El Secretario de la Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, anunció que se realizan auditorías a las nóminas educativas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, bastiones de la CNTE, y advirtió que procederá legalmente en caso de encontrar irregularidades.
El Secretario de la Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, anunció que se realizan auditorías a las nóminas educativas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán y advirtió que procederá legalmente en caso de encontrar irregularidades. “Como parte de la Reforma Educativa estaremos haciendo auditorias a la nómina magisterial […]. Cualquier desvío que encontremos en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, en cualquier otro estado, estaremos procediendo como corresponde, por supuesto de manera legal”, dijo el funcionario federal al término de la inauguración de la Unidad Académica Profesional Acolman de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), y entrega de becas al extranjero y apoyos del programa “Proyecta 100 000 y 10 000”. Señaló que continuarán los trabajos de auditoria en Oaxaca para detectar otros presuntos desvíos a las finanzas de los agremiados a la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Nuño Mayer volvió a declarar en contra del líder nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien llamó a marchas para exigir la liberación de los líderes de la CNTE en Oaxaca, Rubén Nuñez Ginez y Francisco Villalobos: “Yo no entiendo cómo se puede llamar a una marcha para defender a quienes han dañado así a los maestros y a los niños de Oaxaca, ¿por qué seguir defendiendo los derechos de los líderes?”, dijo Nuño Mayer en entrevista con medios.
Respecto a las notificaciones de la separación de su cargo a los maestros que no presentaron los exámenes de evaluación o que se han ausentado de las aulas dijo que en Michoacán ya se entregó el 100 por ciento de las mismas; en Oaxaca, más del 95; en Guerrero, más del 99 por ciento, y en Chiapas casi el 50 por ciento. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/14-06-2016/3054294
Como respuesta a las marchas y plantones anunciados por los maestros disidentes de la CNTE para exigir se dé marcha atrás a la Reforma educativa, el Gobierno federal indicó que no permitirán los bloqueos carreteros, por lo que si el diálogo no funciona, se verán obligados a tener que ejercer el “uso moderado de la fuerza”.
Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), aseguró que el Gobierno federal evitará que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquee carreteras durante sus manifestaciones, y que, de ser necesario, aplicarán “el uso moderado de la fuerza” para liberar las vialidades. Al término de un evento realizado en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el CNS expresó que no pueden permitir los bloqueos carreteros, por lo que insistirán por medio del diálogo para que los maestros disidentes permitan el libre tránsito de transeúntes y vehículos; de lo contrario, advirtió, tendrán que utilizar la coerción moderada, pero como “último recurso”. “No podemos permitir que se bloqueen carreteras, entonces lo que se hace es extenuar el diálogo e insistirle a los manifestantes que deben dejar acceso a los transeúntes y también a los vehículos, de no ser así, pues tenemos que hacer uso moderado de la fuerza”, explicó Sales Heredia. Además, el funcionario mencionó que lo mismo será aplicado en el caso de los plantones. En ese sentido, Heredia ratificó que los integrantes de la Coordinadora tienen el libre derecho a manifestarse, pero que no tienen derecho a transgredir el derecho al libre tránsito de las demás personas. De acuerdo con él, para enfrentar las posibles manifestaciones de los maestros disidentes, “hay que lograr en un ejercicio de ponderación que estos dos derechos coexistan”. El día de ayer, la CNTE dio a conocer las rutas de las movilizaciones que harán en la capital del país y los bloqueos carreteros que realizarán a lo largo y ancho de la República mexicana. El día de hoy, a partir del medio día, el magisterio anunció la realización de volanteos y marchas en plazas y demás lugares públicos de la Ciudad de México.
al respecto, en la capital del país, la CNTE realiza una marcha desde las 16:00 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo. A la manifestación se sumaron integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM).
Los docentes exigen al Gobierno federal la instalación de mesas de diálogo y la liberación de sus líderes.
Asimismo, en silencio, sólo portando decenas de cartulinas con mensajes en contra de la reforma educativa y con demandas de la liberación de los líderes de la CNTE en Oaxaca, unos 300 maestros disidentes formaron una valla humana en torno a la fuente del Bicentenario a la altura de la torre del Caballito, en avenida Juárez, Rosales y Bucareli sobre el camellón de Reforma hasta avenida Hidalgo.
Algunos profesores también se desplegaron en torno al Templo de San Hipólito y frente a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria y al rededor del monumento a José Martí y algunos puntos de la Alameda Central en Avenida Hidalgo. Además, los integrantes de la Coordinadora realizan paros y bloqueos en al menos cuatro estados del país para exigir la liberación de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, los líderes de la CNTE que fueron detenidos durante el pasado fin de semana.
OAXACA
Miembros de la CNTE colocaron barricadas en las calles aledañas al Zócalo de la ciudad de Oaxaca, en el sur de México, por temor al desalojo del plantón que mantienen desde el 15 de mayo. En cada una de ellas los profesores prendieron fuego a las llantas colocadas en las intersecciones de las calles y algunas vallas. La mayor tensión se registra en la carretera Oaxaca-México a la altura del municipio de Nochixtlán, donde maestros y padres de familia la tienen bloqueada para impedir el paso de un convoy de policías federales. La CNTE demanda la instalación de una mesa de negociación, respeto a los derechos de los trabajadores y la libertad de los presos políticos. El lunes un grupo de desconocidos ingresó a las oficinas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), donde agredió a 15 trabajadores, destruyó muebles y computadoras, quemó documentos y robó expedientes, hechos por los que el Gobierno interpuso una denuncia.
MICHOACÁN
Después de tres semanas sin clases en varias escuelas de esta ciudad por el paro de labores, hoy los maestros adheridos a la Coordinador, instaron a los estudiantes a sumarse a las filas de la marcha realizada en contra de la Reforma educativa y de la reciente detención del líder de la Sección 22 de Oaxaca, Rubén Núñez Aguilar. De acuerdo con el diario Provincia, en lugar de abrir las aulas, los maestros llevaron a sus alumnos a marchar por las calles de Apatzingán, con la promesa de puntos extras en las materias que más problemas arrastran, como matemáticas. Por su parte, el delegado de la CNTE en Apatzingán, José Erandi Álvarez Gaona, justificó la participación de los niños en las protestas, y argumentó que de esta manera los menores manifiestan su cariño a sus escuelas y profesores.
