CIUDAD DE MÉXICO: Luego de cuatro años de ocurrida la matanza de reos en el Penal de Piedras Negras, Coahuila, la Procuraduría General de Justicia del estado cumplimentó cinco órdenes de aprehensión por el delito de desaparición forzada de personas.
Se trata de David Alejandro Loreto Mejorado, Francisco Javier Vélez, Santiago Peralta García, Ramón Burciaga Magallanes y Manuel Elguezabal Hernández, informó el encargado de la Subprocuraduría Especial Para la Búsqueda de Personas No Localizadas, José Ángel Herrera Cepeda.
En enero de 2012, al menos 150 personas fueron asesinadas por células del crimen organizado dentro del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Piedras Negras.
Las víctimas, la mayoría de ellas vinculadas con la delincuencia, fueron secuestradas en distintos municipios de la zona norte de Coahuila y llevadas al Cereso de Piedras Negras, donde las mataron internos y personas en libertad que tenían acceso al inmueble.
Sobre esos hechos, las investigaciones han arrojado la detención de cinco personas, destacó este lunes Herrera Cepeda, y sostuvo que hay otorgadas otras 10 órdenes de aprehensión que se está buscando cumplimentar.
“Derivado de una revisión que se hizo al interior del Centro Penitenciario de la Ciudad de Piedras Negras, se obtuvo información de que en dicho lugar existió un autogobierno dirigido por miembros de la delincuencia organizada, específicamente del grupo denominado ‘Los Zetas’”, señaló el funcionario estatal, de acuerdo con información difundida por el diario Vanguardia.
Herrera Cepeda añadió que por diversas entrevistas con internos se identificó a Burciaga Magallanes, uno de los detenidos, como quien ordenaba ejecutar e incinerar posteriormente a internos.
“Posterior a la incineración de los cuerpos, las cenizas fueron trasladadas y vertidas en el Río San Rodrigo, a la altura de ejido ‘El Moral’, que se encuentra en la carretera Piedras Negras-Acuña”, detalló.
Y dijo que de aproximadamente 138 entrevistas se obtuvieron 42 declaraciones testimoniales de carácter ministerial, por lo que se advierte que hay más involucrados en el caso, quienes se habrían fugado de ese penal en septiembre de 2012.
“Las personas fugadas y que han sido recapturadas se encuentran internas en distintos centros penitenciarios federales del país, por ello se solicitó colaboración para recabar sus declaraciones y en su momento ejercer la acción penal correspondiente”, añadió Herrera Cepeda.
Asimismo, aseguró que se cuenta con diversas evidencias, como fragmentos óseos recolectados en el interior del penal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443239/detienen-a-cinco-responsables-la-masacre-en-penal-piedras-negras
COLIMA, Col: Por diversas irregularidades en el manejo de los recursos públicos, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (Osafig) anunció que presentará ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado una denuncia de hechos contra el exgobernador Mario Anguiano Moreno, por la probable comisión de conductas “que pudieran tipificarse como delitos”.
El organismo recomendó además al Congreso de Colima ejercitar las acciones legales necesarias y procedentes, a efecto de denunciar ante las instancias competentes los presuntos delitos, a la vez que propuso aplicar una sanción económica de poco más de 707 millones de pesos e inhabilitar al exmandatario hasta por 14 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público estatal y municipal.
Lo anterior quedó establecido en el dictamen de la auditoría especial practicada por el Osafig bajo la figura jurídica de Revisión de Situación Excepcional a la deuda pública del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, que fue dado a conocer la noche de este lunes en el sitio web del organismo.
Junto con el exgobernador, el ente fiscalizador planteó sanciones contra 5 de sus colaboradores en la administración que terminó el 31 de octubre: Rafael Gutiérrez Villalobos, exsecretario general de Gobierno; Blanca Isabel Ávalos Fernández, exsecretaria de Finanzas y Administración; Adriana Elizabeth Vargas Valle, exdirectora general de Egresos; Jorge Anguiano Olmos, exdirector de Presupuesto; Ricardo Miguel Arteaga González, exdirector de Presupuesto, los tres últimos adscritos a la Secretaría de Finanzas y Administración.
Entre los actos atribuidos al exmandatario y a sus excolaboradores figuran distraer los caudales públicos de los objetos a que están destinados por la ley; presentar información falsa al Congreso del Estado en su iniciativa del 10 de septiembre de 2015, donde solicita reconocimiento de deuda, y generar daños y perjuicios a la hacienda pública estatal en la adquisición de deuda pública para sufragar necesidades temporales del gasto corriente.
Otra anomalía detectada por el Osafig fue el pago del crédito del 8 de diciembre de 2014, con ingresos de otro crédito del 2 de enero de 2015, sin realizar el registro del pasivo de 478 millones de pesos y sin la autorización del Congreso, “simulando su pago el 31 de diciembre de 2014, con la emisión del cheque 7,477 de la cuenta bancaria BBVA Bancomer 0446533620 sin suficiencia financiera, y con ello pretender simular su pago dentro del ejercicio de contratación, registrándose como finalidad del crédito la compra de un predio por 478 millones de pesos, sin efectivamente efectuarse”.
Conforme a las responsabilidades atribuidas a cada uno de los exservidores públicos acusados, el Osafig plantea inhabilitación por hasta seis años para el exsecretario general de Gobierno; Rafael Gutiérrez Villalobos; hasta diez años para la exsecretaria de Finanzas y Administración, Blanca Isabel Ávalos Fernández; la exdirectora general de Egresos, Adriana Elizabeth Vargas Valle; y el exdirector de Presupuesto, Jorge Anguiano Olmos; y hasta de seis años para el exdirector de Presupuesto, Ricardo Miguel Arteaga González.
Firmado por el Auditor Superior del Estado, Carlos Armando Zamora González, el dictamen señala que la auditoría a la deuda pública del Poder Ejecutivo del Estado se practicó sobre información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.
“La auditoría —dice el documento— fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, se aplicaron los procedimientos de auditoría y verificación de los registros contables del sistema informático SAP y las evidencias documentales que los soportan. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen que se refiere sólo a las operaciones revisadas”.
El Osafig dijo haber constatado el origen y verificado el destino de los ingresos extraordinarios obtenidos y erogados por el Poder Ejecutivo, provenientes de empréstitos con la banca comercial que fueron objeto de conversión, reconocimiento y refinanciamiento por parte del Poder Legislativo del Estado, mediante Decreto 565 aprobado el 20 de septiembre y publicado en el Periódico Oficial el “Estado de Colima” el 21 de septiembre de 2015 por el importe de 638 millones de pesos.
