CHILPANCINGO, Gro: Al menos dos jóvenes ejecutados, una camioneta incendiada y una casa balaceada fue el saldo de varias tiroteos registrados esta madrugada en diferentes puntos de la capital de la entidad. Las acciones violentas están relacionadas con la brutal disputa que mantienen dos grupos delincuenciales por el control de esta plaza estratégica en la geografía del narco en Guerrero. A pesar de que el alcalde priista, Marco Leyva Mena y el gobernador Héctor Astudillo anunciaron la implementación de un operativo de la Policía Federal (PF), las bandas criminales siguen operando impunemente y exhiben el vacío de autoridad que existe en esta ciudad donde el narco controla territorios completos al igual que otras regiones del estado. Incluso, desde la semana pasada los criminales prácticamente impusieron un toque de queda nocturno en la capital, mientras que las autoridades se han limitado a levantar cadáveres dejando a la sociedad en una situación de indefensión total. De acuerdo con reportes oficiales, cerca de las 01:20 horas se reportó el hallazgo de dos jóvenes ejecutados en las inmediaciones de la colonia ampliación Lázaro Cárdenas, ubicada al norte de Chilpancingo y a escasos metros de la aeropista que es resguardada por soldados y fue habilitada como cuartel de la Policía Federal. Luego, vecinos de la colonia El Tomatal, al oriente, reportaron una balacera protagonizada entre dos grupos armados que se desplazaban a bordo de autos por las calles de este asentamiento humano ubicado al oriente. La refriega se extendió a la colonia Los manantiales pero no se registraron víctimas faltes y las autoridades se enfocaron simplemente en embalar decenas de casquillos percutidos. Posteriormente, otro grupo armado atacó una vivienda en la colonia Los Lirios, ubicada al poniente de la ciudad, donde los sicarios incendiaron una camioneta que se encontraba estacionada en el lugar. El informe oficial no reporta víctimas fatales en este hecho que provocó pánico y terror en los habitantes de este precario lugar que ha sido clasificado como zona marginal de extrema pobreza y donde operan grupos delictivos.
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P: La empresa de transportes ETN “se quedó corta” en su respuesta a la denuncia pública hecha por la potosina Rosa Margarita Ortiz Macías por el asalto y la agresión sexual que sufrió en un viaje de la Ciudad de México a esta entidad, por lo que el asunto “se resolverá en los tribunales”, dijo el esposo de la afectada, Adolfo Micalco Méndez.
“Ellos como siempre evaden responsabilidad y la tienen. Se vieron obligados a salir por lo que ocurrió en redes y medios, toda la gente se indignó, pero hubo omisiones”, señaló Micalco en entrevista para Apro vía telefónica. El miércoles pasado, Margarita Ortiz recibió una llamada de uno de los directivos de ETN, mismo que le comunicó lo señalado en el boletín difundido por la empresa, y le ofreció cubrir los gastos médicos derivados de lo ocurrido, así como apoyo psicológico.
“No sé qué piensan, esto no se arregla con una llamada, una rueda de prensa o un comunicado, se arregla en los tribunales. Lo que la gente pide son sanciones ejemplares a empresas como ésta o cualquier otra que no protege ni responde a sus usuarios y tranquilamente se deslinda”, señaló Adolfo Micalco. Cuestionó la falta de protocolos o de seguimiento de éstos –si existen- ante casos similares, para alertar a las autoridades o proteger a los pasajeros. Aseguró que su esposa continuará con la denuncia hasta que se logre castigar a quienes cometieron el asalto al autobús de pasajeros el pasado martes 7 de junio, así como por la violación de que fue víctima por uno de los asaltantes. Margarita Ortiz sostiene que el chofer de la unidad en ningún momento fue amagado o encañonado por alguno de los asaltantes. La mujer interpuso su denuncia en el Centro de justicia para mujeres de Cuautitlán Izcalli, el viernes 10, momento en el que se le practicaron peritajes por el médico legista y todo lo relacionado al procedimiento de la autoridad ministerial. “Ella está muy lastimada, pero va a seguir denunciando esto y exigiendo justicia”, afirmó Micalco. En todo caso, añadió, el chofer podrá decir lo que a su derecho corresponda dentro de la investigación y del proceso que ésta siga. Finalmente, el esposo de la víctima pidió al resto de los pasajeros (viajaban 21 esa noche en la unidad 5270 de ETN) que se pongan en contacto y que actúen y acudan a dar su testimonio.
Los senadores aprobaron nuevas normas para sancionar a los servidores públicos que cometan delitos como nepotismo, desvío de recursos entre otros. Además habrá un fiscal especial que lleve los casos.
Trece meses después de la reforma constitucional, el Senado aprobó las leyes reglamentarias para crear el Sistema Nacional Anticorrupción que prevé castigar con cárcel a los funcionarios públicos y contratistas que cometan tráfico de influencias, desvío de recursos, moches, contratación ilegal de deuda y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. En la sesión de este miércoles, los senadores aprobaron la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y reformaron la legislación de la Procuraduría General de la República y el Código Penal Federal, que pasarán a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo. Por primera vez en el país habrá un Fiscal especial de combate a la corrupción que será elegido por dos terceras partes del Senado, pero podrá ser removido por el titular de la Procuraduría General de la República, lo que significa que estará “supeditado” a la PGR, acusó la senadora perredista, Dolores Padierna. Además, en la reforma a la Ley orgánica de la PGR se excluyó darle mayores atribuciones a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) para combatir la corrupción, pues “literalmente desapareció del proyecto”, acusó la senadora del PRD, Angélica de la Peña. “Es una institución fundamental para la democracia del país, por lo que es lamentable que no se le dé el mismo trato que la Fiscalía Anticorrupción”, dijo la perredista en tribuna durante su posicionamiento. También se eliminó la propuesta de asignar 4% del presupuesto de la PGR a la nueva Fiscalía. Estos son los puntos más relevantes de las legislaciones aprobadas y reformadas. Reforma la Ley orgánica de la PGR: – Se crea la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, como un órgano con independencia técnica y operativa para investigar, prevenir los delitos en materia de corrupción. – El titular de la Fiscalía será nombrado por el voto de las dos terceras partes de los senadores. Podrá ser removido por el procurador general de la República, pero podrá ser objetada por el voto de la mayoría del Senado. – Tendrá personal sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar para cumplir con sus funciones y unidades administrativas en todo el país. Reforma al Código Penal Federal: – El uso ilícito de atribuciones y facultades se castiga con seis meses a doce años de prisión y de cien a trescientos días multa. Esto es incluye a los funcionarios públicos que, de manera ilícita, contrate deuda u otorgue permisos, licencias, adjudicaciones, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad social, o sobre los ingresos fiscales, precios y tarifas de bienes y servicios producidos o prestados en la Administración Pública Federal. – Al contratista, permisionario o titular de una concesión de prestación de un servicio público de explotación que genere y utilice información falsa sobre los rendimientos o beneficios que obtenga o cuando no entregue u oculte información sobre sus rendimientos, se le impondrá de seis meses a 12 años de prisión y de 100 a 300 días de multa. – Quienes cometan actos de corrupción quedarán inhabilitados para desempeñar cargos públicos, para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio por un plazo de uno a veinte años. – El legislador federal que, durante el proceso de aprobación del presupuesto de egresos gestione o solicite una comisión (moches) o el otorgamiento de contratos de obra pública a favor de determinadas empresas o personas, podría ir a la cárcel hasta 14 años. – El enriquecimiento ilícito se castigará con tres meses y hasta 14 años de prisión. – Se castiga el delito de “coalición de servidores públicos”, es decir, que varios funcionarios públicos hagan alianza para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o impedir su ejecución. – Las modificaciones también prevén sanciones para el servidor público que tenga a su cargo fondos públicos y les dé una aplicación distinta a la que estén destinados o haga un pago ilegal; al igual que a cualquier persona que sepa de esta ilegalidad y participe en dichos actos. Estas sanciones van de los seis meses a doce años de prisión y de cien a trescientos días de multa. – Se castiga a funcionarios públicos que no reporten o nieguen que una persona esté detenida o arraigada en reclusorios o centros de detención. A quienes, utilizando la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que denuncie. Y para aquellos que reciban sobornos. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: – Se trata de un órgano que formará parte del Sistema Nacional Anticorrupción y tendrá autonomía para emitir sus fallos y jurisdicción plena. – El Tribunal conocerá de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves, promovidas por la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de los entes públicos federales, o por la Auditoría Superior de la Federación. – Podrá sancionar a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, nombramientos o encargos públicos.