TABASCO
En Tuxtla Gutiérrez, el día de hoy los maestros disidentes bloquearon los accesos a la capital chiapaneca, por lo que impiden que los camiones de carga abasten las centrales y mercados. Los disidentes exigen la liberación de los dirigentes de la Sección 22 de Oaxaca y una mesa de diálogo con el Gobierno federal. Los integrantes de la CNTE se ubicaron en tres puntos carreteros de Tuxtla Gutiérrez, donde a pesar de bloquear el paso de vehículos de carga, permiten el libre tránsito de transportes privados y públicos. De acuerdo con lo informado por el magisterio, los docentes se concentran en la entrada poniente, en las inmediaciones del fraccionamiento residencial Club Campestre, así como en el acceso oriente, cerca de la central de abastos. Hasta el momento no se reportan incidentes, eso a pesar de la presencia de operativos de la policía federal y estatal en las zonas de bloqueo. Desde el pasado 15 de mayo, el movimiento magisterial de Chiapas mantiene un plantón afuera del palacio de gobierno estatal, en el zócalo de la capital del estado y en las calles del centro.
GUERRERO Aproximadamente 700 maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) y padres de familias de Tecpan marcharon en rechazo a la reforma educativa. El contingente, en el que participaron representantes de los municipios de Atoyac y San Jerónimo, marchó por la avenida principal Reforma rumbo al zócalo de la ciudad, donde hicieron un mitin que culminó después de las 11:30 de la mañana. Asimismo, unos 150 maestros del Movimiento Magisterial de Petatlán bloquean de manera intermitente la carretera federal Acapulco -Zihuatanejo, en el punto conocido como Y Griega, ello como parte de las acciones en contra la Reforma educativa. Los maestros bloquean de manera intermitente la carretera, y cada cinco minutos permiten el paso de los vehículos. El Movimiento Magisterial de Petatlán aglutina a maestros de la CETEG, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG).
En el lugar tienen lonas y pancartas contra la reforma educativa y contra el Presidente de la República Enrique Peña Nieto. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/14-06-2016/3054262
El Sindicato de Maestros, bajo el liderazgo de Elba Esther Gordillo, diseñó una red compleja de empresas fantasma para triangular así el dinero que obtenían a través del cobro de comisiones ilegales a empresas que otorgaban crédito a profesores, según correos y documentos a los que tuvo acceso Reforma.
Líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) recibieron millones de pesos por cobro de comisiones ilegales a empresas que otorgaban créditos a los docentes. De acuerdo con un reportaje del diario Reforma, el Sindicato de Maestros diseñó una red compleja de empresas fantasmas para triangular así el dinero que obtenían a través del cobro de estas comisiones, al igual que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Según correos electrónicos y documentos en poder del diario, el SNTE recibió 188.3 millones de pesos entre 2009 y 2011. Tan sólo en 2010 ser repartieron 10.5 millones de pesos entre secretarios generales del Sindicato en Guanajuato, donde Marco Antonio Miranda, de la Sección 13, recibió 1 millón 170 mil pesos; el de la Sección 42 de Chihuahua, Gustavo Martínez, 723 mil pesos, y la de la Sección 9 de la Ciudad de México, María Teresa Pérez, recibió 1 millón 156 mil pesos. Las empresas a las que se les hizo estos cobros ilegales fueron Crédito Maestro, Maayane, Kondinero, Consupago y Homex. Reforma cita documentos judiciales, a los que tuvo acceso, en los que se detalla que tres de estas empresas hicieron depósitos por 327 mil 364 pesos en 2010 a otra firma llamada Servicios Financieros DC, creada en octubre de 2009. La empresa transfirió casi 9 millones de pesos a líderes del SNTE. Otras tres empresas que se beneficiaron, según Mauricio Urtaza Martínez, uno de los presuntos responsables de triangular los depósitos y hoy preso, estaban relacionadas con la ex lideresa Elba Esther Gordillo, Mónica Arriola, quien falleció el pasado mes de marzo, y su padre Francisco Arriola.
Los documentos en poder de Reforma detallan que entre los beneficiados en 2010 con los recursos de estas comisiones ilegales están el entonces secretario de la Sección 38 de Coahuila, Carlos Ariel Moreira Valdez, hermano del ex líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira, y del actual Gobernador del estado, Rubén Moreir, y quien recibió al menos 75 mil pesos. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/14-06-2016/3054045
Ciudad de México. El comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, advirtió que el gobierno federal impedirá el bloqueo de las carreteras y que de ser necesario, se aplicará “el uso moderado de la fuerza” para liberar las vialidades. Lo mismo ocurrirá ante la pretensión de establecer plantones sin el permiso de la autoridad, señaló al ser cuestionado sobre las acciones que tomará la autoridad en respuesta a las acciones anunciadas por miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El funcionario dijo, en entrevista realizada en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se debe tener claro que “la fuerza sólo debe usarse como último recurso”. -¿Cuál es la instrucción del gobierno federal para enfrentar posibles movilizaciones de maestros disidentes? -En la lógica de manifestaciones lo que se hace es impedir que se bloquee una carretera. Aquí tenemos dos derechos en conflicto: el derecho a la libre manifestación y el derecho al libre tránsito, hay que lograr en un ejercicio de ponderación que estos dos derechos coexistan. No podemos permitir que se bloqueen carreteras, entonces lo que se hace es, extenuar el diálogo, insistirle a los manifestantes que deben dejar acceso a los transeúntes y también a los vehículos, de no ser así, pues tenemos que hacer uso moderado de la fuerza. -¿Y en el caso de los plantones?
