“Toyota no ha participado en momento alguno, en procesos de compra-venta de bienes raíces con particulares ni empresas”, indicó la empresa en el comunicado.
El gobierno de Guanajuato dijo haber hecho una excepción en su política de no comprar tierras “para facilitar la llegada” de Toyota y buscar la generación de progreso en el estado. Esto en respuesta al reportaje elaborado por Mexicanos contra la corrupción y la impunidad que revela que el gobierno estatal compró terrenos a sobreprecio a una empresa intermediaria.
“Decidimos llevar a cabo la compra, coincidimos con los ideales de Toyota de ser una empresa que a su llegada genere progreso en un ambiente de cordialidad y excelente vecindad.
“En el estado de Guanajuato hemos recibido más de 8 mil millones de dólares en 180 proyectos de inversión y en ninguno de ellos Gobierno del Estado ha participado en la compra de tierra”, señaló el Ejecutivo estatal en un comunicado.
La administración de Miguel Márquez Márquez dijo que la compra de tierras se hizo con toda transparencia y el proceso fue vigilado por una comisión especial.
En un comunicado, el gobierno detalló que la comisión acompañó el proceso de compra en todo momento y está encabezada por el Secretario de Gobierno y en donde participan las secretarías de Desarrollo Económico Sustentable, Transparencia y Rendición de Cuentas, Finanzas Inversión y Administración y la Coordinación General Jurídica.
Horas antes, Toyota se deslindó del proceso de compra-venta de los terrenos que el gobierno de Guanajuato le cedió para la construcción de una planta de manufactura, ubicada en el municipio de Apaseo el Grande.
“Como es del conocimiento público, el Gobierno de Guanajuato ha realizado las gestiones de adquisición del predio directamente con los distintos propietarios del mismo. Toyota no ha participado en momento alguno, en procesos de compra-venta de bienes raíces con particulares ni empresas”, indicó la empresa en el comunicado emitido la tarde de este jueves 9 de junio.
Además, Toyota reitera su compromiso con la comunidad de Guanajuato, “y en especial con la población de Apaseo el Grande”, para que todas las operaciones del proyecto se apeguen a los principios de legalidad, ética y transparencia “que rigen las operaciones de la empresa en todo el mundo”.
El comunicado de Toyota se dio a conocer horas después de que el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, dijo que su administración cumplió con la normatividad en la compra de las tierras que su gobierno regaló a la armadora automotriz.
“Nosotros compramos parejo, ya transacciones privadas que se hayan realizado no nos toca a nosotros”, dijo Márquez y añadió, “han comprado ya cientos de hectáreas en toda esa zona, se están desarrollando parques. Hay más de 1,500 hectáreas que se han comprado ahí”.
Un reportaje elaborado por Mexicanos contra la corrupción y la impunidad revela que el gobierno de Guanajuato compró terrenos a sobreprecio a una empresa intermediaria.
La empresa, JAOS & SGB SAPI de CV, cuyo dueño casi único es el empresario regiomontano José María Garza Treviño, compró terrenos en menos de 4 pesos el metro cuadrado, los cuales revendió un mes después al gobierno de Guanajuato en 161 pesos el metro cuadrado.
El comunicado completo de Toyota y el del gobierno de Guanajuato:
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/toyota-se-deslinda-de-terrenos-que-le-regalo-el-gobierno-de-guanajuato/
CIUDAD DE MÉXICO: Familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos pidieron al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, dar “un seguimiento exhaustivo e integral” al informe que presentó el pasado 14 de abril, en el que reportó la posible participación de la policía de Huitzuco y de dos elementos de la Policía Federal en la desaparición de los jóvenes.
Un día después de que la Procuraduría General de la República (PGR) informó que el caso Iguala contará con un nuevo fiscal, Alfredo Higuera Bernal, en sustitución Aarón Pérez, los padres de los estudiantes y organizaciones que los representan sostuvieron una reunión con el ombudsman nacional y con José T. Larrieta Carrasco, titular de la Oficina Especial para el “Caso Iguala”, donde pidieron que se agote esa línea de investigación.
Asimismo, reiteraron al presidente de la CNDH su confianza por el compromiso asumido en la exigencia de conocer el paradero de sus hijos y por su postura al lado de las víctimas, según un comunicado emitido por ese organismo.
A su vez, González Pérez señaló que la confianza depositada por padres y familiares de los normalistas desaparecidos y sus representantes “alienta y compromete al ombudsman a seguir trabajando en favor de las víctimas, a que se haga justicia en este caso y no haya impunidad”.
Precisó también que se da seguimiento puntual a lo señalado en los informes presentados por la CNDH en julio de 2015 y abril de 2016, así como al informe Ayotzinapa II del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que los especialistas concluyeron que existe la certeza de que en el ataque contra los estudiantes de existió una perfecta coordinación entre diferentes corporaciones policiacas y presuntos integrantes del crimen organizado.
Señaló, asimismo, que se realizará el análisis del informe de la Procuraduría General de la República (PGR) publicado el 8 de junio de 2016.
Dicho informe describe las actuaciones que el Ministerio Público federal ha realizado durante la investigación del caso Ayotzinapa, señaló el pasado miércoles 8 la titular de la PGR, Arely Gómez, durante la reunión con padres y familiares de los normalistas desaparecidos.
La procuradora detalló que el documento contiene un recuento de las acciones realizadas desde el inicio de la indagatoria el 4 de octubre de 2014, hasta el 30 de abril de este año, encaminadas al esclarecimiento de los hechos, determinar el paradero de los jóvenes estudiantes, aprehender a los responsables y asegurar que esos delitos no queden impunes.
El ombudsman señaló que la CNDH seguirá investigando las Violaciones a Derechos Humanos y pugnará porque los responsables sean sancionados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443635/padres-los-43-piden-a-cndh-dar-seguimiento-a-la-pista-huitzuco
CHILPANCINGO, Gro: Al menos 10 cuerpos han sido exhumados de diferentes fosas clandestinas ubicadas en un solo punto del municipio de Chilapa de Álvarez, donde la violencia continúa pese al operativo policiaco-militar que se mantiene en la zona que conecta la región Centro con la Montaña guerrerense.
De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del estado (FGE), ayer se localizaron cinco cuerpos en tres fosas ubicadas en la colonia Nueva Orleans de la cabecera municipal de Chilapa.
En ese mismo lugar, sobre el camino que conduce al poblado de Ajacayán, el 31 de mayo se halló un sexto cuerpo, hecho que exhibió el cementerio clandestino en ese sitio.
Dos días después peritos de la FGE encontraron a otra víctima y el pasado lunes 6 fueron exhumados tres cuerpos de dos hombres y una mujer.
