Toluca, Méx. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México consignó a dos servidores públicos por la evasión de un reo registrada el pasado lunes en el edificio de juzgados del penal Juan Fernández Albarrán, mejor conocido como Barrientos. Este jueves se realiza la audiencia de formulación de imputación por el delito de evasión dolosa, en agravio de la administración de justicia en contra de Christian Sánchez Valdés y Francisco Labra Granados, el primero personal de custodia del penal, y el segundo un guardia de seguridad contratado por el Poder Judicial para vigilar del área de juzgados del penal de Barrientos. El lunes pasado, alrededor del mediodía, Jonathan Gerardo Galicia Hernández, capturado el domingo pasado en Atizapán de Zaragoza, acudía a la sala de audiencias del edificio de juzgados contiguo al penal de Barrientos, donde escucharía la formulación de imputación por el delito de robo con violencia. El sujeto se evadió sin que nadie supiera a ciencia cierta por donde huyó, pero puso en evidencia que no iba ni con esposas, ni acompañado por ningún custodio. A raíz de este hecho, se implementó un operativo al interior y exterior del penal de Barrientos. Como casi todo el personal de custodia del centro preventivo estaba enfocado a la fuga, por la tarde se registró un motín en ese centro penitenciario, situación que fue aprovechada por otros tres presos que lograron darse a la fuga, presumiblemente saltando una barda de más de cinco metros.
La apertura de las fosas de Tetelcingo, una localidad rural satélite de Cuautla, en el estado de Morelos, provocó una avalancha que, como dijeron los familiares de las víctimas, ya no podrá detenerse.
Esta semana, la fiscalía de ese estado comunicó la existencia de un segundo lugar de enterramiento clandestino, ubicado dentro del predio del Panteón Municipal de la Colonia Pedro Amaro, en el municipio morelense de Jojutla. Esa fosa común fue creada por la Fiscalía Sur Poniente (hay 3 en el estado, en Tetelcingo fueron hechas por las fiscalías Oriente y Metropolitana), en dónde depositó cuerpos que estaban a su cargo. La gravedad de esta situación debe señalarse, aunque sea obvia, es que son fosas comunes creadas por el propio estado en un país de millares de personas desaparecidas.
“Teníamos conocimiento de la existencia de esta fosa y lo anunciamos en febrero, cuando también empezamos a exigir la participación de la Universidad en las de Tetelcingo” explica Roberto Villanueva, director del Programa de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
La universidad de Morelos, con la voluntad política de su rector Alejandro Vera, – quien estuvo presente durante las primeras excavaciones – como del poeta Javier Sicilia, quien desde que ocupa la dirección de la Unidad de Extensión de esa casa de estudios, volcó los esfuerzos de la “relación con el medio” de la UAEM a la atención a las infinitas víctimas que pelean por verdad y justicia en este país. Entre ellas, los familiares de desaparecidos.
“Inicialmente, la Fiscalía de Morelos informó que en Jojutla fueron inhumados 68 cuerpos, pero ahora están anunciando menos”.
En su comunicado, la institución de justicia sostuvo que allí mal descansan los restos de 35 personas, que fueron enterradas en julio del año 2014 y que están vinculadas a 25 carpetas de investigación.
Sin embargo, la experiencia en Tetelcingo demuestra que la Fiscalía de Morelos no tenía una noción cabal del manejo de esos enterramientos irregulares: no sabía exactamente la ubicación exacta de las fosas en el predio, tampoco supo dar un número exacto de los cadáveres enterrados, que terminaron siendo 117, entre los que se encontraron tres cuerpos de niños y bolsas con fragmentos humanos, que las pericias indicarán si corresponden o no a los cuerpos allí hallados.
“La única forma de saber exactamente cuántos cuerpos hay es exhumándolos como lo hicimos en Tetelcingo, y volver a tomarles muestras genéticas para obtener el perfil de cada uno de los que allí estén” explicó Villanueva.
“De nuevo, acudiremos la UAEM junto a los familiares de las víctimas a participar de ese proceso”. Villanueva explicó que la relación con la Fiscalía de Morelos ha mejorado desde que se realizó la ardua tarea de dos semanas en Tetelcingo. “Ha habido una apertura de su parte para replicar la labor conjunta en Jojutla y también para que abran las cámaras frigoríficas en dónde mantienen más de 100 cuerpos a su resguardo, para que sean identificados”
La Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos emitió hace meses una recomendación a la Fiscalía para que realice un censo de las fosas que creó con los cuerpos a su resguardo, sin embargo, indica Villanueva que a pesar de que el plazo para entregar esa información venció hace cuatro meses, en febrero de este año, aún no han no la han recibido.
“La apertura de la fosa de Jojutla permitirá seguir transparentando la herencia que dejó la anterior administración de la Procuraduría de Morelos. Seguramente habrá otras fosas de las que nos irán informando, pero también queremos acceder a la información anterior al 2010, acerca de dónde están los cuerpos que estuvieron a su cargo antes de esa fecha, ya que hay familias que llevan más de 10 años buscando a los suyos.”
