CIUDAD DE MÉXICO: Una persona fue asesinada cada 28 minutos en México el año pasado. Cada día se registraron cinco secuestros, aunque la cifra real podría ser 100 veces mayor. Cada 30 segundos ocurrió un robo con violencia y un robo de vehículo. Lo anterior se desprende de las averiguaciones previas abiertas por los delitos de mayor impacto, que las autoridades mexicanas abrieron en 2015, y que recopiló el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en un amplio informe publicado hoy. Según este estudio, por primera vez desde que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia, el país sufrió una alza en la tasa de homicidio doloso: las 18 mil 650 víctimas de asesinato registradas por las autoridades en 2015 fueron superiores en un 6.54% a las registradas en 2014. Algunos estados, como Morelos, Guerreo, Colima, Puebla y Baja California Sur, sufrieron incrementos más brutales todavía: desde 33% para Guerrero hasta 108.33% en Baja California Sur. Con 106 averiguaciones previas abiertas por homicidio doloso por cada cien mil habitantes en 2015, Acapulco rebasó diez veces la tasa de 10 por 100 mil homicidios dolosos, límite a partir del cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que existe una epidemia de violencia. En la ciudad porteña se abrieron 902 averiguaciones previas por homicidio doloso. Zona centro, la más violenta Cuatro de cada diez asesinatos sucedieron en la región Centro, que agrupa la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala –y concentra 41 millones 500 mil personas–. Y no sólo esto: ahí ocurrió el 37.10% de los secuestros, el 38.11% de las extorsiones, el 50.21% de robos con violencia y 47.54% de robos de vehículos. Ecatepec, el municipio mexiquense ubicado en la periferia de la Ciudad de México, concentró el 16% de los robos de vehículos a nivel nacional. Se colocó en el cuarto lugar nacional en materia de homicidios dolosos y secuestro y resultó la ciudad con mayor robo con violencia y robo de vehículo, también con violencia. “2015 fue un año en donde la sociedad mexicana continuó resintiendo los efectos de la falta de seguridad, del ejercicio sistemático de la violencia, la ausencia de un Estado de derecho y la violación de los derechos humanos”, sostuvo el ONC. Entre otros, la organización mencionó las ejecuciones extrajudiciales en Apatzingán y Tanhuato; las dos mil 420 averiguaciones en trámite por tortura; el descubrimiento de fosas clandestinas en estados como Guerrero, Veracruz y Michoacán; el “grave problema de las desapariciones y desapariciones forzadas en el país”; el disparo del 21.8% de agresiones contra la prensa en comparación con 2014 –con 397 casos registrados por Artículo 19—o el asesinato de siete periodistas. Bajan delitos pero 92% no denuncian Al revisar la base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP), el ONC determinó que en 2015 se redujo el número de averiguaciones previas abiertas por cinco de los seis delitos de mayor impacto –homicidio doloso, homicidio culposo, secuestro, extorsión, robo con violencia y robo de vehículo–. Sin embargo, advirtió que “podríamos tener la tentación de pensar que hemos logrado dar la vuelta a la problemática nacional”, al precisar: “Son disminuciones que se derivan de importantes inconsistencias, de modificaciones de la información y debilidades de los propios de sistematización y registro de las instituciones de procuración de justicia”. Y precisó que los datos sobre delitos del SENSP apenas representan la punta del iceberg, pues el 92% de los delitos no se reportan en el país y “una importante proporción (de denuncias) no fue clasificada correctamente o su registro fue modificado sin explicación alguna por parte de las autoridades”. En conferencia de prensa, Fernando Rivas, director general del ONC lamentó que las autoridades del Estado de México se negaron a colaborar con la sociedad civil para transparentar sus procesos de registro, pese a que impera en la entidad una cifra negra por no reporte de delitos del 93.64%. Además, insistió que el ONC reportó 11 mil 278 modificaciones a las bases de datos oficiales entre marzo de 2015 y febrero de 2016, las cuales “pueden ocultar cambios a nivel estatal”, donde las procuradurías suelen ser más opacas. Secuestro subestimado En 2015 se registraron mil 306 víctimas de secuestro, una cifra inferior en un 29% a la de 2014. Sin embargo, el ONC señaló que este delito es uno de los menos denunciado en el país, y planteó que durante tres años sucesivos –2012, 2013 y 2014– la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad (ENVIP) contabilizó más 100 mil secuestros. En cifras reales el Estado de México resultó la entidad con mayor cantidad de secuestros registrados, con 477 víctimas reconocidas por las autoridades el año pasado. En Tamaulipas se reportaron 377 víctimas en las averiguaciones previas –lo que resulta en una tasa 645% superior a la nacional–, mientras la ciudad fronteriza de Reynosa reportó 29.8 averiguaciones previas abiertas por cada cien mil habitantes. El ONC recordó que Tamaulipas fue el último paradero de uno de cada cinco desaparecidos en el país, de los 26 mil 600 que reconocen las autoridades; tres mil 637 desaparecieron en las ciudades Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo; tres ciudades colindantes con la frontera estadunidense. Y subrayó que tan sólo tres estados, Tamaulipas, el Estado de México y Veracruz, acumularon el 46.49% de los secuestros registrados en el país el año pasado. En materia de homicidio culposo; es decir, que el homicida no tenía la intención de matar a la víctima, las autoridades registraron 17 mil 476 víctimas en 2015, una cifra inferior en un 7.17% a la de 2014. Sin embargo, el ONC lleva años señalando que las autoridades registran el 80% de las averiguaciones previas por homicidio culposo bajo la categoría “otros”. La organización detectó la misma tendencia a la baja para el delito de extorsión, con cinco mil 266 víctimas registradas en 2015, inferior en un 15% en comparación con 2014. Con 188 averiguaciones previas abiertas, Monterrey se convirtió en la segunda ciudad con mayor número de extorsiones del país. Militarización, un fracaso En línea con los informes que documentaron el fracaso de la militarización de la seguridad pública, publicados recientemente tanto por organismos internacionales –la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por ejemplo–, como por organizaciones no gubernamentales, el ONC recomendó “dejar de privilegiar el uso de la fuerza del Estado para el combate a la inseguridad y la violencia en el país”. “El proyecto de enfrentar la violencia con más violencia no está dejando los resultados esperados”, sentenció. Según la organización, el incremento del número de homicidios “evidencia ciertas fallas o debilidades de las instituciones del Estado no solo para controlar el territorio nacional evidentemente disputado por los grupos criminales sino para garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales de la población”. Según el informe, la tasa de averiguaciones previas abiertas por el delito de homicidio doloso se incrementó entre 2006 y 2015. En 2006, las autoridades mexicanas abrieron 10.89 averiguaciones previas por