El movimiento #Yosoymédico17 también llama a un paro nacional para protestar contra las agresiones al personal médico en México y contra la criminalización del gremio en casos de presunta negligencia.
El movimiento #Yosoymédico17, que aglutina a doctores, pediatras, cirujanos, anestesiólogos y personal de enfermería, entre otras especialidades médicas, convocó a una suspensión de labores en todo México para el próximo miércoles 22 de junio. #Yosoymédico17, que surgió hace dos años en Guadalajara, Jalisco, en respaldo de 16 doctores acusados de negligencia, explicó en entrevista con Animal Político que son tres los motivos por los que convocan a un paro nacional, durante el cual sólo laborarían los servicios de urgencia. Rechazo a Sistema Universal de Salud El primer motivo es mostrar su rechazo al nuevo Sistema Universal de Salud. Una propuesta que presentó el presidente Enrique Peña Nieto en 2013, y cuya primera fase está prevista que entre en vigor el próximo mes de junio. El Sistema Universal de Salud plantea que cualquier paciente mexicano pueda ser atendido en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del ISSSTE, así como en los hospitales de la Secretaría de Salud Federal, sin importar a cuál de estas dependencias se encuentre afiliado. Sin embargo, el movimiento #Yosoymédico17 denuncia que este nuevo sistema, en realidad, “busca de manera disfrazada privatizar la salud en México” para que empresarios dueños de hospitales privados se beneficien económicamente, mientras la calidad del servicio al derechohabiente empeoraría. “Además, no queremos ese reforma porque nadie nos ha preguntado nuestra opinión. Simplemente al gobierno se le ocurrió hacerla sin tener en cuanta al gremio médico especializado”, subrayó uno de los voceros del #Yosoymédico17; un anestesiólogo que pidió no dar su nombre para no personalizar un movimiento que, al menos en su perfil de Facebook, suma más de 200 mil seguidores. En este sentido, el movimiento considera que el sistema de salud actual en México es bueno. “Lo único que falta es que inviertan más dinero en prevención y en atención integral a los pacientes”, recalca. Denuncian agresiones a personal médico El segundo motivo por el que convocan a un paro nacional, es evidenciar “las agresiones continuas” a doctores y personal de enfermería en el país. “La inseguridad en México han aumentado y los médicos no hemos sido ajenos a esto, ya que desde hace dos años denunciamos tragedias de acoso, secuestros y asesinatos de compañeros ”, señala el vocero.
Como dato de la magnitud de las agresiones a médicos, cabe apuntar que el 75% de los médicos pasantes y prestadores de servicio social de medicina en nueve estados dijeron en una encuesta haber padecido extorsión, tanto presencial como telefónica, asaltos a mano armada, robo de vehículo y violencia física. Así lo dio a conocer la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la cual presentó en 2015 los resultados del estudio ‘Agresiones hacia los médicos durante el servicio social’, publicado en la Gaceta Médica de México. Gaceta Médica de México.
Joven médica epidemióloga asesinada brutalmente en Tamaulipas @Yosoymedico17 seguimos en el país de no pasa nada. #indignante
Piden frenar criminalización de los doctores Y el tercer motivo, apunta #Yosoymédico17, es denunciar “la criminalización” de doctores y enfermeros, cuando se producen casos de supuestas negligencias médicas. Uno de esos casos de “criminalización”, expone el vocero de #Yosoymédico17, se produjo este sábado 28 de mayo, cuando la Fiscalía de Veracruz exhibió en redes sociales la fotografía de dos médicos pediatras rodeados de elementos de la Policía Ministerial vestidos completamente de negro, con el rostro tapado, y portando armas de grueso calibre, luego de que fueran giradas órdenes de aprehensión contra ellos por un presunto homicidio culposo de un menor de edad.
“Nos tratan peor que criminales. #quelosliberen”, respondió el movimiento en su cuenta oficial de Twitter.
Sobre este punto, cabe recordar que el 22 de junio de 2014 surgió el movimiento #YoSoyMédico17 con el lema ‘Ni dioses ni criminales, sólo médicos’, para denunciar la criminalización del gremio.
CIUDAD DE MÉXICO: El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, llamó a la ciudadanía a manifestar su voluntad en las urnas el próximo domingo 5 de junio, cuando serán renovados mil 366 cargos de representación popular entre gobiernos, alcaldías y congresos en 13 entidades del país, además de que se definirá a las y los 60 integrantes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. En un comunicado, aseguró que los actuales procesos electorales representan un reto para el proceso democrático nacional, por lo que es deber de todos contribuir a enfrentarlos de manera exitosa. También demandó a la autoridad electoral estar atenta de que se cumpla estrictamente con la ley respectiva, el legislador federal pidió detener la “guerra sucia” que se ha suscitado en el país y pidió a los gobiernos –federal y locales– a que actúen conforme a derecho para que no haya problemas que terminen ensuciando la jornada electoral. “A unos días del inicio de la jornada electoral hay que decirlo muy claramente: Es necesario que se atiendan los llamados de la sociedad que aspira a una elección limpia, libre y democrática el próximo 5 de junio, que sus exigencias sean atendidas. Sabemos que hay situaciones que pueden inhibir, pero aun así tenemos la certeza de que la gente está decidida a salir a votar para refrendar la democracia que tanto ha costado a muchas generaciones de mexicanos”, expuso el diputado federal. Desde luego, añadió, como dirigente nacional –porque somos parte de las instituciones de este país– y como presidente de la Cámara de Diputados, mi llamado a todos los gobernadores que tienen o no procesos electorales en sus estados, para que garanticen el apego estricto de la ley en su comportamiento, de que los recursos públicos de que gozan los partidos políticos y los candidatos sean estrictamente los que les han fijado las autoridades electorales y que no se haga uso de los programas públicos –de asistencia a los más necesitados– con fines electorales, ni tampoco deriven de las arcas públicas, recursos que no sean más que los estrictamente asignados (y por las vías conducentes), por parte la autoridad electoral. El exhorto es a actuar con responsabilidad, transparencia y alejados de la corrupción. Esta debe ser la conducta –clara e indubitable– que deben tener los gobernantes, concretó. Desde luego, añadió Zambrano Grijalva, estas elecciones deben ser muestra de legalidad no sólo en el discurso sino también en los hechos, lo cual pasa por las autoridades electorales que están obligadas a hacer una revisión sobre el origen de recursos que se han venido aplicando en las campañas, todo en un trabajo coordinado incluso con la Procuraduría General de la República -mediante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales- y fincar responsabilidades a quienes hayan incurrido en irregularidades. El diputado federal confió en que estos procesos se irán depurando una vez que sea aprobado y puesto en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción cuyas siete leyes secundarias habrán de ser discutidas -y eventualmente aprobadas en comisiones (en lo general)- a partir de este lunes 30, en tanto que las reservas a los proyectos serán llevadas para su discusión a los plenos camarales durante el periodo extraordinario de sesiones, acordado para los días 13 al 17 de junio próximos.
