México ha retrocedido en libertades civiles y hoy está “peor que con Salinas”, coinciden expertos

El Estado de Derecho, que es una condición necesaria para el respeto de los derechos humanos, está hoy ausente en México, dicen especialistas y académicos. En los últimos 16 años, el quebranto a las libertades civiles por parte de las autoridades federales y locales se ha convertido en práctica generalizada, y aplicable en muy distintos contextos de la realidad nacional. Fue a partir de que Felipe Calderón Hinojosa lanzara la guerra contra el narcotráfico que esta problemática repuntó en el país, pero ahora, con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, violar los derechos humanos en todas sus formas se ha vuelto la marca del país, de acuerdo con los reclamos y señalamientos de instituciones y ONGs no sólo de México sino a nivel internacional.

La académica Emma Consuelo Maza Calviño dice recordar cómo en 2001, cuando desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez elaboraba informes sobre la situación de desapariciones en México, reportar tres decenas de víctimas les parecía entonces un escándalo.

Eran los años en los que la problemática se concentraba en el Estado de Guerrero, recuerda, donde desde el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León se había intensificado la operación militar en búsqueda de probables integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Uno de los objetivos de las organizaciones no gubernamentales entonces, dice, era mantener la atención internacional sobre el problema de violaciones a los derechos humanos en México –observación globalizada desde 1994– y esperar que la presión del exterior influyera para que hubiera cambios en las políticas internas.

Quince años después, considera, efectivamente ha habido cambios, como la Reforma que en 2011 incorporó al Artículo Primero Constitucional la obligación del Estado de proteger los derechos humanos y, “en consecuencia”, dice ahora la Carta Magna, de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos.

Pero la transformación, agrega la autora de “México: retórica sin compromiso”, ha sido sólo en el papel y en el discurso. Porque en los hechos, explica, los casos de desapariciones y asesinatos se han multiplicado por miles; la tortura persiste y las Fuerzas Armadas, masivamente desplegadas por el territorio nacional a partir que el Presidente panista Felipe Calderón declaró una presunta “guerra frontal” al narcotráfico en 2006, han cobrado cada vez mayor relevancia en las tareas de seguridad pública.

“Es clarísimo que se dieron varios pasos atrás. La situación es peor que con (Carlos) Salinas, que es mucho decir; lo estamos viendo con el caso Ayotzinapa”, dice Maza en entrevista.

“Esta crisis jamás la vimos venir. Quienes trabajamos en derechos humanos siempre pensamos que la situación nunca puede ser peor, pero resulta que sí. Hubo un pequeña expectativa con Vicente Fox, al inicio, cuando se creó la Fiscalía Especial para la investigación de los crímenes del pasado, de que después de 71 años hubiera investigaciones serias, que se acabara la impunidad; pero no, lo que hizo fue negociar”, agrega.


AVANCES EN PAPEL

Como Maza, otros expertos en derechos humanos identifican diferentes cambios registrados en México desde 2000, después de que, por primera vez en 71 años, gobernara un Presidente emanado de un partido diferente al Partido Revolucionario institucional.


Entre estos cambios, todos empujados desde la sociedad civil, destaca la reforma constitucional al Artículo Primero propuesta desde 2004, en el sexenio del panista Vicente Fox, y aprobada siete años después, en 2011, durante el Gobierno de Felipe Calderón, y que introduce la obligación de los tribunales para, en caso de contradicción de leyes, decidir a favor de la protección más amplia de los derechos humanos.

Otra es la Reforma Judicial –también propuesta desde el foxismo y aprobada con Calderón– que, en el Artículo 20, introdujo la oralidad en los procedimientos penales y la presunción de inocencia como derecho constitucional de los acusados.

También está la reforma al Artículo 57 del Código de Justicia Militar que, desde 2014, limita el fuero castrense y permite trasladar a los tribunales ordinarios los casos en los que las víctimas sean civiles.

México, además, ha ratificado diferentes instrumentos que permiten el escrutinio internacional, como el reconocimiento, desde 1998, a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Al mismo tiempo, sin embargo, se impulsa la ampliación de lo que los investigadores consideran un Estado de excepción en detrimento de los acusados de delitos de delincuencia organizada, como la inclusión del “arraigo” en el artículo 16 Constitucional desde 2008, aprobado junto con la Reforma Judicial.

Y son precisamente las presuntas estrategias ante la delincuencia organizada, coinciden los entrevistados, más la corrupción, los detonantes de la crisis de derechos humanos derivada de la desaparición de más de 26 mil personas, decenas de miles de asesinatos y la persistencia de prácticas como la tortura.

“Desafortunadamente el panorama en materia de derechos humanos no es alentador”, dice Chasel Colorado, coordinadora de incidencia de políticas públicas de Amnistía Internacional, organización que ha emitido reportes sobre México desde la década de los años 90.

“Somos conscientes que ha habido avances, pero los avances en materia legislativa son un esfuerzo muy pequeño comparado con la grave crisis. En los últimos años hemos visto cómo esta grave crisis ha aumentado y eso sin duda provoca preocupación, porque vemos que existe no sólo falta de capacidad para atenderla, sino que se cierran muchos espacios de diálogo y eso muestra falta de voluntad del Gobierno mexicano para abordarlos”, agrega.

Otro ejemplo de esta falta de voluntad del Gobierno actual, menciona, es el retraso en la aprobación de leyes contra la desaparición forzada y la tortura y que fueron incluidas en el decálogo de compromisos por la “seguridad, la justicia y el Estado de Derecho” anunciadas por el Presidente Enrique Peña nieto en noviembre de 2014, después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

Colorado incluye también como parte del incumplimiento de Peña Nieto el aplazamiento de la aprobación de las leyes necesarias para crear el Sistema Nacional Anticorrupción y sancionar y prevenir este tipo de ilícitos que invariablemente, dice, están detrás de los casos de graves violaciones a los derechos humanos.

“Ha habido esfuerzos y se reconocen, pero desafortunadamente la realidad sobrepasa los avances que ha habido en materia de derecho humanos y, la mayoría, o todos, se suman a un marco normativo”, dice.

“México es de los países con la mejor reglamentación, pero el gran reto sigue siendo la implementación; entonces, esa brecha entre la realidad de un México sin acceso a la justicia y los instrumentos legales sigue siendo el gran reto”, agrega.

Para Alejandro Jiménez, abogado del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la historia de los derechos humanos desde 2000 ha sido dar “un paso adelante y dos atrás”.

Un ejemplo, dice, son las sentencias que ha dictado la Suprema Corte de Justicia en materia de derechos humanos desde 2006 –como la que aceptó la existencia de graves violaciones perpetradas en San Salvador Atenco o en la Guardería ABC, entre otras–para luego desequilibrar la composición de este tribunal con la inclusión de personas como el ex procurador General de la República de Felipe Calderón, Eduardo Medina Mora.

También se han replicado las leyes anti-protesta, recuerda Jiménez, como la publicada el pasado mes de marzo en el Estado de México para “regular el uso de la fuerza pública” y que, considera el abogado, tienen la intención de desanimar las movilizaciones generadas, precisamente, por las violaciones a los derechos humanos.

“Pasamos de un sistema autoritario (en 2000) a una democracia con muchísimas fallas”, dice. “Porque si bien todo se centró en la participación electoral, ésta no fue acompañada de otros avances, como el respeto de los derechos humanos, elevar la calidad de las procuradurías, fortalecer los órganos judiciales como contrapeso real al presidencialismo y a sus réplicas en los estados, que son enclaves autoritarios”, agrega.

Para Colorado, si el “combate frontal” a la delincuencia organizada de Calderón agudizó la crisis de derechos humanos, la actitud mostrada por el Gobierno de Peña Nieto ante la desaparición de los normalistas muestra que la anterior política de “simulación” se ha convertido en endurecimiento.