CIUDAD DE MÉXICO: Una decena de policías municipales de Saltillo, Coahuila, integrantes del Grupo Centauro, se encuentran bajo investigación y tres de ellos están detenidos, por la presunta violación de tres menores y robo de vehículos. Al menos cuatro de esos elementos de la Policía Preventiva municipal fueron identificados por dos jovencitas de 15 y 17 años de edad que fueron violadas el lunes pasado cuando los policías se hicieron pasar por elementos de Fuerza Coahuila que investigaban la venta clandestina de alcohol. Ingresaron un negocio donde estaban las menores y las ultrajaron. En un careo los cuatro policías fueron identificados pero uno fue puesto en libertad debido a que la policía investigadora lo aprehendió sin orden judicial. La Procuraduría General de Justicia del estado tiene testimonios de policías que aseguran que hay más implicados en éstos y otros actos delictivos, entre ellos un asalto en la colonia Australia donde también fue agredida sexualmente una jovencita de 12 años, secuestraron a un joven y robaron una camioneta.
Según medios locales, entre los policías involucrados está un integrante de la escolta del alcalde de Saltillo, Isidro López Villarreal. Sin embargo, la noche del miércoles pasado la alcaldía emitió un comunicado en el que desmintió la información y expresó su disposición a colaborar en las investigaciones. Fue uno de los elementos del Grupo Centauro detenidos el que implicó al escolta del alcalde en los hechos, pero éste aseguró que fue ese mismo agente el autor de los delitos. Una mujer, elemento activo de la Policía Municipal y hermana del oficial del Grupo Centauro, fue quien declaró ante la PGJE que una banda integrada por agentes se dedicaba a cometer diferentes ilícitos.
En 2008, Héctor El Güero Palma –narcotraficante, socio y cómplice de Joaquín El Chapo Guzmán– firmó un acuerdo con la justicia estadunidense que le permitió recibir una minicondena: 100 dólares de multa y seis años más de cárcel. Ése fue el castigo para uno de los mayores capos de la droga que haya visto el continente. El viernes 10, Palma cumplió su condena y este miércoles 14 fue devuelto a México. Y El Chapo, en contraparte, espera que se ejecute su extradición… a la misma corte de California que trató tan benevolentemente a su colega.
CIUDAD DE MÉXICO: “Quiero pedir disculpas a Estados Unidos por el error que cometí”, dijo Jesús Héctor Palma Salazar, entonces de 45 años, al juez Larry Alan Burns el 11 de febrero de 2008, en una sala de la Corte de Distrito Sur de California. Esposado y bajo juramento de decir la verdad, se declaró culpable de tráfico y distribución de 50 kilos de cocaína a ese país, luego de firmar un ventajoso acuerdo con la fiscalía un año después de haber sido extraditado por el gobierno de Felipe Calderón. Así, El Güero Palma quiso enterrar más de 16 años de carrera criminal, durante los cuales traficó kilos y kilos de drogas, corrompió autoridades, lavó dinero, violó muchas leyes en varios países y perpetró, al menos, dos matanzas en México. Primero trabajó al servicio del Cártel de Guadalajara a las órdenes de Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, y luego de Amado Carrillo Fuentes, al lado de su amigo y socio Joaquín El Chapo Guzmán –ahora en la antesala de la extradición–, junto con quien lideró el Cártel de Sinaloa. La madrugada del 20 de enero de 2007 Palma fue extraditado a Estados Unidos junto con otros 10 capos. La administración calderonista presentó la acción como una medida enérgica contra el narcotraficante… pero la justicia estadunidense no mostró su rostro más implacable con él. El juez le dictó una condena de 192 meses de prisión (16 años) a sugerencia de la propia fiscalía, y le impuso una multa de 100 dólares. Nada mal si se considera que la sentencia podría haber llegado a cadena perpetua y a un pago de 4 millones de dólares. Además, y por intercesión de la fiscalía, el juez accedió a que Palma Salazar se quedara en una prisión en California para facilitar las visitas de su familia. Y lo más importante: ordenó tomar en cuenta los 82 meses que El Güero Palma pasó en una prisión mexicana esperando su extradición. Los 110 meses restantes se acaban de cumplir. El sábado 11 y tras nueve años de encierro en Estados Unidos, a sus 53 años, El Güero Palma fue liberado y puesto a disposición de autoridades de aquel país que este miércoles lo entregaron por la frontera con Matamoros. Con pocos dientes, hemorroides, una “notable disminución de la vista” y esposa y niños que lo esperan –según ha dicho su abogado en varias ocasiones– El Güero Palma vuelve a México en un momento de reacomodos de grupos criminales y tras la tercera caída de El Chapo Guzmán. Justicia gringa En la sala de la corte donde El Güero Palma se confesó