Según el comunicado, en este momento se realizan los dictámenes de antropología, odontología y genética para extraer y procesar muestras que determinen el perfil genético y conocer las características de sexo, edad y altura, entre otros datos.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443638/van-10-cuerpos-exhumados-fosas-clandestinas-en-chilapa
La mayoría de los sindicatos en México son coartados por las empresas extranjeras que llegan al país beneficiados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las organizaciones destinadas a proteger a los trabajadores no son más que “fantasmas”, refiere una investigación del medio canadiense The Star. En la teoría, el TLCAN se compromete a “ampliar y hacer efectivos los derechos básicos de los trabajadores”, en la práctica, los obreros laboran largas horas con salarios bajos y sin la posibilidad de que un sindicato defienda sus derechos.
México es uno de los países con la mano de obra más barata del mundo. Los trabajadores de las fábricas laboran largas horas con salarios bajos y sin la posibilidad de que sus sindicatos defiendan sus derechos pues la mayoría “son fantasmas”, operan en complicidad con las empresas, menciona una investigación del sitio de noticias canadiense, The Star.
La publicación refiere que el año pasado, cientos de obreros de Tijuana, Baja California, produjeron miles de millones de dólares en valor de mercancías enviadas a Canadá, con casi el 80 por ciento destinadas a la provincia de Ontario, una relación comercial que se ha disparado en más de un 700 por ciento desde que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se puso en marcha, en 1994.
El TLCAN se compromete a “ampliar y hacer efectivos los derechos básicos de los trabajadores de ambos países”, en teoría los trabajadores mexicanos se verán beneficiados de algunas de las leyes laborales más fuertes del continente.
El texto firmado por la periodista Sara Mojtehedzadeh, menciona que en la ciudad fronteriza de Tijuana la mayoría de los obreros pertenecen a un sindicato, pero ellos lo desconocen.
“Estos son los sindicatos de México ‘fantasmas’, organizaciones que viven en las sombras de la industria mexicana. Su propósito, dicen los críticos, no es luchar por un salario justo o hacer cumplir las normas laborales, sino asegurarse de ser ignorados”, detalla la investigación.
El diario narra la historia de Margarita Ávalos, una mujer que se trasladó a Tijuana, una ciudad que promete una mejor vida para las personas sin estudios, pero en realidad los trabajadores son obligados a cumplir cuotas de producción en fábricas textiles de propiedad extranjera.
Los salarios, dijo Ávalos al diario, apenas alcanzan para llegar al mes y los productos químicos de los tintes que utiliza en la fábrica le hicieron exfoliación de la piel y las uñas se volvieron negras.
“Para mantenerse despierta y aliviar el dolor del trabajo manual, Margarita dice que ella y sus colegas toman café con aspirina”, destaca el medio canadiense.
A medida que la población de México aumenta la pobreza se incrementa. Se estima que hay 14.3 millones más de mexicanos que viven en la pobreza que cuando se firmó el TLCAN.
“México se ha convertido en uno de los lugares con la mano de obra más barata, incluso más que China”, de acuerdo con un estudio publicado en 2013 por el Bank of America que destaca que el programa de maquiladora del país, que se desarrolla a lo largo de la frontera EU-México, atrae a las empresas extranjeras con la promesa de una fabricación libre de impuestos.
El sitio de noticias puntualiza que en muchas de las fábricas las organizaciones destinadas a proteger a los trabajadores no son más que fantasmas.
Lynn DeWeese-Parkinson, ex abogado del Movimiento Indio Americano que ahora trabaja en la organización Ollin Calli, dijo a The Star que lo primero que hacen las empresas extranjeras al trasladarse a México es encontrar un sindicato y “contratar a un abogado para que sea el presidente”.
Dado que los sindicatos son muy difíciles de desplazar en el derecho laboral mexicano, DeWeese-Parkinson dijo que la firma de un sindicato “fantasma” sirve esencialmente como un contrato de protección para las fábricas. “Garantizan que los trabajadores nunca serán capaces de organizarse de manera independiente”, explicó al medio.
La publicación destaca que el mes pasado, Hassan Yussuff, presidente del Congreso del Trabajo de Canadá, escribió una carta a la mayor confederación sindical del mundo, la Confederación Sindical Internacional, en la que expresó “su profunda preocupación por la práctica y su impacto devastador sobre los trabajadores en México”.
“Las empresas extranjeras están allí [México] porque hay una ventaja competitiva”, agregó en una entrevista con el medio. “Esto es injusto para los trabajadores canadienses que perdieron sus puestos de trabajo por la ventaja que ofrece el Gobierno mexicano para garantizar la práctica de los contratos de protección a las empresas”.
El jefe de la Federación de Trabajadores de México de Uniones Industriales, José de Jesús Pantoja, dijo al diario canadiense que su organización es “invitada” para representar a los trabajadores de la fábrica por los ejecutivos corporativos de empresas extranjeras.
“Los trabajadores mexicanos no tienen la capacidad de elegir buenos líderes”, dijo.
En la ciudad de Tijuana hay alrededor de 600 maquinadoras o plantas de propiedad extranjera y cientos de obreros con bajos salarios, obligados a cumplir con tarifas de maquinaria, sin equipo ni materiales.
“Si usted tiene un televisor, hay una buena probabilidad de que en Tijuana se hizo, ya que las empresas como Samsung y Panasonic ejecutan las operaciones principales ahí”, expone el texto.
Añade que el sueldo de cinco trabajadores mexicanos equivale a uno de Estados Unidos.
La periodista pudo entrar a una maquiladora en Tijuana con el pretexto de buscar un trabajo. “El almacén, donde los trabajadores estaban recortando la madera contrachapada, estaba caliente y sin aire, incluso en un día frío y húmedo. Los trabajadores llevaban auriculares baratos para la protección contra el roce de rejilla de sierras eléctricas. Los salarios que se ofrecen son de entre mil y mil 200 pesos a la semana.
José de Jesús Pantoja revela al medio que en el 95 por ciento de las maquiladoras de Tijuana hay sindicados y que su organización apoya a los trabajadores mientras se mantiene una “buena imagen” con el gobierno y las empresas extranjeras.
Sin la protección de un sindicato verdadero, dicen los críticos, los trabajadores están casi totalmente privados de sus derechos.
“En total, se han registrado 17 denuncias de violaciones de mano de obra mexicana a gran escala realizados bajo el TLCAN; tres son actualmente objeto de examen, pero el órgano creado por el acuerdo para supervisar las normas laborales no ha emitido un fallo por más de 10 años”, puntualiza el medio.
“Creo que hay mucha violencia económica. Cuando se tiene que luchar día a día para alimentar a su familia, hay muy poco espacio para aprender a luchar por sus derechos”, dijo a The Star, Marlene Solís, profesora del Colegio de la Frontera Norte.
