miércoles, 15 de junio de 2016

Senado aprueba Ley “3de3” del Sistema Nacional Anticorrupción; PRI y PVEM frenan iniciativa original

El Senado aprobó la ley que obliga a los funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno a presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, pero como mejor les convenga. El dictamen aprobado fue propuesto por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) en abril pasado como una versión diferente a la iniciativa ciudadana Ley “3 de 3”, la cual fue respaldada por 634 mil firmas.

El Senado de la República aprobó esta madrugada la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, mejor conocida como “3de3″, pero a conveniencia de los funcionarios públicos, no como establecía la iniciativa ciudadana.

Con 94 votos a favor y 23 en contra, se dio luz verde a la ley que obliga a los funcionarios públicos de los tres órdenes de Gobierno a presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses. Sin embargo, los detalles como valor y ubicación de sus propiedades, o monto total de sus sus cuentas, así como otros detalles específicos, no serán obligatorios y dependerá del funcionario darlos a conocer.

Durante el debate del pleno, se aprobó también la presentación obligatoria de declaración patrimonial por parte empresarios que tengan contrato con el Gobierno.

Los legisladores otorgaron al Comité de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) para emitir los formatos de dichas declaraciones.

Fue a las 2:00 de la madrugada que se abrió un receso, dejando pendientes tres dictámenes: la ley de Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (PGR), que crea la Fiscalía Anticorrupción y la Reforma al Código Penal para tipificar el delito de corrupción.

El dictamen aprobado fue propuesto por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) en abril pasado como una versión diferente a la iniciativa ciudadana Ley “3 de 3”, la cual fue respaldada por 634 mil firmas.

La iniciativa ciudadana proponía definir claramente la corrupción, a partir de 10 tipos de conductas ilegales. Además, buscaba rediseñar el Sistema de Responsabilidades de los servidores públicos y planteaba sanciones a particulares en hechos de corrupción.

Más de 100 organizaciones, entre universidades, empresas y la sociedad civil, que se aliaron en el esfuerzo de recolección de firmas y la difusión de la iniciativa, que posteriormente fue entregada a la Cámara de Senadores.

El dictamen aprobado esta madrugada fue redactado por el legislador del PVEM, Pablo Escudero, quien incorporó la palabra “podrá” con respecto a los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás contenido de la declaración patrimonial de funcionarios, sus cónyuges y dependientes económicos directos.


El Senado de la República ahora da libertad tanto a los servidores públicos como a sus familiares y dependientes económicos directos de hacer públicas las especificaciones de sus declaraciones patrimoniales como mejor les convenga.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-06-2016/3054478

Concepción, la madre que obligó a Morelos a abrir su cementerio clandestino: las “Gracofosas”

En Tetelcingo, Morelos, 117 cuerpos fueron extraídos de fosas clandestinas al término del 3 de junio. El proceso fue celebrado por la Fiscalía de Morelos como un “acto de transparencia”. Pero María Concepción Hernández, la primera madre que supo de esas fosas cuando buscaba a su hijo Óscar, es quien realmente las detectó e hizo posible se conocieran a nivel nacional e internacional. Ha tenido que lidiar con ataques y hasta denuncias penales del Gobernador perredista Graco Ramírez Garrido. A este cementerio donde fueron a dar las víctimas de la violencia es conocido entre los activistas como las “Gracofosas”…

De gorra y con una playera blanca que tiene impreso el rostro de Oliver Navarrete Hernández, su madre María Concepción Hernández toma un respiro entre los periodistas que la asedian para observar el panteón irregular del predio El Maguey, en la comunidad de Tetelcingo, en el estado de Morelos. El sol empieza a esconderse en el sitio que aún preserva un fuerte olor a muerte. Horas antes del 3 de junio, las autoridades de la Fiscalía estatal de Morelos han terminado los trabajos de exhumación de 117 cuerpos que se albergaban en dos fosas clandestinas. De todos los cuerpos, el primero en ser entregado a un familiar ha sido el de Oliver, pero esa entrega no se hizo hace 10 días sino cuando inició la exhumación de cadáveres, dos años atrás.

La tarde del 24 de mayo del 2013 un grupo de personas secuestraron a Oliver Navarrete Hernández en Cuautla, Morelos. Apareció sin vida el 3 de junio de aquel año. Pero no fue devuelto a la familia por la unidad Servicios Periciales del estado de Morelos, dependiente de la entonces Procuraduría General del Estado de Morelos (PGJEM). Las primeras pruebas de ADN revelan una compatibilidad con el de su familia de más del 99 por ciento.

Esto no fue suficiente para devolver el cuerpo, y por decisión de la Subprocuradora Liliana Guevara Monroy los restos de Oliver se quedaron en esa  institución bajo el argumento de que se necesita “judicializar la carpeta”. A la fecha, la denuncia para dar con los responsables de la muerte del comerciante no han derivado en lo que denominan como “señalamientos”.

La carpeta de Oliver pasó entonces a las autoridades de Cuernavaca. Las familias comenzaron a visitar dos o tres veces por semana al Fiscal Rodrigo Dorantes Salgado, mientras el cuerpo aguardaba en los frigoríficos de Cuautla.

El 28 de marzo del 2014, el Gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu pidió un minuto de silencio por las víctimas de la violencia del estado. Durante el evento en la Casa Morelos, el mandatario morelense declaró esa fecha como el “Día de las Víctimas en Morelos”.

“Estamos aquí para aceptar nuestra responsabilidad y ofrecer una disculpa pública por las víctimas”, dijo entonces Ramírez Garrido Abreu.

Esa misma mañana, pero en Tetelcingo, trabajadores de Servicios Periciales del estado de Morelos, cumplían una orden de la directora Ana Lilia Guerrero Moreira para inhumar más de 100 cuerpos almacenados hasta entonces en Cuernavaca y Cuautla.
“A fines de noviembre –en el 2014– fue cuando nos enteramos de que ya no había cuerpos en el Semefo [Servicio Médico Forensa] de Cuautla. Y en efecto, ya no tenían ahí cuerpos. Después de eso acudimos con el Fiscal regional, que era ya Juan Manuel Salmerón, y él nos confirmó que el cuerpo de Oliver ya había sido inhumado”, relató María Concepción Hernández.

LA EXHUMACIÓN

La presión de los familiares y los grupos civiles que la apoyan hace que las autoridades accedan a realizar la exhumación del cuerpo de Oliver el 9 de diciembre del 2014.
“Ese día nos dimos cuenta que no sólo Oliver había sido inhumado, sino que había más cuerpos. Para eso se fue a grabar y hubo videos hechos desde un iPad. Nosotros no teníamos idea, porque nunca habíamos estado en una fosa. No sabíamos ni cómo se realizaba esa tarea, pero sí nos llamó la atención esa manera tan inhumana en la que estaba colocados esos cuerpos: uno encima del otro, en bolsas negras nada más”, relató la madre de Oliver.

Eran fosas clandestinas que no fueron regularizadas sino hasta el enero del 2016. El día de la exhumación de Oliver inició a trompicones. Las autoridades avisaron a la familia que no contaban con una escalerilla para utilizar en el operativo. Amalia Hernández, hermana de María, hizo un esfuerzo de conseguir una pero al regresar al punto acordado –una tienda Oxxo en la entrada de Cuautla– los peritos ya se habían ido a hacer el trabajo.

“Y no le contestaban el teléfono”, recordó María. “Pero como ya se tenía ubicado el predio se fue ella hacia allá. Ya estando ahí se sorprendieron y no les quedó de otra que aceptarla. Cuando empezó a tomar el video, le dijeron que no podía grabar, y ella dijo: ‘pues enséñenme una orden de que no puedo grabar, pero mientras yo lo voy a seguir haciendo ustedes dedíquense a hacer su trabajo’”.