culpable, se encontraban amigos y familiares, quienes ya se habían mudado a Los Ángeles para visitarlo en prisión. Ahí, el capo fue interrogado por el juez sobre el único cargo en su contra. Ese 7 de febrero de 2008 el narcotraficante firmó un acuerdo de culpabilidad de 10 hojas con la fiscalía del gobierno de Estados Unidos. De acuerdo con ese documento, del cual Proceso tiene copia, el capo admitía su culpabilidad a cambio de una sentencia mínima. Al igual que en otros casos, no quedó establecido qué daría a cambio Palma Salazar. El juez le preguntó: “En algún momento de enero de 1995 e incluyendo enero de 1999, ¿usted entró en arreglos con alguien para importar cocaína a Estados Unidos?” –Sí, su señoría –respondió el capo. –Señor Palma, déjeme preguntarle entonces esto: del cargo de conspirar para traficar más de 10 kilos de cocaína, específicamente 50 kilos de cocaína a Estados Unidos, violando la ley, ¿cómo se declara, culpable o no culpable? –Culpable, su señoría. –Yo aprecio que haya pedido hoy disculpas por eso aquí. Está asumiendo su responsabilidad. Voy a tomar eso en cuenta –dijo el juez–. Señor Palma, buena suerte. Espero que no haya más problemas. –Muchas gracias, su señoría. –No regrese a Estados Unidos. Una vez que usted cumpla su sentencia quédese en su país. No regrese aquí –le advirtió el juzgador. Por eso la instrucción fue que, en cuanto fuera liberado, Palma Salazar fuera deportado inmediatamente a México, donde había sido arrestado en 1995 tras un accidente aéreo. Compadre del “Chapo” Nacido el 25 de agosto de 1962 en Sinaloa, El Güero Palma es uno de los nueve hijos del matrimonio formado por Modesto Palma Ríos y María Salazar. Según su declaración ante el juez de California, estudió hasta primero de preparatoria. En 1990, a sus 28 años, Héctor –alto, blanco, con más estudios y cinco años más joven que Joaquín Guzmán Loera– tenía una mejor posición en el Cártel de Juárez a las órdenes de Amado Carrillo Fuentes. Ambos habían trabajado con Caro Quintero, Fonseca Carrillo y Félix Gallardo, hasta que este último fue detenido en abril de 1989 acusado del asesinato, en febrero de 1985, del agente estadunidense Enrique Camarena. Después de ese arresto, El Güero y El Chapo se hicieron inseparables. Al poco tiempo fue detenido Amado Carrillo, ahijado de Fonseca. Pero fue liberado en 1990 y Palma Salazar y Guzmán Loera regresaron a su organización criminal, El Güero con un nivel más alto que El Chapo. Testimonios de agentes de la vieja Policía Judicial Federal indican que ambos llegaban a las oficinas del director de esa corporación, León Aragón, para darle sobornos o llevarle instrucciones de Carrillo Fuentes. El Güero Palma era capaz de planear sangrientos ataques, como el secuestro de nueve personas –entre ellas abogados y familiares de Félix Gallardo– perpetrado en septiembre de 1992 en un operativo en Las Lomas de Chapultepec, San Ángel y la colonia Barrio del Niño Jesús, en la Ciudad de México. Días después los cadáveres aparecieron en la carretera Cuernavaca-Puente de Ixtla, cerca de Iguala, Guerrero, con signos de tortura. Según un parte informativo de octubre de 1992, los autores materiales fueron “Rafael Aguilar alias El Sha, Amado Carrillo Fuentes, El Chapo y El Güero Palma. El móvil era conocer la información que Félix Gallardo supuestamente estaba compartiendo con la DEA durante su encarcelamiento en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México”. La vida criminal de El Güero Palma se vio marcada cuando en medio de la guerra contra Félix Gallardo y los Arellano Félix, Gallardo mandó asesinar con brutalidad a su esposa e hijos. Meses después, en noviembre de 1992, Palma Salazar y Guzmán Loera protagonizaron otra matanza: en un atentado contra Francisco Javier Arellano Félix en la discoteca Christine, en Puerto Vallarta, mataron a seis personas pero no lograron asesinar a su objetivo. En venganza, ese mismo noviembre, los Arellano Félix fraguaron un ataque contra Guzmán Loera en Guadalajara. El auto en que viajaba recibió 12 tiros, pero él salió ileso. Medio año después El Chapo fue aprehendido. En su primera declaración, el 9 junio de 1993, confesó que él y El Güero Palma habían efectuado ambas matanzas. El principal negocio de El Güero Palma y El Chapo era el tráfico de drogas. Aunque los expedientes abiertos contra cada uno en la Corte de Distrito Sur de California tienen diferentes números, los casos están vinculados con Enrique Ávalos Barriga, operador de El Chapo, quien fue acusado en la misma corte de construir un túnel transfronterizo para mover drogas, indocumentados y armas hacia California y Arizona. Ese túnel quedó incompleto, pero luego se perforaron muchos más. En los expedientes existe la declaración de un funcionario de la fiscalía, Todd