viernes, 10 de junio de 2016

El Cártel de Los Güeros: los exfuncionarios detrás del caso Toyota

Ex funcionarios del sexenio calderonista y empresarios compraron terrenos que vendieron a sobreprecio al gobierno del panista Miguel Márquez. Los campesinos que denuncian haber sido engañados y forzados a vender, apodaron a esos intermediarios como Los Güeros. Esta es la segunda parte del reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Cuando dejó su empleo en la Procuraduría Agraria en 2012, el ciudadano Santiago Germán Bordes tenía, según su declaración patrimonial, apenas 8 mil 600 pesos en el banco y ningún inmueble a su nombre; tres años después, ya era dueño de 58 hectáreas con valor de 55 millones de pesos.

Por increíble que parezca, su enriquecimiento lo logró tras convertirse en ejidatario. O mejor dicho, al volverse campesino.

Con ese camuflaje, Germán Bordes compró decenas de hectáreas que luego vendió a una empresa en la que es miembro del Consejo de Administración, la cual a su vez las revendió al Gobierno de Guanajuato para obsequiárselas a la trasnacional japonesa Toyota.

Con el auxilio de un empleado que también simuló ser campesino convenció, e incluso presionó a ejidatarios de que les vendieran sus tierras a precios muy bajos, las cuales luego fueron vendidas al Gobierno guanajuatense hasta 42 veces más caras.

Estos “campesinos”, a quienes los ejidatarios apodaron como Los Güeros, colaboran en una empresa que fungió como intermediaria en la adquisición de 294 hectáreas en una comunidad ubicada en los límites de Guanajuato con Querétaro, donde Toyota proyecta instalar una planta armadora de autos.


La intermediaria compró los terrenos a precios diferenciados, pero siempre muy bajos. El menor precio fue en una parcela de 6.6 hectáreas, en donde pagó 158 mil pesos, que equivale a 2 pesos con 39 centavos el metro cuadrado y un mes después lo revendió al Gobierno en 148 pesos el metro cuadrado.


Otro ejemplo fue la compra de 19 mil 622 metros cuadrados en 74 mil 674 pesos (3.8 pesos el metro) que fue revendida en un mes en 3 millones 171 mil pesos (161 pesos el metro cuadrado).

Sobreprecio de 290 millones

Esta maquinación en la compra de tierras involucró al Gobierno de Guanajuato que encabeza el panista Miguel Márquez, quien pagó 481 millones de pesos por 31 terrenos que en realidad tenían un valor de 191 millones.

El sobreprecio pagado con recursos públicos fue del 150%, equivalente a 290 millones de pesos, de acuerdo con los avalúos bancarios de los predios, obtenidos por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Los avalúos realizados a finales de agosto de 2015 por peritos de ABC Capital, fijaron en 65 pesos el precio del metro cuadrado en los terrenos donde se proyecta instalar la planta de Toyota; dos meses después el Gobierno de Guanajuato pagó en promedio cada metro cuadrado en 164 pesos.

Al menos 17 de los 31 terrenos fueron comprados muy baratos por la intermediaria y luego revendidos muy caros al Gobierno, con sólo un mes de diferencia.


Por ejemplo, el 12 de noviembre de 2015, el ejidatario Elpidio Rodríguez vendió su parcela de dos hectáreas en 200 mil pesos (equivalente a 10 pesos el metro cuadrado) y 36 días después fue revendida al Gobierno guanajuatense en 2 millones 915 mil pesos (146 pesos el metro).

La ruta del dinero

¿Quiénes están detrás de este lucrativo negocio? La ruta del dinero apunta a Monterrey, al despacho de un empresario que ya antes había sido acusado de despojar a ejidatarios en Quintana Roo, en sociedad con políticos de Nuevo León.

JAOS & SGB fue constituida el 13 de junio de 2014, en Monterrey, por el empresario José María Garza Treviño, a través de su compañía GP Bienes Inmuebles, que posee el 99.9% de las acciones.

La empresa podría haberse creado exprofeso para la compra masiva de tierras en la zona donde se instalaría Toyota.


El 8 de julio de 2014, a los 25 días del nacimiento de JAOS & SGB, sus representantes concretaron las primeras adquisiciones de predios en el ejido Caleras de Ameche. La compra de parcelas inició nueve meses antes de que el presidente Enrique Peña Nieto formalizara el anuncio de que en ese lugar se instalaría una planta armadora de la automotriz japonesa Toyota. ¿Tenían información privilegiada?

El dueño casi absoluto de la intermediaria es uno de los 100 empresarios más importantes del país, según la lista anual de la revista Expansión. Es el Presidente de Grupo GP, que abarca los ramos de la construcción, desarrollos industriales, servicios y vivienda.


En una investigación publicada en junio de 2014 en Reporte Índigo, Garza Treviño fue señalado de despojar a ejidatarios en Quintana Roo, en sociedad con un cuñado del actual embajador de Uruguay, Felipe Enríquez.

Negocio de ex funcionarios

JAOS y SGB son las siglas de dos ex funcionarios del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que se dedican al negocio de comprar y vender terrenos ejidales.

Los funcionarios se llaman José Antonio Ortega Serrano (JAOS) y Santiago Germán Bordes (SGB), quienes coincidieron en el anterior sexenio en la Procuraduría Agraria; el primero se desempeñaba como coordinador de programas institucionales, mientras que el otro fue director de área.

Germán Bordes tiene participación triple en la empresa JAOS & SGB, pues desde su fundación es integrante del Consejo de Administración, apoderado legal y negociador en la compra y venta de tierras. Su paso por la Procuraduría Agraria le dio el conocimiento y la experiencia para negociar con ejidatarios.


Al concluir el anterior sexenio, Germán Bordes se asoció con Ortega Serrano y con Abraham Cherem Mizrahi, un panista que también trabajó en el sexenio de Felipe Calderón como jefe de enlace en Gobernación y en la Presidencia de la República. Los tres fundaron el despacho Law, Social and Agro Advisors Consulting (LASC), que se dedica a negociar la liberación de tierras para obras públicas y desarrollos inmobiliarios e industriales.

Un domicilio, muchos intereses


La firma de consultoría agraria creada por los ex funcionarios panistas comparte domicilio en el centro de Coyoacán, con otras empresas que tienen socios e intereses empresariales comunes.

La dirección de Caballo Calco 28, en Coyoacán, es el domicilio de LASC (la consultoría de JAOS, SGB y Cherem), pero también es la sede de la notaría 129, a cargo de Ignacio Soto Borja, quien a su vez aportó esa dirección para inscribir la empresa Losrram SA de CV, de la que es director Víctor Manuel Lizárraga Erosa, uno de los socios de la intermediaria que compró los terrenos para la armadora de Toyota en Apaseo el Grande, Guanajuato.

Tantas coincidencias no son casualidad: los socios de LASC, Losrram y JAOS & SGB son amigos y han recurrido a esquemas de negocios casi idénticos, de adquirir en forma masiva terrenos ejidales a precios baratos, para realizar obras o desarrollos inmobiliarios.

LASC lo hizo en Chiapas, al negociar la liberación del derecho de vía para dos carreteras; Losrram negoció con ejidatarios del pueblo mágico de Pozos, al norte de Guanajuato, para impulsar un desarrollo turístico y residencial de 152 hectáreas, y JAOS & SGB le compró más de 294 hectáreas a campesinos para la nueva planta armadora de Toyota.

En los tres casos recibieron recursos públicos, de acuerdo con documentos oficiales obtenidos para esta investigación: LASC cobró 19 millones de pesos en tres contratos por invitación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; el proyecto de Losrram fue beneficiado con más de 100 millones de pesos de fondos estatales y federales, mientras que JAOS & SGB obtuvo una utilidad superior a los 200 millones de pesos, al fungir como intermediaria del Gobierno de Guanajuato en la compra de tierras para Toyota.

La red de amigos

Los socios de las tres empresas tienen vínculos de negocios y de amistad.

