Activistas y líderes sociales dicen que durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto algunos de sus opositores han sido perseguidos y encarcelados por acusaciones de corrupción y delincuencia organizada, mientras que otros personajes señalados, incluso históricamente, por el mal uso del erario o de las cuotas de sus sindicalizados, gozan de libertad, fortuna y en algunos casos de los grandes beneficios que otorga un puesto público.
La persecución de activistas y detractores del Gobierno federal a través de la descalificación y la fabricación de delitos, se ha adoptado como un patrón para acallar a las voces disidentes de la administración actual, mientras que personajes como Carlos Romero Deschamps, el líder del sindicato petrolero, acusado de desvío de recursos por cientos de millones de pesos para campañas políticas, siguen libres, dijeron activistas a SinEmbargo. La lista de activistas y críticos del actual Gobierno en la cárcel es larga y no sólo se circunscribe a los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), detenidos por supuesto lavado de dinero y trasladados a un penal de alta seguridad en Hermosillo, Sonora: Rubén Núñez Ginez, Francisco Villalobos, Aciel Sibaja, Efraín Picazo y Othón Nazariega, sino que va más allá y abarca a personajes como el fundador de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles Valverde; Nestora Salgado, ex coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero –que aunque no fue encarcelada durante la administración actual, tuvo que sortear varias trabas jurídicas para lograr su libertad–, y hasta priistas como la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, una de las primeras en oponerse a la Reforma Educativa. En contraste, líderes sindicales como Carlos Romero Deschamps, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), acusado de desviar mil millones de pesos para la campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Francisco Labastida Ochoa, en el año 2000, como parte del llamado Pemexgate, no sólo están libres, sino que gozan de fuero. “Ha sido muy claro que se ha utilizado cada día más los recursos legales,pero para poder cobrar cuentas a los adversarios o a la población que protesta. Vemos que estas acciones las está utilizando el órgano investigador que se presta para hacer un uso faccioso de la ley y al mismo tiempo se construye una estrategia, para no solamente fabricar delitos, sino para planear traslados a penales de alta seguridad lejos de su lugar de origen”, dijo Abel Barrera Hernández, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña la Tlachinollan. El activista destacó que hay un endurecimiento del Gobierno federal para perseguir a los líderes opositores en distintos rubros.
“Hay un patrón de criminalización que busca mostrar ante la sociedad a los líderes como los personajes de alta peligrosidad de nuestro país, cuando son los que están luchando. En cambio a los que están viviendo en condiciones cómodas, como Romero Deschamps, no les pasa nada. Aquí vemos cómo los movimientos que son visibles como el magisterio, la policía comunitaria de Guerrero, las autodefensas de Michoacán, líderes agrarios, estudiantes, ambientalistas, a todos ellos se les pone en el catálogo de alta peligrosidad. Es un sistema autoritario que no tolera la disidencia y se cierra al diálogo”, expuso.
Daniel Gersherson, ambientalista y presidente de Alconsumidor, consideró que el Gobierno federal simplemente practica el viejos modus operandi del PRI.
“Están tratando de intimidar a aquellos personajes y círculos que no obedecen a sus órdenes. No sé qué tan honestos sean algunos líderes de estas agrupaciones sindicales, pero son independientes del Gobierno y todo lo que salga de la órbita del PRI, que no tiene el 2018 ya en la bolsa, piensa que el único recurso que le queda es la represión, tal como sucedía con Roberto Vallejo en los 50, con los médicos en los 60, es la percepción limitada de los priistas”, explicó.
Edgar Cortez Morales, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), consideró que la justicia mexicana se aplica a conveniencia del poder.
“Sigue siendo una justicia que se usa a conveniencia del poder político en turno, en este caso, hay un contraste en la acción y la aplicación de la justicia en contra de los dirigentes sindicales de la CNTE y tenemos otros dirigentes sindicales que han hecho grandes tropelías y no tienen consecuencias. La justicia es para beneficiar a los amigos y perjudicar a los enemigos”, dijo.
Cortez Morales comentó que los líderes sindicales de la CNTE fueron detenidos justo cuando encabezaban la protesta social en contra de la Reforma Educativa. “Es una criminalización de la protesta, no prejuzgo si los dirigentes de la CNTE tienen o no responsabilidades, pero llama la atención el modo en que se aplica la justicia, cuando ellos están llevando una protesta en contra de la Reforma Educativa, entonces es claro que la justicia se utiliza para reprimir el movimiento”, indicó. Gersherson opinó que en el Gobierno federal se “ensaña” con sus opositores, mientras que con personajes como Carlos Romero Deschamps se muestra condescendiente. “El caso de Romero Deschamps es como de libro de texto, porque se ensañan en contra de esta persona [Rubén Núñez] por un supuesto escándalo que involucraba cantidades irrisorias de dinero que para Deschamps o para Víctor Flores son cacahuates”, planteó.
El activista añadió que los priistas practican la “profesionalización de la descalificación y de la represión”. Rubén Núñez Ginez fue detenido acusado por lavado de 24 millones de pesos y de firmar contratos ilegales con empresas proveedoras para maestros oaxaqueños. Pero casos como el de Romero Deschamps, a quien en 2001 se le descubrió un desvío de mil millones de pesos del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la campaña priista a la Presidencia de la República del 2000, siguen impunes. El partido sólo fue multado con mil millones de pesos, pero Deschamps no fue perseguido y ahora es Senador de la República. El líder sindical tiene una larga lista de acusaciones. En enero de este año el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acusó que el sindicato dirigido por Deschamps mantiene prácticas que merman los recursos de la petrolera mexicana.“Es claro” que Pemex requiere de una reingeniería profunda “para darle viabilidad y que pueda salir adelante de la muy difícil circunstancia que enfrenta”, acusó el sector privado. Respecto al sindicato, a principios de este año el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó dos veces a Pemex a dar a conocer de forma clara y precisa información respecto a sus trabajadores. En septiembre pasado, Pemex y el sindicato firmaron el Contrato Colectivo de Trabajo tras una serie de negociaciones que la ahora empresa productiva del Estado debe aclarar. Además debe informar sobre viajes y viáticos de sus funcionarios entre el 2010 y el 2015, instruyó el INAI. La oposición ha calificado la relación entre Deschamps y el PRI como un ejemplo claro de impunidad, a cambio de manejar el sindicato a conveniencia del poder, como el Pemexgate.
“Es una correa de transmisión del Gobierno federal y del PRI, Romero como dirigente sindical en Pemex, baja las instrucciones que recibe de arriba y la última fue el apoyo a la Reforma Energética. Él como dirigente sindical pudo tomar una posición diferente, como aquella que tomaron los trabajadores del Sindicato Nuclear en la defensa de su materia de trabajo, pero sobre todo en la defensa e las empresas patrimonio del Estado. Deschamps no representa los intereses de los trabajadores de Pemex, ni de los mexicanos, solo de sus amos, de quienes los tienen ahí, del PRI”, dijo a SinEmbargo Bertha Elena Luján Uranga, entonces secretaria general del Comité Ejecutivo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en 2014.
Romero Deschamps, como la mayoría de los líderes de las centrales obreras, ha sido protegido desde el poder con diputaciones y senadurías por el PRI, para darles fuero y hacerlos intocables ante la justicia mexicana, han dicho los expertos.