cada cien mil habitantes. Oaxaca era el estado más violento del país en términos de asesinatos, con 28.69 averiguaciones previas abiertas por cada cien mil habitantes. Le seguían Guerrero, Sinaloa y el Estado de México, con tasas de 25.17, 22.12 y 19.08 por cada cien mil habitantes. Nueve años más tarde, la tasa de averiguaciones previas abiertas por homicidio doloso se elevó a 14.06 por cada cien mil habitantes. En Guerrero, la tasa de asesinatos registrados se elevó a 56.50 por cada cien mil; y le siguen Sinaloa, Morelos y Chihuahua, con tasas respectivas de 33.27, 25.78 y 25.47 por cada cien mil habitantes. “Con el cambio de estrategia de la política de seguridad en 2006 que permanece vigente actualmente, la conducta delictiva se ha extendido y/o intensificado en otras entidades que hace algunos años no presentaban problemas sobre este delito”, subrayó el ONC. Entre sus recomendaciones, el ONC urgió las autoridades a atacar las condiciones estructurales que fomentan la violencia, entre ellas la pobreza, la desigualdad o la ausencia de un Estado de Derecho. FUENTE: PROCESO. AUTOR: MATHIEU TOURLIERE LINK: http://www.proceso.com.mx/443284/en-2015-una-persona-fue-asesinada-28-minutos-revela-informe-del-onc
Ciudad de México. Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informaron que las caravanas provenientes de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán ya se encuentran en los accesos a la Ciudad de México, por lo que se prevé que la movilización programada para hoy inicia a las 12:00 horas. Integrantes de la dirección política indicaron que el contingente de Oaxaca y Chiapas ya se encuentra reunido en la caseta de San Marco, en la autopista México-Puebla, de dónde avanzarán de forma conjunta, al igual que los contingentes que se hayan sumado de Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Al sur de la capital del país, en la caseta de la Marquesa, en la autopista México-Toluca se coordinará el ingreso de los maestros de Michoacán y Guerrero, así como de Morelos. Hasta el momento, indicaron, “se reporta un avance sin contratiempos, por lo que esperamos realizar la actividad prevista para este miércoles”, una marcha que partirá desde el antimonumento. Se prevé que pueda llegar al Senado de la República o a la Secretaría de Gobernación, aunque el lugar de llegada de la movilización podría modificarse. Educadores disidentes que participan en las caravanas informaron que “llegamos a las casetas sin novedad, y esperamos que se nos permita el paso. Se encuentran elementos de seguridad, pero hasta ahora no han intentado iniciar un cerco o bloquear el paso”. Se reporta que el avance de los autobuses es lento, pero se espera iniciar con la actividad de protesta como se tenía programado. La caravana de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), proveniente de Oaxaca, arribó sin contratiempos a la caseta de San Marcos Huixtoco de la autopista México-Puebla, donde los recibió una comisión de profesores mexiquenses que también impugnan la reforma educativa. Encabezados por el profesor José Antonio, de la sección 22, un centenar de maestros llegó a bordo de dos autobuses, en los que posteriormente se trasladarán a la ciudad de México para sumarse al plantón que mantienen la Alameda Central. Por su lado, los profesores de las secciones 7 y 40 de la CNTE, de Chiapas, hasta las 8:30 de hoy se encontraban en San Martín Texmelucan, Puebla. Se espera que en una hora también arriben a esta caseta. Marisol Rodríguez, integrante de la sección 7, informó que su traslado tiene como propósito reforzar el plantón nacional representativo de la CNTE en la ciudad de México. Los profesores de Chiapas han sostenido encuentros en los estados Tabasco, Veracruz, Tlaxcala e Hidalgo, donde anoche pernoctaron. Este contingente, que se traslada en diez autobuses y dos autos, tomó hoy el Arco Norte para incorporarse a la autopista México-Puebla y llegar a la caseta de Chalco, en el kilómetro 33 más 300, antes de las diez de la mañana. En tanto, la caravana de maestros mexiquenses, representada por la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (Uprez), arribó aquí en 30 vehículos, cerca de las 7:00 de la mañana, para apoyar a la CNTE.
Ciudad de México. Esta mañana, bancos capitalino venden el dólar libre hasta en 18.43 pesos, 26 centavos menos respecto al cierre de la jornada cambiaria de ayer, y lo compran en un mínimo de 17.60 pesos. A la venta, el euro alcanza una cotización de 20.92 pesos, una baja de 23 centavos comparado con la víspera, en tanto, el yen se ofrece en un máximo de 0.185 pesos por unidad. En opinión de Banamex, existen mayores preocupaciones por la oferta de petróleo por lo que el crudo ha elevado su precio y con ello también generado optimismo en las bolsas y en la cotización de las divisas de mercados emergentes. El Banco de México (Banxico) ubica en 18.5067 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
A su vez, las Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio (TIIE) a 28 y 91 días se sitúan en 4.0886 y 4.1890 por ciento, respectivamente, la primera con retroceso de 0.0029 y la segunda con ganancia de 0.0054 puntos porcentuales. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/08/dolar-promedia-en-18-97-en-el-aicm
CIUDAD DE MÉXICO: En la delegación Cuauhtémoc operan al menos cinco cárteles del crimen organizado dedicados al lavado de dinero, trata de personas, secuestro, extorsión y homicidios, reconoció el jefe delegacional Ricardo Monreal. Sin embargo, argumentó que no tiene facultades ni recursos para intervenir en su combate. Por ello, llamó a la conformación de un “frente amplio e integral” contra la delincuencia organizada en la Ciudad de México. Ante diputados de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, el funcionario aseguró que tiene un “mapa delictivo” de la delegación con lugares y horarios en los que se registran los mayores índices delincuenciales, algunos de ellos, en complicidad “con algunas autoridades”. Y ofreció varios ejemplos: el robo a transporte público ocurre en mayor medida en la colonia Centro; el de autos sucede más en la colonia Santa María la Ribera; mientras que los transeúntes son asaltados con mayor frecuencia de seis a 10 de la mañana en el Eje Central, República de El Salvador, Doctor Arce y Eje 1 Poniente Guerrero. En cuanto a la trata de personas, el funcionario dijo que se tienen localizados al menos 20 lugares donde ocurre. No obstante, detalló que para actuar contra los delincuentes se debe iniciar una averiguación previa. De hecho, lamentó que la delegación ha cerrado algunos locales donde ocurre ese delito, “pero se amparan y vuelven a abrir”. Monreal Ávila agregó que en ocho de las 33 colonias que forman la delegación se concentra la delincuencia, entre ellas: Centro, Morelos, Guerrero, Santa María La Ribera, Obrera y Atlampa. Sin embargo, reiteró que no tiene facultades ni recursos para combatir estos delitos, además de que intentar combatirla de manera aislada “es un error”. Por ello, propuso la formación de un “frente amplio e integral contra la delincuencia organizada en el que participe el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y esté apoyado por una secretaría técnica.