Por último, Zambrano Grijalva solicitó “que se sancione no solamente a funcionarios corruptos, si no a particulares –ya sea individualmente o como empresas–, que también sean sujetos de responsabilidad y castigo; que su actuación no quede sólo en un padrón, sino que se les boletine incluso en todo el país, de manera que si alguien es sancionado o negado por querer hacer trampa para obtener alguna licitación en el gobierno federal o algún estado de la República, no se le dé una nueva oportunidad”, finalizó. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/442140/a-una-semana-elecciones-pide-zambrano-frenar-guerra-sucia
Con la elección del 5 de junio en puerta, los estrategas del PAN afirman que las encuestas otorgan a su partido un alto nivel competitivo. Y aunque afirman que sólo piensan en ganar, dicen que el PRI recurre a elecciones de Estado y manipula las candidaturas independientes con el único fin de restarle votos a Acción Nacional. Pero además, el secretario del CEN panista se pronuncia por “revisar” la reforma que dio origen al Instituto Nacional Electoral, pues sus funcionarios son manejados por los gobernadores.
CIUDAD DE MÉXICO: “Nadie puede decir que es un ave pura en el paraíso, ni los ciudadanos”, ataja Santiago Creel sobre la reputación de los siete candidatos expriistas, como el polémico Miguel Ángel Yunes Linares, a los que el PAN se aferra para recuperarse, en las elecciones del próximo 5 de junio, de las sucesivas derrotas iniciadas en el sexenio de Felipe Calderón. Jefe general de la estrategia electoral del PAN y candidato él mismo a constituyente de la Ciudad de México, Creel exonera a Yunes Linares de su enriquecimiento –“son mentiras”– y asegura que las imputaciones son parte de la estrategia de “guerra sucia” que reactivó el PRI y que, alerta, es parte de lo que empleará en 2018. “El PRI está haciendo uso del expediente más bajo de la política, que es el expediente de la mentira y de la calumnia. Esto es algo que debíamos haber clausurado y mandado al museo de la historia, pero el PRI regresó a la vida pública este expediente bajo”, recrimina.
Para buscar desprestigiar a los candidatos del PAN vinculándolos con el crimen organizado y la corrupción, acusa Creel, el PRI utiliza también el aparato del Estado –“ahí están las grabaciones, los videos”– y además a muchos medios de comunicación del país. “Muchos de los medios que pensábamos que iban a actuar con independencia no lo están haciendo. Esto es un anticipo de lo que vendrá en 2017, pero particularmente en 2018”, advierte. Y atribuye esta estrategia a la afectación que tenga el PRI por la mala imagen del presidente Enrique Peña Nieto.
CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó un recorrido de trabajo a la empresa Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV), en el Complejo Petroquímico Pajaritos, para conocer el avance en el cumplimiento de obligaciones establecidas en la legislación ambiental.
En un comunicado, la Profepa detalló que con motivo de las medidas ordenadas tras la clausura total temporal que impuso por el siniestro ocurrido el pasado 20 de abril, también verificó el avance en las tareas de caracterización y retiro de residuos peligrosos que se efectúan en relación con la remediación ambiental del sitio. Durante el recorrido, que contó con la participación de representantes del cuerpo directivo de PMV y de Mexichem, así como de funcionarios de la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos (Pemex), se conoció un reporte técnico realizado por esa empresa petroquímica sobre el estado actual que guarda la planta Clorados III, donde se registró la explosión el mes pasado. El estudio indica que las aguas utilizadas por los equipos de bomberos para sofocar la conflagración fueron recuperadas y se encuentran debidamente almacenadas en tanques especiales, gracias al doble sistema de drenaje con que cuentan dichas instalaciones para evitar la contaminación de afluentes. Asimismo, PMV expuso el modelo de recreación que utiliza para determinar la composición, dimensión, extensión y dirección, y con ello el posible grado de contaminación que pudo registrar la nube de emisiones causada durante la conflagración, a fin de establecer posibles daños ambientales en la zona. En el encuentro, directivos de la empresa petroquímica informaron que peritos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de Veracruz, así como de una acreditada firma estadunidense especialista en explosión con nube de vapor, iniciaron ya las investigaciones para determinar la causa del siniestro. A la par de la actuación de la PGJ y con su anuencia y supervisión, agregó, se continúan haciendo todas las labores necesarias para asegurar las condiciones de seguridad de la planta siniestrada, así como del retiro de residuos peligrosos y su entrega, transporte y recepción a empresas debidamente acreditadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a cambio de los manifiestos correspondientes firmados por el generador, transportista y destinatario. Se informó que una vez concluida la actuación de la PGJ, y en caso de atracción de la Procuraduría General de la República, así como de los expertos contratados para la determinación de la causa raíz del accidente, se procederá al desmantelamiento y confinación de los equipos contaminados, si ello es necesario.
El adeudo de más de 2 mil millones de pesos que el Gobierno de Javier Duarte tiene con la Universidad Veracruzana afecta también a unos 350 estudiantes indígenas agrupados en la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) que cuenta con cuatro sedes, dos a medio construir. De acuerdo con los testimonios de directivos de las distintas zonas, en Totonacapan, los alumnos estudian en edificios sin ventanas, ni electricidad. Mientras que, para las cuatro regiones, los apoyos que se gestionan para los estudiantes, como becas y desayunos, están en riesgo por la falta de recursos. El pasado viernes, durante la megamarcha en defensa de la UV, un grupo de personas también habló por los estudiantes indígenas que la casa de estudios arropa.
David Islas Bravo es una de los diez mil personas que se sumaron a la marcha “Todos Somos UV”. Un hombre que, además de dar cátedra es activista y se ha sumado a la lucha de los 350 estudiantes indígenas de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), uno de los tantos proyectos que se ponen en riesgo ante la deuda millonaria del Gobierno del Estado con la Universidad Veracruzana. La causa que defiende el profesor es un modelo de enseñanza, nominado al premio Interamericano de Innovación Educativa en Educación Superior 2016, mismo que para el mandatario veracruzano, Javier Duarte de Ochoa, resulta indiferente pues nunca ha visitado alguna de las cuatro sedes de la UVI; dos de ellas a medio construir por falta de presupuesto desde que el ex Gobernador Fidel Herrera Beltrán, acompañado por las panistas Josefina Vázquez Mota y Xóchitl Gálvez, pusieron la primera piedra en la región Huasteca, en agosto de 2008. Al hombre se le mira efusivo, participando en la protesta desde dos escenarios diferentes: el primero, en la plaza Lerdo, Xalapa; donde aplaude el discurso de Shantal Meseguer, directora de la UVI. El segundo lo hace desde la realidad virtual, monitoreando la participación de sus alumnos en la Sierra de Zongolica, la Huasteca, el Totonacapan y las Selvas del Sur. Universitarios que desde las zonas más vulnerables del estado exigen el pago inmediato de los 2 mil 300 millones de pesos que el Gobierno Estatal debe a la Universidad Veracruzana. ¡Tenoxtin te UV! (¡Todos Somos UV!) corean, al unísono en Náhuatl, los estudiantes provenientes de la sierra de Zongolica.
David Islas, que porta una camiseta blanca y escudo de la Flor de Lis, hace una pausa en el monitoreo de páginas en Facebook y comparte el extracto de una plática con una egresada de las Grandes Montañas, “me dijo que a pesar de ser mujer, indígena, y pobre, en la UVI consiguió la oportunidad de ser feliz”.