“La permanencia de estos líderes se explica por el apoyo que les dan los empresarios y los diferentes gobiernos. Los protegen, vienen de un pacto muy antiguo que era el pacto de los sindicatos con el gobierno mexicano, con la participación de los empresarios. Había beneficios mutuos, los trabajadores de las grandes empresas que eran la columna vertebral de este sindicalismo: los de Pemex, la CFE [Comisión Federal de Electricidad] tenían muy buenos contratos, todavía hay restos de esto. Había un toma y daca entre grandes sindicatos que apoyaban al gobierno y ciertos beneficios a los trabajadores en otra época, pero desde que se instauró el modelo económico actual estos beneficios se han ido disminuyendo aceleradamente. Entonces los trabajadores se han quedado sin el pacto y han proporcionado el toma a través de los líderes, pero sin el daca”, explicó Enrique De la Garza Toledo, profesor Distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) adscrito al Departamento de Economía, Unidad Iztapalapa.
OTROS EN LA LISTA
Otros liderazgos que han apoyado el proyecto político priista que no ha sido investigados son: Víctor Flores, dirigente del Sindicato de Ferrocarrileros; el actual dirigente de la SNTE Juan Díaz de la Torre y el ex presidente de la Comisión Ejecutiva del sindicato y actual Diputado por el Partido Nueva Alianza (Panal), José Bernardo Quezada Salas, también acusado de corrupción y enriquecimiento. En marzo de este año se dio a conocer que más de 3 mil jubilados se ampararon en contra de pagar la cuota de 80 pesos mensuales cada uno al Sindicato Ferrocarrilero que encabeza Víctor Flores Morales. En total son 32 mil los jubilados que pagan esa cuota al sindicato de Flores. El argumento para el amparo es que es un cobro ilegal del cual no hay ningún beneficio para ellos. Víctor Flores es un líder sindical que tiene varias demandas por utilizar el fondo de los trabajadores para enriquecerse. En 1996, Ferrocarriles Nacionales de México empezó su proceso de privatización y miles de trabajadores fueron liquidados a través de un fideicomiso. Ese año, Víctor Flores Morales dejó su casa de 50 metros cuadrados y adquirió un edificio completo de departamentos, de acuerdo con una investigación de SinEmbargo publicada en 2013. Pasó a conformar la triada de los dirigentes más poderosos de México, junto con Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps. Incluso entre ellos, Flores Morales se distingue: el cúmulo de 14 mil denuncias en su contra en la Provuraduría General de la República (PGR), que van desde desfalcos hasta fraudes, supera todos los récords. Víctor Flores Morales está acusado del saqueo del fideicomiso para la jubilación en el proceso de privatización de FNM entre 1995 y 1996, la ficticia venta de casas del Infonavit en Azcapotzalco y Tlalnepantla en 2001, y el fraude a pensionados de Empalme, Sonora en 2006, entre otras cosas. En cada historia hay dinero. Más de 700 millones de pesos, si se sigue el rastro que dejan las demandas. A pesar de ello, ha sido Diputado federal en tres ocasiones (1997-2000; 2003-2006 y 2009-2012) y jamás subió a la tribuna. Aunque Víctor Flores sólo representa a 45 mil trabajadores, una cifra muy lejana a los millones de maestros o petroleros, por lo menos hasta 2018 se mantendrá en su puesto de secretario general del sindicato ferrocarrilero debido a la modificación que él mismo hizo de las cláusulas del organismo. El ex presidente de la Comisión Ejecutiva del SNTE y actual Diputado por el Partido Nueva Alianza (Panal), José Bernardo Quezada Salas y su familia gastaron 6.3 millones de dólares en la compra de condominios en un edificio de la exclusiva zona de Brickkell, en Miami, en 2005. De acuerdo con una investigación del Miami Herald publicada en abril de este año, Quezada Salas podría haber pagado en efectivo por los 11 condominios de lujo en el edificio Brickell. La investigación detalló que las ofertas de compra se realizaron a través de diversas empresas de Florida que pertenecen a sus familiares. Un año antes, la esposa del legislador del Panal, Jessica Peredo Rincón, habría pagado otra fuerte suma: 1.1 millones de dólares, por otro lujoso departamento en el edificio Setai en South Beach.En 2008 la pareja adquirió otro condominio del Sunny Isles Beach, éste por una suma de 848 mil dólares. Con sus 11 departamentos, Quezada Salas y su familia tienen el control del 10 por ciento de los 116 condominios de lujo que alberga un exclusivo edificio ubicado en el número 1395 de la glamorosa avenida Brickell en Miami. El edificio Brickell Arch, una torre de vidrio 36 pisos, alberga también oficinas y bufetes, y el lujoso hotel Conrad Miami, de la cadena Hilton, entre otros. El Diputado José Quezada Salas ha tenido una larga trayectoria dentro del sindicato del magisterio. El más reciente fue de 2013 a 2014 cuando fungió como presidente de la Comisión Ejecutiva de la sección 60. Antes, de 2013 a 2015 fue integrante del Equipo Nacional del Sindicato magisterial; entre 2013 y 2014 trabajó como presidente colegiado de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos. Entre 2012 y 2014, Quezada Salas fue líder del SNTE en el Instituto Politécnico Nacional (IPN). En 2003 fue delegado especial del sindicato y cubrió diversas secretarías dentro del mismo; durante los años noventa, se desempeñó como secretario de diversas áreas.Dentro del partido, ha sido presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del Panal en la Ciudad de México. Juan Díaz de la Torre defendió a Bernardo Quezada y afirmó que en el SNTE “no hay corrupción”.
DETENIDO POR AUTODEFENSA
Doctor Manuel Mireles, ex vocero de las autodefensas fue un crítico de las políticas de seguridad de EPN. Foto: Especial José Manuel Mireles Valverde fue detenido el 27 de junio de 2014 y está preso en un penal de Hermosillo, Sonora. Un año antes el médico se había identificado como uno de los consejeros generales del Consejo Ciudadano de Autodefensas del municipio de Tepalcatepec, región de Tierra Caliente y desde ese momento fue una voz crítica ante la política de seguridad del Gobierno de Peña Nieto. Mireles denunció en una entrevista con la Agencia SubVersiones los atropellos de los que eran víctimas en su región en manos del grupo delincuencial Los Cabellos Templarios.Contó como a las hijas las secuestraban “y las regresaban cuando ya estaban embarazadas”. El 9 de mayo de 2014 el entonces Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, afirmó que Mireles Valverde era investigado por la muerte de cinco personas en la tenencia de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas, y que incluso había fotos que lo inculpaban. La prueba de la participación del médico en el crimen son una serie de fotografías en donde sostiene la cabeza de una persona. En una de las fotos se aprecia a Mireles Valverde sosteniendo la cabeza de un muerto junto con un hombre de guantes quirúrgicos, que él identificó como agente del Ministerio Público. El líder de las autodefensas explicó que la fotografía la había tomado una médica forense luego de que el agente del Ministerio Público de Lázaro Cárdenas le pidiera ayuda para sostener a un muerto. Luego de la aprehensión de Mireles, algunos especialistas dijeron que hay un trato discrecional de parte del Gobierno federal.
“Es una cuestión de los arreglos no escritos. En la medida que Mireles desafía al gobierno federal se le empieza a aplicar la ley. Hay una uso discrecional, faccioso, del estado de derechos en el país, particularmente en Michoacán. Las acusaciones en contra de Mireles, como el uso de armas prohibidas de uso exclusivo del Ejército, todos los grupos violan la ley y no les hacen nada. Para mí esto es sintomático de un esquema y razonamiento discrecional que tiene el gobierno”, dijo Erubiel Tirado Cervantes, miembro del Seminario de Investigación y Educación en Estudios de Defensa y Seguridad y especialista en Relaciones Civiles Militares de la Universidad Iberoamericana.
