcanzar a sazonar ni a madurar porque el herbicida las tumba antes.
Cuenta que antes los militares llegaban a pie hasta los sembradíos y a golpe de machete cortaban la planta que amontonaban a orillas del sembradío en donde la quemaban, “pero ahora ya les entró la flojera a los cabrones y en helicóptero le vienen a dar en la madre a todo”.
De este sembradío, Gabriel pensaba sacar una ganancia no menor a 10 mil pesos que le alcanzarían para alimentar a su familia –dos hijos y su esposa– en los próximos cinco meses, “aquí no se necesita más que azúcar y sal, la ropa y el calzado para los niños, todo lo demás, para comer lo tenemos si sabemos trabajar la tierra y criar los animalitos”, reconoce, pero se queja que ahora el gobierno ni para eso les deja tener.
–¿Y la cosecha del aguacate, el durazno y el tejocote, no les da para comer don Gabriel? , –pregunta el reportero.
–Sí, nos daría si tuviéramos el apoyo para vender, pero por aquí el gobierno ni nos deja sembrar la amapola ni nos ayuda para producir ni vender los otros productos. Aquí yo saco aguacate y durazno, sobre todo, pero ¿a dónde lo voy a vender?, tengo que llevarlo a Chilpancingo, Acapulco o Iguala, y, cabrón, gasto más en el transporte que lo que me pagan por mi fruta. En cambio la amapola hasta aquí vienen a comprarla.
–¿Y ahora que le destruyeron su cultivo de amapola, qué va a hacer, de qué va a vivir?.
–Esa es la cosa, a ver dígame usted, o que me diga el gobierno, de qué chingaos va a vivir mi familia, no yo.
Ocho días después de que policías federales y estatales desalojaron el 28 de abril a cientos de pobladores de la sierra que bloqueaban la Autopista del Sol, y encarcelaron a 71 manifestantes de la sierra, unos 10 helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), destruyeron plantíos de enervantes en los municipios de Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Heliodoro Castillo y Chilpancingo, y como la de don Gabriel, cientos o tal vez miles de familias de unos 30 pueblos de esos municipios se quedaron sin el sustento.
Parado a la orilla de su plantío, Gabriel ha dejado de tumbar las frutitas tiernas de los duraznos que caen al suelo con apenas rozarlos con los dedos, por el efecto que les produjo el Dicloruro de Paraquat el herbicida que rociaron los militares para destruir el plantío de amapola, y, ahora, acaricia una bellotita de amapola de las miles que no alcanzó a rallar, “le dan en la madre a todo, quieren que vivamos de puro aire, porque hasta el agua nos contaminan en toda la sierra”, protesta, hablando como para él mismo, concentrado en la bolita del tamaño de una canica que acaricia entre los dedos.
LA SIERRA DONDE ABUNDA EL “ORO VERDE”
En la sierra, los productores de amapola se van abriendo de capa y exigen al gobierno comenzar a explotar el “oro verde” de manera ordenada, sin riesgos y sin dañar el medio amiente, como sí lo dañan las empresas extranjeras que vienen a explotar el oro, el metal dorado.
Argumentan que aquí los campesinos se han dedicado al cultivo de la amapola desde hace 40 años, y, sin embargo, siguen igual de pobres, a pesar de que habitan la zona que ocupa el primer lugar en el cultivo de esa planta.
Incluso, los campesinos presumen que han mejorado la producción cultivándola en tres tipos de suelo; aguado, húmedo y seco.
En uno de los pueblos, asentado a orillas de la carretera que bordea el cerro desde Casa Verde hasta Filo de Caballos, un productor presume: “de aquí exportamos la mejor goma al extranjero”, comenta orgulloso mientras prueba su dicho mostrando una bolsita con algunos gramos de china white, una especie de heroína blanca que se procesa con la goma de amapola y que se exporta principalmente a Estados Unidos. Allá es considerada uno de los narcóticos de mayor demanda y cuyo costo debe andar entre los 28 mil dólares el kilo.