Ignacio Soto Borja, titular de la notaría ubicada en Caballo Calco 28, está asociado con Daniel Esquenazi Beraha en al menos dos empresas dedicadas a promover el proyecto inmobiliario de Pozos, el cual presumen en redes sociales que será el nuevo San Miguel de Allende.

Ambos, a su vez, tienen vínculos de negocios con Víctor Manuel Lizárraga Erosa, accionista minoritario de JAOS & SGB.

Los tres son copropietarios de un predio de 80 hectáreas en el ejido Aquiles Serdán, del municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, en donde proyectan un desarrollo turístico de playa.

Esquenazi, Soto Borja y Lizárraga tienen en su círculo de amigos en Facebook e Instagram a Juan José García Henríquez, al que apodan ‘Picho’, uno de los responsables de negociar la compra de tierras para JAOS & SGB; para cumplir su encomienda, Picho llegó a ostentarse como campesino en la compra-venta de al menos 26 hectáreas. Su amistad y cercanía la expresan en mensajes fraternos e intercambios de bromas en redes sociales.

Esquenazi también es amigo en redes del panista Abraham Cherem Mizrahi, ex jefe de enlace en la Presidencia de la República con Felipe Calderón, y uno de los socios de LASC.


Mientras que José Antonio Ortega Serrano, socio de Cherem, tiene en su red de amigos a Esquenazi, a ‘Picho’ y a Ignacio Soto.

El enlace en el Gobierno

Franco Herrera Sánchez, subsecretario de Atracción de Inversiones del Gobierno de Guanajuato, fue el funcionario estatal que negoció con los representantes de JAOS & SGB la compra de terrenos. Su nombre y firma aparece en los planos de deslinde y actas.

Fue, además, uno de los negociadores para la inversión de Toyota. Dado que estuvo a cargo de ese proyecto desde el 2014, Herrera Sánchez habría tenido información de primera mano de las necesidades y características del terreno solicitado por la armadora de capital japonés.

Su delicada labor de negociador no le impidió trabar amistad con sus contrapartes.

En su círculo de amigos en Facebook, el funcionario tiene a Juan José García Henríquez, ‘Picho’, quien cumplió doble labor al servicio de JAOS & SGB: como improvisado ejidatario en la compra de tierras y como su apoderado general en los contratos y en el decreto de expropiación.

Además, es amigo en redes de José Antonio Ortega Serrano (cuyo nombre corresponde a las iniciales JAOS), el socio de la empresa LASC, de ex funcionarios del anterior sexenio panista.

El Subsecretario de Atracción de Inversiones estuvo involucrado en 2013 en la compra irregular de un terreno de tres hectáreas, para construir el edificio de seguridad C4 en Salamanca.

El terreno lo vendió la empresa Inmobiliaria y Servicios Benher, propiedad de su hermano Alejandro, a un precio de 41 millones 953 mil pesos, pese a que había avalúos que estimaban que el costo real del inmueble era de 24 millones 469 mil pesos, según consta en una auditoría del Órgano Superior de Fiscalización de Guanajuato.

Organizaciones ciudadanas acusaron en aquella ocasión a Franco Herrera de haber sido el intermediario en la venta del terreno.

El deslinde oficial

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad buscó al funcionario guanajuatense para preguntarle si su amistad con dos personas vinculadas a JAOS representaba un conflicto de intereses, pero se negó a responder.

En conversación telefónica este miércoles, dijo que no haría ninguna declaración al respecto, porque la compra de terrenos para Toyota todavía no concluía.

Herrera Sánchez aseguró que no sabía que JAOS & SGB había fungido como intermediaria, al comprar tierras baratas que luego había revendido caras al Gobierno de Guanajuato. Sin embargo, Herrera Sánchez es el funcionario encargado de autorizar el polígono donde se instalará la armadora, incluyendo los deslindes de esos terrenos.

En todo caso -añadió- la compra de cientos de hectáreas que hizo desde 2014 la empresa eran para un parque industrial y su uso se cambió cuando Toyota decidió instalarse en Guanajuato.

La decisión de Toyota de instalarse en el ejido de Caleras de Ameche, en Apaseo el Grande, fue tomada en abril de 2015 en Japón, una semana antes de que la inversión la anunciara el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pínos, sostuvo el Subsecretario.

Sin embargo, otro funcionario guanajuatense -quien habló con la condición del anonimato- confió que desde 2014 ya se había presentado a Toyota la alternativa del terreno que en forma muy anticipada compró una empresa de capital regiomontano.

Vía telefónica ayer una vocero de Toyota dijo que las negociaciones para instalar la planta en esos terrenos se dieron hasta después del presidente Enrique Peña Nieto.

El Gobierno de Guanajuato se limitó a expresar como postura oficial que la compra de tierras para Toyota se hizo en forma legal y a un precio parejo de 148 pesos el metro cuadrado, tanto a ejidatarios, pequeños propietarios como vía expropiaciones.

Documentos en poder de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad muestran, en cambio, que el precio promedio pagado por 294 hectáreas fue de 164 pesos.

Integran a ejido a falsos campesinos

En una asamblea realizada el 8 de julio de 2014, Juan José García Henríquez y Santiago German Bordes fueron incluidos como ejidatarios de la comunidad Caleras de Ameche.

German Bordes habría aprovechado la experiencia obtenida en su paso como funcionario de la Procuraduría Agraria, para encontrar los resquicios legales que les permitieran integrarse al ejido. Una vez instalados en la comunidad de Caleras de Ameche, lograron escriturar a su nombre 17 parcelas, según consta en los títulos de propiedad parcelarios obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.


En una consulta realizada en los expedientes del Registro Público de la Propiedad de Apaseo el Grande, aparece la anotación de que 14 parcelas pasaron a manos de los dos ex funcionarios en una operación valuada en cero pesos. Cinco de esos terrenos fueron traspasados como permuta (intercambio) en junio de 2015.

A los dos meses, las parcelas fueron vendidas a la empresa JAOS & SGB, en la cual trabajan los dos falsos ejidatarios, según documentos de las transacciones. Luego, las tierras fueron revendidas al Gobierno de Guanajuato.

En 12 contratos de compra-venta de las tierras del ejido de Caleras de Ameche, Santiago German Bordes se identificó como un campesino originario del Distrito Federal, con dirección en la calle Iztaccíhuatl, en la colonia La Florida, de la Ciudad de México. El domicilio en realidad corresponde a una vivienda en una de las zonas residenciales más exclusivas.


Los reporteros buscaron a esta persona en su casa, pero no se concretó la entrevista.







En otras cinco escrituras aparece como ejidatario el apoderado general de JAOS & SGB, Juan José García Henríquez, quien ante un notario público afirmó que era campesino originario de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con domicilio en la calle Camino Antiguo a Marfil, en Guanajuato Capital.

Antes de vender cada terreno, notificó al ejido y a su entonces esposa, Ana Daniela Sosa Barba (actual regidora suplente y funcionaria del Ayuntamiento de Guanajuato) el derecho de preferencia de compra, según consta en los documentos.


Se le buscó vía telefónica, pero nunca contestó. Tampoco respondió los mensajes ni se le encontró en el domicilio que reportó en Guanajuato en la zona residencial de Marfil.

Desde que se constituyó la empresa JAOS & SGB en 2014, García Henríquez fue registrado como su representante legal.

Complicidades y supuestas amenazas

Francisco Rodríguez Gómez, tesorero del comisariado ejidal de Caleras de Ameche, relató que desde mediados de 2014 los representantes de JAOS & SGB –a quienes apodaban ‘Los Güeros’- se hicieron pasar como campesinos, para adquirir las tierras.

Incluso, en una asamblea realizada el 8 de julio de 2014, se les integró como ejidatarios, y con ese nombramiento, pudieron gestionar a su nombre títulos de propiedad parcelarios, ante el Registro Agrario Nacional.

“Aquí el que los arrimó fue el comisariado ejidal, señor Refugio Rubio Ciciliano, fue el que los trajo, los arrimó a la asamblea, y los convocó a junta ante notario público para que hiciera válido… para reconocerlos como avecindados”, relató el tesorero.