“TENOSTIN TE UV”, DESDE LA REGIÓN DE LAS MONTAÑAS Fueron las primeras voces que se levantaron en todo el estado: las de la Sierra de Zongolica. Los estudiantes se anticiparon a las protestas y desde el 26 de mayo publicaron un video en Facebook donde sus pronunciamientos se tradujeron del náhuatl al español y viceversa. “¿Qué pasará con los proyectos para nuestras comunidades? ¿Seguiremos teniendo baños sin agua? ¿Salones sin luz eléctrica? ¿Nos quedaremos sin experiencias educativas por falta de recursos? ¿Sin maestros por falta de salarios?, cuestionaron los estudiantes en la grabación. Las mimas preguntas que durante la marcha del pasado viernes gritaron con plumones de aceite sobre pancartas fluorescentes. Ya para el 27 de mayo, los estudiantes náhuas de la sierra, se instalaron en Orizaba, Veracruz, protestaron en el territorio gobernado por Juan Manuel Díez Francos, Alcalde que ha sido criticado por impedir a los indígenas laborar sobre la vía pública, además de violentarlos, usando la fuerza municipal. Ahí, pues, unos cincuenta jovencitos, compartieron su cultura con visitantes que se acercaron a la plazuela. Si bien, en Xalapa, la marcha fue amenizada por el mariachi universitario, en Orizaba el grupo Son de las Verdes Montañas hizo lo suyo e interpretó melodías con panderos de cuero y jaranas. Fue así la participación de los estudiantes provenientes de la zona más pobre del estado, la sierra de Zongolica, durante la movilización en defensa de la UV. En esa zona, según los números del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), se ubican los dos municipios más miserables de Veracruz; Mixtla de Altamirano y Tehuipango.
Sin embargo, con el adeudo a la UV, las oportunidades para los estudiantes del lugar se reducen aún más. Pues considerar una ampliación de matrícula raya en lo imposible. Es decir, el proyecto, al momento, beneficia a las comunidades más cercanas a la UVI y deja sin oportunidades de completar la educación profesional a la mayoría de los jóvenes que habitan en los 13 municipios que integran la Sierra de Zongolica. A lo anterior, como lo denuncia el profesor David Islas, el adeudo con la casa de estudios, pone en riesgo también los apoyos que la UVI gestiona para otorgarlos a toda su comunidad, como son becas y desayunos. “La UVI, hace un esfuerzo por becar al 100 por ciento de los jóvenes que ingresan a la universidad, gestionamos desayunos para ellos con la Comisión Nacional de desarrollo en los pueblos indígenas, (CDI). Sin embargo, ante la situación desalentadora, nos podríamos quedar sin recursos para entregar apoyos económicos, lo que elevaría a la deserción a un gran número de estudiantes”, alerta Islas. El docente recordó también que hace poco el Gobernador Javier Duarte tuvo que cancelar su asistencia a la inauguración de una obra en el municipio de Zongolica debido a las protestas en su contra de los estudiantes de la UVI, cuyo plantel se encuentra en la zona.
“Los estudiantes se manifestaron al interior de las instalaciones, lo esperaron con carteles, con las mimas peticiones; que se entregara el pago a la Universidad. Pues bueno, llegaron patrullas a resguardar el lugar y luego de la presencia policial, el Gobernador ni siquiera asistió a la inauguración”, dijo el también activista.
“No hay pretexto para omitir nuestra existencia, Javier Duarte ha sido invitado a los informes de la Rectora, pero tampoco asiste. Y si lo hace, es por medio de algún asistente. Entonces digo, si no va al informe de nuestra representante, que se realiza en la misma ciudad donde gobierna, menos irá a las zonas más pobres”, agregó.
“TAN TUMPTYTYYAM TA UV”, EXIGEN EN LA REGIÓN DE LAS SELVAS DEL SUR En el caso de los estudiantes de la UVI, en el sur del estado, salieron a marchar por las avenidas principales de Coatzacoalcos; acompañados de catedráticos y directivos. “Veracruz ha sido condenado a la miseria y a las desapariciones forzadas, mientras que la educación pública está en riesgo ahora y en el futuro”, ese fue el eje central de los pronunciamientos. Postura similar a la que emitió Shantal Meseguer, encargada de dar el discurso de la UV y la crisis social que ahoga a Veracruz. La directora de la Universidad Veracruzana Intercultural, lo hizo frente al palacio de gobierno, en la capital del estado. “Que no se abandone a los familiares de los desaparecidos; que se apoye a los periodistas que luchan por la libertad de expresión; que se apoye a los maestros y niños que buscan una educación pública digna”. Se trató de una manifestación pacífica, sobre la avenida Universidad, en Coatzacoalcos, en la cual participaron unos mil universitarios, encabezados por el vicerrector Jorge Andaverde Arredondo. “No robes más y devuelve lo que le quitaste a la UV,” fue la frase que Luisa, una indígena de la región, tradujo al huasteco para ser replicada en la página de internet, Uvi Sede Las Selvas. “GATHO DI UV HU”, EN LA REGIÓN DE LA HUASTECA “La situación es crítica en la Universidad Veracruzana, las clases se realizan, aparentemente, con normalidad, pero lo que ustedes no saben es que para ir a las comunidades que nos quedan a dos horas de distancia el vehículo necesita combustible, ese gasto lo estamos cubriendo los profesores con nuestros escasos ingresos. No tenemos ni para los artículos de limpieza”. Esas fueron las palabras de la coordinadora Jacinta Toribio, dirigidas a un grupo de 20 huastecos, en el municipio de Ixhuatlán de Madero, en el norte de Veracruz. Por allá, según se leyó en su posicionamiento, los recursos destinados para la investigación y movilidad de profesores, estudiantes y personal académico, son raquíticos. Al grado de realizar los consejos universitarios mediante video conferencias. Aunado a lo anterior, David Islas comparte otro de los problemas que surgen a raíz de la escapes de recursos financieros: “Por acuerdo de la comunidad de la UVI y ante una intensa dinámica de trabajo, que no se puede detener, se ha establecido el denominado hospedaje solidario, es decir, ante la limitación de recursos cuando nos toca ir a consejos o cursos ofertamos nuestras casas para ahorrarnos los gastos de alojamiento. Cuando, por norma, la institución te debe de dar viáticos”.
Por su parte, los alumnos de la región huasteca, agregaron, “nadie de los que estamos aquí podríamos terminar nuestros estudios en escuelas privadas. Además, aquí nos enseñan a pensar y crear, no solamente a armar cosas, estamos en una escuela crítica, por ellos le pedimos al gobierno que devuelva el dinero”.
