Investiga Codhem a “Los Porkys de Ecatepec” por abuso sexual contra una menor

ECATEPEC, Edomex: La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) inició de oficio la queja CODHEM/EM/267/2016 por el presunto abuso sexual perpetrado por policías municipales contra una adolescente que fue detenida por inhalar solventes en vía pública.

Para facilitar las investigaciones, el organismo solicitó como medida precautoria la suspensión de los elementos policiacos Luis Rodolfo Peñaflor Rodríguez, jefe del sector 17, y el oficial Luis El Chamaco Beltrán Ledesma.

También pidió informes a la autoridad municipal y la comparecencia de los servidores públicos señalados.

Los hechos que se les imputan a ambos elementos ocurrieron el pasado lunes 9 tras la detención de una joven de 17 años en la colonia Santa Clara de este municipio.

Cuando la adolescente era trasladada al Centro de Desarrollo Comunitario “El Gallito” para ser procesada, los agentes le ofrecieron dejarla en libertad a cambio de sostener relaciones sexuales con ellos.

En un primer momento los señalamientos se hicieron públicos a través del perfil de Facebook ‘Denuncia Ecatepec’, acompañados de un video en el que aparece una joven sentada sobre el lavabo de un sanitario, quien después de bajarse camina al rincón de la pieza para acomodar su short, y casi al mismo tiempo se observa a uno de los elementos acomodarse los pantalones y abotonar su cinturón.

Una mujer toca la puerta del baño y el agente contesta: “ocupado”. La mujer se sorprende porque se trata del baño de damas. Sin abrir la puerta, el policía dice que es el único sanitario “en el que hay papel”.

Al video lo acompaña un texto donde se asegura que la Dirección de Seguridad Ciudadana y Vial de Ecatepec suspendió por 30 días sin goce de sueldo al policía que aparece en la grabación. También muestra las fotografías de los presuntos responsables del abuso, a quienes usuarios de las redes sociales bautizaron como “Los Porkys de Ecatepec”.

Ávila desaparece la PGJEM para “erradicar viejos vicios”

El gobernador Eruviel Ávila anunció la desaparición de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y su conversión en Fiscalía General, luego de señalar la necesidad de erradicar actos de corrupción, viejas prácticas y deficiencias en el servicio público.

El mandatario mexiquense indicó que este jueves turnó al Congreso local la iniciativa para crear la Fiscalía General del Estado de México, que sustituirá a la PGJEM.

“El objetivo es erradicar los viejos vicios que tenemos en la hoy Procuraduría del estado. Que se genere una política de carrera, que las buenas, los buenos funcionarios continúen, y que nunca pongan en riesgo su trabajo. Y aquellos que no están dando el ancho que se vayan. Queremos funcionarios que sirvan a la gente, no que se sirvan de la gente. Que den resultados, que hagan justicia”, expuso.

Y confió en que la nueva instancia será profesional y eficiente, libre de la injerencia de otros poderes u órganos. “Será un organismo con presupuesto propio y libertad en las designaciones, funcionamiento o cuestiones técnicas”, precisó.

Según Ávila, al gozar de autonomía, la nueva dependencia realizará su función sin responder a presiones de alguno de los poderes públicos del estado, y sancionará a cualquiera que cometa algún delito, sin importar que ostente un cargo público.

Con personal que rinda buenas cuentas y ofrezca imparcialidad en todos los casos, dijo, se erradicarán los actos de corrupción.
Ávila promueve la desaparición de la PGJEM en momentos en que la credibilidad y ética de la dependencia es muy cuestionada por la ciudadanía.

El pasado 25 de abril, en las redes sociales se viralizó un video en el que Fernando Ulises Cárdenas, director general de Litigación de la PGJEM, reconoce que toda la vida se han inventado los delitos en esa instancia.

Y al menos 280 internos (249 hombres y 31 mujeres) del penal estatal de Chiconautla han asegurado que fueron torturados por policías ministeriales, municipales y estatales.

Por separado, la Codhem inició de oficio la queja CODHEM/ATL/204/2016 en contra de la PGJEM por presuntos actos de tortura difundidos en días pasados en las redes sociales.

La investigación derivó del video remitido vía Méxicoleaks a medios como la revista Proceso, donde se observa cuando Pedro Velasco Estrada, director de Operaciones Especiales de la PGJEM entre 2009 y agosto de 2015, golpea a un hombre con camisa azul identificado como Silverio Rodríguez Martínez.

El funcionario que graba el interrogatorio apaga un momento la cámara, y después se observa cuando Velasco Estrada cubre la cabeza del detenido con una bolsa de plástico. En ese momento Rodríguez Martínez convulsiona.

El 9 de abril de 2014, el entonces procurador Miguel Ángel Contreras y Damián Canales, secretario de Seguridad Ciudadana, presentaron a la prensa a Silverio Rodríguez Martínez como integrante de un grupo delictivo que operaba en la región de Jilotepec y Chapa de Mota, y presentaron un video en el que aparece ataviado con la misma vestimenta y escoltado por dos policías.


La Codhem sostuvo que ya solicitó informes a la PGJEM y a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social estatal, y tienen un plazo de cinco días para entregar los datos requeridos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VENERANDA MENDOZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/441184/investiga-codhem-a-los-porkys-ecatepec-abuso-sexual-contra-una-menor

Aprueban fiscalía anticorrupción en Veracruz; Gobernador podrá vetar nombramiento de titular

Además, será dependiente de la Fiscalía estatal; se establece una periodicidad de cinco años en el cargo para quien sea designado para encabezarla, pero podrá ser removido libremente por el Fiscal General.

El congreso de Veracruz aprobó la reforma constitucional por la cual se crea la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, órgano dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Respaldada por 47 votos a favor, esta modificación al Artículo 67 de la Constitución Política de Veracruz indica que el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción será nombrado por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado, previa convocatoria pública emitida para tal efecto, y permanecerá en el cargo por un plazo de cinco años.

Mediante un comunicado, el gobierno veracruzano señaló que en caso que la persona participante no obtenga el voto aprobatorio, la Cámara realizará una segunda convocatoria pública, efectuando este proceso cuantas veces sea necesario hasta alcanzar la mayoría requerida.

“El nombramiento de este fiscal podrá ser objetado por el titular del Poder Ejecutivo estatal dentro de un plazo de 10 días hábiles, en cuyo caso se procederá a un nuevo nombramiento en los términos aplicables”, señaló el texto.

De igual forma, durante la Tercera Sesión Ordinaria, del segundo periodo correspondiente al tercer año de labores, los legisladores aprobaron facultar al Congreso de Veracruz para designar al titular de la Contraloría General del Estado (CGE).

El documento aprobado señala que deberá instalarse de manera permanente un Comité Coordinador Anticorrupción, que estará integrado por los titulares en el estado del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la CGE, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI); así como un miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y un representante ciudadano destacado por su contribución a la transparencia y combate a la corrupción.


El comunicado del gobierno de Veracruz:

Se crea en Veracruz la Fiscalía Especializada

en Combate a la Corrupción

Xalapa, Ver., 19 de mayo de 2016.- La tarde de este jueves, el Pleno de la LXIII Legislatura local aprobó en su segunda etapa la reforma constitucional por la cual se crea la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, órgano dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Respaldada por 47 votos a favor, esta modificación al Artículo 67 de la Constitución Política de Veracruz indica que el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción será nombrado por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado, previa convocatoria pública emitida para tal efecto, y permanecerá en el cargo por un plazo de cinco años.

En caso que la persona participante no obtenga el voto aprobatorio, la Cámara realizará una segunda convocatoria pública, efectuando este proceso cuantas veces sea necesario hasta alcanzar la mayoría requerida.

El nombramiento de este fiscal podrá ser objetado por el titular del Poder Ejecutivo estatal dentro de un plazo de 10 días hábiles, en cuyo caso se procederá a un nuevo nombramiento en los términos aplicables.