Robinson, quien afirmó que Palma Salazar fue el responsable del tráfico de 390 kilos de cocaína confiscada en Chicago en 1994, información que la fiscalía confirmó interviniendo los teléfonos de Ávalos Barriga. De acuerdo con los documentos, tras el primer arresto de El Chapo, El Güero siguió trabajando con Arturo Guzmán Loera, quien había asumido las funciones de su hermano mayor. Según un testigo de la fiscalía, Palma controlaba principalmente la plaza de Nayarit. En aquella época traficaban cocaína por mar, aire, camiones e incluso en latas de chiles jalapeños, cajas de jabón y rollos de malla ciclónica. Miguel Ángel Segoviano Berbera, testigo contra Ávalos Barriga, declaró ampliamente en la Corte de California sobre las actividades criminales de Guzmán Loera y Palma Salazar, pero también sobre su vida de excesos, fiestas y peleas de gallos. El homicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido en mayo de 1993 en Guadalajara, cambió el rumbo de la vida de los dos capos. “El Güero” puso al “Chapo” Según el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el cardenal fue víctima de una “confusión”: quedó en medio de una balacera entre los gatilleros de los Arellano Félix y El Chapo Guzmán. Tras el tiroteo, Amado Carrillo le ordenó a Palma supervisar al Chapo, pero éste decidió tomar camino por su cuenta y viajar a Centroamérica para evitar ser detenido. De acuerdo con el expediente sobre el homicidio de Posadas Ocampo, fue El Güero Palma, por órdenes de Carrillo Fuentes, quien informó al gobierno de México el paradero de Guzmán Loera. En 1999 la Procuraduría General de la República (PGR) interrogó al abogado José Alfredo Andrade, quien afirmó que estuvo con Carrillo Fuentes y Palma Salazar en los días posteriores al homicidio del cardenal. “Que diga el testigo si sabe a través de qué personas proporcionó Carrillo Fuentes la información para la captura de Guzmán Loera”, se le preguntó. “A través del Güero Palma” respondió Andrade. Según su dicho, al lugar donde se encontraba Carrillo Fuentes llegó el subprocurador de la PGR Javier Coello Trejo a pedirle que entregara a Guzmán Loera, y Palma Salazar le dijo que estaba en Guatemala. Cuando El Chapo fue interrogado por Álvarez Nahara, declaró que la última vez que había conversado con El Güero Palma había sido ocho días antes de su detención, vía telefónica. Y que habían acordado seguir en contacto a través de su madre, María Salazar, quien vivía en Sinaloa. Fue en 1995 cuando El Güero Palma se convirtió en un capo de influencia internacional. Ese año la Casa Blanca lo designó públicamente como un narcotraficante de alto rango. Ese mismo año fue detenido, luego de que el avión en el que viajaba se estrellara en Nayarit. El avionazo Interrogado el 24 de junio de 1995 en el área de terapia intensiva del hospital regional militar en Guadalajara, Palma Salazar declaró que había salido con su familia de Ciudad Obregón, Sonora, a Guadalajara. En un avión voló su pareja Claudia Meza y sus tres hijos y, en otro, él y acompañantes. Pero no pudieron aterrizar en Guadalajara porque la pista estaba cerrada y sin luces. Después de fracasar en su intento de hablar con la torre de control intentaron aterrizar en el aeropuerto de Tepic, Nayarit. El avión en que iba su pareja y sus hijos lo logró, pero el de él se estrelló en un cerro. Murieron los dos pilotos y su acompañante, El Teniente Lucas. Él se salvó gracias a que un lugareño lo sacó de los escombros y luego su gente fue a recogerlo para llevarlo a Guadalajara y reunirlo con su familia. Ahí fue detenido. Cuando lo arrestaron tenía en su poder una pistola con la cacha cubierta de diamantes y esmeraldas, con la figura de una palma. Tras su primer arresto Guzmán Loera fue encarcelado en el penal de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, Estado de México; pero a fines de 1995 logró que lo trasladaran a Puente Grande, Jalisco, donde se reencontró con Palma Salazar. El Chapo, El Güero Palma y Arturo Martínez Herrera se hacían llamar Los Tres, y convirtieron la cárcel en un centro de recreo. Según testimonios de custodios y presos ofrecidos a la PGR en la investigación de la fuga de Guzmán Loera –ocurrida en enero de 2001– los capos gozaban de grandes privilegios: recibían visitas de prostitutas, comida de los mejores restaurantes de Guadalajara y droga. El Güero Palma incluso recibía carne de tortuga que le enviaba a la prisión un gobernador, según declaró a la PGR el custodio José Salvador Hernández el 10 de febrero de 2001. Según los testimonios Palma Salazar pagaba al interno Juan José Balbotín para que fungiera como su secretario particular. Se le permitían encuentros sexuales en su propia celda –ya fuera con prostitutas, empleadas o internas–, el uso de teléfonos celulares