Dos palabras (las referentes a la “vida privada”) sembraron una “semilla con veneno” en la ley de responsabilidades administrativas aprobada por el Senado, también conocida como ley 3de3, indicaron organizaciones académicas y académicos. Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) -una de las organizaciones que promovió la ley 3de3-, dijo en entrevista con Animal Político que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) colocaron en el dictamen aprobado la acotación de que las declaraciones patrimonial y de intereses de los funcionarios serán públicas, siempre y cuando no se afecte su “vida privada” con la divulgación de esos datos. Esto dice textualmente el dictamen aprobado por el Senado, en su artículo 29: “Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el comité coordinador, a propuesta del comité de participación ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”. En cambio, las organizaciones ciudadanas que promovieron la #ley3de3, indicaron en su iniciativa que los funcionarios tendrían que presentar sus declaraciones, y estas estarían disponibles al público, “con excepción de los datos que sean estrictamente personales, así calificados por la ley de la materia”. Los grupos ciudadanos nunca mencionaron el tema de la “vida privada”, y a decir de Pardinas, el hecho de que el PRI y el Partido Verde lo hayan incluido representa una “semilla con veneno” que dificultará tener acceso a la información sobre el patrimonio y los intereses de los funcionarios públicos en México. Pablo Escudero, senador del PVEM, defiende que la ley aprobada en el Senado sí garantizará la transparencia, porque un comité ciudadano sera el que establezca qué información debe resguardarse y cuál sí puede ser expuesta. “Cuando nazca el consejo ciudadano tendrá que enfrentar esta enorme responsabilidad, de determinar qué información van a tener que hacer pública, desde el presidente de México, los senadores, los legisladores, y tendrán que entrar en una discusión jurídica sobre qué es vida privada”, mencionó Pardinas. “Al no haber un referente legal bien establecido, mi intuición es que esto no solo se pateó hacia adelante, sino que se enredó, se va a judicializar. Era mucho mejor dejarlo en el marco de las leyes establecidas. Entonces, ahí está el primer obstáculo”, agregó. La madrugada del miércoles pasado, con un resultado de 51 votos a favor y 59 en contra, se rechazó un planteamiento de PAN y PRD para cambiar la redacción del dictamen, y establecer que las declaraciones de los funcionarios fueran públicas por ley, sin poner la limitante de la vida privada.
Tras ello, los grupos ciudadanos criticaron que se había dado la espalda a más de 630,000 personas que respaldaron con su firma la iniciativa de ley 3de3. En cambio, tanto el PRI como el PVEM han defendido que cumplieron con la voluntad de los ciudadanos, y que hay intentos de engañar a la gente, desprestigiando lo aprobado por el Senado. “Los 640,000 que firmaron esta iniciativa de responsabilidades 3de3 ganaron, hay que decirlo. Es para celebrar. Es el primer ejercicio de una iniciativa ciudadana donde estuvieron en parte del procedimiento legislativo”, dijo el senador Escudero este jueves 16 de junio, en entrevista con Radio Fórmula. “Hemos atendido al 100% la ley 3 de 3, es una realidad ya esa ley. Es incomprensible que haya descalificaciones a esto”, agregó. El académico Alberto Serdán, en una columna publicada en Animal Político, coincidió en el punto de que incluir el concepto de vida privada en la ley de responsabilidades administrativas aprobada por el Senado hará que sea letra muerta la “máxima publicidad”, o conocimiento público de las declaraciones que hagan los funcionarios. “De acuerdo con la minuta, basta con que un sujeto obligado manifieste que ‘afectan su vida privada’ para que la información no sea pública. Si alguien se inconforma ante esto, generalmente la ciudadanía, debe atravesar todo un laberinto jurídico hasta que un juez interprete qué quiere decir en realidad con eso de ‘afectar su vida privada’, escribió Serdán, además de señalar que en la ley aprobada quedó fuera la publicidad de la declaración de impuestos. Enrique Cárdenas Sánchez, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias y coordinador en la redacción de la iniciativa ley 3 de 3, dijo a Animal Político que la presentación de las declaraciones de los funcionarios debe guiarse con la protección de datos personales, y no con el tema de se afecte la vida privada, porque así el esquema se vuelve inoperante. “Meter temas como el de la vida privada, es tan ambiguo y amplio, y justamente da lugar a dudas. Está mal la redacción tal como está. Jurídicamente no va, e incluso podría ser inconstitucional”, dijo Cárdenas Sánchez. Y sobre los formatos… Otro de los puntos criticados por organizaciones ciudadanas, es que tampoco se aprobó en el Senado que las declaraciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios se hagan con el formato de la plataforma 3de3. El senador Escudero defiende que las propias organizaciones fueron las que plantearon que un comité ciudadano fuera el encargado de redactar los formatos. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">Propuso <a href="https://twitter.com/ebohorquez">@ebohorquez</a> que ciudadanos definieran los formatos de <a href="https://twitter.com/hashtag/Ley3de3?src=hash">#Ley3de3</a> ¡Así lo aprobó <a href="https://twitter.com/Senado_PRI">@Senado_PRI</a> y <a href="https://twitter.com/VerdeSenadoMex">@VerdeSenadoMex</a>! <a href="https://t.co/vLRgbPSO8Q">pic.twitter.com/vLRgbPSO8Q</a></p>— Emilio Gamboa Patrón (@Emilio_Gamboa_) <a href="https://twitter.com/Emilio_Gamboa_/status/743219280972382208">15 de junio de 2016</a></blockquote>
