CHIHUAHUA, Chih: Luego de 15 meses en prisión, Luis Manuel Barraza Torres; Ramón Verdín Uvalle, ‘El Cabe’; Gabriel Gustavo Ramírez López, ‘El Chicle’, y Juan Alfredo Velázquez García, ‘El Suave’, acusados de participar en el asesinato de cinco jóvenes el 7 de febrero de 2015, fueron absueltos la semana pasada después de que el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento del proceso penal porque no encontró pruebas para inculparlos. En su momento, todos ellos fueron exhibidos ante la prensa como integrantes de un grupo delictivo que supuestamente cometió el multihomicidio e hirió a otras cuatro personas en una fiesta celebrada en la colonia Felipe Ángeles de Ciudad Juárez. Jorge Luis Barraza Muñiz, padre de Luis Manuel, presentó diversas denuncias y quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) porque su hijo –sostuvo– fue torturado para declararse culpable. Además la Fiscalía nunca tuvo pruebas, sólo su declaración, porque ni siquiera fue reconocido por los otros supuestos cómplices. De acuerdo con la causa penal 3257/2015, el agente del Ministerio Público Ángel González Cancino presentó un escrito dirigido a la presidenta del Tribunal de Juicio Oral, Emma Terán Murillo, para pedirle el sobreseimiento del caso por falta de pruebas. Finalmente el caso se cerró y se ordenó la libertad inmediata de los cuatro imputados. A todos se les absolvió porque no hubo pruebas científicas, y el protocolo de Estambul aplicado demostró que los muchachos fueron torturados. En entrevista con Apro, el año pasado, el padre de Luis Manuel Barraza dio a conocer que su hijo fue torturado, pese a que no participó en la masacre del 7 de febrero de 2015, pero ante la presión social la Fiscalía estaba obligada a dar resultados. En aquella ocasión cinco hombres fueron asesinados y otras tres personas resultaron lesionadas. Las autoridades se apresuraron a informar que las víctimas eran de El Valle de Juárez, y aseguraron que habían acudido a una fiesta en la vivienda donde ocurrieron los hechos. Sobre los presuntos agresores, afirmaron que eran del Barrio Azteca y cometieron el multihomicidio porque vieron invadido su territorio. Entonces el fiscal general Jorge Enrique González Nicolás aseveró que tenían evidencias científicas, entre ellas un video captado por las cámaras viales en las que se observan varios vehículos llegando al estacionamiento de una tienda ubicada en el bulevar Bernardo Norzagaray y a una estación de servicio donde los conductores compraron gasolina. A Luis Manuel Barraza Torres lo señaló como sicario y vendedor de droga porque el día del crimen, dijo, fungió como “halcón” y prendió fuego a los vehículos y a dos cadáveres. Sin embargo, el padre de aquel aseguró que su hijo viajaba cada semana a El Paso, Texas, y el día de su detención (22 de febrero de 2015), de regreso a Ciudad Juárez, circulaba tranquilo por la calle después de visitar a su novia. Ese día fue aprehendido y presentado junto con otros tres hombres como presunto responsable del crimen. Un juez de Garantía los vinculó a proceso por los delitos de homicidio en contra de las cinco víctimas, lesiones en contra de otras tres y un incendio intencional de dos vehículos de reciente modelo. El 2 de marzo del año pasado, Luis Manuel presentó una queja por tortura ante la CEDH, en la que denunció que cuando fue detenido lo esposaron sin motivo, le tomaron fotografías con celular y lo llevaron a un lugar desconocido, donde le avisaron que lo trasladarían a la Fiscalía para investigarlo. “Me dijeron que yo era el del video y me empezaron a golpear, me pusieron la chicharra en las palmas de las manos y en la espalda, me golpeaban la cabeza con la mano abierta, muy fuerte, querían que les dijera que yo era el del video (…) Yo estaba con los otros y escuchaba a uno de los ministeriales decir que el jefe ya los traía muy presionados con ese trabajo (…) Me llevaron para que me reconociera alguien de los que venían golpeado y dijo que sí. Estuve escuchando cómo gritaban otras personas, cómo lloraban y los torturaban peor de lo que a mí me hicieron. No lograron sacarme ninguna declaración a mí porque les dije que yo no diría nada que no fuera cierto”, destacó en su queja. El imputado presentó inflamación, escoriaciones y dolor fuerte en varias partes del cuerpo. El juez ordenó un examen médico, pero nunca se lo practicaron. Su familia contrató los servicios de David Rodríguez Torres, secretario general del Centro de Desarrollo de Investigaciones en Ciencias Forenses en Ciudad Juárez, para comprobar con evidencias científicas que las Fiscalía no podía demostrar la culpabilidad de Barraza Torres. En el expediente 3257/2015, Rodríguez evidenció que el Ministerio Público solicitó únicamente la huella genética de puertas, palanca de cambios y volante del vehículo Dodge línea Neón modelo 1993 utilizado en el crimen, que ese mismo día fue robado, pero no aplicó reactivos químicos para realizar el revelado, fijación y levantamiento de impresiones dactilares en el interior y exterior del automóvil. La Fiscalía pidió al director estatal de Servicios Periciales y Ciencias Forenses la realización de un retrato hablado del sujeto que llegó a la estación de servicio para comprar en galones de agua la gasolina utilizada para incendiar los autos y a las personas. Finalmente ese retrato no se hizo y Barraza Torres fue acusado de comprar la gasolina. En un oficio del jefe de Bomberos, Alfredo Salas, al director de Protección Civil municipal, Fernando Mota Allen, le informó que el personal de la Fiscalía General del estado (FGE) “no permitió el acceso al lugar a personal de Protección Civil y Bomberos, bajo el argumento de ser ellos los encargados de la escena tomando posesión de la misma, de tal manera que no se llevó a cabo la total extinción del fuego, ni se realizó la serie fotográfica y verificación de evidencias para determinar las causas que originaron el siniestro”. El mismo 22 de febrero el agente del Ministerio Público solicitó al médico legista, a través del oficio UIDV-1548/2015, que practicara la toma de saliva a Luis Manuel Barraza, pero hasta ahora no se tienen los resultados para cotejarlos con el material de los hisopados realizados en el vehículo Dodge 1995. Luego de la absolución de los cuatro afectados, las familias analizan presentar una demanda contra el Estado por daño moral, económico, emocional y psicológico al que fueron sometidas las víctimas. En lo que va de 2016, la CEDH ha emitido 11 recomendaciones por tortura y/o detención arbitraria en la entidad: cinco en Ciudad Juárez, cinco en esta capital y una en San Francisco del Oro.