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el derecho de los trabajadores y empleadores de crear organizaciones propias o afiliarse a las existentes es parte integral de una sociedad libre y abierta, y estas organizaciones, en muchos casos, han desempeñado un papel importante en la transformación democrática de sus países.
En una nota publicada por SinEmbargo, Sergio Sánchez Díaz, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología (CIESAS), declaró que el poder de los sindicatos mexicanos se perdió a causa de los arreglos corporativos.
Con él coincide Enrique de la Garza Toledo, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quien afirma que el sindicalismo que surge de la época de la Revolución Mexicana nació independiente y siguió así hasta que en la década de los 30 la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) firmaron un convenio con del Estado, episodio que se conoce como el Pacto Corporativo.
El doctor Víctor Manuel Muñoz Patraca, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), encuentra dos bandos: “Un sindicalismo que se burocratizó y que no permitió la organización de otro tipo de grupos sindicales, más amplios y plurales. Y los otros, los ‘leales al Gobierno’ que cayeron en excesos de abusos a la empresa. No fueron lo suficientemente flexibles para poder acatar los intereses y necesidades de la empresa; ahí está el caso de Pemex, que ejemplifica varios vicios. Pero en general son una organización: implica una burocracia, un gobierno de pocos que está sobre la mayoría”.
Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), existen 2 mil 682 organizaciones de trabajadores conformadas en sindicatos, federaciones y confederaciones, frente a 51 millones personas ocupadas y 4 millones subocupadas. De acuerdo con estimaciones del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), sólo un 16 por ciento de la población asalariada pertenece a una organización sindical, de las cuales el 15 por ciento están afiliadas a sindicatos “charros” y sólo 1 por ciento a “independientes”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-06-2016/1663780
Ciudad de México. Profesores disidentes se manifiestan frente a las instalaciones del Gobierno de la Ciudad de México para demandar el cese de todo acto de "represión" y que busque la intermediación con el gobierno federal para que establezca un diálogo con los maestros inconformes.
Los manifestantes también acudirán ante la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir el respeto a sus derechos constitucionales y demandar la derogación de la reforma educativa.
José Antonio Altamirano, integrante de la dirección política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), destacó que "venimos a hacer un llamado a la administración de Miguel Ángel Mancera para que cese la represión contra el magisterio y que se nos permita el derecho al libre tránsito y de expresión".
Indicó que pese a la "cerrazón" de la administración peñista, los educadores inconformes "no vamos a abandonar la capital del país hasta lograr que nos escuchen. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, que ningún gobierno puede soslayar la voz de quienes son sus gobernados. Vamos a insistir en el diálogo".
Los profesores de la CNTE también van a participar esta tarde en la movilización estudiantil y de diversos colectivos sociales a 35 años del llamado Halconazo, y anunciaron que esta sábado también realizarán una marcha masiva popular del magisterio que partirá del llamado antimonumento.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: LAURA POY SOLANO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/10/cnte-pide-a-gdmx-detener-la-201crepresion201d-y-mejor-ser-mediador
Ciudad de México. Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) solicitaron ante funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que actúen como interlocutores ante el gobierno federal, a fin de establecer un diálogo con el magisterio disidentes que demanda la abrogación de la reforma educativa.
Luego de reunirse por casi 2 horas con Francisco Barradas, asesor de la secretaría general de la presidencia del máximo tribunal, los dirigentes magisteriales señalaron que también demandaron el cese de “todo acto represivo” en contra de los docentes inconformes.
Decenas de educadores se concentraron frente a la sede de la SCJN para demandar que la administración del presidente Enrique Peña Nieto “no se escuche. No nos vamos a ir a nuestros estados hasta alcanzar este objetivo”, insistieron.
En su mensaje, al concluir la reunión con los funcionarios federales, Rubén Núñez Ginez, secretario de la Sección 22 de Oaxaca y Víctor Manuel Zavala, secretario general de la Sección 18 de Michoacán, indicaron que el encuentro tanto con funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México como del máximo tribunal fue para exigir, entre otros puntos, “que se sumen como interlocutores para destrabar el conflicto magisterial y que se pueda atender a los maestros”.
Los docentes también anunciaron que hoy a las 16 horas se sumarán a la marcha por el llamado halconazo, por lo que citaron a los contingentes magisteriales en el Metro Normal para de ahí sumarse a la movilización que encabezarán estudiantes e integrantes del Comité 68.
Núñez Ginez, enfatizó el llamado a los educadores es a movilizarse de forma pacífico y ordenada. “Tendremos un esquema de seguridad en cada uno de los contingentes de docentes para que todos guarden el orden y no se corra el riesgo de que personas ajenas al movimiento se infiltren”.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: LAURA POY SOLANO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/10/cnte-pide-a-la-corte-ser-interlocutora-ante-el-gobierno-federal
El gobernador de Guerrero admite que arrancan con lo básico y denuncia que el dinero para capacitación e infraestructura se desvió y desperdició por años. El sistema es desconocido para la gente y faltan leyes y abogados para víctimas, resaltan especialistas.
El 18 de junio el nuevo sistema penal acusatorio se implementará en todo el país pero en varias zonas arrancará con preparativos mínimos. Su funcionamiento en un nivel óptimo, con una infraestructura propia, capacitación integral, reorganización institucional terminada y difusión al cien por ciento, se logrará hasta el 2024.
Es la proyección oficial de la Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma Penal (SETEC), que fija en 5 años con 7 meses el tiempo necesario para “estabilizar adecuadamente el sistema” y eso, siempre y cuando se mantenga el ritmo de trabajo y voluntad política.
Si el ritmo se desacelera, advirtió el Director General de Coordinación Interinstitucional de la SETEC, Héctor Díaz Santana, el periodo para que funcione podría ser todavía mayor.
Para citar un ejemplo de lo que está pendiente. Actualmente se han construido en el país 804 salas de juicio oral, sin embargo, se requieren por lo menos mil 200 según estimaciones de la SETEC. Es decir, se tienen dos terceras partes de las salas que se necesitan para llegar al nivel óptimo.
En entrevista con Animal Político el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dijo que se ha tenido que avanzar a marchas forzados en los últimos meses para llegar con lo mínimo, ya que en años no se hizo nada e incluso “se invirtió” dinero en supuestas capacitaciones o infraestructura que no se realizaron.
Por su parte la titular de la SETEC, María de los Ángeles Fromow, dijo que ya tienen diseñado un esquema con más de 150 líneas de acción para trabajar en la puesta en marcha del nuevo sistema penal, pero el primer paso será proponer a los legisladores que la instancia coordinadora que ella encabeza y que dejara de existir a partir del 18 de junio, reciba el aval para transformarse en un área de consolidación, con presupuesto propio para los próximos años.