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Y en efecto, Pardinas acepta que pusieron esa propuesta sobre la mesa, aunque después el PAN y el PRD plantearon que se adoptara el formato utilizado “por más de 700 candidatos y servidores públicos de todo el país en la plataforma 3de3.mx”, así que tomaron esa bandera, pero a fin de cuentas tampoco fue aprobada esa iniciativa, por la negativa del PRI y el Partido Verde. “Estuvo sobre la mesa la posibilidad de que los formatos que utilizamos se convirtieran en ley. Es lo que presentó el PAN y el PRD“, dijo Pardinas. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Aviso?src=hash">#Aviso</a> Se encuentra abierto el sistema electrónico para votar en lo Gral. y particular los artículos no reservados de <a href="https://twitter.com/hashtag/LeyDeFiscalizaci%C3%B3n?src=hash">#LeyDeFiscalización</a>.</p>— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) <a href="https://twitter.com/Mx_Diputados/status/743538990540791809">16 de junio de 2016</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> En cuanto a que será un comité ciudadano quien redacte las formatos de las declaraciones, según lo aprobado en el Senado, Pardinas dijo que hay incertidumbre respecto a quién integrará ese comité, por lo que hubiera sido mejor tomar desde ahora el formato 3de3. “Va por el camino de la incertidumbre, porque no sabemos quién va a integrar el comité ciudadano. El comité todavía no existe jurídicamente, porque la ley que le da razón de ser todavía no toma forma, entonces hay muchos margenes de qué va a pasar, quién lo va a determinar”, dijo Pardinas, del IMCO. La expectativa, apuntó, es que la ley de responsabilidades administrativas aprobada en el Senado sea corregida al llegar a la Cámara de Diputados, y se quite la limitante de la vida privada, además de que se establezca el formato de la plataforma 3de3 para las declaraciones de los funcionarios. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO AUTOR: ARTURO ASCENCIÓN LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/dos-palabras-envenenaron-la-ley-3de3-en-el-senado-organizaciones-y-academicos/
Ciudad de México.- El futbolista mexicano David Izazola, decidió retirarse del fútbol profesional, debido al 'mal trato' que se da a los jugadores mexicanos, y hasta en la propia casa, como en el club Pumas de la UNAM donde todavía militaba.
Declaró: "Me retiro cansado de los malos manejos, de los malos tratos y de las burdas decisiones que se basan en dinero y no en capacidades", redacta en un comunicado que dio a los medios de información mexicanos.
Hoy decido dejar atrás un sistema mexicano hecho para foráneos", concluye. Izazola formó parte de la Selección Sub-20 de México que se adjudicó el tercer lugar en el Mundial de la especialidad en Colombia 2011.
El exdelantero salió de las Fuerzas Básicas de Pumas, y debutó en Primera División en 2011, pero tuvo poca participación en el club por lo que decidió probar suerte en Gallos Blancos de Querétaro, Atlético San Luis y después emigró al fútbol de Hungría, sin embargo, recibió pocas oportunidades y regresó a Pumas, pero no entró en los planes del equipo felino.
Como dato, en el último Draft celebrado en Cancún, aproximadamente 200 jugadores mexicanos se quedaron sin empleo.
Tres aviones de la Policía Federal aterrizaron este jueves en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de Oaxaca, ubicado en Santa Cruz Xoxocotlán.
En estos viajaron alrededor de 500 elementos federales armados. La movilización ocurre tras semanas de protestas de los maestros en la entidad y luego de que el gobierno federal advirtiera que, en caso de ser necesario, hará uso "moderado" de la fuerza.
El 17 de septiembre de 2015, horas después de haber sido capturado, Gildardo López Astudillo, alias El Gil –a quien la PGR identifica como líder del cártel Guerreros Unidos–, informó a las autoridades que al menos una parte de los normalistas secuestrados el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, fueron trasladados al ejido “Tijeritas”, por sicarios a su mando, apoyados por personal de la Dirección de Protección Civil de Iguala, y ahí los asesinaron.
Aún así, la nueva versión oficial de los hechos, presentada por la Procuraduría General de la República el pasado 8 de junio, insiste en que los 43 normalistas raptados en Iguala fueron asesinados e incinerados en Cocula.
Tal como consta en la declaración ministerial rendida por Gildardo López Astudillo, “Víctor Hugo Benítez (alias El Tilo, presunto sicario), con la ayuda de El Chino, de Protección Civil (…) se los llevaron (a los normalistas) rumbo al poblado de Tijeritas, que está rumbo a Taxco”, es decir, en sentido inverso a Cocula.
En la comunidad de Tijeritas, informó el presunto autor intelectual de la desaparición de los 43 normalistas, el grupo Guerreros Unidos tenía un rancho, operado por El Tilo.
Según López Astudillo, “(El Tilo) me ha dicho que a él le gusta hacer las cosas bien, que a la gente que agarra la ‘cocina’ (disolver en ácido), y que se hacen agua, por lo que ese pudo haber sido el destino que le dio a los estudiantes que se llevó” a Tijeritas.
Un mes y medio después de que Gildardo López Astudillo fuera detenido y revelara la información sobre Tijeritas, el 30 de noviembre de 2015, las autoridades federales dieron a conocer que en ese lugar fueron encontrados 11 cadáveres en fosas clandestinas, seis de los cuales portaban uniformes de la Policía Municipal de Iguala.
Sin embargo, luego de esa búsqueda, las autoridades no volvieron a realizar ningún rastreo en Tijeritas, debido a que “en realidad no fueron las autoridades las que hicieron la búsqueda en esa zona, sino nosotros”, denunció Mario Vergara, integrante del colectivo ciudadano conocido como Los Otros Desaparecidos, una brigada de búsqueda de fosas clandestinas, integrada por familiares de personas desaparecidas en Guerrero.