En total, la FGE ha recibido diez recomendaciones, ocho por tortura y las otras dos por omisión en investigaciones de casos. En tanto, la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez ha recibido dos por tortura. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA MAYORGA. LINK: http://www.proceso.com.mx/443903/pasan-15-meses-en-prision-los-liberan-falta-pruebas
CIUDAD DE MÉXICO: Les ocurre lo que al alcohólico que no asume su enfermedad o al asqueroso que esconde la basura debajo de la alfombra, aunque también es cinismo extremo, pero los encuestadores están como si nada hubiera pasado, como si no hubieran cometido el peor fiasco de la historia de las encuestas en México. La mayoría de las encuestas preelectorales, y sobre todo las de salida, fallaron de manera grotesca este 5 de junio, y la respuesta de los empresarios del sector es, otra vez, ignorar el asunto, como no se habla –diría Julio Scherer García– de una enfermedad sucia. Con el aval del Instituto Nacional Electoral (INE) –onerosa ý facciosa institución–, los encuestadores, en especial los que publican en medios, han venido errando desde las elecciones estatales de hace seis años, en 2010, y en 2012 hicieron un ridículo espectacular en su apuesta por Enrique Peña Nieto y el PRI. Recordemos: Buendía y Laredo, en El Universal, le dio a Peña 17.1 puntos de ventaja sobre Andrés Manuel López Obrador; Ulises Beltrán, en Excélsior, le otorgó 16; Parametría, en El Sol de México, 15.2; Roy Campos, en Televisa, 15.1; GEA-ISA, en Milenio, 18 puntos, y Harris-Indermerc, en El Financiero, le asignó ¡20.1! En 2012, a los encuestadores la realidad los puso en su lugar –Peña ganó oficialmente por 6.5%–, pero no les importó. El año pasado, en la elección federal, volvieron a errar, y en las elecciones estatales del pasado domingo 5 lo volvieron a hacer. Un ejemplo: El Financiero, que contrató a Alejandro Moreno, dio como ganadores a los candidatos del PRI en Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo, Aguascalientes y Oaxaca, pero acertó sólo en este último. En Quintana Roo dio al PRI 44% y 41% a la alianza PAN-PRD, pero ésta ganó por más de 10 puntos, y en Tamaulipas dijo que había un empate a 44 puntos entre el PRI y el PAN, pero éste ganó con casi 15 puntos. El Financiero se equivocó por amplio margen en la elección del Constituyente de la Ciudad de México: Previó que Morena obtendría 34% por 15% del PRD, pero al final resultó casi en empate, con ligera ventaja para el primero. Otro ejemplo: Parametría, de Francisco Abundis, quien ahora publicó en Milenio –que en 2012 publicó a GEA-ISA–, volvió a presentar encuestas erróneas: Aseguró que el priista Héctor Yunes Landa ganaría con 36% sobre su primo Miguel Ángel Yunes Linares, el expriista candidato del PAN-PRD que lograría sólo 32%, pero fue al revés. En Durango y Quintana Roo, Milenio-Parametría adelantó que ganaría el PRI, pero se impuso la alianza PAN-PRD, y en Tamaulipas aseguró que era una elección “incierta”, pero el candidato panista se impuso con 15 puntos de diferencia, lo mismo que en Chihuahua, que la dio como “cerrada”, pero el panista Javier Corral ganó con 10 puntos. ¿Qué hacer ante este ominoso panorama, sobre todo cuando el próximo año se anticipan elecciones competidas en los estados de México, Coahuila y Nayarit, pero en especial hacia la elección federal de 2018, que también se prevé cerrada? Federico Berrueto, director general de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), reta a sus colegas: “De una vez por todas, para empezar, que los encuestadores den la cara, que expliquen por qué las encuestas son erráticas. Que se olviden un poquito del dinero y se comprometan con el oficio”. Berrueto, quien pide que el INE llame al debate, asegura que las encuestas hierran porque se usan como instrumento de propaganda y no de investigación, pero además porque la inseguridad en zonas del país impide levantamiento en campo, y también ha aumentado el rechazo a ser encuestado y los ciudadanos mienten para ocultar su voto. “Las condiciones para hacer encuestas precisas no existen en México y los encuestadores, por alguna razón, no lo están diciendo”, expresa Berrueto, quien advierte que, además de las dificultades metodológicas, hay a un problema mayor: la corrupción. “Además de problemas técnicos y metodológicos, el problema que estamos viviendo ahora es de falta de integridad. Lo que más nos debe ocupar es resolver eso”, puntualiza, y apuesta a que en el debate que eventualmente se produzca también intervengan los medios, incluidos los que difunden encuestas que paga el PRI, por ejemplo, y que por tanto jamás van a ir en contra.
El reto de Berrueto a sus colegas encuestadores se ha hecho público. Ahora falta saber si los empresarios del sector se siguen escondiendo y el INE los solapa… FUENTE: PROCESO. AUTOR: ÁLVARO DELGADO (ANÁLISIS). LINK: http://www.proceso.com.mx/443883/edomex-josefina-candidata
COXCATLÁN, Pue: En un funeral como nunca se había visto en esta comunidad, con 11 féretros en fila –uno de un pequeño que no alcanzó a nacer–, el sacerdote Anastasio Hidalgo Miramón reclamó justicia, aunque advirtió que en este país no hay a quién pedirla. “Pedimos que se haga justicia, pero decir justicia en este país es como una voz que grita en el desierto”, expresó el clérigo durante una misa que se ofreció en el estacionamiento de la presidencia municipal, donde fueron velados los cuerpos de 11 de las 12 víctimas de la masacre ocurrida la noche del jueves 9 en la comunidad El Mirador de este municipio. El cuerpo de Israel, la pareja de Silvia, fue llevado a Zoquitlán, de donde es originario. Los restos de los integrantes de la familia, entre ellos dos niñas y el bebé con ocho meses de gestación que aún estaba en el vientre de su madre de nombre Belén, tuvieron que ser sepultados en Coxcatlán, aunque los parientes querían llevarlos a El Mirador. La misión resultó imposible, pues tenían que caminar casi una hora con los 12 ataúdes a cuestas.