Representantes de la sociedad civil como Orlando Camacho, Presidente de México SOS, reconoció que hay rezagos en la difusión de que es y como funcional el sistema penal acusatorio hacia los ciudadanos, mientras que Isabel Miranda de Wallace de Alto al Secuestro AC, acusó falta de abogados e inequidad para las víctimas.
Este balance y opiniones fueron recabados en la clausura del Octavo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, organizado por Institución Renace, México SOS y la Red Nacional a favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso.
Desperdicio de tiempo… y millones
A partir de una evaluación actualizada de la SETEC, Animal Político publicó que solamente hay cuatro entidades federativas que actualmente se encuentran en nivel óptimo para implementar el sistema penal: Coahuila Yucatán, Nuevo León y Chihuahua. El resto de las entidades, tienen un avance medio.
Entre los estados más atrasados se encuentra Guerrero, quien por ejemplo, presenta rezagos en la capacitación de policías y en la adquisición de equipos tecnológicos, además de infraestructura.
Sobre esto el gobernador de esa entidad Héctor Astudillo Flores, dijo a Animal Político dijo que en más de seis años no se hizo prácticamente nada para la implementación del sistema en la entidad. Fue apenas en octubre de 2015, cuando llegó a la gubernatura, que se implementó un plan de emergencia para arrancar el sistema.
“Guerrero pudo haber sido el único estado en donde no fuera posible que arrancara. Estábamos prácticamente en cero pero pudimos echarlo a andar el sistema el pasado 1 de junio, gracias a un trabajo intensivo con la SETEC. Como gobernador no estoy satisfecho pero dimos un paso importante en meses” dijo.
Astudillo aclaró que el problema nunca debió haber sido el tiempo ni los recursos. Sin embargo, tras un análisis se descubrió que el dinero o no se había gastado, o si se hizo fue en otros temas o conceptos desconocidos. Se descubrió que había obras inconclusas y cursos que no se dieron.
“Había instalaciones abandonadas y había recursos de capacitación pero cuando les preguntábamos a los policías que había pasado con la capacitación resulta que no había existido tal, o sea nunca se dio. Tuvimos que hace doble inversión en capacitación y en infraestructura” reveló.
Al detallar algunas de las acciones que han realizado, dijo que lograron habilitar salas para juicio oral en Acapulco, Chilpancingo y Ometepec, mientras que en Coyuca de Catalán rentaron una casa donde se habilitó otra sala más. En total, tienen aproximadamente 20 salas aunque reconoció que es el mínimo y se necesitan más en otros estados.
Un sistema penal desconocido
El nuevo sistema penal es prácticamente desconocido para la mayoría de la gente, coincidieron especialistas y autoridades en la clausura del Octavo Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, por lo que trabajar en ello es una de las tareas fundamentales para los próximos años.
“La verdad la gente no lo conoce en lo absoluto. La difusión es uno de los puntos débiles que tenemos en los próximos años” dijo Héctor Astudillo.
Orlando Camacho, director General de México S.O.S, una de las organizaciones que ha dado impulso a la implementación del sistema, subrayó que pese a que estamos frente a una de las reformas más importantes del último siglo, y a las puertas de una nueva forma de hacer justicia, el tema aún está lejos del dominio de los ciudadanos.
“En esta fase de consolidación un tema fundamental es la difusión. La reforma penal mas importante de los últimos cien años lo conoce a lo mucho el 15 por ciento de la población, entonces tenemos un gran pendiente ahí. En este foro hubo por primera vez una mesa de trabajo con medios y publicistas para que ellos se monten porque no lo conocían”. Dijo.
De acuerdo con Camacho, la clave está en lograr “bajar” la complejidad del idioma jurídico a un idioma coloquial y comunicarle a las personas que este es un sistema penal donde no hay más casos que se solucionen “en lo oscurito”, donde todo es público y ante un juez, donde hay soluciones alternativas donde se respeta la presunción de inocencia, entre otros.
Explico que el objetivo es arrancar campañas en los próximos meses en donde con las formulas de la publicidad se consiga que la gente conozca el sistema penal.
La titular dela SETEC, María de los Ángeles Fromow, dijo que históricamente la gente desconoce cómo funciona el sistema penal en el país. Lo que sabe es que hay que presentar una denuncia y que muchas veces no pasa nada. El reto es que las personas conozcan el nuevo sistema para que a su vez, se fortalezca la cultura de denunciar.
“Estamos trabajando de forma intensa con distintas instancias, tratando de genera run cambio cultural para que la gente pueda entender que es la mediación o cuáles son sus derechos, la importancia de la presunción de la inocencia y debido procesos. Se trata de conceptos abstractos que hay que aterrizar a un lenguaje ciudadano” dijo.
Fromow confirmó al igual que Orlando Camacho, que este año habrá una campaña que se pondrá en marcha con poyo de distintos medios de comunicación para difundir las ventajas del nuevo sistema.
Los frentes abiertos
La capacitación de las fuerzas de seguridad pública para que asimilen y adapten sus métodos de trabajo a las exigencias del nuevo sistema penal, es uno de los retos que aún tiene en puesta el gobierno. Fromow sostuvo que el 95 por ciento del casi medio millón de policías en el país ya recibió una capacitación básica de 40 horas.
“Se trata de una capacitación básica, estamos dando los primeros pasos para que conozcan los fundamentos del nuevo sistema. Los estados están siguiendo una fórmula para que los agentes más preparados supervisen el trabajo de los demás” dijo.
Los mandatarios mostraron una mayor preocupación. En su participación en el foro, el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles reconoció que los talleres de instrucción para los agentes se han realizado en los últimos meses contra el tiempo, y aun les falta.
“Traíamos un rezago brutal en la capacitación de policías. Hemos estado a marchas forzadas capacitando a los policías, a los agentes ministeriales. Vamos avanzando bien pero no falta la capacitación de agentes municipales, no solo basta los estatales y eso implica un reto mayúsculo” dijo.
El gobernador de Guerrero Héctor Astudillo coincidió en que la capacitación de los policías municipales es la ms débil y se necesita continuar con los talleres para tener a agentes mejor profesionalizados.
La infraestructura para el nuevo sistema penal es otro pendiente. A la construcción de 400 salas de juicio oral que deberán materializarse en próximos años, hay que trabajar en temas como los consultorios o el acondicionamiento de unidades de mediación apropiada, dijo el Director General de Coordinación Interinstitucional de la SETEC, Héctor Díaz Santana.
También está el cambio normativo. El funcionario dijo que si bien se han creado o modificado más de 400 leyes, aún están pendientes por aprobarse una Ley Nacional de Justicia para Adolescentes y la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones, que también requerirán modificaciones a normas estatales.