Por el contrario, de no pronunciarse en el plazo establecido, el nombramiento se dará por ratificado, entendiéndose que no existe objeción alguna para ello.

No obstante, el documento establece una periodicidad de cinco años en el cargo para quien sea designado como titular de la nueva Fiscalía, que podrá ser removido libremente por el Fiscal General del Estado, siempre y cuando se actualice alguna de las causales que se establezcan en la Ley.

En ese sentido, la reforma aprobada establece que el Congreso del Estado podrá objetar esta disposición en un plazo de 10 días hábiles, para lo cual tendrá que contar con el voto de las dos terceras partes de los diputados y diputadas de la Legislatura en turno.

De igual forma, durante la Tercera Sesión Ordinaria, del segundo periodo correspondiente al tercer año de labores, los legisladores aprobaron facultar al Congreso de Veracruz para designar al titular de la Contraloría General del Estado (CGE).

A partir de esta modificación a la Constitución Política Estatal, a propuesta del Ejecutivo, la Legislatura tendrá la atribución para decidir quién será la persona con mayores aptitudes para servir a Veracruz desde la Contraloría, mediante la venia de dos terceras partes de sus integrantes.

En caso de que el candidato propuesto para ocupar el cargo no obtenga el voto aprobatorio requerido para ser designado, el Ejecutivo estatal podrá enviar tantas propuestas como sean necesarias, hasta lograrse la mayoría de votos requeridos.

El documento aprobado señala que deberá instalarse de manera permanente un Comité Coordinador Anticorrupción, que estará integrado por los titulares en el estado del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la CGE, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI); así como un miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y un representante ciudadano destacado por su contribución a la transparencia y combate a la corrupción.


Asimismo, a fin de prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, dicha reforma constitucional brinda capacidad al Congreso del Estado para legislar en materia local anticorrupción.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1905/mexico/aprueban-fiscalia-anticorrupcion-en-veracruz-gobernador-podra-vetar-nombramiento-de-titular/

Mensajes de justicia en parte, impunidad y desconcierto en casos ABC, Tlatlaya y Ayotzinapa: abogados

"Estamos en la presencia de la consumación de una impunidad tremenda", indicó Mario Patrón sobre el caso Tlatlaya.

En los últimos días hubo importantes resoluciones judiciales respecto a los emblemáticos casos de la Guardería ABC, el de Tlatlaya y el de Ayotzinapa.

Al respecto, en entrevista para Aristegui CNN, Gabriel Alvarado, abogado de Manos Unidos para Nuestros Niños, detalló que en el caso ABC, “la resolución que se empezó a notificar la noche del pasado viernes impone una sanción privativa de la libertad de 20 a 29 años, a 19 de las 22 personas sujetas a proceso. Absolvió a tres, las tres supervisoras de zona del Instituto Mexicano del Seguro Social, y condenó desde el delegado de Sonora del IMSS, hasta los jefes de unidades estatal y municipal de protección civil”.

También “a dos de los cuatro socios propietarios de la instancia infantil, con ello creemos que se cubre sólo una parte de lo que es el reclamo en sí de justicia, puesto que estas personas que acaban de recibir sentencias condenatorias, ha sido por negligencias, omisiones, pero dese luego que en el incendio que provocó la muerte de los 49 bebés y las lesiones en 104 niños más, desde luego que hubo acciones deliberadas, intencionales, que propiciaron el inicio y propagación de ese incendio”.

Esa situación se la hicieron saber a la procuradora general de la República, Arely Gómez, la mañana del miércoles.

Durante la reunión, personal de la PGR reconoció que “efectivamente existen muchos indicios que apuntan en le sentido de la provocación del incendio, y que por ello se necesita uh nuevo peritaje… hasta este momento existen seis peritajes entre sí contradictorios”. 

La procuradora se comprometió a “abundar y profundizar en esa línea de investigación”.

El nuevo peritaje lo hará una empresa de Estados Unidos que es filial de una compañía británica, desde luego “debe hacerse en el lugar donde se originó el incendio”.

Caso Tlatlaya

En cuanto al caso Tlatlaya, surgió una orden judicial en la que se ordena liberar tres militares involucrados, por lo que Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, explicó que “un magistrado de un Tribunal unitario que refiere que tiene que liberar a los tres militares por encontrar insuficiencia probatoria, no hay suficientes evidencias para que él los pueda seguir procesando por el delito de homicidio calificado”.

Pero “en realidad estamos en la presencia de la consumación de una impunidad tremenda, fuimos advirtiendo, primero acusaron a siete, liberaron a cuatro, y ahora están liberando a tres. Al extremo de que incluso hemos visto señalamientos institucionales de la Secretaría de la Defensa Nacional, y de otras personas alrededor de la defensa de estos militares, que niegan incluso hasta la existencia de los propios hechos, cuando tenemos una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que advierte que por lo menos ejecutaron de 12 a 15 personas”.

“Ahora se empieza a negar eso… lo que nos parece una locura. El mensaje es de impunidad y permisividad“, recalcó.

“Nos parece que es un mensaje de impunidad muy grande… la investigación regresa a la PGR y la dependencia podría mejorar la investigación”, sostuvo.

Pero “si no han tenido  la disposición institucional de investigar la responsabilidad por cadena de mando, dudamos que ahora haya la disposición institucional para volver a investigar la responsabilidad por autoria material sobnre los hechos”.

Y recordó que “los efectos para las víctimas son devastadores, Tlatlaya se conoce por el valor de una de las víctimas sobrevivientes, Clara Gómez González, madre de Ericka una de las jóvenes que muere en los hechos. Ella denuncia… después de haber sido víctima de tortura”.

Ahora “ella tiene medidas de protección... pero sin duda hay que actualizar una evaluación de riesgos con  la liberación de todos los perpetradores”.

Ayotzinapa

Respecto al caso Ayotzinapa, en el que resoluciones judiciales apuntan que la PGR no pudo acreditar la desaparición forzada de los 43 normalistas, por lo que no se pueden realizar sentencias correspondientes a esa acusación, Abel Barrera, director Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, opinó que eso “desconcierta a los papás, como siempre, en el sentido que aparece como si fuera esto un hecho reciente que actualmente este juez hubiera determinado eso, pero estamos hablando de noviembre de 2014, ante situaciones donde todavía no estaba el peritaje que hoy tenemos, los dictámenes que se emitieron, es decir, solamente se basaron en las declaraciones de los detenidos, hay una serie de inconsistencias”.

“Fundamento científico no hay, porque no está basado más que en declaraciones. En ese sentido poder decir que los muchachos están muertos, nada más en una interpretación que hace el juez a partir de las declaraciones, no ayuda mucho a todo este proceso de investigación”, señaló.

Explicó que las “inconsitencias son las que están dando pie a este tipo de noticias”.

En una reunión en la PGR, ya sin el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), los padres exigieron que se “cumpla con las recomendaciones y presentaron un documento de nueve puntos, el principal punto es que se separe del cargo al director de la Agencia de Investigaciones Criminales, Tomás Zerón, porque para ellos es un tema central, sobre todo para garantizar la imparcialidad en las investigaciones, y eso es un punto clave”.

Aunque la procuradora no dio “directamente” una respuesta.

Sobre la salida del GIEI opinó que “era un grupo que ayudaba a establecer una comunicación muy estrecha con los padres, aprendimos a cómo hay que poner en el centro a las víctimas”.

La presencia del GIEI “fue muy importante, lograron meterse a la investigación y mostrar todas estas inconsistencias que hoy están y obligan a que las autoridades puedan tomar esas líneas de investigación”.


Ahora se está pidiendo que el grupo pueda hacer una visita por mes para dar seguimiento y apoyo en el caso.