y la entrada de familiares para quedarse incluso a dormir dentro del penal. En 1999, de hecho, organizó su propia fiesta de cumpleaños en la cárcel. Cuando Guzmán Loera logró escapar de Puente Grande, El Güero Palma fue acusado de asociación delictuosa y cohecho, pero de acuerdo con la información obtenida fue exonerado de esos cargos gracias a recursos legales interpuestos por su defensa. En 2002 el gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición, la cual fue concedida en 2007. Primero a una corte de Texas e inmediatamente después a la Corte de Distrito Sur de California. En un principio estuvo en una prisión de mediana y mínima seguridad, la San Diego Correctional Facility. Luego pasó a La Paz County Jail, en Parker Arizona, donde podía convivir con la población en general y ver con facilidad a su familia. Y en febrero de 2008 fue enviado a la cárcel de supermáxima seguridad ADX en Florence, Colorado, supuestamente la más segura de Estados Unidos, con el argumento de que “su conducta generaba riesgos para el buen orden de la prisión y su personal”. “En México nunca se me comprobó que yo perteneciera a determinado cártel o alguna asociación delictiva. Tampoco he estado involucrado en actos de corrupción relacionados con alguna organización criminal. Es importante destacar que de los asesinatos que hablan nunca se me ha comprobado participación alguna”, escribió en una carta mediante la cual se inconformó con la decisión del Buró de Prisiones. “Se me está juzgando precipitadamente sin bases legales poniéndome en una categoría criminal que no corresponde a la realidad”, se defendió. Pero el mismo Guzmán Loera había confesado la participación del Güero Palma en la masacre de Iguala y la de la discoteca Christine. Como sea, El Güero logró su traslado a la prisión de alta seguridad Atwater, en Merced, California. Y ahí purgó su breve condena.
Mientras él viene de regreso, su compadre y socio Joaquín Guzmán Loera está en camino de la extradición a la misma corte que fue benévola con El Güero Palma. La extradición de El Chapo ya fue concedida en mayo por un juez y por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se esfuerza en hacer creer que Guzmán tendrá ahí una sanción más severa de la que disfrutó su amigo. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ANABEL HERNÁNDEZ. LINK: http://www.proceso.com.mx/444191/guero-palma-consentido-eu
El Banco de México (Banxico) señala que el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se fija en 18.9968 pesos.
En bancos de la Ciudad de México el dólar libre se vendió hasta en 19.22 pesos, lo que significó un alza de siete centavos respecto a la jornada de ayer, y se compró en un precio mínimo de 18.41 pesos. El euro alcanza una cotización máxima de venta de 21.53 pesos, un centavo más comparado con el término de la sesión previa, en tanto, el yen se ofertó hasta en 0.199 pesos. El Banco de México (Banxico) señala que el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se fija en 18.9968 pesos. El apoyo a la salida de Reino Unido aumentó al 53 por ciento, mostró el jueves un sondeo. De acuerdo con un análisis de Banco Base, el peso inicia la sesión con una depreciación de 0.30% o 5.6 centavos, cotizando alrededor de 18.97 pesos por dólar, alcanzando nuevamente la resistencia de 19.02 pesos por dólar durante las operaciones overnight, ante el nerviosismo relacionado al referéndum de Reino Unido programado para el 23 de junio. Durante la semana, la probabilidad de que se vote a favor de un Brexit ha sido creciente y ayer por la tarde se dio a conocer otra encuesta en donde 45% de los participantes se muestran a favor de abandonar la Unión Europea, mientras 42% están a favor de permanecer y 13% están indecisos. Estos resultados seguirán propiciando la aversión al riesgo en las próximas sesiones, lo cual podría acercar al tipo de cambio a su máximo histórico de 19.4448 pesos por dólar. Es importante señalar que esta mañana se dio a conocer el anuncio de política monetaria del Banco de Inglaterra, en donde señalan que el resultado del referéndum continúa siendo el mayor riesgo inmediato que encaran los mercados financieros del Reino Unido y posiblemente los mercados financieros globales. Durante la sesión se espera que estos comentarios a la par de las encuestas publicadas permitan al tipo de cambio mantenerse presionado por arriba de 19.00 pesos por dólar.
Cabe agregar que comienza a observarse una baja liquidez en el mercado cambiario por el riesgo de operar en los niveles actuales, pero también por el factor estacional de verano, periodo en el que tiende a reducirse el volumen de operaciones, incrementado el riesgo de mayor volatilidad. Base 20160616081801
Llamó a poner un "motor turbo" para disminuir el rezago educativo.