“Justicia alternativa, medidas cautelares, servicios periciales, policía procesal, atención a víctimas, es una agenda muy extensa a la cual tenemos que mantener este ritmo porque aunque el 10% s delos temas en tribunales son penales, es la justicia penal es la cara que tiene el ciudadano del cumplimiento de la ley” dijo.
Víctimas olvidadas: Wallace
De acuerdo con la presidenta de la Organización Alto al Secuestro, Isabel Wallace, en la mayoría del país se pone en marcha el sistema sin que existan condiciones necesarias para las víctimas, las cuales están en desventaja bajo las nuevas reglas del proceso penal.
“Hay una carencia de abogados victimales bien preparados que son los representantes jurídicos de las víctimas. No tenemos ni la cantidad suficiente ni la calidad necesaria Si una víctima requiere de un abogado en una audiencia es posible que no lo tenga. Hay estados en donde no los hay simplemente” dijo.
Wallace insistió en que las víctimas se encuentran en condiciones de inequidad dentro del marco del “debido proceso” que exige el nuevo sistema. Puso de ejemplos caso como la Ciudad de México y Quintana Roo en donde hay una defensoría pública adecuada para los imputados, pero hay carencia de abogados.
“Incluso la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que es nacional tiene solamente 21 abogados, ni siquiera hay un abogado por estado, y además muchos son jóvenes sin experiencia y preparación para llevar casos complejos como son los de delincuencia organizada” dijo.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/nuevo-sistema-penal-arranca-con-infraestructura-incompleta-funcionara-bien-hasta-2024/
Ex funcionarios del sexenio calderonista y empresarios compraron terrenos que vendieron a sobreprecio al gobierno del panista Miguel Márquez. Los campesinos que denuncian haber sido engañados y forzados a vender, apodaron a esos intermediarios como Los Güeros. Esta es la segunda parte del reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Cuando dejó su empleo en la Procuraduría Agraria en 2012, el ciudadano Santiago Germán Bordes tenía, según su declaración patrimonial, apenas 8 mil 600 pesos en el banco y ningún inmueble a su nombre; tres años después, ya era dueño de 58 hectáreas con valor de 55 millones de pesos.
Por increíble que parezca, su enriquecimiento lo logró tras convertirse en ejidatario. O mejor dicho, al volverse campesino.
Con ese camuflaje, Germán Bordes compró decenas de hectáreas que luego vendió a una empresa en la que es miembro del Consejo de Administración, la cual a su vez las revendió al Gobierno de Guanajuato para obsequiárselas a la trasnacional japonesa Toyota.
Con el auxilio de un empleado que también simuló ser campesino convenció, e incluso presionó a ejidatarios de que les vendieran sus tierras a precios muy bajos, las cuales luego fueron vendidas al Gobierno guanajuatense hasta 42 veces más caras.
Estos “campesinos”, a quienes los ejidatarios apodaron como Los Güeros, colaboran en una empresa que fungió como intermediaria en la adquisición de 294 hectáreas en una comunidad ubicada en los límites de Guanajuato con Querétaro, donde Toyota proyecta instalar una planta armadora de autos.
La intermediaria compró los terrenos a precios diferenciados, pero siempre muy bajos. El menor precio fue en una parcela de 6.6 hectáreas, en donde pagó 158 mil pesos, que equivale a 2 pesos con 39 centavos el metro cuadrado y un mes después lo revendió al Gobierno en 148 pesos el metro cuadrado.
Otro ejemplo fue la compra de 19 mil 622 metros cuadrados en 74 mil 674 pesos (3.8 pesos el metro) que fue revendida en un mes en 3 millones 171 mil pesos (161 pesos el metro cuadrado).
Sobreprecio de 290 millones
Esta maquinación en la compra de tierras involucró al Gobierno de Guanajuato que encabeza el panista Miguel Márquez, quien pagó 481 millones de pesos por 31 terrenos que en realidad tenían un valor de 191 millones.
El sobreprecio pagado con recursos públicos fue del 150%, equivalente a 290 millones de pesos, de acuerdo con los avalúos bancarios de los predios, obtenidos por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Los avalúos realizados a finales de agosto de 2015 por peritos de ABC Capital, fijaron en 65 pesos el precio del metro cuadrado en los terrenos donde se proyecta instalar la planta de Toyota; dos meses después el Gobierno de Guanajuato pagó en promedio cada metro cuadrado en 164 pesos.
Al menos 17 de los 31 terrenos fueron comprados muy baratos por la intermediaria y luego revendidos muy caros al Gobierno, con sólo un mes de diferencia.
Por ejemplo, el 12 de noviembre de 2015, el ejidatario Elpidio Rodríguez vendió su parcela de dos hectáreas en 200 mil pesos (equivalente a 10 pesos el metro cuadrado) y 36 días después fue revendida al Gobierno guanajuatense en 2 millones 915 mil pesos (146 pesos el metro).
La ruta del dinero
¿Quiénes están detrás de este lucrativo negocio? La ruta del dinero apunta a Monterrey, al despacho de un empresario que ya antes había sido acusado de despojar a ejidatarios en Quintana Roo, en sociedad con políticos de Nuevo León.
JAOS & SGB fue constituida el 13 de junio de 2014, en Monterrey, por el empresario José María Garza Treviño, a través de su compañía GP Bienes Inmuebles, que posee el 99.9% de las acciones.
La empresa podría haberse creado exprofeso para la compra masiva de tierras en la zona donde se instalaría Toyota.
El 8 de julio de 2014, a los 25 días del nacimiento de JAOS & SGB, sus representantes concretaron las primeras adquisiciones de predios en el ejido Caleras de Ameche. La compra de parcelas inició nueve meses antes de que el presidente Enrique Peña Nieto formalizara el anuncio de que en ese lugar se instalaría una planta armadora de la automotriz japonesa Toyota. ¿Tenían información privilegiada?
El dueño casi absoluto de la intermediaria es uno de los 100 empresarios más importantes del país, según la lista anual de la revista Expansión. Es el Presidente de Grupo GP, que abarca los ramos de la construcción, desarrollos industriales, servicios y vivienda.
En una investigación publicada en junio de 2014 en Reporte Índigo, Garza Treviño fue señalado de despojar a ejidatarios en Quintana Roo, en sociedad con un cuñado del actual embajador de Uruguay, Felipe Enríquez.
Negocio de ex funcionarios
JAOS y SGB son las siglas de dos ex funcionarios del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que se dedican al negocio de comprar y vender terrenos ejidales.
Los funcionarios se llaman José Antonio Ortega Serrano (JAOS) y Santiago Germán Bordes (SGB), quienes coincidieron en el anterior sexenio en la Procuraduría Agraria; el primero se desempeñaba como coordinador de programas institucionales, mientras que el otro fue director de área.
