En entrevista para Aristegui CNN, confesó que le “preocupa mucho lo que aprobaron los senadores, asumiendo que todas las empresas y los empleados de las empresas que le venden bienes o servicios al gobierno, van a tener que presentar su 3 de 3. Es casi una venganza contra los ciudadanos”.
Añadió “que todavía falta que lo revisen los diputados, ojalá y lo reconsideren”.
Expuso que el “PAN y PRD lograron ponerse de acuerdo... presentaron una serie de artículos que reflejaban de forma precisa lo que planteamos nosotros en la plataforma 3 de 3 y que ha sido ya el referente sobre el tema”.
Recordó que 3 de 3 es “pedirle a nuestros funcionarios públicos, a los funcionarios electos, que presenten tres documentos. La declaración patrimonial, cuánto tienen, qué casas tienen, qué recursos; la declaración de intereses, y la tercera es la demostración de que están al día con la declaración de impuestos”.
Señaló que “hubiera quedado muy bien armado dentro del cuerpo de la ley, esa exigencia, para que no fuera un acto de voluntad, sino una expectativa legítima”, pero no se concretó y en su lugar “quedó en que un consejo ciudadano, que todavía no existe, lo va a nombrar otro consejo ciudadano, que organizaciones de sociedad civil y universidades van a postular a los nominadores, que a su vez van a nominar a los cinco consejeros ciudadanos que van a decidir qué información debe contener la declaración patrimonial y de intereses de los funcionarios”.
Para que lo aprobado empiece a dar resultados falta tiempo, porque “lo que está ocurriendo esta semana es que estamos diseñando el plano, sobre eso hay que construir las instituciones que están dentro del sistema nacional, y una vez que cobren vida, vamos a tener que encontrar a las mejores mujeres y hombres para que liderear”.
“Me preocupa mucho la parte de la autonomía, hace unos meses leí el caso de Rumania, era uno de los países que en el índice de transparencia internacional tenía mayor incidencia de corrupción y de repente empezaron a meter a políticos a la cárcel, que no se me hace la medida ideal pero es una señal de que las cosas están cambiando… hablando con la fiscal le preguntaron qué fue lo que cambió, la transformación más importante fue la autonomía”, expuso.
En tanto Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, dijo que “tal vez el cambio más importante en el enfoque anticorrupción que vamos a vivir a partir de estas nuevas leyes, es que dejamos atrás la idea de los zares anticorrupción; los presidentes nombraban a un responsable de la lucha contra la corrupción y depositaban ese tema en el secretario de la contraloría o después en el secretario de la Función Pública, ese no es un zar anticorrupción”.
Explicó que “institucionalmente el responsable del control interno de una dependencia no es un zar anticorrupción, los zares anticorrupción viven en las fiscalías especializadas o en las procuradurías generales. Primer cambio importante, va haber un fiscal anticorrupción, es un fiscal muy peculiar, porque cuando tenga completa autonomía la Fiscalía General de la República, será tan autónomo como la fiscalía, en el 2018″.
La segunda pieza importante de lo aprobado es que “si van a entrarle al tema penal, pues tenemos que ajustar los tipos penales. Había un rezago en materia de corrupción en tipos penales, la única vez que aparecía la palabra corrupción en el código penal, era para corrupción de menores, es la única mención a la palabra”.
El tercer tema es que “quien investiga en la vía administrativa corrupción, aquí hay dos cambios muy importantes, uno es que investigan y no necesariamente sancionan, quien investiga en la vía administrativa, eso es la Función Pública o el auditor superior de la Federación, que ahora tiene facultades para investigar corrupción administrativa y sólo eso, tendrán que llevar los asuntos graves a una nueva figura, un Tribunal de Justicia Federal Administrativa, responsable de sancionar. Entonces unos investigan y otros sancionan”.
“En el Senado se discutieron también, la ley de responsabilidades administrativas, que es un nuevo régimen y que también toma muchos elementos de la iniciativa ciudadana. Esta nueva ley de responsabilidades lo que hace es describir con mayor claridad qué es y que no es corrupción administrativa”, refirió.
Recordó que “el presidente del Sistema Nacional Anticorrupción no será una institución, será un ciudadano, en el proceso que describía Juan Pardinas”.
“El presidente del sistema nacional ¿a quién organiza, a qué mesa organiza? Al fiscal, a la secretaría de la Función Pública, al Consejo de la Judicatura Federal, al presidente del Inai. Tiene que articular que funcione una política integral anticorrupción, y que dé resultados, es su principal tarea”.
Lo que “produce hoy el país en términos de extinción de dominio, recuperación de activos, ya cuando pasas todo el proceso son 745 mil pesos, es todo lo que hemos recuperado. Lo que le van a pedir al sistema es ‘no me platique cuántas reuniones tuvo… cuál es el resultado final de su acción, quién está en prisión por corrupción'”, indicó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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