La familia se dio cuenta entonces que ahí había un gran número de personas, y Oliver resultó ser uno de los últimos cuerpos que se exhumaron.

María Concepción Hernández relató que en ese momento los restos de su hijo carecían de un trámite legal que debió haber hecho la Fiscalía para poderse enterrar. Aún recuerda la conversación que sostuvo su hermana con las autoridades:

—Oiga, señora, ¿no nos podría dar los restos para terminar el trámite y se los volvemos a entregar—, le dijo Salmerón.

—Sólo con el Ejército nos van a obligar a dárselos. No nos importa velarlo varios días si es necesario, lo vamos a tener en nuestra casa. Y si la gente pregunta que por qué tantos días vamos a decir que por las pendejadas del Procurador—, respondió Amalia Hernández.

El 10 de diciembre, los restos de Oliver fueron enterrados. Sin embargo, esta falta de papeleo levantó la suspicacia en la familia sobre el resto de los cuerpos que ahí se hallaban. Y dos meses más tarde denunciaron ante la Fiscalía Regional Oriente las anomalías en el manejo de los restos. Un hecho que atrajo la atención pública a nivel nacional e internacional.


ESTALLA EL ESCÁNDALO

La especulación sobre el número de cuerpos enterrados en Tetelcingo creció no sin razón: México es un país que reporta más de 27 mil desaparecidos. En un principio la dependencia a cargo del Fiscal Javier Pérez Dubón aseguró que ahí estaban enterradas 105 personas.

Sin embargo, una tarjeta informativa de la Policía Municipal de Cuautla, del 28 de marzo del 2014, planteó que en las fosas fueron depositados 150 cuerpos, de acuerdo con los reportes de medios de comunicación a finales del 2015.
“Lo que hicimos nosotros fue una rueda de prensa. Le entregamos los papeles a los medios de comunicación y el video de dónde se estaban sacando los cuerpos, y se empezó a hacer la presión para que nos hicieran caso. Lo de menos era quedarnos calladas, en ese momento, como madres, no se nos hacía justo que metieran todos esos cuerpos ahí de manera tan inhumana. Me puse en el papel de madre y sentí la misma angustia y desesperación de todas. Cuando me lo volvieron a desaparecer –porque me lo habían inhumado –sentí el dolor que sienten los que no han encontrado a los suyos, no es decente, no es humano, esa gente tiene que salir de ahí. Oliver era muy noble y yo sé que mi hijo no le hubiera gustado que nos hubiéramos quedado callados, y teníamos que decir: ¡aquí están!”, relató María.

Pero el Gobernador perredista Graco Ramírez no actuó en ese sentido, y promovió una denuncia en contra de María Concepción Hernández el pasado 16 de mayo, a través de la Fiscal Monserrat Castañeda Delgado.

“Nosotros, en ese afán de decirles a las personas que estaban en el predio y que pensaban que las iban a dejar ahí olvidadas, nos hicimos presentes en el terreno para dar una rueda de prensa para decir que se tenían que abrir. Ellos acordonaron unas zonas y nos pusimos detrás de ese cordón y fue cuando nos levantaron la demanda”, relató.

Tres días después, la presión de numerosos grupos civiles hizo que la Fiscalía retirara esa acusación.


ANOMALÍAS DE EXHUMACIÓN

Familias con desaparecidos de todo el país llegaron a ser testigos del proceso de exhumación de los cuerpos, con el objetivo de realizarse pruebas de ADN y hallar a sus hijos.

El último día, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que dirige Javier Sicilia Zardain, presentó un libro por su quinto aniversario a sólo unos metros de las fosas. María Concepción hizo un llamado a los políticos para que se quitaran la camiseta de su partido político y apoyaran a las familias.

La exhumación de todos los cuerpos que se encontraban en ambas fosas duró 10 días. Las primeras contradicciones aparecieron desde el inicio, cuando la Fiscalía utilizó un trascabo para retirar la tierra, algo que fue visto como una amenaza a la integridad de los cuerpos. Otras anomalías fueron enlistadas por los padres de familia, como el hecho de extraer 117 y no 116 cadáveres como se previó. Además se encontraron los cadáveres de menores de edad: dos niños y un feto. Algo también inesperado.

Javier Sicilia, por su parte, denunció que 10 bolsas fueron retiradas sólo con extremidades de cuerpos. “Hasta no encontrarse a quién pertenecen, son indicios de nuevos cuerpos”, afirmó el activista.


Hasta hoy nadie ha sido ligado como presunto responsable por la inhumación del primer cuerpo extraído de Tetelcingo: el de Óscar. También permanece en la impunidad la investigación para dar con los autores de su secuestro y asesinato. Sin embargo, María Concepción, su madre, no quita el dedo del renglón para encontrar la justicia no sólo para su hijo, sino para las decenas de casos que emergieron de esa tierra morelense.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-06-2016/3053012

El falso mea culpa de Sandoval Íñiguez

Las casas refugio para sacerdotes pederastas han existido desde hace décadas y siguen funcionando a pesar de que el Papa Francisco dice otra cosa.

Son lugares a donde se envían a las “ovejas descarriadas” del clero. La Iglesia ha equiparado el alcoholismo, la drogadicción, la violación al celibato obligatorio a la pederastia clerical.

Hasta estos lugares distribuidos por todo el mundo, han sido enviados durante todos estos años, los sacerdotes que abusan sexualmente de menores. Pederastas, alcohólicos, drogadictos, sacerdotes con pareja, conviven en paz.

Estos lugares funcionan en algunas ciudades como en Monterrey, como hoteles de cinco estrellas, en otros como en Tlaquepaque, como spa´s con piscina, gimnasio, canchas de tenis y baños sauna.

La Iglesia y su jerarquía católica, han creído que a base de mucha Biblia y una pastillita para disminuir el apetito sexual, se podía curar al pederasta y controlar esa compulsión a abusar sexualmente de los más indefensos del rebaño católico.

En México existen varias casas refugio o clínicas, como se les considera. Todas ellas han funcionado bajo la dirección de un obispo o cardenal. “El Refugio” esta situada en un bosque al lado de la Cola de Caballo y ha estado dirigida por el cardenal Francisco Robles Ortega. La Casa Alberione está ubicada en Tlaquepaque y ha estado dirigida por el cardenal Juan Sandoval Íñiguez. La Casa Damasco y la Fundación Rouger están dirigidas por el cardenal Norberto Rivera Carrera.

Conozco las cuatro clínicas. Las recorrí durante mi investigación para mi libro “Prueba de fe: la red de cardenales y obispos en la pederastia clerical”. Las cuatro han funcionado como guarida de criminales y en ellas se ha escondido a auténticos depredadores sexuales con sotana, para evadir la acción de la justicia.

Cuando investigué la Casa Alberione, por ejemplo, ya había sido refugio para curas pederastas de 16 países. El Cardenal Sandoval Íñiguez la cuidaba con celo profesional. Él fue y es uno de los grandes protectores de sacerdotes pederastas.

El Cardenal Sandoval Íñiguez aparece ahora como una alma de Dios arrepentida de sus errores, pero en realidad, no son errores los que cometió, sino crímenes que deben ser castigados por el aparato de justicia mexicano.

Dice que los protegió hasta 2001 cuando Juan Pablo II dio la orden de no permitir ningún sacerdote pederasta en el ministerio. Mentira. El cardenal miente y lo sabe. Conoce los nombres como el sacerdote Enrique Vásquez de Costa Rica o Heladio Ávila Avelar acusado de violar a cuatro niños en Guadalajara. Él los protegió, el primero fue detenido por Interpol en 2007 y lo contó. Interpol investigó la Casa Alberione durante años, pero casualmente a la justicia mexicana nunca le interesó.

El cardenal conoce la lista de los sacerdotes pederastas que fue protegiendo desde 1993 hasta la fecha. Esas listas deberían ser entregadas a la policía. Necesitamos saber quienes pasaron por la Casa Alberione y a dónde fueron enviados después, porque seguramente esos depredadores sexuales siguen abusando de niños hoy en día.