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1905/mexico/mensajes-de-justicia-en-parte-impunidad-y-desconcierto-en-casos-abc-tlatlaya-y-ayotzinapa-abogados-en-cnn/

CFE, mina de oro para Slim y tecnócratas

La mayoría de los grandes proyectos de la Comisión Federal de Electricidad han recaído en exfuncionarios y empresarios estrechamente ligados al poder. Esto desmiente una de las principales promesas de la reforma energética, que aseguraba que se ampliaría la competencia: por el contrario, ha enriquecido más a los que ya eran consentidos del poder. Así, el conflicto de interés, la falta de transparencia y el desprecio a los contribuyentes son el común denominador de dichas licitaciones.

CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es fuente de millonarios contratos que, lejos de promover la competitividad que se prometió con la reforma energética, enriquecen a un puñado de empresas y apellidos cuya sola mención remite al poder político.

Los “Principales Proyectos” de la CFE, expuestos en su página de internet con algunos datos generales, muestran que quienes más se benefician son compañías bajo el mando de quienes, en 30 años, han figurado en lo más encumbrado de los directorios gubernamentales, ya sea como colaboradores de los últimos cinco presidentes de México (incluso con vínculos de parentesco) o como favorecidos con las privatizaciones de los noventa.

La lista presenta 45 licitaciones concluidas que devinieron contratos por obras. En dos casos no es explícito cuántos recursos está comprometiendo la CFE. Sólo la suma de los 43 contratos con montos transparentes da cerca de 7 mil 505 millones de dólares (mdd), pues en esa moneda fueron cotizados.

Los montos son dispares. Un ejemplo: cuatro contratos asignados a Carso, Ideal y FCC, empresas bajo control de Carlos Slim, suman mil 854 mdd, esto es, 25% del monto total destinado a los 43 proyectos principales.

Se trata de los gasoductos internacionales, asignados en enero de 2015, Waha-Presidio, por 767 millones de dólares (mdd); y el Waha-San Elisario, asignado a Carso y un asociado, por 596 mdd. Además, el Proyecto 2111 fase 5, de subestaciones y líneas de transmisión eléctricas en Tamaulipas, asignado en abril siguiente por 19 mdd y, el gasoducto Samalayuca-Sásabe, en Chihuahua, asignado por 471 mdd, en septiembre del mismo año.

Los contratos para la construcción de gasoductos son los de montos más elevados. Si bien las empresas de Slim consiguieron tres (los dos internacionales y uno nacional), hay otros nueve por el mismo concepto.

Las licitaciones se realizaron apenas aprobada la reforma energética, e incluyen, además de los 12 gasoductos, tres centrales de generación como obra pública financiada; tres centrales de generación de energía renovable; ocho líneas de transmisión; 17 contratos por reducción de pérdidas en distribución, y tres centrales de productores independientes que en los 25 años posteriores a que estén terminadas venderán su electricidad a la CFE. Son estos últimos los que no tienen montos transparentes.

De las 46 licitaciones, 35 se realizaron en 2015; en 2014 fueron sólo cinco y, seis en lo que va del presente año. Todos los procedimientos ocurrieron en la gestión del actual director, Enrique Ochoa Reza, pues no se consideran en la lista de licitaciones de 2013, cuando era director Francisco Rojas Gutiérrez, quien renunció en febrero de 2014.

Los más caros para los conocidos

Si los dos gasoductos que construyen las empresas bajo control de Slim fueron los más caros, el tercer proyecto más oneroso fue para el Grupo Fermaca, de capital suizo. Se trata del gasoducto El Encino-La Laguna, que parte de Chihuahua, atraviesa Durango y llega al extremo suroeste de Coahuila. Para edificarlo se destinaron más de 530 mdd, en diciembre de 2014.

Entre los directivos de Fermaca destaca Raúl Monteforte, quien fue integrante de la Comisión Reguladora de Energía, a donde arribó en 1996 –durante el gobierno de Ernesto Zedillo– y permaneció hasta 2007. En esos 11 años fue especialmente activo como presidente del Comité Nacional de Normalización de Gas Natural y Gas LP por Ductos; condujo los procesos de regulación para gasoductos, almacenamiento de gas e instalaciones de gas natural licuado, entre otros asuntos relacionados.

Fermaca obtuvo también el gasoducto La Laguna-Aguascalientes, en un contrato otorgado el pasado 16 de marzo, por un monto de 372.5 mdd. Trece días después se le otorgó la continuación, con el gasoducto Aguascalientes-Guadalajara, por casi 270 millones de dólares.

Con esos tres contratos, la empresa suma mil 172 millones. Esto es: de los 7 mil 505 millones de dólares que la CFE destinó a 43 de sus principales proyectos, ese grupo obtuvo, en tres contratos, 15% de los recursos.

Una de las consentidas del sexenio de Enrique Peña Nieto es la española OHL, inmersa en escándalos de corrupción desde que a principios de 2015 se inició una filtración de conversaciones telefónicas en las que se escucha a sus directivos conspirar para sobornar a funcionarios de la élite mexiquense.

OHL estuvo dirigida en México hasta finales del mes pasado por José Andrés de Oteyza, quien fue secretario de Patrimonio y Fomento Industrial en el sexenio de José López Portillo y embajador en Canadá durante el de Miguel de la Madrid.

En asociación con la española Senermex, OHL obtuvo el contrato para construir la termoeléctrica Empalme I, en Sonora, por 425 mdd en marzo de 2015. Es el cuarto contrato más oneroso.

De Oteyza no es el único exfuncionario que ha estado en OHL. Por su consejo de administración y equipo directivo han pasado Jesús Reyes Heroles, secretario de Energía en el gobierno de Ernesto Zedillo y director de Pemex en el de Felipe Calderón; Mario de la Vega Grajales, actual funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), hijo de Jorge de la Vega Domínguez, hombre del sistema y dirigente del PRI en el sexenio de Salinas; Emilio Lozoya Austin, hoy exdirector de Pemex, donde tuvo por director de Administración a Mario Bouregard, también exdirectivo de la firma española.

Actualmente, Sergio Hidalgo Monroy, quien fue director del ISSSTE y titular del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes en el gobierno de Felipe Calderón, es director general de la firma.

Tecnócratas con energía

De las 46 licitaciones principales, 18 las ganaron empresas con exfuncionarios públicos o con vínculos familiares en cargos directivos y consejos de administración. Esas 18 licitaciones, juntas e incluyendo lo asignado a las empresas de Slim, suman 5 mil 872 mdd, es decir, obtuvieron 78% del monto total licitado de los principales proyectos de la CFE.

Otra de las españolas que en México echa mano de la clase política es Iberdrola, cuya dirección fue ocupada hasta 2015 por Herminio Blanco, jefe del equipo de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el sexenio de Carlos Salinas y secretario de Economía, Comercio y Fomento Industrial en el de Zedillo.

En septiembre de 2015, Iberdrola obtuvo los contratos para construir dos termoeléctricas: los proyectos llamados Noreste, ubicado en Nuevo León, y Topolobampo II, en Sinaloa, cuya producción será comprada por la CFE durante 25 años.

Semanas después de obtener los dos negocios, Herminio Blanco renunció y entró al relevo Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, quien durante los dos últimos años del gobierno de Calderón fue subsecretario de Energía y que, iniciado el de Peña Nieto, ocupó la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. En junio de 2015 renunció para buscar infructuosamente la rectoría de la UNAM y, para diciembre, lo había fichado Iberdrola.

Este consorcio tiene escándalos previos en la industria eléctrica española. Por ejemplo, durante los meses en que la CFE le otorgaba los mencionados contratos, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en España, informó que la firma incurrió en prácticas ilegales, al forzar un alza de 10% en los precios de la electricidad en su país de origen, a finales de 2013.

Los contratos que obtuvo con CFE hasta ahora no son transparentes.

Un año antes, la empresa se vio salpicada en otro escándalo cuando, en 2014, se denunció en España que el coordinador de Vinculación de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Stabros, era miembro al mismo tiempo del consejo de administración de Iberdrola, lo que devino en la renuncia del funcionario al equipo de Peña Nieto.