En su sermón, el sacerdote hizo referencia a la pobreza que se vive en esta región, lo cual hace que para sus pobladores sea aún más lejana la justicia en la tierra y no queda más que esperar la justicia divina. “(Las víctimas) son hermanos nuestros de la Sierra Negra ¿cuándo han sido tomados en cuenta los hermanos de la sierra? ¿Cuándo se les ha dado los servicios que merecen?”, cuestionó; “ellos vivían casi una hora a pie… siempre han sido marginados, siempre han vivido en la extrema pobreza”. “Por eso cuando yo digo: exigir justicia ¿pero a quién le exigimos justicia?”, recalcó. “Decía uno de los familiares al llegar ¿Justicia? ¿Aquí en la tierra? Sólo esperamos justicia divina, porque aquí en la tierra, yo creo que unos ocho días más y lo metemos al archivo del olvido, este país lo que no tiene es memoria histórica, entre más rápido se olvide, mejor”. ¿Tienen que ser 11, tienen que ser 12? ¿Alguien que ni siquiera conoció la luz de la vida?”, deploró el sacerdote. “¿Tienen que ser 43 en Ayotzinapa, tiene que ser Tlatlaya, tiene que ser Apatzingán, tiene que ser Tetelcingo? En este país, repito ¿quién va a hacer justicia? Aun así tenemos que seguir, como Juan Bautista, como una voz en el desierto, exigiendo justicia”. En los ataúdes yacen Plácida Sánchez Martínez, sus hijos Ángela, de 30 años de edad; Ángel, de 23, y Jhony de 18, así como las niñas Monserrat y Carolina Hernández Palacios, de 10 y 9 años, respectivamente, quienes eran hijas de Ángela. Igual están Baltazar Sánchez Montalvo, y su esposa Isabel Hernández Sánchez, junto con sus hijas Silvia –ultimada junto con su esposo– y Belén, quien tenía 22 años de edad. Sobre el féretro de esta última fue colocado el más pequeño de todos, que contiene los restos del bebé que ya llevaba ocho meses de gestación y fue ultimado antes de nacer. En el lugar pocos son los que comentan sobre las causas que ocasionaron esta tragedia. De acuerdo con las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado, basadas en los testimonios de cinco testigos, el responsable de este multihomicidio sería un sujeto que hace más de nueve años abusó sexualmente de Silvia y la dejó embarazada. Según esto, este hombre habría advertido a la mujer que no podía tener pareja porque regresaría para matarla. Silvia apenas tenía unos meses que se había “juntado” con Israel, por lo que el sujeto, cuya identidad ya está ubicada, habría decido darle muerte a ella y a toda su familia.
De 2012 a 2015 la pérdida de armas de la Procuraduría se ha disparado más de 200%. A nivel nacional, solo las policías del estado de México y la Ciudad de México han extraviado o les han robado más armamento que a PGR.
En 2015 la Procuraduría General de la República (PGR) reportó la pérdida o robo de 290 armas de fuego cortas y largas asignadas a sus agentes. Es la mayor cantidad de armas perdidas por la Procuraduría desde que se tiene registro y equivalen a la quinta parte de todas las armas que las fuerzas de policía del país perdieron ese año. Datos oficiales revelados vía transparencia, arrojan que 2012 a 2015 creció más de 200 por ciento el número anual de armas oficiales perdidas por los agentes de la PGR. En total, desde el 2006 la Procuraduría ha perdido mil 171 armas de fuego, cifra superior incluso al número de armas perdidas por la Policía Federal pese a que esta tiene más de 40 mil elementos, por apenas 8 mil de la PGR. A escala nacional, solamente la secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y la Coordinación Estatal de Seguridad Ciudadana del estado de México han perdido o les han robado más armas que a PGR. En total, hay actualmente 13 mil 259 armas de fuego reportadas como perdidas o robadas por las corporaciones civiles de policía en el país de todos los niveles entre enero de 2006 y abril de 2016 (incluidas empresas de seguridad privada) Por lo menos, una de cada cuatro armas “extraviadas” por los agentes de policía eran armas largas, es decir, escopetas y rifles permitidos a civiles como los AR-15. Esta información fue transparentada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que es la única instancia en el país autorizada para conceder licencias de portación de armas de fuego. Las corporaciones de seguridad están obligadas a reportarle el extravío o robo de cada una de las armas que les son autorizadas.
Hay casos como el de la Ciudad de México, donde el gobierno local ha rechazado dar a conocer la cantidad de armas que han perdido clasificando la información como reservada, bajo el argumento de que “se podría generar pánico” entre la sociedad y afectar campañas como las del canje de armas voluntario.
PGR, pérdidas silenciosas En la última década, la información oficial revela que los agentes de la PGR han perdido o les han robado mil 171 armas de fuego, de las cuales 917 son armas cortas y 252 armas largas. Es la dependencia civil federal con la mayor cantidad de armamento extraviado y a escala nacional, tomando en cuenta policías de todos los niveles, ocupa el tercer puesto. De hecho, una de cada 13 armas de fuego robadas en México en la última década estaba asignada a un agente de la PGR. Entre 2006 y 2010 la PGR logró reducir de 181 a 61 su cantidad anual de armamento extraviado En 2011 incluso la dependencia no reportó una sola pistola o rifle robado a sus agentes. Sin embargo a partir de ese momento inició una tendencia al alza que no se ha detenido. En 2015, la Procuraduría reportó 290 armas desaparecidas, la mayor cifra anual registrada hasta el momento. Es además un alza en esta estadística por cuarto año consecutivo, y un incremento de 78 por ciento tan solo respecto a 2014, cuando la cifra fue de 169 armas extraviadas. Sobre la pérdida del armamento a manos de sus agentes la Procuraduría General de la República no ha hecho señalamientos públicos al respecto. Animal Político consultó a la dependencia si tenían identificadas las causas de esta situación y alguna posición o investigación al respecto, pero la respuesta fue que se revisarían los datos. Los datos de la Sedena, revelados en respuesta a la solicitud de transparencia folio 000070077316, no diferencian en ningún caso el modelo específico de armas robadas más allá de si se trata de cortas o largas. Los agentes de la PGR en su mayoría adscritos a la Policía Federal Ministerial, tienen autorizada la portación de pistolas de cargo calibre 380 de marcar como Glock, mientras que los elementos adscritos a su grupo táctico de reacción porta armas largas como los rifles AR-15. A nivel federal, la segunda corporación civil con mayor pérdida de armamento es la Policía Federal con un total de mil 69 armas cortas y largas extraviadas. Es un centenar de armas menos que la PGR aunque la Policía Federal quintuplica en número de elementos operativos a la Procuraduría, y por ende cuenta con más armamento bajo su responsabilidad.
La otra corporación civil a nivel federal con licencias de portación de armas de fuego es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Los agentes de inteligencia de esta dependencia perdieron 102 armas de fuego en 2007 y 2008. En los últimos años no se registran nuevos casos.