Si los grupos dejan de ser funcionales, se les busca neutralizar y se salen del esquema, se les aplica la ley. “El gobierno tiene que ser claro y explicarle a la sociedad qué es lo que está pasando”, indicó Tirado. Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincidió con Tirado y agregó que lo que sucedía en Michoacán y Guerrero, se trataba de un proceso de desmovilización, con un sesgo discriminatorio.
“Sí hay un trato diferente no justificado, aunque el gobierno puede decir que está justificado un trato diferente porque son procesos distintos, sí preocupa en tal caso que a las comunidades indígenas se les esté persiguiendo invisibilizando y a otros grupos no. Frente a demandas parecidas, hay un trato desigual, no razonable, eso es discriminatorio”, opinó.
En enero de este año Mireles pidió perdón al Gobierno y a su familia “por haberles faltado al respeto con sus palabras o acciones”. “Aprovecho este mensaje para pedirle perdón al Gobierno de México y a sus instituciones oficiales y no oficiales, y a su estructura esparcida por todo el territorio nacional, por haberles faltado el respeto con las palabras o acciones, por haberlos ofendido con mis omisiones y desobediencia civil”, señaló Mireles en un mensaje difundido en redes sociales. Con motivo del inicio de año, el doctor Mireles también pidió perdón por haber abusado “del pensamiento liberal y por haber alterado el orden político y social de Michoacán y de México”.
UN “AJUSTE DE CUENTAS”
En febrero de 2013. Elba Esther Gordillo “La Maestra”, entonces lideresa del SNTE y una aliada estratégica de los gobiernos en turno, fue detenida y encarcelada. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó una operación de 2 mil millones de pesos en cuentas bancarias del sindicato, dijo Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República. “La Maestra” Gordillo fue detenida en el Aeropuerto de Toluca, debido a que la PGR acreditó el lavado de dinero por la cantidad de 2 mil millones de pesos e investigó investigan 81 cuentas del gremio para detectar posibles anomalías. Gordillo trianguló recursos en cuentas bancarias de Estados Unidos y Suiza para pagar tarjetas de crédito personales, comprar inmuebles, como una residencia a nombre de la madre de la lideresa, así como para realizarse cirugías estéticas y hasta comprar obras de arte. Sin embargo la aprehensión y encarcelamiento de Gordillo fue interpreto por algunos políticos opositores al PRI como un “ajuste de cuentas” de sus aliados priistas.
“Es un pleito entre ellos, los de la élite del poder. Los que ajustician a Elba Esther son iguales que ella”, dijo Martí Batres Guadarrama, entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Gordillo cuenta con un largo historial de corrupción y denuncias, que los priistas Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, y los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, dejaron pasar debido a que “La Maestra” fue su cómplice en varias ocasiones, principalmente en las elecciones de 2006 y 2012 donde hubo fraude electoral, explicó Batres. Para creer que la detención de Elba Esther responde a un golpe bien intencionado de las autoridades y un mensaje de que caerán más “peces gordos” ligados actos de corrupción en el país, se debe empezar por procesar al mismo Carlos Salinas, añadió.
“Si empiezan por Carlos Salinas y Arturo Montiel ya podemos creerle al Gobierno, si no es sólo un simple ajuste de cuentas de la élite del poder”, sugirió el dirigente. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SHAILA ROSAGEL. LINK: http://www.sinembargo.mx/14-06-2016/3053778
Ciudad de México. Agustín Miranda Orozco, el secuestrador que junto con otro reo escapó del Reclusorio Oriente el pasado 30 de mayo, fue capturado ayer en la tarde tras permanecer escondido dos semanas. Las primeras investigaciones revelan que Miranda Orozco fue capturado al salir de un hotel en la colonia San Simón Tolnáhuac, en la delegación Cuauhtémoc, donde al parecer había permanecido desde su fuga. Cabe recordar que Miranda Orozco y Roberto Sánchez Ramírez El Fugas se evadieron tras cruzar una reja adjunta al archivo del juzgado 20 penal del Reclusorio Oriente. Miranda Orozco cumplía una condena de 64 años por los delitos de secuestro, portación de arma de fuego, robo calificado y robo de auto. Su compañero de fuga, Sánchez Ramírez, cumplía una sentencia de 114 años por secuestro, asociación delictuosa, robo calificado y portación de arma de fuego. Por su fuga, fueron enviados a prisión los custodios Jesús Peña Cid y Juan Carlos Gutiérrez, por el delito de evasión de preso agravado.
De los 25 asesinatos, dos de las víctimas eran mujeres. En al menos 14 homicidios se utilizó un arma de fuego. En un asesinato se utilizó un arma blanca, mientras que en otras situaciones las víctimas fueron ultimadas a golpes. Además, se localizaron tres cuerpos calcinados, uno embolsado con un mensaje en una cartulina y un cuerpo desmembrado. El 54 por ciento de los homicidios en Guanajuato son ejecuciones del crimen organizado.
La primera semana de junio cierra con 25 homicidios en el estado de Guanajuato, seis de los cuales se cometieron durante de este domingo. La mayoría de estos asesinatos tienen características de ejecución y, mediante ataques directos contra las víctimas, los crímenes siguen a la alza. Dos posibles ejecuciones se cometieron este domingo en el municipio de Celaya, donde, en diferentes hechos, se encontró el cuerpo de un hombre asesinado a golpes y otro de una persona calcinada. En la colonia El Arenal de San Miguel Octopan, el cuerpo de un hombre fue localizado en su domicilio, aparentemente lo asesinaron a golpes aunque todavía se desconocen los detalles. Más tarde, cerca de las 15:30 horas fue localizado un cuerpo calcinado en un camino de terracería que conduce a las comunidades de San José de Mendoza y Tenería del Santuario. En el municipio de San Luis de la Paz, en un camino de terracería cercano a la carretera federal 57 en el tramo cercano a Mineral de Pozos, fueron localizados los cuerpos de dos personas envueltas en cobijas y con aparentes signos de violencia.
También este domingo, en Irapuato se registró el feminicidio de Paulina Castañeda Mendoza de 35 años, quien fue apuñalada por su ex pareja, Juan Francisco Orozco. En ese mismo municipio pero en una riña en la colonia de Villas de San Cayetano, un menor de 15 años murió a consecuencia de heridas de arma blanca.
En la semana del lunes 5 al viernes 10 de junio, de los 19 crímenes dolosos, 17 de las víctimas fueron localizadas sin vida y con heridas de arma de fuego en caminos de terracería o ataques directos en la vía pública. En otro caso un taxista fue acribillado al intentar evitar un presunto secuestro, mientras que una mujer embarazada fue localizada sin vida y presuntamente había sido secuestrada. Las ciudad que ocupa el top número uno como la más violenta fue Celaya, con cuatro asesinatos registrados en estos cinco días. León no se quedó atrás: en el transcurso de la semana se registraron tres muertes violentas al igual que en la ciudad de Villagrán. En el municipio de San Luis de la Paz se reportaron dos asesinatos. Mientras que en Pénjamo, Salvatierra, San Francisco del Rincón, Manuel Doblado y Valle de Santiago, la tranquilidad ciudadana se perdió al contabilizar un homicidio por ciudad. De los 19 asesinatos, dos de las víctimas eran mujeres. En al menos 14 homicidios se utilizó un arma de fuego. En un asesinato se utilizó un arma blanca, mientras que en otras situaciones se localizaron dos cuerpos calcinados, uno embolsado con un mensaje en una cartulina y un cuerpo desmembrado. Santiago Roel, analista y fundador del Semáforo Delictivo, indicó que el 54 por ciento de los homicidios en Guanajuato son ejecuciones del crimen organizado y que desde abril del año pasado el estado mostraba focos rojos en un repunte de homicidios. Tan sólo en lo que va del año, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNS), en enero del presente año fueron 61 registros; en el mes de febrero 59 asesinatos; en marzo 72; y en abril –el último mes de la actualización- 69 registros dolosos.