Y es que el cardenal ha reconocido un delito y por tanto debería ser enjuiciado. Si no es obligado por la justicia a entregar las listas, por lo menos, él sabe que está obligado moralmente a dar a conocer sus nombres y sus ubicaciones.

Los tres cardenales, Sandoval Íñiguez, Norberto Rivera y Francisco Robles, le deben una explicación a la feligresía y también le deben el acceso a la justicia a las víctimas de curas pederastas.

El Papa Francisco acaba de afirmar que los obispos que hayan protegido a curas pederastas podrán ser destituidos. Me parece que en México nos quedaremos con muy pocos, la mayoría de los obispos mexicanos han sido protectores de sacerdotes pederastas, algunos escondiéndolos en las casas o clínicas refugio, otros firmando acuerdos notariales con los padres de las víctimas para evitar el escándalo y salvaguardar el buen nombre de la Iglesia; el resto, ofreciéndoles los medios para huir o bien para que fueran defendidos en la cárcel y salir lo más pronto posible.

Actualmente hay sacerdotes pederastas huidos, como Eduardo Córdova Bautista quien fue y es protegido por el arzobispo de San Luis Potosi, Jesús Carlos Cabrero Romero, quien desde un principio despreció a sus decenas de víctimas y lo defendió al depredador sexual con sotana.

Si el Papa quiere demostrar que verdaderamente busca hacer justicia, tendría que demostrarnos su discurso con hechos, por ejemplo, cerrando de manera definitiva estas casas refugio o clínicas para albergar y esconder a los curas pederastas. Todas siguen abiertas y siguen siendo refugio de criminales. El Papa también está obligado a hacer públicas las listas de los curas pederastas que han pasado por estos lugares.

Hace unos días vi la película chilena “El Club” del director Pablo Larraín, ganadora del Oso de Plata del Festival de Berlín, que cuenta la historia de este tipo de casas y la perversidad con la que la Iglesia las ha administrado. La realidad siempre supera la ficción.


El Papa Francisco seguirá teniendo un discurso hueco, mientras a las víctimas se les siga negando el acceso a la justicia y la reparación y los obispos y cardenales, los príncipes de la iglesia, no sean enjuiciados por sus delitos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-06-2016/3053530

Exigen en Chiapas justicia y fin del desplazamiento forzado en Banavil

Familias desplazadas forzadas de Banavil informan que el pasado 9 de junio de 2016 fue detenido Alonso López Ramírez, uno de los responsables de la agresión del 4 de diciembre de 2011 que provocó el desplazamiento forzado de 13 personas y la desaparición de Alonso López Luna. Exigen a a Isabel Álvarez Ramos, Juez Primero del Ramo Penal, dicte auto de formal prisión, pues denuncian que “en un principio se liberaron 11 órdenes de aprehensión pero el mal gobierno ha cancelado la orden en contra de Pedro Méndez López y dejó en libertad a Alonso Guzmán López el 22 de septiembre de 2014, y además de otra persona que ya falleció por enfermedad, todos ellos son responsables de la desaparición forzada de Alonso”.

A continuación el comunicado completo emitido por las familias desplazadas de Banavil, difundido por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas:

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
14 de Junio de 2016
A las Juntas del Buen Gobierno de E.Z.L.N
Al Congreso Nacional Indígena
A la Sexta Declaración de la Selva Lacandona
A los Centros de Derechos Humanos Honestos e Independientes
A la Red Contra la Represión
Al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
A los Colectivos Internacionales
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
A los Medios Libres
Al Pueblo Creyente en Chiapas
A las Compañeras y compañeros de los pueblos Originarios de Chiapas, México y del Mundo

El pasado 04 de diciembre de 2011, fuimos agredidos con armas de fuego por los priistas del mismo paraje Banavil, y desplazadas forzadamente 13 personas la mayoría niñas y niños y nuestro padre Alonso Lopez Luna fue desaparecido. Durante estos 4 años del desplazamiento forzado de nuestras familias, los tres niveles del gobierno han violado los derechos humanos de nuestra familia. La procuraduría del Estado de Chiapas y la procuraduría general de la república no han investigado la desaparición de Alonso, no ha habido justicia por la agresión ni condiciones para nuestro retorno seguro.

El día jueves 9 de junio de 2016, a las 12 del día fue detenido Alonso Lopez Ramirez, él es uno de los responsables de la desaparición forzada de nuestro padre Alonso Lopez Luna, el pasado 4 de diciembre de 2011. Esta persona sabe donde se encuentra nuestro padre Alonso que aun sigue desaparecido. Exigimos a Isabel Álvarez Ramos, Juez Primero del Ramo Penal, que no lo deje en libertad y que este día jueves le dicte auto de formal, pedimos que sea interrogado por las autoridades correspondientes ycastigado con todo el peso de la ley, y exigimos Juicio y castigo a los demás responsables de la desaparición forzada de Alonso.

Existen órdenes de aprehensión pendiente por ejecutarse contra Agustin Mendez Luna, Manuel Mendez Lopez, Alonso Lopez Mendez, Pablo Lopez Intzin, Antonio Lopez Mendez, Diego Mendez Lopez y Diego Guzman Mendez.

En un principio se liberó 11 ordenes de aprehensión pero el mal gobierno ha cancelado la orden en contra de Pedro Mendez Lopez y dejó en libertad a Alonso Guzman Lopez el 22 de septiembre de 2014 y además de otra persona que ya falleció por enfermedad, todos ellos son responsables de la desaparición forzada de nuestro padre Alonso.

El 29 de octubre de 2014, el juez Quinto del Distrito en el Estado de Chiapas ha cancelado su orden de aprehensión de Pedro Mendez Lopez. Como familiares del desaparecido Alonso Lopez Luna tememos que el juez primero también deje en libertad al Sr. Alonso Lopez Ramirez. Porque vemos que los agresores están disfrutando su libertad sin Justicia. Las autoridades locales, estatales y federales, parecen no tener interés en dar con el paradero de nuestro padre Alonso pues a más de 4 años no hay avance en la investigación del caso.

Exigimos al estado mexicano que haga una búsqueda e investigación pronto para esclarecer la desaparición de nuestro padre Alonso, ya que el Sr. Alonso Lopez Ramirez ya se encuentra recluido en Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 05, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Y que el procurador de estado de Chiapas y la Procuraduría General de la República interroguen a la dicha persona.

También exigimos al Procuraduría General de la República (PGR) que está radicada en San Cristóbal de Las Casas:

Que cancele inmediatamente las ordenes de aprehensión contra Pedro Lopez Giron, Antonio Lopez Giron y Alonso Lopez Luna, según esta girada como portación de arma sin licencia, como ha eso que Alonso Lopez Luna está desaparecido y está vigente su orden de aprehensión por el gobierno federal.


Por todo esto exigimos al estado mexicano:

  1. Que hagan una búsqueda hasta encontrarlo a nuestro padre Alonso Lopez Luna
  2. Que se ejecuten las 7 ordenes de aprehensión pendientes en contra de los responsables de la desaparición forzada de Alonso Lopez Luna y el desplazamiento forzado que sufrimos. Y haya justicia en contra de todos los responsables.
  3. Generar condiciones para el retorno inmediato y definitivo de nuestras familias en Banavil, actualmente 19 personas, con seguridad en el momento del retorno y no repetición de los hechos ocurridos.
  4. Cancelación de los dos ordenes de aprehensión contra Antonio y Pedro Lopez Giron, y Alonso Lopez Luna.
  5. Reparación de daño por el saqueo de nuestras casas en Banavil.