“El caso de Ayotzinapa, que exhibió las grandes faltas en materia de investigación de las desapariciones, lejos de dar este paso contra la impunidad, endurece las estructuras del Estado frente a recomendaciones de organismos internacionales”, dice Colorado.

Es volver al estado de “negación” que caracterizó el Gobierno de Ernesto Zedillo, plantea por separado Maza, cuando, ante las críticas a las violaciones expuestas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde 1994, el entonces Presidente priísta optó por expulsar a decenas de extranjeros.


TRANSICIÓN “CONTRAPRODUCENTE”

Para cuando Vicente Fox se convirtió en el primer Presidente emanado de un partido diferente al PRI en 71 años, México era ya un país identificado mundialmente como sede de graves violaciones a los derechos humanos.

De acuerdo con Maza, las organizaciones defensoras empezaron a multiplicarse en México a partir de la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari, entre 1988 y 1994, cuando lo cuestionado de la elección en la que resultó ganador motivó entre la sociedad civil la creación de grupos dedicados a la promoción de temas como la democracia.

Salinas estaba a punto de cerrar su sexenio rodeado sólo de elogios por parte de los medios y gobiernos internacionales que destacaron sus políticas de apertura económica, como la privatización de cientos de empresas y el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Pero el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZNL) el 1 de enero de 1994, recuerda Maza, justo a la entrada en vigor de este acuerdo comercial, cambió de manera “radical de la visión que el mundo tenía de México”.

El alzamiento, dice la investigadora en “México: retórica sin compromiso”, publicado por la Flacso en 2009, mostró “las terribles condiciones de discriminación y pobreza en las que vivían los pueblos indígenas”, propiciando un gran movimiento de solidaridad en todo el mundo e intensificando las relaciones internacionales de las organizaciones mexicanas.

Estas relaciones generaron, ya en la Presidencia de Zedillo, informes que expusieron a nivel internacional casos como el encarcelamiento del general José Francisco Gallardo o la matanza registrada en 1995 en Aguas Blancas, Guerrero, además de propiciar la primera visita a México de un representante de la CIDH.

Ante el aumento de las críticas, sin embargo, lo que Zedillo hizo fue entrar en “negación” e iniciar una campaña de expulsión de extranjeros –sobre todo a los considerados simpatizantes de la causa zapatista– e incluso imponer una visa especial para observadores de derechos humanos.

Una de las organizaciones expulsadas, recuerda la autora, “señaló que ni con Videla en Argentina les había ocurrido lo anterior y que México se encontraba al nivel de Irak, Irán y Sudán”.

A partir de 2000, y “ávido de cambiar la imagen” ante el mundo, dice la investigación de Maza, el entonces nuevo Presidente Fox eliminó los requisitos para las visas de observadores de derechos humanos, inició una política de apertura y de alianza con diferentes organizaciones internacionales, se convirtió en donador de la CIDH e incluso, ante el Consejo de Seguridad de la ON, se opuso a la invasión de Estados Unidos en Irak.

“Todas estas acciones propiciaron que la presión internacional sobre México disminuyera considerablemente a partir de 2001”, plantea el texto de Maza.

Fox, así, nombró a un militar como procurador de la República y trasladó miles de integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional a la nueva Policía Federal.

En ese contexto, en octubre de 2001 fue encontrada sin vida la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, cuya muerte violenta con evidencias de haber sido asesinato fue considerada “suicidio” y permanece sin ser esclarecida.

Como ocurrió a partir de 1997 por la matanza en Acteal, Chiapas, fue sólo la presión derivada de este crimen de alto impacto y de su impunidad lo que motivó ciertos cambios en el Gobierno federal, como el traslado de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Secretaria de Gobernación de la relación con las organizaciones mexicanas, la liberación de los campesinos defendidos por Digna Ochoa y del General Gallardo, entre otras medidas.

Al mismo tiempo, sin embargo, ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos, sobre todo a partir de las cumbres de la Organización Mundial de Comercio en Cancún, en 2003, y de la Unión Europea con México en Guadalajara en 2004, cuando se registraron cientos de detenciones arbitrarias y, en el segundo caso, casos de tortura contra los manifestantes.

Fue también durante este sexenio, recuerda la investigación de Maza, que el Gobierno federal apoyó el despliegue policiaco del entonces Gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto contra los manifestantes de San Salvador Atenco, donde hubo dos víctimas de homicidios –uno de ellos un estudiante universitario de 20 años–, cientos de detenciones arbitrarias, allanamientos y violaciones sexuales.

Todo finalmente, plantea la investigación, como parte de un comportamiento que impulsó la “institucionalización” de los derechos humanos, pero sólo de manera retórica.

“Las expectativas creadas por el cambio del partido en el poder y por su discurso y acciones iniciales en materia de derechos humanos crearon quizá una decepción mayor”, dice la investigación.

“Para conseguir las reformas que más le interesaban (fiscal y laboral) necesitaba al PRI, lo que también implicaba cuidar los intereses de éste”, agrega.

En este contexto, y ya sin la presión internacional, el avance la “institucionalización” de los derechos humanos esperado con la derrota del PRI en 2000 resultó, concluye Maza, incluso contraproducente.

Esto debido a que las reformas y la ratificación de diversos instrumentos internacionales pueden convertirse en los “escudos” que permiten los retrocesos en la protección de los derechos humanos.

“En muchos sentidos se podría decir que, en este caso, la ‘institucionalización de los derechos humanos’ en el sexenio de Fox fue contraproducente al impedir que hubiera presión internacional a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en su sexenio y la impunidad que persistió para las graves violaciones del pasado”, dice la investigación de Maza.

“El Estado de Derecho, que es una condición necesaria para el mejoramiento de los derechos humanos, sigue siendo inexistente”, concluye.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-05-2016/1665677

Fosas de Tetelcingo: Las historias de las víctimas

Con el rostro de sus ausentes en la playera o en una manta, familiares de personas desaparecidas trabajan con la fiscalía estatal, la Universidad Autónoma el Estado de Morelos y corporaciones federales en las fosas clandestinas de Tetelcingo. Registran minuciosamente la extracción de cuerpos a fin de ayudar a identificarlos y así aliviar el dolor de sus deudos, como narran Concepción y Lina, dos de las buscadoras a las que se debe en gran medida la reapertura de las fosas.

TETELCINGO, Mor: Esta población morelense “representa la confirmación de que el Estado también tiene sus fosas clandestinas”, dice Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Al menos aquí, la fiscalía local cavó dos, o “quizá tres”, donde depositó irregularmente más de 100 cuerpos. Las autoridades dicen que es una “práctica común” de las fiscalías del país, aunque eso sea ilegal.

Durante las recientes exhumaciones, además de los equipos periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, un grupo de madres y otros familiares de desaparecidos han tenido que usar trajes Tyvek, como los que usan los peritos, a fin de presenciar y registrar todo lo que ocurre en las fosas.

En este caso ha sido fundamental la labor de María Concepción Hernández Hernández, madre de Oliver Wenceslao, un comerciante de Cuautla secuestrado y asesinado por delincuentes en 2013, y luego sepultado ilegalmente junto con los otros cuerpos en estas fosas.

Tras recuperar el cuerpo de su hijo en diciembre de 2014, María Concepción y su hermana Amalia iniciaron una batalla legal y civil para lograr que las fosas fueran reabiertas y se identificara a los demás cadáveres.

Ella nació en Cuautla y tiene 55 años. “Jamás imaginé que esto pasaría. Pero la fuerza me la da mi hijo, porque yo amo demasiado a mis hijos, por eso estoy aquí, porque no puedo dejar de pensar en lo que estarán pasando las mamás de las personas que están en las fosas”, dice en un receso de los trabajos.