Un caso más es el de IEnova, una subsidiaria de Sempra Energy, que obtuvo un contrato por 192 mdd en noviembre de 2014 para construir el gasoducto ramal Ojinaga-El Encino, en Sonora. El pasado 2 de mayo logró otro nuevo contrato por 10 millones de dólares en la misma zona.

IEnova tiene como presidente y operador en México a Carlos Ruiz Sacristán, quien fue subsecretario de Hacienda y director de Pemex en el sexenio de Salinas, y durante el gobierno de Zedillo fue titular de la SCT.

Finalmente, Francisco Gil Díaz está al frente del consejo de administración de Avanzia, empresa de capital español. Identificado en el viejo grupo de tecnócratas del salinismo, cuando ocupó la Subsecretaría de Hacienda y luego fue vicegobernador del Banco de México, llegó a titular de Hacienda con Vicente Fox. Avanzia tiene un contrato por 425 mdd, otorgado en mayo de 2015 para la construcción de una termoeléctrica que abastecerá de energía al Valle de México.

Parentelas del PRI y el PAN

Los contratos con el sector energético no son exclusivos de los exfuncionarios priistas, también los hay panistas, aunque unos y otros pueden estar unidos por vínculos familiares o por puro negocio, y también se llevan su tajada de los proyectos energéticos.

Acciona, el gigante español de infraestructura, tuvo el tino de incluir en su consejo de administración internacional a Jerónimo Marcos Gerard Rivero, el cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari y del actual titular de Pemex, José Antonio González Anaya.

Como financiero, a través del fondo denominado Infraestructura Institucional, Gerard respaldó diferentes operaciones de, entre otros, Juan Armando Hinojosa Cantú, a su vez constructor y financiero de la Casa Blanca de Peña Nieto (Proceso 2014).

Acciona obtuvo dos proyectos principales: una línea de transmisión, conocida como Empalme II, que se le asignó en noviembre pasado por 90 mdd, y un contrato para reducción de pérdidas en distribución –en consorcio con Troy T&D y Construcciones Electromecánicas Milenio–, por 85 mdd.

Otra familia es la de los Bours Castelo, conocida por sus dos actividades empresariales: las granjas Bachoco y Megacable. También porque Eduardo, uno de los hermanos, fue integrado por Carlos Salinas en el equipo de Herminio Blanco para las negociaciones del TLCAN y, en 2003, se convirtió en gobernador de Sonora.

Hoy la familia Bours Castelo participa en la infraestructura eléctrica a través de Ho1a, que de acuerdo con su página corporativa tiene 24 años de experiencia en servicios digitales de telefonía y, a partir de 2014, “evolucionó” para ofrecer servicios de telecomunicaciones.

Fue con Ho1a como los Bours consiguieron en nueve meses tres contratos relacionados con la reducción de pérdidas en la red de distribución de electricidad. El primer contrato se les asignó en diciembre de 2014, fue para operar en el Valle de México y por un monto de 105 mdd y, el segundo, por 8.5 mdd, para Coahuila, Sonora y Durango. Un tercer contrato se les asignó en agosto siguiente, por 6.5 mdd para una zona de Veracruz.

En suma, en nueve meses, la empresa de la familia Bours consiguió de la CFE 121 millones de dólares en contratos.

En el consejo de administración de Megacable Holdings, controladora de Ho1a, destaca el panista Mario Laborín Gómez, cuñado de Eduardo Bours y pariente –de acuerdo con el libro Crónica de un sexenio fallido, de Ernesto Núñez–, de la exprimera dama, Margarita Zavala Gómez del Campo.

No es el único empresario con ascendente panista en negocios con la CFE. Es el caso de la jefa delegacional de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, exdirectora de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y excandidata al gobierno de Hidalgo, Xóchitl Gálvez.

Gálvez es dueña de Hightech Services, que junto con las empresas Catsco, Dina, Obras Especializadas del Pacífico y Actividades de Construcción y Servicios El Roble, consiguió un contrato por 86 mdd en agosto de 2015. De entre los integrantes del consorcio destaca la participación de Dina, empresa dedicada a la fabricación de camiones, propiedad del veterano priista y declarado peñanietista Raymundo Gómez Flores.

En otra licitación, realizada en octubre de 2015, el mismo consorcio –pero sin la participación de Dina– obtuvo un contrato por 12 mdd, para sumar cerca de 100 mdd en dos contratos para instalar redes de transmisión, en el primer caso en Sonora, y en el segundo, en Baja California.

De los 46 contratos licitados, 36 fueron calificados por testigos sociales que avalaron los procedimientos. En 22 de ellos participó Transparencia Mexicana. La CFE en sus comunicados fue persistente en mencionar la presencia de notarios, aunque en la mayoría (32 procedimientos) se contrató al fedatario capitalino Enrique Zapata López.


Las principales licitaciones de la CFE siguen su curso y, faltan aún por asignarse cinco gasoductos nacionales y uno internacional; cuatro centrales de generación de electricidad y un contrato de reducción de pérdidas, que se concluirán en el transcurso de 2016.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/441127/cfe-mina-oro-slim-tecnocratas

Montemayor: del Pemexgate a contratista de la CFE

CIUDAD DE MÉXICO: Poco después de iniciar la administración de Enrique Peña Nieto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tomó en sus manos la contratación directa de carbón mineral en Coahuila para alimentar dos carboeléctricas cercanas a la frontera.

En diciembre pasado, con la promesa de evitar la corrupción y los excesos de gobierno estatal, la CFE realizó una subasta electrónica, que terminó por afianzar el coyotaje y el favoritismo político.

En la lista de los ganadores de esa licitación destaca un tecnócrata de la década de los noventa: Rogelio Montemayor Seguy, protagonista del escándalo de corrupción por el desvío de recursos al sindicato petrolero para financiar la campaña del PRI en el año 2000, que el gobierno de Vicente Fox quiso convertir, de manera inútil, en ejemplo del cambio que él encabezaba.

Otros de los beneficiarios son Alfonso González Garza, socio de Montemayor, y sus hermanos, a pesar de que en el historial de su sociedad con los Montemayor carga con la muerte de 13 trabajadores y la mutilación de un niño minero en uno de sus socavones colapsado el 3 de mayo de 2011.

En general, los contratos asignados por la CFE favorecen a empresas mineras sin minas, así como a caciques carboneros que obtuvieron fallos pero reportaron lugares distintos a los de su concesión, son dueños de lotes concesionados pero éstos no están operando o bien tienen varias razones sociales en una misma concesión.

Peor aún, además de las concesiones de Montemayor y su socio, en los procedimientos de contratación, presumidos por la propia CFE en comunicados de prensa, al menos hay un concesionario minero sujeto a investigación en 2012 por ser presunto operador de Los Zetas.

Según esos comunicados, la primera subasta electrónica realizada el pasado 13 de diciembre –en la que se asignaron 14 lotes: ocho de 25 mil toneladas de carbón y seis de 50 mil, asciende a más de 400 millones de pesos y que tuvo el acompañamiento de las secretarías de Economía y de Trabajo y Previsión Social– resultó un fiasco.

Proceso solicitó una entrevista a la CFE, a fin de conocer el procedimiento. Hasta el cierre de edición la dependencia no había respondido.

Las asignaciones

En la subasta del 13 de diciembre se registraron 73 empresas, de las cuales sólo 33 presentaron ofertas. Al final hubo siete ganadores, pero en seis casos las compañías reportaron información falsa, a pesar de la participación de la CFE, su testigo social, y las dependencias presuntamente avalaron el procedimiento.

De acuerdo al listado oficial entregado a Proceso por los miembros de la Asociación Mexicana de Productores de Carbón y de la Asociación Nacional de Productores de Carbón, las beneficiarias fueron Carbonífera La Esperanza, Minera Magneta, Geotop Servicios Topográficos, Comercializadora de Minerales Diana, Impulsora JBN, Minergy de México y Minera Tekoli.