También exigimos la presentación con vida de nuestros 43 compañeros estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Guerrero. Nuestra familia familia desplazada de Banavil nos solidarizamos con nuestras hermanas y hermanos desplazadas del Ejido Puebla pertenecientes a la organización Sociedad Civil Las Abejas, actualmente con refugio en Acteal y entre otras hermanas y hermanos que están desplazadas en Chiapas.

Ya basta de las desapariciones forzadas en México y del Mundo
Ya basta de desplazamiento forzado en Chiapas
Alonso Lopez Luna Hasta Encontrarlo
Fraternalmente
Las familias desplazadas de Banavil municipio de Tenejapa, Chiapas, México.

Miguel López Girón Lorenzo López Girón

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://desinformemonos.org.mx/justicia-por-la-desaparicion-de-alonso-lopez-luna-y-el-desplazamiento-forzado-de-su-familia/

¿Quién cree en los argumentos del gobierno de México contra los maestros?

Con los últimos dos maestros detenidos, ascendió a 13 la cantidad de docentes cuya labor sindical se ha criminalizado y judicializado. Cuatro de ellos se encuentran en Hermosillo, estado de Sonora,  en un penal de máxima seguridad.  Otros cuatro en el Cefereso de mediana seguridad de Mengolí de Morelos en Oaxaca y otros 5 más distribuidos en penales de Nayarit y Jalisco.

“En todos los casos, los docentes han sido criminalizados por seguir los mandatos de sus asambleas de base y congresos. También son maestros sindicalizados y sindicalistas, ya que emprendieron la defensa de la educación pública y de los derechos que como trabajadores han conquistado, lo que los eleva al rango de defensores de los derechos humanos” relató Mayen Arellanes, abogada integrante del área jurídica de la Sección XXII de Oaxaca, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, durante la conferencia de prensa ofrecida este martes 14 de junio.

Durante el segundo fin de semana de junio, los representantes sindicales Ruben Núñez Ginés, Secretario General de la sección XXII de Oaxaca y Francisco Villalobos, secretario de Organización, fueron los dos últimos detenidos.

“En todos los casos hemos registrado que se han cometido violaciones al debido proceso. Por un lado, a los maestros encarcelados no se les ha permitido tener acceso a las averiguaciones previas, a las que tienen derecho como imputados y  tener insumos para preparar una defensa eficaz. A todos se los ha desaparecido forzosamente, ya que una vez detenidos no fueron puestos inmediatamente a cargo de la autoridad que liberó sus órdenes de aprehensión, en algunos casos, superando las 48 horas, lo que también viola el principio de inmediatez de ser presentados frente al juez que interviene en sus causas”, explicó la abogada del área jurídica.

También se les ha mantenido incomunicados, de su defensa y de su familia,  y se ha violado la presunción de inocencia, al presentarlos frente a los medios como delincuentes, o incluso, como culpables de los delitos que se les imputan sin haber tenido sentencia.

“Mi hermano Aciel Sibaja Mendoza fue detenido el miércoles 13 de abril, a las 14 horas, quien se desempeñaba como Secretario de Finanzas de la sección XXII de la CNTE en Oaxaca, tampoco fue presentado inmediatamente ante el juez. En su caso, el gobernador del estado, Gabino Cué, jugo el papel de actuario judicial, ya que fue él quien anunció que Aciel había sido detenido en un operativo conjunto del estado con la Policía Federal, aún cuando la Fiscalía estatal nos negó conocer su paradero cuando la consultamos al respecto” explicó Jorge, hermano del maestro y sindicalista oaxaqueño.

El también integrante de la sección jurídica de la Sección XXII, Julio César Velázquez García completó el panorama de los maestros detenidos, cuya defensa se dificulta por la dispersión a la que los someten al ser trasladados, como en este caso, a Hermosillo, a más de 12 horas de su Oaxaca natal.

Señaló que en el grueso de los casos, se les imputan delitos inverosímiles (a Francisco Villalobos, por ejemplo del robo de libros de texto gratuitos) o de acciones de las que los dirigentes ni siquiera participaron.

El reclamo es claro de parte del grueso de la CNTE: que la PGR desista de los cargos fabricados contra los maestros, que sean regresados a sus respectivos estados, que se depongan todas las órdenes de aprehensión anunciadas por el gobierno federal, de las que no se tiene noción de cuántas o en cuántos lugares, así como que se respete el derecho a la libre manifestación.

Este punto fue particularmente retomado por Héctor de la Cueva, integrante del Centro de Investigación Social y Asesoría Sindical (CILAS) también presente durante la conferencia de prensa. “Exigimos al gobierno de la Ciudad de México que no sea cómplice del Federal en la represión y en el impedimento de que los maestros se manifiesten libremente. Esta no es la ciudad del gobierno, no es la ciudad de la policía. La ciudad acepta con los brazos abiertos a los maestros.”


El investigador subrayó lo obvio: “¿quién cree en los argumentos del gobierno de México contra los maestros? Carecen de legitimidad para acusarlos. Pero lo más importante, como dice el escritor mexicano Fernando del Paso, lo preocupante es el aumento del totalitarismo del gobierno de México. Estas represiones no son un golpe a la Coordinadora ni únicamente a los maestros del país, es un golpe a las libertades individuales y a las garantías democráticas. Están respondiendo con totalitarismo a la crisis que ellos mismos han creado”.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ELIANA GILET.
LINK: http://desinformemonos.org.mx/quien-cree-en-los-argumentos-del-gobierno-de-mexico-contra-los-maestros/

martes, 14 de junio de 2016

Conapred pide trato igualitario para que padres accedan a guarderías

CIUDAD DE MÉXICO: La Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a tomar una decisión “histórica” en favor de la igualdad, para que los padres que cuentan con seguro social tengan acceso a las estancias infantiles.

La petición tiene lugar un día antes de que los magistrados voten el caso de “Antonio B”, cuya esposa no cuenta con seguro social por lo que a su hijo le fue negado el acceso a una guardería.

Actualmente la ley establece que sólo pueden gozar de este derecho las madres trabajadoras afiliadas, así como los padres viudos o los divorciados que cuenten con la patria potestad de sus hijos, lo cual “resulta discriminatorio y violatorio de derechos humanos”, resaltó el Conapred en un comunicado.

El organismo añadió que la Ley Federal del Trabajo, la Ley del IMSS y el reglamento para la prestación de servicios de guardería del IMSS acentúan un trato diferenciado que deriva de la asignación a la mujer del rol de cuidado de los hijos, por el solo hecho de serlo.

Esto, abundó, “implica un estereotipo de género, esto es, la preconcepción de que es a la mujer a la que corresponde la responsabilidad de la crianza, la atención y el cuidado de los hijos, sin considerar que ésta es una responsabilidad compartida de los padres, que deben participar en igual medida”.

El Conapred recordó que el año pasado emitió una resolución (8/2015) en la que se pronunció contra establecer requisitos adicionales a los hombres para que sus hijos e hijas puedan acceder al servicios de guarderías o estancias infantiles de los Institutos de Seguridad Social.

En dicha resolución, señaló:

“Resulta discriminatorio en agravio de los padres trabajadores, ya que sin una causa razonable y objetiva, se les restringe y/o excluye del servicio de guarderías que deriva de su derecho a la seguridad social, lo cual lesiona gravemente el interés superior de la niñez, sobre quien recae directamente la afectación producida, puesto que con ello se impiden las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y desarrollo saludable de las hijas e hijos de los padres trabajadores”.

Además, indicó que la restricción no sólo tiene efectos discriminatorios en agravio de los hombres, sino que también repercuten en el derecho a la igualdad sustantiva de las propias mujeres a quienes se les sigue viendo como las primeras obligadas a cuidar de sus hijos y de las actividades del hogar.

El Conapred subrayó que la única forma de combatir esa carga de trabajo desproporcional en agravio de las mujeres, es “fomentar que los hombres se hagan cargo de las responsabilidades familiares de forma igualitaria a las mujeres”.