La integración de ‘Los Güeros’ al ejido provocó división entre los vecinos.

“Unos votaron en contra y otros a favor. El chiste es que se aceptó con la condición de que ellos, el avecindado, no tenía que causarle problemas al ejido, en cuanto causaran problemas podían ser rechazados o expulsados, y es lo primero que nos hicieron”.

El divisionismo provocó que la directiva del ejido se partiera en dos: “El comisariado ejidal fue el primero que negoció con estos señores intermediarios. Y de este lado (de los inconformes) se vino el secretario, el tesorero y consejo de vigilancia”.

¿Cómo le hicieron los ‘Los Güeros’ y el comisariado ejidal para quedarse con las tierras?, preguntó el representante de los inconformes. Y él mismo respondió: con amenazas.

“Ya nos habían dicho que de todos modos teníamos que vender nuestras tierras baratas y el primer obstáculo que nos pusieron, precisamente a mí, vinieron y clausuraron el levantamiento de agua del río para poder regar las parcelas, argumentando que no tenía concesión”.

Los campesinos comprobaron ante la Comisión Nacional del Agua que había una resolución presidencial que les permitía utilizar un río para riego. Y la intimidación pasó a otro nivel.

“Después vinieron las amenazas de que de todos modos teníamos que vender”.

-¿Quiénes amenazaron?

-Los Güeros.

-¿Los de la empresa JAOS?

-Ajá. De hecho, nos decían: tienen que vender barato, ya no va a ser de voluntad, va a ser de fuerzas.

A los que se negaban a vender, les advertían que el Gobierno de Guanajuato procedería a la expropiación de las tierras, a un precio todavía más bajo.

“Aquí mis compañeros sí están con el temor de que lleguemos a mayores, pero ¿a dónde vamos, si todo el tiempo hemos vivido aquí?”.

Mencionó que son 20 los ejidatarios que se negaron a vender a los intermediarios sus parcelas, las cuales miden 180 hectáreas.

Pese a que el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, aseguró que él mismo intervino para negociar la compra de las tierras, los campesinos lo desmienten.

“Él nunca se ha acercado a nosotros para poder platicar de frente”, dijo el tesorero del ejido.

“Es injusto lo que está haciendo el Gobierno, porque debería de venir y dialogar. Nunca nos oponemos a vender, pero una cosa justa”.

La negativa para vender es que tanto los intermediarios como el Gobierno ofrecían un bajo precio por sus parcelas.

Los campesinos piden que les paguen a 250 pesos el metro cuadrado, pero la empresa intermediaria llegó a comprar hasta en 4 pesos el metro.

Ganan hasta con expropiación

El 14 de diciembre de 2015, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, firmó un decreto de expropiación de 8.17 hectáreas que la empresa JAOS & SGB había adquirido en una comunidad del municipio de Apaseo el Grande.

El Gobierno pagó en promedio en 145.5 pesos cada metro cuadrado expropiado, mientras que la empresa compró el metro en 86.7 pesos en promedio.

Tan sólo con este decreto expropiatorio, la empresa ganó 4 millones 810 mil pesos, respecto al precio al que había comprado meses antes los terrenos.

Esta ganancia se sumó a los más de 200 millones que había ganado como intermediaria en la compra-venta de otras 287 hectáreas.

La expropiación la pagó el Gobierno a más del doble del valor comercial de las tierras. Los avalúos bancarios cotizaban esos predios en apenas 65 pesos el metro cuadrado.

En las comparecencias que la Secretaría de Gobierno realizó previo a la expropiación, se presentó como apoderado general de JAOS & SGB Juan José García Henríquez, el mismo personaje que en otros documentos oficiales aparecía como campesino y vendedor de parcelas.

A García Henríquez lo apodan “Picho”, y su nombre aparece tanto en el decreto de expropiación como en las actas de venta de predios al Gobierno de Guanajuato.


Pese a las evidencias de irregularidades, el gobernador Miguel Márquez dijo que la compra de los terrenos para Toyota se apegó a la normatividad. En declaraciones a la prensa de Guanajuato, dijo que las transacciones y negociaciones privadas que se hicieron de manera previa no le tocaban al Gobierno del Estado. Para él, todo está en regla.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad .
AUTOR: VALERIA DURÁN, RAÚL OLMOS.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/el-cartel-de-los-gueros-los-exfuncionarios-detras-del-caso-toyota/

Ex funcionarios compraron terrenos baratos a ejidatarios y los vendieron al Gobierno de Guanajuato a sobreprecio

Ayer, diputados del Congreso de Guanajuato acusaron que la empresa de Monterrey, Nuevo León, compró cerca de 300 hectáreas a los ejidatarios en cuatro pesos y luego las vendió al gobierno del estado en 161 pesos el metro cuadrado. Los terrenos forman parte de las 607 hectáreas que van a ser donadas a la empresa Toyata, como incentivo para que se instale en la entidad.

Ex funcionarios de la Procuraduría Agraria del Gobierno de Guanajuato, José Antonio Ortega Serrano y Santiago Germán Bordes, adquirieron con engaños y a bajos precios terrenos a ejidatarios del municipio de Apaseo para luego revenderlos a la administración estatal a un costo mucho mayor.

Los terreros forman parte de el área donde se instalará la nueva ensambladora de Toyota.

De acuerdo con una nota publicada por el diario AM, y retomada por Reforma, en 2014, Ortega Serrano y Germán Borde son de la empresa JAOS & SGB, que en 2014 adquirió unas 260 hectáreas a ejidatarios de Guanajuato para luego vendérselas al Gobierno estatal para la instalación de la planta de la automotriz.

En tanto, Antonio Ortega trabajó en la Procuraduría Agraria de 2008 a 2013, año en que dejó el cargo como coordinador de Programas Interinstitucionales, mientras Santiago Germán fue subdirector de la dependencia de 2009, y salió de ella en 2012 cuando era director de Atención a Organizaciones Campesinas.

La investigación de AM detalla que la empresa JAOS & SGB, que forma parte del Grupo Garza Ponce (GP) de Monterrey, compró a ejidatarios guanajuatenses terrenos a 300 mil pesos por hectárea, para meses después revenderlos al Gobierno estatal en un millón 700 mil pesos. Con esa operación, destaca el reportaje, la empresa ganó 203 millones de pesos.

En tanto, en septiembre de 2015, la firma compró un terreno de 1.9 hectáreas por 74 mil 674 pesos, y 55 días después, el 27 de octubre del mismo año, se lo vendió al Gobierno por 3 millones 171 mil pesos.

El mismo mes de septiembre la empresa de los ex funcionarios adquirió otra parcela de 3.3 hectáreas por la cantidad de 126 mil 536 pesos, y posteriormente, el 4 de noviembre, por vendió a la administración estatal por 4 millones de 920 mil pesos.

La investigación señala que la compra de terreno comenzó en diciembre de 2014, cuatro meses antes de que se hiciera formal el anuncio de la instalación de la planta automotriz.

Ayer, diputados de los partidos de Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), dijeron que la empresa de Monterrey, Nuevo León, compró cerca de 300 hectáreas a los ejidatarios en cuatro pesos y luego las vendió al gobierno del estado en 161 pesos el metro cuadrado.

En ese sentido, exigieron que se transparente la compra de las 607 hectáreas que van a ser donadas a la empresa Toyata, como incentivo para que se instale en la entidad.

Pese a que la información sobre la compra y enajenación de los terrenos donde se instalará Toyota, en el municipio de Apaseo el Grande, están “reservados” por el ejecutivo estatal hasta el año 2020, el gobierno del estado emitió un comunicado en el que aclara que estos predios fueron comprados con “seriedad y transparencia”.

En el comunicado se especifica que la política del gobierno estatal es no comprar tierra, pero que para lograr la atracción de Toyota se tuvo que hacer una excepción, considerando que es “la armadora más importante del mundo”.