Lunes 6 de junio En San Luis de la Paz, un hombre con una herida de bala en el tórax, fue localizado muerto en las inmediaciones del hospital general. En Salamanca un hombre delante de su esposa fue bajado de la camioneta en la que circulaba en la comunidad Los Vázquez, hombres armados lo llevaron a un predio baldío donde lo aniquilaron a balazos. Martes 7 de junio En el mismo municipio de San Luis de la Paz se suscitó una balacera que dejó como saldo un hombre muerto y una mujer lesionada de gravedad en la colonia Lazaro Cardenas. En San Francisco del Rincón un hombre de 38 años fue asesinado a balazos por motociclistas en la colonia Morelos. En Villagrán localizaron el cuerpo desmembrado en las góndolas del tren de la ruta México-Ciudad Juárez. En Salamanca un hombre fue asesinado a tiros. Su cuerpo quedó afuera de la camioneta en la que viajaba por la colonia Guadalupe. En Manuel Doblado un hombre de 52 años murió asesinado a balazos en un taller mecánico de la colonia La Cayetana. En Valle de Santiago fue localizado el cuerpo de un hombre con disparos de arma de fuego en un campo de cultivo en la comunidad Los Patios. Más tarde, en Villagrán el cuerpo de una mujer de 24 años y que estaba embarazada, fue localizada sin vida y con lesiones de arma blanca en un camino de terracería de la comunidad Cerrito de Hierbas. En Celaya una mujer de la tercera edad recibió varios disparos en el barrio de las Américas, pero murió más tarde en un hospital privado. Miércoles 8 de junio En León fue localizado el cuerpo desnudo de un hombre que tenía el tiro de gracia en el tajo a Santa Ana cerca de la colonia Villas de Barceló. En Villagrán un despachador de una gasolinera fue asesinado a balazos en la colonia El Poder. El hombre de 24 años se desempeñó como policía municipal hasta el mes de diciembre. En Salvatierra localizaron el cuerpo de un hombre abatido a balazos en la carretera El Capulin-Ojuelos. En León un hombre de 52 años fue asesinado por sujetos con los que convivía en la colonia Real de las Palmas Jueves 9 de junio En Celaya, los cuerpos calcinados de dos personas fueron localizados en un baldío de la colonia Las Arboledas
Viernes 10 de junio En Pénjamo un hombre fue asesinado y envuelto en bolsas negras y amarradas con cinta canela con un mensaje en una cartulina en la comunidad La Estrella. En Celaya un taxista fue asesinado a balazos por sujetos que presuntamente habían ‘levantado’ a una mujer en la colonia Las Arboledas.
En León, un hombre fue asesinado a quemarropa en el interior de un vehículo BMW en la colonia Hacienda Echeveste. FUENTE: SIN EMBARGO/ZONA FRANCA. AUTOR: REDACCIÓN/ JORGE HERNÁNDEZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/13-06-2016/3053604
TLALNEPANTLA, Méx: Internos del penal de Barrientos protagonizan un motín, por lo que cuerpos de emergencia de la zona se trasladan hacia ese reclusorio mexiquense. En estos momentos se registran varios incendios en diversos puntos del centro penitenciario. Reportes indican que el motín inició esta tarde, aunque aún se desconocen las causas y participan unos 500 internos. Esta mañana, un reo de 19 años de edad se dio a la fuga cuando se encontraba en el área de juzgados del centro penitenciario, después de lo cual ingresaron elementos de la policía estatal al lugar. El reclusorio Barrientos es considerado uno de los de mayor sobrepoblación del estado de México y ha sido escenario de varias fugas y motines.
Al sitio se trasladan elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC) y policías municipales.
Jesús Zambrano se pronunció porque, además de las reformas, se cambie al titular de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade.
El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, informó que las comisiones encargadas de elaborar dos dictámenes relativos al sistema nacional anticorrupción sesionan este lunes y martes. El diputado federal indicó en entrevista que el recinto legislativo de San Lázaro será la cámara de origen del dictamen, que expide la nueva ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación, además de reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; mientras que el Senado de la República tiene a su cargo otros cinco. Zambrano indicó que en esa Cámara la dictaminación de los ordenamientos relacionados con el sistema nacional anticorrupción sigue en la incertidumbre, pues “no hay claridad si los senadores tendrán la capacidad de resolver los diferendos que tienen, por lo que los diputados estarán pendientes de la aprobación de las minutas”. Con respecto al dictamen que modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para otorgar nuevas atribuciones a la Secretaría de la Función Pública (SFP), el perredista se pronunció porque, además de las reformas, se cambie al titular de la dependencia, Virgilio Andrade. Por su parte, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, indicó a su vez que el avance del paquete de las leyes anticorrupción que tiene el Senado para dictaminar depende de los tiempos y las condiciones que imperan en ese recinto legislativo. El priista resaltó que hay toda la voluntad y la decisión para que salga el paquete de leyes anticorrupción, pero reconoció que el proceso legislativo es complejo; “hago votos porque salga en tiempo y forma y expreso la voluntad de mi grupo político por secundar las decisiones que el Senado tome”. En entrevista también, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García, afirmó que los senadores de su bancada están en el mejor ánimo de construir y participar para que este periodo extraordinario sea realmente exitoso en beneficio de la sociedad.
El informe “Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México” de Open Society Justice Iniciative, presentado esta semana en México, muestra casos particulares de asesinatos, desapariciones forzadas y tortura realizados por fuerzas federales en Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Baja California, Tabasco y el Estado de México. Estos, afirma, comparten patrones comunes: manipulación de la escena del crimen, detenciones injustificadas sin orden de aprehensión, negación de autoridades de estar involucradas y acusación a las víctimas de vinculación con el crimen organizado. No son hechos aislados.
Los múltiples delitos de asesinato, tortura y desapariciones forzadas cometidos por las fuerzas federales de México contra la población civil, después del inicio de la guerra contra las drogas, comparten diversas semejanzas, lo cual sugiere que fueron parte de una serie de eventos generalizados y constituyen una “línea de conducta”, afirma el informe “Atrocidades innegables” de Open Society Justice Iniciative. “Nadie puede negar que en México se cometen atrocidades. Los casos de tortura, desaparición forzada y asesinato que se han cometido en el contexto de la política vigente de seguridad no son casos aislados. Por el contrario, se trata de una acumulación de actos que se repiten con metodologías similares, con recursos públicos y con el respaldo de las instituciones públicas”, declaró José Antonio Guevara de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMPDH). Estos crímenes de lesa humanidad, aseguró, son delitos que no son susceptibles de ser imputados y no pueden estar sujetos a las inmunidades. Juan Carlos Gutiérrez, de I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, expuso que el informe pide que México investigue los crímenes de lesa humanidad, sin embargo, “no existe voluntad política para investigar violaciones graves a los derechos humanos porque nunca se ha reconocido la gravedad de la situación. El Estado mexicano se ha dedicado a cuestionar, estigmatizar y criminalizar a aquellas personas u organizaciones que han señalado la existencia de violaciones graves”, acusó.