Ciudad de México. En víspera de que entre en vigor, a nivel nacional, el Nuevo Sistema de Justicia Penal, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, aseveró que los derechos humanos deben ser respetados de manera absoluta por toda autoridad, porque “no son requisitos u obstáculos para la justicia”, sino la única garantía de que cualquiera de nosotros sea juzgado por las leyes, por tribunales y conforme al debido proceso legal. “Sin tortura, sin presión, sin simulaciones y engaños”. Eso es precisamente lo que queremos todos los mexicanos, evitar la arbitrariedad, sostuvo al encabezar la ceremonia de entrada en Nuevos Sistema de Justicia Penal en los estados de Baja California, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas y el Archipiélago de las Islas Marías, en la sede del máximo tribunal, en donde subrayó que sin el debido proceso legal, “cualquiera de nosotros, correrá el riesgo de ser declarado culpable sin haber sido realmente juzgado por sus actos, sino por apariencias, por decires de terceros”. Los derechos de la persona no se negocian, no se someten al criterio publicitario, dijo ante el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la procuradora general de la República, Arely Gómez González; ministros, consejeros de la Judicatura Federal y representantes del Congreso de la Unión. El ministro Aguilar reconoció que éste nuevo modelo, “claro que llevará riesgos, claro que exigirá a la autoridad cumplir con la ley respetar los derechos desde el momento mismo de la detención”, pero es precisamente lo que queremos todos. En su discurso, salió nuevamente en defensa de los jueces federales al cuestionar a quienes los descalifican “fuera del contexto en el que han juzgado”, porque ello no contribuye a lograr un mejor sistema de justicia penal, “y menos haciéndolo sin conocimiento directo de los hechos y derechos que han estado en juego en cada caso concreto”. Como jueces, aseveró, tenemos la obligación de hacer cumplir los derechos de las personas y seguir los procedimientos de ley, pues la única manera de garantizar una justicia objetiva. “No se trata de legalismos, no son tecnicismos, son compromisos del Estado Mexicano para garantizar a sus ciudadanos seguridad jurídica y convivencia“. “Ignorar la ley diciendo olímpicamente que son sólo cuestiones de leguleyos, es ignorar que queremos vivir en un Estado de derecho, donde sepamos todos que la ley nos guía y nos protege de la arbitrariedad”, subrayó. En tanto que, la procuradora general de la República, Arely Gómez González y el secretario de Gobernación coincidieron en señalar que la reforma que entra en vigor a partir del próximo 18 de junio, respondió a la necesidad de superar un sistema de justicia penal “que no cumplía con sus objetivos de brindar una justicia pronta, expedita, imparcial, y sobre todo, en la que confiaran las personas, Agregaron que una vez que entre en vigor el nuevo sistema, “inicia la etapa de consolidación” , la cual obligará a todos los sectores involucrados a un ejercicio de autocrítica, respecto a la actuación de los servidores públicos en el procedimiento penal. Arely Gómez, precisó que se requerirá que las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia fomenten la correcta observancia de los protocolos nacionales de actuación, la capacitación y profesionalización permanente de nuestros servidores públicos. Para garantizar el éxito, añadió, debemos trabajar en transmitir a la ciudadanía sus beneficios, bondades y desafíos, indicó la procuradora, quien dio a conocer los primeros resultados que acreditan –afirmó-, el funcionamiento de este modelo en la Procuraduría General de la República (PGR). Tenemos 10 sentencias de juicios orales a nivel federal; además, 178 sentencias condenatorias en procedimientos abreviados. Hoy la prisión preventiva es la excepción, no la regla, señaló y agregó que más de mil medidas cautelares han sido determinadas, evitando que igual número de personas vayan a prisión. Suman 609 las resoluciones mediante la determinación de la suspensión condicional del proceso, lo que significa que el acusado presente una opción para reparar el daño a la víctima y se resuelva el proceso, comprometiéndose a cumplir con las restricciones impuestas por el juez.
A su vez, Osorio Chong agregó que si bien, hemos dado el primer paso hacia una forma de procurar e impartir justicia, está pendiente el reto de la consolidación para que cada quien, en el ámbito de su competencia evalúe, perfeccione y capacite a los operadores del nuevo sistema de manera permanente. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: JESÚS ARANDA. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/14/alistan-entrada-en-vigor-del-nuevo-sistema-de-justicia-penal
CHIHUAHUA, Chih: Luego de 15 meses en prisión, Luis Manuel Barraza Torres; Ramón Verdín Uvalle, ‘El Cabe’; Gabriel Gustavo Ramírez López, ‘El Chicle’, y Juan Alfredo Velázquez García, ‘El Suave’, acusados de participar en el asesinato de cinco jóvenes el 7 de febrero de 2015, fueron absueltos la semana pasada después de que el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento del proceso penal porque no encontró pruebas para inculparlos. En su momento, todos ellos fueron exhibidos ante la prensa como integrantes de un grupo delictivo que supuestamente cometió el multihomicidio e hirió a otras cuatro personas en una fiesta celebrada en la colonia Felipe Ángeles de Ciudad Juárez. Jorge Luis Barraza Muñiz, padre de Luis Manuel, presentó diversas denuncias y quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) porque su hijo –sostuvo– fue torturado para declararse culpable. Además la Fiscalía nunca tuvo pruebas, sólo su declaración, porque ni siquiera fue reconocido por los otros supuestos cómplices. De acuerdo con la causa penal 3257/2015, el agente del Ministerio Público Ángel González Cancino presentó un escrito dirigido a la presidenta del Tribunal de Juicio Oral, Emma Terán Murillo, para pedirle el sobreseimiento del caso por falta de pruebas. Finalmente el caso se cerró y se ordenó la libertad inmediata de los cuatro imputados. A todos se les absolvió porque no hubo pruebas científicas, y el protocolo de Estambul aplicado demostró que los muchachos fueron torturados. En entrevista con Apro, el año pasado, el padre de Luis Manuel Barraza dio a conocer que su hijo fue torturado, pese a que no participó en la masacre del 7 de febrero de 2015, pero ante la presión social la Fiscalía estaba obligada a dar resultados. En aquella ocasión cinco hombres fueron asesinados y otras tres personas resultaron lesionadas. Las autoridades se apresuraron a informar que las víctimas eran de El Valle