El presidente Enrique Peña Nieto anunció que la meta para este sexenio, es certificar a seis millones de adultos en estudios de educación básica, cifra que representa el número de certificados entregados en los 12 años anteriores a su administración. Durante la entrega de certificados del Programa Especial de Certificación (PEC) para adultos, el mandatario reconoció que existe un rezago de 30 millones de personas que aún no cuentan con su certificado de primaria o secundaria. Por ello anunció que para cuando finalice este año, se habrán certificado un millón y medio de personas, lo que equivale a lo logrado en todo el sexenio pasado. Acompañado por los secretarios de Educación, Aurelio Nuño Mayer; de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña, y el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, recalcó que se trata de acelerar las acciones, poner un “motor turbo” para disminuir el rezago educativo. En el acto realizado en el Centro de Convenciones Siglo XXI, dio instrucciones a los titulares de la SEP y Sedesol, para que aceleren este proceso e identifiquen a los beneficiarios de programas como Prospera, Jefas de Familia, 65 y Más, Adultos Mayores, que tengan la oportunidad de acreditar sus conocimientos de primaria y secundaria. Luego de entregar certificados de educación básica a 10 alumnos de este programa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Peña Nieto subrayó que la educación contribuye a cerrar la brecha para alcanzar mejores oportunidades para la vida. El Programa Especial de Certificación es una modalidad en la que los adultos que por algún motivo interrumpieron sus estudios, pero que han acumulado conocimientos equivalentes a la educación básica, obtengan su certificación con base en un portafolio de evidencias, que acredita los saberes conceptuales formales, informales y no formales. Al apadrinar a 10 mil yucatecos que este jueves recibieron certificados de primaria y secundaria, destacó que Yucatán es el estado que más ha avanzado en la tarea de acelerar la certificación, pero que el esfuerzo se realiza en todo el territorio nacional. En su oportunidad, el gobernador de la entidad, Rolando Zapata Bello, dijo que esta generación se ha convertido en la más preparada y con más derechos sociales, con base en la estrategia de inclusión social que impulsa el gobierno federal.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Un grupo de encapuchados irrumpió de forma violenta, causó destrozos y provocó un incendio en las oficinas de la Secretaría de Educación (SE) esta madrugada. Al parecer, presuntos estudiantes normalistas llegaron alrededor de las cinco de la mañana al edificio de la SE ubicada al norte-oriente de la capital del estado donde amagaron a los guardias de una empresa de seguridad privada que cuidaba el lugar. Los jóvenes encapuchados forzaron una puerta metálica y empezaron a arrojar piedras contra los cristales y, según el guardia, hasta bombas molotov que causaron un incendio en un área de ese edificio. La acción de los encapuchados duró menos de 20 minutos y de inmediato salieron del lugar dejando solo humo y llamas en el inmueble.
De inmediato los guardias y vecinos del lugar se movilizaron para sofocar el incendio que consumió algunos documentos y equipo de cómputo. Tres horas después del ataque, cientos de policías estatales ingresaron para resguardar el edificio. El mismo grupo de encapuchados se dirigió a la sede de la Subsecretaría de Educación Federalizada (SEF) al Instituto de Innovación y Evaluación Educativa (INNEVAL) aunque no se reportó que se haya consumado un ataque similar.
Desde hace 33 días, miles de maestros y maestras de las secciones 7 y 40 adheridas a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantienen un paro de labores en contra de la reforma educativa en Chiapas. FUENTE: PROCESO. AUTOR: ISAÍN MANDUJANO. LINK: http://www.proceso.com.mx/444188/vandalizan-oficinas-educativas-en-chiapas
CHILPANCINGO, Gro: Al menos dos jóvenes ejecutados, una camioneta incendiada y una casa balaceada fue el saldo de varias tiroteos registrados esta madrugada en diferentes puntos de la capital de la entidad. Las acciones violentas están relacionadas con la brutal disputa que mantienen dos grupos delincuenciales por el control de esta plaza estratégica en la geografía del narco en Guerrero. A pesar de que el alcalde priista, Marco Leyva Mena y el gobernador Héctor Astudillo anunciaron la implementación de un operativo de la Policía Federal (PF), las bandas criminales siguen operando impunemente y exhiben el vacío de autoridad que existe en esta ciudad donde el narco controla territorios completos al igual que otras regiones del estado. Incluso, desde la semana pasada los criminales prácticamente impusieron un toque de queda nocturno en la capital, mientras que las autoridades se han limitado a levantar cadáveres dejando a la sociedad en una situación de indefensión total. De acuerdo con reportes oficiales, cerca de las 01:20 horas se reportó el hallazgo de dos jóvenes ejecutados en las inmediaciones de la colonia ampliación Lázaro Cárdenas, ubicada al norte de Chilpancingo y a escasos metros de la aeropista que es resguardada por soldados y fue habilitada como cuartel de la Policía Federal. Luego, vecinos de la colonia El Tomatal, al oriente, reportaron una balacera protagonizada entre dos grupos armados que se desplazaban a bordo de autos por las calles de este asentamiento humano ubicado al oriente. La refriega se extendió a la colonia Los manantiales pero no se registraron víctimas faltes y las autoridades se enfocaron simplemente en embalar decenas de casquillos percutidos. Posteriormente, otro grupo armado atacó una vivienda en la colonia Los Lirios, ubicada al poniente de la ciudad, donde los sicarios incendiaron una camioneta que se encontraba estacionada en el lugar. El informe oficial no reporta víctimas fatales en este hecho que provocó pánico y terror en los habitantes de este precario lugar que ha sido clasificado como zona marginal de extrema pobreza y donde operan grupos delictivos.