“AKININ WAKG UV”, REGIÓN DEL TOTONACAPAN “En la sede totonacapan hay edificios sin ventanas, ni electricidad. Nos prometieron el apoyo para la implementación de laboratorios multimedia, se compraron los equipos y ahorita se están echando a perder, pues requieren salones climatizados”. Los anterior es parte del discurso que comisiones de alumnos y académicos salieron a compartir con las comunidades de la zona del Totonacapan, por las comunidades de Coyutla, (El Chote, Papantla), Espinal y Entabladero. Mensajes que se replicaron en carteles hechos a mano, volantes, perifoneo, redes sociales, radios comunitarias y rueda de prensa. Por los alumnos totonacos, alzó la voz Shantal Meseguer, directora de la UVI en la zona del Totonacapan,quien aprovechó diez minutos frente a una comunidad de 10 mil universitarios; investigadores, directivos y sobre todo, los funcionarios estatales que escucharon la protesta a escasos metros de distancia, a ellos se refirió con lo siguiente: “Nos deben a todos, porque el agravio es mayor que la deuda, han impedido que estudiantes totonacos tengan una infraestructura digna. Se trata de una deuda social, una deuda a la justicia. El gobierno de Javier Duarte está en deuda con los pueblos indígenas. Una clara intención de desmembrar la educación pública y gratuita”. Finalmente, el también investigador, David Islas comentó, mientras recogía sus consignas en hojas de cartulina: “Javier Duarte le está enseñando a marchar, a la gente que no sabía marchar”. Así concluía la tarde del 27 de mayo de 2016, para el maestro David Islas Bravo. En una caminata que no superó la asistencia ni el bullicio de la anterior Marcha Monumental. Sin embargo, el movimiento, logró que la frase de la Rectora, Sara Ladrón de Guevara, se cumpliera: “Debemos ser las voces de quienes no pueden ser escuchados” y así fue.
El pasado viernes un puño de personas también habló por los 350 estudiantes con orígenes indígenas, que la Universidad Veracruzana arropa, pero que el gobierno duartista, se aferra empeña a destruir sus metas profesionales. FUENTE: SIN EMBARGO/BLOGEXPEDIENTE. AUTOR: REDACCIÓN/MIGUEL ÁNGEL LEÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/30-05-2016/1666497
El Estado de Derecho, que es una condición necesaria para el respeto de los derechos humanos, está hoy ausente en México, dicen especialistas y académicos. En los últimos 16 años, el quebranto a las libertades civiles por parte de las autoridades federales y locales se ha convertido en práctica generalizada, y aplicable en muy distintos contextos de la realidad nacional. Fue a partir de que Felipe Calderón Hinojosa lanzara la guerra contra el narcotráfico que esta problemática repuntó en el país, pero ahora, con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, violar los derechos humanos en todas sus formas se ha vuelto la marca del país, de acuerdo con los reclamos y señalamientos de instituciones y ONGs no sólo de México sino a nivel internacional.
La académica Emma Consuelo Maza Calviño dice recordar cómo en 2001, cuando desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez elaboraba informes sobre la situación de desapariciones en México, reportar tres decenas de víctimas les parecía entonces un escándalo. Eran los años en los que la problemática se concentraba en el Estado de Guerrero, recuerda, donde desde el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León se había intensificado la operación militar en búsqueda de probables integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR). Uno de los objetivos de las organizaciones no gubernamentales entonces, dice, era mantener la atención internacional sobre el problema de violaciones a los derechos humanos en México –observación globalizada desde 1994– y esperar que la presión del exterior influyera para que hubiera cambios en las políticas internas. Quince años después, considera, efectivamente ha habido cambios, como la Reforma que en 2011 incorporó al Artículo Primero Constitucional la obligación del Estado de proteger los derechos humanos y, “en consecuencia”, dice ahora la Carta Magna, de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos. Pero la transformación, agrega la autora de “México: retórica sin compromiso”, ha sido sólo en el papel y en el discurso. Porque en los hechos, explica, los casos de desapariciones y asesinatos se han multiplicado por miles; la tortura persiste y las Fuerzas Armadas, masivamente desplegadas por el territorio nacional a partir que el Presidente panista Felipe Calderón declaró una presunta “guerra frontal” al narcotráfico en 2006, han cobrado cada vez mayor relevancia en las tareas de seguridad pública.
“Es clarísimo que se dieron varios pasos atrás. La situación es peor que con (Carlos) Salinas, que es mucho decir; lo estamos viendo con el caso Ayotzinapa”, dice Maza en entrevista.
“Esta crisis jamás la vimos venir. Quienes trabajamos en derechos humanos siempre pensamos que la situación nunca puede ser peor, pero resulta que sí. Hubo un pequeña expectativa con Vicente Fox, al inicio, cuando se creó la Fiscalía Especial para la investigación de los crímenes del pasado, de que después de 71 años hubiera investigaciones serias, que se acabara la impunidad; pero no, lo que hizo fue negociar”, agrega.
AVANCES EN PAPEL
Como Maza, otros expertos en derechos humanos identifican diferentes cambios registrados en México desde 2000, después de que, por primera vez en 71 años, gobernara un Presidente emanado de un partido diferente al Partido Revolucionario institucional.
Entre estos cambios, todos empujados desde la sociedad civil, destaca la reforma constitucional al Artículo Primero propuesta desde 2004, en el sexenio del panista Vicente Fox, y aprobada siete años después, en 2011, durante el Gobierno de Felipe Calderón, y que introduce la obligación de los tribunales para, en caso de contradicción de leyes, decidir a favor de la protección más amplia de los derechos humanos. Otra es la Reforma Judicial –también propuesta desde el foxismo y aprobada con Calderón– que, en el Artículo 20, introdujo la oralidad en los procedimientos penales y la presunción de inocencia como derecho constitucional de los acusados. También está la reforma al Artículo 57 del Código de Justicia Militar que, desde 2014, limita el fuero castrense y permite trasladar a los tribunales ordinarios los casos en los que las víctimas sean civiles. México, además, ha ratificado diferentes instrumentos que permiten el escrutinio internacional, como el reconocimiento, desde 1998, a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, sin embargo, se impulsa la ampliación de lo que los investigadores consideran un Estado de excepción en detrimento de los acusados de delitos de delincuencia organizada, como la inclusión del “arraigo” en el artículo 16 Constitucional desde 2008, aprobado junto con la Reforma Judicial. Y son precisamente las presuntas estrategias ante la delincuencia organizada, coinciden los entrevistados, más la corrupción, los detonantes de la crisis de derechos humanos derivada de la desaparición de más de 26 mil personas, decenas de miles de asesinatos y la persistencia de prácticas como la tortura. “Desafortunadamente el panorama en materia de derechos humanos no es alentador”, dice Chasel Colorado, coordinadora de incidencia de políticas públicas de Amnistía Internacional, organización que ha emitido reportes sobre México desde la década de los años 90.
“Somos conscientes que ha habido avances, pero los avances en materia legislativa son un esfuerzo muy pequeño comparado con la grave crisis. En los últimos años hemos visto cómo esta grave crisis ha aumentado y eso sin duda provoca preocupación, porque vemos que existe no sólo falta de capacidad para atenderla, sino que se cierran muchos espacios de diálogo y eso muestra falta de voluntad del Gobierno mexicano para abordarlos”, agrega.