de Juárez, y aseguraron que habían acudido a una fiesta en la vivienda donde ocurrieron los hechos. Sobre los presuntos agresores, afirmaron que eran del Barrio Azteca y cometieron el multihomicidio porque vieron invadido su territorio. Entonces el fiscal general Jorge Enrique González Nicolás aseveró que tenían evidencias científicas, entre ellas un video captado por las cámaras viales en las que se observan varios vehículos llegando al estacionamiento de una tienda ubicada en el bulevar Bernardo Norzagaray y a una estación de servicio donde los conductores compraron gasolina. A Luis Manuel Barraza Torres lo señaló como sicario y vendedor de droga porque el día del crimen, dijo, fungió como “halcón” y prendió fuego a los vehículos y a dos cadáveres. Sin embargo, el padre de aquel aseguró que su hijo viajaba cada semana a El Paso, Texas, y el día de su detención (22 de febrero de 2015), de regreso a Ciudad Juárez, circulaba tranquilo por la calle después de visitar a su novia. Ese día fue aprehendido y presentado junto con otros tres hombres como presunto responsable del crimen. Un juez de Garantía los vinculó a proceso por los delitos de homicidio en contra de las cinco víctimas, lesiones en contra de otras tres y un incendio intencional de dos vehículos de reciente modelo. El 2 de marzo del año pasado, Luis Manuel presentó una queja por tortura ante la CEDH, en la que denunció que cuando fue detenido lo esposaron sin motivo, le tomaron fotografías con celular y lo llevaron a un lugar desconocido, donde le avisaron que lo trasladarían a la Fiscalía para investigarlo. “Me dijeron que yo era el del video y me empezaron a golpear, me pusieron la chicharra en las palmas de las manos y en la espalda, me golpeaban la cabeza con la mano abierta, muy fuerte, querían que les dijera que yo era el del video (…) Yo estaba con los otros y escuchaba a uno de los ministeriales decir que el jefe ya los traía muy presionados con ese trabajo (…) Me llevaron para que me reconociera alguien de los que venían golpeado y dijo que sí. Estuve escuchando cómo gritaban otras personas, cómo lloraban y los torturaban peor de lo que a mí me hicieron. No lograron sacarme ninguna declaración a mí porque les dije que yo no diría nada que no fuera cierto”, destacó en su queja. El imputado presentó inflamación, escoriaciones y dolor fuerte en varias partes del cuerpo. El juez ordenó un examen médico, pero nunca se lo practicaron. Su familia contrató los servicios de David Rodríguez Torres, secretario general del Centro de Desarrollo de Investigaciones en Ciencias Forenses en Ciudad Juárez, para comprobar con evidencias científicas que las Fiscalía no podía demostrar la culpabilidad de Barraza Torres. En el expediente 3257/2015, Rodríguez evidenció que el Ministerio Público solicitó únicamente la huella genética de puertas, palanca de cambios y volante del vehículo Dodge línea Neón modelo 1993 utilizado en el crimen, que ese mismo día fue robado, pero no aplicó reactivos químicos para realizar el revelado, fijación y levantamiento de impresiones dactilares en el interior y exterior del automóvil. La Fiscalía pidió al director estatal de Servicios Periciales y Ciencias Forenses la realización de un retrato hablado del sujeto que llegó a la estación de servicio para comprar en galones de agua la gasolina utilizada para incendiar los autos y a las personas. Finalmente ese retrato no se hizo y Barraza Torres fue acusado de comprar la gasolina. En un oficio del jefe de Bomberos, Alfredo Salas, al director de Protección Civil municipal, Fernando Mota Allen, le informó que el personal de la Fiscalía General del estado (FGE) “no permitió el acceso al lugar a personal de Protección Civil y Bomberos, bajo el argumento de ser ellos los encargados de la escena tomando posesión de la misma, de tal manera que no se llevó a cabo la total extinción del fuego, ni se realizó la serie fotográfica y verificación de evidencias para determinar las causas que originaron el siniestro”. El mismo 22 de febrero el agente del Ministerio Público solicitó al médico legista, a través del oficio UIDV-1548/2015, que practicara la toma de saliva a Luis Manuel Barraza, pero hasta ahora no se tienen los resultados para cotejarlos con el material de los hisopados realizados en el vehículo Dodge 1995. Luego de la absolución de los cuatro afectados, las familias analizan presentar una demanda contra el Estado por daño moral, económico, emocional y psicológico al que fueron sometidas las víctimas. En lo que va de 2016, la CEDH ha emitido 11 recomendaciones por tortura y/o detención arbitraria en la entidad: cinco en Ciudad Juárez, cinco en esta capital y una en San Francisco del Oro.
En total, la FGE ha recibido diez recomendaciones, ocho por tortura y las otras dos por omisión en investigaciones de casos. En tanto, la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez ha recibido dos por tortura. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA MAYORGA. LINK: http://www.proceso.com.mx/443903/pasan-15-meses-en-prision-los-liberan-falta-pruebas
CIUDAD DE MÉXICO: Les ocurre lo que al alcohólico que no asume su enfermedad o al asqueroso que esconde la basura debajo de la alfombra, aunque también es cinismo extremo, pero los encuestadores están como si nada hubiera pasado, como si no hubieran cometido el peor fiasco de la historia de las encuestas en México. La mayoría de las encuestas preelectorales, y sobre todo las de salida, fallaron de manera grotesca este 5 de junio, y la respuesta de los empresarios del sector es, otra vez, ignorar el asunto, como no se habla –diría Julio Scherer García– de una enfermedad sucia. Con el aval del Instituto Nacional Electoral (INE) –onerosa ý facciosa institución–, los encuestadores, en especial los que publican en medios, han venido errando desde las elecciones estatales de hace seis años, en 2010, y en 2012 hicieron un ridículo espectacular en su apuesta por Enrique Peña Nieto y el PRI. Recordemos: Buendía y Laredo, en El Universal, le dio a Peña 17.1 puntos de ventaja sobre Andrés Manuel López Obrador; Ulises Beltrán, en Excélsior, le otorgó 16; Parametría, en El Sol de México, 15.2; Roy Campos, en Televisa, 15.1; GEA-ISA, en Milenio, 18 puntos, y Harris-Indermerc, en El Financiero, le asignó ¡20.1! En 2012, a los encuestadores la realidad los puso en su lugar –Peña ganó oficialmente por 6.5%–, pero no les importó. El año pasado, en la elección federal, volvieron a errar, y en las elecciones estatales del pasado domingo 5 lo volvieron a hacer. Un ejemplo: El Financiero, que contrató a Alejandro Moreno, dio como ganadores a los candidatos del PRI en Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo, Aguascalientes y Oaxaca, pero acertó sólo en este último. En Quintana Roo dio al PRI 44% y 41% a la alianza PAN-PRD, pero ésta ganó por más de 10 puntos, y en Tamaulipas dijo que había un empate a 44 puntos entre el PRI y el PAN, pero éste ganó con casi 15 puntos. El Financiero se equivocó por amplio margen en la elección del Constituyente de la Ciudad de México: Previó que Morena obtendría 34% por 15% del PRD, pero al final resultó casi en empate, con ligera ventaja para el primero. Otro ejemplo: Parametría, de Francisco Abundis, quien ahora publicó en Milenio –que en 2012 publicó a GEA-ISA–, volvió a presentar encuestas erróneas: Aseguró que el priista Héctor Yunes Landa ganaría con 36% sobre su primo Miguel Ángel Yunes Linares, el expriista candidato del PAN-PRD que lograría sólo 32%, pero fue al revés. En Durango y Quintana Roo, Milenio-Parametría adelantó que ganaría el PRI, pero se impuso la alianza PAN-PRD, y en Tamaulipas aseguró que era una elección “incierta”, pero el candidato panista se impuso con 15 puntos de diferencia, lo mismo que en Chihuahua, que la dio como “cerrada”, pero el panista Javier Corral ganó con 10 puntos. ¿Qué hacer ante este ominoso panorama, sobre todo cuando el próximo año se anticipan elecciones competidas en los estados de México, Coahuila y Nayarit, pero en especial hacia la elección federal de 2018, que también se prevé cerrada? Federico Berrueto, director general de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), reta a sus colegas: “De una vez por todas, para empezar, que los encuestadores den la cara, que expliquen por qué las encuestas son erráticas. Que se olviden un poquito del dinero y se comprometan con el oficio”. Berrueto, quien pide que el INE llame al debate, asegura que las encuestas hierran porque se usan como instrumento de propaganda y no de investigación, pero además porque la inseguridad en zonas del país impide levantamiento en campo, y también ha aumentado el rechazo a ser encuestado y los ciudadanos mienten para ocultar su voto. “Las condiciones para hacer encuestas precisas no existen en México y los encuestadores, por alguna razón, no lo están diciendo”, expresa Berrueto, quien advierte que, además de las dificultades metodológicas, hay a un problema mayor: la corrupción. “Además de problemas técnicos y metodológicos, el problema que estamos viviendo ahora es de falta de integridad. Lo que más nos debe ocupar es resolver eso”, puntualiza, y apuesta a que en el debate que eventualmente se produzca también intervengan los medios, incluidos los que difunden encuestas que paga el PRI, por ejemplo, y que por tanto jamás van a ir en contra.
El reto de Berrueto a sus colegas encuestadores se ha hecho público. Ahora falta saber si los empresarios del sector se siguen escondiendo y el INE los solapa… FUENTE: PROCESO. AUTOR: ÁLVARO DELGADO (ANÁLISIS). LINK: http://www.proceso.com.mx/443883/edomex-josefina-candidata
COXCATLÁN, Pue: En un funeral como nunca se había visto en esta comunidad, con 11 féretros en fila –uno de un pequeño que no alcanzó a nacer–, el sacerdote Anastasio Hidalgo Miramón reclamó justicia, aunque advirtió que en este país no hay a quién pedirla. “Pedimos que se haga justicia, pero decir justicia en este país es como una voz que grita en el desierto”, expresó el clérigo durante una misa que se ofreció en el estacionamiento de la presidencia municipal, donde fueron velados los cuerpos de 11 de las 12 víctimas de la masacre ocurrida la noche del jueves 9 en la comunidad El Mirador de este municipio. El cuerpo de Israel, la pareja de Silvia, fue llevado a Zoquitlán, de donde es originario. Los restos de los integrantes de la familia, entre ellos dos niñas y el bebé con ocho meses de gestación que aún estaba en el vientre de su madre de nombre Belén, tuvieron que ser sepultados en Coxcatlán, aunque los parientes querían llevarlos a El Mirador. La misión resultó imposible, pues tenían que caminar casi una hora con los 12 ataúdes a cuestas.
En su sermón, el sacerdote hizo referencia a la pobreza que se vive en esta región, lo cual hace que para sus pobladores sea aún más lejana la justicia en la tierra y no queda más que esperar la justicia divina. “(Las víctimas) son hermanos nuestros de la Sierra Negra ¿cuándo han sido tomados en cuenta los hermanos de la sierra? ¿Cuándo se les ha dado los servicios que merecen?”, cuestionó; “ellos vivían casi una hora a pie… siempre han sido marginados, siempre han vivido en la extrema pobreza”. “Por eso cuando yo digo: exigir justicia ¿pero a quién le exigimos justicia?”, recalcó. “Decía uno de los familiares al llegar ¿Justicia? ¿Aquí en la tierra? Sólo esperamos justicia divina, porque aquí en la tierra, yo creo que unos ocho días más y lo metemos al archivo del olvido, este país lo que no tiene es memoria histórica, entre más rápido se olvide, mejor”. ¿Tienen que ser 11, tienen que ser 12? ¿Alguien que ni siquiera conoció la luz de la vida?”, deploró el sacerdote. “¿Tienen que ser 43 en Ayotzinapa, tiene que ser Tlatlaya, tiene que ser Apatzingán, tiene que ser Tetelcingo? En este país, repito ¿quién va a hacer justicia? Aun así tenemos que seguir, como Juan Bautista, como una voz en el desierto, exigiendo justicia”. En los ataúdes yacen Plácida Sánchez Martínez, sus hijos Ángela, de 30 años de edad; Ángel, de 23, y Jhony de 18, así como las niñas Monserrat y Carolina Hernández Palacios, de 10 y 9 años, respectivamente, quienes eran hijas de Ángela. Igual están Baltazar Sánchez Montalvo, y su esposa Isabel Hernández Sánchez, junto con sus hijas Silvia –ultimada junto con su esposo– y Belén, quien tenía 22 años de edad. Sobre el féretro de esta última fue colocado el más pequeño de todos, que contiene los restos del bebé que ya llevaba ocho meses de gestación y fue ultimado antes de nacer. En el lugar pocos son los que comentan sobre las causas que ocasionaron esta tragedia. De acuerdo con las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado, basadas en los testimonios de cinco testigos, el responsable de este multihomicidio sería un sujeto que hace más de nueve años abusó sexualmente de Silvia y la dejó embarazada. Según esto, este hombre habría advertido a la mujer que no podía tener pareja porque regresaría para matarla. Silvia apenas tenía unos meses que se había “juntado” con Israel, por lo que el sujeto, cuya identidad ya está ubicada, habría decido darle muerte a ella y a toda su familia.
De 2012 a 2015 la pérdida de armas de la Procuraduría se ha disparado más de 200%. A nivel nacional, solo las policías del estado de México y la Ciudad de México han extraviado o les han robado más armamento que a PGR.