Según los inconformes, quienes pidieron el anonimato para evitar represalias –los ganadores ejercen una importante influencia política en la región y son violentos, dicen– la mayoría de las irregularidades están documentadas.

El día de la subasta, Minera Magneta llevó como representante al hijo de Régulo Zapata Jaime y Carolina Morales Iribarren: Régulo Zapata Morales. Ambos son exalcaldes de Sabinas e integrantes del grupo político de Montemayor Seguy desde los noventa, cuando fue gobernador. Morales Iribarren es diputada y preside la Comisión de Energía, Minería e Hidrocarburos en el Congreso local.

La concesión minera presentada por Zapata Morales se llama El Espulgue. Fracc. E y tiene el título 225882, a nombre de Alfonso González Garza, el socio de Montemayor. En ese como en otros casos, los productores carboneros mostraron, GPS en mano, que las coordenadas registradas ante la CFE no correspondían con el polígono de la concesión registrada para la subasta electrónica. Sin embargo, la comisión le adjudicó dos partidas, cada una por 25 mil toneladas de carbón, a 795 pesos por tonelada; es decir, casi 40 millones de pesos.

Otra concesión a nombre de González Garza es la que presentó Comercializadora de Minerales Diana, de reciente creación; por lo tanto no tenía forma de comprobar la capacidad de producción contratada por la CFE. Representada por Carlos Alberto Díaz Ramos, la compañía ofreció dos títulos como lugar de extracción, entre ellos el lote Mupo I, título 222015.

Al seguir las coordenadas registradas en la subasta se observa que en ninguno de esos lugares hay actividad extractiva; es puro llano. Pese a ello, la comisión le asignó una partida por 58 mil toneladas, a 810 pesos la tonelada; cerca de 47 millones de pesos.

Un caso más: Minergy de México llegó a la subasta representada por Alfonso González Vélez, hijo de González Garza, y reportó dos concesiones: el lote Palomas, con el título 216527 a nombre de la empresa Alpha Prime y de Montemayor Seguy; y el lote El 4, a nombre de su padre.

La concesión de Montemayor sí tiene mina en el lugar de las coordenadas. El contrato es por 58 mil toneladas para sumar casi 47 millones de pesos que le pagará la CFE.

Finalmente, está el caso de la Minera Tekoli, cuyo representante legal es una incógnita. Para conseguir el contrato registró los mismos lotes de Minergy, así como el Mupo I, que ya había presentado Comercializadora de Minerales Diana.

Montemayor y la sombra del narco

Al iniciar el gobierno de Fox, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (hoy Función Pública), a cargo del panista Francisco Barrio Terrazas, abrió una investigación contra el exgobernador Montemayor Seguy, quien también estuvo al frente de Pemex, y contra la dirigencia del sindicato petrolero.

En ella se acusaba a Montemayor de haber desviado alrededor de mil 500 millones de pesos de Pemex al sindicato para financiar la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa.

El inculpado anduvo un tiempo a salto de mata, hasta que fue detenido en Texas. Le colocaron un brazalete electrónico y tiempo después quedó exonerado. Los años siguientes se dio carpetazo al Pemexgate y Montemayor desapareció de los reflectores.

En agosto de 2009 reapareció en la región carbonífera, de donde es originario, como dueño de la planta lavadora de carbón que Industrial Minera México, la subsidiaria de Grupo México, poseía en la mina Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores en 2006.

Un grupo de viudas y deudos permanecían en el lugar y exigían la recuperación de los cuerpos de los trabajadores. Montemayor llegó con policías estatales y guardias de seguridad privada y los desalojó.

En los últimos 15 años, el gobierno estatal fungió como coyote institucionalizado a través de la paraestatal Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), un organismo que servía de intermediario entre los empresarios carboneros y la CFE.

Por esa función, los empresarios debían pagar una comisión por cada tonelada, cuyo monto sigue siendo tan opaco como el destino que se le dio al dinero recaudado.

Para octubre de 2012, Humberto Moreira, quien ya había dejado la gubernatura de Coahuila, declaró que el Cártel de Los Zetas había incursionado en la minería de carbón (Proceso 1880).

Así, los líderes de la organización criminal fueron perseguidos por el estado, pero al mismo tiempo se convirtieron en proveedores de carbón. Los contratos con minas-fantasma y centros de trabajo que sólo eran de papel, “cumplían” con la entrega de toneladas con coyotaje; en otras palabras, el narco operó minas clandestinas y formales.

En su edición 1880, del 10 de noviembre de 2012, Proceso informó que entre las empresas que la PGR investigaba por esas fechas destacaban 3 Potrancas, cuyo representante legal era Hidalgo Neaves Cura, y Alpha Prime Minning, representada por Melchor Múzquiz. Con la reciente subasta electrónica, esta última empresa opera en 50% la concesión de Montemayor.

Otra empresa con presuntos vínculos con Los Zetas es Impulsora JBN, según publicó el diario Reforma el 5 de noviembre de 2012. Según la información, las autoridades detectaron, entre otras cosas, que los patrones no habían afiliado a ninguno de sus trabajadores al IMSS y su domicilio estaba en Soyaló, Chiapas, a 2 mil kilómetros de la región carbonífera.

Hoy, JBN es una de las ganadoras de la subasta electrónica de la CFE. Su representante, Gudelio Cavazos Marroquín, consiguió uno de los contratos por 47 millones de pesos, presentando el lote El Coyote, título 166161, a nombre de la empresa Mexatim. Son la misma concesión y las mismas coordenadas que presentó Geotop Servicios Topográficos, que se adjudicó un contrato cercano a los 20 millones de pesos.

Gudelio es hermano de Gustavo, un próspero contratista gubernamental y líder del conocido Grupo Allende, que opera en Nuevo León y está integrado por connotados priistas.

De acuerdo con la base de datos de Compranet, donde se registran las compras gubernamentales, en tres años ese grupo suma más de 2 mil 500 millones de pesos en contratos de obra. Además, tiene otros dos por más de 400 millones de dólares en importación de carbón, a través de Soluciones Petronavales, para la central de Petacalco.

Reynol Bermea Castilla es el personaje que las autoridades federales identificaron como operador de Los Zetas. El 30 de agosto de 2012 la Policía Estatal y el Ejército derribaron 15 pocitos de El Reynol.

Proceso documentó en su edición 1880 que los pocitos destruidos estaban amparados por una concesión (título 221614) expedida por la Dirección General de Minas en marzo de 2004 a nombre de Minera El Sabino y Minera El Saucito, de Alfonso González Garza, el socio de Montemayor .

Al mes siguiente Bermea Castilla fue detenido por efectivos de la Marina, pero quedó en libertad. Poco después fue acribillado.


Pese a todas las irregularidades, la CFE destacó en sus comunicados que se había ahorrado 66 millones de pesos en la subasta de diciembre y presumió que sus procesos de licitación eran “transparentes y comprometidos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/441129/montemayor-del-pemexgate-a-contratista-la-cfe

Abaten a cinco presuntos plagiarios y rescatan a una mujer, al sur de Veracruz

XALAPA, Ver: Elementos de la Fuerza Civil y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) abatieron esta madrugada a cinco presuntos secuestradores en Coatzacoalcos, al sur de la entidad.

En un primer operativo realizado en una casa de seguridad localizada en la colonia El Tesoro, los policías rescataron a una persona del sexo femenino que fue secuestrada ayer, y abatieron a dos sujetos, entre ellos un individuo conocido como El Murciélago, posible jefe de la delincuencia organizada en Minatitlán.

Otros tres presuntos secuestradores perdieron la vida en otro enfrentamiento con la policía en el ejido Barrillas, una comunidad ubicada en la periferia de Coatzacoalcos.

“En acciones de seguimiento para dar con el paradero del resto de los probables secuestradores, elementos de inteligencia de la SSP ubicaron en la carretera que conduce al ejido de Barrillas un vehículo Jetta color plata, y a bordo iban tres sujetos que al notar la presencia policial abrieron fuego en contra de los elementos de Fuerza Civil, quienes al repeler la agresión lograron abatirlos”, destaca un comunicado difundido esta mañana por el gobierno de Javier Duarte.