ASESINATOS En el caso de los asesinatos, las características identificables son que incluyen a víctimas en custodia del gobierno; en muchos está involucrado el Ejército; y las fuerzas de seguridad y las autoridades civiles federales intentan cubrir los asesinatos extrajudiciales a través de la manipulación de las escenas del crimen y de acusar a las víctimas de ser criminales. En junio de 2008, documenta la organización, soldados del ejército mexicano detuvieron a un presunto miembro de un grupo delictivo en Chihuahua. Le vendaron los ojos y lo torturaron. “De ser posible, mátalo”, dijo un militar de alto rango. Y así fue. Los soldados quemaron el cuerpo del sospechoso y dispersaron sus cenizas en el campo. Ese mismo mes, un año después, militares del 93 Batallón de Infantería detuvieron un autobús que viajaba por Guerrero rumbo a la capital. Después de realizar una inspección de rutina, dejaron arrancar al camión y… dispararon. Dos personas murieron, pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no reconoció expresamente el asesinato extrajudicial cometido. Durante un enfrentamiento armado entre soldados y delincuentes en abril de 2010 en Tamaulipas, el Ejército asesinó a Martín y Bryan Almanza Salazar de 9 y 5 años. La CNDH encontró evidencia de una extensa manipulación de la escena del crimen. En otro cruce de fuego, en octubre de ese año en Nuevo León, fue asesinado un arquitecto desarmado. El informe de Open Society también presenta el emblemático caso del asesinato de 22 secuestradores en una bodega en Tlatlaya, Estado de México, a pesar de que, según testigos, se habían rendido. De acuerdo con la CNDH, los elementos manipularon la escena del crimen aquel 30 de junio de 2014. Los fiscales estatales y federales se resistieron activamente a cualquier intento de investigar las pruebas contra el Ejército. Los siete soldados señalados por el asesinato de ocho civiles ya fueron absueltos.
DESAPARICIONES FORZADAS
Una de las características en común de las desapariciones forzadas ha sido que las fuerzas federales comprometidas en una misión para combatir el crimen organizado son los autores que han sido acusados. Entre diciembre de 2006 y finales de 2014, de las 418 denuncias ante la CNDH por desaparición forzada, más de la mitad presuntamente fueron cometidas por el Ejército (SEDENA); otra tercera parte por la Marina (SEMAR) y el resto por la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR). Además, de acuerdo con Human Rights Watch, las desapariciones muestran tácticas similares. Miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a las víctimas sin la orden correspondiente y sin justificación. Cuando los familiares cuestionan dónde están, en las dependencias de las fuerzas de seguridad y en el Ministerio Público se les indica que nunca fueron detenidas. El estudio narra que en noviembre de 2008, elementos del Ejército y de la Policía Federal detuvieron a dos hermanos en una vivienda mientras patrullaban las calles de Ciudad Juárez, Chihuahua. Dijeron haber recibido una llamada anónima sobre unos presuntos sospechosos armados involucrados en narcomenudeo. Aunque una inspección no reveló armas o drogas, ambos fueron detenidos y no han vuelto a ser vistos. Mientras otros dos hermanos circulaban en un vehículo en Chihuahua, elementos del ejército los detuvieron en diciembre de 2009. Esa misma noche soldados ingresaron a la fuerza a la casa de su prima de 18 años y también la detuvieron. Desde entonces se desconoce el paradero de los tres. Una noche de marzo de 2010, seis personas fueron secuestradas en un club nocturno en Iguala, Guerrero. Pruebas señalan que los autores pertenecían al Ejército, dice el informe. Los familiares que han exigido su localización han recibido amenazas, acoso y agresiones. En Nuevo León, en marzo de 2011, dos jóvenes se encontraban en un departamento de Monterrey cuando de pronto ocho hombres armados con el uniforme de la Policía Federal entraron y se los llevaron a la fuerza porque la persona que buscaban no estaba. Cuando los familiares acudieron a la dependencia de la policía, los oficiales negaron tener conocimiento del arresto visto por la abuela de uno de ellos. Un hombre que conducía un carro en agosto de 2013, también en Nuevo León, fue detenido por miembros de la Marina y lo subieron por la fuerza a una camioneta delante de testigos, entre ellos, su padre. El cuerpo fue encontrado dos meses después. Los señalados negaron los hechos, pero este año Amnistía Internacional informó que cinco marinos fueron detenidos por desaparición forzada en relación con el caso. Hace cuatro meses, elementos del Batallón 80 de la Infantería detuvieron a un mecánico mientras viajaba por un camino rural en Veracruz. Días más tarde, su cadáver fue localizado dentro de su carro incendiado. Mostraba signos de tortura. La piel de los tobillos se levantó hasta las rodillas.
TORTURA
Existen “inquietantes coincidencias” entre los testimonios de las víctimas de tortura en México expuestas por el informe de Open Society, Los torturadores son las autoridades federales involucradas en la estrategia de seguridad contra el crimen organizado; las víctimas con frecuencia son detenidas bajo circunstancias similares (personas vestidas de civil, sin orden de detención y sin informar la causa de la detención conducen a las víctimas con los ojos vendados a sitios desconocidos mientras los golpean, insultan y amenazan); las autoridades retrasan la notificación sobre el paradero de las víctimas; la tortura se comete durante la detención preventiva y el arraigo; se acusa a las víctimas de vinculación con el crimen y son forzadas a confesar; y los torturadores usan los mismos métodos (golpizas, asfixia con bolsas de plástico, simulación de ahogamiento, descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte). La policía de Tabasco y el ejército arrestaron a 17 policías municipales durante un operativo en agosto de 2009. Los asfixiaron con bolsas de plástico, introducción de agua con un trapo en la boca, extracción de uñas, descargas eléctricas y simulacros de ejecución. Las víctimas fueron forzadas a firmar confesiones por delitos del crimen organizado. Una mujer de Baja California, en febrero de 2011, después de dejar a sus hijos en la escuela, fue llevada a una base militar en Tijuana. Durante el arraigo los soldados la violaron en tres ocasiones, le administraron descargas eléctricas, la asfixiaron, cortaron su muñeca y amenazaron a sus hijos y pareja. Fue obligada a firmar una confesión que la implicaba a ella y a otros en delitos de narcotráfico. En agosto de 2012, miembros de la marina irrumpieron en la casa de una mujer en Veracruz. La ataron y vendaron los ojos. En la parte trasera de una camioneta en una base naval, la agredieron sexualmente, la golpearon, la asfixiaron, la patearon y después la dejaron atada a una silla bajo un calor abrasador.