En él tendrían que participar todos los jefes delegacionales, así como las procuradurías General de Justicia capitalina (PGJ) y la General de la República (PGR), las secretarías de seguridad local y federal y hasta la Secretaría de Gobernación, debido a que hay involucrados delitos federales, por ejemplo, el narcomenudeo. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/443330/reconoce-monreal-operan-cinco-carteles-del-cren-la-cuauhtemoc
CIUDAD DE MÉXICO: Ante la severa crisis de derechos humanos que padece México, además de la acumulación de atroces crímenes cometidos tanto por fuerzas de seguridad como por el crimen organizado, la única salida posible es la asistencia internacional independiente, pero con la posibilidad de llevar a juicio algunos de los casos más graves ocurridos en los últimos años en el país. Así lo considera James Golston, director ejecutivo de Open Society Justice Initiative, quien este martes presentó el informe “Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, en presencia de decenas de familiares de víctimas de la “guerra contra el narcotráfico” iniciada por el expresidente Felipe Calderón.
El informe, realizado durante cuatro años, analiza la política de militarización lanzada desde el sexenio pasado y continuada por Enrique Peña Nieto, con un saldo de al menos 150 mil muertos y aproximadamente 26 mil desaparecidos, con la consecuente tortura a miles de personas durante la persecución de los delitos, casos de los cuales la Procuraduría General de la República tiene abiertas cerca de cinco mil denuncias. Son crímenes atroces causados tanto por la acción del narcotráfico como por el uso indiscriminado de la fuerza militar. En entrevista con Apro al término de la presentación del informe, Goldston reconoce que los casos y cifras citadas no son son nuevos, pues entidades de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como diversas organizaciones sociales, han hecho serios señalamientos. Lo “nuevo es que el informe habla desde la perspectiva del derecho internacional penal, que está enfocado en la responsabilidad individual, y esto implica que el gobierno tiene la obligación de hacer algo para resolver la situación, tiene que actuar, tiene que investigar, enjuiciar, y hemos visto que el gobierno ha tomado pasos parciales”, apunta. El documento desmenuza lo obstáculos en las oficinas gubernamentales para esclarecer los crímenes atroces, y ante las deficiencias y corruptelas que subsisten, en muchos casos para proteger a agentes del Estado involucrados, Goldston y las organizaciones que acompañan a Open Society consideran que “después de tantos asesinatos, de tantas desapariciones forzadas, de tanta tortura y tan poca rendición de cuentas, es el momento de hacer algo distinto, porque lo que hemos visto es que la diferencia entre la escala de violencia y la poca determinación de responsabilidad, no hay correspondencia. Los crímenes no están disminuyendo hasta la fecha”. James Goldston habla en nombre de sus colegas mexicanos y funda sus esperanzas en que los tiempos cambian y que México está admitiendo la participación de instancias foráneas, como es el caso de del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. “Hace algún tiempo, tal vez tres o cinco años, muchas personas habrían dicho que no era posible que el gobierno iba a pedir asistencia internacional en la forma que lo hizo a la CIDH. Después de algún tiempo las circunstancias han cambiado y lo hizo, a pesar de que el GIEl no dio todos los resultados que se quería, siendo que su trabajo fue excelente”, subraya Golston. Tomando la experiencia del caso Ayotzinapa, donde los expertos independientes hicieron aportaciones al expediente de la PGR, Goldston señala que “lo cambios tienen que venir desde dentro, pero aceptando la colaboración internacional”. Añade: “Yo creo que la solución de estos problemas tiene que venir desde adentro, se tiene que crear la voluntad política desde la fuerza de las organizaciones de derechos humanos, desde la fuerza de las organizaciones de víctimas y de la buena gente que está trabajando dentro de las agencias de los gobiernos federal y estatal, porque hay buena gente ahí que está tratando de hacer bien las cosas”. El director ejecutivo de Open Society Justice Initiative insiste que ante la crisis de derechos humanos en México “se requieren medidas extraordinarias, y la posibilidad de ( crear) una entidad compuesta por personal nacional e internacional es una de las opciones que el gobierno debe considerar para resolver esta situación”. Goldston reconoce que la propuesta central presentada por Open Society empezó a comentarse meses atrás, tomando en cuenta experiencias de otros países como Guatemala, Honduras y Colombia, en América Latina, así como en Europa y Asia, que han solicitado asistencia internacional. Para el defensor, por el panorama mexicano lo ideal sería que se presentara una “propuesta del Estado, una invitación a la comunidad internacional, al sistema interamericano y a la ONU, para ayuda técnica, no solamente personas que solo vienen por unos días o en un corto plazo, tienen que ser personas que tienen mucha experiencia como investigadores, como fiscales, como policía, que pueden trabajar junto con sus contrapartes mexicanos en casos particulares, muy graves, y eso no ha pasado todavía, y la invitación va a tener que venir del Estado”. Luego de reconocer que no es nada sencillo que el gobierno mexicano pida ayuda internacional, Goldston considera que dependerá también de la labor de organismos nacionales e internacionales para presionar en la creación de un mecanismo que permita dar cauce legal a algunos de los casos más graves. Al señalar que los miembros de su organización están en espera de una respuesta del gobierno federal, Goldston destaca que la entidad de expertos internacionales propuesta “podría tomar años en crearse, pero una vez que la decisión política está tomada para hacerlo tiene que buscar los fondos, discutir el mandato específico, el papel del personal. Tal vez habrá que hacer algunas modificaciones en las regulaciones de México, va a tomar tiempo, pero la cuestión fundamental es si hay la voluntad para hacerlo”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ. LINK: http://www.proceso.com.mx/443322/mexico-necesita-asistencia-internacional-salir-la-crisis-padece-en-derechos-humanos-open-society
CIUDAD DE MÉXICO: A solo cuatro días de que el narcotraficante mexicano Héctor El Güero Palma -uno de los fundadores del cartel de Sinaloa- sea liberado por el gobierno de Estados Unidos, la Procuraduría General de la República (PGR) apenas está en una revisión “exhaustiva” de los expedientes en su contra para determinar si aún hay alguna averiguación previa que pueda reabrirse. Entrevistada al término de su intervención durante el Octavo Foro Nacional de Seguridad y Justicia, la titular de la PGR Arely Gómez González señaló que desde que tiene conocimiento de su liberación, revisan en todas las delegaciones de los estados y en las fiscalías de los estados los casos en su contra. De 55 años de edad, El Güero Palma fue condenado a 16 años de prisión y será liberado antes de tiempo debido a “buena conducta”, después de cumplir nueve años de prisión. En 1995 fue detenido por el gobierno estadunidense acusado de delincuencia organizada. Es uno de los principales socios de Joaquín Guzmán Loera El Chapo, líder del cartel de Sinaloa, quien se encuentra preso en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez. Ambos se enfrentaron a los hermanos Arellano Félix, del cartel de Tijuana, en busca del control de tráfico de enervantes en esa zona. Palma está recluido en la prisión de alta seguridad de Atwater, en el norte de California, fue extraditado a Estados Unidos en el 2007. Comenzó su vida delictiva como un ladrón de coches, pero pronto llegó a trabajar como sicario y al reclutar más gente, junto con Joaquín Guzmán Loera y Miguel Ángel Félix Gallardo, fueron los líderes del cártel. Héctor Palma fue detenido en 1995 por colaborar con el cártel de Juárez, después de que el avión Lear Jet en el que volaba para asistir a una boda tuvo un accidente entre los límites de Nayarit y Jalisco. Él sobrevivió y fue arrestado por oficiales del ejército mexicano.