Otro ejemplo de esta falta de voluntad del Gobierno actual, menciona, es el retraso en la aprobación de leyes contra la desaparición forzada y la tortura y que fueron incluidas en el decálogo de compromisos por la “seguridad, la justicia y el Estado de Derecho” anunciadas por el Presidente Enrique Peña nieto en noviembre de 2014, después de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Colorado incluye también como parte del incumplimiento de Peña Nieto el aplazamiento de la aprobación de las leyes necesarias para crear el Sistema Nacional Anticorrupción y sancionar y prevenir este tipo de ilícitos que invariablemente, dice, están detrás de los casos de graves violaciones a los derechos humanos. “Ha habido esfuerzos y se reconocen, pero desafortunadamente la realidad sobrepasa los avances que ha habido en materia de derecho humanos y, la mayoría, o todos, se suman a un marco normativo”, dice. “México es de los países con la mejor reglamentación, pero el gran reto sigue siendo la implementación; entonces, esa brecha entre la realidad de un México sin acceso a la justicia y los instrumentos legales sigue siendo el gran reto”, agrega. Para Alejandro Jiménez, abogado del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la historia de los derechos humanos desde 2000 ha sido dar “un paso adelante y dos atrás”. Un ejemplo, dice, son las sentencias que ha dictado la Suprema Corte de Justicia en materia de derechos humanos desde 2006 –como la que aceptó la existencia de graves violaciones perpetradas en San Salvador Atenco o en la Guardería ABC, entre otras–para luego desequilibrar la composición de este tribunal con la inclusión de personas como el ex procurador General de la República de Felipe Calderón, Eduardo Medina Mora. También se han replicado las leyes anti-protesta, recuerda Jiménez, como la publicada el pasado mes de marzo en el Estado de México para “regular el uso de la fuerza pública” y que, considera el abogado, tienen la intención de desanimar las movilizaciones generadas, precisamente, por las violaciones a los derechos humanos.
“Pasamos de un sistema autoritario (en 2000) a una democracia con muchísimas fallas”, dice. “Porque si bien todo se centró en la participación electoral, ésta no fue acompañada de otros avances, como el respeto de los derechos humanos, elevar la calidad de las procuradurías, fortalecer los órganos judiciales como contrapeso real al presidencialismo y a sus réplicas en los estados, que son enclaves autoritarios”, agrega.
Para Colorado, si el “combate frontal” a la delincuencia organizada de Calderón agudizó la crisis de derechos humanos, la actitud mostrada por el Gobierno de Peña Nieto ante la desaparición de los normalistas muestra que la anterior política de “simulación” se ha convertido en endurecimiento. “El caso de Ayotzinapa, que exhibió las grandes faltas en materia de investigación de las desapariciones, lejos de dar este paso contra la impunidad, endurece las estructuras del Estado frente a recomendaciones de organismos internacionales”, dice Colorado. Es volver al estado de “negación” que caracterizó el Gobierno de Ernesto Zedillo, plantea por separado Maza, cuando, ante las críticas a las violaciones expuestas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional desde 1994, el entonces Presidente priísta optó por expulsar a decenas de extranjeros.
TRANSICIÓN “CONTRAPRODUCENTE”
Para cuando Vicente Fox se convirtió en el primer Presidente emanado de un partido diferente al PRI en 71 años, México era ya un país identificado mundialmente como sede de graves violaciones a los derechos humanos. De acuerdo con Maza, las organizaciones defensoras empezaron a multiplicarse en México a partir de la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari, entre 1988 y 1994, cuando lo cuestionado de la elección en la que resultó ganador motivó entre la sociedad civil la creación de grupos dedicados a la promoción de temas como la democracia. Salinas estaba a punto de cerrar su sexenio rodeado sólo de elogios por parte de los medios y gobiernos internacionales que destacaron sus políticas de apertura económica, como la privatización de cientos de empresas y el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Pero el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZNL) el 1 de enero de 1994, recuerda Maza, justo a la entrada en vigor de este acuerdo comercial, cambió de manera “radical de la visión que el mundo tenía de México”. El alzamiento, dice la investigadora en “México: retórica sin compromiso”, publicado por la Flacso en 2009, mostró “las terribles condiciones de discriminación y pobreza en las que vivían los pueblos indígenas”, propiciando un gran movimiento de solidaridad en todo el mundo e intensificando las relaciones internacionales de las organizaciones mexicanas. Estas relaciones generaron, ya en la Presidencia de Zedillo, informes que expusieron a nivel internacional casos como el encarcelamiento del general José Francisco Gallardo o la matanza registrada en 1995 en Aguas Blancas, Guerrero, además de propiciar la primera visita a México de un representante de la CIDH. Ante el aumento de las críticas, sin embargo, lo que Zedillo hizo fue entrar en “negación” e iniciar una campaña de expulsión de extranjeros –sobre todo a los considerados simpatizantes de la causa zapatista– e incluso imponer una visa especial para observadores de derechos humanos. Una de las organizaciones expulsadas, recuerda la autora, “señaló que ni con Videla en Argentina les había ocurrido lo anterior y que México se encontraba al nivel de Irak, Irán y Sudán”. A partir de 2000, y “ávido de cambiar la imagen” ante el mundo, dice la investigación de Maza, el entonces nuevo Presidente Fox eliminó los requisitos para las visas de observadores de derechos humanos, inició una política de apertura y de alianza con diferentes organizaciones internacionales, se convirtió en donador de la CIDH e incluso, ante el Consejo de Seguridad de la ON, se opuso a la invasión de Estados Unidos en Irak. “Todas estas acciones propiciaron que la presión internacional sobre México disminuyera considerablemente a partir de 2001”, plantea el texto de Maza. Fox, así, nombró a un militar como procurador de la República y trasladó miles de integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional a la nueva Policía Federal. En ese contexto, en octubre de 2001 fue encontrada sin vida la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, cuya muerte violenta con evidencias de haber sido asesinato fue considerada “suicidio” y permanece sin ser esclarecida. Como ocurrió a partir de 1997 por la matanza en Acteal, Chiapas, fue sólo la presión derivada de este crimen de alto impacto y de su impunidad lo que motivó ciertos cambios en el Gobierno federal, como el traslado de la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Secretaria de Gobernación de la relación con las organizaciones mexicanas, la liberación de los campesinos defendidos por Digna Ochoa y del General Gallardo, entre otras medidas. Al mismo tiempo, sin embargo, ocurrieron graves violaciones a los derechos humanos, sobre todo a partir de las cumbres de la Organización Mundial de Comercio en Cancún, en 2003, y de la Unión Europea con México en Guadalajara en 2004, cuando se registraron cientos de detenciones arbitrarias y, en el segundo caso, casos de tortura contra los manifestantes. Fue también durante este sexenio, recuerda la investigación de Maza, que el Gobierno federal apoyó el despliegue policiaco del entonces Gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto contra los manifestantes de San Salvador Atenco, donde hubo dos víctimas de homicidios –uno de ellos un estudiante universitario de 20 años–, cientos de detenciones arbitrarias, allanamientos y violaciones sexuales. Todo finalmente, plantea la investigación, como parte de un comportamiento que impulsó la “institucionalización” de los derechos humanos, pero sólo de manera retórica. “Las expectativas creadas por el cambio del partido en el poder y por su discurso y acciones iniciales en materia de derechos humanos crearon quizá una decepción mayor”, dice la investigación. “Para conseguir las reformas que más le interesaban (fiscal y laboral) necesitaba al PRI, lo que también implicaba cuidar los intereses de éste”, agrega. En este contexto, y ya sin la presión internacional, el avance la “institucionalización” de los derechos humanos esperado con la derrota del PRI en 2000 resultó, concluye Maza, incluso contraproducente. Esto debido a que las reformas y la ratificación de diversos instrumentos internacionales pueden convertirse en los “escudos” que permiten los retrocesos en la protección de los derechos humanos. “En muchos sentidos se podría decir que, en este caso, la ‘institucionalización de los derechos humanos’ en el sexenio de Fox fue contraproducente al impedir que hubiera presión internacional a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en su sexenio y la impunidad que persistió para las graves violaciones del pasado”, dice la investigación de Maza.