Bajo su traje especial blanco porta una playera con la imagen de Wenceslao. Lleva una gorra que le sombrea el rostro. Su mirada es tímida; durante la entrevista se voltea en varias ocasiones. Desde el principio de la entrevista pide que no le pregunte nada de lo que sucede en las fosas, pues no quiere dar información que ponga en riesgo la diligencia.

Ella es parte del equipo que va registrando las condiciones en las que se recuperan cuerpos de la fosa. Uno de los coordinadores de la UAEM le había comentado al reportero que la señora no estaría directamente en las fosas y ella admite que muchas veces tiene miedo: “Sé que no soy valiente”. De todas formas levantó la mano para participar y no se ha perdido ninguna fase del procedimiento.

Su familia se dedica a la venta de pollo en Cuautla, un negocio heredado de sus padres y que ahora continúan sus hijos. “Estudié hasta el cuarto semestre de medicina en la UNAM, pero después me casé y dejé la carrera”.

Cuando se le pregunta por qué está aquí, se le nubla la mirada. Dice que Oliver Wenceslao, que era “como cuchillito de palo”, ahora le sigue insistiendo: “Me dice: ‘¿Ya vieron lo del oficio? ¿Ya presionaron a esta autoridad?’ Así sigue siendo. Me habla a través de las ideas que tengo. Es el vocero de los desaparecidos, por eso luchamos hasta que se abrieran las fosas. Ahora esperamos que todas las personas que están aquí encuentren a sus familias”.

Esta mujer menuda y de cabello cano acompañó en el campo El Maguey al rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, y al poeta Javier Sicilia, quienes dieron a conocer que el juez ordenaba la apertura de las fosas. El lugar estaba acordonado y con sellos de la FGE, pero Vera y Sicilia pasaron al centro para dar el anuncio desde el interior, con el apoyo de María Concepción y otras personas.

Eso les costó que el gobierno de Graco Ramírez acusara a todo el grupo de sabotaje y ultrajes a la autoridad. No es la primera vez que ocurre; es una víctima que durante más de dos años fue revictimizada y ahora es criminalizada por las autoridades que, en su opinión, deciden no hacer su trabajo. Cuando se le recuerdan los cargos que le fincó el gobierno, contesta: “Si me meten a la cárcel, nada más te pido que me lleves unos cigarritos. No fumo, pero puedo aprender”. Aunque el gobierno morelense se comprometió a retirar esa denuncia, no queda claro en qué etapa se encuentra.


El pasado lunes 23, primer día de los trabajos con la retroexcavadora, las autoridades se dieron cuenta de un error: las fosas estaban a un lado del hoyo que tomó todo el día abrir. “¿Qué te digo? Es el colmo. Y todavía se atreven a decir que no hay irregularidades”, comenta la entrevistada mientras mueve la cabeza con ­desaprobación y se acomoda el traje, que se desacomodó al mostrar la imagen de su hijo, porque en unos minutos se reiniciarán los trabajos de exhumación.

La joven Mireya

Tranquilina Hernández Lagunas es madre de Mireya Montiel Hernández. El 13 de septiembre de 2014 esta joven, entonces de 18 años, salió con su novio, pero éste la dejó sola un momento y cuando regresó ya no estaba. Desde entonces Tranquilina comenzó a buscarla.

Hace un mes, al enterarse del caso de las fosas de Tetelcingo, solicitó a un juez que instruyera a la FGE para que la UAEM participara en la exhumación e identificación de los cuerpos como su representante. Lo logró. Estos trabajos de exhumación con observadores y equipo técnico le deben mucho a su intuición.


Esta madre joven y soltera no pierde el buen humor a pesar de la tragedia. Anteriormente su mayor preocupación era llevar el sustento a Mireya y su otra hija, de 13 años, que estudia la secundaria. Era trabajadora doméstica “en casas de judíos”, pero desde que desapareció su hija dejó de trabajar y se dedicó de lleno a investigar su paradero. Para “irse sosteniendo” recicla periódicos y hace artesanías.

Aparte de contribuir a la apertura de las fosas de Tetelcingo, hace unas semanas, Hernández Lagunas formó parte de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas que fue a Veracruz, donde localizó fosas con restos humanos. Su fuerza se nota cuando habla.

No sé si voy a encontrar a mi hija aquí, porque yo la sigo buscando con vida. Pero debo tener los pies en la tierra, aunque mi esperanza es que continúe viva y no se encuentre aquí”, dice mientras se nublan sus ojos café claro.

Recuerda sus inicios como buscadora: “Me fui juntando con otras mamás. Entendí que la desaparición de mi hija no es la única, que existen muchas que andan como yo, buscando hasta debajo de las piedras. Un día supe que había una capacitación para buscar en fosas. Es muy difícil aceptar que la hija de uno puede estar en una fosa; una quiere pensar que las va a encontrar con vida. Pero de todos modos fui.


“Me enseñaron cómo rascar la tierra, cómo usar la pala y el pico. Me enseñaron cómo es el olor cuando hay gente enterrada. Aprendí. Después vino la Brigada (Nacional) y primero pensé que no podría ir, por mi otra niña. Pero mi familia me ha apoyado mucho; saben que debo hacerlo, así que terminé yendo a Veracruz”.

Buscar allá es diferente: “Miedo, miedo real, lo he sentido en Veracruz. Aquí en Morelos no es miedo, es más bien rabia, dolor, tristeza”.

Enfundada en su traje Tyvek con el logo de la UAEM en la espalda, Hernández Lagunas se encuentra en el filo de las fosas, registrando cada detalle. Uno a uno los cuerpos van saliendo y ella escucha, registra, observa. “No tengo estudios (terminó la secundaria), pero la verdad, a algunos de los peritos de la fiscalía les podríamos enseñar su trabajo”, dice divertida.


Para el cuarto día de exhumación se le ve cansada. Tiene ojeras, pero no se raja. “Tenemos que seguir. Las personas que están en las fosas no son basura, no son animales, hay que apurarnos y sacarlos a todos de ahí”, dice a pesar de que la diligencia puede demorarse otros 15 días.

Además, la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas regresará a Veracruz, y Lina, como la llaman sus amigos, ya se prepara para ir:

“El dolor que siento es el mismo que tienen otras madres, otras familias. Yo quiero contribuir a buscar a otras personas. Traje esa lona con la cara de mi hija, la puse ahí porque quiero que si sale en las cámaras (de televisión), quizás alguien la haya visto y me avise. Pero también quiero que si ella ve las imágenes, se dé cuenta de que la estoy buscando, de que a pesar del tiempo no he dejado de buscarla, de extrañarla”, explica mientras baja el rostro.

Se le cae su celular. “¡Ese teléfono! Ya no lo quiero, siempre se me cae”, dice sonriente; lo levanta, se despide y regresa a trabajar.

Junto a las carpas de la UAEM, una ambulancia sirve para la toma de muestras. Unas 40 personas han venido porque oyeron que estos días también están elaborando de manera gratuita el perfil genético de los familiares. Con el rostro triste, con el dolor vivo en la mirada, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, con la fotografía de sus ausentes, van contando su historia, mil veces repetida y mil veces ignorada.

Al fondo se escucha la retroexcavadora. Camarógrafos y fotógrafos se pelean un lugar sobre la pipa de la UAEM que les sirve de mirador en el límite del perímetro. Otros se acomodan entre las rejas de seguridad. Las madres miran con esperanza la escena. La máquina ha exhumado a un cuerpo más. Mientras unas mujeres cantan la Oda a la alegría o pintan un hermoso mural sobre papel, otras se apuran a darle la bienvenida al cuerpo rescatado del abismo: “¿A qué hora salió?” Apuntan en una cartulina la fecha, la hora y el número de cuerpo; luego la atan al perímetro.


En el oriente, el Popocatépetl exhala otra fumarola.



FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JAIME LUIS BRITO (REPORTAJE ESPECIAL).
LINK: http://www.proceso.com.mx/442122/fosas-tetelcingo-las-historias-las-victimas-video

Madriguera de Zetas, zona donde plagiaron a Alan Pulido

CIUDAD VICTORIA, Tamps: La zona donde fue secuestrado el jugador internacional de futbol Alan Pulido Izaguirre es una “madriguera de zetas, donde se han localizado narcofosas y casas de seguridad”, dijo a Proceso.com una fuente de la Procuraduría estatal.

Cientos de policías estatales, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal mantienen un gran operativo en el área. Mientras un helicóptero sobrevuela la carretera Interejidal, los efectivos policiales comenzaron a “reventar” casas de seguridad para intentar localizar al jugador.

La Coordinación Antisecuestros de Tamaulipas confirmó esta mañana al gobierno federal el plagio del futbolista Pulido.

En las redes sociales la etiqueta #AlanPulido ya se convirtió tendencia número uno. Los comentarios destacan que tiene que suceder el plagio de un famoso futbolista para que las autoridades actúen contra los secuestradores.

“Tenía que ser secuestrada una figura pública como #AlanPulido para romper el silencio en Tamaulipas”, coinciden los usuarios de Twitter.

La alerta sobre el secuestro de Pulido, quien juega en el Olympiacos de Grecia, fue realizada por su hermano Armando, quien se encuentra en Ciudad Victoria y ya confirmó el plagio a varios medios de Monterrey y la Ciudad de México.

Alan Pulido fue plagiado al filo de la medianoche del sábado cuando se desplazaba en un vehículo junto con su novia Ileana Salas sobre la carretera Interejidal.

Hombres armados que viajaban en al menos dos autos los interceptaron a la altura del Parque Ecológico Los Troncones. Las autoridades reportan que se llevaron a la fuerza al jugador pero dejaron a su novia.

Trascendió que los plagiarios hasta el momento no han solicitado rescate.

Esta madrugada se recibió una llamada a la línea de emergencias 066 que alertó sobre el secuestro del jugador profesional.

En su portal de internet, El Diario de Ciudad Victoria indicó que el Grupo Antisecuestros de la Procuraduría de Tamaulipas investiga el paradero del futbolista “después de que se reportara que hombres armados lo habían secuestrado a la entada de Los Troncos, la noche de ayer”, dice el medio que no cita fuente.

La carretera Interejidal registra varios hechos violentos sucedidos recientemente. Uno de ellos ocurrió el pasado 21 de marzo del 2016, cuando presuntos miembros de los Zetas incendiaron el restaurante Los Magueyes, ubicado a pocos metros del Complejo de Seguridad de Tamaulipas.

Las autoridades estatales aseguraron que se trató de un incendio provocado por una colilla de cigarro. No obstante, la versión extraoficial es que se negó a pagar la cuota que exigen los criminales a todos los negocios de Ciudad Victoria.

Un día antes una persona fue asesinada en esa zona con disparos de arma de grueso calibre.

Además está el incendio de un vehículo repartidor de la empresa Sabritas, mientras que su chofer fue secuestrado. Anteriormente dos distribuidores de esa marca fueron asesinados y otros fueron amenazados para que no llevaran productos de Sabritas al penal de Ciudad Victoria.

La mañana de este domingo también se reportó una gran movilización de fuerzas de seguridad en la colonia Solidaridad, donde se localizó un hombre sin vida.

En las redes sociales circuló una foto y se especuló que se trataba del jugador Alan Pulido. No obstante, ni la foto corresponde al cuerpo reportado esta mañana y tampoco se trata del jugador profesional que recién disputó la final de la liga de Grecia.

En días pasados se reportó que Pulido Izaguirre se encontraba descansando en esta ciudad, donde vive su familia.

La cuenta oficial de Twitter @puliidooo, no hacía comentario sobre estos hechos.

Pulido sostiene un litigio contractual con Tigres de la U. de Nuevo León que le impide ser convocado por la selección nacional. El Olympiacos es el actual campeón de la liga griega.

El secuestro del jugador internacional ocurre a una semana de que los tamaulipecos acudan a elegir gobernador, alcaldes y diputados.

La inseguridad ha sido uno de los temas más álgidos de la campaña, la cual impondrá un inédito récord en la democracia mexicana: la renuncia de más de 100 candidatos, algunos de ellos debido a que fueron amenazados por el crimen organizado.


El secuestro es uno de los rubros que más preocupan a los ciudadanos, ya que Tamaulipas se encuentra entre las entidades con el mayor número de plagios a escala nacional. En ciudades como Ciudad Victoria ocurren un promedio de 14 secuestros por mes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO, LUCIANO CAMPOS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/442119/reportan-secuestro-del-jugador-alan-pulido

Mancera y la OCDE firman convenio de combate a la corrupción

CIUDAD DE MÉXICO: El mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera y representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) firmaron este lunes en París un convenio de combate a la corrupción.

Ese organismo “evaluará la lucha anticorrupción y también podrá hacer propuestas concretas” sobre el combate en esa materia en la Ciudad de México, que incluirá la vigilancia de la contratación de servicios destinados a la capital, destacó Mancera al iniciar una gira de trabajo en Francia y luego de reunirse con el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría.

“Vamos a tener trabajos conjuntos con la OCDE a partir de un convenio en donde nos hemos comprometido a revisar las prácticas, las formas y las tareas propias de la contratación en la ciudad, a fin de combatir este mal que no es exclusivo de la Ciudad de México, pero sí propio de los gobiernos, que es la corrupción”, declaró el jefe de Gobierno a la agencia Notimex.

Añadió: “Las tareas propositivas serán muy importantes por parte de la OCDE, las experiencias y las buenas prácticas (…) Se va a volver muy importante esta evaluación de las diferentes zonas de oportunidad por parte de la OCDE”.

En ese sentido, destacó que “hoy por hoy la Ciudad de México se convertirá en breve en la primera ciudad del mundo en tener una operatividad de la tarea que se llama ‘open contracting’, que apenas se presentó hace algunas semanas en Londres”.

La Ciudad de México ya ha tomado varias acciones en esta tarea y “estamos buscando la migración con mayor intensidad del gobierno electrónico, un gobierno de gestión directa en donde no se tengan espacios discrecionales para la atención del día a día de la gente”, subrayó.

Como parte de su gira por Francia, que concluirá el próximo 1 de junio, el mandatario capitalino se entrevistará con la alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, con quien abordará, entre otros temas, la próxima reunión del C40, organización de la que forman parte alcaldes de 83 de las metrópolis más grandes del mundo.


Mancera tiene previsto asistir mañana a una recepción que ofrecerá el presidente galo Francois Hollande en su residencia del Palacio del Elíseo, como parte de los festejos de la Semana de América Latina en Francia, y un día después participará en el foro anual de la OCDE sobre “Ciudades incluyentes”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/442198/mancera-la-ocde-firman-convenio-combate-a-la-corrupcion

Maestros disidentes 'toman' gasolinerías en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chis. Como parte de las acciones de protesta para exigir la abrogación de la reforma educativa y la apertura de una mesa de diálogo nacional, maestros de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que desde el 15 de mayo están en paro de labores, tomaron ocho gasolinerías en Tuxtla Gutiérrez, informó Manuel de Jesús Mendoza Vázquez, secretario general suplente de la sección 7.

Explicó que la “liberación” de los ocho expendios “más grandes” de la capital comenzó a las 9 y según el acuerdo de la asamblea estatal el retiro de los profesores se programó para las 14 horas, en caso de que la policía no hiciera acto de presencia.

En entrevista, señaló que a partir de la toma de los expendios los maestros permitieron a los automovilistas que cargaran diez litros de combustible gratis por unidad.

“De algún modo hemos encontrado la comprensión de los gerentes que están colaborando para hacer la distribución, aunque a veces se bloquean las bombas”, comentó.