Entre estos individuos fallecidos, personal de inteligencia identificó a una persona del sexo masculino conocida como El Pollo, integrante de la delincuencia organizada en este municipio.


“Es importante recalcar que tanto la mujer rescatada como los elementos de esta Secretaría resultaron sin daño alguno; la víctima fue atendida por personal de paramédicos de la institución para descartar cualquier lesión, siendo entregada a sus familiares, quienes contarán con la seguridad policial debida”, expuso la Secretaría de Seguridad Pública.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
FECHA: 20 MAYO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/441130/policias-abaten-a-cinco-presuntos-secuestradores-rescatan-a-una-mujer-en-sur-veracruz

La guerra sucia marca las campañas locales en México

Acusaciones de enriquecimiento inexplicable, espionaje telefónico, señalamientos de vínculos con el narcotráfico y hasta demandas por pederastia. Los partidos políticos han mostrado que están dispuestos a utilizar cualquier recurso en la lucha por el poder en México. Las campañas en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Puebla rumbo a las elecciones del cinco de junio han estado marcadas por la guerra sucia. La lucha ideológica o las propuestas han sido oscurecidas por ataques personales y expedientes secretos destinados a manchar la reputación de los aspirantes. 

La guerra sucia más virulenta se ha presentado en Veracruz y Tamaulipas, dos entidades vecinas donde el PRI ha gobernado toda la vida y que han sido muy lastimadas por la violencia del narcotráfico y la corrupción. En Veracruz la disputa es entre dos primos hermanos. Miguel Ángel Yunes es candidato de la alianza de la derecha y la izquierda, del PAN-PRD. Héctor Yunes es candidato del PRI. En días recientes, una víctima de trata acusó a Miguel Ángel de ser cómplice de una red de pornografía infantil.

El vínculo familiar no evitó a Héctor hacer sangre con la denuncia surgida en un portal de internet. “Miguel Ángel es un perverso, es un enfermo sexual… cuiden la seguridad de sus hijos”, comentó el abanderado del PRI en un evento. El Yunes del PAN y PRD, que militó varias décadas en el PRI y que ha sido cuestionado por tener mansiones y una fortuna escondida en paraísos fiscales, se ha defendido diciendo que si esas acusaciones tuvieran validez las fiscalías local y federal, controladas por el partido en el poder, ya habrían actuado en su contra. 

En Tamaulipas, donde nacieron dos sanguinarios cárteles, el narcotráfico ha sido el arma arrojadiza utilizada por los partidos. El PRI acudió ante la Fiscalía de delitos electorales a denunciar supuestos vínculos del candidato del PAN, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, con delincuentes. Para nutrir la acusación, el partido utilizó fotografías de un grupo armado montado en una camioneta decorada con etiquetas de un cráneo de toro, similares a las que utiliza el panista como propaganda. Días después, el secretario de elecciones del PRI, Arturo Zamora, reconoció que las imágenes fueron tomadas de las redes sociales. En realidad estaban manipuladas y correspondían al Estado de Michoacán, un sitio a más de 1.000 kilómetros de distancia de Tamaulipas. 

El PRI afirma que los narcotraficantes siguen órdenes del aspirante del PAN en Tamaulipas y que esto ha provocado la renuncia de medio centenar de candidatos, amedrentados por los delincuentes. “No habíamos visto esta manera tan abierta de participación del crimen organizado en campaña”, dijo Jorge Carlos Ramírez, representante del PRI ante la autoridad electoral, al periodista Ciro Gómez Leyva. García Cabeza de Vaca ya estaba preparado para esta guerra sucia. Arrancó su campaña con un expediente compuesto por documentos expedidos por la Fiscalía general destinados a derribar bulos populares, como el que asegura que fue fichado por un robo de armas en Estados Unidos hace más de 30 años. 

En Oaxaca, uno de los Estados más pobres de México, la fortuna de un operador cercano al actual gobernador Gabino Cué, de izquierdas, ha salido a la luz gracias a un expediente secreto. El diario El Financiero afirmó el martes que Jorge Castillo cuenta con más de 7.000 millones de pesos (más de 300 millones de dólares) repartidos en más de 20 cuentas bancarias abiertas desde 2010, año en que Cué llegó al poder gracias a una alianza entre el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Castillo, dice el periódico, no ha tenido ningún cargo en el Gobierno local, pero es responsable de negociar las licitaciones en la entidad.

Ese mismo diario publicó este miércoles que José Antonio Estefan, que aspira a suceder a Cué en el cargo, es investigado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por movimientos irregulares en sus cuentas bancarias en ese país. El candidato de la alianza PRD-PAN tuvo el 13 de noviembre de 2015, siempre según un expediente filtrado al periódico, 27 millones de dólares en el Broadway Bank de San Antonio, Texas. 

ESPIONAJE TELEFÓNICO

Con el arranque de las campañas proliferan las filtraciones de llamadas telefónicas intervenidas. En Puebla, otro de los Estados que elegirá gobernador este verano, se denunció este martes la existencia de un centro de espionaje que grabó 271 conversaciones desde 2014. Entre las llamadas pinchadas se encuentra una que hizo Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón y aspirante a la presidencia en 2018, al presidente estatal del PAN. El diario Reforma asegura que el centro de espionaje estaba a cargo de un diputado cercano a Rafael Moreno Valle, el polémico gobernador del Estado, del PAN y PRD. “Los partidos de oposición practican con singular maestría las malas artes que antaño criticaban”, escribió el economista Jorge Alcocer en referencia a las campañas que se ven en México estos días.

Fuente: El País Internacional

Autor: Luis Pablo Beauregard

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/18/mexico/1463603067_232042.html

Los habitantes de la capital mexicana sufren depresión y ansiedad

Los empleadores y compañeros de Celina la consideran una mujer inteligente y trabajadora. Cada día realiza una gran labor, excepto cuando un episodio de ansiedad o depresión la paraliza y no puede salir de casa. Su padecimiento es reconocido por la psiquiatría como una enfermedad por la que podría pedir incapacidad laboral, pero Celina teme que sus patrones la consideren “loca” y busquen la forma de despedirla. El desempleo agudizaría su trastorno, al dejarla sin recursos para tratarse y sin ocupación que la distraiga.

Celina es una de los habitantes de Ciudad de México que padecen depresión y ansiedad por la inestabilidad económica en el país que dificulta encontrar empleo, las aglomeraciones típicas de la capital y la inseguridad en las calles. No existe una cifra precisa de cuántos capitalinos las padecen porque muchos no se atienden, pero al menos el 40% de las consultas psicológicas y psiquiátricas están relacionadas con trastornos afectivos, indica el doctor Alejandro Córdova, encargado del Programa de Salud Mental local.

Los padecimientos incluidos en los trastornos afectivos son la depresión y la bipolaridad. Los segundos más frecuentes en la capital son los ataques de pánico y ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo (TOC) y los trastornos de adaptación. En tercer lugar están las enfermedades relacionadas con el consumo de sustancias, incluido el alcohol, que pueden derivar en trastorno por consumo perjudicial, síndrome de dependencia o males orgánicos.

La vía de atención para un capitalino con una enfermedad mental inicia en las clínicas y hospitales del Gobierno local o la institución de seguridad social si están afiliados; cuando se requiere hospitalización. Casi todos los casos de atención psicológica o psiquiátrica (alrededor del 70%) son detectados cuando el paciente acude al médico por otro malestar.

“Los trastornos mentales más frecuentes son minimizados por la gente. Se vive un poco el mito de que no son problemas de salud sino que es cuestión de echarle ganas, de debilidad y que hay que fortalecerse. Entonces las personas no buscan la ayuda profesional sino que tratan de sacar adelante el problema (...) para evitar el estigma”, señaló el psiquiatra del Gobierno local.