“La verdad es que ni la PGR, ni la Policía Federal han acudido jamás a Tijeritas para realizar búsquedas –explicó Mario, quien busca a su hermano Tomás, desaparecido en Huitzuco en 2012–, ese lugar lo identificamos nosotros como un posible sitio donde el crimen ocultó los cuerpos de sus víctimas, yo te voy a contar la historia de ese lugar…”
Tijeritas
“Todo lo que nosotros, el grupo de Los Otros Desaparecidos, hemos encontrado (más de 120 cadáveres en fosas clandestinas en el norte de Guerrero), ha sido gracias a avisos anónimos. Y tenemos muchos lugares mencionados, que todavía no hemos recorrido… Pero también hay en el grupo compañeros que a veces salen a hacer sus búsquedas solitarias, recorren los lugares en donde la gente les menciona que hay que buscar, y si los compañeros encuentran algo raro, ya entonces lo reportan al grupo.”
Entre esos buscadores solitarios, explica Mario Vergara, “está el señor Lupe, don Lupe, que empezó a recorrer las tierras de Tijeritas, que es una zona a las afueras de Iguala, monte básicamente… El señor Lupe recorrió esa zona durante varios meses, porque cuando tú conoces Tijeritas, te das cuenta de que es una zona de kilómetros y kilómetros de extensión”.
“Él empezó a caminar y caminar y caminar, hasta que encontró algo raro, y entonces llevó al grupo para allá, no para revisar toda la extensión de Tijeritas, sino sólo el punto en donde él detectó fosas. Y sí, ahí encontramos 11 cuerpos, en varias fosas”.
De hecho, explica Mario Vergara, en ese lugar el grupo Los Otros Desaparecidos encontró la que ha sido la fosa con más cuerpos detectada por ellos, y ellas, hasta la fecha.
“Es la fosa más grande que ha encontrado nuestro grupo, con siete cuerpos, de los cuales seis tenían uniforme de la Policía Municipal de Iguala, y uno más vestido de civil.”
Esos son los cuerpos cuyo hallazgo fue reportado en noviembre de 2015, semanas después de que El Gil señalara este punto como “destino” de un grupo de normalistas raptado en Iguala.
Sin embargo, tal como revela Mario Vergara, la búsqueda en esa zona, y las fosas localizadas, no fueron producto de las declaraciones del presunto líder de Guerreros Unidos, o de rastreos de las autoridades, sino de una iniciativa civil.
La búsqueda oficial
El 19 de septiembre de 2015, es decir, 48 horas después de la captura de Gildardo López Astudillo, algunos medios mexicanos difundieron la versión de que éste había admitido ser quien dio la orden de asesinar a los normalistas de Ayotzinapa.
Tales versiones de prensa, sin embargo, eran falsas. Gildardo López Astudillo, de hecho, negó claramente en su declaración ministerial haber ordenado o participado directamente en el ataque y asesinato de los estudiantes.
Sin embargo, lo que sí hizo fue narrar los hechos, tal como a él mismo se los habían reportado, en tiempo real, los presuntos sicarios de Guerreros Unidos.
Según su declaración, luego de que los normalistas fueron raptados en Iguala, a “una parte de ellos se los llevaron las patrullas de Iguala, por instrucción de Francisco Salgado Valladares (subdirector de la policía de Iguala); otra parte (de los normalistas) se los llevaron las patrullas de Cocula, por instrucción de César Nava (subridrector de la policía de Cocula)”.
Y continúa: “Los estudiantes que se llevaron las patrullas tanto de Iguala y de Cocula, efectivamente se los entregaron a Felipe Salgado, alias El Terco, en el punto conocido como Loma del Coyote”.
Según Gildardo López Astudillo, ese grupo de normalistas trasladados en patrullas y entregados a El Terco, fue llevado al basurero de Cocula, donde los sicarios encargados de ejecutarlos recibieron instrucciones “para que no quedaran evidencias”.
En tanto que otro grupo de normalistas fue entregado al presunto sicario conocido como El Tilo, y “se los llevaron rumbo al poblado de Tijeritas, que está rumbo a Taxco, que es donde tiene un rancho El Tilo”, lugar en el cual disolvían a sus víctimas en ácido.
Al abordar la declaración del El Gil, sin embargo, la PGR sólo señala en su “Informe del Caso Iguala” que una “parte” de los alumnos “se la llevó el indiciado 18” (El Tilo) hacia un rancho que “fue objeto de cateo por esta autoridad desde el inicio de la investigación, como parte de las pesquisas inherentes, sin obtener resultados”.
De hecho, según el informe de la PGR, en esta zona sólo se encontraron dos “anomalías” en el suelo, las cuales fueron investigadas “dando resultado negativo, descartando la presencia de restos humanos en la zona”.
Una semana después, el grupo ciudadano Los Otros Desaparecidos dio a conocer el hallazgo de fosas con 11 cuerpos en esa región.
–¿Luego de que ustedes hallaran estas fosas, y de que las autoridades recuperaron esos 11 cuerpos, la PGR permaneció en la zona, para continuar la búsqueda de fosas en toda la extensión de Tijeritas? –se pregunta al buscador Mario Vergara.
–No –responde–, ellos estuvieron yendo en noviembre de 2015 a la zona que nosotros les señalamos, pero Tijeritas es un área de kilómetros y kilómetros de extensión, y los peritos de la PGR nomás estuvieron revisando una zona de algunos metros, donde nosotros encontramos las fosas, y luego ya no hicieron nada en el resto de la zona.
–¿Cuál es tu opinión, como buscador de fosas, sobre los rastreos realizados en Iguala por las autoridades?
–Ninguna de las unidades de búsqueda de la PGR, ya sea de la Unidad de Personas Desaparecidas, de la Fiscalía contra la Trata, de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada, ninguna realiza búsquedas serias. Lo que ellos saben hacer son simulaciones de búsqueda: van a un lugar con gente que no conoce el campo, que no sabe lo que busca, que no sabe cómo se ve un hueso, cómo se ve una fosa. Llegan al lugar a caminar, nada más, como en un día de campo.
“Por ejemplo –prosigue–: este domingo fuimos a Mezcala, a una zona en donde las autoridades supuestamente ya habían buscado. Y nosotros encontramos huesos tirados justo ahí donde supuestamente ya habían trabajado las autoridades. Llegamos nosotros y empezamos a trepar el cerro, con nuestro dolor, con nuestra rabia, con nuestra experiencia, y encontramos costillas, clavículas, vértebras, pedazos de otros huesos. La PGR se quedó recogiendo todos esos huesos. Pero no los encontró la PGR, los encontramos nosotros. La PGR sólo recoge los cuerpos que nosotros señalamos, y sólo excava las fosas que nosotros encontramos. Por sí misma, no hace nada.