De acuerdo con el organismo fiscalizador, el destino de los recursos obtenidos del crédito suscrito el 21 de agosto de 2015 no correspondió a inversión pública productiva, “a contrario de lo informado por el entonces titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima en su iniciativa de endeudamiento, que sirvió de soporte para la emisión del citado decreto legislativo, lo anterior en incumplimiento al mandatado de los artículos 117 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo 33 fracción XXXVIII de la Constitución Local del Estado, y 5 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443231/van-tras-exgobernador-colima-piden-sancion-707-mdp-e-inhabilitacion-14-anos
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron cuatro plazas comerciales en esta capital, y otro grupo de docentes y padres de familia hizo lo mismo en diversos municipios del estado.
A 24 días del parto magisterial, los inconformes con la reforma educativa se instalaron en Plaza del Sol, Plaza Polifórum, Galería Boulevard y Plaza Crystal en Tuxtla, aunque poco antes de su arribo, hicieron su aparición policías estatales y federales, quienes se tomaron los accesos.
Con esta acción, los maestros paralizaron las actividades económicas de negocios, bancos y empresas de cine como Cinemex, Cinépolis, Soriana, Liverpool, Chedraui, Sears, Sanborns y otras empresas.
La toma inició a las 9 de la mañana y continuará hasta las 4 de la tarde.
Por otra parte, cientos de maestros y padres de familia tomaron plazas comerciales en otros municipios, como San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Mapastepec, Tapachula, Cacahoatán, Tuxtla Chico y Escuintla, y también hubo marchas en Yajalón y Frontera Comalapa.
En el transcurso del día se espera que continúen las movilizaciones y acciones de protesta en apoyo al movimiento magisterial en Chiapas.
La acción de los docentes de las secciones 7 y 40 de Chiapas, apoyados por normalistas, padres de familia y organizaciones sociales, exigen dar marcha atrás a la reforma educativa aprobada en 2013.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443266/toman-maestros-cuatro-plazas-comerciales-en-tuxtla-gutierrez
Tras la victoria de la alianza PAN-PRD en las elecciones del domingo pasado, Javier Duarte señaló que es momento de unidad y reconciliación.
Luego que Miguel Ángel Yunes, virtual ganador de la elección en Veracruz, amenazó con meter a la cárcel a Javier Duarte, el gobernador priista hizo un llamado a la reconciliación.
Duarte señaló que tras la elección “es tiempo de la reconciliación y de la unidad”, sin importar su filiación partidista.
Agregó que la alternancia es un valor de la democracia y que en el estado llegó para quedarse, luego de que el PRI perdió el gobierno del estado frente al candidato de la coalición PAN-PRD.
“La alternancia es uno de los valores que integra a la democracia, a partir de ella habremos de seguir demostrando nuestra solidez institucional y nuestra convicción de que ésta llegó para quedarse”, dijo Duarte a medios este martes desde la Sala de Banderas de Palacio de Gobierno.
El gobernador calificó a la jornada electoral de domingo como “histórica” pues los veracruzanos “demostramos la convicción de nuestra libertad democrática en paz, orden legalidad y transparencia”.
“Hoy comprobamos que somos un pueblo maduro con instituciones solidad y confiables”, señaló.
Duarte reconoció a las candidatas y candidatos que participaron en el proceso electoral y felicitó a los ciudadanos que participaron como representantes de casilla.
Llamó a sus colaboradores a continuar su trabajo hasta el último día de su gobierno.
Las declaraciones del actual gobernador ocurren luego de que Miguel Ángel Yunes señaló que no dudará en encarcelar a Javier Duarte.
“Sin duda, hay dos vías, una vía es la federal donde ya hay denuncias varías, más de 20 de la Auditoría Superior de la Federación por desviación de miles y miles de millones de pesos, 35 mil”, agregó el candidato a la gubernatura en entrevista con Radio Fórmula.
Yunes detalló que la otra vía es auditar el uso indebido de recursos estatales e investigar el presunto enriquecimiento ilícito del gobernador de Veracruz.
“No hemos empezado todavía a auditar los recursos estatales, hay que recordar que el Gobierno Federal, la Auditoria Superior sólo puede auditar fondos federales, cuando llegue al gobierno en el proceso de transición empezaremos a auditar 12 años atrás el uso de recursos estatales porque es absolutamente indebido lo que nos han hecho a los veracruzanos”, dijo.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/javier-duarte-pide-reconciliacion-y-unidad-en-veracruz-tras-triunfo-del-pan-prd/
La Secretaría de Medio Ambiente publicó este martes la norma para verificar las emisiones contaminantes que usan como combustible gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural, diésel, entre otros alternos.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio a conocer la Norma Oficial Mexicana de Emergencia que establece límites de emisión de contaminantes más estrictos estos son los datos generales de la norma con la que autoridades federales y locales esperan reducir la contaminación.
Ya que los vehículos no son la única fuente de contaminación, la Semarnat presentará en los próximos días medidas adicionales que regularan otras fuentes de contaminación.
1. Los vehículos que estarán sujetos a esta normar serán los que circulen en la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
2. La NOM-EM-167-SEMARNAT-2016 entrará en vigor el 1 de julio de este año, y aplicará por seis meses para todos los vehículos de más de 400 kilogramos. La norma se puede extender por seis meses más.
3. La nueva norma le da facultades a las autoridades locales parar retirar de manera inmediata de la circulación a los vehículos que emitan humo.
4. Los vehículos podrán circular todos los días si pasan el nuevo sistema de verificación, sin importar el año y el modelo.
5. Están incluidos los vehículos que presten servicio público, federal o local, así como privado regulado por las leyes federales o locales en materia de autotransporte.
6. Quedan fuera de esta norma los automotores con peso bruto menor a los 400 kilogramos, motocicletas, tractores agrícolas, maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y de la minería.
7. El Sistema de Diagnóstico a Bordo (SDB) será el método para verificar los vehículos. Los vehículos modelo 2006 en adelante ya cuentan con este sistema, que monitorea de manera constante el funcionamiento de todos los sistemas involucrados en el control de emisiones.
8. A los vehículos 2006 y posteriores que no tengan SDB se les realizará una prueba dinámica para medir su emisión de contaminantes a través del escape.
9. Con el uso del SDB la Semarnat busca terminar con la impunidad en los verificentros, pues el técnico no puede alterar los datos de la computadora del vehículo.
10. Los vehículos modelo 2005 y anteriores, cuyo peso bruto no sea mayor a 400 kilogramos y usen un combustible diferente a diésel serán sometidos a una prueba dinámica.