Incluso quienes reconocen que su problema es emocional o mental, buscan otros apoyos antes que ir al psiquiatra. Córdova cita un diagnóstico sobre la salud mental en México publicado en 2003 —“que todavía es un referente” por la vigencia de esta problemática—, que reveló que tanto los hombres como mujeres acuden primero a un médico general, después a un psicólogo, luego a un auxiliar religioso y por último al servicio de salud especializado.

LA INFANCIA, EL ORIGEN

En la Ciudad de México, alrededor de 30% de las personas que se atienden por trastornos de ansiedad o depresión sufrieron abusos sexuales en la infancia, pero lo confiesan o se vuelven conscientes de ello hasta la adultez, de acuerdo con el encargado del programa de Salud Mental de la capital.

Los trastornos mentales más frecuentes en niños y adolescentes son los depresivos, que en ese caso manifiestan síntomas más claros, como déficit de atención, irritabilidad, impulsividad y ansiedad, según Córdova.

El informe de la OMS refiere que la mayoría de los pacientes psiquiátricos en México son adultos: la población de niños y adolescentes ascendía en 2011 a 27% en unidades ambulatorias y a 6% en hospitales psiquiátricos. "Estas cifras resultan preocupantes si consideramos que la edad de inicio de la mayoría de los trastornos psiquiátricos se encuentra en las primeras décadas de la vida; tal como lo reportó la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, en la cual, se señala que el 50% de los trastornos mentales inician antes de los 21 años de edad", puntualiza el informe.

Sin embargo, la sociedad no es la única que resta importancia a estas enfermedades: el encargado de la Salud Mental en Ciudad de México refiere que el presupuesto otorgado a este rubro es de alrededor del 3% del total asignado para Salud en todo el país, que a su vez asciende a un 6% del PIB nacional, lo que resulta en un estimado de 2,3 millones de dólares para salud mental.

Un informe de 2011 de la Organización Mundial de la Salud sobre el Sistema de Salud Mental en México advierte de los ínfimos recursos humanos que el país destina a estos pacientes: en ese año, por cada 100.000 habitantes había 1.6 psiquiatras, 1 médico, 3 enfermeras, 1 psicólogo, 0.53 trabajadores sociales, 0.19 terapeutas y 2 profesionales/técnicos de salud. "Estos recursos son insuficientes, mal distribuidos y la mayoría de ellos están concentrados en los hospitales psiquiátricos", señala el reporte.

En el caso de la capital, los trastornos que han crecido de manera notable en las últimas décadas son la depresión y el intento de suicidio. De acuerdo con el doctor Córdova, entre 1990 y 2012 se duplicó la tasa de estos eventos, pasando de 2,2 por cada 100.000 habitantes a 4,7.

Fuente: El País Internacional

Autora: Claudia Altamirano

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/05/19/mexico/1463694433_057631.html

Dictan formal prisión a docente detenido arbitrariamente; le informan que la consigna “llegó desde muy arriba”

Alejandrina López, madre del maestro Heriberto Magariño tiene 79 años, en los años ochenta mantuvo una huelga de hambre en exigencia de la liberación de presos políticos, varias décadas antes, su padre, el abuelo del profesor, participó en la Revolución Mexicana, por lo que aún con el dolor de saber a su hijo preso y posiblemente lastimado física y psicológicamente, ha asegurado que posiblemente sea “el precio que tenga que pagar, pero la lucha magisterial debe continuar”.

Como ella, la esposa del maestro, su hijo y su hermano, “estamos consientes de lo que conlleva luchar, no estamos deprimidos, por el contrario apoyamos a Heriberto y nos mantenemos fuertes anímicamente y seguiremos apoyando totalmente la lucha magisterial”, señala en entrevista para Revolución TRESPUNTOCERO, Juan Magariño, hermano del maestro.

Quien afirma que fue a través de una fotografía que se enteraron que Heriberto fue sacado de Oaxaca, puesto que se veía cómo era subido a un avión de la Policía Federal, “esto después se dio a conocer, porque el gobierno del Estado lo hizo a través de un vocero segundón que nada tenía que ver, ni decir de lo que estaba pasando, porque eso le compete a las autoridades penitenciarias.

Después de esto, se dio una entrevista entre mi hermano y una licenciada de un jurídico de la sección 22, hubo un enlace con él desde la cárcel de Hermosillo y los compañeros de Oaxaca, ahí también se dio paso a la declaración preparatoria”, afirma Juan Magariño.

Así fue como se confirmó que efectivamente el docente se encontraba en una cárcel de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora, “eso nos preocupó muchísimo, comenzamos a buscar dinero y ver cómo trasladarnos, para platicar con él y verificar si no estaba golpeado, torturado o algo similar. Moralmente yo lo vi muy fuerte a pesar de todo lo que le han hecho está firme.

Convencido envió un mensaje a todos los trabajadores, tanto del magisterio, como en general, incluyendo a la población, él va a seguir firme aún si sigue en la cárcel y lejos de su tierra porque él dice que si es el precio que tiene que pagar va a seguir ahí, pero que la lucha no se detenga hasta que caiga la reforma educativa. A sus seres más queridos les envió un mensaje diciendo que no se preocuparan porque él moralmente se siente bien, es posible que lo hayan golpeado en donde no se vea y haya sido torturado, pero eso él no lo va a decir para que la familia no se preocupe”, comenta Juan.

Por su parte el Secretario de Organización de la Sección 22, Francisco Villalobos, afirma a Revolución TRESPUNTOCERO que “Heriberto ya fue notificado del auto de formal prisión, según una de las licenciadas que forman parte del jurídico de la sección 22, se sabe que su traslado fue completamente anticonstitucional e ilegal porque si se le está acusando en Oaxaca, es ahí donde debería de ser juzgado y estar en una prisión de la misma entidad, porque ahí se tenía que aclarar toda la situación, sin embargo primero lo secuestraron, lo desaparecen un rato y después se lo llevaron.

Hemos denunciado como equipo democrático y damos total apoyo y respaldo a nuestro compañero Heriberto así como su familia, porque él vivió una desaparición forzada y secuestro, así como la privación ilegal de su libertad, puesto que se le acusa de supuestas acciones políticas que todos sabemos que tienen un trasfondo y esto es por la criminalización de la protesta social, principalmente el traslado ilegal y arbitrario violentando todas sus garantías individuales y constitucionales de nuestro compañero privándolo de una adecuada defensa y sobretodo sin respetar sus derechos humanos”.

Lo cual, asegura Villalobos, es una muestra más del Estado mexicano respecto a esta intención de hacer sucumbir a su movimiento democrático. “La detención de nuestros compañeros es un ejemplo de cómo el Estado pretende golpear estratégicamente la fortaleza del magisterio y laCNTE, y lógicamente ante esta situación todas las instituciones de procuración de justicia y de seguridad pública conspiran contra cada una de las garantías y derechos de nuestros compañeros.

Como consecuencia, este caso se ha dado un auto de formal prisión a nuestro compañero Heriberto, sin haberle concedido lo que por derecho le corresponde, que es un proceso legal, que no se ha dado, obviamente estamos en contra de esa situación”, asevera Villalobos.

“A Heriberto primeramente lo trasladaron de Juchitán Oaxaca a la capital de esta entidad, después llevaron un avión exclusivamente para su traslado a la Ciudad de México y después no se pusieron de acuerdo y lo trasladan a Puerto Vallarta, ahí fue cuando mi hermano les preguntó a los policías federales ‘por qué me maltratan tanto cuando no soy ningún delincuente, por qué me hacen todo esto si nada más estoy defendiendo mi trabajo y el de mis compañeros’, en ese momento se dignaron a darle una torta y un refresco porque no había comido, ni tomado nada, después estos señores recibieron órdenes para que lo trasladaban al penal de Hermosillo Sonora”, comenta Juan Magariño.