“El Estado de Derecho, que es una condición necesaria para el mejoramiento de los derechos humanos, sigue siendo inexistente”, concluye.
Con el rostro de sus ausentes en la playera o en una manta, familiares de personas desaparecidas trabajan con la fiscalía estatal, la Universidad Autónoma el Estado de Morelos y corporaciones federales en las fosas clandestinas de Tetelcingo. Registran minuciosamente la extracción de cuerpos a fin de ayudar a identificarlos y así aliviar el dolor de sus deudos, como narran Concepción y Lina, dos de las buscadoras a las que se debe en gran medida la reapertura de las fosas.
TETELCINGO, Mor: Esta población morelense “representa la confirmación de que el Estado también tiene sus fosas clandestinas”, dice Javier Sicilia, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Al menos aquí, la fiscalía local cavó dos, o “quizá tres”, donde depositó irregularmente más de 100 cuerpos. Las autoridades dicen que es una “práctica común” de las fiscalías del país, aunque eso sea ilegal. Durante las recientes exhumaciones, además de los equipos periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, un grupo de madres y otros familiares de desaparecidos han tenido que usar trajes Tyvek, como los que usan los peritos, a fin de presenciar y registrar todo lo que ocurre en las fosas. En este caso ha sido fundamental la labor de María Concepción Hernández Hernández, madre de Oliver Wenceslao, un comerciante de Cuautla secuestrado y asesinado por delincuentes en 2013, y luego sepultado ilegalmente junto con los otros cuerpos en estas fosas.
Tras recuperar el cuerpo de su hijo en diciembre de 2014, María Concepción y su hermana Amalia iniciaron una batalla legal y civil para lograr que las fosas fueran reabiertas y se identificara a los demás cadáveres. Ella nació en Cuautla y tiene 55 años. “Jamás imaginé que esto pasaría. Pero la fuerza me la da mi hijo, porque yo amo demasiado a mis hijos, por eso estoy aquí, porque no puedo dejar de pensar en lo que estarán pasando las mamás de las personas que están en las fosas”, dice en un receso de los trabajos.
Bajo su traje especial blanco porta una playera con la imagen de Wenceslao. Lleva una gorra que le sombrea el rostro. Su mirada es tímida; durante la entrevista se voltea en varias ocasiones. Desde el principio de la entrevista pide que no le pregunte nada de lo que sucede en las fosas, pues no quiere dar información que ponga en riesgo la diligencia. Ella es parte del equipo que va registrando las condiciones en las que se recuperan cuerpos de la fosa. Uno de los coordinadores de la UAEM le había comentado al reportero que la señora no estaría directamente en las fosas y ella admite que muchas veces tiene miedo: “Sé que no soy valiente”. De todas formas levantó la mano para participar y no se ha perdido ninguna fase del procedimiento.
Su familia se dedica a la venta de pollo en Cuautla, un negocio heredado de sus padres y que ahora continúan sus hijos. “Estudié hasta el cuarto semestre de medicina en la UNAM, pero después me casé y dejé la carrera”.
Cuando se le pregunta por qué está aquí, se le nubla la mirada. Dice que Oliver Wenceslao, que era “como cuchillito de palo”, ahora le sigue insistiendo: “Me dice: ‘¿Ya vieron lo del oficio? ¿Ya presionaron a esta autoridad?’ Así sigue siendo. Me habla a través de las ideas que tengo. Es el vocero de los desaparecidos, por eso luchamos hasta que se abrieran las fosas. Ahora esperamos que todas las personas que están aquí encuentren a sus familias”. Esta mujer menuda y de cabello cano acompañó en el campo El Maguey al rector de la UAEM, Jesús Alejandro Vera Jiménez, y al poeta Javier Sicilia, quienes dieron a conocer que el juez ordenaba la apertura de las fosas. El lugar estaba acordonado y con sellos de la FGE, pero Vera y Sicilia pasaron al centro para dar el anuncio desde el interior, con el apoyo de María Concepción y otras personas. Eso les costó que el gobierno de Graco Ramírez acusara a todo el grupo de sabotaje y ultrajes a la autoridad. No es la primera vez que ocurre; es una víctima que durante más de dos años fue revictimizada y ahora es criminalizada por las autoridades que, en su opinión, deciden no hacer su trabajo. Cuando se le recuerdan los cargos que le fincó el gobierno, contesta: “Si me meten a la cárcel, nada más te pido que me lleves unos cigarritos. No fumo, pero puedo aprender”. Aunque el gobierno morelense se comprometió a retirar esa denuncia, no queda claro en qué etapa se encuentra.
El pasado lunes 23, primer día de los trabajos con la retroexcavadora, las autoridades se dieron cuenta de un error: las fosas estaban a un lado del hoyo que tomó todo el día abrir. “¿Qué te digo? Es el colmo. Y todavía se atreven a decir que no hay irregularidades”, comenta la entrevistada mientras mueve la cabeza con desaprobación y se acomoda el traje, que se desacomodó al mostrar la imagen de su hijo, porque en unos minutos se reiniciarán los trabajos de exhumación.
La joven Mireya Tranquilina Hernández Lagunas es madre de Mireya Montiel Hernández. El 13 de septiembre de 2014 esta joven, entonces de 18 años, salió con su novio, pero éste la dejó sola un momento y cuando regresó ya no estaba. Desde entonces Tranquilina comenzó a buscarla. Hace un mes, al enterarse del caso de las fosas de Tetelcingo, solicitó a un juez que instruyera a la FGE para que la UAEM participara en la exhumación e identificación de los cuerpos como su representante. Lo logró. Estos trabajos de exhumación con observadores y equipo técnico le deben mucho a su intuición.
Esta madre joven y soltera no pierde el buen humor a pesar de la tragedia. Anteriormente su mayor preocupación era llevar el sustento a Mireya y su otra hija, de 13 años, que estudia la secundaria. Era trabajadora doméstica “en casas de judíos”, pero desde que desapareció su hija dejó de trabajar y se dedicó de lleno a investigar su paradero. Para “irse sosteniendo” recicla periódicos y hace artesanías.
Aparte de contribuir a la apertura de las fosas de Tetelcingo, hace unas semanas, Hernández Lagunas formó parte de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas que fue a Veracruz, donde localizó fosas con restos humanos. Su fuerza se nota cuando habla.
No sé si voy a encontrar a mi hija aquí, porque yo la sigo buscando con vida. Pero debo tener los pies en la tierra, aunque mi esperanza es que continúe viva y no se encuentre aquí”, dice mientras se nublan sus ojos café claro.
Recuerda sus inicios como buscadora: “Me fui juntando con otras mamás. Entendí que la desaparición de mi hija no es la única, que existen muchas que andan como yo, buscando hasta debajo de las piedras. Un día supe que había una capacitación para buscar en fosas. Es muy difícil aceptar que la hija de uno puede estar en una fosa; una quiere pensar que las va a encontrar con vida. Pero de todos modos fui.
