La propuesta hecha por legisladores panistas incluye denunciar al exsecretario general de Gobierno Rafael Gutiérrez Villalobos y a Blanca Isabel Ávalos Fernández.
Tras un receso en el que todos los legisladores sostuvieron una reunión privada, la propuesta fue retirada por sus autores, los diputados Nicolás Contreras Cortés, Francisco Javier Ceballos Galindo y Luis Ayala Campos —de la bancada mayoritaria panista—, bajo la siguiente explicación:
“Creemos firmemente que un asunto tan delicado como el que se expone, debe gozar de la mayor cantidad de apoyo posible”.
Leída en la tribuna por Contreras Cortés, presidente de la mesa directiva del Congreso, la iniciativa de punto de acuerdo planteaba instruir al representante jurídico del Congreso a formular ante el Ministerio Público la denuncia contra los exfuncionarios.
Éstos fueron señalados recientemente como presuntos responsables de conductas ilícitas dentro del dictamen de la auditoria 01/2016 del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), dado a conocer el lunes pasado.
Dicha auditoría duró más de cuatro meses, luego de que el 2 de febrero anterior se ordenó la apertura del procedimiento de Revisión de Situación Excepcional a la deuda pública por 638 millones de pesos. Ésta fue contratada por el Ejecutivo del Estado para refinanciar los pasivos contraídos con la banca privada, reconocida por la LVII Legislatura local mediante decreto 565 aprobado el 20 de septiembre de 2015 y publicado al día siguiente en el Periódico Oficial el Estado de Colima.
Las acusaciones
La propuesta de los legisladores hizo alusión a que, dentro del informe del Osafig, los exservidores públicos fueron encontrados como principales responsables, entre otras cosas, de dar información falsa al Congreso del Estado, distraer recursos públicos de los objetos a que están destinados y generar daños y perjuicios a la hacienda pública estatal.
En su dictamen, el organismo anunció una denuncia penal contra los señalados, recomendó a los legisladores proceder de igual manera, inhabilitar para ocupar puestos públicos al exmandatario y sus excolaboradores por hasta 14 y 10 años, respectivamente, y aplicarles una sanción económica de 707 millones de pesos.
Contreras, Ceballos y Ayala indicaron:
“Aunque aún no han concluido otras auditorías que se están realizando a diversas dependencias del Ejecutivo, los resultados obtenidos en la mencionada revisión excepcional son suficientes para iniciar una denuncia penal en contra de los mencionados exfuncionarios al no haberse desvirtuado las observaciones que realizó el Osafig respecto a los malos manejos de los recursos públicos al desviar los mismos de su objeto y la presentación de información falsa ante este Congreso del Estado”.
Los diputados propusieron también integrar una comisión especial para dar seguimiento a la denuncia penal, con facultades para proponer ante el pleno todos los acuerdos necesarios para el buen proceder del asunto, que debería rendir un informe mensual de los avances que presente la denuncia penal señalada.
Así también, sugirieron facultar a quien funja como presidente de la mesa directiva del Congreso, en su carácter de representante jurídico, “para que en el momento procesal oportuno solicite el embargo precautorio de bienes de los mencionados exfuncionarios a efecto de garantizar la reparación de los daños causados a la hacienda estatal”.
Madurez política
Este miércoles, en lugar de someter a discusión y votación la iniciativa de punto de acuerdo, se declaró un receso durante el cual todos los diputados discutieron el asunto en privado.
Al regresar al salón del pleno, el diputado Nicolás Contreras intervino nuevamente en la tribuna, donde anunció el retiro de la propuesta “en una muestra de madurez política y en aras de lograr mayores consensos que nos permitan avanzar con celeridad en las investigaciones sobre este tema tan importante, y a fin de no dar posibilidad alguna de que el mismo sea entorpecido por alguna declaración descontextualizada”.
La decisión, refirió, fue tomada “después de haber escuchado durante este receso a todos nuestros compañeros diputados y a los abogados de este Congreso, tal y como debe hacerse en una democracia de altura”.
No obstante, insistió: “Creemos en la viabilidad de nuestra propuesta, dado que ésta en ningún momento prejuzga sobre la culpabilidad o no de los exfuncionarios mencionados, pues tal facultad corresponde a otras instancias”.
Y concluyó: “Dejamos muy en firme nuestro compromiso con los ciudadanos de Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo y en general de todo nuestro estado de llevar el asunto del desfalco financiero de nuestro estado hasta las últimas consecuencias, pues somos sabedores de la esperanza que los colimenses depositaron en nosotros”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO ZAMORA BRISEÑO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443454/frena-congreso-de-colima-denuncia-contra-exgobernador-por-mal-uso-de-recursos