La reforma aprobada a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada permite a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar intervenciones de comunicaciones privadas que deberán autorizarse en menos de seis horas y sin la obligación de demostrar ante el juez indicios de que la persona que será espiada pertenece al crimen organizado. Las modificaciones a la ley aprobadas esta semana por la Cámara de Diputados además amplían el número de delitos que se consideran como delincuencia organizada, por ejemplo al contrabando y narcomenudeo, y en los que se podrá emplear el espionaje como medida de investigación. También se contempla que las autoridades podrán realizar espionajes en tiempo real en sitios públicos utilizando cualquier medio electrónico o tecnológico a su alcance, así como dar seguimiento especial a personas e implementar operaciones encubiertas con agentes que incluso recibirán nueva identidad. A continuación Animal Político te presenta las modificaciones clave de esta nueva ley a partir del dictamen aprobado por los Diputados, y que entrara en vigor en cuanto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación. Espionaje exprés Para intervenir las comunicaciones privadas de una persona (su teléfono, correos electrónicos, aplicaciones de mensajería y cualquier dispositivo de comunicación) aún se necesitará la autorización de un juez, sin embargo, la reforma probada sí modifica requisitos y condiciones para que el mismo se autorizado. Antes de los cambios, la ley establecía en el artículo 15 que el juez tenía doce horas de plazo para autorizar el espionaje de las comunicaciones de una persona, y en el artículo 18 se señalaba que el juez debería constatar “la existencia de indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que la persona investigada es miembro de la delincuencia organizada” para dar el visto bueno a la intervención. Pero ambos párrafos fueron derogados. En su lugar, la reforma establece que el juez contará solo con un plazo máximo de seis horas para autorizar la intervención. Para recibir el visto bueno del juez, la solicitud del Ministerio Público Federal deberá estar “fundada y motivada” según la nueva redacción del artículo 17, pero ya no se establece el requisito de confirmar el nexo criminal del objetivo en específico. Según el mismo artículo, lo que la PGR debe precisar al juez es la persona o personas que serán intervenidas, si es posible la identificación de los lugares donde se realizará el espionaje, el tipo de comunicación a ser intervenida, su duración, y al empresa concesionaria responsable del sistema a intervenir. El espionaje a una persona no podrá exceder de seis meses… aunque el Ministerio Público podrá intervenir de nuevo las comunicaciones del mismo objetivo si presenta una solicitud que lo justifique ante el juez. Entre los párrafos que los legisladores añadieron destaca el que describe como “comunicaciones privadas” a “todo un sistema de comunicación, programas que sean fruto d ela evolución de la tecnología, que permitan el intercambio de datos, videos, audio, mensajes, así como archivos electrónicos que graben, conserven el contenido de conversaciones o registren datos que identifiquen la comunicación, las cuales se pueden presentar en tiempo real o con posterioridad al momento en que se produce el momento comunicativo”. Se estableció además que el juez que autorice la intervención podrá supervisar en cualquier momento que se lleve a cabo conforme a lo establecido y se detecta irregularidades, podrá ordenar su cancelación. “Big Brother” En el capítulo de técnicas de Investigación de la ley Federal contra la delincuencia Organizada, enmarcadas en el artículo 11Bis, los legisladores aprobaron nuevas modalidades de las que podrá echar mano el Ministerio Público y los policías ministeriales. Entre las técnicas nuevas se encuentra el “recabar información en lugares públicos, mediante la utilización de medios e instrumentos y cualquier herramienta que resulten necesarias para la generación de inteligencia”. También se habilitó la “vigilancia electrónica” y el “seguimiento de personas”. Además la Procuraduría podrá intervenir cuentas bancarias, financieras o equivalentes como parte de las investigaciones. De acuerdo con la reforma, cuando las acciones anteriores afecten algún tipo de comunicación privada se requerirá la autorización previa de un juez. La nueva ley también faculta a la PGR para que pueda solicitar a la Secretaría de Economía toda la información relacionada con actividades comerciales o negocios de alguna persona o empresa bajo investigación por delincuencia organizada. En un plazo máximo de seis meses la Procuraduría deberá emitir protocolos específicos para todas estas modalidades de investigación. Nuevos delitos y sanciones más severas La reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada incluyó cinco delitos nuevos dentro del catálogo de conductas delictivas que la ley considera como actividades de crimen organizado: 1) desvío de precursores químicos para la preparación de narcóticos 2) narcomenudeo 3)uso de moneda falsificada con conocimiento de ello 4) contrabando de bienes) y 5) robo de hidrocarburos. Dichos ilícitos se suman a los que ya estaban previamente incorporados a la ley como es el tráfico de drogas, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el secuestro o el tráfico y trata de personas. Además, todos estos ilícitos ya se podrán agravar con penas de hasta 40 años de prisión si los involucrados resaltan estar al mando de las células delictiva. Con esta reforma, el Ministerio Público Federal tendrá la facultad de atraer directamente delitos de trata de personas o narcomenudeo que estén en manos de las procuradurías o fiscalías locales. También se estableció que una vez consignados estos delitos, ninguno prescribirá si el probable responsable no se encuentra en prisión o si es extraditado a otro país. Agentes encubiertos y con nueva identidad Entre las nuevas técnicas de investigación enmarcadas en el artículo 11 de la reformada Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se establece la figura de ”agentes encubiertos” con el objetivo de obtener información de primera mano de los grupos criminales. “Los agentes de las fuerzas del orden público que participen en dichas investigaciones, con base en circunstancias del caso, se les proporcionará una nueva identidad, dotándolos para tal efecto de la documentación correspondiente” indica el párrafo agregado a la ley. Los fiscales responsables de la investigación podrán autorizar que los nombres o cualquier dato personal de los agentes que participen en estas operaciones no aparezcan en los expedientes de la investigación. En su lugar se asignará a los agentes una “clave numérica” y con a msima serán identificados en los documentos, Cabe señalar que los artículos reformados no establecen alguna limitante para que personas ajenas a la policía de la PGR pueden participar como agentes encubiertos en las investigaciones. Lo que si establece la ley es que “ninguna persona podrá ser obligada a actuar en operaciones encubiertas”. Arraigos se quedan Los arraigos se mantienen en la reforma a la Ley Federal en contra de la Delincuencia Organizada. Como ya estaba estipulado, se remarca que estos deberán ser autorizados por un juez y que serán por un periodo de 40 días, que podrá duplicarse solo una vez. Es decir, ninguna persona podrá ser arraigada más de 80 días. Lo que si se adicionó con la reforma son los seis requisitos indispensables que deberá tener la resolución judicial que autorice un arraigo 1) Nombre y cargo de juez que lo autoriza 2) los datos del arraigado 3) los delitos 4) el motivo por el cual es necesario el arraigo 5) el día, hora y lugar del arraigo y 6) las autoridades responsables. Se establece que en caso de que un juez niegue una orden de arraigo la PGR podrá subsanar deficiencias y volver a presentar la solicitud. En caso de que se trate de una negativa a ampliar un arraigo, podrá interponer una apelación. Prisión de oficio, y no en cualquier cárcel La reforma establece en el artículo 3 que cualquier delito de delincuencia organizada ameritará “prisión preventiva oficiosa”, es decir, que una persona detenida o bajo proceso por este delito deberá estar recluida en una cárcel. Pero además, se estableció en el artículo 42 que las personas que se encuentren en prisión preventiva o ya sentenciada por un tema de delincuencia organizada, deberá ser recluidos en “centros especiales” sin que se diera mayor detalle de los mismos. Además se anula el derecho de las personas recluidas por crimen organizado a compurgar su pena en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, y se mantiene la posibilidad de que sean sometidos a mecanismos de vigilancia especial de acuerdo con su perfil criminal. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO AUTOR: ARTURO ANGEL LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/pgr-podra-espiar-en-lugares-publicos-e-intervenir-comunicaciones-si-sospecha-nexos-criminales/
La nueva fiscal deberá fortalecer los lazos entre la PGR y las organizaciones de la sociedad civil, de defensores de derechos humanos y el sector académico.