Policías que más pierden De acuerdo con los datos de la Sedena, hasta abril de este año hay 13 mil 259 armas de fuego perdida so robadas a los policías. De ellas, diez mil 536 fueron extraviadas por las corporaciones de seguridad pública y las procuradurías estatales o municipales. El estado de México es la entidad líder en pérdidas de armas. Los policías estatales y los ministeriales de esa entidad han extraviado o les han robado en menos de diez años más de dos mil armas de fuego. Varios casos de robos de armas a las fuerzas del orden en esa entidad se han hecho públicos. Apenas el pasado 18 de febrero, un grupo de delincuentes consiguió llevarse 14 armas de fuego de un módulo de la policía municipal en Nezahualcóyotl. En mayo de 2015, fue el cuerpo de seguridad auxiliar del estado de México el que perdió cinco pistolas de cargo luego de que delincuentes sometieron a elementos de esta corporación y los desarmaron. En abril, por citar solo otro caso, nueve fusiles AR-15 bajo responsabilidad de la policía de Naucalpan fueron robados de una de las armerías de esa dependencia. La segunda entidad en donde los policías pierden sus armas en mayor cantidad es la Ciudad de México. Los datos oficiales de la Sedena revelan que los agentes de la policía y la procuraduría capitalina acumulan mil 836 armas de fuego perdidas o robadas del 2006 a la fecha. Esta cantidad se pudo conocer gracias a la Defensa Nacional pues la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México argumentó, en respuesta una solicitud de transparencia, que era información reservada y darla a conocer generaría varios riesgos, entre ellos, que se genere un estado de “pánico” entre los capitalinos que a su vez, provoque que la sociedad busque armarse. “(Dar a conocer las armas perdidas por la policía) pondría en claro riesgo la vida, la seguridad o la salud, al generar inseguridad en los habitantes de la Ciudad de México y potenciar negativamente la necesidad de la ciudadanía para asumir una cultura de seguridad preventiva, tomando las acciones necesarias para su autoprotección al adquirir artefactos para su autodefensa como lo son las armas de fuego” respondió la dependencia a la solicitud de transparencia folio 0109000258816. Guerrero es la tercera entidad federativa con más pérdidas de armamento de parte de sus policías con 807 casos en el mismo periodo. Le siguen Michoacán con 540 pistolas y fusiles robados a sus fuerzas estatales y municipales, y luego Chihuahua con 510 armas. En el balance anual, y tomando en cuenta las armas perdidas tanto por las policías estatales como por las federales, el 2009 ha sido el año en que ms armamento se perdido con dos mil 81 armas de fuego en total. Roban armas también a policías privados Las corporaciones de seguridad privada que se encuentran legalmente reguladas y que tienen licencias oficiales expedidas para portar armas de fuego, también han perdido o han extraviado fusiles y pistolas. De 2006 a 2016, el saldo es de 381 casos en total, de acuerdo con los datos oficiales de la Secretaria de la defensa Nacional. La empresa Servicios Panamericanos SEPSA SA de CV es la que registra la mayor cantidad de amras robadas con 49 armas perdidas o extraviadas en la Ciudad de México y municipios conurbados, así como en Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco. La segunda compañía privada con más pérdidas de armamento es Seguritec Transporte de Valores SA de CV con 45 casos en la Ciudad de México, el estado de México, así como en Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco.
La balacera ocurrió alrededor de las 21:0 horas, luego de que policías capitalinos se percataron de un robo.
Agentes de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México se enfrentaron a balazos con dos presuntos delincuentes la noche de este lunes 13 de junio en las calles de Parras y México, en la colonia Condesa. El saldo de la balacera es de un presunto delincuente detenido y uno más muerto, de acuerdo con una tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP). Alrededor de las 21:30 horas de este lunes, “elementos de la Policía Auxiliar se percataron del asalto a una persona en el interior del Parque México. Al observar a los uniformados, los implicados detonaron un arma de fuego, por ello, la agresión fue repelida por personal policiaco”, indica la tarjeta informativa. “En el lugar quedó lesionado un sujeto de aproximadamente 35 años, mismo que requirió apoyo médico, por lesión con arma de fuego a la altura del coxis. De inmediato, se pidió el apoyo de los servicios de emergencia, quienes lo trasladaron al Hospital General en calidad de desconocido. En el trayecto, el imputado murió”, agregaron las autoridades capitalinas. Luego de herir a uno de los presuntos delincuentes, los policías persiguieron y detuvieron al segundo probable responsable.
CIUDAD DE MÉXICO: El gobierno federal inició el proceso de venta de los dos últimos ingenios azucareros en poder del Estado, por un monto total de mil 390 millones de pesos, unos 73.8 millones de dólares. A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) informó del proceso de licitación de los ingenios El Potrero y San Miguelito, con cuya venta el gobierno pondrá fin a la nacionalización de este tipo de fábricas desde hace una década. El Potrero y San Miguelito tienen el 3.9% del mercado nacional de azúcar, de acuerdo con el SAE, y Veracruz, es el principal estado productor de azúcar del país. Conforme a la convocatoria publicada en el DOF, la apertura de ofertas de compra y el fallo de la licitación se realizará el 26 de agosto.
CIUDAD DE MÉXICO: El dólar inició la jornada de este martes al alza y se mantiene por encima de la barrera de los 19 pesos en ventanillas bancarias y en centros de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
En ventanilla bancaria, el billete verde se vende en 19.30 pesos, según cifras de Bancomer y BanBajío; HSBC lo ofrece en 19.16 y Banamex en 19.10. Centros bancarios del aeropuerto venden cada billete verde en 19.11 en promedio y en un máximo de 19.15, mientras que a la compra se adquiere en 17.72 en promedio y en un mínimo de 17.70. En el mercado interbancario el dólar se vende en 18.97 pesos, lo que implica una caída de la moneda mexicana de 0,71%, según datos de Bloomberg a las 9:08 horas locales.
El fuerte avance del dólar estadounidense coincide este martes con una salida de capitales de los llamados mercados de riesgo. El lunes pasado el dólar rompió la barrera de los 19 pesos al venderse hasta en 19.10 pesos en ventanillas bancarias y casas de cambio, 15 centavos más respecto del cierre previo
CIUDAD DE MÉXICO: Dos de las siete leyes del paquete anticorrupción fueron aprobadas esta madrugada en las comisiones unidas del Senado: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que son las dos donde menores diferencias existen entre los partidos. Las diferencias fundamentales persisten en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, conocida como Ley 3de3, donde el PRI y el Verde dictaminaron que no fuera obligatoria la entrega de los informes patrimoniales, declaración fiscal y de conflicto de intereses de los funcionarios públicos. La otra ley donde existen diferencias son las reformas a la ley orgánica de la PGR para crear la Fiscalía Anticorrupción y las reformas al Código Penal para sancionar los casos de corrupción. Ambas serán discutidas este martes. Tras más de 10 horas de receso, las comisiones de Anticorrupción, Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda se reunieron en la madrugada y aprobaron las dos leyes sin mayor discusión entre los legisladores.