“El problema es que esas ganancias no son para nosotros los productores y que somos dueños de la tierra donde se produce la materia prima, son para los intermediarios, los que la procesan y los que la venden procesada”, dice el hombre que muestra satisfecho la china white.
“No sé a qué le teme el gobierno, si hubiera una producción ordenada no sólo se acabaría con la violencia, sino con el acelerado deterioro del medio ambiente, pues habría un mayor control para la siembra, se cuidaría el bosque no desmontando áreas nuevas para la siembra. Total, aquí en donde quiera abunda el oro verde, sólo es cuestión de no escondernos para explotarlo”, dice provocando sonrisas pícaras de quienes lo acompañan.
FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR.
AUTOR: ZACARÍAS CERVANTES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-05-2016/1660984
La PGR le negó al GIEI data clave de guerrilleros, cuerpos, fosas o narcos, revela el expediente
El Ejército y la Policia Federal, entre otros, negaron al Grupo Interdisiciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la desaparición de los 43 normalistas en Guerrero, los organigramas de los grupos criminales que operan en la entidad, así como las estructuras del EPR, del ERPI y otros grupos guerrilleros. Esta información la consideraban clave para establecer una ruta sobre qué grupo podría haber desaparecido a los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.
Los organigramas y estructuras de los principales cárteles de la droga en la entidad, así como de los grupos de guerrilla, las fosas clandestinas y exhumaciones hechas después el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, Morelos, Estado de México y Michoacán, son parte de las solicitudes de información que promovió la unidad de investigación del caso Ayotzinapa, a petición del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
A pesar de la insistencia de los oficios que emitió con carácter “extraurgente” el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos Torres, las peticiones no fueron atendidas o fueron respondidas de manera parcial, pues en su informe final los cinco expertos internacionales que acompañaron la investigación durante un año -con una serie obstáculos de las autoridades y dificultades a su labor-, insistieron en que sin una explicación de lógica de las estructuras delictivas, la lucha contra la impunidad en México seguirá fragmentada e incompleta.
En la tercera parte de la averiguación previa de los ataques a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, durante un operativo en Iguala, difundido el viernes en Internet por la PGR, se encuentran los documentos oficiales integrados al expediente entre estos las insistentes solicitudes de información sobre los organigramas y estructuras de los grupos criminales Guerreros Unidos, Los Beltrán Leyva, Los Rojos y La Familia Michoacana, sus zonas de influencia, miembros, actividades delincuenciales, modos de operación, así como las investigaciones que se han judicializado.
En particular la identificación de las estructuras que pertenecen a Sidronio Casarrubias Salgado, “El Mochomo”, uno de los fundadores del cartel Guerreros Unidos buscado, con otros implicados, debido a la desaparición forzada de los 43 estudiantes desaparecidos.
Además, los organigramas y análisis de las estructuras del Ejército Popular Revolucionario (EPR), del Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI) y otros posibles grupos guerrilleros que operan en Guerrero.
Esta información se solicitó al comisionado de la Policía Federal (PF), al Ejército y al Centro de Planeación y Análisis e información para el combate a la delincuencia organizada, además de a las procuraduría estatales de las entidades mencionadas, junto con el número de fosas clandestinas y los cuerpos exhumados del 26 de septiembre en adelante.
En los escritos insistieron en que “la información tendrá carácter de confidencial y su contenido no será divulgado para salvaguardar las garantías de secrecía respecto a sus actuaciones”.
Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también solicitaron las investigaciones a la Policía federal por los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, y entrevistas a las personas que estaban en esa fecha en la Dirección de Operaciones Regional: el titular del área de información, en la Dirección de Operaciones de Seguridad Nacional, el director general adjunto en la región Centro, divisiones de seguridad regional de la PF, la Coordinación Estatal de Guerrero de la Policía federal y al inspector general. En los oficios inmediatos no hay respuestas.
En ésta, la tercera etapa de la investigación, se retomó la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos hace más de 19 meses ya que se autorizaron y publicaron recompensas hasta de 1.5 millones por información que permita su localización.