Luego tuvo que firmar una declaración que no leyó. La PGR la presentó ante los medios como una entre varios detenidos aprendidos en un vehículo robado en posesión de armas y drogas. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: DULCE OLVERA. LINK: http://www.sinembargo.mx/12-06-2016/3051546
En los linderos de Guanajuato y Querétaro, donde la empresa Toyota planea instalar una planta armadora, el Gobierno guanajuatense habría pagado un precio mucho mayor por 31 terrenos a JAOS & SGB SAPI de C.V. Se trata de una empresa constituida por José María Garza Treviño y Santiago Germán Bordes, quienes fueron funcionarios de la Procuraduría Agraria durante el Gobierno del ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa. A los ejidatarios, esa empresa los habría sometido a engaño y presión para pagarles una cantidad mucho menor de la que al final le cobró al Gobierno de Miguel Márquez Márquez, según una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
El Gobierno de Guanajuato, de Miguel Márquez Márquez, habría pagado por 31 terrenos, 290 millones de pesos –un precio mayor que el costo real- a la empresa JAOS & SGB SAPI de C.V. para luego donarlos a la empresa Toyota que planea instalar una planta armadora en Apaseo El Grande, de acuerdo con una investigación de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Se trata de una de las mayores inversiones de la ensambladora automotriz en México, de mil millones de pesos, según anunció el Presidente Enrique Peña Nieto el 15 de abril de 2015. Pero el pasado 9 de junio, el diario Reforma dio a conocer que un grupo de ejidatarios sostiene que la empresa JAOS & SGB SAPI de C.V habría adquirido la tierra a bajo precio y con engaños. A su vez, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que el Gobierno del estado le compró los terrenos a esa empresa a un precio mucho mayor. La empresa fue constituida por José Antonio Ortega Serrano (JAOS) y Santiago Germán Bordes (SGB), ambos funcionarios de la Procuraduría Agraria durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. De inmediato, en un acto en la capital del estado, Márquez Márquez, Gobernador guanajuatense, deslindó a su Gobierno de presuntas irregularidades en la adquisición de los terrenos destinados a Toyota en el municipio de Apaseo el Grande. Esta fue su explicación: “Nosotros hemos sido muy claros y específicos: compramos a 148 pesos el metro cuadrado a todos y eso es parejo; los contratos entre privados es un asunto que no obedece a nosotros”.
LA FORMA EN QUE SE HABRÍA OPERADO Según la investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la empresa JAOS & SGB SAPI de C.V. fue constituida en Monterrey el 13 de junio de 2014 a través de la compañía GP Bienes Inmuebles, dedicada a la construcción, desarrollos industriales, servicios y vivienda. Quedó a nombre del empresario José María Garza Treviño. Era 8 de julio de 2014 -habían pasado 25 días de la constitución de la empresa- y representantes legales de JAOS & SGB SAPI de C.V. compraron los primeros terrenos. En septiembre, la agencia Bloomberg informó que la automotriz japonesa tenía interés en instalar una planta, sin precisar la ubicación de la misma. Entre octubre y diciembre de 2014, JAOS & SGB adquirió las escrituras de otras cinco parcelas. Luego, el 15 de abril de 2015, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció de manera oficial que Toyota instalaría una planta armadora en los terrenos que para ese momento, habría adquirido JAOS & SGB. Entre mayo y julio de 2015, la empresa intermediaria formalizó la compra de 169 hectáreas que serían revendidas al Gobierno estatal con un precio dos veces mayor. En septiembre de ese año concretaron la compra de otros 15 predios que serían revendidos al Gobierno con un sobreprecio de hasta 42 veces el precio original. Al final, el Gobierno estatal pagó a JAOS & SGB SAPI de C.V, un precio de 290 millones de pesos, mientras que los campesinos propietarios de los terrenos fueron obligados a vender sus propiedades por medio de amenazas de despojo y a precios menores.
LOS HOMBRES DETRÁS DE JAOS & SGB
Las siglas de la empresa intermediaria que adquirió los terrenos en Guanajuato corresponden a José Antonio Ortega Serrano (JAOS) y Santiago Germán Bordes (SGB). Ambos fueron funcionarios de la Procuraduría Agraria durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa; el primero como cordinador de programas institucionales y el segundo como Director de Área. Al concluir la administración federal panista, Ortega Serrano y Germán Bordes se asociaron con Abraham Cherem Mizrahi, quien fue Jefe de enlace en la Secretaría de Gobernación y en la Oficina de la Presidencia durante el mismo sexenio, para fundar el despacho Law, Social and Agro Advisors Consulting (LASC), dedicado a negociar la liberación de tierras con el objetivo de desarrollar obras públicas, inmobiliarias e industriales. En 2014, Ortega Serrano y Germán Bordes constituyeron la empresa JAOS & SGB SAPI de C.V:, a través de la compañía GP Bienes Inmuebles, propiedad del empresario José María Garza Treviño, señalado por la revista Expansión como uno de los 100 empresarios más importantes de México. Por su parte, Germán Bordes es consejero, apoderado legal y negociador de la empresa, mientras que Ortega Serrano y Cherem Mizrahi son socios en esta compañía.
Ese mismo año, Franco Herrera Sánchez, Subsecretario de Atracción de Inversiones en el Gobierno de Guanajuato, fue puesto a cargo del proyecto de inversión para Toyota, por lo que conocía las necesidades de ubicación y características de los terrenos para instalar la armadora en ese estado. Herrera Sánchez estuvo a cargo de la negociación de la compra de terrenos con JAOS & SGB. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/13-06-2016/3052905
La Procuraduría General de Justicia de Baja California ha registrado 370 homicidios dolosos en 2016. Según esto, 22 habrían ocurrido en el mes de junio y la mayor parte de los casos están relacionados con disputas entre miembros de agrupaciones pertenecientes al crimen organizado.
Miguel Ángel Guerrero, Coordinador de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada (SCDO) en Baja California, informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en la ciudad de Tijuana tiene el conocimiento de 370 homicidios dolosos en lo que va del año. El funcionario público explicó que tan sólo en el mes de junio se han registrado 22 asesinatos. Sin embargo, asegura que los operativos acordados por la Junta de Coordinación de Seguridad han logrado coartar la incidencia delictiva en últimas fechas, según detalla el semanario Zeta. Asimismo, Guerrero mencionó que la mayoría de los casos de homicidio están relacionados con actividades de narcomenudeo, situación que hace evidente la disputa existente ente agrupaciones del crimen organizado por obtener el control del mercado de la droga y del territorio.
De acuerdo con el semanario, la PGJE cuenta con un nivel de efectividad que ronda entre el 25 y el 30 por ciento, al momento de detener y procesar a los presuntos delincuentes. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/13-06-2016/3053893
La autoridad local no presentó la argumentación correspondiente para justificar su decisión, señaló el TEPJF.
Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la orden de verificar la autenticidad de las boletas electorales en 120 casillas instaladas en Veracruz, para la contienda celebrada el 5 de junio. En sesión pública, el pleno del TEPJF consideró que los resultados de dicha verificación de autenticidad de boletas no tienen efectos jurídicos, porque la revisión no debió llevarse a cabo. Al resolver los asuntos SUP-JRC-244/2016 y SUP-JRC-245/2016, estimó fundados los señalamientos presentados por el Partido Acción Nacional (PAN), que impugnó el acuerdo A170/OPLE/VER/CG/08-06-16 emitido por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz. Los magistrados consideraron que la autoridad electoral local no presentó la argumentación correspondiente para justificar su decisión, ni precisó el “método aleatorio” que se debía utilizar para seleccionar los paquetes electorales. Además omitió mencionar el procedimiento, con rigor científico y técnico, que utilizaría para verificar la autenticidad de las boletas electorales en las 120 casillas, cuatro por cada uno de los 30 distritos en los que está dividida la entidad. Al respecto el magistrado Flavio Galván dijo que en este asunto existe una situación cuestionable, “porque hay un reconocimiento expreso del partido impugnante de que en esta elección se usaron boletas clonadas”. “Y ante estas expresiones, pareciera que lo que procede ordenar es que se abran paquetes electorales no de manera aleatoria, sino todos, pero fue un acuerdo emitido sin fundamentación ni argumentación”, acotó.
La capital del país, Puebla, Tlaxcala, Chiapas y Estado de México, focos rojos en la trata de personas con fines de explotación sexual. Abiertas, investigaciones por ese delito –incluidos pornografía y prostitución infantil– en todas las entidades, revela la PGR. Desapariciones masivas de niñas y adolescentes, relacionadas con el ilícito.