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P: La empresa de transportes ETN “se quedó corta” en su respuesta a la denuncia pública hecha por la potosina Rosa Margarita Ortiz Macías por el asalto y la agresión sexual que sufrió en un viaje de la Ciudad de México a esta entidad, por lo que el asunto “se resolverá en los tribunales”, dijo el esposo de la afectada, Adolfo Micalco Méndez.
“Ellos como siempre evaden responsabilidad y la tienen. Se vieron obligados a salir por lo que ocurrió en redes y medios, toda la gente se indignó, pero hubo omisiones”, señaló Micalco en entrevista para Apro vía telefónica. El miércoles pasado, Margarita Ortiz recibió una llamada de uno de los directivos de ETN, mismo que le comunicó lo señalado en el boletín difundido por la empresa, y le ofreció cubrir los gastos médicos derivados de lo ocurrido, así como apoyo psicológico.
“No sé qué piensan, esto no se arregla con una llamada, una rueda de prensa o un comunicado, se arregla en los tribunales. Lo que la gente pide son sanciones ejemplares a empresas como ésta o cualquier otra que no protege ni responde a sus usuarios y tranquilamente se deslinda”, señaló Adolfo Micalco. Cuestionó la falta de protocolos o de seguimiento de éstos –si existen- ante casos similares, para alertar a las autoridades o proteger a los pasajeros. Aseguró que su esposa continuará con la denuncia hasta que se logre castigar a quienes cometieron el asalto al autobús de pasajeros el pasado martes 7 de junio, así como por la violación de que fue víctima por uno de los asaltantes. Margarita Ortiz sostiene que el chofer de la unidad en ningún momento fue amagado o encañonado por alguno de los asaltantes. La mujer interpuso su denuncia en el Centro de justicia para mujeres de Cuautitlán Izcalli, el viernes 10, momento en el que se le practicaron peritajes por el médico legista y todo lo relacionado al procedimiento de la autoridad ministerial. “Ella está muy lastimada, pero va a seguir denunciando esto y exigiendo justicia”, afirmó Micalco. En todo caso, añadió, el chofer podrá decir lo que a su derecho corresponda dentro de la investigación y del proceso que ésta siga. Finalmente, el esposo de la víctima pidió al resto de los pasajeros (viajaban 21 esa noche en la unidad 5270 de ETN) que se pongan en contacto y que actúen y acudan a dar su testimonio.
Los senadores aprobaron nuevas normas para sancionar a los servidores públicos que cometan delitos como nepotismo, desvío de recursos entre otros. Además habrá un fiscal especial que lleve los casos.
Trece meses después de la reforma constitucional, el Senado aprobó las leyes reglamentarias para crear el Sistema Nacional Anticorrupción que prevé castigar con cárcel a los funcionarios públicos y contratistas que cometan tráfico de influencias, desvío de recursos, moches, contratación ilegal de deuda y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos. En la sesión de este miércoles, los senadores aprobaron la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y reformaron la legislación de la Procuraduría General de la República y el Código Penal Federal, que pasarán a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo. Por primera vez en el país habrá un Fiscal especial de combate a la corrupción que será elegido por dos terceras partes del Senado, pero podrá ser removido por el titular de la Procuraduría General de la República, lo que significa que estará “supeditado” a la PGR, acusó la senadora perredista, Dolores Padierna. Además, en la reforma a la Ley orgánica de la PGR se excluyó darle mayores atribuciones a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) para combatir la corrupción, pues “literalmente desapareció del proyecto”, acusó la senadora del PRD, Angélica de la Peña. “Es una institución fundamental para la democracia del país, por lo que es lamentable que no se le dé el mismo trato que la Fiscalía Anticorrupción”, dijo la perredista en tribuna durante su posicionamiento. También se eliminó la propuesta de asignar 4% del presupuesto de la PGR a la nueva Fiscalía. Estos son los puntos más relevantes de las legislaciones aprobadas y reformadas. Reforma la Ley orgánica de la PGR: – Se crea la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, como un órgano con independencia técnica y operativa para investigar, prevenir los delitos en materia de corrupción. – El titular de la Fiscalía será nombrado por el voto de las dos terceras partes de los senadores. Podrá ser removido por el procurador general de la República, pero podrá ser objetada por el voto de la mayoría del Senado. – Tendrá personal sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar para cumplir con sus funciones y unidades administrativas en todo el país. Reforma al Código Penal Federal: – El uso ilícito de atribuciones y facultades se castiga con seis meses a doce años de prisión y de cien a trescientos días multa. Esto es incluye a los funcionarios públicos que, de manera ilícita, contrate deuda u otorgue permisos, licencias, adjudicaciones, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones y cuotas de seguridad social, o sobre los ingresos fiscales, precios y tarifas de bienes y servicios producidos o prestados en la Administración Pública Federal. – Al