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece las bases para la coordinación entre la federación y los estados, para que investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. El senador del PRI, Enrique Burgos, argumentó que con esta ley se contará con un Sistema Nacional de Fiscalización y se creará una Plataforma Digital del Sistema, integrada por la información que incorporen las autoridades integrantes del sistema nacional. La senadora del PAN, Laura Rojas, del PAN, indicó que el dictamen retomó más del 60% de la iniciativa presentada por su partido, y que cumple con el proceso de prevenir, detectar, investigar y sancionar los hechos de corrupción. Por el grupo del PRD, Armando Ríos Pitter destacó que “la corrupción mata” al referirse a la desaparición de cerca de 30 mil personas y de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
“Hice evidentes las carencias que tiene el Hospital, tanto en infraestructura como en insumos, la mala calida de la atención, los contratos temporales que tenemos la mitad de los trabajadores” relató desde Quintana Roo, a Desinformémonos, Oscar Hernández. Es uno de los médicos del Hospital General de Playa del Carmen que levantó la voz por las malas condiciones de atención en el mayor centro público de la ciudad caribeña, así como por las condiciones de trabajo en que se ejerce allí la profesión, tanto médicos como pacientes. Menos de dos semanas después de promover la organización de los trabajadores, fue despedido arbitrariamente por la dirección del Hospital, encabezada por el Dr. José Bolio Rosado. Hace 5 años que Hernández trabaja en el Hospital de Playa del Carmen, donde se atiende el grueso de la población, ya que el otro centro público de atención es el del IMSS, que corresponde a quienes tienen trabajo fijo. “El 18 de mayo convoqué a una junta a mis compañeros para exponer mi punto de vista sobre las condiciones del hospital y las laborales, en que el 50 por ciento de los trabajadores somos contratados y la otra mitad tienen base” El puntapié sucedió días antes, cuando durante una cirugía de traumatología que realizaba a un paciente que había tenido una fractura, se fue la luz. Fue la gota que derramó el vaso, ya que la planta de energía eléctrica que tiene que sustituirla, demoró 40 minutos en prenderse, dado el malo o nulo mantenimiento que tiene. “Hubo mucho quorum en esa junta que llamamos, en el auditorio del propio hospital. Creo que la junta directiva se sintió amenazada porque se presentó el Secretario Jurídico de la Secretaría de Salud del Estado, Rodolfo Hernández Álvarez, estuvo presente, filmando el evento” Unas 150 personas, entre médicos y enfermeros y trabajadores del hospital poblaron el lugar. No hay sindicato u organización en el Hospital al que pudieran recurrir, entonces eso fue uno de los primeros puntos a plantear: crear una figura legal que los representara. Al día siguiente, el médico promotor de la organización de los trabajadores del hospital, recibe una citación para tomar su declaración por parte del jurídico ya nombrad. Sin embargo, ni lerda ni perezosa, la dirección del hospital denunció al médico: “me acusaron de haber tomado las instalaciones del hospital, por el uso del auditorio, de una computadora y de un micrófono” Hernández dice que el auditorio es un espacio que permanece abierto en el hospital, que nada fue forzado para su uso, y que él, junto con sus compañeros hizo uso de su derechos a la libre asociación. “Me tomaron la declaración y me hicieron una especie de juicio. Me quisieron presentar como una persona violenta, pero no fue así. Mis compañeros tomaron la denuncia como un acto represivo y se molestaron, entonces el viernes 20 organizamos una marcha en el Hsopital, denunciando las condiciones de atención y trabajo. Esa fue la primera, hemos hecho 4 ya.” También realizaron un pliego petitorio en que se exige el alto a la represión contra los trabajadores organizados, la destitución de Patricia Sanabria, que es la Jefa de Recursos Humanos del Hospital “una tirana, que es quien verdaderamente mueve el Hospital” y como tercer punto, que se transparente la entrega de las “bases”, es decir, de las plazas fijas de trabajo en el centro de atención público, que permita una profesionalización de sus médicos y enfermeros. Hernández relata que la lucha que levantaron los trabajadores del Hospital tuvo un fuerte eco en la población de Playa del Carmen, que conoce las carencias porque hace uso de esos servicios en donde sabe que la luz se va, que tiene que pagarse sus propios medicamentos y que faltan insumos. Además brindó detalles de las condiciones en las que se labora: “No hay profesionalización de los trabajadores, porque por ejemplo, muchos de los enfermeros cubren 3 turnos al día, en que les pagan 325 pesos por turno. Reciben un salario de 2400 pesos a la quincena y en la muchos casos, tienen hasta 20 pacientes a su cargo, cuando los estándares de atención señalan que tienen que ser máximo 6 personas a su cargo” Antes de que le rescindieran el contrato, Hernández y el grupo organizado de trabajadores del hospital de reunió con la dirección para exigir que trasparentaran el mecanismo por el cual se les da certeza laboral a ciertos trabajadores, es decir, se les da la “base”. “Nos reunimos dos veces, de manera informal porque no dejaron nada por escrito acerca de las quejas que nosotros sí les hicimos llegar redactadas. Las recibieron de buena manera pero no lograron explicar el proceso de selección y entrega de las bases. Cantinfleaban. Dijeron que era como una tómbola. Nosotros pedimos ver la lista de escalafón que, creíamos, se arma según como fuimos llegando a prestar servicios al Hospital, que hagan pública esa lista, para poder ver quienes nos han brincado. Ellos dicen que esa lista no existe” Lo que si vieron los trabajadores organizados es que pusieron la llaga de un sistema de promociones clientelar, que más que por mérito, se utiliza como un sistema de premios y castigos. Y a Hernández el castigo le llegó pronto. “El 7 de junio me dieron mi oficio de despido, que se efectivizó el 8, el día de mi cumpleaños” Ese fue el regalo que le dieron tras 5 años de servicio público contra toda carencia en el Hospital de Playa del Carmen. “No sabía en lo que me metí, una cosa llevó a la otra y las personas se fueron molestando. Desde la dirección continúan con la represión y la coerción a mis compañeros, para debilitar la bola que éramos cuando empezamos el movimiento. Mi despido fue un acto de represión para intimidar a todo mundo, y como la administración ya se va, no les interesa el diálogo, sino heredar este problema a la administración siguiente” Por su parte, Hernández relata que este martes se reunirá con la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, para plantear el atropello a su derecho a la libre asociación, así como prepara una respuesta legal a su despido arbitrario. También junto a la asociación “Somos tus ojos” que trabaja en temas de trasparencia y gobierno para buscar la forma de promover la publicación de los mecanismos de acceder a las bases de los cargos en el hospital, que fue uno de los motivos que arrancó el conflicto.
Las autoridades indicaron que las personas fugadas cumplían penas por delitos como violación, homicidio y robo.
Tras una riña entre internos en el penal de Barrientos, en el Estado de México, tres personas que cumplían penas por diversos delitos se fugaron de la cárcel, informó este martes 14 de junio el secretario de Gobierno estatal, José Manzur. El funcionario detalló que a las 20:00 horas del lunes 13 de junio se registró la riña, con quema de colchones y otros objetos en la cárcel ubicada en Tlalnepantla. Ante los hechos, acudieron cientos de policías y controlaron el disturbio cerca de las 10:40 horas. Horas después, ya en la madrugada de este martes, se realizó un pase de lista y se identificó la ausencia de tres internos. Las autoridades activaron un operativo, para tratar de recapturarlos.