Señaló que hasta las 11.30 horas no había presencia policíaca en ninguna de las gasolinerías tomadas porque “fue una acción sorpresa y no dimos oportunidad de que las fuerzas represivas del Estado se movilizaran antes”.

Mendoza Vázquez insistió en que la exigencia del movimiento magisterial aglutinado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), es que el gobierno federal abra la mesa de negociaciones para tratar el tema de la reforma educativa.

“Necesitamos una mesa de diálogo y negociación en la que sean resueltos los problemas de los trabajadores de la educación, no un diálogo de mudos ni sordos como proponen el sargento (Aurelio) Nuño” y el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, que “se niegan a debatir sobre la mal llamada reforma educativa”, aseveró.

Agregó: “Salimos a este paro indefinido de labores como último recurso porque ellos están en la cerrazón total de resolver los problemas de los trabajadores de la educación, y ahora que contamos con un gran respaldo popular no podemos y de padres de familia no vamos a aceptar condiciones del gobierno, queremos mesa de negociación para discutir la principal demanda de los profesores.

Informó que para mañana martes los padres de familia tienen programada la toma de alcaldías en el estado y el magisterio definirá en su asamblea de la noche del lunes, “acciones contundentes y de gran calado” para ese mismo día.

Tabasco

Maestros de la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE), sección Tabasco, se manifestaron esta mañana en la capital tdel estado en contra de la reforma educativa por considerarla un agravio a sus derechos laborales.


El contingente de maestros estuvó en el malecón de Villahermosa y luego realizó una marcha por las principales avenidas de la ciudad a fin de exigir la abrogación de la ley y condenar al gobierno federal por violar sus derechos.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ELIO HENRÍQUEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/30/maestros-del-snte-toman-ocho-gasolinerias-en-chiapas

Aumenta a casi 42 mil mdp cartera de morosos de CFE

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que al cierre del periodo enero- marzo de 2016, la cartera vencida por clientes morosos asciende a 41 mil 880 millones de pesos.

Precisó que la cartera vencida a nivel nacional se integra en un 55 por ciento por adeudos en el sector doméstico. En este rubro la deuda es cercana a los 23 mil millones de pesos. Le sigue el sector comercial con un 10 por ciento, es decir 4 mil millones 100 mil pesos. Por su parte, los sectores agrícola y de servicios representan, cada uno, 7 por ciento de la cartera vencida total de la CFE.

La Empresa Productiva del Estado, destacó que al cierre de marzo del 2016 logró reducir en 2 mil 368 millones de pesos su cartera vencida en relación al mismo mes del 2015. Así, para marzo de este año, la CFE reporta una cartera vencida de 41 mil 880 millones de pesos, 5.4 por ciento menor que la de hace un año.

Los pagos en mora de los usuarios de la CFE que han superado los 30 días su fecha de vencimiento constituyen la cartera vencida de esta Empresa Productiva del Estado.

Para reforzar la cultura del pago justo y oportuno entre sus usuarios, la Comisión Federal de Electricidad realiza llamadas, cartas y visitas personalizadas a aquellos que se encuentran en mora.

Además, la CFE realiza la suspensión del suministro de energía eléctrica ante la falta de pago de sus clientes, en total apego a los protocolos de desconexión y reconexión del servicio.

De igual forma, la CFE ha aumentado las opciones para realizar cobros a sus usuarios. Actualmente, estos pagos se pueden hacer en cualquiera de las oficinas de atención de la Empresa Productiva del

Estado, en los CFEmáticos, en sucursales bancarias y diversas tiendas de autoservicio, de conveniencia y farmacias afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). Además, existe la opción de realizar pagos en línea desde la página de internet.

La CFE pone a disposición el número telefónico 071 y su cuenta de Twitter @CFEmx para resolver dudas o comentarios de sus usuarios sobre su recibo de luz. Además, la CFE reitera su compromiso de brindar un servicio de mayor calidad, a costos más competitivos y con procesos más amigables con el medio ambiente.


La CFE pone a disposición el número telefónico 071 y su cuenta de Twitter @CFEmx para resolver dudas o comentarios de sus usuarios sobre su recibo de luz. Además, la CFE reitera su compromiso de brindar un servicio de mayor calidad, a costos más competitivos y con procesos más amigables con el medio ambiente.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ISRAEL RODRÍGUEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/30/aumenta-a-casi-42-mil-mdp-cartera-de-morosos-de-cfe

Guerrero: Forman policía civil y pagan su “osadía”: emboscan y fusilan a la familia completa

El martes 24 de mayo, Martín Ramírez y su grupo de vigilancia civil hacían un recorrido por la tarde en la carretera que comunica a su pueblo donde fueron emboscados y asesinados por sujetos desconocidos. Los familiares de las víctimas denunciaron que pese a que el ataque se registró el martes pasado, hasta el momento ninguna autoridad ha acudido a tomar conocimiento de la masacre.

Tras el ataque, comisarios y habitantes de diversos pueblos se reunieron para exigir la creación de policías ciudadanas en poblados de cinco municipios de la sierra de Guerrero, pues acusaron que el Gobierno les niega lo que les corresponde, como proyectos productivos y la reparación de los caminos, pero lo peor, señalaron, les niega el derecho a la seguridad.

Un menor de 14 años, un comandante de la recién creada Policía Ciudadana, su hijo y dos de sus sobrinos, fueron emboscados y fusilados el 24 de mayo en el Crucero del Jilguero, entre las comunidades de Los Bajos y Vuelta del Sur, del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Guerrero.

Las víctimas eran originarias de Vuelta del Sur y fueron atacadas por hombres con armas y uniformes tipo militar. De acuerdo con testigos, los criminales habían llegado a esa comunidad una noche antes a bordo de una camioneta de redilas.

Los familiares de las víctimas denunciaron los homicidios el sábado pasado en una reunión en Chicahuales, municipio de Leonardo Bravo, en donde más de 50 comunidades aprobaron su adhesión a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y a su sistema de seguridad y justicia para conformar la Policía Ciudadana para que se encargue de la seguridad de los pueblos de la zona.

Las víctimas son Martín Ramírez Gregorio, conocido en la zona como el Comandante 4 de la Policía Ciudadana de Vuelta del Sur; su hijo Luis Alberto Ramírez Marcelo; sus sobrinos Rafael Trujillo Ramírez y Leonardo Guzmán Marcelo, así como un menor de 14 años de edad.

Los familiares denunciaron que ninguna autoridad acudió para tomar conocimiento de la masacre e iniciar la averiguación correspondiente y que mucho menos se está investigando ni haciendo nada para detener a los responsables que, dijeron, se refugian en la comunidad de Tecamazúchitl, del mismo municipio de Heliodoro Castillo.

Martín Ramírez Gregorio era hijo de Tomasa Gregorio Barragán, quien denunció que el 23 de abril del año pasado, al parecer el mismo grupo delictivo ejecutó también a su nieto José Luis Trujillo Ramírez y a su yerno Manuel Guzmán Ramírez.

Los familiares de las víctimas denunciaron que en esa ocasión los delincuentes asesinaron a otras cinco personas, entre ellas una mujer embarazada y a su hijo de aproximadamente 4 años, así como a otro hombre que no fue identificado.


La madre del comandante, su esposa Reyna Marcelo Oláis, y otros familiares de las víctimas, denunciaron que las dos masacres no se han investigado, ni las autoridades buscan a los responsables.

INICIÓ SU PROPIA VIGILANCIA 

A raíz de la impunidad de la masacre del año pasado, en la que murió su sobrino y su cuñado, Martín Ramírez, “El Comandante 4”, creó un grupo de la Policía Ciudadana, adherida a la UPOEG, para encargarse de la seguridad de su comunidad.

El martes 24 de mayo Martín Ramírez y su grupo hacían un recorrido aproximadamente a la 01:00 de la tarde en la carretera que comunica a su pueblo, y al llegar al crucero de El Jilguero fueron emboscados y asesinados cinco de los integrantes de su grupo, incluido el menor de 14 años que los acompañaba.