Seguida de otra publicación de recompensas por el mismo monto para detener al director de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores, y al juez de la Policía Municipal de barandilla, José Ulises Bernabé García, “que presuntamente entregó a policías municipales de Cocula, a personal de Protección Civil y a elementos del grupo de reacción inmediata conocidos como ‘Los Bélicos’, con la finalidad de entregarlos a Guerreros Unidos”.
Gracias a información periodística, ahora se sabe que Bernabé García pidió asilo político en Estados Unidos, que negó haber recibido a los normalistas desaparecidos en la cárcel de la Policía Municipal de Iguala o haber hablado con ellos en algún momento.
LO QUE PLANTEÓ EL GIEI
De las investigaciones de desapariciones forzadas, el GIEI señaló en su informe final, dado a conocer a finales de abril días antes de que los cinco expertos abandonaran México, que las autoridades de procuración de justicia deben tomar en cuenta, “la complejidad de este tipo de hechos y la estructura en la cual se ubican las personas probablemente involucradas”, es decir, las redes criminales y a los agentes de Gobierno.
En este sentido, “deben conocer los criterios para orientar la investigación, tomando en cuenta los análisis de contexto, el modus operandi, los perfiles de los desaparecidos y los patrones regionales de ocurrencia de los hechos (delictivos)”.
Destacaron que “a la llegada del grupo no existía en el expediente un análisis financiero de los distintos integrantes de Guerreros Unidos ni del cruce financiero entre ellos, ni de la posible cooptación de autoridades, o del uso de inteligencia para conocer la estructura y áreas de influencia del grupo, todos elementos fundamentales al analizar el contexto de la grupo criminal al cual se le atribuía la desaparición”.
Al salir del caso señalaron que la investigación estaba fragmentada en muchas averiguaciones previas relacionadas con los hechos, y advirtieron que “si las investigaciones se adelantan de manera aislada y no se buscan denominadores comunes que expliquen lógicas y estructuras delictivas, la lucha contra la impunidad seguirá siendo encarada de manera fragmentaria e incompleta”.
“La articulación de diferentes investigaciones puede permitir el diseño de una estrategia con resultados más efectivos. El análisis de contexto es una herramienta que merece ser tenida en cuenta”, concluyen.
FUENTE: PROCESO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN/ LOURDES CHÁVEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-05-2016/1661383
Los organigramas y estructuras de los principales cárteles de la droga en la entidad, así como de los grupos de guerrilla, las fosas clandestinas y exhumaciones hechas después el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero, Morelos, Estado de México y Michoacán, son parte de las solicitudes de información que promovió la unidad de investigación del caso Ayotzinapa, a petición del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
A pesar de la insistencia de los oficios que emitió con carácter “extraurgente” el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos Torres, las peticiones no fueron atendidas o fueron respondidas de manera parcial, pues en su informe final los cinco expertos internacionales que acompañaron la investigación durante un año -con una serie obstáculos de las autoridades y dificultades a su labor-, insistieron en que sin una explicación de lógica de las estructuras delictivas, la lucha contra la impunidad en México seguirá fragmentada e incompleta.
En la tercera parte de la averiguación previa de los ataques a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, durante un operativo en Iguala, difundido el viernes en Internet por la PGR, se encuentran los documentos oficiales integrados al expediente entre estos las insistentes solicitudes de información sobre los organigramas y estructuras de los grupos criminales Guerreros Unidos, Los Beltrán Leyva, Los Rojos y La Familia Michoacana, sus zonas de influencia, miembros, actividades delincuenciales, modos de operación, así como las investigaciones que se han judicializado.
En particular la identificación de las estructuras que pertenecen a Sidronio Casarrubias Salgado, “El Mochomo”, uno de los fundadores del cartel Guerreros Unidos buscado, con otros implicados, debido a la desaparición forzada de los 43 estudiantes desaparecidos.