“Las personas fugadas han sido identificadas como Ángel Roberto Hernández, quien está sentenciado por el delito de cohecho y homicidio, a partir del 26 de enero de 2010; José Antonio Arvizu Caballero, quien estaba recluido por robo a casa habitación, a partir del 10 de julio de 2013, y Bernabé Ángeles Ramírez, recluido por violación a partir del 20 de octubre de 2010”, dijo Manzur.
Activistas y líderes sociales dicen que durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto algunos de sus opositores han sido perseguidos y encarcelados por acusaciones de corrupción y delincuencia organizada, mientras que otros personajes señalados, incluso históricamente, por el mal uso del erario o de las cuotas de sus sindicalizados, gozan de libertad, fortuna y en algunos casos de los grandes beneficios que otorga un puesto público.
La persecución de activistas y detractores del Gobierno federal a través de la descalificación y la fabricación de delitos, se ha adoptado como un patrón para acallar a las voces disidentes de la administración actual, mientras que personajes como Carlos Romero Deschamps, el líder del sindicato petrolero, acusado de desvío de recursos por cientos de millones de pesos para campañas políticas, siguen libres, dijeron activistas a SinEmbargo. La lista de activistas y críticos del actual Gobierno en la cárcel es larga y no sólo se circunscribe a los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), detenidos por supuesto lavado de dinero y trasladados a un penal de alta seguridad en Hermosillo, Sonora: Rubén Núñez Ginez, Francisco Villalobos, Aciel Sibaja, Efraín Picazo y Othón Nazariega, sino que va más allá y abarca a personajes como el fundador de las autodefensas de Michoacán, José Manuel Mireles Valverde; Nestora Salgado, ex coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero –que aunque no fue encarcelada durante la administración actual, tuvo que sortear varias trabas jurídicas para lograr su libertad–, y hasta priistas como la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, una de las primeras en oponerse a la Reforma Educativa. En contraste, líderes sindicales como Carlos Romero Deschamps, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), acusado de desviar mil millones de pesos para la campaña del candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Francisco Labastida Ochoa, en el año 2000, como parte del llamado Pemexgate, no sólo están libres, sino que gozan de fuero. “Ha sido muy claro que se ha utilizado cada día más los recursos legales,pero para poder cobrar cuentas a los adversarios o a la población que protesta. Vemos que estas acciones las está utilizando el órgano investigador que se presta para hacer un uso faccioso de la ley y al mismo tiempo se construye una estrategia, para no solamente fabricar delitos, sino para planear traslados a penales de alta seguridad lejos de su lugar de origen”, dijo Abel Barrera Hernández, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña la Tlachinollan. El activista destacó que hay un endurecimiento del Gobierno federal para perseguir a los líderes opositores en distintos rubros.
“Hay un patrón de criminalización que busca mostrar ante la sociedad a los líderes como los personajes de alta peligrosidad de nuestro país, cuando son los que están luchando. En cambio a los que están viviendo en condiciones cómodas, como Romero Deschamps, no les pasa nada. Aquí vemos cómo los movimientos que son visibles como el magisterio, la policía comunitaria de Guerrero, las autodefensas de Michoacán, líderes agrarios, estudiantes, ambientalistas, a todos ellos se les pone en el catálogo de alta peligrosidad. Es un sistema autoritario que no tolera la disidencia y se cierra al diálogo”, expuso.
Daniel Gersherson, ambientalista y presidente de Alconsumidor, consideró que el Gobierno federal simplemente practica el viejos modus operandi del PRI.
“Están tratando de intimidar a aquellos personajes y círculos que no obedecen a sus órdenes. No sé qué tan honestos sean algunos líderes de estas agrupaciones sindicales, pero son independientes del Gobierno y todo lo que salga de la órbita del PRI, que no tiene el 2018 ya en la bolsa, piensa que el único recurso que le queda es la represión, tal como sucedía con Roberto Vallejo en los 50, con los médicos en los 60, es la percepción limitada de los priistas”, explicó.
Edgar Cortez Morales, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), consideró que la justicia mexicana se aplica a conveniencia del poder.
“Sigue siendo una justicia que se usa a conveniencia del poder político en turno, en este caso, hay un contraste en la acción y la aplicación de la justicia en contra de los dirigentes sindicales de la CNTE y tenemos otros dirigentes sindicales que han hecho grandes tropelías y no tienen consecuencias. La justicia es para beneficiar a los amigos y perjudicar a los enemigos”, dijo.
Cortez Morales comentó que los líderes sindicales de la CNTE fueron detenidos justo cuando encabezaban la protesta social en contra de la Reforma Educativa. “Es una criminalización de la protesta, no prejuzgo si los dirigentes de la CNTE tienen o no responsabilidades, pero llama la atención el modo en que se aplica la justicia, cuando ellos están llevando una protesta en contra de la Reforma Educativa, entonces es claro que la justicia se utiliza para reprimir el movimiento”, indicó. Gersherson opinó que en el Gobierno federal se “ensaña” con sus opositores, mientras que con personajes como Carlos Romero Deschamps se muestra condescendiente. “El caso de Romero Deschamps es como de libro de texto, porque se ensañan en contra de esta persona [Rubén Núñez] por un supuesto escándalo que involucraba cantidades irrisorias de dinero que para Deschamps o para Víctor Flores son cacahuates”, planteó.
El activista añadió que los priistas practican la “profesionalización de la descalificación y de la represión”. Rubén Núñez Ginez fue detenido acusado por lavado de 24 millones de pesos y de firmar contratos ilegales con empresas proveedoras para maestros oaxaqueños. Pero casos como el de Romero Deschamps, a quien en 2001 se le descubrió un desvío de mil millones de pesos del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la campaña priista a la Presidencia de la República del 2000, siguen impunes. El partido sólo fue multado con mil millones de pesos, pero Deschamps no fue perseguido y ahora es Senador de la República. El líder sindical tiene una larga lista de acusaciones. En enero de este año el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) acusó que el sindicato dirigido por Deschamps mantiene prácticas que merman los recursos de la petrolera mexicana.“Es claro” que Pemex requiere de una reingeniería profunda “para darle viabilidad y que pueda salir adelante de la muy difícil circunstancia que enfrenta”, acusó el sector privado. Respecto al sindicato, a principios de este año el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó dos veces a Pemex a dar a conocer de forma clara y precisa información respecto a sus trabajadores. En septiembre pasado, Pemex y el sindicato firmaron el Contrato Colectivo de Trabajo tras una serie de negociaciones que la ahora empresa productiva del Estado debe aclarar. Además debe informar sobre viajes y viáticos de sus funcionarios entre el 2010 y el 2015, instruyó el INAI. La oposición ha calificado la relación entre Deschamps y el PRI como un ejemplo claro de impunidad, a cambio de manejar el sindicato a conveniencia del poder, como el Pemexgate.