Germán Bordes tiene participación triple en la empresa JAOS & SGB, pues desde su fundación es integrante del Consejo de Administración, apoderado legal y negociador en la compra y venta de tierras. Su paso por la Procuraduría Agraria le dio el conocimiento y la experiencia para negociar con ejidatarios.
Al concluir el anterior sexenio, Germán Bordes se asoció con Ortega Serrano y con Abraham Cherem Mizrahi, un panista que también trabajó en el sexenio de Felipe Calderón como jefe de enlace en Gobernación y en la Presidencia de la República. Los tres fundaron el despacho Law, Social and Agro Advisors Consulting (LASC), que se dedica a negociar la liberación de tierras para obras públicas y desarrollos inmobiliarios e industriales.
Un domicilio, muchos intereses
La firma de consultoría agraria creada por los ex funcionarios panistas comparte domicilio en el centro de Coyoacán, con otras empresas que tienen socios e intereses empresariales comunes.
La dirección de Caballo Calco 28, en Coyoacán, es el domicilio de LASC (la consultoría de JAOS, SGB y Cherem), pero también es la sede de la notaría 129, a cargo de Ignacio Soto Borja, quien a su vez aportó esa dirección para inscribir la empresa Losrram SA de CV, de la que es director Víctor Manuel Lizárraga Erosa, uno de los socios de la intermediaria que compró los terrenos para la armadora de Toyota en Apaseo el Grande, Guanajuato.
Tantas coincidencias no son casualidad: los socios de LASC, Losrram y JAOS & SGB son amigos y han recurrido a esquemas de negocios casi idénticos, de adquirir en forma masiva terrenos ejidales a precios baratos, para realizar obras o desarrollos inmobiliarios.
LASC lo hizo en Chiapas, al negociar la liberación del derecho de vía para dos carreteras; Losrram negoció con ejidatarios del pueblo mágico de Pozos, al norte de Guanajuato, para impulsar un desarrollo turístico y residencial de 152 hectáreas, y JAOS & SGB le compró más de 294 hectáreas a campesinos para la nueva planta armadora de Toyota.
En los tres casos recibieron recursos públicos, de acuerdo con documentos oficiales obtenidos para esta investigación: LASC cobró 19 millones de pesos en tres contratos por invitación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; el proyecto de Losrram fue beneficiado con más de 100 millones de pesos de fondos estatales y federales, mientras que JAOS & SGB obtuvo una utilidad superior a los 200 millones de pesos, al fungir como intermediaria del Gobierno de Guanajuato en la compra de tierras para Toyota.
La red de amigos
Los socios de las tres empresas tienen vínculos de negocios y de amistad.
Ignacio Soto Borja, titular de la notaría ubicada en Caballo Calco 28, está asociado con Daniel Esquenazi Beraha en al menos dos empresas dedicadas a promover el proyecto inmobiliario de Pozos, el cual presumen en redes sociales que será el nuevo San Miguel de Allende.
Ambos, a su vez, tienen vínculos de negocios con Víctor Manuel Lizárraga Erosa, accionista minoritario de JAOS & SGB.
Los tres son copropietarios de un predio de 80 hectáreas en el ejido Aquiles Serdán, del municipio de Cabo Corrientes, Jalisco, en donde proyectan un desarrollo turístico de playa.
Esquenazi, Soto Borja y Lizárraga tienen en su círculo de amigos en Facebook e Instagram a Juan José García Henríquez, al que apodan ‘Picho’, uno de los responsables de negociar la compra de tierras para JAOS & SGB; para cumplir su encomienda, Picho llegó a ostentarse como campesino en la compra-venta de al menos 26 hectáreas. Su amistad y cercanía la expresan en mensajes fraternos e intercambios de bromas en redes sociales.
Esquenazi también es amigo en redes del panista Abraham Cherem Mizrahi, ex jefe de enlace en la Presidencia de la República con Felipe Calderón, y uno de los socios de LASC.
Mientras que José Antonio Ortega Serrano, socio de Cherem, tiene en su red de amigos a Esquenazi, a ‘Picho’ y a Ignacio Soto.
El enlace en el Gobierno
Franco Herrera Sánchez, subsecretario de Atracción de Inversiones del Gobierno de Guanajuato, fue el funcionario estatal que negoció con los representantes de JAOS & SGB la compra de terrenos. Su nombre y firma aparece en los planos de deslinde y actas.
Fue, además, uno de los negociadores para la inversión de Toyota. Dado que estuvo a cargo de ese proyecto desde el 2014, Herrera Sánchez habría tenido información de primera mano de las necesidades y características del terreno solicitado por la armadora de capital japonés.
Su delicada labor de negociador no le impidió trabar amistad con sus contrapartes.
En su círculo de amigos en Facebook, el funcionario tiene a Juan José García Henríquez, ‘Picho’, quien cumplió doble labor al servicio de JAOS & SGB: como improvisado ejidatario en la compra de tierras y como su apoderado general en los contratos y en el decreto de expropiación.
Además, es amigo en redes de José Antonio Ortega Serrano (cuyo nombre corresponde a las iniciales JAOS), el socio de la empresa LASC, de ex funcionarios del anterior sexenio panista.
El Subsecretario de Atracción de Inversiones estuvo involucrado en 2013 en la compra irregular de un terreno de tres hectáreas, para construir el edificio de seguridad C4 en Salamanca.
El terreno lo vendió la empresa Inmobiliaria y Servicios Benher, propiedad de su hermano Alejandro, a un precio de 41 millones 953 mil pesos, pese a que había avalúos que estimaban que el costo real del inmueble era de 24 millones 469 mil pesos, según consta en una auditoría del Órgano Superior de Fiscalización de Guanajuato.
Organizaciones ciudadanas acusaron en aquella ocasión a Franco Herrera de haber sido el intermediario en la venta del terreno.
El deslinde oficial
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad buscó al funcionario guanajuatense para preguntarle si su amistad con dos personas vinculadas a JAOS representaba un conflicto de intereses, pero se negó a responder.
En conversación telefónica este miércoles, dijo que no haría ninguna declaración al respecto, porque la compra de terrenos para Toyota todavía no concluía.
Herrera Sánchez aseguró que no sabía que JAOS & SGB había fungido como intermediaria, al comprar tierras baratas que luego había revendido caras al Gobierno de Guanajuato. Sin embargo, Herrera Sánchez es el funcionario encargado de autorizar el polígono donde se instalará la armadora, incluyendo los deslindes de esos terrenos.
En todo caso -añadió- la compra de cientos de hectáreas que hizo desde 2014 la empresa eran para un parque industrial y su uso se cambió cuando Toyota decidió instalarse en Guanajuato.
La decisión de Toyota de instalarse en el ejido de Caleras de Ameche, en Apaseo el Grande, fue tomada en abril de 2015 en Japón, una semana antes de que la inversión la anunciara el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pínos, sostuvo el Subsecretario.