Asimismo, abundó, las normas actuales obstaculizan la facultad de hombres derechohabientes que pretenden compartir de manera igualitaria los cuidados de sus hijos.

Tras la resolución del Conapred el ISSSTE inició un plan de trabajo para el cumplimiento de la misma, pero el IMSS la impugnó sin emprender acción alguna a favor del derecho a la igualdad y no discriminación.


Por ello, la asamblea consultiva del Conapred se pronunció por que la Corte garantice y proteja a los padres y a las madres derechohabientes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443988/conapred-pide-trato-igualitario-padres-accedan-a-guarderias

PAN-PRD, coalición determinante

CIUDAD DE MÉXICO: En las tres entidades (Durango, Quintana Roo y Veracruz) donde ganaron, el PRD puso los votos que marcaron la diferencia y el PAN, a los candidatos. En contrapartida, en las dos (Oaxaca y Zacatecas) donde el PRD postuló a los candidatos, las divisiones internas del perredismo y la fuerza de Morena impidieron que se alzaran con el triunfo y los llevaron a irse al tercer lugar en Zacatecas y quedarse muy cerca de ello en Oaxaca.

Tanto en los dos estados donde la coalición perdió como en Tlaxcala, una coalición de la izquierda (PRD-PT-Morena) hubiese logrado el triunfo, con lo cual la debacle tricolor hubiese sido casi total: únicamente habrían conservado Hidalgo y recuperado Sinaloa, donde ni una alianza PAN-PRD o de la izquierda hubiese sido suficiente para ganarle a la encabezada por el tricolor; sólo una coalición de todo el resto de los partidos hubiese logrado derrotarlos.

La debacle priista fue muy significativa, pues las 12 entidades donde se eligió gobernador el domingo 5, más allá de incluir a cinco estados (Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz) en los que el tricolor había logrado mantener su hegemonía sin permitir alternancia en el Ejecutivo, en la pasada elección intermedia (2015) habían sido de las entidades donde mayor porcentaje de votación había acumulado (mientras a escala nacional obtuvo 31.4% de la votación válida; en éstas 12, fue 35.3, es decir, prácticamente cuatro puntos porcentuales más).

Y de ese 35.3% se derrumbó al 28 en las elecciones del pasado domingo; es decir, por debajo de su promedio nacional de 2015 y más de siete puntos porcentuales menos de los que había obtenido en estas 12 entidades. En contrapartida, prácticamente el mismo porcentaje que perdió el PRI lo ganó el PAN, que en esas 12 entidades se colocó como la principal fuerza electoral con alrededor de 29% de los votos (en 2015 obtuvo en estos estados 22.1%, prácticamente el mismo porcentaje que obtuvo a nivel nacional: 22.5).

Mientras tanto Morena fue la otra fuerza que subió en las preferencias electorales al pasar de 9.5% en 2015 a 13.6% el pasado domingo; las pérdidas –de las que se nutrió Morena– se repartieron en el resto de las fuerzas políticas.

La alternancia de partido en el gobierno en ocho estados (de los cuales el PRI perdió seis y PAN y PRD, una cada uno) muestra claramente que la población castigó los malos gobiernos, particularmente los que se caracterizaron por sus escándalos de corrupción e inseguridad; en algunos casos ambos, como Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz.

Por otra parte también es muy sintomático que de las tres entidades que ganó la coalición PAN-PRD hace seis años, en esta ocasión únicamente logró hacer coalición en dos de ellas (en Sinaloa fueron por separado) y que en la única que lograron retener (Puebla) no fueron en coalición. Esto refleja que a pesar de lo rentables que resultan electoralmente las coaliciones, no es lo mismo al momento de gobernar: en unos casos dividen a los partidos que los apoyaron y, en otros, como en Oaxaca, aunque logren mantenerse unidos no lograron hacer un buen gobierno y el electorado los castigó.

Otro dato es que la coalición PRI-PVEM, que ahora se mantuvo en los 12 estados (en 11 incluso logró sumar al Panal; la excepción fue Puebla) no logró los buenos resultados que habían tenido en la elección intermedia de 2015, cuando lograron hacerse de la mayoría en la Cámara de Diputados, con la bien estructurada ingeniería electoral (Proceso 2016) para postular candidatos priistas adjudicándolos al grupo del PVEM, para lograr burlar el tope de ocho puntos porcentuales de representación.

Aunque el hecho de que en cuatro estados los partidos políticos hayan logrado mantenerse en el poder, muestra que el factor que más alentó el voto de castigo fue el mal gobierno estatal; es un hecho que también influyó el desempeño del presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete, lo cual destruye el discurso de que la ciudadanía había refrendado su apoyo al gobierno federal, al lograr en la elección intermedia incrementar el número de diputados que había obtenido en la elección presidencial, lo que no habían conseguido los tres presidentes que le antecedieron.

Es un hecho que hay una redistribución del poder en México, pues por primera vez el PRI (concediendo que Chiapas lo ganó en alianza con el PVEM y, por lo tanto, también se le suma) se quedará únicamente con la mitad de las gubernaturas (16); el PAN, en contrapartida, jamás había gobernado en 11 estados; en cambio el PRD se queda únicamente con cuatro; y el independiente en Nuevo León.

Pero al revisar las preferencias electorales en las 12 entidades que eligieron gobernadores, resulta que ninguna de las fuerzas políticas llega a 30% de las mismas. El PAN y el PRI rondan 29%; Morena se consolida como tercera fuerza con alrededor de 13% de los votos y el resto de los partidos se ubican en porcentajes de un solo dígito e, incluso, si estos 12 estados fueran reflejo de lo que sucede a nivel nacional, Movimiento Ciudadano y Partido Encuentro Social hubiesen perdido su registro. De hecho el primero no postuló candidatos a gobernador en siete estados y el segundo, en tres.


Así aunque al haber conseguido el mayor porcentaje de votación, el PAN logró revertir una tendencia a la baja y reposicionarse de cara a las elecciones presidenciales; lo cierto es que el porcentaje de votación es muy bajo y, en estos momentos, una posible victoria en las elecciones de 2018 pasa necesariamente por la conformación de alianzas electorales, lo cual no parece viable. Hoy dos partidos (PAN y PRI) y un candidato (Andrés Manuel López Obrador) tienen prácticamente las mismas posibilidades de ganar la carrera presidencial; pero todavía faltan poco más de dos años para la elección.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443979/pan-prd-coalicion-determinante

Alcalde eleva a mil 30 mdp la deuda de Playa del Carmen tras derrota del PRI

CANCUN, Q. Roo: Tras la derrota del expresidente municipal de Solidaridad (Playa del Carmen) Mauricio Góngora en la elección de gobernador, el alcalde interino Rafael Eugenio Castro Castro prepara “bajo la mesa” y con el apoyo de la mayoría priista en el Cabildo local, una segunda reestructuración de la deuda que incluye convertir pasivos con proveedores y “cortos” en créditos bancarios a largo plazo.

De acuerdo con regidores, el alcalde Castro Castro, que fue secretario del Ayuntamiento y oficial mayor  cuando era presidente municipal  Mauricio Góngora Escalante, pasaría la deuda bancaria de unos 754  millones a mil 30 millones de pesos.

El diputado local electo Eduardo Martínez, afirma que con esto se confirma que el municipio de Solidaridad se convirtió en la caja chica del gobernador Roberto Borge y Mauricio Góngora.

Apenas en marzo de 2014, el actual alcalde de Solidaridad, Mauricio Góngora, refinanció la totalidad de la deuda de este municipio. En total, el edil refinanció con Interacciones 780 millones de pesos a pagar en 20 años.

En este refinanciamiento, se incluyeron 380 millones que corresponden al empréstito contratado por el exalcalde Filiberto Martínez Méndez “para obra productiva”, pero la mayoría de los proyectos no se llevaron a cabo.