“Es una correa de transmisión del Gobierno federal y del PRI, Romero como dirigente sindical en Pemex, baja las instrucciones que recibe de arriba y la última fue el apoyo a la Reforma Energética. Él como dirigente sindical pudo tomar una posición diferente, como aquella que tomaron los trabajadores del Sindicato Nuclear en la defensa de su materia de trabajo, pero sobre todo en la defensa e las empresas patrimonio del Estado. Deschamps no representa los intereses de los trabajadores de Pemex, ni de los mexicanos, solo de sus amos, de quienes los tienen ahí, del PRI”, dijo a SinEmbargo Bertha Elena Luján Uranga, entonces secretaria general del Comité Ejecutivo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en 2014.
Romero Deschamps, como la mayoría de los líderes de las centrales obreras, ha sido protegido desde el poder con diputaciones y senadurías por el PRI, para darles fuero y hacerlos intocables ante la justicia mexicana, han dicho los expertos.
“La permanencia de estos líderes se explica por el apoyo que les dan los empresarios y los diferentes gobiernos. Los protegen, vienen de un pacto muy antiguo que era el pacto de los sindicatos con el gobierno mexicano, con la participación de los empresarios. Había beneficios mutuos, los trabajadores de las grandes empresas que eran la columna vertebral de este sindicalismo: los de Pemex, la CFE [Comisión Federal de Electricidad] tenían muy buenos contratos, todavía hay restos de esto. Había un toma y daca entre grandes sindicatos que apoyaban al gobierno y ciertos beneficios a los trabajadores en otra época, pero desde que se instauró el modelo económico actual estos beneficios se han ido disminuyendo aceleradamente. Entonces los trabajadores se han quedado sin el pacto y han proporcionado el toma a través de los líderes, pero sin el daca”, explicó Enrique De la Garza Toledo, profesor Distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) adscrito al Departamento de Economía, Unidad Iztapalapa.
OTROS EN LA LISTA
Otros liderazgos que han apoyado el proyecto político priista que no ha sido investigados son: Víctor Flores, dirigente del Sindicato de Ferrocarrileros; el actual dirigente de la SNTE Juan Díaz de la Torre y el ex presidente de la Comisión Ejecutiva del sindicato y actual Diputado por el Partido Nueva Alianza (Panal), José Bernardo Quezada Salas, también acusado de corrupción y enriquecimiento. En marzo de este año se dio a conocer que más de 3 mil jubilados se ampararon en contra de pagar la cuota de 80 pesos mensuales cada uno al Sindicato Ferrocarrilero que encabeza Víctor Flores Morales. En total son 32 mil los jubilados que pagan esa cuota al sindicato de Flores. El argumento para el amparo es que es un cobro ilegal del cual no hay ningún beneficio para ellos. Víctor Flores es un líder sindical que tiene varias demandas por utilizar el fondo de los trabajadores para enriquecerse. En 1996, Ferrocarriles Nacionales de México empezó su proceso de privatización y miles de trabajadores fueron liquidados a través de un fideicomiso. Ese año, Víctor Flores Morales dejó su casa de 50 metros cuadrados y adquirió un edificio completo de departamentos, de acuerdo con una investigación de SinEmbargo publicada en 2013. Pasó a conformar la triada de los dirigentes más poderosos de México, junto con Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps. Incluso entre ellos, Flores Morales se distingue: el cúmulo de 14 mil denuncias en su contra en la Provuraduría General de la República (PGR), que van desde desfalcos hasta fraudes, supera todos los récords. Víctor Flores Morales está acusado del saqueo del fideicomiso para la jubilación en el proceso de privatización de FNM entre 1995 y 1996, la ficticia venta de casas del Infonavit en Azcapotzalco y Tlalnepantla en 2001, y el fraude a pensionados de Empalme, Sonora en 2006, entre otras cosas. En cada historia hay dinero. Más de 700 millones de pesos, si se sigue el rastro que dejan las demandas. A pesar de ello, ha sido Diputado federal en tres ocasiones (1997-2000; 2003-2006 y 2009-2012) y jamás subió a la tribuna. Aunque Víctor Flores sólo representa a 45 mil trabajadores, una cifra muy lejana a los millones de maestros o petroleros, por lo menos hasta 2018 se mantendrá en su puesto de secretario general del sindicato ferrocarrilero debido a la modificación que él mismo hizo de las cláusulas del organismo. El ex presidente de la Comisión Ejecutiva del SNTE y actual Diputado por el Partido Nueva Alianza (Panal), José Bernardo Quezada Salas y su familia gastaron 6.3 millones de dólares en la compra de condominios en un edificio de la exclusiva zona de Brickkell, en Miami, en 2005. De acuerdo con una investigación del Miami Herald publicada en abril de este año, Quezada Salas podría haber pagado en efectivo por los 11 condominios de lujo en el edificio Brickell. La investigación detalló que las ofertas de compra se realizaron a través de diversas empresas de Florida que pertenecen a sus familiares. Un año antes, la esposa del legislador del Panal, Jessica Peredo Rincón, habría pagado otra fuerte suma: 1.1 millones de dólares, por otro lujoso departamento en el edificio Setai en South Beach.En 2008 la pareja adquirió otro condominio del Sunny Isles Beach, éste por una suma de 848 mil dólares. Con sus 11 departamentos, Quezada Salas y su familia tienen el control del 10 por ciento de los 116 condominios de lujo que alberga un exclusivo edificio ubicado en el número 1395 de la glamorosa avenida Brickell en Miami. El edificio Brickell Arch, una torre de vidrio 36 pisos, alberga también oficinas y bufetes, y el lujoso hotel Conrad Miami, de la cadena Hilton, entre otros. El Diputado José Quezada Salas ha tenido una larga trayectoria dentro del sindicato del magisterio. El más reciente fue de 2013 a 2014 cuando fungió como presidente de la Comisión Ejecutiva de la sección 60. Antes, de 2013 a 2015 fue integrante del Equipo Nacional del Sindicato magisterial; entre 2013 y 2014 trabajó como presidente colegiado de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos. Entre 2012 y 2014, Quezada Salas fue líder del SNTE en el Instituto Politécnico Nacional (IPN). En 2003 fue delegado especial del sindicato y cubrió diversas secretarías dentro del mismo; durante los años noventa, se desempeñó como secretario de diversas áreas.Dentro del partido, ha sido presidente de la Junta Ejecutiva Estatal del Panal en la Ciudad de México. Juan Díaz de la Torre defendió a Bernardo Quezada y afirmó que en el SNTE “no hay corrupción”.