Por su parte, el Gobernador, Miguel Márquez Márquez, aseguró que está tranquilo, luego de que se publicaran presuntos fraudes a ejidatarios que les compraron los terrenos por debajo de su valor, para luego una sola empresa venderlos al gobierno del estado para que los done a la empresa Toyota.

Márquez manifestó que se trata de un asunto que debió tratarse entre particulares, y como gobierno estatal lo único que hicieron fue comprar las hectáreas, todas al mismo precio sin favoritismos.


En entrevista con Miguel Márquez dijo que una vez concluido el proceso de la compra, se podría hacer pública la información detallada de las inversiones y los compradores, si es que la empresa Toyota no tiene algún inconveniente.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-06-2016/3052651

Dos cadáveres de colgados, presuntos suicidios, son hallados en Polanco y en el Metro Candelaria de la CdMx

Vecinos de Polanco encontraron el cuerpo semidesnudo de un hombre de alrededor de 40 años el cual pendía de un árbol entre las calles Cicerón y Plinio.

La madrugada de este viernes fueron hallados dos cadáveres en distintos puntos de la Ciudad de México, uno de ellos colgado de un árbol de la colonia Polanco, en la delegación Miguel Hidalgo, y el segundo en las escalinatas del Metro Candelaria de la línea 1 y 4.

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de ambas personas.

En un primer hecho, vecinos de la colonia Polanco reportaron el cuerpo semidesnudo de un hombre de alrededor de 40 años el cual pendía de un árbol entre las calles Cicerón y Plinio.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSPCDMX) y elementos de Protección Civil acudieron al lugar para resguardar la zona, mientras paramédicos de la Cruz Roja certificaron el deceso.

En un segundo hecho, se localizó el cadáver de un hombre de unos 30 años, con un lazo en el cuello y amarrado a la estructura metálica de las escaleras del Metro Candelaria.


En ambos casos se desconoce si se trató de un hecho violento o de un suicidio.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-06-2016/3052695

La Profepa emitió resolución de Tajamar tras las elecciones para proteger al PRI, acusan activistas

De acuerdo con activistas, el caso de Tajamar no está perdido. Lo único que pasó, dicen, es que dentro de este proceso se perdió la confianza la Profepa porque no cumplió su trabajo a tiempo y además espero el término de las elecciones para anunciar que el desmonte en la zona fue “legal” y proteger al PRI, partido que gobierna en Quintana Roo. “Nadie puede entrar al manglar”, aseguraron, y esto no quiere decir que los jueces ya dieron por perdido el caso. “Esto sigue en proceso, y primero tendrán que resolverse 20 amparos más los que se acumulen”, afirmaron.

La remoción de vegetación en Tajamar, realizada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) el 16 de enero de 2016, se llevó a cabo bajo el amparo de una autorización en materia de impacto ambiental vigente, dio a conocer la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el martes pasado. Pero Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta de la asociación civil Grupo Ecologista del Mayab (Gema) y representante de Salvemos Manglar Tajamar, dijo en entrevista para SinEmbargo que dicha resolución tuvo tintes políticos de cara a las elecciones del pasado domingo 5 de junio.
“Evidentemente, la Profepa esperó a que pasaran las elecciones porque si hubieran sacado la resolución antes se hubiera entendido que el Gobierno de Quintana Roo, que pertenece al Partido Revolucionario Institucional (PRI), estaba a favor de la destrucción en Tajamar y en contra de la ciudadanía”, acusó.
La activista expuso que la Profepa está blindando a Fonatur contra posibles demandas de tipo penal y civil de los compradores de los terrenos en el manglar, “porque con este resolutivo le quitan a Fonatur todo el riesgo de que tuvieran que regresar el dinero [a los empresarios], ya que ellos cumplieron con todo”.

Domínguez aclaró que gracias a la veintena de amparos que han presentado a lo largo del proceso, el Manglar Tajamar no se encuentra en riesgo.
“Queremos aclararle a la sociedad que esto no quiere decir que el caso se perdió. Quiere decir que dentro del proceso perdimos total confianza en Profepa porque no cumplió con su trabajo”, subrayó. Nadie puede entrar al manglar. Esto no quiere decir que mañana pueden empezar a construir. Esto no quiere decir que los jueces ya dieron por perdido el caso. Esto sigue en proceso, y primero tendránn que resolverse 20 amparos más los que se acumulen”, agregó.

El 26 de enero pasado, funcionarios de la dependencia federal se presentaron en el terreno de 59 hectáreas, o sea, 10 después de lo que ambientalistas calificaron como un “ecocidio”, donde especies fueron enterradas vivas, otras sufrieron heridas y el resto quedó en medio de un manglar devastado, sin hábitat.

Por ello, la representante de Salvemos Manglar Tajamar, criticó el actuar de la dependencia.

“La Profepa asegura que realizó una profesional vigilancia, pero en realidad pasaron 10 días de la devastación para que ellos visitaran Tajamar, para que ellos realizaran una visita de inspección, después de 10 días claro que las cosas habían cambiado completamente y por supuesto que no pudieron hacer una inspección adecuada, correcta ni fidedigna”, dijo.

Los abogados analizan en este momento las acciones que emprenderán ante el resolutivo de 641 páginas que les entregó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente:

“Es importante analizar pros y contras de cada uno de los procedimientos de apelación, aunque tenemos procedimientos para poder hacerlo. Vamos a tomarnos el tiempo, esto lo acaban de entregar y merece la pena hacerlo con calma y tenemos 15 días para hacerlo, la semana entrante estaremos viendo qué es lo más conveniente”, comentó.
RIDÍCULA, RESOLUCIÓN DE PROFEPA: ONGS

Ante la resolución de la Profepa, en la que aseguró que el desmonte del manglar Tajamar fue legal, Greenpeace México y Salvemos Manglar Tajamar consideraron que “es una vergüenza que la Profepa minimice los impactos de la tala del manglar y dé por hecho que el Fonatur actuó dentro del marco legal cuando aún no se tiene una sentencia definitiva de un juez en el caso”.

Mediante un comunicado, los activistas acusaron que con sus acciones, la Procuraduría cada vez pierde más credibilidad:
“En un país donde las propias instituciones de Gobierno utilizan la ley a modo, aplicándola a medias en algunos casos pero dejándola impunemente como letra muerta en otros, la Profepa se suma a la lista de las instituciones que cada vez pierden más credibilidad. Es indignante que la institución encargada de la protección ambiental se atreva a defender un daño como el que se realizó en Tajamar”, señaló.
Aunado a esto lamentaron que el organismo justifique los daños al ecosistema primordial para la conservación de los mares, donde vive una gran cantidad de especies y que además funge como barrera natural contra las inundaciones, por lo que actúa como un muro contra huracanes.

“Contar con manglares sanos es proteger también la vida en los océanos”, aseguraron.

En 2007, la Ley General de Vida Silvestre protegió el manglar por su valor ecosistémico, pero eso nada importó porque dos años antes, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó al Fonatur obras en Tajamar y éste decidió ejecutarlo una década después, pese a que el marco legal mexicano cambió y ya protege la zona, subrayaron las organizaciones.

“El criterio de la Profepa es obsoleto ya que toma consideraciones de hace una década pese a que la legislación se ha actualizado para brindar mayor protección a este tipo de ecosistema, y al mismo tiempo, la visión y entendimiento por parte de la sociedad en general, la sociedad científica e inclusive el sector gubernamental cambió dándole al manglar un estatus de ecosistema esencial para la ecología y bienestar de las comunidades costeras de todo el país que hoy las autoridades intentan minimizar”, acusaron.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-06-2016/3052374

No es suficiente revelar qué sucedió, deben ir por los curas pederastas, exige Alberto Athié

Casa Alberione, Casa Damasco y Fundación Rougier son refugios que la Iglesia Católica ha establecido en el país para ayudar a los sacerdotes que sufren adicciones y problemas psicológicos. Sin embargo, estos hogares también dan cobijo a los curas involucrados en casos de pederastia. De acuerdo con el ex sacerdote Alberto Athié Gallo, el modelo fue traído de otras partes del mundo e implementado por el obispo auxiliar Marcelino Hernández de la Arquidiósesis de México. El también activista y defensor de las víctimas de pederastia del clero en México afirma que no es suficiente saber que están ahí, sino aclarar cuántos y quiénes son, revelar los abusos que cometieron y presentarlos ante un juez.

Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).– El ex sacerdote de la Arquidiócesis de México, Alberto Athié Gallo, quien se ha encargado de investigar y denunciar casos de pederastia, afirma que la Iglesia Católica importó un modelo internacional para albergar en hogares especializados a sacerdotes involucrados en abusos sexuales a menores por creer que ese tipo de conducta se puede superar sólo a través de tratamientos terapéuticos, lo cual es “muy grave” porque no informa a las autoridades penales algo que es un delito y los señalados pueden volver a ejercer.

“¿Cuántos son?, ¿dónde están?, ¿cuántos delitos cometieron hasta que fueron recluidos en esos centros?, ¿dónde están sobre todo las víctimas? Es muy posible que ellos [la Iglesia] hayan convencido, con términos religiosos y con el uso de la autoridad religiosa que supuestamente representan, a los padres de estas víctimas de no llevar a cabo ningún tipo de denuncia, porque ellos se iban a encargar de resolver este asunto internamente”, aseguró en entrevista.

Ayer, el Cardenal Juan Sandoval Iñiguez reconoció que la Casa Alberione, localizada en Tlaquepaque, Jalisco, refugió a sacerdotes pederastas hasta que el entonces Papa Juan Pablo II pidió en 2001, a través de una carta, dejar de hacerlo.

Sin embargo, no es la única en su tipo. En el país también existe la Casa Damasco, al sur de la capital del país, y la Fundación Rougier, en el Estado de México, de acuerdo con reportes de prensa.

“No es la única casa”, dijo Athié. El obispo auxiliar Marcelino Hernández de la Arquidiócesis de México “fue precisamente traído de Guadalajara para llevar a cabo estos procedimientos”.

“El modelo venía de otras partes del mundo. Los obispos de Estados Unidos tenían una casa en Sacramento y después tuvieron muchísimos problemas porque varios de los pederastas salían en las noches o los fines de semana y seguían cometiendo abusos. No es un modelo local, es uno internacional que buscó responder a los procesos disciplinares a los cuales tenían que someter los obispos a sacerdotes que cometen estos delitos”, explicó el ex sacerdote.

El documento “Crímenes y Licitaciones” de El Vaticano señala una serie de disciplinas para buscar que los abusadores “se arrepientan y cambien de conducta”, por ejemplo, ejercicios espirituales o penitencias. O bien, añadió Athié, recluirlos en lugares especializados “porque tenían la idea de que ese tipo de conducta se podía superar a través de tratamientos terapéuticos, lo cual resultó un fracaso rotundo”.


Además, este modelo mantiene al margen a las autoridades penales de los países.

“No se informaba y no se informa –porque hay casas en México todavía funcionando– a las autoridades penales de los casos que tenían para que las autoridades intervinieran y vieran si eso corresponde a los procesos de justicia. El tema que se debe resolver no es la rehabilitación del delincuente, esa es una parte, pues en el caso de la pederastia no es una conducta simplemente rehabilitable con un proceso terapéutico”, acusó Athié Gallo.

SinEmbargo solicitó una entrevista sobre el tema con el padre Hugo Valdemar Romero, vocero de la Arquidiósesis de México, pero la llamada no fue devuelta.

En charla con La Opinión, diario de Los Ángeles, California, Valdemar Romero reconoció la existencia de estas casas de rehabilitación, pero enfatizó que “no necesariamente” sirven para tratar casos de pederastia “sino todo tipo de problemas psicológicos”.

“No se trata de ningún nido de criminales”, aseguró. “Pero si se comprueban [las acusaciones] son expulsados de la Iglesia”.


CASA ALBERIONE

La casa Alberione, localizada en Tlaquepaque, Jalisco, es una residencia de retiro para sacerdotes de la Iglesia Católica que sufren adicciones o depresión que fue fundada en 1990. De acuerdo con el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez, también acogió a clérigos involucrados en casos de pederastia hasta que Juan Pablo II envió en 2001 una carta a los obispos para pedirles que no los encubrieran.

“Desde que estaba yo en el cargo, antes sí, pero cuando en el 2001 el Papa Juan Pablo II dijo que los pederastas tenían que salir del ministerio, entonces di la disposición a la casa Alberione que no admitieran ningún sacerdote pederasta”, afirmó en entrevista con la agencia EFE.


Para Alberto Athié Gallo esta declaración es muy grave.
“La declaración del Cardenal Sandoval tiene muchos aspectos muy graves. Él está reconociendo que como institución, conociendo los actos delictivos tipificados por el Código de Derecho Penal de su estado y el federal, que castiga y penaliza la pederastia por encubrimiento, con ese conocimiento, llevaron a cabo actos para captar a estar personas, retirarlas temporalmente y meterlas a estos centros y supuestamente darles la rehabilitación que necesitaban para volver al ejercicio del ministerio”, afirmó.

Casa Alberione es un lugar de retiro voluntario, un refugio de silencio y descanso. El Semanario Arquidiocesano de Guadalajara detalla que el edificio alberga a alrededor de 30 clérigos mexicanos y de otros países, principalmente de América Latina.

Cuenta con grandes jardines, gimnasio, sala de juegos y un amplio comedor. Cada Diócesis o Congregación Religiosa se encarga de solicitar, tramitar y costear el servicio individual del enfermo, cuya estadía abarca en promedio tres o cuatro meses.

Se fundó a iniciativa del Arzobispo de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, “como un espacio de renovación, de reintegración y de terapéutica integral, profesional”, de acuerdo con el Padre Ricardo Ángel Roqueñí Carrouché, principal responsable de la institución.

Un equipo de sacerdotes asesores, psicólogos, psiquiatras y médicos especialistas ofrecen tratamiento médico, psicológico y espiritual.

El psiquiatra Gustavo Cisneros Ruiz, de Casa Alberione, contó al Semanario que entre otros casos, padecen problemas de vida en comunidad, ansiedad, insomnio o depresión.

De acuerdo con Sanjuana Martínez, autora del libro Prueba de Fe, “por este hogar han pasado pederastas célebres como el sacerdote Enrique Vásquez de Costa Rica, acusado de violar a cuatro niños […] y el padre Heladio Ávila Avelar, acusado de violar a tres niños en Guadalajara, en 1996”.

El costarricense era buscado por la justicia por abusos sexuales contra menores. Fue detenido en Honduras en abril de 2007 y posteriormente entregado a la Policía Internacional (Interpol).

La psicóloga Celia de Juan, también colaboradora del refugio para curas, aseguró que durante los primeros 19 años pasaron por ahí 970 eclesiásticos, incluyendo numerosos de Canadá, Estados Unidos, de Europa y de muy diversos países de América Latina.


CASA DAMASCO



La Casa Damasco, localizada al sur de la Ciudad de México, inició sus actividades en junio de 2001 en colaboración con la Arquidiócesis de México con el objetivo de cooperar a la regeneración e integración de sacerdotes y consagrados “que viven en situaciones difíciles”, de acuerdo con la comunidad de hermanas Pías Discípulas del Divino Maestro que se encarga de la administración del sitio.

Los clérigos reciben tratamiento psiquiátrico, psicológico y atención médica. También cuentan con un taller de la espiritualidad, control de adicciones y educación física.

Para ingresar, de acuerdo con la Arquidiósesis, es necesario el envío explícito del paciente por parte del Obispo encargado y antes debe haber un encuentro entre el Obispo, el director del programa y el sacerdote que recibirá ayuda.

El sacerdote Carlos López Valdez, quien abusó del acólito Jesús Romero Colín, estuvo ahí.

La víctima denunció los abusos en 2007. La Arquidiócesis inició una investigación interna en el Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de México que concluyó con la dimisión del ministerio de Carlos López el 8 de enero de 2011.