En 2015 la Procuraduría General de la República (PGR) reportó la pérdida o robo de 290 armas de fuego cortas y largas asignadas a sus agentes. Es la mayor cantidad de armas perdidas por la Procuraduría desde que se tiene registro y equivalen a la quinta parte de todas las armas que las fuerzas de policía del país perdieron ese año. Datos oficiales revelados vía transparencia, arrojan que 2012 a 2015 creció más de 200 por ciento el número anual de armas oficiales perdidas por los agentes de la PGR. En total, desde el 2006 la Procuraduría ha perdido mil 171 armas de fuego, cifra superior incluso al número de armas perdidas por la Policía Federal pese a que esta tiene más de 40 mil elementos, por apenas 8 mil de la PGR. A escala nacional, solamente la secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y la Coordinación Estatal de Seguridad Ciudadana del estado de México han perdido o les han robado más armas que a PGR. En total, hay actualmente 13 mil 259 armas de fuego reportadas como perdidas o robadas por las corporaciones civiles de policía en el país de todos los niveles entre enero de 2006 y abril de 2016 (incluidas empresas de seguridad privada) Por lo menos, una de cada cuatro armas “extraviadas” por los agentes de policía eran armas largas, es decir, escopetas y rifles permitidos a civiles como los AR-15. Esta información fue transparentada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que es la única instancia en el país autorizada para conceder licencias de portación de armas de fuego. Las corporaciones de seguridad están obligadas a reportarle el extravío o robo de cada una de las armas que les son autorizadas.
Hay casos como el de la Ciudad de México, donde el gobierno local ha rechazado dar a conocer la cantidad de armas que han perdido clasificando la información como reservada, bajo el argumento de que “se podría generar pánico” entre la sociedad y afectar campañas como las del canje de armas voluntario.
PGR, pérdidas silenciosas En la última década, la información oficial revela que los agentes de la PGR han perdido o les han robado mil 171 armas de fuego, de las cuales 917 son armas cortas y 252 armas largas. Es la dependencia civil federal con la mayor cantidad de armamento extraviado y a escala nacional, tomando en cuenta policías de todos los niveles, ocupa el tercer puesto. De hecho, una de cada 13 armas de fuego robadas en México en la última década estaba asignada a un agente de la PGR. Entre 2006 y 2010 la PGR logró reducir de 181 a 61 su cantidad anual de armamento extraviado En 2011 incluso la dependencia no reportó una sola pistola o rifle robado a sus agentes. Sin embargo a partir de ese momento inició una tendencia al alza que no se ha detenido. En 2015, la Procuraduría reportó 290 armas desaparecidas, la mayor cifra anual registrada hasta el momento. Es además un alza en esta estadística por cuarto año consecutivo, y un incremento de 78 por ciento tan solo respecto a 2014, cuando la cifra fue de 169 armas extraviadas. Sobre la pérdida del armamento a manos de sus agentes la Procuraduría General de la República no ha hecho señalamientos públicos al respecto. Animal Político consultó a la dependencia si tenían identificadas las causas de esta situación y alguna posición o investigación al respecto, pero la respuesta fue que se revisarían los datos. Los datos de la Sedena, revelados en respuesta a la solicitud de transparencia folio 000070077316, no diferencian en ningún caso el modelo específico de armas robadas más allá de si se trata de cortas o largas. Los agentes de la PGR en su mayoría adscritos a la Policía Federal Ministerial, tienen autorizada la portación de pistolas de cargo calibre 380 de marcar como Glock, mientras que los elementos adscritos a su grupo táctico de reacción porta armas largas como los rifles AR-15. A nivel federal, la segunda corporación civil con mayor pérdida de armamento es la Policía Federal con un total de mil 69 armas cortas y largas extraviadas. Es un centenar de armas menos que la PGR aunque la Policía Federal quintuplica en número de elementos operativos a la Procuraduría, y por ende cuenta con más armamento bajo su responsabilidad.
La otra corporación civil a nivel federal con licencias de portación de armas de fuego es el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN). Los agentes de inteligencia de esta dependencia perdieron 102 armas de fuego en 2007 y 2008. En los últimos años no se registran nuevos casos.
Policías que más pierden De acuerdo con los datos de la Sedena, hasta abril de este año hay 13 mil 259 armas de fuego perdida so robadas a los policías. De ellas, diez mil 536 fueron extraviadas por las corporaciones de seguridad pública y las procuradurías estatales o municipales. El estado de México es la entidad líder en pérdidas de armas. Los policías estatales y los ministeriales de esa entidad han extraviado o les han robado en menos de diez años más de dos mil armas de fuego. Varios casos de robos de armas a las fuerzas del orden en esa entidad se han hecho públicos. Apenas el pasado 18 de febrero, un grupo de delincuentes consiguió llevarse 14 armas de fuego de un módulo de la policía municipal en Nezahualcóyotl. En mayo de 2015, fue el cuerpo de seguridad auxiliar del estado de México el que perdió cinco pistolas de cargo luego de que delincuentes sometieron a elementos de esta corporación y los desarmaron. En abril, por citar solo otro caso, nueve fusiles AR-15 bajo responsabilidad de la policía de Naucalpan fueron robados de una de las armerías de esa dependencia. La segunda entidad en donde los policías pierden sus armas en mayor cantidad es la Ciudad de México. Los datos oficiales de la Sedena revelan que los agentes de la policía y la procuraduría capitalina acumulan mil 836 armas de fuego perdidas o robadas del 2006 a la fecha. Esta cantidad se pudo conocer gracias a la Defensa Nacional pues la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México argumentó, en respuesta una solicitud de transparencia, que era información reservada y darla a conocer generaría varios riesgos, entre ellos, que se genere un estado de “pánico” entre los capitalinos que a su vez, provoque que la sociedad busque armarse. “(Dar a conocer las armas perdidas por la policía) pondría en claro riesgo la vida, la seguridad o la salud, al generar inseguridad en los habitantes de la Ciudad de México y potenciar negativamente la necesidad de la ciudadanía para asumir una cultura de seguridad preventiva, tomando las acciones necesarias para su autoprotección al adquirir artefactos para su autodefensa como lo son las armas de fuego” respondió la dependencia a la solicitud de transparencia folio 0109000258816. Guerrero es la tercera entidad federativa con más pérdidas de armamento de parte de sus policías con 807 casos en el mismo periodo. Le siguen Michoacán con 540 pistolas y fusiles robados a sus fuerzas estatales y municipales, y luego Chihuahua con 510 armas. En el balance anual, y tomando en cuenta las armas perdidas tanto por las policías estatales como por las federales, el 2009 ha sido el año en que ms armamento se perdido con dos mil 81 armas de fuego en total. Roban armas también a policías privados Las corporaciones de seguridad privada que se encuentran legalmente reguladas y que tienen licencias oficiales expedidas para portar armas de fuego, también han perdido o han extraviado fusiles y pistolas. De 2006 a 2016, el saldo es de 381 casos en total, de acuerdo con los datos oficiales de la Secretaria de la defensa Nacional. La empresa Servicios Panamericanos SEPSA SA de CV es la que registra la mayor cantidad de amras robadas con 49 armas perdidas o extraviadas en la Ciudad de México y municipios conurbados, así como en Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco. La segunda compañía privada con más pérdidas de armamento es Seguritec Transporte de Valores SA de CV con 45 casos en la Ciudad de México, el estado de México, así como en Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco.