DETENIDO POR AUTODEFENSA
Doctor Manuel Mireles, ex vocero de las autodefensas fue un crítico de las políticas de seguridad de EPN. Foto: Especial José Manuel Mireles Valverde fue detenido el 27 de junio de 2014 y está preso en un penal de Hermosillo, Sonora. Un año antes el médico se había identificado como uno de los consejeros generales del Consejo Ciudadano de Autodefensas del municipio de Tepalcatepec, región de Tierra Caliente y desde ese momento fue una voz crítica ante la política de seguridad del Gobierno de Peña Nieto. Mireles denunció en una entrevista con la Agencia SubVersiones los atropellos de los que eran víctimas en su región en manos del grupo delincuencial Los Cabellos Templarios.Contó como a las hijas las secuestraban “y las regresaban cuando ya estaban embarazadas”. El 9 de mayo de 2014 el entonces Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, afirmó que Mireles Valverde era investigado por la muerte de cinco personas en la tenencia de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas, y que incluso había fotos que lo inculpaban. La prueba de la participación del médico en el crimen son una serie de fotografías en donde sostiene la cabeza de una persona. En una de las fotos se aprecia a Mireles Valverde sosteniendo la cabeza de un muerto junto con un hombre de guantes quirúrgicos, que él identificó como agente del Ministerio Público. El líder de las autodefensas explicó que la fotografía la había tomado una médica forense luego de que el agente del Ministerio Público de Lázaro Cárdenas le pidiera ayuda para sostener a un muerto. Luego de la aprehensión de Mireles, algunos especialistas dijeron que hay un trato discrecional de parte del Gobierno federal.
“Es una cuestión de los arreglos no escritos. En la medida que Mireles desafía al gobierno federal se le empieza a aplicar la ley. Hay una uso discrecional, faccioso, del estado de derechos en el país, particularmente en Michoacán. Las acusaciones en contra de Mireles, como el uso de armas prohibidas de uso exclusivo del Ejército, todos los grupos violan la ley y no les hacen nada. Para mí esto es sintomático de un esquema y razonamiento discrecional que tiene el gobierno”, dijo Erubiel Tirado Cervantes, miembro del Seminario de Investigación y Educación en Estudios de Defensa y Seguridad y especialista en Relaciones Civiles Militares de la Universidad Iberoamericana.
Si los grupos dejan de ser funcionales, se les busca neutralizar y se salen del esquema, se les aplica la ley. “El gobierno tiene que ser claro y explicarle a la sociedad qué es lo que está pasando”, indicó Tirado. Rodrigo Gutiérrez Rivas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincidió con Tirado y agregó que lo que sucedía en Michoacán y Guerrero, se trataba de un proceso de desmovilización, con un sesgo discriminatorio.
“Sí hay un trato diferente no justificado, aunque el gobierno puede decir que está justificado un trato diferente porque son procesos distintos, sí preocupa en tal caso que a las comunidades indígenas se les esté persiguiendo invisibilizando y a otros grupos no. Frente a demandas parecidas, hay un trato desigual, no razonable, eso es discriminatorio”, opinó.
En enero de este año Mireles pidió perdón al Gobierno y a su familia “por haberles faltado al respeto con sus palabras o acciones”. “Aprovecho este mensaje para pedirle perdón al Gobierno de México y a sus instituciones oficiales y no oficiales, y a su estructura esparcida por todo el territorio nacional, por haberles faltado el respeto con las palabras o acciones, por haberlos ofendido con mis omisiones y desobediencia civil”, señaló Mireles en un mensaje difundido en redes sociales. Con motivo del inicio de año, el doctor Mireles también pidió perdón por haber abusado “del pensamiento liberal y por haber alterado el orden político y social de Michoacán y de México”.
UN “AJUSTE DE CUENTAS”
En febrero de 2013. Elba Esther Gordillo “La Maestra”, entonces lideresa del SNTE y una aliada estratégica de los gobiernos en turno, fue detenida y encarcelada. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó una operación de 2 mil millones de pesos en cuentas bancarias del sindicato, dijo Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República. “La Maestra” Gordillo fue detenida en el Aeropuerto de Toluca, debido a que la PGR acreditó el lavado de dinero por la cantidad de 2 mil millones de pesos e investigó investigan 81 cuentas del gremio para detectar posibles anomalías. Gordillo trianguló recursos en cuentas bancarias de Estados Unidos y Suiza para pagar tarjetas de crédito personales, comprar inmuebles, como una residencia a nombre de la madre de la lideresa, así como para realizarse cirugías estéticas y hasta comprar obras de arte. Sin embargo la aprehensión y encarcelamiento de Gordillo fue interpreto por algunos políticos opositores al PRI como un “ajuste de cuentas” de sus aliados priistas.
“Es un pleito entre ellos, los de la élite del poder. Los que ajustician a Elba Esther son iguales que ella”, dijo Martí Batres Guadarrama, entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Gordillo cuenta con un largo historial de corrupción y denuncias, que los priistas Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, y los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, dejaron pasar debido a que “La Maestra” fue su cómplice en varias ocasiones, principalmente en las elecciones de 2006 y 2012 donde hubo fraude electoral, explicó Batres. Para creer que la detención de Elba Esther responde a un golpe bien intencionado de las autoridades y un mensaje de que caerán más “peces gordos” ligados actos de corrupción en el país, se debe empezar por procesar al mismo Carlos Salinas, añadió.
“Si empiezan por Carlos Salinas y Arturo Montiel ya podemos creerle al Gobierno, si no es sólo un simple ajuste de cuentas de la élite del poder”, sugirió el dirigente. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SHAILA ROSAGEL. LINK: http://www.sinembargo.mx/14-06-2016/3053778
Ciudad de México. Agustín Miranda Orozco, el secuestrador que junto con otro reo escapó del Reclusorio Oriente el pasado 30 de mayo, fue capturado ayer en la tarde tras permanecer escondido dos semanas. Las primeras investigaciones revelan que Miranda Orozco fue capturado al salir de un hotel en la colonia San Simón Tolnáhuac, en la delegación Cuauhtémoc, donde al parecer había permanecido desde su fuga. Cabe recordar que Miranda Orozco y Roberto Sánchez Ramírez El Fugas se evadieron tras cruzar una reja adjunta al archivo del juzgado 20 penal del Reclusorio Oriente. Miranda Orozco cumplía una condena de 64 años por los delitos de secuestro, portación de arma de fuego, robo calificado y robo de auto. Su compañero de fuga, Sánchez Ramírez, cumplía una sentencia de 114 años por secuestro, asociación delictuosa, robo calificado y portación de arma de fuego. Por su fuga, fueron enviados a prisión los custodios Jesús Peña Cid y Juan Carlos Gutiérrez, por el delito de evasión de preso agravado.