Además, los organigramas y análisis de las estructuras del Ejército Popular Revolucionario (EPR), del Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI) y otros posibles grupos guerrilleros que operan en Guerrero.
Esta información se solicitó al comisionado de la Policía Federal (PF), al Ejército y al Centro de Planeación y Análisis e información para el combate a la delincuencia organizada, además de a las procuraduría estatales de las entidades mencionadas, junto con el número de fosas clandestinas y los cuerpos exhumados del 26 de septiembre en adelante.
En los escritos insistieron en que “la información tendrá carácter de confidencial y su contenido no será divulgado para salvaguardar las garantías de secrecía respecto a sus actuaciones”.
Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también solicitaron las investigaciones a la Policía federal por los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, y entrevistas a las personas que estaban en esa fecha en la Dirección de Operaciones Regional: el titular del área de información, en la Dirección de Operaciones de Seguridad Nacional, el director general adjunto en la región Centro, divisiones de seguridad regional de la PF, la Coordinación Estatal de Guerrero de la Policía federal y al inspector general. En los oficios inmediatos no hay respuestas.
En ésta, la tercera etapa de la investigación, se retomó la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos hace más de 19 meses ya que se autorizaron y publicaron recompensas hasta de 1.5 millones por información que permita su localización.
Seguida de otra publicación de recompensas por el mismo monto para detener al director de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores, y al juez de la Policía Municipal de barandilla, José Ulises Bernabé García, “que presuntamente entregó a policías municipales de Cocula, a personal de Protección Civil y a elementos del grupo de reacción inmediata conocidos como ‘Los Bélicos’, con la finalidad de entregarlos a Guerreros Unidos”.
Gracias a información periodística, ahora se sabe que Bernabé García pidió asilo político en Estados Unidos, que negó haber recibido a los normalistas desaparecidos en la cárcel de la Policía Municipal de Iguala o haber hablado con ellos en algún momento.
LO QUE PLANTEÓ EL GIEI
De las investigaciones de desapariciones forzadas, el GIEI señaló en su informe final, dado a conocer a finales de abril días antes de que los cinco expertos abandonaran México, que las autoridades de procuración de justicia deben tomar en cuenta, “la complejidad de este tipo de hechos y la estructura en la cual se ubican las personas probablemente involucradas”, es decir, las redes criminales y a los agentes de Gobierno.
En este sentido, “deben conocer los criterios para orientar la investigación, tomando en cuenta los análisis de contexto, el modus operandi, los perfiles de los desaparecidos y los patrones regionales de ocurrencia de los hechos (delictivos)”.
Destacaron que “a la llegada del grupo no existía en el expediente un análisis financiero de los distintos integrantes de Guerreros Unidos ni del cruce financiero entre ellos, ni de la posible cooptación de autoridades, o del uso de inteligencia para conocer la estructura y áreas de influencia del grupo, todos elementos fundamentales al analizar el contexto de la grupo criminal al cual se le atribuía la desaparición”.
Al salir del caso señalaron que la investigación estaba fragmentada en muchas averiguaciones previas relacionadas con los hechos, y advirtieron que “si las investigaciones se adelantan de manera aislada y no se buscan denominadores comunes que expliquen lógicas y estructuras delictivas, la lucha contra la impunidad seguirá siendo encarada de manera fragmentaria e incompleta”.
“La articulación de diferentes investigaciones puede permitir el diseño de una estrategia con resultados más efectivos. El análisis de contexto es una herramienta que merece ser tenida en cuenta”, concluyen.
FUENTE: PROCESO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN/ LOURDES CHÁVEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-05-2016/1661383
Sener prevé duplicar red de gasoductos en México para 2018
El secretario Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que la infraestructura de tendrá una expansión de 10,000 kilómetros y una inversión de 16,000 millones de dólares.
El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que para 2018 la infraestructura de gasoductos que recorre el país será casi el doble de la que existía al inicio de la administración, con una expansión de 10 mil kilómetros y una inversión de 16 mil millones de dólares.