La balacera ocurrió alrededor de las 21:0 horas, luego de que policías capitalinos se percataron de un robo.
Agentes de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México se enfrentaron a balazos con dos presuntos delincuentes la noche de este lunes 13 de junio en las calles de Parras y México, en la colonia Condesa. El saldo de la balacera es de un presunto delincuente detenido y uno más muerto, de acuerdo con una tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP). Alrededor de las 21:30 horas de este lunes, “elementos de la Policía Auxiliar se percataron del asalto a una persona en el interior del Parque México. Al observar a los uniformados, los implicados detonaron un arma de fuego, por ello, la agresión fue repelida por personal policiaco”, indica la tarjeta informativa. “En el lugar quedó lesionado un sujeto de aproximadamente 35 años, mismo que requirió apoyo médico, por lesión con arma de fuego a la altura del coxis. De inmediato, se pidió el apoyo de los servicios de emergencia, quienes lo trasladaron al Hospital General en calidad de desconocido. En el trayecto, el imputado murió”, agregaron las autoridades capitalinas. Luego de herir a uno de los presuntos delincuentes, los policías persiguieron y detuvieron al segundo probable responsable.
CIUDAD DE MÉXICO: El gobierno federal inició el proceso de venta de los dos últimos ingenios azucareros en poder del Estado, por un monto total de mil 390 millones de pesos, unos 73.8 millones de dólares. A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) informó del proceso de licitación de los ingenios El Potrero y San Miguelito, con cuya venta el gobierno pondrá fin a la nacionalización de este tipo de fábricas desde hace una década. El Potrero y San Miguelito tienen el 3.9% del mercado nacional de azúcar, de acuerdo con el SAE, y Veracruz, es el principal estado productor de azúcar del país. Conforme a la convocatoria publicada en el DOF, la apertura de ofertas de compra y el fallo de la licitación se realizará el 26 de agosto.
CIUDAD DE MÉXICO: El dólar inició la jornada de este martes al alza y se mantiene por encima de la barrera de los 19 pesos en ventanillas bancarias y en centros de cambio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
En ventanilla bancaria, el billete verde se vende en 19.30 pesos, según cifras de Bancomer y BanBajío; HSBC lo ofrece en 19.16 y Banamex en 19.10. Centros bancarios del aeropuerto venden cada billete verde en 19.11 en promedio y en un máximo de 19.15, mientras que a la compra se adquiere en 17.72 en promedio y en un mínimo de 17.70. En el mercado interbancario el dólar se vende en 18.97 pesos, lo que implica una caída de la moneda mexicana de 0,71%, según datos de Bloomberg a las 9:08 horas locales.
El fuerte avance del dólar estadounidense coincide este martes con una salida de capitales de los llamados mercados de riesgo. El lunes pasado el dólar rompió la barrera de los 19 pesos al venderse hasta en 19.10 pesos en ventanillas bancarias y casas de cambio, 15 centavos más respecto del cierre previo
CIUDAD DE MÉXICO: Dos de las siete leyes del paquete anticorrupción fueron aprobadas esta madrugada en las comisiones unidas del Senado: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que son las dos donde menores diferencias existen entre los partidos. Las diferencias fundamentales persisten en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, conocida como Ley 3de3, donde el PRI y el Verde dictaminaron que no fuera obligatoria la entrega de los informes patrimoniales, declaración fiscal y de conflicto de intereses de los funcionarios públicos. La otra ley donde existen diferencias son las reformas a la ley orgánica de la PGR para crear la Fiscalía Anticorrupción y las reformas al Código Penal para sancionar los casos de corrupción. Ambas serán discutidas este martes. Tras más de 10 horas de receso, las comisiones de Anticorrupción, Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda se reunieron en la madrugada y aprobaron las dos leyes sin mayor discusión entre los legisladores.