Sin embargo, otro funcionario guanajuatense -quien habló con la condición del anonimato- confió que desde 2014 ya se había presentado a Toyota la alternativa del terreno que en forma muy anticipada compró una empresa de capital regiomontano.
Vía telefónica ayer una vocero de Toyota dijo que las negociaciones para instalar la planta en esos terrenos se dieron hasta después del presidente Enrique Peña Nieto.
El Gobierno de Guanajuato se limitó a expresar como postura oficial que la compra de tierras para Toyota se hizo en forma legal y a un precio parejo de 148 pesos el metro cuadrado, tanto a ejidatarios, pequeños propietarios como vía expropiaciones.
Documentos en poder de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad muestran, en cambio, que el precio promedio pagado por 294 hectáreas fue de 164 pesos.
Integran a ejido a falsos campesinos
En una asamblea realizada el 8 de julio de 2014, Juan José García Henríquez y Santiago German Bordes fueron incluidos como ejidatarios de la comunidad Caleras de Ameche.
German Bordes habría aprovechado la experiencia obtenida en su paso como funcionario de la Procuraduría Agraria, para encontrar los resquicios legales que les permitieran integrarse al ejido. Una vez instalados en la comunidad de Caleras de Ameche, lograron escriturar a su nombre 17 parcelas, según consta en los títulos de propiedad parcelarios obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
En una consulta realizada en los expedientes del Registro Público de la Propiedad de Apaseo el Grande, aparece la anotación de que 14 parcelas pasaron a manos de los dos ex funcionarios en una operación valuada en cero pesos. Cinco de esos terrenos fueron traspasados como permuta (intercambio) en junio de 2015.
A los dos meses, las parcelas fueron vendidas a la empresa JAOS & SGB, en la cual trabajan los dos falsos ejidatarios, según documentos de las transacciones. Luego, las tierras fueron revendidas al Gobierno de Guanajuato.
En 12 contratos de compra-venta de las tierras del ejido de Caleras de Ameche, Santiago German Bordes se identificó como un campesino originario del Distrito Federal, con dirección en la calle Iztaccíhuatl, en la colonia La Florida, de la Ciudad de México. El domicilio en realidad corresponde a una vivienda en una de las zonas residenciales más exclusivas.
Los reporteros buscaron a esta persona en su casa, pero no se concretó la entrevista.
En otras cinco escrituras aparece como ejidatario el apoderado general de JAOS & SGB, Juan José García Henríquez, quien ante un notario público afirmó que era campesino originario de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con domicilio en la calle Camino Antiguo a Marfil, en Guanajuato Capital.
Antes de vender cada terreno, notificó al ejido y a su entonces esposa, Ana Daniela Sosa Barba (actual regidora suplente y funcionaria del Ayuntamiento de Guanajuato) el derecho de preferencia de compra, según consta en los documentos.
Se le buscó vía telefónica, pero nunca contestó. Tampoco respondió los mensajes ni se le encontró en el domicilio que reportó en Guanajuato en la zona residencial de Marfil.
Desde que se constituyó la empresa JAOS & SGB en 2014, García Henríquez fue registrado como su representante legal.
Complicidades y supuestas amenazas
Francisco Rodríguez Gómez, tesorero del comisariado ejidal de Caleras de Ameche, relató que desde mediados de 2014 los representantes de JAOS & SGB –a quienes apodaban ‘Los Güeros’- se hicieron pasar como campesinos, para adquirir las tierras.
Incluso, en una asamblea realizada el 8 de julio de 2014, se les integró como ejidatarios, y con ese nombramiento, pudieron gestionar a su nombre títulos de propiedad parcelarios, ante el Registro Agrario Nacional.
“Aquí el que los arrimó fue el comisariado ejidal, señor Refugio Rubio Ciciliano, fue el que los trajo, los arrimó a la asamblea, y los convocó a junta ante notario público para que hiciera válido… para reconocerlos como avecindados”, relató el tesorero.
La integración de ‘Los Güeros’ al ejido provocó división entre los vecinos.
“Unos votaron en contra y otros a favor. El chiste es que se aceptó con la condición de que ellos, el avecindado, no tenía que causarle problemas al ejido, en cuanto causaran problemas podían ser rechazados o expulsados, y es lo primero que nos hicieron”.
El divisionismo provocó que la directiva del ejido se partiera en dos: “El comisariado ejidal fue el primero que negoció con estos señores intermediarios. Y de este lado (de los inconformes) se vino el secretario, el tesorero y consejo de vigilancia”.
¿Cómo le hicieron los ‘Los Güeros’ y el comisariado ejidal para quedarse con las tierras?, preguntó el representante de los inconformes. Y él mismo respondió: con amenazas.
“Ya nos habían dicho que de todos modos teníamos que vender nuestras tierras baratas y el primer obstáculo que nos pusieron, precisamente a mí, vinieron y clausuraron el levantamiento de agua del río para poder regar las parcelas, argumentando que no tenía concesión”.
Los campesinos comprobaron ante la Comisión Nacional del Agua que había una resolución presidencial que les permitía utilizar un río para riego. Y la intimidación pasó a otro nivel.
“Después vinieron las amenazas de que de todos modos teníamos que vender”.
-¿Quiénes amenazaron?
-Los Güeros.
-¿Los de la empresa JAOS?
-Ajá. De hecho, nos decían: tienen que vender barato, ya no va a ser de voluntad, va a ser de fuerzas.
A los que se negaban a vender, les advertían que el Gobierno de Guanajuato procedería a la expropiación de las tierras, a un precio todavía más bajo.
“Aquí mis compañeros sí están con el temor de que lleguemos a mayores, pero ¿a dónde vamos, si todo el tiempo hemos vivido aquí?”.
Mencionó que son 20 los ejidatarios que se negaron a vender a los intermediarios sus parcelas, las cuales miden 180 hectáreas.
Pese a que el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, aseguró que él mismo intervino para negociar la compra de las tierras, los campesinos lo desmienten.
“Él nunca se ha acercado a nosotros para poder platicar de frente”, dijo el tesorero del ejido.
“Es injusto lo que está haciendo el Gobierno, porque debería de venir y dialogar. Nunca nos oponemos a vender, pero una cosa justa”.
La negativa para vender es que tanto los intermediarios como el Gobierno ofrecían un bajo precio por sus parcelas.
Los campesinos piden que les paguen a 250 pesos el metro cuadrado, pero la empresa intermediaria llegó a comprar hasta en 4 pesos el metro.
Ganan hasta con expropiación
El 14 de diciembre de 2015, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, firmó un decreto de expropiación de 8.17 hectáreas que la empresa JAOS & SGB había adquirido en una comunidad del municipio de Apaseo el Grande.