El regidor perredista, Orlando Muñoz, indica que desde el viernes pasado inició  “el cabildeo” para reunir las firmas a efecto de aprobar el nuevo refinanciamiento.

“Han ejercido mucha presión y ya es muy probable que hayan reunido las firmas”, dijo.

Pero adelanta que no habrá sesión de cabildo, si no que será de manera simulada, con la firmas de los concejales.

“Están yendo a buscar a los regidores para que solo firmen”, subraya.

Estas sesiones simuladas, refirió, ya se hicieron con anterioridad, en los casos de la privatización del sistema de agua potable en favor de la empresa Aguakán y las reformas para las candidaturas independientes, con las que se pretendían sabotear la alianza PAN-PRD en los comicios de 2013.

“Todos los temas que hacen ruido, se llevan a cabo en sesiones simuladas”, afirma el perredista.

El también regidor, Leonardo Jerónimo Mayo menciona que ya tuvo a la vista el “acta de la sesión”.

El documento refiere que hay una deuda bancaria y se ha reducido, desde el refinanciamiento de marzo de 2014, a 754 millones de pesos

Pero, adicionalmente incluye una línea de crédito por 65 millones de pesos y otros 150 millones de los 600 millones de pesos de deudas con proveedores, además del pago de comisiones de este este segundo refinanciamiento, que también sería con Interacciones.

Playa del Carmen, caja chica del PRI

El diputado electo, Eduardo Martínez Arcila, dice que hay una relación directa de la deuda estatal que sumaría unos 22 mil millones de pesos, con la de Solidaridad.

Refiere que este municipio fue usado como caja chica del PRI, a partir de que el de Benito Juárez (Cancún), empezó a tener gobiernos de oposición.

“Dejaron de contratar deuda en Cancún, pero empezaron a usar para esos fines al de Solidaridad”, afirma.

El actual alcalde tiene prisa, prosigue, pues en las elecciones del pasado 5 de junio, la alianza PAN-PRD ganó el ayuntamiento de Solidaridad.


Sin precisar cifras, también destaca que el exalcalde Mauricio Góngora tuvo una muy larga y costosa precampaña en sus aspiraciones de ser gobernador.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443982/alcalde-eleva-a-mil-30-mdp-la-deuda-playa-del-carmen-tras-derrota-del-pri

Exige CNDH al INM reparar daños a cuatro indígenas tzeltales

CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, por violaciones a derechos humanos de cuatro indígenas tzeltales.

En un comunicado, la CNDH precisó que una mujer y tres hombres, todos originarios de Chiapas, fueron detenidos y retenidos por agentes migratorios, quienes aseguraban eran de nacionalidad guatemalteca, aunque  presentaron actas de nacimiento mexicanas y uno de ellas credencial de elector de nuestro país.

Tras concluir su investigación, el organismo detectó violaciones a los derechos humanos de las cuatro personas, a la libertad personal, libre tránsito, a la no discriminación, a la integridad y seguridad personal y al acceso a la justicia, atribuibles al personal del INM.

La CNDH detalló que los hechos iniciaron el 3 de septiembre de 2015, al cruzar por la ciudad de San Juan del Río, Querétaro, en su recorrido hacia Sonora, donde los cuatro agraviados fueron bajados del autobús en que viajaban y tres de ellos fueron detenidos por agentes migratorios, quienes consideraron que los documentos con que se identificaron eran falsos, por lo que los llevaron a la estación migratoria del INM de la ciudad de Querétaro, donde les iniciaron Procedimientos Administrativos Migratorios (PAM).

A solicitud de la autoridad migratoria, el 4 de septiembre la embajada de Guatemala en México remitió, vía correo electrónico, pases especiales de ingreso a ese país a nombre de las víctimas, indicando como lugar de nacimiento San Marcos, Guatemala. Dos días después, la misma delegación diplomática notificó que en las consultas al Registro Nacional de las Personas de ese país no se encontraron sus nombres, por lo que canceló los pases previamente remitidos.

El 7 del mismo mes, la CNDH recibió la queja y en colaboración con la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro acudió a la estación migratoria para entrevistar y revisar el estado de salud de los agraviados.

El 11 de septiembre de 2015, al acreditarse su nacionalidad mexicana, la autoridad migratoria resolvió su salida de dicha estación y dejó en libertad a los tres hombres y la mujer.

En respuesta a los agravios, la CNDH solicitó al comisionado del INM la reparación de los daños ocasionados a los agraviados, en términos de la Ley General de Víctimas; se les otorgue atención psicológica, y se dicten medidas claras e inequívocas para garantizar los procedimientos que deberán seguir los servidores públicos que durante las revisiones migratorias se encuentren con personas que refieran ser de nacionalidad mexicana.

También pidió contar con la infraestructura necesaria y de acceso a bases de datos  para que en el lugar en el que se realice la revisión migratoria se corrobore de manera inmediata los datos de identificación proporcionados por personas que declaren ser de nacionalidad mexicana, y de esta manera evitar que sean trasladados y detenidos ilegalmente en un recinto migratorio.


Asimismo, que el INM capacite a sus servidores públicos sobre la relevancia del principio “pro persona”, los derechos humanos a la seguridad jurídica, libertad de tránsito, libertad personal, seguridad e integridad personal, no discriminación y acceso a la justicia, con  objeto de que no se presenten estas violaciones, y se colabore con la CNDH en la  investigación que se inicie por la queja que presentará ante el Órgano Interno de Control de dicho Instituto, contra las autoridades señaladas como responsables.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/443972/exige-cndh-al-inm-reparar-dano-a-cuatro-indigenas-tzeltales

Llevarán al pleno del Senado diferencias sobre “Ley3de3”

CIUDAD DE MEXICO (apro).- Sin resolver las diferencias con el PRI y el Partido Verde sobre la obligatoriedad o no de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal (Ley3de3), los senadores de PAN y PRD votaron a favor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la tercera de siete leyes anticorrupción discutida en comisiones unidas.

Los senadores de PAN y PRD insistieron en que la discusión sobre el artículo 29 de la ley se traslade al pleno, a fin de que se retome la redacción planteada en la iniciativa ciudadana como Ley 3de3.

Pablo Escudero Morales, senador del PVEM y presidente de la Comisión Anticorrupción, afirmó que este era el único punto del dictamen en el que “no estábamos cerca”. Y comentó:

“Ayer vino el representante legal de los 634 mil ciudadanos a mandatarnos cómo lo hiciéramos, y es lo que hemos adoptado en el adéndum”.

La “solución” de PRI y Verde es que la obligatoriedad de hacer públicas las tres declaraciones sea determinada por el Consejo de Participación Ciudadana que estará a cargo del Sistema Nacional Anticorrupción.

Marcela Torres Peimbert, senadora del PAN, afirmó que su bancada no acompañará el adéndum presentado por el PRI, sino que “tomaremos en sus términos el discurso de ayer de Eduardo Bohórquez”, director de Transparencia Mexicana.

El senador del PRD, Zoé Robledo, aseguró que el dictamen de esta ley contiene algunos “incentivos para la impunidad”, ya que “hay altos márgenes de discrecionalidad” con los cuales los órganos internos de control podrían indultar a quienes incurren en actos de corrupción.

“La publicidad de las declaraciones efectivamente no atrapa al ladrón, pero evita y previene que el ladrón se quiera convertir en un político”, advirtió Robledo.

La senadora del PRD, Dolores Padierna, y el legislador perredista Armando Ríos Pitter, presentaron votos particulares en contra del dictamen.

En su voto particular, Padierna afirmó que la propuesta del PRI y del Verde “equivale casi a dejar las cosas como están, toda vez que los ciudadanos sólo podrán conocer ciertos rubros de información y siempre si existiera la autorización expresa del funcionario”.