11. Los vehículos modelo 2016 y posteriores, que utilicen gas natural o gasolina como combustible y cuenten con el sistema especificado en esta NOM, quedarán exentos de la verificación vehicular hasta por cuatro años a partir de su adquisición. Excepto los que presten cualquier tipo de servicio público, federal o local, así como servicio privado regulado.
12. Las autoridades locales y federales establecerán los lineamientos específicos de circulación de estos vehículos automotores en los programas de Verificación Vehicular Obligatoria (PVVO).
13. El 14 de julio de 2016 empezará a operar el programa computacional de la Prueba del Sistema de Diagnóstico a Bordo y el software de la plataforma tecnológica.
Los gobernadores de la Megalópolis se preparan
El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera dijo que hay 64 verificentros en la capital que cuentan con el software actualizado para comenzar las revisiones bajo los nuevos protocolos.
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, señaló que en su estado se procesará el acuerdo para licitar todos los centros de verificación a partir de cero, con el apoyo del Observatorio Ciudadano, autoridades y organismos científicos ambientales bajo un rigor extremo para evitar que las concesiones queden bajo intereses particulares.
José Francisco Olvera Ruiz, el gobernador de Hidalgo, refrendó que sí estarán en condiciones de operar bajo la nueva norma, pues en su conformación participaron todas las autoridades. Ya cuenta con los pasos previos para homologar los sistemas operativos y las medidas que se aplicarán en los verificentros.
Su homólogo del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, aseguró que el gobierno del estado está listo con el software necesario, en tanto que los verificentros cuentan con las características necesarias que establece la nueva norma para que puedan operar.
En su turno el mandatario de Puebla, Rafael Moreno Valle, recordó que desde 2014 se cerraron en esa entidad todos los verificentros que no cumplían la Norma Oficial Mexicana (NOM) de entonces y se lanzó una licitación pública nacional que permitió su modificación, por lo que hoy todos cumplen con la nueva regulación.
A partir del 1 de julio, dijo, los verificentros de la entidad poblana estarán en condiciones de cumplir con la Norma Emergente de Verificación Vehicular que se acaba de anunciar.
Por su parte, el gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur, dijo que está dispuesto a trabajar en conjunto para cumplir con la nueva norma.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/10-datos-sobre-la-nueva-norma-de-semarnat-para-la-verificacion-vehicular/
Chiapas se convulsiona por los conflictos postelectorales, las movilizaciones magisteriales y campesinas para pedir la destitución del gobernador Manuel Velasco Coello. A ese clima de inestabilidad se suman las quejas de los empresarios y los proveedores que exigen el pago de sus servicios… pero el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, dice que en el estado no hay ingobernabilidad.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS: Ganar la gubernatura le resultó fácil a Manuel Velasco Coello –obtuvo 1 millón 300 mil votos en los comicios de 2012–, pero lo suyo no es precisamente gobernar. Durante los tres años de su administración, la entidad se convirtió en un polvorín.
Los conflictos sociales estallan por doquier y se suman a los que heredó de su antecesor, Juan Sabines Guerrero. Hoy, son cada vez más los gremios que exigen su renuncia, mientras otras organizaciones, las más radicales, piden incluso la desaparición de poderes en el estado.
Si bien Sabines Guerrero dejó a Chiapas en la bancarrota, lo que provocó que en 2013 se colapsaran las finanzas públicas, Velasco Coello no supo atender los reclamos de la burocracia chiapaneca, que no sólo exigía mejoras salariales, sino que llegó a denunciar la precariedad laboral, pues ni siquiera había papelería oficial para imprimir actas de nacimiento o licencias de manejo.
Luego tuvo que enfrentar a los proveedores que reclamaban los pagos por sus servicios prestados a las dependencias públicas. Las quejas se centraron en el mexiquense Daniel Sandoval Jafif, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y hombre de todas las confianzas de Velasco Coello, a quien algunos columnistas políticos consideran inamovible.
Durante los últimos meses, organizaciones sociales, campesinas y religiosas, así como los maestros, no han dejado de expresar su descontento mediante marchas, tomas de alcaldías y bloqueos de carreteras, lo que afecta al turismo y al sector empresarial, que ya expresó su malestar. Muchos de los problemas, en particular el magisterial, se están saliendo de control.
El pasado 31 de mayo, en Comitán, seis maestros disidentes, entre ellos varias mujeres de la tercera edad, fueron vejados por presuntos miembros de la Organización Proletaria Independiente Emiliano Zapata –liderada por Santiago Calvo López–, quienes los calificaron de traidores. Los agresores los hicieron caminar descalzos y posteriormente los raparon. Poco después Calvo López fue detenido.
La caseta de la autopista que comunica a Tuxtla y el Centro de Chiapas con San Cristóbal de Las Casas y la región Altos y Selva ha sufrido los embates de los inconformes, quienes suelen cobrar el peaje a los automovilistas que circulan por la zona.
La carretera que va de San Cristóbal de Las Casas a Ocosingo y Palenque –la zona de mayor afluencia turística– ha sido bloqueada varias veces por los lugareños, lo que afecta al turismo y a los transportistas. En la comunidad de Mitzitón, en San Cristóbal de Las Casas, muchas familias dejaron sus propiedades por diferencias religiosas; y en varios municipios los conflictos postelectorales aún no se resuelven…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2066 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO
LINK: http://www.proceso.com.mx/443233/manuel-velasco-gobernador-rebasado
CIUDAD DE MÉXICO: El abogado de ocho policías federales detenidos por su presunta participación en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal del federal del Altiplano I, ocurrida el 11 de julio de 2015, informó que sus defendidos podrían quedar en libertad a partir de mañana, luego de demostrar violaciones procesales desde que se les tomó la declaración inicial hasta que se les dictó el auto de formal prisión.
“Desde mañana al mediodía o el jueves en la madrugada podrían salir libres los 10″, dijo De la Cruz en entrevista con Radio Fórmula.
De acuerdo con el abogado, el pasado jueves 2 logró que se ordenara la reposición del proceso en cuanto al auto de formal prisión, lo que implicó que se volvieran a tomar las declaraciones iniciales a los inculpados, y el próximo jueves 9 vence el plazo para que el juez determine su situación jurídica.
Destacó que tienen una ventaja en la resolución donde la magistrada del Quinto Tribunal Unitario dice que para evitar violaciones al Artículo 17 de la Constitución, las pruebas que fueron desahogadas se quedan intactas, “entonces el juez tiene conocimiento de estos elementos que ya habían sido aportados dentro de la causa, más lo que estamos incorporando dentro de este nuevo plazo constitucional, en donde esperamos que su consideración ya sea diferente”.