El 13 de septiembre de 2007, el Obispo Auxiliar Jonas Guerrero envió una carta al cura pidiéndole por cuarta ocasión que acudiera a “Casa Damasco”, para recibir atención psiquiátrica, no para evitar más víctimas, sino para evitar el escándalo.

“El día 03 de abril [2007] se te entregó la amonestación canónica para que ‘cambies de conducta y evitar el escándalo’ y volví a recomendarte que te presentaras con Mons. Marcelino Hernández para tu atención médica. Cada vez más preocupado por tu salud integral [física, psicológica, moral y espiritual], y dado el descuido e irregularidad como has asumido tu proceso de atención a tu persona y a tu ministerio, me veo en la necesidad de proceder a suspenderte las licencias ministeriales [cc.1333-1338] ad cautelam hasta que este proceso administrativo haya concluido”, dice la misiva.

De acuerdo con Athié, en un escrito del Monseñor Jonas dice que el padre Carlos López fue atendido por las indicaciones de Monseñor Marcelino Hernández. “Esto cual quiere decir muy probablemente que estuvo recluido un tiempo en algunas de las casas de la Arquidiósesis”, agregó.

FUNDACIÓN ROUGIER


Fundación Rougier es una institución de los Misioneros del Espíritu Santo que tiene un programa de rehabilitación dedicado a la atención de sacerdotes y religiosos que “quieren hacer un alto para revisar su vida y vocación, a través de un programa espiritual, médico y psicoterapéutico en comunidad”.

Está ubicada en Ojo de Agua, Tecamac, en el Estado de México y fue fundada en 1994.

El sitio recibe a sacerdotes llevados por su superior “para enfrentar situaciones de depresión, angustia, adicciones, problemas afectivos, emocionales o sexuales, incertidumbre vocacional, dificultades en las relaciones humanas, insatisfacción existencial y falta de control de impulsos”, expone en su folleto informativo.

No obstante, el padre Gonzalo Martínez, de la fundación, aseguró a un diario nacional que no aceptan sacerdotes con denuncias de pederastia en el ámbito civil.



FUENTE: SIN EMBARGO
AUTOR: DULCE OLVERA
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-06-2016/3052257

Choferes que cambien su microbús podrán cobrar más: Mancera

El jefe de gobierno capitalino explicó que la tarifa sería similar la de los corredores de transporte, donde el servicio que se brinda, asegura, es de mayor calidad.

El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, señaló que los conductores de microbuses que cambien sus unidades por unas mejores podrían acceder a una mejor tarifa.

“Pues yo creo que sí tienes un mejor vehículo, puedes tener una mejor tarifa”, aseguró a medios de comunicación, luego de acudir al banderazo de salida de tres trenes rehabilitados del Sistema de Transporte Colectivo Metro, acto celebrado en la terminal Rosario.

El pasado miércoles afirmó que en próximos días publicará una norma para prohibir la circulación de microbuses en la Ciudad de México.

Mancera explicó que la tarifa sería similar la de los corredores de transporte, que es de 6 pesos, pero donde el servicio que se brinda es de mayor calidad.

“En un corredor la gente te paga seis pero porque les están dando un bus de calidad, porque tiene más seguridad, porque tiene cámaras, porque van más cómodos y porque tiene paradas establecidas en la mayoría de los casos. He dado la instrucción a la Secretaría de Movilidad que cuanto antes se pueda trabajar el corredor de Tlalpan”, añadió.

Actualmente los microbuses cobran entre cuatro y cinco pesos como tarifa inicial, que suben según la distancia a la que vaya el pasajero.


El jefe de gobierno afirmó que para la renovación de unidades de microbús, que actualmente son 15 mil las unidades de este tipo que circulan por la ciudad, habría esquemas de financiamiento por parte de la iniciativa privada.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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Fiscalía de Puebla confirma el asesinato de 11 miembros de una familia; dos niñas están heridas

Al parecer los cuerpos sin vida de siete mujeres, entre ellas dos menores, y cuatro hombres fueron localizados en diferentes domicilios de esa localidad. En tanto, otras dos niñas resultaron heridas.


La Fiscalía General de Justicia de Puebla confirmó el asesinato de once personas de una misma familia y dos niñas heridas en el municipio de Coxcatlán.

La Fiscalía informó esta mañana, a través de un comunicado, que de acuerdo con los primeros reportes, “se tiene referencia de que personas a pie llegaron a donde se encontraba la familia y realizaron detonaciones de arma de fuego”.

Detalló que cinco mujeres, cuatro hombre y dos menores fueron los que perdieron la vida durante el ataque.

La Fiscalía detalló que al lugar arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación, del Instituto de Ciencias Forenses y del Ministerio Público al municipio de Cocaxtlán donde ya realizan diversas diligencias.

Detalló que tienen bajo protección a dos personas que estaban en el lugar cuando ocurrieron los acontecimientos.

Esta mañana, diversos medios de comunicación informaron que el multihomicidio se registró durante los primeros minutos de este viernes cuando un reporte alertó a las autoridades que arribaron a la inspectoría de El Mirador, en dicho municipio.

Se informó de manera extraoficial que las menores heridas son Ana Elisa Hernández Sánchez, de cuatro años, quien tiene una herida de bala en el área del tórax, y Maribel Hernández Palacios, también de cuatro años, con una herida de arma de fuego en el abdomen. Las menores fueron trasladadas al Hospital General de Tehuacán.

Fuentes del hospital donde se encuentran las menores, dijeron a la agencia EFE, que ambas son primas y su estado de salud es reservado.

En entrevista con Milenio, el Alcalde de Coxcatlán, Vicente López de la Vega dijo que las personas asesinadas pertenecían a una misma familia y eran evangelistas.

El Edil sostuvo que hay dos posibles móviles del asesinato, uno que sería por una diferencia religiosa, debido a que la comunidad se separó hace unos 15 años de otra que es católica; y una segunda versión es que pudo tratarse de un asalto.



FUENTE: SIN EMBARGO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-06-2016/3052688

Gobierno no es omiso en combatir la corrupción, la impunidad y la inseguridad: Peña Nieto

Insistió que la corrupción es un tema de orden cultural “pero también estoy convencido que se puede cambiar, que podemos modificarlo, que la cultura se hace todos los días en nuestro diario quehacer”.

El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que su gobierno “no escapa, no es omiso ni es insensible ante lo que está en la demanda de la sociedad mexicana”, que es combatir la corrupción, la impunidad y la inseguridad.

Durante la sesión del Consejo Mexicano de Negocios, el mandatario expuso que “es claro que hay un sentido social y una demanda entre la sociedad por que, a profundidad y al fondo, vayamos a combatir la corrupción”.

Enfatizó que como gobierno y como presidente de la República es el primero en ser aliado de este esfuerzo, en estar de lado y en favor de esta asignatura “que reconozco está pendiente”, y que para combatirla debe haber un esfuerzo conjunto entre gobierno y de sociedad.

Acompañado por los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, y de Hacienda, Luis Videgaray Caso, así como empresarios, llamó a trabajar en un frente común “que vaya más allá de la retórica”.

Combatir la corrupción será posible si las instituciones que se están preparando para este propósito trabajan debidamente y de manera eficaz, pero también “si todos somos parte de un esfuerzo colectivo, de un esfuerzo para transformar realmente, culturalmente, nuestro gran lastre social que es el de la corrupción”.

Peña Nieto destacó que para ello fue creado el Sistema Nacional de Transparencia, que obliga a más sujetos, a más poderes y a más entes políticos a rendir cuentas claras del gasto y de la inversión, que informen a qué dedican los recursos públicos.

Asimismo se trabaja en el Sistema Nacional Anticorrupción, con mecanismos tanto de prevención como de sanción para quienes incurran en prácticas de corrupción.