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece las bases para la coordinación entre la federación y los estados, para que investiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos de corrupción. El senador del PRI, Enrique Burgos, argumentó que con esta ley se contará con un Sistema Nacional de Fiscalización y se creará una Plataforma Digital del Sistema, integrada por la información que incorporen las autoridades integrantes del sistema nacional. La senadora del PAN, Laura Rojas, del PAN, indicó que el dictamen retomó más del 60% de la iniciativa presentada por su partido, y que cumple con el proceso de prevenir, detectar, investigar y sancionar los hechos de corrupción. Por el grupo del PRD, Armando Ríos Pitter destacó que “la corrupción mata” al referirse a la desaparición de cerca de 30 mil personas y de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
“Hice evidentes las carencias que tiene el Hospital, tanto en infraestructura como en insumos, la mala calida de la atención, los contratos temporales que tenemos la mitad de los trabajadores” relató desde Quintana Roo, a Desinformémonos, Oscar Hernández. Es uno de los médicos del Hospital General de Playa del Carmen que levantó la voz por las malas condiciones de atención en el mayor centro público de la ciudad caribeña, así como por las condiciones de trabajo en que se ejerce allí la profesión, tanto médicos como pacientes. Menos de dos semanas después de promover la organización de los trabajadores, fue despedido arbitrariamente por la dirección del Hospital, encabezada por el Dr. José Bolio Rosado. Hace 5 años que Hernández trabaja en el Hospital de Playa del Carmen, donde se atiende el grueso de la población, ya que el otro centro público de atención es el del IMSS, que corresponde a quienes tienen trabajo fijo. “El 18 de mayo convoqué a una junta a mis compañeros para exponer mi punto de vista sobre las condiciones del hospital y las laborales, en que el 50 por ciento de los trabajadores somos contratados y la otra mitad tienen base” El puntapié sucedió días antes, cuando durante una cirugía de traumatología que realizaba a un paciente que había tenido una fractura, se fue la luz. Fue la gota que derramó el vaso, ya que la planta de energía eléctrica que tiene que sustituirla, demoró 40 minutos en prenderse, dado el malo o nulo mantenimiento que tiene. “Hubo mucho quorum en esa junta que llamamos, en el auditorio del propio hospital. Creo que la junta directiva se sintió amenazada porque se presentó el Secretario Jurídico de la Secretaría de Salud del Estado, Rodolfo Hernández Álvarez, estuvo presente, filmando el evento” Unas 150 personas, entre médicos y enfermeros y trabajadores del hospital poblaron el lugar. No hay sindicato u organización en el Hospital al que pudieran recurrir, entonces eso fue uno de los primeros puntos a plantear: crear una figura legal que los representara. Al día siguiente, el médico promotor de la organización de los trabajadores del hospital, recibe una citación para tomar su declaración por parte del jurídico ya nombrad. Sin embargo, ni lerda ni perezosa, la dirección del hospital denunció al médico: “me acusaron de haber tomado las instalaciones del hospital, por el uso del auditorio, de una computadora y de un micrófono” Hernández dice que el auditorio es un espacio que permanece abierto en el hospital, que nada fue forzado para su uso, y que él, junto con sus compañeros hizo uso de su derechos a la libre asociación. “Me tomaron la declaración y me hicieron una especie de juicio. Me quisieron presentar como una persona violenta, pero no fue así. Mis compañeros tomaron la denuncia como un acto represivo y se molestaron, entonces el viernes 20 organizamos una marcha en el Hsopital, denunciando las condiciones de atención y trabajo. Esa fue la primera, hemos hecho 4 ya.” También realizaron un pliego petitorio en que se exige el alto a la represión contra los trabajadores organizados, la destitución de Patricia Sanabria, que es la Jefa de Recursos Humanos del Hospital “una tirana, que es quien verdaderamente mueve el Hospital” y como tercer punto, que se transparente la entrega de las “bases”, es decir, de las plazas fijas de trabajo en el centro de atención público, que permita una profesionalización de sus médicos y enfermeros. Hernández relata que la lucha que levantaron los trabajadores del Hospital tuvo un fuerte eco en la población de Playa del Carmen, que conoce las carencias porque hace uso de esos servicios en donde sabe que la luz se va, que tiene que pagarse sus propios medicamentos y que faltan insumos. Además brindó detalles de las condiciones en las que se labora: “No hay profesionalización de los trabajadores, porque por ejemplo, muchos de los enfermeros cubren 3 turnos al día, en que les pagan 325 pesos por turno. Reciben un salario de 2400 pesos a la quincena y en la muchos casos, tienen hasta 20 pacientes a su cargo, cuando los estándares de atención señalan que tienen que ser máximo 6 personas a su cargo” Antes de que le rescindieran el contrato, Hernández y el grupo organizado de trabajadores del hospital de reunió con la dirección para exigir que trasparentaran el mecanismo por el cual se les da certeza laboral a ciertos trabajadores, es decir, se les da la “base”. “Nos reunimos dos veces, de manera informal porque no dejaron nada por escrito acerca de las quejas que nosotros sí les hicimos llegar redactadas. Las recibieron de buena manera pero no lograron explicar el proceso de selección y entrega de las bases. Cantinfleaban. Dijeron que era como una tómbola. Nosotros pedimos ver la lista de escalafón que, creíamos, se arma según como fuimos llegando a prestar servicios al Hospital, que hagan pública esa lista, para poder ver quienes nos han brincado. Ellos dicen que esa lista no existe” Lo que si vieron los trabajadores organizados es que pusieron la llaga de un sistema de promociones clientelar, que más que por mérito, se utiliza como un sistema de premios y castigos. Y a Hernández el castigo le llegó pronto. “El 7 de junio me dieron mi oficio de despido, que se efectivizó el 8, el día de mi cumpleaños” Ese fue el regalo que le dieron tras 5 años de servicio público contra toda carencia en el Hospital de Playa del Carmen. “No sabía en lo que me metí, una cosa llevó a la otra y las personas se fueron molestando. Desde la dirección continúan con la represión y la coerción a mis compañeros, para debilitar la bola que éramos cuando empezamos el movimiento. Mi despido fue un acto de represión para intimidar a todo mundo, y como la administración ya se va, no les interesa el diálogo, sino heredar este problema a la administración siguiente” Por su parte, Hernández relata que este martes se reunirá con la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo, para plantear el atropello a su derecho a la libre asociación, así como prepara una respuesta legal a su despido arbitrario. También junto a la asociación “Somos tus ojos” que trabaja en temas de trasparencia y gobierno para buscar la forma de promover la publicación de los mecanismos de acceder a las bases de los cargos en el hospital, que fue uno de los motivos que arrancó el conflicto.
Las autoridades indicaron que las personas fugadas cumplían penas por delitos como violación, homicidio y robo.
Tras una riña entre internos en el penal de Barrientos, en el Estado de México, tres personas que cumplían penas por diversos delitos se fugaron de la cárcel, informó este martes 14 de junio el secretario de Gobierno estatal, José Manzur. El funcionario detalló que a las 20:00 horas del lunes 13 de junio se registró la riña, con quema de colchones y otros objetos en la cárcel ubicada en Tlalnepantla. Ante los hechos, acudieron cientos de policías y controlaron el disturbio cerca de las 10:40 horas. Horas después, ya en la madrugada de este martes, se realizó un pase de lista y se identificó la ausencia de tres internos. Las autoridades activaron un operativo, para tratar de recapturarlos.
“Las personas fugadas han sido identificadas como Ángel Roberto Hernández, quien está sentenciado por el delito de cohecho y homicidio, a partir del 26 de enero de 2010; José Antonio Arvizu Caballero, quien estaba recluido por robo a casa habitación, a partir del 10 de julio de 2013, y Bernabé Ángeles Ramírez, recluido por violación a partir del 20 de octubre de 2010”, dijo Manzur.