Los programas sociales del gobierno federal, cuya función es disminuir los índices de pobreza, no han funcionado como deberían. En Oaxaca, por ejemplo, estos programas incluso han incrementado la desigualdad.
Juana Martínez pensó que su vida sería mejor que la de sus padres. Incluso acarició el sueño de estudiar una carrera, pero su familia ya no tuvo dinero y abandonó la idea. Veinte años y dos hijas después, Juana no solo no logró su sueño, sino que vive en peores condiciones que las de su madre, Candelaria, quien tiene un cuarto con paredes de lámina. Ese pequeño sitio le ha servido, desde que sus hijos eran chicos, para elaborar las tortillas y la comida que vende y con las que logró sacarlos adelante. Juana, en cambio, no tiene una casa propia en su natal Villa de Zaachitla, Oaxaca. Destina la totalidad del dinero que le dan a través del Programa de Apoyo Alimentario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) federal a pagar los 500 pesos mensuales de la renta de una casa de lámina. También limpia casas por 100 pesos diarios, lava ropa ajena y ayuda a su madre a cocinar, con lo cual logra completar el dinero para comprar comida a sus hijas de nueve y 11 años. Para Juana y Candelaria los programas sociales son viejos conocidos, pero ni con ellos han logrado mejorar su situación. Candelaria comenzó a recibir los apoyos de Sedesol desde hace más de 10 años, cuando el programa que hoy se llama Prospera tenía el nombre de Oportunidades. Hoy Juana espera que sus hijas reciban estos apoyos algún día. Progresa, el primer nombre que tuvo este programa, se creó en 1997. A partir de entonces éste ha cambiando dependiendo del sexenio y el partido en la presidencia, pero las reglas de operación son similares: este programa es la base que articula la oferta institucional de programas y acciones de política social, y está destinado a la población más pobre del país. Su objetivo es que las familias “superen su condición de pobreza”.
A nivel nacional, el 26.9 por ciento de los hogares mexicanos recibe apoyo de un programa social del gobierno, según la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi. En Oaxaca esta cifra es de casi 50 por ciento.
Juana ya entregó documentos para que sus hijas puedan obtener este apoyo, aunque no sabe si se lo darán: los empleados de las áreas de Padrón de beneficiarios y de Atención Ciudadana de las oficinas del programa en Oaxaca señalan que, por cuestiones presupuestales, éste dejó de incorporar a nuevas familias desde 2014. Pero en la oficina central de Prospera afirman que el año pasado afilió a 8 mil 395 familias en ese estado, aunque en 2016 no ha hecho ninguna incorporación. Entre 2010 y 2015 el programa Prospera destinó 18 mil 296 millones de pesos a las familias más pobres de Oaxaca, según el Tercer Informe de Gobierno de la Presidencia, pero en ese mismo periodo los niveles de pobreza se mantuvieron prácticamente sin variación: pasaron del 67 al 66.8 por ciento de su población. Incluso, debido al crecimiento poblacional que tuvo el estado en esos años, el número de pobres se incrementó de 2.5 a 2.6 millones de personas.
En el informe “Desigualdad extrema y tendencias de desarrollo. El caso del estado de Oaxaca, México”, las organizaciones Oxfam y Educan concluyen que los de Candelaria y Juana no son casos aislados, sino que la política social implementada en esta entidad no ha cumplido con el objetivo de contribuir a reducir la pobreza ni a generar movilidad social.
La principal explicación de este fenómeno, agrega el estudio, es el deterioro en los niveles de ingreso de los pobladores del estado: “La población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo (a saber, que el salario mensual no cubre el costo de una canasta básica) aumentó de 36.2 por ciento en 2010 a 42.1 por ciento en 2014. Esta disminución se combinó con el aumento de carencias en vivienda y servicios”.
El informe, elaborado por el investigador de la UNAM Gerardo Torres Salcido, da como razón de este deterioro social que el gasto gubernamental en este rubro es menor al que se requiere, a que no se ejerce adecuadamente y a que las políticas terminan por generar más desigualdad en las comunidades en donde se aplican.
Necesidades La colonia Vicente Guerrero de Villa de Zaachila, Oaxaca, es una comunidad semiurbana en donde al lado de las calles sin pavimentar hay casas de lámina divididas por una frágil red que sirve de cerca. En medio del paisaje destacan algunas viviendas hechas “con material” -concreto o ladrillo-, lo cual marca la diferencia entre una clase social y otra en este lugar. Elena Juárez es vocal del programa Prospera en esa colonia y conoce prácticamente a todos sus habitantes. Asegura que son muchos los que reciben algún apoyo derivado de un programa social, incluso algunos que no lo necesitan, y también hay familias necesitadas que no tienen ninguna cobertura. Eso, agrega, provoca enemistades entre los vecinos. “Hay muchas familias que hemos visto que en realidad sí necesitan el programa y no cuentan con él, y hay otras personas que tienen el programa y no lo necesitan, están muy bien económicamente”, afirma. Carmela, una vecina beneficiaria del programa, la interrumpe para dar los nombres de los vecinos que, asegura, aún con camionetas, casa propia y “hasta negocio” reciben cada mes un apoyo para la alimentación y educación de sus hijos.
Explica que cuando los empleados de Prospera visitan a las familias beneficiarias para verificar si siguen necesitando el programa, algunas de ellas esconden enseres domésticos y autos, e incluso dan un domicilio falso con tal de aparentar una situación económica más precaria de la que realmente tienen.
Basado en cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y otras investigaciones, el informe de Oxfam y Educa destaca que solo el 34 por ciento del gasto social es redistributivo -que se focaliza en los estratos más pobres-: “Se estima que el 10 por ciento más pobre de la población recibe solo el 7.8 por ciento de los recursos, mientras que el 10 por ciento más rico recibe el 16.7 por ciento”.
Otro hallazgo fue que las desigualdades en la aplicación de la política social no solo se generan al interior de las comunidades, sino en las propias familias: “Los representantes de colectivos de defensa de los derechos de las mujeres evidenciaron que programas como Prospera conllevan una sobrecarga de trabajo. Las obligaciones establecidas en las reglas de operación del programa duplican o triplican incluso las jornadas de trabajo de las beneficiarias”.