La corrupción es un tema de orden cultural “pero también estoy convencido que se puede cambiar, que podemos modificarlo, que la cultura se hace todos los días en nuestro diario quehacer”.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0906/mexico/gobierno-no-es-omiso-en-combatir-la-corrupcion-la-impunidad-y-la-inseguridad-pena-nieto/

“Respuesta a la respuesta del gobierno”

“Una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”, Joseph Goebbels.

Con mentiras, imprecisiones, promesas e incluso encuestas, se pretende esquivar el informe sobre crímenes de lesa humanidad en México. De inmediato el gobierno respondió al informe presentado por Open Society Justice Initiative (OSJI).

La respuesta no tiene fundamento alguno y no responde a los cuestionamientos del informe. Aquí mi respuesta, una a una,  a la respuesta del gobierno.

-“México es tradicionalmente un país comprometido con los derechos humanos”. ¿Se refieren a la tradición de candil de la calle, oscuridad en la casa? Otro de los grandes mitos de la historia mexicana, lo que es tradicional es el olvido y la impunidad. ¿Qué informe de derechos humanos tiene a México bien evaluado? ¿Qué crimen del pasado se encuentra resuelto o esclarecido? ¿Acaso Acteal, la Guerra sucia, el 68, Aguas Blancas o cualquiera de los que el informe habla entre 2006 y 2015? Sería útil saber a qué tradición se refieren.

-México ha “reforzado la protección de los derechos humanos de manera clara”. Ningún informe de órganos internacionales o de la misma CNDH lo avala. ¿En qué sustentan, en la realidad, esta afirmación? De hecho todos los cuestionamientos que se han hecho en los últimos años apuntan en dirección contraria.

-“Procuración de justicia y combate a la impunidad: El próximo 18 de junio de 2016, entra en vigor en todo el país el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio que hará expedita la impartición de justicia y reducirá la impunidad”. El mismo informe lo responde así: “En ausencia de instituciones más fuertes de rendición de cuentas, la evaluación del impacto de las reformas legales e institucionales recientemente adoptadas requerirá tiempo. Considerando el historial de reformas fallidas del sector judicial, sería ingenuo pensar que estas reformas aprobadas o las nuevas propuestas pendientes conllevarán inequívocamente a una mejora significativa en el establecimiento de responsabilidades penales por crímenes atroces”. Con esta misma respuesta se da cuenta del argumento sobre nuevas leyes y protocolos sobre tortura y personas desaparecidas recientemente aprobados o por aprobar. Pretenden responder con promesas.

-“En enero de 2014 se estableció la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas”. Los problemas por los que atraviesa esa institución son ampliamente conocidos y lleva, en estos días, a la modificación de la Ley general de víctimas. Por múltiples motivos, la CEAV no ha respondido a la enorme necesidad de reparación integral de las víctimas.

-“La inmensa mayoría de los crímenes violentos han sido cometidos por organizaciones criminales”. ¿Cómo es posible sostener lo anterior si la inmensa mayoría de los asesinatos y desapariciones nunca son investigados? ¿Cómo sustentar lo dicho en los miles de casos de tortura? ¿Cómo lo saben si hay cientos de fosas clandestinas en el país? Suponiendo que así sea, el informe responsabiliza tanto al crimen organizado como a actores estatales. En ambos casos lo único constante es la impunidad y la falta de verdad.

-“De acuerdo a encuestas anuales del INEGI, el Ejército y la Marina son las instituciones de mayor prestigio y confianza para la población”. Si es posible utilizar encuestas como argumentos jurídicos, qué hacer con las encuestas que tienen a la presidencia con los niveles más bajos de aceptación de la historia.

-“El Estado tiene un compromiso sólido de esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables”. Solo en un mundo de cínicos se puede afirmar lo anterior con índices de impunidad superiores al 90%.

-En materia de contención de la violencia, la “estrategia del Gobierno Federal, en coordinación con los estados y con las autoridades locales, ha arrojado resultados positivos”. Los niveles de violencia siguen siendo intolerables. En el Índice de Paz Global 2016 México se encuentra en el sitio 144 de 162 países evaluados. Los resultados positivos nos colocan mejor que 18 países en el mundo, nada que celebrar.

-Por último se argumenta que el “Estado mexicano cuenta con las capacidades, las instituciones y la voluntad para atender los desafíos en materia de derechos humanos y combate a la impunidad”. Precisamente esto es lo que se pone en duda en el informe de OSJI y lo que se recomienda es  “iniciar medidas urgentes y extraordinarias, que incluyen la invitación a la ayuda internacional a fin de garantizar procesos de investigación y procesos genuinos e independientes”.

Esta respuesta es una más de las simulaciones y apuesta al olvido de nuestra larga tradición, solo que ahora frente a crímenes de lesa humanidad. A pesar de no contar con medios de comunicación libres y ser una ciudadanía pasiva, la presión internacional seguirá creciendo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: JACOBO DAYÁN
LINK: http://aristeguinoticias.com/1006/mexico/respuesta-a-la-respuesta-del-gobierno-articulo-de-jacobo-dayan/

Científicos de la UNAM desarrollan bioprótesis para regenerar tejidos

Permitiría reparar tanto las vías biliares (usualmente obstruidas y deterioradas por piedras formadas en la vesícula) como la uretra (con frecuencia afectada por accidentes o tumores).

Científicos de la UNAM desarrollan una bioprótesis tubular de colágena, para regenerar tejidos afectados por traumatismos, tumores, malformaciones congénitas o iatrogenias quirúrgicas (daños causados por un procedimiento médico), entre otras causas.

En un futuro, esta innovación podría implantarse en humanos, restituir funciones biológicas perdidas y ser utilizada para favorecer la creación de tejidos, como hueso en un paciente que haya perdido parte de la mandíbula, señaló la máxima casa de estudios en un comunicado.

Para ello, resaltó, se implantaría un andamio de colágena sembrado con osteocitos que, al reproducirse y migrar, formarían la estructura ósea faltante.

También permitiría reparar tanto las vías biliares (usualmente obstruidas y deterioradas por piedras formadas en la vesícula) como la uretra (con frecuencia afectada por accidentes o tumores).

La bioprótesis tubular de colágena (caracterizada por microscopía óptica y electrónica de barrido, así como con difracción de rayos X, espectroscopía infrarroja y pruebas térmicas) ya se valoró preclínicamente en dos modelos animales.

En la Facultad de Medicina, los académicos Benjamín León y Eduardo Montalvo evaluaron una bioprótesis absorbible para tratar una lesión en las vías biliares de un cerdo.

A su vez, Christian Acevedo García colocó un xenoimplante urético en un perro, en el Hospital General de México y en la Unidad de Medicina Experimental de la entidad universitaria.

En ambos casos, los resultados preliminares, interpretados con diversas técnicas imagenológicas e histopatológicas, han sido satisfactorios a largo plazo. Con resonancia magnética nuclear y pruebas histológicas se observó que el biomaterial es permeable (propiedad buscada).

“La bioprótesis absorbible en las vías biliares del cerdo funcionó bien por dos años. Éste llevó una vida normal, sin medicamentos. En cuanto al xenoimplante en la uretra canina, lo obtenido fue prometedor: el tubo se reabsorbió, dejó sólo las células y forma tubular, y el órgano pudo hacer su función”, aseguró José Jorge García Loya, del Departamento de Cirugía de la FM.

Actividad industrial cae por tercer mes consecutivo

El indicador cayó un 0.7 por ciento en abril a tasa desestacionalizada, frente al declive del 0.2 por ciento de marzo, dijo el Instituto Nacional de Estadísticas (Inegi).

La actividad industrial de México se contrajo en abril por tercer mes consecutivo y registró además su peor desempeño de los últimos once meses, afectada principalmente por el declive de la minería y de las manufacturas, mostraron el viernes cifras oficiales.

El indicador cayó un 0.7 por ciento en abril a tasa desestacionalizada, frente al declive del 0.2 por ciento de marzo, dijo el Instituto Nacional de Estadísticas (Inegi).

Por sectores, la minería se contrajo un 2.0 por ciento en abril, afectada por una caída del 5.3 en la extracción de minerales y un desplome del 14.7 por ciento en los servicios relacionados a dicha actividad.