“Ellos andaban trabajando por la seguridad del pueblo, por eso los mataron”, dijo Reyna Marcelo, esposa del Comandante 4 durante la asamblea de la UPOEG en Chicahuales, donde asistieron comisarios y representantes de más de 30 pueblos que aprobaron su adhesión a esa agrupación y a la Policía Ciudadana.

Según testigos, en la emboscada participaron de entre 12 a 15 hombres con armas y uniforme tipo militar, entre ellos reconocieron a Juan Castillo Gómez, conocido en esos pueblos como El Teniente, además de Avelino Márquez Guzmán, Enrique Guzmán García y otra persona al que sólo identifican como El Pica, quienes radican en la comunidad de Tecomazúchitl, municipio de Heliodoro Castillo.

Los familiares contaron que el grupo armado llegó a Vuelta del Sur la noche anterior a bordo de una camioneta particular de redilas, todos vestidos con uniformes tipo militar y portando armas largas, igual que las que usan los militares.

“Yo creo que ya andaban rondando por allí, queriendo matar al Comandante 4”, dijo un familiar de las víctimas.

Consultadas al término de la asamblea, Tomasa Gregorio y Reyna Marcelo exigieron justicia y denunciaron que las autoridades no subieron a tomar conocimiento del caso para integrar la averiguación previa y que ninguna corporación policiaca ha subido para investigar el caso.

Tomasa, de unos 75 años, dijo que se siente desamparada totalmente, y que los últimos hombres con los que contaba dentro de su familia eran su hijo y sus dos nietos que le mataron el martes pasado. “Yo contaba en la casa con mi hijo y con mis dos nietos, pero ya me los mataron, y ahora no sé qué voy a hacer”, dijo a punto de desfallecer.

Contó que hace medio año falleció su esposo y que su yerno asesinado el año pasado le dejó a su hija muy enferma de diabetes.

“Ahora no sé de que o como voy a vivir, si con mis hijos y mis nietos eran con los únicos que contaba. Eran los que me ayudaban. El día que me los mataron yo sentía que me iba a morir, que ya no iba a aguantar tanto dolor”.

Dijo que del gobierno es el único responsable de la violencia que se vive en esos pueblos y que no ha recibido nada, “por el contrario, yo creo que se vende (el gobierno) o no sé por que respaldan a esa gente, no es posible que les permitan cargar armas y uniformes que usa el Ejército”, se quejó.

“Nosotros ya no sabemos que pensar, no sabemos que está pasando, no entendemos por que los dejan hacer estas cosas sin que nadie les haga nada. Eso es lo que quisiéramos saber. Queremos el apoyo para que esa gente cuando menos se largue de por aquí” exigió.

Por su parte, Reyna Marcelo contó que su esposo trabajaba por la seguridad del pueblo desde finales del año pasado cuando constituyó el grupo de la Policía Ciudadana junto con otras comunidades de los municipios de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo, Chilpancingo y Eduardo Neri.

Incluso informó que acudiría junto a su grupo de policías ciudadanos a la reunión que se hizo este sábado para continuar con la organización de los pueblos para la conformación de su grupo de policías ciudadanos, porque el gobierno no les ha ayudado con la seguridad a los pueblos que siguen siendo atacados por los delincuentes, sin que nadie los detenga.

“Estamos confundidos. No sabemos en quien confiar, llegan (los delincuentes) a las comunidades con armas y uniforme militar, y uno dice pues son militares, y onde que no son, y en vez de cuidarnos nos atacan”.


“Por eso queremos que el gobierno no se preste para esas cosas, porque como ellos (los delincuentes) consiguen esas armas de los militares, como permite el gobierno eso”.

100 POBLADOS BUSCAN POLICÍA CIVIL

Por otra parte, comisarios de comunidades de la sierra de Guerrero denunciaron que los gobiernos federal y estatal retiraron la seguridad a más de 100 pueblos ubicados en los municipios de Heliodoro Castillo, Leonado Bravo, Chilpancingo, San Miguel Totolapan y Eduardo Neri.

El Ejército, que realizaba recorridos e instalaba retenes en las carreteras, y la Policía Estatal que tenía bases en algunos pueblos, se retiraron después del 28 de abril, cuando habitantes de las localidades bajaron a marchar y bloquearon la Autopista del Sol en el tramo del bulevar Vicente Guerrero en la capital y que terminó con un desalojo violento por policías federales y estatales, así como 71 detenidos.

Comisarios y habitantes de varias localidades, denunciaron que desde entonces se retiraron los militares y policías del estado y que gran parte del territorio de la sierra se quedó sin seguridad, a pesar de que es considerada como un foco rojo ante la violencia que provocan las bandas del crimen organizado que se disputan la producción de amapola y mariguana.

El sábado, en una reunión a la que asistió el promotor estatal de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, comisarios y representantes de más de 30 localidades pidieron el respaldo de la agrupación para organizarse y constituir su policía ciudadana ante el abandono en materia de seguridad en que los tienen los tres órdenes de gobierno.

El dirigente estatal de la UPOEG informó que 50 localidades de esos cinco municipios están solicitando su adhesión a la organización y conformar la Policía Ciudadana. Mientras que en otras 50 comunidades la Policía Ciudadana ya venía operando discretamente a petición de los pobladores.

A la reunión asistieron los comisarios Heriberto Romero Adame, de la comunidad de Izotepec; Eduardo González Dimas, de La Guitarra; Reyna Marcelo Oláis, de Vuelta del Sur; Felipe Solano Cruz, representante del comisario de Los Bajos; José Rodríguez Nieto, representante de la comunidad de Balsamar; Fermina Guzmán Dimas, comisaria de Pueblo Viejo; Saturnino Castro Leyva, de Tierra Colorada; José Natividad Sacristán Millán, representante del comisario de Chautipan, y José Nieto Romero, comisario de de Jaleaca de Catalán.


Asimismo, Guillermo Sandoval, representante de Toro Muerto; Crescencio Pacheco González, de Campo de Aviación; Manuel Valdez González, representantes de Tepozonalco, Adrián Vélez Maldonado, representante de El Naranjo; Juan Esteban Barragán, representante de La Felicidad; Pablo León Martínez, comisario de Camotla La Torre; Irineo Castro Silverio, comisario de La Laguna; Antonio Zúñiga Maldonado, comisario de Tres Cruces; Guillermo Vázquez Nava, comisario de Acahuizotla, quien a su vez es coordinador en Chilpancingo de la UPOEG. El anfitrión fue el comisario de Nuevo Chicahuales, Manuel Catalán Moreno.

EL GOBIERNO NIEGA EL DERECHO A LA SEGURIDAD

La reunión fue originada ante la emboscada que sufrieron los cinco habitantes de la comunidad Vuelta del Sur, municipio de Heliodoro Castillo el pasado martes.

“No nos queda más que unirnos, incluso en contra de la banda más poderosa, que es el Gobierno”, dijo uno de los asistentes, quien se identificó como el señor Moreno.

Denunció que el Gobierno siempre ha marginado a los pueblos de la sierra a los que les niega lo que les corresponde, como proyectos productivos y la reparación de los caminos, pero lo peor, dijo, que les niega el derecho a la seguridad.

Dijo que por la falta de caminos y por la violencia, los centros de salud y las escuelas están cerradas, y que cuando alguien se enferma o resulta herido lo más recurrente es que se muere antes de llegar al hospital o centro de salud más cercano por la falta de transporte o por lo lejano que se encuentran.

Agregó que en el caso de que los pacientes llegan con vida, de todos modos se mueren porque o no hay médicos o no hay medicinas.

El hombre de avanzada edad, era escuchado por unas 300 personas que se concentraron bajo lonas colocadas en la falda de un cerro, a unos 500 metros de Nuevo Chicahuales, municipio de Chilpancingo.