Esto le consta a Juana Ángel, habitante de la localidad de El Trapiche, en el municipio oaxaqueño de Santa Cruz Mixtepec. Por ser beneficiaria de Prospera tiene que ir 16 veces al mes al centro de salud para realizar una caminata de una hora para mantenerse saludable. Ella dice que realmente no lo necesita porque todos los días, para llegar al centro de salud o a la escuela de sus hijos, debe hacer caminatas largas. A ella y otras mujeres también se les exige participar en talleres bimestrales con temas que, en teoría, les deben ayudan a mejorar su calidad de vida. Pero, afirma, incluso aquellas mujeres cuyos hijos ya son mayores siguen escuchando pláticas sobre la mejor forma de criar a un bebé. Además de las caminatas y los talleres, los integrantes de las familias que reciben Prospera deben acudir entre una y dos veces al mes al centro de salud para que los revise un médico. Pero esos sitios siempre están saturados y los médicos apenas tienen tiempo de atender a los pacientes o tomarles la presión. Además, las mujeres deben ayudar a limpiar las instalaciones. A pesar de esta carga de trabajo, se mantienen en el programa porque realmente necesitan el dinero. “Ese dinero sí me ayuda pues, así sean 20 pesos, son muy buenos”, dice Juana Martínez. Para el encargado de despacho de la oficina de Prospera en Oaxaca, Rubén Pérez Cuevas, el esquema de corresponsabilidades -en el que todas las familias que reciben el programa deben dar algo a cambio como mandar a sus hijos a la escuela o ir al médico- tiene por objetivo dar seguimiento a la salud de los beneficiarios y compartir con ellos material educativo “útil para su vida diaria”. “Desde 1997 que se creó el programa -en ese entonces llamado Progresa- el núcleo familiar va creciendo en cuanto a escolaridad, y la mortalidad materna e infantil van a la baja. Las cuestiones que antes provocaban una deserción escolar van bajando. Y la igualdad entre hombres y mujeres en acceso a los servicios educativos va en crecimiento”, señaló en entrevista. En el último reporte de avance de los indicadores de Prospera se establece que efectivamente la relación entre niñas y niños inscritos en la escuela es mayor para las primeras. Sin embargo, el reporte no da información alguna sobre los niveles de mortalidad infantil ni materna que ha permitido el programa.
Otras beneficiarias de Prospera consideran que es gracias al dinero que reciben cada mes que sus hijos tienen la posibilidad de no dejar la escuela. “A mí Prospera sí me ayuda. De las becas de mis dos hijos recibo cada dos meses cerca de 4 mil pesos. Yo solo estudié primaria, mi hija que se casó estudió hasta secundaria y el más muchachito va en bachillerato, pero ya sé que para darles una carrera ahí sí está difícil”, relata Abigail Celaya, beneficiaria del programa y habitante de El Trapiche.
A pesar de que estudió más que su madre y su abuela, la hija de Abigail, Romina, parece repetir la vida de estas: aunque tiene 20 años, tiene ya una hija de cinco y también depende del programa para sacarla adelante. Para ella los años adicionales de escolaridad no se tradujeron en más oportunidades, ni tampoco siente que su vida prospera con los apoyos del gobierno.
La fiscalía tiene en su poder las bitácoras que acreditan los viajes en un avión Learjet ejecutivo y la lista de tripulantes. Estas pruebas serán entregadas a un juez como parte de la imputación.
A bordo de una aeronave ejecutiva, propiedad de un empresario que recibió del gobierno de Nuevo León mil 579 millones de pesos para remodelar un terreno tras una licitación irregular, la familia del exgobernador Rodrigo Medina viajó 33 ocasiones a los Estados Unidos entre 2010 y 2015, y lo hizo gratis. La Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León cuenta con las bitácoras de vuelo de un avión modelo Learjet que acreditan que los familiares de Medina utilizaron dicho aparato para sus vacaciones y fines particulares. Se trata de la misma aeronave que el exmandatario también usó para vuelos de trabajo desde el 2010. El titular de la subprocuraduría Ernesto Canales confirmó en entrevista con Animal Político, que los documentos que acreditan estos viajes forman parte del material probatorio que será entregado a un juez para sostener la acusación en contra del exgobernador por ejercicio ilegal del servicio público y peculado, entre otros delitos. Fue a través de una denuncia que se hizo a la fiscalía anticorrupción como se descubrió y acreditó estos viajes que se realizaron en los últimos cinco años. “Nosotros tenemos una denuncia dentro de las varias que hemos recibido y bueno, evidentemente cada vuelo que se hace tiene una bitácora no solo del destino sino de quienes son todos los pasajeros del mismo. Es ahí cuando descubrimos esta situación y pues es evidente que es irregular. La aeronave es de un contratista del gobierno” dijo el subprocurador. De acuerdo con la investigación los vuelos no fueron pagados con dinero público; de hecho no fueron pagados con nada porque la empresa involucrada no los cobró. Sin embargo, la aeronave es propiedad de una empresario al que la que la administración de Medina le dio un contrato por mil 579 millones de pesos para remodelar un terreno en el municipio de Pesquería donde se construyó la planta de la automotriz KIA. El subprocurador Canales dijo que como autoridad no pueden dar a conocer el nombre de la empresa contratista vinculada con la aeronave ni la identidad de sus dueños, pues se violentaría el principio de presunción de inocencia que privilegia el sistema penal acusatorio, pero señaló que toda la información estará dentro de la carpeta de investigación que será entregada al juez. Lo que sí dijo, es que los vuelos gratis para la familia de Medina no son la única irregularidad detrás de estos contratos. Licitación a modo y compadrazgos Las irregularidades en torno al caso de la planta de la automotriz KIA empezaron desde la selección de los terrenos en el municipio de Pesquería. Canales explicó que las investigaciones de la fiscalía permitieron identificar que dichos terrenos fueron seleccionados a través de un despacho de consultoría que, en teoría, fue contratada vía licitación para buscar el sitio más adecuado. Sin embargo, se descubrió que los accionistas de dicha consultora están relacionados con los dueños de los terrenos que además fueron comprados al triple de su costo real. “La selección de los terrenos se realizó a través de una empresa consultora que tiene vínculos con los dueños de los terrenos adquiridos… es un elemento claramente irregular que estamos verificando” dijo el subprocurador Aunque las autoridades de Nuevo León evitaron dar a conocer los nombres, desde el año pasado medios revelaron que los terrenos seleccionados en Pesquería para la planta de KIA pertenecían a Bernardo Castillón Gómez, compadre del exgobernador Rodrigo Medina, y a Juan Manuel García Cañamar, amigo también del exmandatario estatal. Fue en 2013 cuando Castillón Gómez y García Cañamar adquirieron por 55 millones de pesos estos terrenos de poco más de 120 hectáreas. Luego, apenas 15 meses después, fueron considerados los “más adecuados” por la consultora contratada por Nuevo León y los vendieron en 186 millones de pesos, es decir, 238 por ciento por encima de lo que se pagó inicialmente. Luego de adquiridos los terrenos, Nuevo León los entregó a la constructora Profrezac que ganó una licitación por un contrato de mil 579 millones de pesos, con la finalidad de realizar la sobras correspondientes para que la planta pudiera ponerse en marcha. El subprocurador Canales dijo que están verificando además de la selección de los terrenos, cada fase de la adjudicación de este contrato, desde el diseño de una licitación a modo hasta el posible incumplimiento de los trabajos realizados. Dijo que se tienen anomalías detectadas pero prefirió no ventilarlas para no afectar el proceso. Lo que si había denunciado