Eréndira Cruzvillegas Fuentes fue designada como la nueva fiscal Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, informó la PGR. Su objetivo será fortalecer la búsqueda y localización de personas desaparecidas en el país “bajo los más altos estándares de derechos humanos, atendiendo a los ejes rectores del Plan de Trabajo de la PGR: impartición de justicia eficaz y eficiente, implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, promoción y respeto de los Derechos Humanos y Transparencia”, detalló la Procuraduría en un comunicado. Entre las tareas de la nueva fiscal está fortalecer los lazos entre la PGR y las organizaciones de la sociedad civil, de defensores de derechos humanos y el sector académico para ampliar la atención gubernamental a las víctimas. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en el país hay 26,599 personas desaparecidas. La Fiscalía para Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (PGR), fue creada en octubre de 2015 por el gobierno como una respuesta a los padres de los normalistas de Ayotzinapa que pedían una instancia especializada.
Eréndida Cruzvillegas fue titular de la Coordinación de Atención a los Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca; ha sido Relatora Especial por la Libertad de Expresión en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y ha participado en diversas organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/pgr-designa-a-erendira-cruzvillegas-como-fiscal-para-personas-desaparecidas/
San Salvador Atenco, Méx. El expediente relativo al amparo directo número 796/2015, con que cuentan los campesinos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco en el juicio contra el cambio de uso común a dominio pleno de casi dos mil hectáreas ocupadas para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) y su infraestructura, fue turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Este es el primer expediente relativo al cambio de uso de suelo, venta de tierras y edificación del mega proyecto aeroportuario, del cual el máximo tribunal del país tendrá conocimiento para su resolución.
El expediente fue turnado a la SCJN luego de que el presidente del comisariado ejidal de San Salvador Atenco, Andrés Ruiz Méndez -quien está a favor de la construcción del NAICM-, interpusiera un recurso de revisión contra el amparo que favorece a los ejidatarios del FPDT que reclaman la venta “ilegal” de sus tierras y, por ende, de la edificación del nuevo aeropuerto.
El abogado del FPDT, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, informó que esta semana el expediente fue turnado a la SCJN, y precisó que no se giró al máximo tribunal del país porque ejerza su facultad de atracción, sino porque va conocer del recurso que se interpuso en el primer Tribunal Colegiado de Nezahualcóyotl, por tratarse de un recurso de revisión contra un amparo directo que es únicamente de su competencia.
“Es importante dar a conocer el curso que ha tomado el amparo directo sobre el dominio pleno de las tierras, porque llega a la SCJN por el deficiente planteamiento que hizo el comisariado y es muy probable que lo pudieran desechar. No deja de ser relevante que el caso del dominio pleno vaya llegar a esa instancia”, dijo.
Explicó que el caso se derivó el pasado uno de junio de 2014, cuando en una asamblea ejidal “irregular e ilegal”, en San Salvador Atenco, encabezada por Andrés Ruiz Méndez, de filiación priísta, se aprobó el cambio de destino de casi dos mil hectáreas que pasaron de uso común a terrenos parcelados y de terrenos parcelados a dominio pleno, a fin de poder enajenar las tierras.
La asamblea tuvo un sin número de irregularidades, entre ellas que se permitió el paso a personas que se hicieron pasar como ejidatarios a quienes se les dio derecho al voto, además que hubo duplicidad de representantes, se impidió la entrada a los auténticos campesinos por ser opositores, la asamblea se realizó en un salón de fiestas y hubo falsificación de firmas. Este cambio de uso de suelo fue el primer paso para la venta de las tierras y, posteriormente, el gobierno federal inició la construcción del aeropuerto hace casi un año.
Lagunes Gasca recordó que para inconformarse en contra del cambio de uso de suelo el FPDT, interpuso el juicio número 400-2014 en el Tribunal Agrario. Sin embargo, en el juicio se han registrado una serie de anomalías, ya que el Tribunal Unitario 23 de Texcoco impidió que los campesinos aportaran diversos argumentos y pruebas contra la ilegalidad de la asamblea.
El Tribunal Agrario determinó que no se había violado la Ley Agraria en la celebración de dicha asamblea, por ese motivo el FPDT acudió a los tribunales, donde logró el amparo directo 796 / 2015 en el Primer Tribunal colegiado ubicado en Nezahualcóyotl, gracias a lo cual el Tribunal de Amparo ordena al Tribunal Agrario que desahogue las pruebas que se desecharon de manera “indebida”.
A su vez, el comisariado ejidal interpuso un recurso de revisión contra este amparo directo, pero “el comisariado lo interpuso de una forma deficiente. Incluso, el propio tribunal le hizo una observación del escrito que presentó y ahora se ha enviado el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para determinar si lo desechan o (los ministros) entran a analizar los planteamientos que hizo el comisariado.”
"El llamado a la SCJN es que confirme la decisión del Tribunal Colegiado que favorece los planteamientos hechos por el FPDT y que se puedan desahogar las pruebas que, sin lugar a dudas, van a demostrar la ilegalidad de la asamblea del uno de junio de 2014.”
El abogado del FPDT destacó que, “lo que nos favorecería es que la SCJN deseche el recurso de revisión o confirme la decisión emitida por el Tribunal Colegiado”.