Durante la inauguración de la planta de InterGen en Guanajuato, expresó que con este proyecto se busca aumentar la capacidad de suministro en el centro del país, conectar el golfo con el occidente y extender la cobertura del sistema a nuevos centros de demanda.
“La reforma está impulsando la creación de infraestructura para el transporte, almacenamiento y distribución de este combustible, para hacerlo llegar de forma eficiente y segura a los principales puntos de consumo de la República”, afirmó el funcionario.
Destacó que se busca acelerar el proceso de transición energética hacia una economía más verde, de hecho la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya está reconvirtiendo a duales siete centrales eléctricas que funcionaban a base de combustóleo.
“En los últimos tres años, el uso de combustóleo ha disminuido 47 por ciento. México, por su ubicación geográfica tiene acceso al gas natural más asequible del mundo: el de Estados Unidos y las importaciones de gas proveniente de dicho país incrementan cada año a través de ductos que se conectan en la frontera norte”.
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Energía, el país tiene actualmente 15 gasoductos de internación, a los que se adicionarán cinco más en los próximos tres años y para 2019 contará con 10 mil kilómetros adicionales, lo que representará una expansión de 85 por ciento.
Coldwell destacó que está por terminar la construcción de la segunda fase del sistema Los Ramones– Tramo Sur–, que recorrerá una distancia de 291 kilómetros a través de los estados de San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato.
Por último, aseveró que debido a sus menores emisiones de carbono y abundancia, eficiencia y flexibilidad, el gas natural es el sustituto ideal para los combustibles sólidos y líquidos. “En el sector eléctrico privado, es hasta ahora el combustible más utilizado”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1705/mexico/sener-preve-duplicar-red-de-gasoductos-en-mexico-para-2018/
El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que para 2018 la infraestructura de gasoductos que recorre el país será casi el doble de la que existía al inicio de la administración, con una expansión de 10 mil kilómetros y una inversión de 16 mil millones de dólares.
Durante la inauguración de la planta de InterGen en Guanajuato, expresó que con este proyecto se busca aumentar la capacidad de suministro en el centro del país, conectar el golfo con el occidente y extender la cobertura del sistema a nuevos centros de demanda.
“La reforma está impulsando la creación de infraestructura para el transporte, almacenamiento y distribución de este combustible, para hacerlo llegar de forma eficiente y segura a los principales puntos de consumo de la República”, afirmó el funcionario.
Destacó que se busca acelerar el proceso de transición energética hacia una economía más verde, de hecho la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya está reconvirtiendo a duales siete centrales eléctricas que funcionaban a base de combustóleo.
“En los últimos tres años, el uso de combustóleo ha disminuido 47 por ciento. México, por su ubicación geográfica tiene acceso al gas natural más asequible del mundo: el de Estados Unidos y las importaciones de gas proveniente de dicho país incrementan cada año a través de ductos que se conectan en la frontera norte”.
De acuerdo con el titular de la Secretaría de Energía, el país tiene actualmente 15 gasoductos de internación, a los que se adicionarán cinco más en los próximos tres años y para 2019 contará con 10 mil kilómetros adicionales, lo que representará una expansión de 85 por ciento.
Coldwell destacó que está por terminar la construcción de la segunda fase del sistema Los Ramones– Tramo Sur–, que recorrerá una distancia de 291 kilómetros a través de los estados de San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato.
Por último, aseveró que debido a sus menores emisiones de carbono y abundancia, eficiencia y flexibilidad, el gas natural es el sustituto ideal para los combustibles sólidos y líquidos. “En el sector eléctrico privado, es hasta ahora el combustible más utilizado”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Se dispara el precio del limón y rebasa al aguacate en mercados
El kilo de limón subió en la Ciudad de México hasta los 30 pesos, mientras que cayó en algunos mercados como en Yucatán hasta los 10 pesos.