públicamente el actual gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, es que los trabajos de Profrezac no se realizaron de forma adecuada y prueba de ello era que la tierra que se sustrajo para instalar la planta no se depositó en un sitio seguro a 5 kilómetros de distancia, sino que solo fue aventada a un lado, en una cañada. “”Muchas cosas se obviaron por traer con urgencia a KIA, y por eso hoy tenemos grandes problemas. Esa tierra debió haberse llevado a 5 kilómetros de distancia, y la llevaron 500 metros, y es la falta de supervisión de las cosas (…) de los contratos que se hicieron estamos haciendo ahorita un análisis muy preciso de cuánta tierra se movió y si fue realmente lo que se pagó” dijo el mandatario. El avión sospechoso Para no afectar el principio de presunción de inocencia la Subprocuraduria Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León prefirió no identificar con nombre y apellido al contratita relacionado con la aeronave en la que han viajado Medina y sus familiares, y solo confirmó que se trata de la empresa relacionada con el terreno donde se instaló la planta de la armadora automotriz surcoreana. Pero en 2014 una investigación periodística reveló que José Aguirre Campo, dueño de la empresa Profrezac a la que se había asignado el contrato para remodelar el terreno donde se instaló KIA, era también propietario de un avión ejecutivo que el exgobernador Rodrigo Medina había utilizado prácticamente desde que inició su administración. Se trata de una aeronave Learjet 45 matrícula XA-UJR de la compañía Universal Jet Rental de México, de la que también es propietario Aguirre Campo. Lo que ahora revelaron las investigaciones de la Fiscalía, es que la aeronave también fue utilizada por los familiares del exgobernador en más de 30 ocasiones y sin ningún costo El uso del avión y el contrato con el terreno no fue el único vínculo denunciado desde 2014 entre Profrezac y la administración de Medina. El empresario José Aguirre Campo es según el reportaje, dueño del consorcio Noticias en Tiempo Real (NTR), cuyo director general Enrique Laviada Cicerol se desempeñó como director de comunicación social del gobierno de Nuevo León en 2011 y 2012. Según la investigación periodística, la licitación que ganó Profrezac para remodelar el terreno donde se instaló la armadora KIA, se realizó “Fast Track” y con supuestos “requisitos inalcanzables” para otras constructoras. El subprocurador Ernesto Canales confirmó a Animal Político que este contrato se encuentra bajo investigación, desde su concurso hasta su cumplimiento, por las posibles anomalías cometidas por las dependencias estatales involucradas. Desafuero en puerta Por la investigación relacionada con el desvío de recursos públicos, Ernesto Canales confirmó que se procederá también en contra de dos diputados federales que fueron servidores públicos en la administración de Rodrigo medina. Precisó que en el caso de los legisladores se solicitará en los próximos días un juicio de desafuero ante el Congreso estatal, para luego proceder en su contra penalmente. Omitió como en los casos anteriores revelar las identidades hasta que no se puede formular las imputaciones correspondientes ante el juez Respecto a Medina y once exfuncionarios de su gobierno a los que se les decretó un embargo precautorio de 22 propiedades, confirmó lo publicado por Animal Político, respecto a que será antes del jueves cuando se presente el caso al juez correspondiente y se pida fecha de audiencia inicial. Cuestionado sobre los señalamientos de Rodrigo Medina, respecto a que el caso en su contra era productos de una “persecución política”, el subprocurador de Nuevo León rechazó lo anterior al sostener que su trabajo obedece a un cumulo de denuncias que se recibieron desde el periodo de transición en 2015, y al nacimiento de la subprocuraduría anticorrupción en diciembre de ese mismo año.
CIUDAD DE MÉXICO: Hoy fue presentada formalmente la Norma Emergente de Verificación Vehicular, la cual endurecerá las medidas de control de emisión de contaminantes por parte de vehículos particulares, de transporte público y de carga en general que circulan por la llamada Megalópolis, conformada por la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Entre estas medidas destacan un sistema de diagnóstico más estricto para los automotores, la instalación de controles remotos para detectar la contaminación provocada por los vehículos en circulación, así como el combate a la corrupción en los verificentros, ya que éstos han estado manipulando las pruebas de verificación. Durante la presentación, Rafael Pacchiano, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, indicó que, por lo pronto, “la aplicación de esta norma es emergente y temporal”, ya que se será solamente por seis meses: del próximo 1 de julio al 31 de diciembre. Aunque aclaró que este periodo puede alargarse. Indicó que la verificación se realizará principalmente con el Sistema de Diagnóstico a Bordo (OBD, por sus siglas en inglés), el cual ya es obligatorio para los vehículos fabricados de 2006 a la fecha. “Esto es para realizar una verificación más rápida y más clara, para que circulen aquellos vehículos que contaminen menos, independientemente de su año y modelo”, dijo Pacchiano. Y adelantó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) estará encargada de vigilar la operación de los verificentros. Por su parte, Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, señaló enfático: “Vamos a combatir la corrupción y la impunidad en los verificentros”. Indicó que en muchos de éstos se manipulan las pruebas de verificación. Señaló también que se “homologarán” todos los programas de verificación en las seis entidades que conforman la Megalópolis, las cuales tendrán una “plataforma común” en la que quedarán identificados cada uno de los 5.4 millones de vehículos registrados en su territorio. Guillermo Haro, titular de la Profepa, prometió: “Tendremos todo un cuerpo de inspectores para vigilar a los 409 verificentros y centros de verificación de la Megalópolis. Los obligaremos a que cumplan con la norma”. Agregó que los “controles remotos para vigilar a los vehículos en circulación incluirán al transporte de pasajeros con placas federales”. Los funcionarios señalaron que, a partir del 1 de julio, cuando entre en vigor la norma, se desactivará el programa Hoy No Circula parejo, por lo que nuevamente podrán circular todos los días los vehículos con hologramas O y OO, por ser los menos contaminantes. Indicaron que los vehículos modelo 2016 –a los que corresponde el holograma 00— quedarán exentos de ser verificados por un periodo de 4 años. Los que tendrán más restricciones en la circulación serán los de holograma 1 y 2, ya que son autos más antiguos que no cuentan con el OBD. Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), indicó que el principal compromiso del jefe de gobierno capitalino y de los cinco gobernadores de ese territorio es articular políticas encaminadas a cuidar la salud de la población. Instó a todos los sectores de la sociedad a trabajar conjuntamente para lograr este propósito, dejándole a la Semarnat la labor “de identificar a las fuentes contaminantes, móviles y fijas”. En la rueda de prensa también estuvieron presentes los titulares de las seis entidades que conforman la Megalópolis: Miguel Ángel Mancera, de la Ciudad de México; Eruviel Ávila, del Estado de México; José Francisco Olvera, de Hidalgo; Graco Ramírez, de Morelos; Rafael Moreno Valle, de Puebla; y Mariano González, de Tlaxcala.
CIUDAD DE MÉXICO: Instalada en una silla, frente a la cámara y con un retrato de Enrique Peña Nieto a su espalda, Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), aprovechó la cuenta institucional de la dependencia a su cargo para protagonizar un video en el que alabó al presidente por su iniciativa sobre el matrimonio homosexual y realizó su autopromoción.