El artículo 29 del dictamen, retomado de la iniciativa del PRI y del Verde, afirma que, “los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás datos contenidos en la declaración patrimonial, sólo podrán ser públicos con la autorización expresa del servidor público”.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: JENARO VILLAMIL
LINK: http://www.proceso.com.mx/444040/llevaran-al-pleno-del-senado-diferencias-ley3de3

Seis de cada diez mexicanos sufre de “pobreza de tiempo”: PNUD

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Según un informe publicado hoy por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), seis de cada diez mexicanos sufre de “pobreza de tiempo”, sumado a que el ingreso de cuatro de cada diez ciudadanos no basta para salir de la pobreza.

“La medición del tiempo puede echar nueva luz sobre las privaciones que están ocultas detrás de las mediciones del ingreso de los hogares”, destaca el amplio informe enfocado en los avances de América Latina hacia el “progreso multidimensional” en la última década.

Implementar políticas públicas que reduzcan el tiempo de transporte a tan solo una hora al día y crear centros de cuidado de niños y niñas para una población que trabaja seis días a la semana permitiría dedicar cerca de mil 400 horas anuales, “que podrían dedicar a otras actividades, ya sea remuneradas o no”, plantea.

Y cuestiona: “¿Cómo es posible que en el diseño de las políticas aún sigan ignorándose las privaciones de tiempo?”.
México formó parte de los países de América Latina que menos redujeron su tasa de pobreza en la última década, con una disminución de 7% entre 2003 y 2013. Sólo Honduras y Guatemala tuvieron peores resultados en el combate a ese flagelo, con una reducción de 5% y un incremento de la pobreza de 7%, respectivamente.

Por el contrario, en Perú, Bolivia o Ecuador la pobreza se redujo en más de 25% entre 2003 y 2013, mientras Brasil sacó de la miseria a 37 millones y medio de personas.

Según el PNUD, el 3.3% de mexicanos vivía en pobreza ultra-extrema en 2012, es decir, con menos de 1.25 dólares por día, y 8.2% sobrevivía con un ingreso de entre 1.25 y 2.5 dólares por día, mientras que 16.2% lo hacía hasta con cuatro dólares diarios.

Por otra parte, en esa época cuatro de cada diez mexicanos ingresaba menos de diez dólares por día y una tercera parte ganaba hasta 50 dólares. Solamente el 2% ingresaba más de 50 dólares por día.

Una de las explicaciones, según el PNUD, reside en los mínimos efectos redistributivos del sistema fiscal mexicano.
En varios países una proporción alta de la población de escasos ingresos o incluso gente de clase media sube a una situación de riesgo –un rango encima de la pobreza por ingresos– a través de las transferencias monetarias públicas focalizadas.

En Uruguay y Chile, por ejemplo, esta proporción se eleva a hasta 40%, mientras en Brasil y Costa Rica más de 13% sale de la pobreza gracias a estas medidas. En México esta proporción apenas se eleva a 7%.

Así, por ejemplo, las pensiones en el país cubren apenas el 25% de la población en edad de recibirlas. Esta tasa se encuentra muy por debajo del promedio regional, que se elevó a 56%.

Otro factor fue la evolución del salario. Contrario a los demás países, donde el salario promedio creció anualmente entre 2003 y 2013, México formó parte del grupo de cuatro naciones en las que el salario disminuyó. La peor reducción le tocó a la clase media, con una reducción de 2% anual.

Y si bien Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay lograron incrementar su clase media de más de 17% entre 2003 y 2013, en México creció solamente 4%, lo que colocó al país entre los cinco más estancados de la región.

A diferencia de los demás países de la región, en México el incremento de la clase media se hizo gracias al crecimiento económico y no a las políticas de redistribución.

El país también se paralizó en la lucha contra las desigualdades de riqueza, medidas con el coeficiente de Gini, cuyos valores varían entre cero y 1. Cero representa un estado de absoluta igualdad y uno de máxima desigualdad.

Cada año que transcurrió entre 2003 y 2013, los países de América Latina redujeron en un 1.13% su coeficiente de Gini en promedio. Nicaragua lo redujo a un ritmo más elevado: 2.64% anual. Y México, con una reducción de apenas 0.38%, fue de los tres países con menor reducción.

Las desigualdades también fueron visibles en materia de género: en México el salario de un hombre alcanza es 16% superior al de una mujer, lo que lo coloca en la quita posición de una lista de 18 países respecto de las brechas salariales.

Además, las mujeres mexicanas destinan hasta un tercio de su tiempo semanal al trabajo no remunerado, sobre todo en tareas domésticas.

En materia de productividad por hora y por persona, México se colocó de nuevo entre los países con los resultados más escasos, ya que estas tasas crecieron apenas 0.6% y 0.4%, respectivamente. En Uruguay o Perú estas tasas crecieron más de 3.4%.

Según el PNUD, si el gobierno mexicano realizara intervenciones de políticas públicas orientadas a fortalecer las canastas de resistencia de la población vulnerable, podría evitar que entre 5.2 y 6.8 millones de mexicanos caigan en una situación de pobreza por ingresos.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE
LINK: http://www.proceso.com.mx/444042/seis-diez-mexicanos-sufre-pobreza-tiempo-pnud

La PGR niega fines políticos en detención de líderes de la CNTE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la detención de dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Procuraduría General de la República (PGR) no actuó de manera política, aseguró la titular Arely Gómez González.

Explicó que la PGR actuó dentro del marco jurídico porque había una denuncia contra ellos por presuntamente usar recursos que tenían otros fines estipulados.

Aclaró: “Actuamos con absoluta responsabilidad. Cuando tenemos integrada una averiguación y sabemos que ya estamos en posibilidad de presentarla ante el juez y después tener una resolución favorable, lo presentamos. La Procuraduría no actúa de manera política. La Procuraduría actúa de manera jurídica”.

En entrevista con la prensa al término de la declaratoria de inicio de operaciones del Nuevo Sistema de Justicia Penal para Delitos del Orden Federal, Arely Gómez descartó cualquier sesgo político.


El pasado domingo 12, la PGR dio a conocer la detención de Rubén Núñez, secretario general de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Oaxaca, acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los cuales ascienden a 24 millones de pesos.

Mediante un comunicado, argumentó que de acuerdo con los resultados de la investigación, las empresas transferían al líder sindical y otros integrantes de la organización gremial, los montos de la comisión ilegalmente pactada con la Sección 22 (3.5%) y éstos a su vez distraían esos recursos mediante cheques o transferencias, para beneficio propio y para financiar las movilizaciones magisteriales, informó Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de Control Regional Procedimientos Penales y Amparo (Scrppa).

“Se trata de una estrategia de estratificación y concentración de recursos, tanto por parte de las empresas involucradas, como de la organización sindical, para evadir los controles de blanqueo de activos que establece la ley de la materia, con el claro fin de impedir el conocimiento de tales cuentas y recursos así como el origen, propietarios y destino final de las mismas”, señaló.

En suma, “el aprehendido, con conocimiento de su procedencia ilícita, adquirió, administró y aprovechó recursos económicos provenientes de adquisiciones y servicios erogados por sus propios agremiados, al amparo de convenios ilícitos, en beneficio propio y para el uso de sus actividades de movilización, utilizando las cuentas de la Sección XXII del SNTE”.

La ley prohíbe que la Sección XXII suscriba ese tipo de convenios, dado el carácter eminentemente lucrativo, de conformidad con los artículos 378 de la Ley Federal del Trabajo y 79 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que prohíben a los sindicatos ejercer la función o profesión de comerciantes, con ánimo o fines de lucro.

De acuerdo con la ley, los sindicatos gozan de un régimen tributario de excepción, precisamente por el impedimento legal para realizar actividades lucrativas. Por tanto, solo pueden recibir recursos que provengan de una fuente lícita. Lo que, según la autoridad, en el caso se transgredió.