Señaló, asimismo, que bajo su estricto apego al conocimiento del derecho penal, se ha caído en una violación al no poner a sus defendidos en libertad, “toda vez que al día de hoy están sin auto de formal prisión desde que fueron detenidos aquella vez en septiembre; entonces tenemos prácticamente ocho meses de detención sin que se les haya dictado una formal prisión”.
Precisó que si se les dicta la libertad, se haría bajo las reservas de ley, y en ese caso las pruebas serían aportadas por el Ministerio Público, pero no suficientes para sujetarlos a un proceso.
De la Cruz dijo que el Tribunal consideró que a los detenidos –consignados en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12, ubicado en Guanajuato– no se les dijo de forma clara y precisa quiénes hacen la imputación, no se les dijo de forma precisa cuáles son las pruebas que a cada uno de ellos los vincula a proceso, ni se les dice que dentro del material probatorio que les fue leído no está especificado cuál de ellos es de cargo para poder combatirlo.
Bajo esos términos “se cometen violaciones a su debido proceso y por eso ordena una reposición”, apuntó.
El abogado resaltó que este miércoles a las 14 horas se vence el primero, para terminar el jueves a las 2 de la mañana con el último.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443248/quedaran-libres-policias-presos-fuga-chapo-abogado
CIUDAD DE MÉXICO: El virtual gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, aseguró que “caminará de la mano” con los maestros de la entidad en el proceso de la reforma educativa, pero advirtió a los disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que no le temblará la mano para aplicar la ley.
“Mi gobierno será de diálogo y construcción, pero firme en aplicar la ley. Vamos a construir juntos la educación que todos queremos, aplicar la ley no significa enfrentarte”, destacó en entrevista con Primero Noticias.
Añadió: “Vamos a caminar de la mano con los maestros y padres de familia en este proceso de la reforma educativa que está siendo exitoso”.
Por otra parte, en entrevista con Grupo Imagen Multimedia, Murat Hinojosa se dijo entusiasmado de esta “gran oportunidad de servir y cambiar al estado” de Oaxaca a través de un gobierno ciudadano, y adelantó que durante seis años trabajará para combatir la pobreza y la corrupción y mejorar la educación.
Destacó que entre las estrategias planteadas para acabar con la pobreza en la entidad destacan, entre otras, la generación de empleo y de inversión, así como la integración a la seguridad social y la capacitación para el trabajo.
Señaló, asimismo, que en Oaxaca “vamos a entrarle al Mando Único y a poner cámaras para regresar la seguridad a nuestras familias”.
Para luchar contra la corrupción –dijo– es necesario crear consejos ciudadanos que se reunirán mensualmente con la sociedad civil para evaluar el uso de recursos públicos.
Sobre la educación y la disidencia magisterial que se opone a la reforma educativa, insistió que a través del diálogo se encontrará la ruta adecuada.
“Lo decía bien José Vasconcelos: los maestros son los apóstoles de la educación, son el ejército y la paz, y yo he platicado con varios maestros, lo que quieren es certeza, certeza y diálogo”.
De acuerdo Murat Hinojosa, conformará un gabinete que sea capaz de ejecutar acciones para convertir en acciones los proyectos y metas de lo que será su administración y lograr el “milagro oaxaqueño”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443242/ofrece-murat-caminar-la-mano-los-maestros-sin-dejar-aplicar-la-ley
El Ministerio Público imputará cinco delitos al exgobernador Rodrigo Medina y funcionarios involucrados. Aquí el paso a paso de lo que viene de este caso, que se desarrollará bajo el nuevo sistema penal.
Esta semana la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León presentará ante un juez el caso contra el exgobernador del estado Rodrigo Medina y diez exfuncionarios más de su administración, por su presunta responsabilidad en cinco delitos: peculado, daño patrimonial, ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y coalición.
Aunque la ley en Nuevo León da un periodo de dos meses para la presentación del caso luego de un embargo precautorio como el que se aplicó sobre 22 propiedades de los involucrados, fuentes de la subprocuraduría confirmaron a Animal Político que esta semana se presentará el expediente ante juez de control y se solicitará fecha para la audiencia inicial donde los inculpados serán citados para que conozcan los cargos.
De forma paralela, la subprocuraduría prepara acusaciones por esta misma investigación en contra de dos presidentes municipales, dos personas que actualmente son diputados federales en funciones y dos ex funcionarios bancarios. Esto por su colusión en las operaciones irregulares para desviar recursos públicos.
Los nombres de estos legisladores, alcaldes y empleados bancarios no se harán públicos hasta que se presente la imputación en su contra, con el objetivo de violentar el principio de presunción de inocencia y poner el riesgo el caso, según lo informado por la fiscalía a este portal informativo.
En la investigación, indicaron las autoridades, también figuran exfuncionarios de puestos menores y una serie de particulares, sobretodo contratistas involucrados en las presuntas operaciones irregulares así como prestanombres. En el caso de ellos, el Ministerio Público espera que proporcionen información antes de proceder en su contra, pues si cooperan podrían recibir penas menores.
Ayer, el fiscal de al subprocuraduría Aldo Fasci Zuazua hizo un llamado a las personas involucradas para que acudan y declaren voluntariamente su implicación en el caso, situación que a la postre podría beneficiarles en una reducción de la pena.
¿Cuáles son los pasos que siguen en este caso que ya se lleva bajo los tiempos y reglas del nuevo sistema penal acusatorio? ¿Por qué existió un embargo de bienes sin acusación ni sentencia? Animal Político te describe estos pasos a partir de lo que marca el Código Procesal Penal del estado de Nuevo León.
El embargo
Un juez autorizó el viernes pasado el embargo de 22 propiedades de once exfuncionarios de Nuevo León, entre ellos el exgobernador Medina. Se trata de un aseguramiento de bienes que lleva a cabo la policía ministerial, para quedar temporalmente bajo resguardo de la parte ofendida, en este caso el gobierno de Nuevo León.
El embargo está contemplado en el artículo 213 del Código Procesal Penal de la entidad, como una medida “previa a la imputación de los cargos”, y que sirve para garantizar una eventual reparación del daño. En este caso, los fiscales determinaron emplear la medida al descubrir que los involucrados se estaban deshaciendo de propiedades, lo que podría dificultar a la postre una reparación.
De acuerdo con el artículo 216 del código, el embargo se levantara solo si los involucrados garantizan la reparación del daño de otra forma, si el Ministerio Público no imputa los delitos en el plazo legal, si se dicta sentencia absolutoria.