El limón fue el elemento de la canasta básica que tuvo mayores movimientos desde hace dos semanas. El kilo de limón subió en la Ciudad de México hasta los 30 pesos, mientras que cayó en algunos mercados como en Yucatán hasta los 10 pesos.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detalló que en tiendas de autoservicio de la capital, la bolsa de dos kilogramos de azúcar se vende en 35.73 pesos, el kilogramo de limón en 30.83 pesos, el aguacate, la cebolla y el jitomate se ofrecen en 27.63, 15.78, 10.56 pesos, cada kilogramo, de manera respectiva.
En la Central de Abasto de la capital mexicana, la bolsa con dos kilos de azúcar se comercializó en 26 pesos, el kilogramo de aguacate se ofreció en 28 pesos, en tanto que el de limón llegó a 25, el de jitomate se ofrece en 12 y el de cebolla en 10 pesos.
El kilo de huevo se ubicó en 27 pesos en mercados de Mérida, Yucatán, el de limón se vende en 25 pesos y el de aguacate en 40, mientras que el de cebolla y azúcar se ofrecen en 12 pesos y el de jitomate en 7.5 pesos por kilogramo.
En Monterrey, Nuevo León, cada kilogramo de aguacate y limón se ofrece en 30 y 25 pesos, de manera respectiva, en tanto el de huevo en 24 pesos, el de azúcar en 15, la cebolla en 12 y el jitomate en 10 pesos. En mercados de Guanajuato, el kilo de limón se comercializó en 32 pesos, el huevo en 28, el aguacate en 20, el azúcar en 14 y el de jitomate y cebolla en 12 pesos, cada kilogramo.
El aguacate alcanzó una cotización a la venta de 30 pesos por kilo en plazas de Puebla, en tanto que cada kilogramo de huevo se ofreció en 25, el de limón en 15 pesos, el de azúcar en 13, el de cebolla en 10 y el jitomate en 6.0 pesos.
En mercados de Jalisco el kilo de limón se comercializó en 30 pesos, mientras que el de aguacate llegó a 26 pesos, el de huevo en 22 pesos, el azúcar en 14, la cebolla en 12 y el jitomate en 10 pesos por cada kilogramo.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1705/mexico/se-dispara-el-precio-del-limon-y-rebasa-al-aguacate-en-mercados/
El limón fue el elemento de la canasta básica que tuvo mayores movimientos desde hace dos semanas. El kilo de limón subió en la Ciudad de México hasta los 30 pesos, mientras que cayó en algunos mercados como en Yucatán hasta los 10 pesos.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detalló que en tiendas de autoservicio de la capital, la bolsa de dos kilogramos de azúcar se vende en 35.73 pesos, el kilogramo de limón en 30.83 pesos, el aguacate, la cebolla y el jitomate se ofrecen en 27.63, 15.78, 10.56 pesos, cada kilogramo, de manera respectiva.
En la Central de Abasto de la capital mexicana, la bolsa con dos kilos de azúcar se comercializó en 26 pesos, el kilogramo de aguacate se ofreció en 28 pesos, en tanto que el de limón llegó a 25, el de jitomate se ofrece en 12 y el de cebolla en 10 pesos.
El kilo de huevo se ubicó en 27 pesos en mercados de Mérida, Yucatán, el de limón se vende en 25 pesos y el de aguacate en 40, mientras que el de cebolla y azúcar se ofrecen en 12 pesos y el de jitomate en 7.5 pesos por kilogramo.
En Monterrey, Nuevo León, cada kilogramo de aguacate y limón se ofrece en 30 y 25 pesos, de manera respectiva, en tanto el de huevo en 24 pesos, el de azúcar en 15, la cebolla en 12 y el jitomate en 10 pesos. En mercados de Guanajuato, el kilo de limón se comercializó en 32 pesos, el huevo en 28, el aguacate en 20, el azúcar en 14 y el de jitomate y cebolla en 12 pesos, cada kilogramo.
El aguacate alcanzó una cotización a la venta de 30 pesos por kilo en plazas de Puebla, en tanto que cada kilogramo de huevo se ofreció en 25, el de limón en 15 pesos, el de azúcar en 13, el de cebolla en 10 y el jitomate en 6.0 pesos.