Las industrias manufactureras, uno de los motores de la economía mexicana, disminuyeron un 0.7 por ciento desestacionalizado, mientras que la construcción bajó un 0.1 por ciento.

En contraste, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final avanzó un 0.6 por ciento en abril frente al mes previo.

Por componentes, la minería bajó un 3.6 por ciento interanual en abril; en tanto, las manufacturas crecieron un 3.0 por ciento y la construcción subió un 3.6 por ciento.

De enero a abril, la actividad industrial acumuló un avance del 0.8 por ciento en cifras originales, agregó el Inegi.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://aristeguinoticias.com/1006/mexico/actividad-industrial-cae-por-tercer-mes-consecutivo/

jueves, 9 de junio de 2016

Con baja calificación, órganos de transparencia en México: Artículo 19

CAMPECHE, Camp: Ricardo Luévano, oficial del Programa de Derecho a la Información de Artículo 19, presentó aquí el Informe de Resultados del Índice Nacional de Organismos Garantes del Derecho a la Información, y destacó que la entidad fue la mejor posicionada en el ranking, aunque eso –aclaró– no significa que haya sido aprobada. En general todos los estados reprobaron, dijo.

El pasado miércoles 1, al rendir su último informe ante la Junta de Gobierno y Administración del Congreso local, el presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (Cotaipec), Jorge Gasca Santos, reprochó a la actual Legislatura que no le permitiera concluir su período al frente del organismo.

El comisionado fue impuesto en el cargo por el gobierno anterior para el período comprendido entre mayo de 2012 y mayo de 2018, junto con los otros dos integrantes, pero con la reciente homologación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Comisión será renovada por el actual gobierno.

Renuente a dejar el cargo, en su informe de despedida, Gasca Santos –quien este año se aumentó el salario a 73 mil pesos mensuales– reclamó a los legisladores su decisión de despedir a quien, dijo, posicionó a Campeche “en el primer lugar nacional” en materia de transparencia y acceso a la información pública.

No obstante, al presentar esta tarde aquí los resultados de la segunda edición del Índice Nacional de Organismos Garantes del Derecho a la Información (Inogdai), elaborado en conjunto con las organizaciones Artículo 19 y México Infórmate, Ricardo Luévano dejó tan mal parado al órgano campechano como a los del resto del país.

En el evento, que tuvo lugar en el pequeño auditorio “Hernán Lara Loría” de la Secretaría de Cultura, saturada con todo el personal de la Cotaipec y de las unidades de enlace y acceso a la información de las diferentes dependencias del gobierno estatal, el representante de Artículo 19 destacó:

“Los resultados del Inogdai 2016 en relación con los resultados del Inogdai 2014 desalientan y trazan una ruta de trabajo que hay que atender”.

Según Luévano, de la evaluación se concluye que “el promedio nacional del Inogdai 2016 es reprobatorio. La media nacional fue de 49.74 puntos sobre 100, siete puntos por debajo del Inogdai 2014”, lo cual “muestra claramente que estos organismos faltan a su deber de promover este derecho al obtener un promedio general en esta dimensión de 35.15 puntos sobre cien”, puntualizó.

El informe de 38 páginas arroja que sólo 15 de los organismos estatales de transparencia tuvieron calificación mayor al promedio general, en tanto que otros 17 se situaron por abajo. Pero aclaró que aun los que se situaron por arriba de la media “están reprobados”.

Tras hacer esa enmienda, precisó que los estados mejor posicionados en el ranking son Campeche, con 68.22 puntos, “que además incrementó su calificación con respecto a 2014, donde obtuvo 58.4 puntos”, seguido por Durango (67.54), Ciudad de México (66.17), Tlaxcala (65.91) y Coahuila (65.43).

En contraparte, Guerrero fue el peor posicionado en la tabla, con 14.4 puntos, “por no dar respuesta a las solicitudes de información que construyen el índice”.

También Aguascalientes resultó con saldo negativo, con 27.01 puntos por sus “deficiencias en la promoción del derecho y su inclinación a ratificar las negativas de acceso a la información de los sujetos obligados, entre otras prácticas”. En esa lista también están San Luis Potosí (34.81), Nuevo León (35.48) y Baja California Sur (37.88).

Luévano explicó que en el Inogdai 2016 se analizaron y sistematización más de mil 800 solicitudes de información durante 2015 y 2016, “donde sus cuatro dimensiones representan las funciones principales de los organismos garantes para la protección del derecho: transparencia y rendición de cuentas, promoción del derecho de acceso a la información, resolución de controversias y marco normativo”.

Ese sentido, apuntó, “preocupa que la promoción del derecho de acceso a la información haya caído considerablemente”, y al respecto señaló que en 2014, en este rubro el promedio nacional fue de 46.5 puntos contra 35.15 en esta ocasión.

Añadió que en esta categoría destacan Chihuahua y Coahuila con una calificación de 91.67 y 87.50 puntos, respectivamente, contra Aguascalientes, Nuevo León, Sonora, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Puebla y San Luis Potosí, con menos de 10 puntos.

También es preocupante “la falta de emisión de criterios orientadores para los sujetos obligados al responder solicitudes de información, así como el fortalecimiento de mecanismos y procedimientos para robustecer su función cuasi jurisdiccional para determinar la publicidad o clasificación de la información”, agregó.

En este aspecto el informe establece un promedio nacional de 44.15 puntos “en la dimensión relativa a la resolución de controversias”.

Sobre la dimensión de transparencia y rendición de cuentas, el análisis arroja un promedio nacional de 63.5, donde destacó Campeche con una calificación de 98.7 puntos, contra Guerrero que obtuvo cero.

Respecto del marco normativo en materia de transparencia, el promedio nacional es de 56.15 puntos. En este caso fueron Michoacán, Estado de México y Yucatán los mejor calificados con 80 puntos, en tanto que Aguascalientes, Guanajuato y Sinaloa fueron los peores con 30 puntos.

Insistió en que los resultados en general son desalentadores, y en esta ocasión, dijo, “hay organismos de transparencia de entidades federativas que cayeron considerablemente respecto a la evaluación anterior”. Por ejemplo, Aguascalientes, que pasó de 49.6 a 27.01 puntos, y Puebla, de 70.2 a 46.93.

Comentó que aunque la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información prevé fortalecer los mecanismos de promoción, “la falta de innovación de los organismos garantes para pensar la promoción del acceso a la información más allá de los sistemas electrónicos de solicitudes de información, concursos de dibujo y obras de teatro, sorprende y es clara en las respuestas”.

Y en ese sentido destacó la necesidad de concretar los resultados de las acciones de promoción con seguimiento especializado y acompañamiento puntual tanto a beneficiarios como a personal del servicio público.

También cuestionó la falta de especialización de los integrantes de los organismos garantes, que puede ser una razón que afecta significativamente su concepción, traducida en un deficiente desempeño.

En ese contexto criticó, en el caso concreto de Campeche, que en este momento se esté llevando la selección de los próximos comisionados de la Cotaipec a puertas cerradas y con opacidad.

De igual manera, destacó que bajo los parámetros considerados en este análisis, “el desempeño del órgano no está directamente relacionado con el presupuesto ejercido a los Ogdai, ya que si bien Campeche cuenta con el presupuesto per cápita más alto y también es el primer lugar en el índice, esta condición no se refleja en el resto de los casos, principalmente en el de Durango y Tamaulipas, que estando en los primeros diez lugares cuentan con un presupuesto por debajo de la media nacional”.

Aunque en el caso de Campeche el presupuesto de la Cotaipec aumentó con respecto al ejercicio 2015, este fue destinado en parte para cubrir el criticado incremento salarial de los comisionados.


En la presentación, Luévano también aclaró que este análisis es fundamentalmente un ejercicio de numeralia, pues no se abordó la calidad de las respuestas ni se evaluó a los sujetos obligados, sólo a los órganos garantes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ROSA SANTANA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443593/baja-calificacion-organos-transparencia-en-mexico-articulo-19