Entre las propiedades aseguradas, destaca un rancho de 36 hectáreas denominado hacienda las Anacuitas, en el municipio de general Terán, propiedad del exgobernador, la lista completa de propiedades aseguradas, que incluye fincas, lotes y departamentos, fue revelada el día de ayer en un portal informativo.
La imputación
Decretado el embargo precautorio, el artículo 213 del Código Procesal Penal de Nuevo León establece que el Ministerio Público tiene un plazo máximo de dos meses para solicitar fecha de audiencia inicial donde formulará la imputación. En el caso en contra del exgobernador Medina y otros diez exfuncionarios, se prevé que esto se lleve a cabo a más tardar el próximo jueves.
De acuerdo con el artículo 299, una vez que se conozca la fecha de la audiencia en la que se realizará la formulación de la imputación inicial, y que deberá ser a más tardar dentro de un mes, los inculpados serán citados con la advertencia de que si no se presenta, podría buscársele con la fuerza pública.
Ya en la audiencia la fiscalía detallará cada uno de los hechos con fecha, lugar y modo, y la responsabilidad que se atribuye a los imputados en específico. El juez, a petición del imputado, podrá solicitar aclaraciones a los fiscales para que no quede duda a nadie de que es lo que se imputa y cuál es el motivo.
Inicio del proceso contra Medina
Después de la formulación de la imputación, el juez tendrá un plazo de 72 horas que podrá ampliarse hasta 144 si lo pide la defensa de los probables responsables, para determinar con base en los elementos de la fiscalía y de la defensa, si vincula a proceso o no a Medina y los exfuncionarios.
En caso de que se determine vincularlos a proceso esto no significa que ya inicie el juicio, sino que se abre una fase denominada “cierre de la investigación”, que de acuerdo con el artículo 208 del código, tendrá como máximo una duración de seis meses.
En este lapso el juez podrá fijar a los imputados, a petición de la fiscalía, una medida cautelar para que no huyan, que puede ir desde la obligación de firmar periódicamente en el juzgado, hasta un dispositivo electrónico de seguimiento, un arraigo para no salir del estado, o una prisión preventiva.
La acusación
Concluido el cierre de investigación tendrá lugar la presentación de la acusación formal por parte del Ministerio Público ante el juez de control. De nuevo, la acusación deberá contener la identificación plena de imputados, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos, si los delitos cambiaron respecto a los planteados en la imputación original y los motivos.
Además aquí el Ministerio Público deberá anunciar si tiene testigos, identificándolos plenamente, los cuales serán citados a declarar en el eventual juicio oral. También se presentará el listado de los peritajes y otros elementos de prueba en los que se sustentará el caso.
La defensa será notificada de la acusación y podrá aportar también los elementos que consideren deben tomarse en cuenta para no llegar a juicio.
En un plazo no menos a 30 días ni mayor a 40 luego de formulada la acusación, tendrá lugar la audiencia intermedia.
La audiencia intermedia
El artículo 332 del Código Procesal Penal de Nuevo León establece que se tratará de una sola audiencia totalmente oral. Aquí las partes debatirán bajo conducción del juez de control sobre las pruebas presentadas, vicios que pudieran presentarse en el caso y otras vertientes. Al término de la audiencia el juez decidirá si abre juicio oral en contra de los involucrados y si se mantienen o modifican las medidas cautelares impuestas a los inculpados.
En esta audiencia la fiscalía y la defensa de los exservidores públicos podrán, de ser el caso, anunciar una solución alternativa para evitar el juicio oral. Se trata de un procedimiento más breve en donde se acuerda como se reparará el daño causado y se formaliza ante el juez. Implica el reconocimiento de culpabilidad de los acusados.
El artículo 341 del código procesal establece que si existen demandas de amparo en curso de parte de los ofendidos, deberá suspenderse la determinación de iniciar el juicio oral hasta que las mismas sean resueltas.
El juicio oral
Se trata del juicio en donde se definirá si el exgobernador Medina y los funcionarios que en este punto estén acusados son culpables o inocentes. A esta fase se llega si no se logró una salida alterna entre las partes involucradas. El tribunal que encabezará el juicio oral estará compuesto por tres jueces que por primera vez intervendrán
El artículo 344 del Código Procesal Penal de Nuevo León indica que una vez que el tribunal correspondiente reciba la notificación de apertura de juicio oral de parte del juez de control, tendrá un plazo no menor a 20 días ni mayor a 60 para para citar a todas las partes a la audiencia.
En el desarrollo de la audiencia las distintas partes presentarán su caso y exhibirán sus pruebas. Dependiendo de la complejidad del caso, el juez podría determinar que la audiencia se desarrolle en varios días.
Una vez concluido el debate y la presentación de pruebas y testimonios, el tribunal tendrá un máximo de 48 horas para dar a conocer su sentencia, según lo establecido en artículo 384. En caso de que los implicados sean encontrados culpables, en un plazo de cinco días se les daría a conocer su sentencia en una nueva audiencia.
Si para este momento los bienes embargados siguen bajo poder de las autoridades, se decretaría su aseguramiento definitivo para la reparación del daño, esto con independencia de otros aseguramientos
Los once implicados cuya identidad se reveló por el embargo precautorio de sus bienes:
- Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador de Nuevo León del 2009 al 2015, y de los siguientes funcionarios de esa misma Administración:
- Rolando Zubirán Robert, Secretario de Desarrollo Económico
- Celina Villarreal Cárdenas, Subsecretaria de Inversión Extranjera y Comercio Internacional
- Rodolfo Gómez Acosta, Secretario de Finanzas y Tesorero General
- Luis Marroquín Salazar, Secretario de Obras Públicas
- Jaime Parada Ávila, Director del Instituto de Innovación y Tecnología
- Fernando Gutiérrez Moreno, Secretario de Desarrollo Sustentable
- Patricia Aguirre González, Directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado
- Sergio Alanís Marroquín, Director Ejecutivo de Fomerrey
- Juan Livas Cantú, Director General del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado, Fidecitrus
- Víctor Martínez Trujillo, Director General del Sistema de Caminos de Nuevo León
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/juez-recibira-esta-semana-el-caso-contra-el-exgobernador-medina-va-contra-4-diputados-y-alcaldes/
Ciudad de México. Al Poder Legislativo le quedan pendientes algunas normas para la debida instrumentación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, señaló el presidente Enrique Peña Nieto. Confío en que las normas aún pendientes se aprueben en el próximo período extraordinario del Congreso.
De ese modo, el mandatario usó para sí la propia recomendación que él mismo había hecho momentos atrás: evaluar, seguir y exhibir dónde y a quienes no están cumpliendo adecuadamente con la aplicación del nuevo modelo.
El nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio -dijo también- impone un cambio de cultura porque es un "hecho histórico " que deja atrás un modelo aplicado por más de cien años que mostró su debilidad, agotamiento e incapacidad para otorgar justicia pronta y expedita a los mexicanos.
De nuevo, y como la víspera lo hiciera a propósito de los comicios del domingo, el mandatario se refirió a la necesidad de "prestar oídos muy grandes" y abrir la mente y el corazón a lo que la sociedad civil esta demandando.
Sí bien, dijo, "no nos gusta ser autocriticos cuando las cosas funcionan mal", esto debe aceptarse.
Se refirió entonces a la necesidad de dar seguimiento a la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y "exhibir" a quienes cumplan y no, a quienes se estén quedando atrás y no cumplan debidamente con las aprobación de los instrumentos que aún faltan en términos legislativos a la reforma.
Frente al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Luis María Aguilar, el jefe del gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, la nueva embajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson y de los representantes de las organizaciones civiles encargadas del VIII Foro de Justicia, el mandatario dijo también que no se puede permitir que el nuevo modelo "vaya solo, sin saber qué pasa".
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ROSA ELVIRA VAZQUEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/07/aun-hay-pendientes-para-el-nuevo-sistema-de-justicia-penal-pena
Durante años, la otrora dirigente magisterial Elba Esther Gordillo tejió una intrincada red financiera para ordeñar los fondos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que incluía empresas fantasma y casas crediticias manejadas por Enrique Martínez Ríos, antiguo funcionario del Banco Nacional de Comercio Exterior, y Pedro Ramírez Campuzano. Ellos se encargaban de “dispersar” los fondos del magisterio en bancos extranjeros con los consabidos intereses que regentaba La Maestra. En 2010, por ejemplo, manejaron más de 129 millones de pesos, según los documentos consultados por Proceso.
CIUDAD DE MÉXICO: La otrora poderosa Elba Esther Gordillo hizo de todo para mover las finanzas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a través de varias empresas ubicadas dentro y fuera del país.
También ordeñó la nómina de sus agremiados mediante esquemas financieros operados por Pedro Ramírez Campuzano, en tanto que Enrique Martínez Ríos, un funcionario del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), desvió recursos del magisterio a casas de préstamo que cobran elevados intereses a maestros para beneficiarla a ella y a sus líderes seccionales.
Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013 –acusada de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto mayor a los mil millones de pesos–, y la Procuraduría General de la República nunca explicó la forma en que ella se apropió del dinero del sindicato.
Documentos financieros y judiciales, así como cientos de correos electrónicos consultados por Proceso, detallan uno de los esquemas mediante el cual los líderes sindicales y personas físicas se quedaron con parte de la nómina del magisterio.
Los nombres que aparecen en la trama financiera del SNTE y los créditos de nómina para sus agremiados incluyen, además de Ramírez Campuzano y Martínez Ríos, a Alejandro Rueda, así como las empresas Kondinero, Crédito Maestro y ConSuPago.
Entre los beneficiarios figuran José Manuel Díaz Flores –detenido junto con Gordillo–, Enrique Martínez Ríos, Jaime Gonzaga Charola y Juan González Pérez; también están las empresas Servicios Administrativos Espival; la Temple Corporation, con sede en Holanda, y Pineapple Holdings LLC y Goat Enterprises LLC, que se encuentran en Texas.
En medio de esta estructura se encuentra Servicios Financieros DC, la empresa fantasma creada exprofeso para facturar a las prestadoras de servicios y posteriormente dispersar el dinero. Gracias a ese esquema, La Maestra y sus personeros movilizaron 129 millones de pesos tan sólo en 2010.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2066, ya en circulación
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CEERVANTES.
LINK: http://www.proceso.com.mx/442965/al-desnudo-la-red-bancaria-elba-esther-gordillo
Los estados de Guerrero, Baja California, Estado de México y Veracruz son líderes en homicidios dolosos, robos y secuestros, de acuerdo con el último estudio del Observatorio Nacional Ciudadano. Durante la presentación del documento, los integrantes del Observatorio resaltaron la dificultad para obtener información completamente confiable en los estados y destacó el caso de Nayarit en donde reiteradamente desde hace años han negado responder a solicitudes de información sobre secuestro, robo y extorsión, incluso a través de transparencia.
El homicidio doloso creció en el país en el último año y no solo eso, se dispersó en distintas regiones, así como el secuestro y el robo con violencia de acuerdo con el último estudio del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC). De acuerdo con los datos, este delito se incrementó 7.62 por ciento en 2015 respecto a 2014 y fue en Guerrero, Estado de México y Jalisco en donde se dio la incidencia mas alta.
Guerrero lidera la lista en homicidios dolosos con una tasa 301.53 por ciento mayor que en el resto del país.
Acapulco registró 902 averiguaciones previas por homicidio doloso en 2015 con una tasa de 107 por cada 100 mil habitantes, la mayor del país, mientras que Chilpancingo ocupa el segundo lugar e Iguala el tercero con tasas de 80 y 70 homicidios respectivamente.
El Observatorio encontró que aunque a nivel nacional el secuestro, el homicidio culposo, la extorsión, robo con violencia y robo de vehículos disminuyó en 2015, en alguna entidades estos delitos se dispararon.
Tamaulipas, Estado de México y Veracruz acumularon el 46.49 por ciento de la averiguaciones previas de secuestro, mientras que Jalisco, Estado de México y Ciudad de México el 41.89 por ciento de los casos de extorsión.
Incluso casos de éxito en el pasado mostraron un repunte en algunos delitos como Baja California que registró en 2015 el lugar número uno en robo de vehículo con una tasa de 402.02 vehículos robados por cada 100 mil, es decir 209 veces superior a la media nacional.
Francisco Rivas, director del ONC, dijo que el homicidio doloso es uno de los principales indicadores para medir el deterioro de la seguridad y se dijo preocupado porque en 2015 se incrementó este delito, después de que desde 2012 se mantuvo en un mismo nivel.
“La violencia homicida no sólo volvió a crecer a nivel nacional, sino que hay territorios del país en donde el delito se diseminó. Por ejemplo en 2015 Zacatecas y Baja California Sur se alcanzaron tasas de homicidios dolosos nunca antes observados en los últimos 10 años”, dijo.
El Observatorio hizo algunas recomendaciones a las autoridades federales, pero también estatales en materia de seguridad.
La primera es dejar de privilegiar la fuerza del Estado para el combate a la inseguridad y la violencia en el país, en un contexto en donde se “violan reiteradamente los derechos humanos”.
“Se requiere una estrategia especial para reducir los homocidios dolosos, en la cual se antiendan las causas y las consecuencias de este tipo de violencia”, dijo Rivas.