El hermano del docente preso, por delitos relacionados con robo a material de libros, a decir por algunas autoridades y el gobierno estatal, asevera que “se ve claramente que es una consigna que viene desde muy arriba, porque violaron las leyes al trasladarlo, además de la manera en que lo detuvieron, como si fuera un criminal, fueron dos camionetas sin placas, policías vestidos de civil y un coche rojo marca Tsuru.

Incluso unos señores vieron cuando lo iban a detener mientras mi hermano gritaba ‘me van a secuestrar’, ellos quisieron acercarse, pero inmediatamente los policías cortaron cartucho y les enseñaron sus placas de la policía Federal, de la Agencia de Investigación Federal y dijeron que no se metieran. A mi hermano le dijeron que lo detuvieron precisamente el 10 de mayo para que no movilizaran los maestros en cerrar carreteras o a pedir que no lo trasladaran. Le dijeron que era una consigna que venía de muy arriba, por eso yo hago responsable de la detención de mi hermano al gobierno de Enrique Peña Nieto coludido con el gobierno de Gabino Cué”, denuncia Juan Magariño.

En tanto, Juan asevera que la libertad de su hermano dependerá de la coordinación de fuerzas del movimiento y el gobierno entrante, “va hacer un poco complicado porque el gobierno federal y estatal van a querer que todos los compañeros que están presos se queden ahí para poder negociar, pero los maestros desde la cárcel y nosotros desde fuera hemos dicho esto no se va negociar y si ellos tienen que pagar lo aceptan y aceptamos, también estamos preparados para que detengan a más compañeros”.

En lo que va del sexenio, explica Villalobos, en las detenciones de sus compañeros maestros el punto en común es que siempre son violentados sus derechos con detenciones arbitrarias, desaparición por algunas horas e imputación de delitos falsos. “y sin dejar de mencionar el traslado ilegal a penales de máxima seguridad aún cuando los compañeros ni siquiera tenían algún expediente con antecedentes penales”.

“El movimiento democrático seguirá denunciando que es una reforma laboral y administrativa que ha desatado una campaña de desprestigio de la protesta social que deriva en el acoso, hostigamiento y detención arbitraria que nuestros compañeros han padecido, un solo ejemplo es que han subido a una serie de nuestros compañeros a la Plataforma México, donde se encuentran aquellos que se consideran han cometido delitos graves, que además también en términos administrativos se tomaron medidas como el congelamiento de cuentas personales.

Cuentas bancarias de la sección 22 y veladamente está dicho que el Estado mexicano pretende que a través de a este tipo de estrategias, pulverizar a este sindicato, sin embargo la voz de nuestros compañeros detenidos injustamente, a quienes llamamos presos políticos y de conciencia, grita que seguiremos defendiendo la educación pública, los derechos de los niños y los padres de familia, en exigencia que la obligatoriedad del educación sea una responsabilidad del Estado.

Vamos a seguir luchando hasta que todo el mundo conozca que en México existe un estado de sitio, un régimen que pretende acabar con los derechos de la ciudadanía.

Hoy la CNTE se encuentra en el estallido del paro indefinido, es un hecho concreto que los 28 estados estamos accionando de manera contundente en cada territorio. En contra de la evaluación punitiva y la exigencia de la libertad de nuestros compañeros y en este caso no está bajo ninguna negociación la libertad de los maestros”, asevera Villalobos.

Fuente: Revolución 3.0

Autora: Emma Martínez

http://revoluciontrespuntocero.com/dictan-formal-prision-a-docente-detenido-arbitrariamente-le-informan-que-la-consigna-llego-desde-muy-arriba/

Asamblea politécnica reprueba reunión entre ex director y alumnos

Ciudad de México. Las gestiones que lleva a cabo el ex director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Miguel Ángel Correa Jasso, con estudiantes en paro de las vocacionales, tuvieron repercusiones esta tarde en la instancia de diálogo que ha trabajado para resolver el conflicto que desde hace un mes se vive en la casa de estudios: las reuniones que sostienen representantes de la Asamblea General Politécnica (AGP), y el director general del Politécnico, Enrique Fernández Fassnacht.

Los estudiantes se reunieron hoy con Fernández Fassnacht en Zacatenco para abordar cuestiones relacionadas con la elección de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico. Plantearon ahí que las reuniones con estudiantes de vocacionales que sostienen Correa Jasso, director del IPN de 2000 a 2003, y quien fuera su secretario general, Jaime Valverde, son “una escandalosa injerencia” en “el actual proceso de cierre de nuestras escuelas”.

Dijeron que hay ex directores generales y ex secretarios generales que tratan de “descarrilar al Instituto mediante la destitución del director general, Enrique Fernández Fassnacht” y exigieron aclaraciones sobre los puestos que tienen los ex funcionarios en el IPN, así como sus sueldos y si dan o no clases. Lo mismo pidieron sobre todos los ex directores generales del Instituto. “Se trata de una condición para continuar el diálogo entre la AGP y la Dirección General”, aseveraron.

Fernández Fassnacht dijo que “de ninguna manera hay autorización alguna para que alguien, en nombre del instituto, se ostente como resolvedor de problemas”. Los problemas en las vocacionales, siguió, “son un asunto complejo y estamos en la vía de resolverlo el director general y la representación de la AGP. Cualquier otra cosa es absolutamente irreal, sin autorización ninguna y es una cuestión de personas, que no de la institución”.

Reveló que el asunto le preocupa y que tomará “las cartas en el asunto que tenga que tomar”. Y dijo que “el único que recibe información y atiende las solicitudes de información de las Secretaría de Educación Pública, es el director general”.

Pero a los estudiantes les quedaban dudas sobre el papel de Correa Jasso. “La primera es que alguien se saltó una orden presidencial directa”. El presidente Enrique Peña Nieto, vía el secretario de Educación, Aurelio Nuño, instruyó el lunes en respuesta a una carta de la AGP, a que la Dirección General lleve el diálogo y solucione las situaciones que aquejan el IPN. ¿De qué se va a tratar si por otro lado hay ex directores interviniendo?”.

Los jóvenes concluyeron el encuentro con un llamado al secretario Nuño: “Si él instruyó a Correa Jasso, que ponga más cuidado en la instrucción, y si no lo hizo, pues que ponga mucho mayor cuidado en ver quién usa su nombre”. Demandaron a todos los actores políticos de dentro y fuera del instituto a que “no quieran hacer reuniones privadas con compañeros, cuando la cara se da frente a la comunidad”.

Fuente: La Jornada

Autor: Arturo Sánchez Jiménez

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/19/asamblea-politecnica-condena-reunion-entre-ex-director-y-alumnos

Prófugo, militar acusado de violación contra dos menores

Saltillo, Coah. La Procuraduría General de Justicia del Estado y autoridades militares buscan a un elemento del Ejército Mexicano a quien la Procuraduría de los Niños, Niñas y de la Familia (Pronnif) acusó de violación contra dos menores de edad, quienes eran sus vecinas. Una de las víctimas tiene 12 años y la otra 14 y se encuentran en resguardo del DIF Coahuila.

“En la investigación ya tenemos los dictámenes periciales y médicos; efectivamente las dos niñas salen positivas a la violación”, dijo Yezka Garza Ramírez, titular de Pronnif.

El presunto violador es miembro activo del Ejército Mexicano y se encuentra asignado a la sexta Zona Militar de esta ciudad. El general Héctor Avila Alcocer, jefe del Estado Mayor del organismo, dijo que el militar desertó del cuartel y la Policía Militar lo busca y considera como prófugo de la justicia.

Al respecto, Garza Ramírez aseguró que existe “una línea de investigación de donde puede estar; solicitamos el apoyo de la ciudadanía para que coopere. Es muy grave le delito que sufrieron estas dos niñas, no podemos ser débiles con los agresores”.

Fuente: La Jornada

Autor: Leopoldo Ramos

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/19/profugo-militar-acusado-de-violacion-contra-dos-menores