Habían pasado apenas las seis de la mañana de este jueves 16 de junio cuando el convoy de 23 camiones de la Policía Federal atacó con gases lacrimógenos en dos de los puntos que se mantienen bloqueados en todo el estado de Oaxaca, para impedir el acceso de la fuerza a la ciudad capital y proteger la movilización magisterial en contra de la Reforma Educativa. Los ataques se dieron en dos lugares muy próximos, Jalapa del Marqués y Magdalena Tequisistlán, en la zona del Istmo de Tehuantepec, según reportaron desde el estado sureño. Una parte de los Federales continuó bajando hacia Salina Cruz, por lo que se cree que pretenden avanzar hacia Juchitán. Una docente que prefirió no ser identificada explicó lo que sucede: “no pueden reprimir en Oaxaca a los maestros porque hay más gente que policías, por eso están mandando más efectivos, que los bloqueos en las rutas impiden pasar.” Tanto en Juchitán, como en Tehuantepec y Matías Romero la presión es fuerte y ya se registraron algunos episodios violentos en los intentos de la policía por romper los bloqueos, de los que no se tiene mayor detalle. También se indica que se ha visto a conductores de los tráiler que están detenidos en las rutas de Oaxaca, desde que comenzaron los cortes de ruta masivos esta semana. Los “traileros” también presionan por el levantamiento de los cortes y funcionan como un grupo de choque. Han sido vistos en algunas partes acondicionando palos con alambres de púas. En la ciudad capital, el plantón magisterial está ubicado en el Zócalo, rodeado de barricadas de protección. La última caseta antes de llegar a la ciudad, en Huitzo, se mantiene tomada. Todos los puntos carreteros de acceso a la ciudad de Oaxaca están cerrados, con un bloqueo permanente, que comenzó tres días atrás. El martes último, el 14 de junio, se conmemoró en Oaxaca el décimo aniversario de una pelea anterior, parecida a la actual: el fallido intento de desalojo de un plantón en apoyo a la lucha magisterial (porque la lucha ya no es de los maestros en Oaxaca, sino que subió al escalafón popular, entonces y también ahora) del zócalo de la capital del estado. “La gente ya estaba en la calle, pero ese día salieron más”. Y desde entonces, se quedaron. Nochixtlán fue el primer punto del bloqueo. El aviso se hizo por medio de redes, cuando distintas personas que viajaban de la ciudad de Oaxaca hacia la ciudad de México comenzaron a hacer circular las imágenes de los vehículos policiales en dirección contraria. “El bloqueo en Nochixtlán se hizo muy grande porque bajaron los mixes de la sierra. Es un punto hacia el norte del estado, en dirección a la ciudad de México” El mensaje que se repite en los cortes y en las plazas de Oaxaca es claro: No pasarán. Los maestros llevan un mes de paro de actividades en contra de la aplicación de la Reforma Educativa, por la libertad de los 13 presos políticos de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, pero sobre todo, exigen un alto a la represión y la instalación de una mesa de diálogo y negociación con la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, la respuesta que ha ensayado el Secretario, Aurelio Nuño, ha sido que sólo se sentará a dialogar si los maestros levantan sus manifestaciones en todo el país y aceptan la Reforma, que es precisamente lo que se pretende impedir. “Los bloqueos carreteros están cubriendo la ciudad de Oaxaca, allí la movilización es muy grande y ellos necesitan de más policía para poder entrar, porque ahora la gente los supera. En algunos puntos, como en un momento en Nochixtlán había 3 o 4 kilómetros de coches. Los federales que llegaron quedaron atrapados y es un peligro, porque están armados.” Algunos medios informan sobre el levantamiento de este mega-bloqueo, pero ese dato no pudo ser confirmado por este medio.
La Fiscalía de Nayarit cumplimentó una orden de aprehensión en contra del Güero Palma por su probable responsabilidad en dos homicidios. Palma Salazar fue trasladado al penal del Altiplano, donde permanecerá durante el desahogo del proceso judicial.
Héctor Luis ‘el Güero’ Palma Salazar, fundador del Cártel de Sinaloa, ya está en territorio mexicano, tras cumplir su condena en Estados Unidos y ser entregado a México por las autoridades de ese país. La entrega se realizó en la garita fronteriza “Puente Nuevo, en Matamoros, Tamaulipas, en la frontera con Brownsville, Texas.
Tras la entrega, “personal de la Fiscalía General del Estado de Nayarit cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Palma Salazar, por su probable responsabilidad en dos homicidios ocurridos en esa entidad”, indicó la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado emitido la noche de este miércoles 15 de junio.
Después de ser entregado, ‘el Güero’ Palma fue trasladado al hangar de la PGR en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y posteriormente llevado, por elementos de la Policía Federal, al Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en el Estado de México. De acuerdo con la PGR,’el Güero’ Palma permanecerá en el penal del Altiplano durante el desahogo del proceso judicial correspondiente. Palma fue detenido en junio de 1995 en México y extraditado a Estados Unidos en 2007, donde se declaró culpable y fue sentenciado a una pena de 16 años por transportar 50 kilos de cocaína. Sin embargo, redujeron su condena por tener buena conducta, de acuerdo con las autoridades estadounidenses.
Desde que se dio a conocer su liberación, la procuradora general de la República, Arely Gómez, dio a conocer que las autoridades mexicanas hacían un estudio para determinar si había cargos en contra de Palma Salazar, por los que pudiera ser detenido de nuevo al estar en México.
‘El Güero’ Palma fue uno de fundadores del Cártel de Sinaloa y principales socios de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, en la década de los 90. Ambos se enfrentaron contra los hermanos Arellano Félix del Cártel de Tijuana para tener el control del trasiego de drogas.