“Me enseñaron cómo rascar la tierra, cómo usar la pala y el pico. Me enseñaron cómo es el olor cuando hay gente enterrada. Aprendí. Después vino la Brigada (Nacional) y primero pensé que no podría ir, por mi otra niña. Pero mi familia me ha apoyado mucho; saben que debo hacerlo, así que terminé yendo a Veracruz”. Buscar allá es diferente: “Miedo, miedo real, lo he sentido en Veracruz. Aquí en Morelos no es miedo, es más bien rabia, dolor, tristeza”. Enfundada en su traje Tyvek con el logo de la UAEM en la espalda, Hernández Lagunas se encuentra en el filo de las fosas, registrando cada detalle. Uno a uno los cuerpos van saliendo y ella escucha, registra, observa. “No tengo estudios (terminó la secundaria), pero la verdad, a algunos de los peritos de la fiscalía les podríamos enseñar su trabajo”, dice divertida.
Para el cuarto día de exhumación se le ve cansada. Tiene ojeras, pero no se raja. “Tenemos que seguir. Las personas que están en las fosas no son basura, no son animales, hay que apurarnos y sacarlos a todos de ahí”, dice a pesar de que la diligencia puede demorarse otros 15 días.
Además, la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas regresará a Veracruz, y Lina, como la llaman sus amigos, ya se prepara para ir: “El dolor que siento es el mismo que tienen otras madres, otras familias. Yo quiero contribuir a buscar a otras personas. Traje esa lona con la cara de mi hija, la puse ahí porque quiero que si sale en las cámaras (de televisión), quizás alguien la haya visto y me avise. Pero también quiero que si ella ve las imágenes, se dé cuenta de que la estoy buscando, de que a pesar del tiempo no he dejado de buscarla, de extrañarla”, explica mientras baja el rostro. Se le cae su celular. “¡Ese teléfono! Ya no lo quiero, siempre se me cae”, dice sonriente; lo levanta, se despide y regresa a trabajar. Junto a las carpas de la UAEM, una ambulancia sirve para la toma de muestras. Unas 40 personas han venido porque oyeron que estos días también están elaborando de manera gratuita el perfil genético de los familiares. Con el rostro triste, con el dolor vivo en la mirada, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, con la fotografía de sus ausentes, van contando su historia, mil veces repetida y mil veces ignorada. Al fondo se escucha la retroexcavadora. Camarógrafos y fotógrafos se pelean un lugar sobre la pipa de la UAEM que les sirve de mirador en el límite del perímetro. Otros se acomodan entre las rejas de seguridad. Las madres miran con esperanza la escena. La máquina ha exhumado a un cuerpo más. Mientras unas mujeres cantan la Oda a la alegría o pintan un hermoso mural sobre papel, otras se apuran a darle la bienvenida al cuerpo rescatado del abismo: “¿A qué hora salió?” Apuntan en una cartulina la fecha, la hora y el número de cuerpo; luego la atan al perímetro.
En el oriente, el Popocatépetl exhala otra fumarola.
CIUDAD VICTORIA, Tamps: La zona donde fue secuestrado el jugador internacional de futbol Alan Pulido Izaguirre es una “madriguera de zetas, donde se han localizado narcofosas y casas de seguridad”, dijo a Proceso.com una fuente de la Procuraduría estatal. Cientos de policías estatales, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal mantienen un gran operativo en el área. Mientras un helicóptero sobrevuela la carretera Interejidal, los efectivos policiales comenzaron a “reventar” casas de seguridad para intentar localizar al jugador. La Coordinación Antisecuestros de Tamaulipas confirmó esta mañana al gobierno federal el plagio del futbolista Pulido. En las redes sociales la etiqueta #AlanPulido ya se convirtió tendencia número uno. Los comentarios destacan que tiene que suceder el plagio de un famoso futbolista para que las autoridades actúen contra los secuestradores. “Tenía que ser secuestrada una figura pública como #AlanPulido para romper el silencio en Tamaulipas”, coinciden los usuarios de Twitter. La alerta sobre el secuestro de Pulido, quien juega en el Olympiacos de Grecia, fue realizada por su hermano Armando, quien se encuentra en Ciudad Victoria y ya confirmó el plagio a varios medios de Monterrey y la Ciudad de México. Alan Pulido fue plagiado al filo de la medianoche del sábado cuando se desplazaba en un vehículo junto con su novia Ileana Salas sobre la carretera Interejidal. Hombres armados que viajaban en al menos dos autos los interceptaron a la altura del Parque Ecológico Los Troncones. Las autoridades reportan que se llevaron a la fuerza al jugador pero dejaron a su novia. Trascendió que los plagiarios hasta el momento no han solicitado rescate. Esta madrugada se recibió una llamada a la línea de emergencias 066 que alertó sobre el secuestro del jugador profesional. En su portal de internet, El Diario de Ciudad Victoria indicó que el Grupo Antisecuestros de la Procuraduría de Tamaulipas investiga el paradero del futbolista “después de que se reportara que hombres armados lo habían secuestrado a la entada de Los Troncos, la noche de ayer”, dice el medio que no cita fuente. La carretera Interejidal registra varios hechos violentos sucedidos recientemente. Uno de ellos ocurrió el pasado 21 de marzo del 2016, cuando presuntos miembros de los Zetas incendiaron el restaurante Los Magueyes, ubicado a pocos metros del Complejo de Seguridad de Tamaulipas. Las autoridades estatales aseguraron que se trató de un incendio provocado por una colilla de cigarro. No obstante, la versión extraoficial es que se negó a pagar la cuota que exigen los criminales a todos los negocios de Ciudad Victoria. Un día antes una persona fue asesinada en esa zona con disparos de arma de grueso calibre. Además está el incendio de un vehículo repartidor de la empresa Sabritas, mientras que su chofer fue secuestrado. Anteriormente dos distribuidores de esa marca fueron asesinados y otros fueron amenazados para que no llevaran productos de Sabritas al penal de Ciudad Victoria. La mañana de este domingo también se reportó una gran movilización de fuerzas de seguridad en la colonia Solidaridad, donde se localizó un hombre sin vida. En las redes sociales circuló una foto y se especuló que se trataba del jugador Alan Pulido. No obstante, ni la foto corresponde al cuerpo reportado esta mañana y tampoco se trata del jugador profesional que recién disputó la final de la liga de Grecia. En días pasados se reportó que Pulido Izaguirre se encontraba descansando en esta ciudad, donde vive su familia. La cuenta oficial de Twitter @puliidooo, no hacía comentario sobre estos hechos. Pulido sostiene un litigio contractual con Tigres de la U. de Nuevo León que le impide ser convocado por la selección nacional. El Olympiacos es el actual campeón de la liga griega. El secuestro del jugador internacional ocurre a una semana de que los tamaulipecos acudan a elegir gobernador, alcaldes y diputados. La inseguridad ha sido uno de los temas más álgidos de la campaña, la cual impondrá un inédito récord en la democracia mexicana: la renuncia de más de 100 candidatos, algunos de ellos debido a que fueron amenazados por el crimen organizado.