La funcionaria, quien negó en diciembre una futura afiliación al PRI por “llevar la izquierda en el corazón”, dirige la dependencia encargada de mejorar la vivienda en las zonas marginadas del país. Y desde ese cargo, publicó hoy en el canal de Youtube una posición personal que no tiene nada qué ver con el rezago agrario y urbano. “Hoy que ya terminaron las elecciones me gustaría platicar con ustedes de un tema que me parece muy relevante”, inicia mirando la cámara: “Me refiero a la iniciativa que durante estos días envió el presidente Enrique Peña Nieto a favor del matrimonio igualitario”. En ese instante, el rostro de la funcionaria desaparece y es sustituido por las imágenes del presidente durante la firma del documento oficial de la iniciativa. Segundos más tarde, la cámara enfoca de nuevo a Robles Berlanga, cuyo discurso se convierte un acto de promoción personal. “Siempre a lo largo de toda mi carrera pública he sostenido un tema fundamental: a Dios lo que es de Dios, y a César lo que es del César”, asegura –mediante una referencia bíblica—frente a la firme oposición de la Iglesia Católica mexicana contra el matrimonio homosexual. A cuadro aparecen otra vez imágenes de Peña Nieto mientras firma el documento final ante los aplausos de los asistentes. “Celebro enormemente la valentía y la decisión del presidente Enrique Peña Nieto, me sumo totalmente a esta iniciativa”, plantea la titular de la Sedatu. Y enseguida invita a “todos y a todas a sumarse a esta iniciativa”.
En sus primeros tres años con la administración de Peña Nieto –en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) hasta agosto de 2015 y en la Sedatu desde ese entonces–, la funcionaria experredista erogó más de 870 millones de pesos en propaganda oficial.
CIUDAD DE MÉXICO: El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Luis María Aguilar Morales calificó de “mala práctica” el que organizaciones civiles descalifiquen a los jueces y magistrados por ordenar la liberación de presuntos delincuentes al encontrar en sus expedientes violaciones al debido proceso. Al participar en el Octavo Foro sobre Seguridad y Justicia, defendió el trabajo de los jueces al comentar que se apegan a la Constitución y a las leyes, mientras que las descalificaciones a su labor se han hecho “sin conocimiento directo de los hechos y derechos que han estado en juego en cada caso concreto”. Ante el presidente Enrique Peña Nieto, funcionarios del gabinete de seguridad federal y representantes de organizaciones civiles, el magistrado reconoció: “por supuesto que los jueces no son infalibles”
Sin embargo, advirtió que si el camino hacia el Nuevo Sistema de Justicia Penal “se pavimenta de acusaciones de corrupción, por sólo disentir de sus decisiones, pero sin razones y pruebas fundadas, en nada contribuirá a la legitimidad de los juzgadores que, al menos en el ámbito federal, constituyen el eslabón más fuerte de esta cadena que lo soporta”. Afortunadamente, agregó, son pocos los casos en los que ha habido equivocaciones. Es más, destacó que en lo que va de su administración al frente de la Corte, tres magistrados y tres jueces federales han sido destituidos de sus cargos por diversos motivos. No obstante, notó que en ese tiempo de todos los casos que ha conocido, la justicia federal está involucrada con la flagrancia. Por ello, destacó que el desafío del nuevo modelo de justicia es mantener constante el flujo de solución de conflictos de índole penal, una vez que se incrementen los procesos como resultado de labor de investigación de la policía y del ministerio público.
Una veintena de organizaciones de estudiantes, docentes y trabajadores de la Educación Pública se unieron en la convocatoria a la marcha del próximo 10 de junio, fecha en que se conmemorarán los 45 años del crimen de estado cometido en 1971. La masacre, que ocurrió en el entorno de la estación del metro Normal, en la ciudad de México, fue orquestada por las fuerzas públicas, Ejército y Policía Federal y contó con la participación de un grupo paramilitar llamado “Los Halcones”, acabó con la vida de 120 personas que se manifestaban solidariamente con la Universidad Autónoma de Nuevo León, en huelga. “Esta convocatoria unitaria fue producto de un gran trabajo de preparación, no sólo en el Valle de México, sino en otros puntos de la República, como Morelos y Cuernavaca. Ocurre en un momento muy especial, cuando atravesamos un proceso inadmisible de militarización de la vida política y social de México y la imposición de reformas estructurales que enajenan los recursos naturales.” Félix Hernández Gamundi enfatiza tras sus tupidos bigotes la importancia de dos reformas que están siendo impulsadas. El histórico dirigente de la Generación 68 sostiene que tanto la aprobación de la ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución, así como la Ley Eruviel, aprobada por el Congreso del Estado de México, guardan en su seno un peligro gigante para el movimiento popular. “La ley reglamentaria del 29 Constitucional pretende regular el ejercicio de la suspensión de las garantías individuales y cancelar temporalmente los derechos fundamentales de los ciudadanos. La Ley Eruviel es el laboratorio represivo, similar a la Ley Bala – como la de Puebla, prontamente derogada – que con un cinismo brutal autoriza a un policía a usar munición real en condiciones inauditas, como por ejemplo “la expresión corporal” de una persona. Estas iniciativas son presentadas en un momento de descontento social, de alto desempleo y pobreza que se expresan en la calle y buscan mutilar, cancelar la posibilidad de expresión de la protesta y movilización de las personas en reclamo por sus derechos” La convocatoria a la marcha se hace, por eso, intentando aglutinar otros reclamos del movimiento popular, además de los educativos, que en el frente plantado a la Reforma Educativa y al traspaso del Instituto Politécnico Nacional a la égida del Secretario de Educación, tiene dos buenas muestras. La imagen de la última movilización de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, que fue sitiada por al menos 4 mil policías preocupa a los convocantes que exhortan a que las fuerzas estatales no se hagan presentes en la movilización del 10 de junio. “La policía en una protesta es garantía de violencia. La policía opera como una provocación. Por eso pedimos que se abstenga de estar presente y de encapsular a nuestros contingentes” Al igual que los maestros, la marcha intentará llegar al Zócalo capitalino. Saben que será difícil: “El panorama represivo que se está dando,los cercos policiales a la CNTE son complicados. El esfuerzo está puesto en que la movilización englobe otras luchas populares y otros reclamos pero sabemos que para eso no alcanza con ponerlas en un cartel. No es tan simple aglutinar las luchas en una iniciativa que supere el aislamiento, que construya una lucha común y coordinada. Nos sucedió después del último 2 de Octubre – aniversario de la masacre de Tlatelolco, en 1968 – que es una marcha que se coordina de con otros sectores organizados, pero como hubo presos en la movilización, nuestras coordinaciones posteriores se dedicaron a cómo sacarlos y no a la elaboración de una agenda común” explica Axel Meléndez, estudiante de la UNAM e integrante del Comité Estudiantil Metropolitano. Desde la convocatoria a la marcha no se quieren presos ni heridos, se insiste en que se convoca a una manifestación pacífica. Por eso no quieren policías. ¿Será la defensa de la educación pública la que articule el amplio descontento social en que viven los abajo de México? El 10 de junio está la posibilidad de que así ocurra.