El Gobierno pagó en promedio en 145.5 pesos cada metro cuadrado expropiado, mientras que la empresa compró el metro en 86.7 pesos en promedio.
Tan sólo con este decreto expropiatorio, la empresa ganó 4 millones 810 mil pesos, respecto al precio al que había comprado meses antes los terrenos.
Esta ganancia se sumó a los más de 200 millones que había ganado como intermediaria en la compra-venta de otras 287 hectáreas.
La expropiación la pagó el Gobierno a más del doble del valor comercial de las tierras. Los avalúos bancarios cotizaban esos predios en apenas 65 pesos el metro cuadrado.
En las comparecencias que la Secretaría de Gobierno realizó previo a la expropiación, se presentó como apoderado general de JAOS & SGB Juan José García Henríquez, el mismo personaje que en otros documentos oficiales aparecía como campesino y vendedor de parcelas.
A García Henríquez lo apodan “Picho”, y su nombre aparece tanto en el decreto de expropiación como en las actas de venta de predios al Gobierno de Guanajuato.
Pese a las evidencias de irregularidades, el gobernador Miguel Márquez dijo que la compra de los terrenos para Toyota se apegó a la normatividad. En declaraciones a la prensa de Guanajuato, dijo que las transacciones y negociaciones privadas que se hicieron de manera previa no le tocaban al Gobierno del Estado. Para él, todo está en regla.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad .
AUTOR: VALERIA DURÁN, RAÚL OLMOS.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/el-cartel-de-los-gueros-los-exfuncionarios-detras-del-caso-toyota/
Ayer, diputados del Congreso de Guanajuato acusaron que la empresa de Monterrey, Nuevo León, compró cerca de 300 hectáreas a los ejidatarios en cuatro pesos y luego las vendió al gobierno del estado en 161 pesos el metro cuadrado. Los terrenos forman parte de las 607 hectáreas que van a ser donadas a la empresa Toyata, como incentivo para que se instale en la entidad.
Ex funcionarios de la Procuraduría Agraria del Gobierno de Guanajuato, José Antonio Ortega Serrano y Santiago Germán Bordes, adquirieron con engaños y a bajos precios terrenos a ejidatarios del municipio de Apaseo para luego revenderlos a la administración estatal a un costo mucho mayor.
Los terreros forman parte de el área donde se instalará la nueva ensambladora de Toyota.
De acuerdo con una nota publicada por el diario AM, y retomada por Reforma, en 2014, Ortega Serrano y Germán Borde son de la empresa JAOS & SGB, que en 2014 adquirió unas 260 hectáreas a ejidatarios de Guanajuato para luego vendérselas al Gobierno estatal para la instalación de la planta de la automotriz.
En tanto, Antonio Ortega trabajó en la Procuraduría Agraria de 2008 a 2013, año en que dejó el cargo como coordinador de Programas Interinstitucionales, mientras Santiago Germán fue subdirector de la dependencia de 2009, y salió de ella en 2012 cuando era director de Atención a Organizaciones Campesinas.
La investigación de AM detalla que la empresa JAOS & SGB, que forma parte del Grupo Garza Ponce (GP) de Monterrey, compró a ejidatarios guanajuatenses terrenos a 300 mil pesos por hectárea, para meses después revenderlos al Gobierno estatal en un millón 700 mil pesos. Con esa operación, destaca el reportaje, la empresa ganó 203 millones de pesos.
En tanto, en septiembre de 2015, la firma compró un terreno de 1.9 hectáreas por 74 mil 674 pesos, y 55 días después, el 27 de octubre del mismo año, se lo vendió al Gobierno por 3 millones 171 mil pesos.
El mismo mes de septiembre la empresa de los ex funcionarios adquirió otra parcela de 3.3 hectáreas por la cantidad de 126 mil 536 pesos, y posteriormente, el 4 de noviembre, por vendió a la administración estatal por 4 millones de 920 mil pesos.
La investigación señala que la compra de terreno comenzó en diciembre de 2014, cuatro meses antes de que se hiciera formal el anuncio de la instalación de la planta automotriz.
Ayer, diputados de los partidos de Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), dijeron que la empresa de Monterrey, Nuevo León, compró cerca de 300 hectáreas a los ejidatarios en cuatro pesos y luego las vendió al gobierno del estado en 161 pesos el metro cuadrado.
En ese sentido, exigieron que se transparente la compra de las 607 hectáreas que van a ser donadas a la empresa Toyata, como incentivo para que se instale en la entidad.
Pese a que la información sobre la compra y enajenación de los terrenos donde se instalará Toyota, en el municipio de Apaseo el Grande, están “reservados” por el ejecutivo estatal hasta el año 2020, el gobierno del estado emitió un comunicado en el que aclara que estos predios fueron comprados con “seriedad y transparencia”.
En el comunicado se especifica que la política del gobierno estatal es no comprar tierra, pero que para lograr la atracción de Toyota se tuvo que hacer una excepción, considerando que es “la armadora más importante del mundo”.
Por su parte, el Gobernador, Miguel Márquez Márquez, aseguró que está tranquilo, luego de que se publicaran presuntos fraudes a ejidatarios que les compraron los terrenos por debajo de su valor, para luego una sola empresa venderlos al gobierno del estado para que los done a la empresa Toyota.
Márquez manifestó que se trata de un asunto que debió tratarse entre particulares, y como gobierno estatal lo único que hicieron fue comprar las hectáreas, todas al mismo precio sin favoritismos.
En entrevista con Miguel Márquez dijo que una vez concluido el proceso de la compra, se podría hacer pública la información detallada de las inversiones y los compradores, si es que la empresa Toyota no tiene algún inconveniente.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-06-2016/3052651
Vecinos de Polanco encontraron el cuerpo semidesnudo de un hombre de alrededor de 40 años el cual pendía de un árbol entre las calles Cicerón y Plinio.
La madrugada de este viernes fueron hallados dos cadáveres en distintos puntos de la Ciudad de México, uno de ellos colgado de un árbol de la colonia Polanco, en la delegación Miguel Hidalgo, y el segundo en las escalinatas del Metro Candelaria de la línea 1 y 4.
Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de ambas personas.
En un primer hecho, vecinos de la colonia Polanco reportaron el cuerpo semidesnudo de un hombre de alrededor de 40 años el cual pendía de un árbol entre las calles Cicerón y Plinio.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSPCDMX) y elementos de Protección Civil acudieron al lugar para resguardar la zona, mientras paramédicos de la Cruz Roja certificaron el deceso.
En un segundo hecho, se localizó el cadáver de un hombre de unos 30 años, con un lazo en el cuello y amarrado a la estructura metálica de las escaleras del Metro Candelaria.
En ambos casos se desconoce si se trató de un hecho violento o de un suicidio.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-06-2016/3052695