“La Merced es el único lugar donde, por 150 pesos, uno puede abusar de una mujer. En otros estados cobran mil pesos, mil 500. Aquí, en Viaducto por ejemplo, también mil 500: 500 para el hotel, mil para ellas. Y en Sullivan cobran caro. Pero en la Merced son 150 pesos: 50 para el hotel, 100 para ellas… 200 el desnudo; 50 la posición. Bien trabajado, un cliente paga hasta 400 pesos. Pero por esos 400 puede abusar de ella cuantas veces le dé la gana.” Por años, Mario Hidalgo Garfias fue uno de los padrotes que operan en el popular barrio de la Merced, ubicado en la Ciudad de México. Ahora es activista, dice, para pagar lo que debe y con su testimonio ayudar a erradicar la trata con fines de explotación sexual. “Me arrepentí verdaderamente, créame… Quiero que mi vida cambie. Por eso hablo de la trata, para que el mundo conozca”. Nariz ancha, tez morena, estatura baja. Así es físicamente quien sometió y explotó sexualmente hasta 40 mujeres y niñas. En su piel está la huella de aquella época: en el antebrazo derecho, el tatuaje de una prostituta. En el izquierdo, de espaldas, una mujer semidesnuda, hincada y amarrada de manos y pies. La capital del país es la entidad con mayor número de casos documentados por el delito trata de personas con fines de prostitución ajena, revela el mapa de este ilícito elaborado por Contralínea a partir de dos reportes de la Procuraduría General de la República (PGR, oficios SJAI/DGAJ/01502/2016 y SJAI/DGAJ/06218/2016).
Y es que en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) la PGR inició 64 investigaciones por ese ilícito, entre enero de 2013 y febrero de 2016. Al igual que en el resto de las entidades, por cada caso hay de una a 40 o más víctimas identificadas, muchas de ellas menores de edad. En total, la dependencia que encabeza Arely Gómez ha abierto 716 averiguaciones previas por trata en todo el país, durante ese mismo periodo. Por número de indagatorias, en el segundo lugar se ubica Puebla, con 45. Le siguen Tlaxcala, con 37; Chiapas, con 28; y el Estado de México, con 23. En este mapa de la trata con fines de explotación sexual, ninguna entidad quedó fuera: Durango es la que registró menos investigaciones: una.
“Al principio nada más les sacaba el dinero por engaño: les decía que estaba enfermo, que mi mamá estaba enferma, y ellas solitas me daban el dinero. Durante 1 año completo, o menos, aprendí a engañarlas. Conocí la cocaína, así que un día dejé de trabajar… bueno, seguí trabajando pero con muchachas. Se las robaba a otros padrotes. Robármelas a veces era nada más convencerlas. Una misma chava me convencía a otras. Y llegó el día en que empecé a secuestrar a las mujeres, llevármelas a la fuerza. Las obligué a trabajar para mí. Ya no nada más se las robaba a otros padrotes sino que tenía mis propias mujeres.” Mario parece enojado. Luce incómodo la mayor parte del tiempo. Será que aún le fastidia la presencia femenina o que sea una mujer quien husmea en su pasado. Será que es así cuando recuerda esa vida o que ése es su carácter, pero en varias ocasiones interrumpe su relato para cuestionar si se quiere continuar con la entrevista. “¿De verdad quieres escuchar?”. De pronto lo suelta, es una anécdota con una reportera española con la que discutió: “Le dije que odiaba a las periodistas”. Guarda silencio… Sostiene su mirada. Finalmente prosigue con sus respuestas. En extremo violento, así se recuerda. Igual que a su hermano, también tratante de mujeres: “Teníamos mala fama en la Merced. La mayoría de los padrotes dejan a sus muchachas en alguna estación del Metro, pero nosotros estábamos ahí, con ellas. Conocíamos a todos los rateros, a los chineros”. Afirma que nunca asesinó a nadie. “Al menos no que yo sepa”, aclara, porque en ese mundo había que aferrarse a punta de pistola. Asegura, sin embargo, que las armas sólo las usaba para amedrentar a los hombres que intentaban abusar de sus mujeres. Sus mujeres. Así es como aún se refiere a las víctimas: las nombra como cosas de su propiedad. “Llegué a tener hasta 40 mujeres. Muchas de ellas eran menores de edad. Y llegué a tener en una misma casa, mías, muchachas mías, perdón por la grosería, pero muchachas que trabajaban para mí llegué a tener cinco, niñas también, en un mismo día”. No es claro cuándo habla el Mario del pasado y cuándo el que se dice arrepentido. “Es muy fácil engañar a una mujer. Y cuando una mujer no se quiere a sí misma, y tiene su autoestima por el suelo, es fácil engañarla”. —¿Qué piensas de las mujeres? —Qué pienso de las mujeres… ¿antes o ahora? …Antes las odiaba. Para mí no tenían valor: o son bonitas o son tontas. No hay mujeres inteligentes y bonitas… Eso pensaba… Hoy solamente sé que tienen el mismo valor que tenemos nosotros [los hombres]. Que nadie vale más ni menos. Eso es lo que aprendí. Ahora tengo una novia”.
La revalorización que asegura haber hecho sobre el género femenino se debe, sobre todo, a que fueron mujeres quienes lo apoyaron cuando estuvo en prisión. “El 6 de julio de 2003 caí en la cárcel. Me sentenciaron a 18 años 10 meses 15 días. Salí el año pasado [2015], el 11 de marzo. Cuando estuve ahí, las únicas personas que no me abandonaron fueron mi mamá y mis hermanas”. Problema en ascenso En entrevista, Rosi Orozco, presidenta de la organización civil Comisión Unidos vs Trata, advierte que en el país se dan las tres facetas de la trata de personas con fines de explotación de la prostitución ajena: ser origen, tránsito y destino. Respecto de ser origen, la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe (CATWLAC, por su sigla en inglés), señala que México es el país con mayor número de víctimas del delito de trata de personas con ese fin, seguido por Argentina y Brasil. En términos nacionales, la Coalición ubica a la Ciudad de México como el primer lugar de origen para la trata, y a las delegaciones Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Azcapotzalco como las de mayor incidencia de este delito en su modalidad de explotación sexual. La Merced, donde operó por años Mario, se localiza en la delegación Venustiano Carranza. Para la maestra Teresa Ulloa, directora regional de la CATWLAC, cada año aumenta este problema sin que las autoridades hagan algo para frenarlo; menos aún para erradicarlo. “Nosotros empezamos a trabajar los casos desde el momento de la desaparición y hemos detectado que el mayor número de víctimas se ubica en el rango de edad de 12 a 18 años. Además, que el mayor número de víctimas está en la explotación sexual”. La defensora de los derechos humanos critica que aunque hay un compromiso que firmó la procuradora Arely Gómez con el gobierno de Estados Unidos para combatir la trata, “no hay esa intención. No les importan las víctimas ni a SEIDO [Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada], ni a Fevimtra [Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas] ni a la PGR, en general”. Teresa Ulloa sostiene que “desde que llegó el nuevo subprocurador [Gustavo Salas] a la SEIDO, nada camina. Desmanteló la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, que había logrado más de 20 sentencias por delincuencia organizada y trata. Así que sólo es un discurso [de que van a combatir la trata]”. La maestra en ciencias de la educación destaca que uno de los mayores problemas es que no se han activado los protocolos para cambio de identidad de las víctimas rescatadas, motivo por el cual adolescentes y mujeres jóvenes en esa condición no pueden salir a la calle, porque el grupo que las explotó sexualmente es muy peligroso. Las autoridades “quieren que a los 3 meses las víctimas salgan a agradecer porque van a rehacer su vida, cosa que es muy difícil”. Pero no todo recae en el gobierno federal, observa. “Hasta ahora el Congreso de la Unión no ha puesto un solo peso a los fondos que estableció la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, uno para asistencia a las víctimas y el otro para cambios de identidad y reubicación nacional e internacional. Esa ley se aprobó en 2012, ya han transcurrido 4 años”. Desapariciones y crimen organizado Mario Hidalgo considera que ahora le sería más fácil ser padrote, no sólo porque se crió como tal, sino porque conoce las flaquezas del sistema judicial y del género femenino.