En mercados de Jalisco el kilo de limón se comercializó en 30 pesos, mientras que el de aguacate llegó a 26 pesos, el de huevo en 22 pesos, el azúcar en 14, la cebolla en 12 y el jitomate en 10 pesos por cada kilogramo.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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El Cártel de Sinaloa, nuevo dueño de la frontera sur con EU
Desaparecido prácticamente el Cártel de Juárez, el de Sinaloa ha ido apoderándose de territorios que antes pertenecían al grupo de los Carrillo. Domina en los hechos el trasiego de mariguana y de drogas duras a lo largo de gran parte de la frontera sur de Estados Unidos y es suyo el mercado en los estados de la Costa Oeste. Lo peor para las autoridades de la DEA es que desconocen a cabalidad las estrategias del grupo criminal mexicano.
PHOENIX/TUCSON, ARIZONA: La contratación de procesadores o “cocineros” de heroína colombianos por parte del Cártel de Sinaloa incrementó notablemente la instalación de laboratorios clandestinos en México y, por ende, la producción de drogas que se trafican a Estados Unidos, sostienen las autoridades de este país.
Gracias a esta nueva alianza, la organización criminal mexicana se convirtió en la más poderosa del mundo, asegura Douglas W. Coleman, jefe de la División de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) en Arizona. Hoy, dice, es casi la dueña absoluta del mercado estadunidense de estupefacientes.
La zona fronteriza que divide los estados de Sonora y Arizona es la región más controlada por el Cártel de Sinaloa y su ruta preferida para el trasiego de heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana, comenta a Proceso.
La organización criminal utiliza la región entre San Luis Río Colorado, Sonora, y Yuma, Arizona, para introducir a Estados Unidos su producto más redituable: la heroína blanca que le fabrican los “cocineros” colombianos a partir de la refinación de la goma de amapola.
“No los pueden contener”
Coleman recibió al corresponsal en sus oficinas de Arizona y en varias sesiones, durante dos días, conversó sobre el poder del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos y sobre la demanda de esa droga manufacturada en México por los “cocineros” colombianos. Tan demoledor es el panorama, que hace pensar en que los gobiernos de ambos países nunca vencerán al narcotráfico…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2063 de la revista Proceso, actualmente en circulación
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/440877/cartel-sinaloa-nuevo-dueno-la-frontera-sur-eu
PHOENIX/TUCSON, ARIZONA: La contratación de procesadores o “cocineros” de heroína colombianos por parte del Cártel de Sinaloa incrementó notablemente la instalación de laboratorios clandestinos en México y, por ende, la producción de drogas que se trafican a Estados Unidos, sostienen las autoridades de este país.
Gracias a esta nueva alianza, la organización criminal mexicana se convirtió en la más poderosa del mundo, asegura Douglas W. Coleman, jefe de la División de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) en Arizona. Hoy, dice, es casi la dueña absoluta del mercado estadunidense de estupefacientes.
La zona fronteriza que divide los estados de Sonora y Arizona es la región más controlada por el Cártel de Sinaloa y su ruta preferida para el trasiego de heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana, comenta a Proceso.
La organización criminal utiliza la región entre San Luis Río Colorado, Sonora, y Yuma, Arizona, para introducir a Estados Unidos su producto más redituable: la heroína blanca que le fabrican los “cocineros” colombianos a partir de la refinación de la goma de amapola.
“No los pueden contener”
Coleman recibió al corresponsal en sus oficinas de Arizona y en varias sesiones, durante dos días, conversó sobre el poder del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos y sobre la demanda de esa droga manufacturada en México por los “cocineros” colombianos. Tan demoledor es el panorama, que hace pensar en que los gobiernos de ambos países nunca vencerán al narcotráfico…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2063 de la revista Proceso, actualmente en circulación
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: J. JESÚS ESQUIVEL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/440877/cartel-sinaloa-nuevo-dueno-la-frontera-sur-eu
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