“El sábado se hizo la marcha y se sintió el apoyo de la comunidad, todo salió bien. A continuación, se nombró una comisión de 12 personas de la comunidad que van a estar trabajando para que, en el correr del próximo mes, impugnemos en tribunales el título de propiedad del camino a la playa” Melchor Gamboa es uno de los vecinos organizados de Akumal, quienes este fin de semana volvieron a movilizarse en rechazo a la privatización que empresarios de la zona, vinculados al Centro Ecológico Akumal (CEA) hicieron del único acceso público, el histórico, que toda persona que haya pisado sus blancas arenas, necesariamente, transitó. En el año 2011, en una martingala orquestada por dos grandes potentados de la zona y dueños de un sinfín de terrenos, modificaron las “medidas de colindancias” y lograron que esa modificación fuese aceptada por la oficina de catastro municipal. Laura Bush es hija del magnate Pablo Bush, vicepresidenta del Centro Ecológico de Akumal, se inconformó entonces con el propio Centro y, como si se desdoblara modificó, en conjunto con el presidente del CEA, Carlos Ortiz Salinas – primo del ex presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari – las medidas de sus terrenos. Así hicieron desaparecer del registro público el camino de acceso público a la playa, agregándolo a sus propiedades. “Los vecinos de Akumal decidimos conformarnos en una asociación civil, que sea la que entable al denuncia contra esa modificación de las medidas y colindancias del terreno. Tenemos acceso a los títulos de propiedad de 1973 y podemos demostrar que eso estuvo mal hecho y que fue irregular” La precaución de fundar una asociación civil tiene que ver con la forma en que los empresarios han respondido a las demandas del pueblo, que despacito, se organizó para reclamar lo propio. “Estamos todos denunciados. La mayoría de las cooperativas que trabajamos en la playa, los pobladores, todos tenemos demandas en contra de los empresarios de la zona. Ya anteriores a la violencia del domingo. Dicen que causamos daño a sus propiedades, que nos manifestamos sin permiso. Nos han metido demandas cada mes. Hay personas que tienen 3 o 4 demandas en su contra, gente del pueblo, denunciada por los empresarios” El “domingo” al que refiere Melchor fue el episodio que le dio triste notoriedad al conflicto por las costas caribeñas, cuando el 29 de mayo, la seguridad privada que contrató el Centro Ecológico Akumal para “guardar” las bardas de dos metros que colocaron sobre el acceso a la playa, atacó la movilización de los vecinos que reclamaban el acceso, intercedió la policía con balas de goma y todo fue un caos. Dos horas más tarde, policías de Playa del Carmen acudieron al pueblito y se llevaron entre 25 y 30 personas, que fueron golpeadas y luego abandonadas en la carretera. No los detuvieron. Según reportaron los vecinos de Akumal, el muchacho que estaba más grave tras este segundo atropello ya consiguió el alta médica, aunque se mantiene en observación, dado lo complejo de una lesión en el cráneo, que fue con lo que acabó tras la golpiza policial. Por eso esta vez, para evitar un nuevo ataque de los de la seguridad privada, que se mantuvieron en la impunidad gracias a la valla, los vecinos de Akumal pidieron a la policía de Tulum que escoltara la movilización y que los resguardara de un posible nuevo ataque. Tampoco llegaron hasta el acceso robado, para evitar que se los acuse nuevamente de estar provocando un conflicto. “Logramos también que el gobierno municipal y estatal se comprometieran a brindarnos al departamento jurídico del estado para que colabore con nosotros, en la elaboración de la demanda contra el arrebato irregular del camino público” A pesar de emprender el camino jurídico, los pobladores de Akumal no abandonarán la pelea en las calles del pueblo. “Vamos a continuar marchando, cada tres semanas o una vez por mes hasta que logremos recuperar el acceso público a la playa. Por eso le pedimos a la gente, independientemente de que sean de otros estados, que nos apoyen moralmente, para lograr que esta causa tenga repercusión”
Porque, como explicó otro de los vecinos del lugar, todo aquel que haya ido a Akumal en los últimos 40 años necesariamente usó ese acceso, por el que ahora pretende comenzar a cobrarse (el rumor es de 12 dólares para los locales, 80 para los extranjeros). Porque es a todo México al que le están quitando esa playa. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: ELIANA GILET. FECHA: 6 JUNIO 2016. LINK: http://desinformemonos.org.mx/pobladores-de-akumal-denunciaran-a-empresarios-por-apropiarse-de-la-bajada-a-la-playa/
CIUDAD DE MÉXICO: El diario estadunidense The Wall Street Journal sentenció este lunes que los resultados de las elecciones del domingo 5, donde el PRI perdió varias gubernaturas, incluidas las emblemáticas Veracruz y Chihuahua, representan un golpe al presidente Enrique Peña Nieto. También destaca que el PRI de Peña Nieto “fue expulsado del poder en cuatro bastiones que había gobernado sin interrupción desde 1929: el rico en petróleo Veracruz, los violentos Tamaulipas y Durango, y Quintana Roo, en la Península de Yucatán”. No sólo eso, el partido que encabeza el sonorense Manlio Fabio Beltrones también registró “pérdidas en siete de los 12 Congresos estatales, en una muestra de que los votantes están cada vez más cansados de los escándalos de corrupción”. En particular, el diario hizo referencia a los escándalos de corrupción en Veracruz, derivados de presuntos desvíos de fondos federales a empresas fantasma, así como de la presunta colusión de la policía estatal con grupos criminales, aparte del incremento drástico de la deuda estatal. Luego subrayó la promesa del panista Javier Corral en Chihuahua de comenzar investigaciones por corrupción contra el priista César Duarte y las acusaciones contra el exmandatario nuevoleonés Rodrigo Medina, también del PRI, como muestras del énfasis que tendrán que dar los gobernadores a la lucha anticorrupción para ganarse a su ciudadanía. El rotativo resaltó que “las fuertes pérdidas del PRI podrían traducirse en una legislación anticorrupción más severa. Una legislación al respecto se puso en marcha hace meses, pero el PRI y sus aliados rebajaron las propuestas iniciales del proyecto. El PRI, por ejemplo, se resistió a una medida que obligaría a cualquier servidor público a revelar sus activos”. En su nota actualizada sobre la jornada electoral en nuestro país, el diario estadunidense interpretó los resultados de los comicios como la prueba definitiva de la caída de popularidad del Presidente Peña, misma que comenzó a desplomarse a raíz de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de los escándalos de conflicto de interés dentro de su gestión, como el caso de la Casa Blanca de Angélica Rivera.
También consideró que el gran ganador de la jornada fue el PAN, ya que se posiciona como un serio contendiente rumbo al relevo presidencial de 2018, pero advirtió que ese avance dependerá de su desempeño en las gubernaturas ahora alcanzadas. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. FECHA: 6 JUNIO 2016. LINK: http://www.proceso.com.mx/443183/electorado-se-canso-escandalos-propino-reves-a-pena-al-pri-wsj