Por su parte, una mujer que se identificó como Rosa, denunció que en la sierra “la delincuencia ya rebasó todo y lo que nos queda ante el abandono del Gobierno es organizarnos para cuidar nosotros mismos a nuestros pueblos”.

Denunció que las comunidades son acechadas desde atrás de los árboles y los cerros por los criminales”, y pidió a la UPOEG que a través de su Policía Ciudadana, les enseñe a usar las armas “para cuidarnos nosotros mismos”.

Siguió: “Aquí lo que necesitamos primero es gente con armas para combatir a los delincuentes, porque lo que sentimos es impotencia y coraje cuando pasan cosas como la emboscada de Vuelta del Sur en donde murió alguien como el comandante 4 que se dedicó a cuidar los pueblos para lograr la paz”.

Manifestó que el Gobierno no da la cara en la sierra, “entonces no nos queda otra que defendernos nosotros mismos, y lo primero que necesitamos, incluso las mujeres, es aprender a usar un arma, después, usarla no sería un gusto, sino una necesidad”, argumentó.

Además, la mujer añadió que ya no confían ni creen en las autoridades, y destacó: “vean como nos trató en la marcha (del 28 de abril), dijeron que éramos de la delincuencia organizada, que llevábamos armas, como si fuéramos ingenuos para llevar armas a una marcha a la capital del estado”.

La mayoría de los pueblos que acudieron a la reunión son de los que marcharon el 28 de abril, con la demanda de que el Ejército ya no fumigue desde el aire los cultivos ilícitos porque dañan sus huertos de aguacate, durazno y peras, también demandaron fertilizante y proyectos productivos.

Una de las agrupaciones que marcharon el 28 de abril fue la Unión de Comisarios por la Paz y la Seguridad, que después de la marcha se manifestó por la legalización de la siembra de la amapola. Sin embargo durante la reunión de este sábado ya no se hizo ningún pronunciamiento en ese sentido.

Por su parte, un dirigente de la UPOEG les había dicho a todos en la reunión que “la droga es un asunto que tiene que resolver el gobierno, no los pueblos”. Dijo que como se trata de un negocio del gobierno los pueblos no deben caer en su juego porque por eso se dividen.


Incluso agregó que el objetivo de la Policía Ciudadana no es combatir el cultivo de la droga, sino evitar que haya violencia en los pueblos e impedir las extorsiones, el secuestro y los asesinatos que comete la delincuencia organizada en los pueblos, “nuestro papel como Policía Ciudadana es cuidar que los delincuentes no se metan en los pueblos”, dijo ya cuando los asistentes había aprobado por unanimidad crear su Policía Ciudadana.

FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN/ZAVARÍAS CERVANTES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-05-2016/1666391

Pobladores incendian la comandancia y dos patrullas en Motozintla

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Pobladores de la comunidad Linda Vista, perteneciente al municipio de Motozintla, quemaron la comandancia y dos patrullas en protesta por la liberación de un sujeto que había robado una camioneta Toyota, propiedad de uno de sus compañeros.

Los hechos ocurrieron la noche de ayer, después de que habitantes de la localidad ubicada en la Sierra Madre de Chiapas recibieron el reporte.

Tras corroborar que efectivamente el sujeto de nacionalidad centroamericana había sido liberado, pese a que anteriormente se le identificó como reincidente en la cabecera municipal, prendieron fuego a la comandancia y destruyeron computadoras, muebles, televisiones, aparatos de comunicación, cafeteras, trastos y otros enseres.

Furiosos, los pobladores también rompieron las ventanas de la corporación, sin que nadie pudiera detenerlos.

Esta madrugada, cuando las cosas se habían calmado, las autoridades de Motozintla esperaban el arribo de elementos de las policía Estatal Preventiva (PEP) y Especializada.

Se informó que el presunto delincuente fue recapturado y trasladado a la Fiscalía de Distrito con sede en Comitán de Domínguez, donde rinde declaración ante el Ministerio Público.

Por su parte, los habitantes de Motozintla manifestaron su molestia contra el alcalde Víctor Lavalle porque no ha sabido gobernar el municipio, y exigieron la renuncia del comandante del Mando Único Jacobo Pérez, a quien acusan de “extorsionar” a inmigrantes y ciudadanos mexicanos.

Esta es la segunda ocasión que habitantes del municipio recurren a ese tipo de medidas para protestar por acciones de las autoridades. En 2012 quemaron la alcaldía del municipio.

FUENTE: PROCESO

AUTOR: ISAÍN MANDUJANO

LINK: http://www.proceso.com.mx/442184/pobladores-incendian-la-comandancia-dos-patrullas-en-motozintla

Asesinan a una mujer a escasos metros de la casa de Astudillo

CHILPANCINGO. Gro., (apro).- Un grupo armado ejecutó a una mujer esta mañana al oriente de esta capital, a escasos metros de la casa del gobernador priista, Héctor Astudillo Flores.

El hecho violento se registró cerca de las 08:30 horas, cuando la víctima salía de su domicilio, ubicado en la calle privada Gonzalo Ramírez de la colonia Tribuna Nacional, a bordo de una camioneta Honda modelo CRV con placas de la entidad.

Enseguida, sujetos armados que ya la esperaban dispararon contra la unidad y la mujer identificada como María de Lourdes Maldonado de la Cruz, de 49 años, a quien ejecutaron de dos tiros en la cabeza.

Los agresores escaparon impunemente a pesar de que el ataque lo realizaron a 100 metros de la casa del mandatario estatal que permanece resguardada por policías estatales.

Hasta el momento, autoridades ministeriales no han informado el motivo de la agresión contra la mujer que se registra en un contexto de extrema violencia en la entidad.

Por su parte, fuentes oficiales informaron que el gobernador Astudillo no se encontraba en su domicilio debido a que el presidente Enrique Peña Nieto realiza una gira de trabajo en el municipio de Acapulco.

FUENTE: PROCESO

AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

LINK: http://www.proceso.com.mx/442185/asesinan-a-una-mujer-a-escasos-metros-la-casa-astudillo

“Todo está listo” para comicios del 5 de junio: INE

Ciudad de México. El Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que “todo está listo” para que el próximo domingo 5 de junio se realicen las elecciones locales en 14 entidades del país, además de que no se observan “focos rojos” en ninguna de ellas por cuestiones de seguridad pública.

Sin embargo, reconoció que existen los “protocolos de seguridad” implementados regularmente por las autoridades federales y locales durante los procesos electorales.

Pamela San Martín, consejera presidenta de la Comisión de Procesos Locales del INE, aseguró a una semana de que se realice la jornada electoral, que el 99.97 por ciento de las 68 mil 37 casillas que serán instaladas en estas entidades cuentan ya con todos los funcionarios requeridos y capacitados.

A esta fecha, sólo once casillas tienen menos de 3 funcionarios nombrados y capacitados, de los 4 que la ley requiere.

Dijo que hoy se tienen mejores números en capacitación y organización electoral que en procesos electorales anteriores, en una jornada a la que están llamados a votar 37.3 millones de ciudadanos en los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

En conferencia de conjunta, los consejeros San Martín, Arturo Sánchez, Marco Antonio Baños y Javier Santiago aseguraron de diferentes formas que no existen en el país “focos rojos” que dificulten el desarrollo de la jornada electoral.


“No se ve nada que no asuste”, dijo el consejero Arturo Sánchez.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/30/201ctodo-esta-listo201d-para-comicios-del-5-de-junio-ine

Debe la Sedena revelar cuántos drones tiene para vigilancia aérea

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dar a conocer el número de “drones” con los que cuenta para llevar a cabo las tareas de vigilancia aérea.

Un particular presentó un recurso de inconformidad ante el organismo de transparencia luego de que éste le negó la información argumentando que al difundirla podía comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional.