El directivo resaltó la dificultad para obtener información completamente confiable en los estados y destacó el caso de Nayarit en donde reiteradamente desde hace años han negado responder a solicitudes de información sobre secuestro, robo y extorsión, incluso a través de transparencia.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-06-2016/3051427
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ordenó congelar la cuenta 0226407597 de Banorte, y las cuentas 11006578225 y 07706928-1 de Scotiabank Inverlat, a nombre de Miguel Padrés, desde el pasado 9 de marzo. Los Padrés están sujetos a investigación desde 2014, sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora informó en diciembre de 2015 que se encuentran abiertos más de 30 expedientes diferentes para investigar las sospechas de casos de corrupción durante la administración del ex Gobernador panista.
Al menos tres cuentas bancarias de Miguel Padrés Elías, hermano del ex Gobernado de Sonora, Guillermo Padrés, fueron embargadas al estar sujeto a investigación por supuestos actos de corrupción, informó este día Reforma.
El diario capitalino detalló que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ordenó congelar la cuenta 0226407597 de Banorte, y las cuentas 11006578225 y 07706928-1 de Scotiabank Inverlat, a nombre de Miguel Padrés, desde el pasado 9 de marzo.
Ayer, Juan Pablo Gómez Fierro, juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se declaró incompetente, por razón de territorio, para conocer del amparo 1038/2016 promovido por Padrés el pasado 26 de mayo para impugnar el embargo, por lo que el expediente fue enviado a un juez federal de Hermosillo, Sonora.
Con dicho amparo, Padrés busca una suspensión provisional que le permita acceder a los recursos mientras corre la investigación en su contra.
Reforma recuerda que en marzo de 2015, el diario The Wall Street Journal reveló que la Secretaría de Hacienda (SHCP) investigaba a los Padrés tras de detectar que Miguel hizo transferencias por 8.9 millones de dólares a cuentas en Estados Unidos.
Los Padrés están sujetos a investigación desde 2014, sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora informó en diciembre de 2015 que se encuentran abiertos más de 30 expedientes diferentes para investigar las sospechas de casos de corrupción durante la administración del ex Gobernador panista.
El 21 de mayo de 2015, el Departamento de Justicia estadounidense comunicó a la Procuraduría General de la República (PGR) que había iniciado una investigación contra Padrés Elías en Arizona y solicitó intercambiar información con México para reforzar sus pesquisas.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/07-06-2016/3051424
Lo que venían insinuando diversos informes de relatores y grupos de trabajo de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso el mensaje del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos; ahora se nombra de manera contundente.
Open Society Justice Initiative (OSJI) presentó el informe “Atrocidades innegables. Confrontando Crímenes de lesa humanidad en México”. Se trata de un riguroso trabajo realizado por OSJI junto con organizaciones de la sociedad civil mexicana y expertos nacionales y extranjeros. Por primera vez se realiza un extenso informe sobre la crisis de derechos humanos en México con la visión del Derecho Penal Internacional.
El informe parte de que “a finales de 2006, el gobierno federal de México ordenó un despliegue nacional a gran escala de las fuerzas de seguridad para combatir al crimen organizado. Esta estrategia supuso que los índices de asesinatos, desapariciones, tortura y otras atrocidades se dispararan”. Los responsables son tanto actores estatales como miembros del crimen organizado.
El informe se centra en la responsabilidad del gobierno federal y el cártel de los Zetas “aunque no se descarta que otras investigaciones permitan concluir que otros cárteles también han cometido crímenes de lesa humanidad”, así como otros actores del Estado mexicano. Concluye que “la situación en México satisface la definición legal de crímenes de lesa humanidad establecida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (suscrito por México desde enero de 2006), así como en la jurisprudencia de la CPI y de otros tribunales internacionales”.
El Estatuto de Roma establece que el Crimen de lesa humanidad es “cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física; f) Tortura;
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.
El Derecho Penal Internacional busca proteger los valores trascendentales para la comunidad internacional por lo que existe un interés global por reprimir y prevenir los crímenes internacionales (Genocidio, Crímenes contra la humanidad, Crímenes de guerra y en un futuro Crimen de agresión) y asignar y procesar responsabilidades individuales.
La obligación inicial de investigar y procesar estos crímenes recae en el Estado. Ante la impunidad, superior al 90%, surge la pregunta si las autoridades mexicanas quieren y pueden hacerlo. Sin duda, es fundamental el reconocimiento de la gravedad de los hechos. Lo que hemos visto es una negación permanente y un descrédito a quienes señalan esta crisis. El informe indica que el gobierno debe “iniciar medidas urgentes y extraordinarias, que incluyen la invitación a la ayuda internacional a fin de garantizar procesos de investigación y procesos genuinos e independientes”.
La constante ha sido la negación, pasamos del “se están matando entre ellos” del gobierno de Calderón a la negación y posterior descrédito y ataque a organizaciones de derechos humanos y funcionarios del sistema internacional durante la administración de Peña Nieto. Llevamos años en la simulación. Se crean instituciones y promulgan leyes para aparentar acciones que no han redundado en cambios. No se hace justicia, no se garantiza el derecho a la verdad ni a la reparación integral de las víctimas, no hay voluntad para crear un sistema de búsqueda e identificación de desaparecidos, no hay acciones para ubicar fosas clandestinas, no hay estadísticas claras y confiables, no se garantiza la no repetición con un cambio en la política de seguridad y la puesta en marcha de protocolos de uso de la fuerza. Se apuesta por la impunidad, el olvido, el ocultamiento de información y la administración de la crítica internacional.
No se niega la facultad del Estado para enfrentar al crimen organizado, de hecho “todo gobierno es responsable de la seguridad de su pueblo. En concordancia con dicha responsabilidad, el gobierno federal de México se ha propuesto una meta legítima: someter al crimen organizado. Sin embargo, lo ha hecho mediante una política que implicó el despliegue de las fuerzas armadas y la policía federal, y el uso de una abrumadora fuerza extrajudicial en contra de la población civil supuestamente asociada con los cárteles delictivos, sin una regulación adecuada del uso de la fuerza y prácticamente sin ningún tipo de determinación de responsabilidades por los abusos resultantes”. En el país abundan los “falsos positivos” y las “víctimas colaterales”.
La responsabilidad criminal de funcionarios del Estado mexicano y miembros del crimen organizado alcanza límites que lesionan a la humanidad y atentan contra los principios básicos del reconocimiento de la dignidad humana.