Juchitán, Oax. Las primeras horas de este jueves ha sido de alerta máxima en el bloqueo que encabezan profesores, padres de familia, sociedad civil y familiares de los dirigentes detenidos de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en el canal 33 de Juchitán desde el pasado lunes, quienes se armaron de palos y piedras para evitar un desalojo de parte de elementos de la policía estatal. Asimismo por medio de altavoces hicieron un llamado a la sociedad civil, agrupaciones y organizaciones sociales para su respaldo, quienes de inmediato se ubicaron en la manifestación. Esta acción la tomaron luego que profesores que se ubicaban en los bloqueos de los poblados de Magdalena Tequisitlán y Jalapa del Marqués fueron desalojados por los elementos policíacos con gas lacrimógeno, sin embargo minutos después se reorganizaron y el bloqueo continúa por lo que no hay paso a la capital oaxaqueña. Los manifestantes instalaron barricadas en diversos puntos de la carretera federal 180 en Juchitán y prendieron fuego a llantas además de cohetes en señal de llamado al apoyo en esta lucha gremial. Helicópteros sobrevuelan la ciudad, en la Central C4 que se ubica en el poblado de El Espinal han ingresado diversas patrullas de la policía estatal. Asimismo un grupo de personas no identificadas como profesores ingresaron en la parte trasera de la terminal de autobuses de primera clase y rompieron parabrisas de algunas unidades de la línea sur y se llevaron dos para reforzar el bloqueo en el canal 33. Los profesores manifestaron que la situación es tensa pero calmada y que seguramente será la noche de este jueves o la madrugada del viernes cuando la policía intente replegar el bloqueo que lleva cuatro días ininterrumpidos. En Salina Cruz, Tehuantepec, Matías Romero y Zanatepec la situación es tensa, los padres de familia y sociedad civil han acudido al llamado de los profesores quienes hasta el momento están a la espera del ingreso de la policía estatal. Son nueve puntos de la región del Istmo que se encuentran bloqueados e impiden el paso a los estados de Veracruz, Chiapas y a la costa y capital oaxaqueña, según protección civil regional son nueve puntos los bloqueados, la fila de vehículos varados en el bloqueo de Matías Romero de la norte tiene 16 kilómetros y llega hasta la comunidad de Piedra Blanca, San Juan Guichicovi. FUENTE: LA JORNADA AUTOR: DIANA MANZO LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/16/cnte-refueza-bloqueo-de-canal-33-de-juchitan
Culiacán, Sin. Alrededor de 250 familias fueron desplazadas por los ataques perpetrados por grupos armados en las comunidades La Tuna, Arroyo Seco y La Palma, en el municipio de Badiraguato, de acuerdo con informes de autoridades municipales. Uno de los ataques fue en contra de la vivienda de Consuelo Loera, madre de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Los agresores, alrededor de 150, cortaron líneas telefónicas y de internet y se llevaron del inmueble motocicletas y vehículos todo terreno. De acuerdo con reportes extraoficiales, al menos tres personas fueron asesinadas a balazos. Las personas que huyeron del lugar se refugiaron en comunidades cercanas, en la cabecera municipal de Badiraguato y en Culiacán. Los ataques iniciaron este sábado y hasta el momento no han llegado agentes de corporaciones locales o federales, ni personal del Ejército Mexicano. Al parecer, los agresores son integrantes de la organización criminal de los Beltrán Leyva e ingresaron a esta inhóspita región a través de la frontera con Chihuahua. FUENTE: LA JORNADA AUTOR: JAVIER VALDEZ CÁRDENAS LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/16/desplazadas-250-familias-por-ataques-en-badiraguato
Luego de reunirse con la bancada, el coordinador de la fracción del PAN, Éctor Jaime Ramírez adelantó que van a votar a favor de la auditoría solicitada por el Gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez.
La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de Guanajuato envió siete meses después el primer informe sobre el proceso de compra de los predios que serán donados a la empresa Toyota. A través de un escrito recibido en la Secretaría General del Congreso el martes, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Guillermo Romero Pacheco, envió el documento que será entregado a los 36 diputados este jueves en la sesión de pleno. En el decreto aprobado por el Congreso del Estado para la desafectación de las 607 hectáreas que van a ser compradas para donarse a la armadora se aprobó desde noviembre, pero fue hasta siete meses después y ante la exigencia de los mismos diputados que se envió la información. El artículo cuarto del decreto número 9 dicta: El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable deberá informar en forma puntual al Congreso del Estado sobre la formalización de los procedimientos de adquisición y las ulteriores enajenaciones que se realicen, en cumplimiento al presente Decreto El secretario general del Congreso, Christian Cruz Villegas, confirmó que el documento está en la Secretaría General, pero que podrá ser público hasta este jueves. “Es un documento administrativo que será visto mañana en la sesión, mañana en pleno se dará lectura y terminaría su carácter de reservado por el trámite administrativo. Con el tema del parlamento abierto lo estaremos posicionando pero en este momento no es de conocimiento de los diputados, yo no tengo ninguna instrucción de reflejarlo como público”. En el artículo cuarto del decreto aprobado por el Congreso el 17 de noviembre, se establece como obligación del Gobierno del Estado informar los avances de la compra de terrenos. Christian Cruz también expuso que llegó un segundo documento del gobierno del estado, en la que el gobernador pide que se audite el proceso por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. “Si hay la voluntad política se estaría generando un punto de acuerdo, ese punto de acuerdo podrá tener dos caminos: subirlo incluso inmediatamente a la sesión o que se enlistase en la siguiente semana. La decisión es de la Junta de Gobierno. Se requiere la votación de las dos terceras partes para la auditoría integral”. En la sesión de pleno de este jueves se darán a conocer los detalles del informe y de la auditoría solicitado por el gobierno del estado. PAN ADELANTA VOTO A FAVOR El coordinador de la fracción panista en el Congreso local, Éctor Jaime Ramírez Barba, comentó que como fracción van a impulsar la auditoría integral. Adelantó que en la sesión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política el PAN va a proponer que el punto de acuerdo vaya en sentido positivo, pero se necesitaría del voto a favor del resto de las fracciones parlamentarias. Después de la reunión semanal con la bancada, Ramírez Barba consideró que es necesaria la intervención de la ASEG, como lo pidió el mismo gobernador, Miguel Márquez.
“El gobernador introdujo la solicitud para que evaluemos si se hace la auditoria, proponer que se lleve a cabo, espero contar con el voto de los compañeros, de los grupos políticos y de las representaciones para que se haga”. FUENTE: SIN EMBARGO/ZONA FRANCA. AUTOR: REDACCIÓN/CARMEN PIZANO. LINK: http://www.sinembargo.mx/16-06-2016/3054971
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La mañana del sábado pasado, alrededor de 150 hombres fuertemente armados y presuntamente ligados con Los Beltrán Leyva, irrumpieron en la comunidad de La Tuna, municipio de Badiraguato, Sinaloa, cuna de Joaquín El Chapo Guzmán. Según testigos, mataron a al menos ocho personas y saquearon la casa de Consuelo Loera, madre del capo del Cártel de Sinaloa. Ríodoce informó en su sitio web que testigos que omitieron sus nombres por temor, indicaron que los pistoleros, entre quienes también había gente de Isidro Meza Flores, conocido como el Chapito, entraron a La Tuna a las 10 de la mañana del sábado pasado y mataron a unas ocho personas pero sólo han sido localizados tres cadáveres. A una de las víctimas la mataron en la entrada de su casa y a las otras dos a las afueras del poblado. Los testigos indicaron que otro comando irrumpió en la casa de Consuelo Loera y tomó dos vehículos conocidos como Razers, así como tres motocicletas todo terreno y cortaron las líneas telefónicas y de Internet. También tomaron vehículos de residentes de San José del Barranco, y de Arroyo Seco. FUENTE: PROCESO AUTOR: REDACCIÓN LINK: http://www.proceso.com.mx/444186/grupo-armado-irrumpe-en-badiguarato-y-asalta-casa-de-mama-de-el-chapo