Por mayoría, el pleno del INAI determinó que por sí mismo el dato no revela la capacidad de vigilancia aérea de la Sedena para emprender acciones contra la delincuencia organizada.

Tampoco, argumentaron los consejeros, brinda elementos contundentes que generen un desequilibrio para la capacidad de reacción, planeación o estrategia que plantea la dependencia para combatir a la delincuencia organizada.

El dato, abundaron, no revela información adicional que pudiera entorpecer la labor de la dependencia, como puede ser la localización geográfica de los drones, la estrategia con la que se despliegan y el modo en que operan, entre otros.

Los drones tienen una función “meramente de vigilancia, por lo que no constituyen instrumentos de defensa para hacer frente a ataques de grupos delincuenciales”, resolvió el pleno del INAI.

Por ello determinó que proporcionar el número de drones con los que cuenta la Sedena “no revelaría su capacidad de reacción para atemperar o contrarrestar ese tipo de incidencias”.

Además el pleno advirtió que la Sedena dio a conocer los tres modelos de drones con los que cuenta y del modelo Hermes 450, sí reveló cuántos tiene.

Los consejeros concluyeron así que informar del número de drones adquiridos por la Sedena no entorpece su actuación y, por el contrario, le permite rendir cuentas y transparentar información directamente relacionada con sus adquisiciones.

Finalmente el pleno del INAI modificó la respuesta de la Sedena y le instruyó dar a conocer al particular la cantidad de drones con los que cuenta.

FUENTE: PROCESO

LINK:http://www.proceso.com.mx/442189/debe-la-sedena-revelar-cuantos-drones-vigilancia-aerea

Gobernadores se van y ocultan información sobre la publicidad oficial en su sexenio

Doce gobernadores que dejarán el cargo este año, ejercieron millones de pesos en publicidad oficial; sin embargo, los ciudadanos no pueden saber los montos exactos de todo el sexenio, ni cuáles fueron los medios de comunicación favorecidos porque los mandatarios evaden la Ley de acceso a la información.
Animal Político y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, realizaron solicitudes de información a los gobiernos de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas para conocer cuánto dinero dedicaron para promocionar las acciones de gobierno en medios de comunicación durante el sexenio.

Los gobiernos de Jorge Herrera (Durango), Egidio Torre (Tamaulipas) y Miguel Alonso (Zacatecas) fueron los más opacos: ni siquiera respondieron a la solicitud, pese al vencimiento del plazo legal y a que están obligados a hacerlo según la Ley de transparencia, porque se trata de recursos públicos.

Las administraciones de Javier Duarte (Veracruz), César Duarte (Chihuahua) y Carlos Lozano (Aguascalientes) incluso, clasificaron como “reservada” la información referente a los contratos con medios de comunicación.

En cuanto a los montos, sólo Tlaxcala, gobernada por Mariano González Zarur, entregó el presupuesto desglosado por cada año, pero la diferencia entre el presupuesto aprobado y ejercido es de hasta 97%. Según los números, gasta sólo entre 3% y 12% del presupuesto que el Congreso etiqueta cada año.

En 2011, por ejemplo, tuvo 34 millones de pesos asignados, pero sólo gastó 3 millones 800 mil pesos y para 2015 tuvo 27 millones etiquetados pero ejerció 818 mil pesos. Sin embargo, tampoco entrega el desglose a medios de comunicación.

Veracruz, “reserva” información pública

El gobierno de Javier Duarte es un caso peculiar. Como ningún otro gobierno, cada año gastó hasta tres veces más del monto aprobado por el Congreso en publicidad oficial. El monto ejercido sólo de 2011 a 2014 asciende a más de mil millones de pesos, monto equivalente al presupuesto para infraestructura y programas carreteros de 2015.

En la solicitud no entregó el monto ejercido durante 2015 ni lo que ha asignado hasta 2016. Aunque se solicitó el nombre de los medios de comunicación, el número de contratos, los montos, las fechas de campaña, el gobierno de Veracruz no lo entregó debido a un “acuerdo” de reserva vigente.

Se trata del acuerdo publicado en la Gaceta de oficial de gobierno en 2011 en el que se establece información de la dirección de comunicación social es de “acceso restringido en la modalidad de reservada y confidencial”.

El gobierno de Duarte cambió la nomenclatura de la partida presupuestal, por recomendación de la Secretaría de Finanzas, según se explica en la Gaceta. Así, la denominación 3701 de “Promoción Institucional” fue sustituida por la 513636100005 “Difusión de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales”.

El gobierno estatal decidió a partir de entonces que toda la información referente a esta partida, que corresponde al área de comunicación, estaría clasificada como “reservada y confidencial”. Sin embargo, la Ley de transparencia estatal prevé como información reservada aquella que:

1. Comprometa la seguridad pública nacional, estatal o municipal, o pueda afectar la integridad territorial, la estabilidad o la permanencia de las instituciones políticas.
2. Ponga en peligro o dañe la estabilidad financiera o económica nacional, estatal o municipal.
3. Que pueda generar una ventaja indebida en perjuicio de un tercero.
4. Las actuaciones y las resoluciones relativas a procedimientos judiciales o administrativos, cuando aún no hayan causado estado.

Los gobernadores opacos  

Ninguno de los gobiernos salientes entregó el desglose completo de los medios de comunicación favorecidos durante su sexenio y en la mayoría de casos, la información presupuestal entregada fue incompleta.

Chihuahua, gobernado por César Duarte, informó que los datos sobre los contratos, montos y campañas establecidos con los medios de comunicación es información “reservada” y sólo informó que los medios donde el gobierno publicita sus acciones son: radio, televisión, internet e impresos. Sobre los montos, sólo entregó el presupuesto aprobado, pero no el ejercido.

Aguascalientes, gobernada por Carlos Lozano de la Torre, también sostiene que la información sobre medios de comunicación es “reservada” porque obedece a los criterios establecidos en la ley de transparencia, como “cuando el ejercicio del derecho a la información cause daño al interés del estado”. También cuando se trate de información de particulares recibida por la administración pública bajo la promesa de reserva”.

Aguascalientes gastó 367 millones de pesos en publicidad oficial en el sexenio y sólo en 2011 ejerció 258% más de lo asignado. El resto del sexenio fue menor a 17%.

Debido a la diferencia de información entregada por cada entidad, sólo se pudo hacer la comparación de los montos asignados y ejercidos en nueve entidades y solamente de 2011 a 2013.

¿A qué medios entregaron los recursos?

De los 12 gobernadores que concluyen su administración en 2016, sólo Oaxaca, Puebla y Tlaxcala entregaron información sobre la distribución a medios de comunicación, pero de forma parcial.

La administración de Gabino Cué en Oaxaca, destinó 253 millones de pesos a la publicidad en prensa escrita entre 2011 y 2013, el mayor monto respecto al resto de medios. Sin embargo, no entregó los datos para 2014, 2015 y 2016, ni los nombres de los medios.

La radio recibió 174 millones de pesos, la televisión 132 millones de pesos y los medios digitales, 33 millones de pesos en el mismo periodo de tiempo.

El gobierno de Puebla, encabezado por Rafael Moreno Valle, sólo reportó los montos, pero no los medios de comunicación. En 2011 distribuyó 209 millones de pesos entre contratos con medios; en 2012, 141 millones de pesos; en 2013, 139 millones de pesos; en 2014, 133 millones de pesos y en 2015, 130 millones de pesos.

En tanto, Tlaxcala sólo desglosó el presupuesto para medios digitales, impresos y electrónicos.

FUENTE: ANIMAL POLITICO.AUTOR: NAYELI ROLDAN Y PAOLA CASTAÑO

LINK:http://www.animalpolitico.com/2016/05/gobernadores-se-van-y-ocultan-informacion-sobre-la-publicidad-oficial-en-su-sexenio/