Las recomendaciones al Estado se encuentran en el informe de OPJI y en el que entregó hace unos meses el GIEI. La ruta es clara e intransitable sin la cooperación mediante “la creación de una entidad de investigación internacional, con sede en México, que tenga el poder de investigar y procesar causas de manera independiente en materia de crímenes atroces y casos de gran corrupción… Este órgano también puede brindar asistencia técnica a la Procuraduría General de la República / Fiscalía y a la policía de investigaciones; desarrollar propuestas de reforma para el sector judicial para su consideración por parte del gobierno mexicano, el Congreso y el público; y elaborar informes públicos sobre el estado de las reformas del sector judicial y el estado de derecho en México”.
Según las normas internacionales de la Responsabilidad de proteger (R2P), “la soberanía ya no significa únicamente protección de los Estados frente a injerencias extranjeras, sino que constituye una carga de responsabilidad que obliga a los Estados a responder del bienestar de su población”. De no hacerlo, le corresponde a la comunidad internacional alentar y ayudar a los Estados a ejercer esa responsabilidad”.
Mientras, la violencia continúa. No podemos cambiar la llanta con el auto en movimiento, se requiere un cambio en el modelo de seguridad y detener la violencia. El agravio es de tal magnitud que no habrá sistema judicial capaz de procesarlo todo. “La posibilidad de establecer responsabilidades ante la CPI no deja de ser una opción si México sistemáticamente sigue sin investigar y procesar crímenes atroces”. Con la violencia contenida podríamos iniciar procesos de justicia transicional, iniciar el trabajo de comisiones de la verdad y tener una efectiva política de atención a víctimas. En este sentido resulta prioritario el trabajo de la CNDH, la CEAV y el INAI.
La presión tendrá que venir del exterior. Buena parte de los medios de comunicación ha sido comparsa y la ciudadanía no ha sabido articularse para presionar por un cambio.
Lo hacemos ahora o repetiremos la historia de los crímenes del pasado. Haber postergado ello es una de la razones por las que hoy atravesamos este oscuro y perverso presente.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: JACOBO DAYAN
LINK: http://aristeguinoticias.com/0706/mexico/crimenes-contra-la-humanidad-en-mexico-articulo-de-jacobo-dayan/
CHILPANCINGO. Gro. (apro).- Un grupo armado ejecutó al subdirector del Registro Público Vehicular estatal (Repuve), Miguel Sánchez Méndez, la tarde del lunes pasado al norte de esta capital.
El joven funcionario estatal de 30 años, se desplazaba a bordo de una camioneta particular al norte de esta capital cuando fue interceptado por sicarios que viajaban en una motoneta, indican reportes oficiales.
El Repuve es un organismo que depende del Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Daniel Pano Cruz, quien se ha caracterizado por ser un personaje señalado por presuntos actos de corrupción y ligado al exgobernador y actual senador priista, René Juárez Cisneros.
Las autoridades ministeriales embalaron al menos una decena de casquillos percutidos calibre .9 milímetros y hasta el momento no han determinado la causa del ataque.
La ejecución del colaborador de la administración del gobernador priista Héctor Astudillo ocurre en el contexto de la implementación de otro operativo de seguridad ahora denominado Fortaleza Guerrero, implementado por agentes federales y soldados para tratar de revertir los efectos de la narcoviolencia en la capital de la entidad.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
LINK: http://www.proceso.com.mx/443241/ejecutan-a-funcionario-del-gobierno-astudillo-en-chilpancingo
El humilde municipio de Nuevo Balsas, cuyos habitantes viven de la agricultura y la pesca, despertó la codicia de varios poderes –mineras canadienses, políticos y bandas del narcotráfico– por su subsuelo rico en oro. Y si bien desde el año pasado cuentan con vigilancia policiaca y militar a raíz de una protesta por el secuestro masivo de pobladores, el grupo delictivo Guerreros Unidos sitió ahora a la comunidad para obligarla a pagar cuotas por la venta de productos pesqueros.
CHILPANCINGO, Gro.(Proceso).- Desde la semana pasada la comunidad Nuevo Balsas, del municipio de Cocula, se halla prácticamente en un estado de sitio impuesto por el grupo delictivo Guerreros Unidos.
Aunque integrantes de la organización criminal levantaron la medida que impusieron desde el 24 de mayo, la población de ese lugar en la ribera del río Balsas, en el norte del estado, sigue sin salir. Tampoco está recibiendo servicios básicos de salud y educación.
La gente tiene miedo de ser atacada por negarse a pagar al menos 40 mil pesos al mes por la explotación pesquera de la zona a Guerreros Unidos, banda afincada en Iguala, donde se perpetró la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El año pasado esa comunidad se vio obligada a crear un grupo de autodefensa para enfrentar a otro grupo delictivo, La Familia, tras el secuestro masivo de algunos vecinos a quienes pretendían extorsionar porque –señalaron los delincuentes– se beneficiaban de la explotación de la mina de oro Media Luna, propiedad de la empresa canadiense Torex Gold.
Los sujetos armados que los pobladores identifican como integrantes de Guerreros Unidos se contactaron el miércoles 1 con líderes comunitarios para decirles que ya pueden vender su producción de mojarra en el centro del país porque, indicaron, “ya estaba todo arreglado”, presuntamente con el gobierno.
No obstante, los pobladores denuncian que el sistema de transporte público sigue suspendido y ellos no pueden salir por temor a ser atacados por los criminales. Tal situación provoca escasez de alimentos. Además, ni los maestros ni los médicos van a la comunidad, porque nadie puede garantizar su seguridad.
En contraste, reprochan algunos vecinos entrevistados, los tres niveles de gobierno y el Ejército mantienen una vigilancia extrema en las instalaciones de Torex Gold y escoltan a los directivos de la empresa, así como los cargamentos de oro, para evitar que caigan en manos de los delincuentes.
Algunas personas consultadas, que pidieron el anonimato, denunciaron que el gobernador priista Héctor Astudillo no hace caso del problema y que sospechosamente las autoridades se niegan a restablecer el orden en la franja de la entidad donde Guerreros Unidos opera impunemente, aunque después de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa se incrementó la presencia de las policías de los tres niveles y el Ejército.
El 21 de mayo, policías comunitarios de Nuevo Balsas detuvieron a cinco personas, tres mujeres y dos hombres, cuando libreta en mano les cobraban una cuota a pescadores y comerciantes.
Los pobladores golpearon a los presuntos delincuentes que iban de Iguala, los rociaron con gasolina y trataron de lincharlos, pero después de ocho horas los entregaron a la Policía Federal y al Ejército, que intercedieron por los inculpados…
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2066 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
LINK: http://www.proceso.com.mx/443235/nuevo-balsas-guerrero-sitiado-narco