Por su parte, el Comisionado Nacional de Seguridad (CNS) Renato Sales Heredia afirmó que no permitirán que integrantes de la Coordinadora bloqueen carreteras durante sus manifestaciones en protesta por la detención de varios de los dirigentes magisteriales.

Prisión preventiva, la excepción

A ocho meses de que la Procuraduría General de la República (PGR) inició la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se han dictado 10 sentencias condenatorias de 12 juicios orales, así como 718 sentencias condenatorias en procedimientos abreviados.

“Hoy, la prisión preventiva es la excepción, no la regla. Más de mil medidas cautelares han sido determinadas, evitando que igual número de personas vayan a prisión”, aseguró Arely Gómez González.

Durante el acto de declaratoria de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales a nivel federal, la procuradora sostuvo que en los estados de Baja California, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, así como en el archipiélago de las Islas Marías, Gómez González, hay 609 resoluciones mediante la determinación de la suspensión condicional del proceso.

Es decir, abundó, se propicia que el acusado presente una opción para reparar el daño a la víctima y se resuelva el proceso, comprometiéndose a cumplir con las restricciones impuestas por el juez.

También destacó que confía en que, durante el actual periodo extraordinario del Congreso de la Unión, se avanzará en la aprobación de la Ley de Justicia para Adolescentes, la Ley Nacional de Ejecución de Penas, la miscelánea penal y las reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Arely Gómez insistió en que la armonización de los criterios de actuación de las autoridades federales en la implementación del sistema continúa, al igual que la adopción de mejores prácticas en las entidades federativas donde previamente ya operaba el proceso penal acusatorio.

Asimismo, acotó que a partir del 18 de junio inicia la etapa de consolidación, la cual obligará a hacer un ejercicio de autocrítica respecto de la actuación de los servidores públicos en el procedimiento penal.

Por ello, agregó, “se requiere que las instituciones de seguridad pública, procuración y administración de justicia fomenten la correcta observancia de los protocolos nacionales de actuación, la capacitación y profesionalización permanente de nuestros servidores públicos”.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: PATRICIA DÁVILA
LINK: http://www.proceso.com.mx/444020/la-pgr-niega-fines-politicos-en-detencion-lideres-la-cnte

Aplica Nuño “pedagogía del garrote”: Hernández Navarro

"Hay una cerrazón absoluta del gobierno federal a negociar", lamentó.

Tras la detención de dos líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a quienes se les acusa de lavado de dinero y robo, el periodista y coordinador de la sección Opinión del diario La Jornada, Luis Hernández Navarro, señaló que a uno de ellos, Francisco Villalobos , se le acusa de robo de libros de texto en “una demanda que pone el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), no las autoridades de Educación Pública, en septiembre de 2014, y que se ejecuta el 11 de junio, ha pasado más de un año. Se le acusa de haber robado mil cajas de libros de texto, cada caja tiene 40-50 libros, dependiendo del grosor”.

En entrevista para Aristegui CNN, expuso que a Villalobos “lo están acusando de 50 mil libros robados, es una locura. ¿Dónde caben 50 mil libros?, y la historia tiene un contexto que es necesario precisar. En Oaxaca, el ex gobernador Ulises Ruiz, junto con ex lideresa Elba Esther Gordillo, promovieron la formación de una sección disidente, la Sección 59, formado por esquiroles, eso lo dice la Sección 22”.

“Aunque formalmente ese pequeño grupo de la Sección 59 no tenía reconocimiento, por debajo del agua el IEPO, equivalente a la secretaría de Educación de Oaxaca, les proporcionaba a ellos uniformes, desayunos escolares, zapatos, becas, libros de texto, que no les correspondían”, indicó.

Detalló que “la Sección 22 tomó el acuerdo de que no iban a permitir que ese material fuera distribuido por la Sección 59, y fueron haciendo labores de investigación donde estaban, sacando lo uno, sacando lo otro”.

“En ninguna de estas actividades participó Francisco Villalobos, sin embargo lo acusan de eso, y lo meten a la cárcel un año y pico después con una demanda, que insisto, no presentaron las autoridades educativas, sino el sindicato”, insistió.

Sobre la detención del secretario General de la sección 22, Rubén Núñez “es diferente, a él lo están acusando de lavado de dinero, de recursos de procedencia ilícita. Lo primero que hay que decir es que se trata de una acusación muy poco original. Porque de eso acusaron también a Elba Esther Gordillo, cuando la metieron a la cárcel, parece que no tenían demasiada imaginación”.

“Lo están acusando (a Núñez) de (operaciones ilícitas por) 24 millones de pesos… de dónde viene el dinero, esa es la pregunta. Y es muy sencillo explicarlo… cuando hace casi un año se decidió por parte de la secretaría de Educación Pública dar el golpe en contra del IEPO, se congelaron no solamente las cuentas del SNTE, sino también las cuentas personales de los dirigentes, ilegalmente. Entonces la Asamblea Estatal acordó hacer un fondo extraordinario para apoyar las actividades sindicales con dinero de los maestros… si en Oaxaca hay 80 mil maestros, ponle 60 mil que estén dispuestos a cotizar, y cotizan treinta pesos al mes, estamos hablando de que ahí hay más de 60 millones de pesos”, expuso sobre las cuentas de la sección 22.


“Hay diez cuentas que el gobierno intervino ilegalmente, son fondos (de los maestros)”, puntualizó.

El periodista refirió que los dos dirigentes detenidos el fin de semana “son dos dirigentes más que han sido detenidos , van ocho dirigentes oaxaqueños que están en penales de alta seguridad. Han sido asesinados tres maestros por la violencia policíaca, dos en Guerrero y uno en Chiapas. Han sido amenazados con el despido, despedidos más de cinco mil maestros, y han sido golpeados muchos más”.

“Hay por parte de Aurelio Nuño (secretario de Educación Pública) una pedagogía del garrote, que quiere hacer que una reforma que no ha sido aceptada por los maestros, entre por medio de la fuerza. No va a entrar”, sentenció.

Se piensa que deteniendo a dos dirigentes se va a descabezar el movimiento magisterial, pero “no se entiende que la coordinadora… es un movimiento de bases, no de líderes, que a lo largo de su historia ha venido recambiando a sus dirigentes, y esos dirigentes en su gran mayoría regresan a sus centros de trabajo. De tal manera que esta detención lejos de descabezar el movimiento, lo que va a hacer es fortalecer la rabia y el coraje”, sostuvo.

Precisó que en Oaxaca, los maestros tienen una dirección política muy amplia, por lo que hay “capacidad de conducción del movimiento”.


Recordó que los maestros están pidiendo “la libertad de sus presos, pero también que las autoridades se sienten a dialogar con ellos. Ha pasado un año de que se realizó el último proceso de negociación. Hay una cerrazón absoluta del gobierno federal a negociar… ellos (los maestros) señalan que necesitan una mesa para discutir la transformación de la educación en México. Ellos son una fuerte legítima, de bases, legal, que tiene que ser considerada desde el punto de vista para reformar la educación”.

Añadió que los maestros de la CNTE no están en contra de la evaluación, sino que no aceptan una evaluación que se reduce a la medición mediante exámenes estandarizados de opción múltiple y que mide de la misma manera a un maestro que trabaja en la Montaña de Guerrero, en condiciones muy difíciles, con uno que trabaja en una zona urbana como la Ciudad de México.

“Dicen sí a la evaluación pero la evaluación tiene que ser diferente. Y esa evaluación no puede condicionar derechos que ya tenemos ganados desde el punto de vista constitucional”, señaló.

Respecto a la reforma educativa, aseveró que es “básicamente laboral y administrativa” y consideró que el proyecto del gobierno federal “no tiene contenidos pedagógicos”.

Lo que esperaría, adelantó, es una radicalización del movimiento por la actuación del gobierno federal.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://aristeguinoticias.com/1406/mexico/aplicanunopedagogiadelgarrote-hernandez-navarro-en-cnn/