El secuestro es uno de los rubros que más preocupan a los ciudadanos, ya que Tamaulipas se encuentra entre las entidades con el mayor número de plagios a escala nacional. En ciudades como Ciudad Victoria ocurren un promedio de 14 secuestros por mes. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO, LUCIANO CAMPOS. LINK: http://www.proceso.com.mx/442119/reportan-secuestro-del-jugador-alan-pulido
CIUDAD DE MÉXICO: El mandatario capitalino Miguel Ángel Mancera y representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) firmaron este lunes en París un convenio de combate a la corrupción. Ese organismo “evaluará la lucha anticorrupción y también podrá hacer propuestas concretas” sobre el combate en esa materia en la Ciudad de México, que incluirá la vigilancia de la contratación de servicios destinados a la capital, destacó Mancera al iniciar una gira de trabajo en Francia y luego de reunirse con el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría. “Vamos a tener trabajos conjuntos con la OCDE a partir de un convenio en donde nos hemos comprometido a revisar las prácticas, las formas y las tareas propias de la contratación en la ciudad, a fin de combatir este mal que no es exclusivo de la Ciudad de México, pero sí propio de los gobiernos, que es la corrupción”, declaró el jefe de Gobierno a la agencia Notimex. Añadió: “Las tareas propositivas serán muy importantes por parte de la OCDE, las experiencias y las buenas prácticas (…) Se va a volver muy importante esta evaluación de las diferentes zonas de oportunidad por parte de la OCDE”. En ese sentido, destacó que “hoy por hoy la Ciudad de México se convertirá en breve en la primera ciudad del mundo en tener una operatividad de la tarea que se llama ‘open contracting’, que apenas se presentó hace algunas semanas en Londres”. La Ciudad de México ya ha tomado varias acciones en esta tarea y “estamos buscando la migración con mayor intensidad del gobierno electrónico, un gobierno de gestión directa en donde no se tengan espacios discrecionales para la atención del día a día de la gente”, subrayó. Como parte de su gira por Francia, que concluirá el próximo 1 de junio, el mandatario capitalino se entrevistará con la alcaldesa de París, la socialista Anne Hidalgo, con quien abordará, entre otros temas, la próxima reunión del C40, organización de la que forman parte alcaldes de 83 de las metrópolis más grandes del mundo.
Mancera tiene previsto asistir mañana a una recepción que ofrecerá el presidente galo Francois Hollande en su residencia del Palacio del Elíseo, como parte de los festejos de la Semana de América Latina en Francia, y un día después participará en el foro anual de la OCDE sobre “Ciudades incluyentes”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/442198/mancera-la-ocde-firman-convenio-combate-a-la-corrupcion
San Cristóbal de Las Casas, Chis. Como parte de las acciones de protesta para exigir la abrogación de la reforma educativa y la apertura de una mesa de diálogo nacional, maestros de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que desde el 15 de mayo están en paro de labores, tomaron ocho gasolinerías en Tuxtla Gutiérrez, informó Manuel de Jesús Mendoza Vázquez, secretario general suplente de la sección 7. Explicó que la “liberación” de los ocho expendios “más grandes” de la capital comenzó a las 9 y según el acuerdo de la asamblea estatal el retiro de los profesores se programó para las 14 horas, en caso de que la policía no hiciera acto de presencia. En entrevista, señaló que a partir de la toma de los expendios los maestros permitieron a los automovilistas que cargaran diez litros de combustible gratis por unidad. “De algún modo hemos encontrado la comprensión de los gerentes que están colaborando para hacer la distribución, aunque a veces se bloquean las bombas”, comentó. Señaló que hasta las 11.30 horas no había presencia policíaca en ninguna de las gasolinerías tomadas porque “fue una acción sorpresa y no dimos oportunidad de que las fuerzas represivas del Estado se movilizaran antes”. Mendoza Vázquez insistió en que la exigencia del movimiento magisterial aglutinado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), es que el gobierno federal abra la mesa de negociaciones para tratar el tema de la reforma educativa. “Necesitamos una mesa de diálogo y negociación en la que sean resueltos los problemas de los trabajadores de la educación, no un diálogo de mudos ni sordos como proponen el sargento (Aurelio) Nuño” y el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, que “se niegan a debatir sobre la mal llamada reforma educativa”, aseveró. Agregó: “Salimos a este paro indefinido de labores como último recurso porque ellos están en la cerrazón total de resolver los problemas de los trabajadores de la educación, y ahora que contamos con un gran respaldo popular no podemos y de padres de familia no vamos a aceptar condiciones del gobierno, queremos mesa de negociación para discutir la principal demanda de los profesores. Informó que para mañana martes los padres de familia tienen programada la toma de alcaldías en el estado y el magisterio definirá en su asamblea de la noche del lunes, “acciones contundentes y de gran calado” para ese mismo día. Tabasco Maestros de la Coordinadora Nacional de la Educación (CNTE), sección Tabasco, se manifestaron esta mañana en la capital tdel estado en contra de la reforma educativa por considerarla un agravio a sus derechos laborales.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que al cierre del periodo enero- marzo de 2016, la cartera vencida por clientes morosos asciende a 41 mil 880 millones de pesos. Precisó que la cartera vencida a nivel nacional se integra en un 55 por ciento por adeudos en el sector doméstico. En este rubro la deuda es cercana a los 23 mil millones de pesos. Le sigue el sector comercial con un 10 por ciento, es decir 4 mil millones 100 mil pesos. Por su parte, los sectores agrícola y de servicios representan, cada uno, 7 por ciento de la cartera vencida total de la CFE. La Empresa Productiva del Estado, destacó que al cierre de marzo del 2016 logró reducir en 2 mil 368 millones de pesos su cartera vencida en relación al mismo mes del 2015. Así, para marzo de este año, la CFE reporta una cartera vencida de 41 mil 880 millones de pesos, 5.4 por ciento menor que la de hace un año. Los pagos en mora de los usuarios de la CFE que han superado los 30 días su fecha de vencimiento constituyen la cartera vencida de esta Empresa Productiva del Estado. Para reforzar la cultura del pago justo y oportuno entre sus usuarios, la Comisión Federal de Electricidad realiza llamadas, cartas y visitas personalizadas a aquellos que se encuentran en mora. Además, la CFE realiza la suspensión del suministro de energía eléctrica ante la falta de pago de sus clientes, en total apego a los protocolos de desconexión y reconexión del servicio. De igual forma, la CFE ha aumentado las opciones para realizar cobros a sus usuarios. Actualmente, estos pagos se pueden hacer en cualquiera de las oficinas de atención de la Empresa Productiva del Estado, en los CFEmáticos, en sucursales bancarias y diversas tiendas de autoservicio, de conveniencia y farmacias afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). Además, existe la opción de realizar pagos en línea desde la página de internet. La CFE pone a disposición el número telefónico 071 y su cuenta de Twitter @CFEmx para resolver dudas o comentarios de sus usuarios sobre su recibo de luz. Además, la CFE reitera su compromiso de brindar un servicio de mayor calidad, a costos más competitivos y con procesos más amigables con el medio ambiente.
La CFE pone a disposición el número telefónico 071 y su cuenta de Twitter @CFEmx para resolver dudas o comentarios de sus usuarios sobre su recibo de luz. Además, la CFE reitera su compromiso de brindar un servicio de mayor calidad, a costos más competitivos y con procesos más amigables con el medio ambiente. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: ISRAEL RODRÍGUEZ. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/30/aumenta-a-casi-42-mil-mdp-cartera-de-morosos-de-cfe