Las redes sociales, dice, han facilitado a los tratantes enganchar a sus víctimas. “Si invito a una niña a salir por internet estoy seguro que iría. Muchas irían. Pero de 100 niñas que se secuestran, sólo una regresa a casa. Las otras 99 no. A muchas las matan, otras se suicidan…”. Las desapariciones de niñas y niños vinculadas a la trata de personas es incalculable. En abril pasado, la Red por los Derechos de la infancia en México (Redim) advirtió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre lo que calificó como “epidemia de desapariciones”. La organización indicó que el 30 por ciento de las víctimas de este delito son niñas, niños y adolescentes de entre 0 a 17 años de edad. De acuerdo con la Redim, entre 2006 y 2014 se anotaron en el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas 6 mil 725 casos de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad, de los cuales el 30 por ciento es de mujeres adolescentes de 15 a 17 años y niños de 0 a 4 años de edad. En entrevista, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red, señala que se puede presumir que hay un vínculo del crimen organizado con las desapariciones de niñas y adolescentes mujeres. “Lo que estamos encontrando es que de los más de 6 mil 700 casos [de desapariciones], más o menos 2 mil 500 son de adolescentes de 15-17 años de edad. Lo que llama la atención es que el 65 por ciento de esos casos, es decir siete de cada 10, son mujeres adolescentes”. Agrega que en redes sociales hay una constante búsqueda de las adolescentes por parte de las familias y de las organizaciones que les ayudan, que evidencia ese mismo fenómeno observado en los propios datos. Para el defensor de los derechos humanos de la infancia, “lamentablemente, la respuesta que han dado las autoridades ha sido de desestimar esto y considerarlo como ausencias voluntarias: como si la chica se enojó y escapó para que no la localice su familia. Sin duda eso puede suceder en algún caso, pero al ser un fenómeno masivo no podemos partir de ese principio. No se puede considerar que no se debe investigar”. Juan Martín Pérez García indica que son las propias familias y organizaciones que trabajan en torno a feminicidios y a trata las que han destacado el vínculo entre la desaparición de mujeres adolescentes y varios de los cuerpos encontrados presuntamente vinculados a hechos delictivos. El activista recuerda el caso de Karla Romero Tezmol, una niña de 11 años de edad originaria de Tlaxcala –entidad “que forma parte de la ruta de proxenetas”–, desaparecida el 13 de enero de 2016 y quien habría sido prostituida en Puebla. Tras la denuncia hecha por los padres de la niña se activó la Alerta Amber. Pero nada pasó. “La familia investigó por su cuenta y localizó a la niña en Puebla. Y pese a tener identificada a la chica y hacer las denuncias correspondientes, no se logró que se hiciera un operativo para recuperarla”. Pérez García advierte que en México no sólo se padece la ineficacia de la autoridad en el proceso de investigación, sino también mucho prejuicio machista. “No se busca a los niños y niñas desaparecidos. A las adolescentes tampoco las buscan porque [asumen que] andan en malos pasos. Eso va en detrimento y es contrario a la seguridad e integridad de las víctimas”. Las autoridades clasifican las desapariciones con conceptos equivocados: persona extraviada, no localizada o ausente. Eso, observa el director de la Redim, deposita la responsabilidad en las víctimas. “No se quiere reconocer el hecho de la desaparición, sino que se deja como no localizado, extraviado o ausente; y si está ausente, él o ella decidió irse; extraviado es porque no conoce la ciudad y se perdió pero aparecerá en horas; y no localizado es en la misma lógica de que se pudo ir por su propia voluntad. Estos conceptos generan una trampa que impide que la búsqueda sea inmediata”.
Ello, a pesar de que los estándares internacionales plantean que, después de que se denuncia una desaparición, las 3 primeras horas son clave. Si se activa la búsqueda inmediata, la posibilidad de encontrar con vida al niño o la niña es del 90 por ciento. Para Pérez García, la segunda trampa son las prácticas equivocadas en torno a la búsqueda: “Todavía en algunas entidades federativas se pide esperar 72 horas para iniciar una averiguación previa. Esas 72 horas significan literalmente perder al niño o la niña, no poderlo recuperar ya. Obviamente entre más tiempo transcurre menos posibilidades hay de lograr identificar [a los captores por medio de] cámaras, rastrear números telefónicos”. Y el tercer elemento, dice, es que esa dilación permea todo: la búsqueda está asociada con el proceso ministerial, entonces en los casos donde se pide esperar 72 horas para iniciar la averiguación también se toma ese tiempo para empezar la búsqueda. Esto deja en vulnerabilidad a las víctimas”. Ahora mismo, esos 6 mil 725 niños, niñas y adolescentes desaparecidos pueden estar siendo explotados sexualmente, sin que las autoridades los busquen ni rescaten. —¿Qué pasaba con las niñas y mujeres que secuestraste? ¿Notabas algún cambio? ¿Las conocías previamente? —Sí. Las conocía y cuando tenía la oportunidad, me las llevaba. Se volvían temerosas, amargadas. Su vida cambiaba completamente: con la cabeza agachada todo el tiempo. A muchas de ellas que conocí les ha de haber costado mucho trabajo regresar a casa. Muchas no han de haber regresado. Se quedaron ahí. La modalidad de explotación que deja más daños en las víctimas es la de explotación sexual, advierte la maestra Teresa Ulloa. Observa con preocupación que en México esté aumentando el turismo sexual que victimiza a niñas y niños. “Sobre todo lo hemos detectado en tres puntos: Acapulco [Guerrero], donde es una situación escandalosa y no se está haciendo nada para combatirlo; en Puerto Vallarta [Jalisco] y Nuevo Vallarta [Nayarit], ahí hay una isla que está dedicada únicamente a recibir turistas sexuales, y se cobra todo en dólares; y en Cancún [Quintana Roo]”. Por ello, dice, desde la CATWLAC se promueve el modelo nórdico, que es el castigo a la demanda, porque sin demanda no hay oferta. “La sociedad tiene que entender que el combate a este ilícito no es sólo de las autoridades: tenemos que comprometernos todas y todos y ver desde cómo educamos, cómo se construyen las identidades de las y los adolescentes, qué oportunidades se les da”.
Mario Hidalgo asegura que nunca ha pagado por sexo. A quienes sí lo hacen no los comprende: “Si una persona contrata el servicio de una muchacha en la Merced, o un servicio de masajes, para mi parecer, es el peor pervertido del mundo, porque vive escondido y lo que no puede hacer en su casa lo va a hacer ahí. Eso pensaba antes. Hoy estoy seguro que carecen de amor, de todo el amor, de pareja. La verdad es que nunca he dado dinero a una mujer para tener una relación sexual. Quizá mi delito fue peor porque yo me las llevaba, las secuestraba, pero nunca he entendido por qué los hombres lo hacen”. FUENTE: CONTRALÍNEA. AUTOR: NANCY FLORES. LINK: http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/06/12/desaparicion-masiva-de-ninas-y-adolescentes-relacionadas-con-prostitucion-forzada-en-mexico/