contratista, permisionario o titular de una concesión de prestación de un servicio público de explotación que genere y utilice información falsa sobre los rendimientos o beneficios que obtenga o cuando no entregue u oculte información sobre sus rendimientos, se le impondrá de seis meses a 12 años de prisión y de 100 a 300 días de multa. – Quienes cometan actos de corrupción quedarán inhabilitados para desempeñar cargos públicos, para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio por un plazo de uno a veinte años. – El legislador federal que, durante el proceso de aprobación del presupuesto de egresos gestione o solicite una comisión (moches) o el otorgamiento de contratos de obra pública a favor de determinadas empresas o personas, podría ir a la cárcel hasta 14 años. – El enriquecimiento ilícito se castigará con tres meses y hasta 14 años de prisión. – Se castiga el delito de “coalición de servidores públicos”, es decir, que varios funcionarios públicos hagan alianza para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o impedir su ejecución. – Las modificaciones también prevén sanciones para el servidor público que tenga a su cargo fondos públicos y les dé una aplicación distinta a la que estén destinados o haga un pago ilegal; al igual que a cualquier persona que sepa de esta ilegalidad y participe en dichos actos. Estas sanciones van de los seis meses a doce años de prisión y de cien a trescientos días de multa. – Se castiga a funcionarios públicos que no reporten o nieguen que una persona esté detenida o arraigada en reclusorios o centros de detención. A quienes, utilizando la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que denuncie. Y para aquellos que reciban sobornos. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: – Se trata de un órgano que formará parte del Sistema Nacional Anticorrupción y tendrá autonomía para emitir sus fallos y jurisdicción plena. – El Tribunal conocerá de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves, promovidas por la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control de los entes públicos federales, o por la Auditoría Superior de la Federación. – Podrá sancionar a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, nombramientos o encargos públicos.
Dos palabras (las referentes a la “vida privada”) sembraron una “semilla con veneno” en la ley de responsabilidades administrativas aprobada por el Senado, también conocida como ley 3de3, indicaron organizaciones académicas y académicos. Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) -una de las organizaciones que promovió la ley 3de3-, dijo en entrevista con Animal Político que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) colocaron en el dictamen aprobado la acotación de que las declaraciones patrimonial y de intereses de los funcionarios serán públicas, siempre y cuando no se afecte su “vida privada” con la divulgación de esos datos. Esto dice textualmente el dictamen aprobado por el Senado, en su artículo 29: “Las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el comité coordinador, a propuesta del comité de participación ciudadana, emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes”. En cambio, las organizaciones ciudadanas que promovieron la #ley3de3, indicaron en su iniciativa que los funcionarios tendrían que presentar sus declaraciones, y estas estarían disponibles al público, “con excepción de los datos que sean estrictamente personales, así calificados por la ley de la materia”. Los grupos ciudadanos nunca mencionaron el tema de la “vida privada”, y a decir de Pardinas, el hecho de que el PRI y el Partido Verde lo hayan incluido representa una “semilla con veneno” que dificultará tener acceso a la información sobre el patrimonio y los intereses de los funcionarios públicos en México. Pablo Escudero, senador del PVEM, defiende que la ley aprobada en el Senado sí garantizará la transparencia, porque un comité ciudadano sera el que establezca qué información debe resguardarse y cuál sí puede ser expuesta. “Cuando nazca el consejo ciudadano tendrá que enfrentar esta enorme responsabilidad, de determinar qué información van a tener que hacer pública, desde el presidente de México, los senadores, los legisladores, y tendrán que entrar en una discusión jurídica sobre qué es vida privada”, mencionó Pardinas. “Al no haber un referente legal bien establecido, mi intuición es que esto no solo se pateó hacia adelante, sino que se enredó, se va a judicializar. Era mucho mejor dejarlo en el marco de las leyes establecidas. Entonces, ahí está el primer obstáculo”, agregó. La madrugada del miércoles pasado, con un resultado de 51 votos a favor y 59 en contra, se rechazó un planteamiento de PAN y PRD para cambiar la redacción del dictamen, y establecer que las declaraciones de los funcionarios fueran públicas por ley, sin poner la limitante de la vida privada.
Tras ello, los grupos ciudadanos criticaron que se había dado la espalda a más de 630,000 personas que respaldaron con su firma la iniciativa de ley 3de3. En cambio, tanto el PRI como el PVEM han defendido que cumplieron con la voluntad de los ciudadanos, y que hay intentos de engañar a la gente, desprestigiando lo aprobado por el Senado. “Los 640,000 que firmaron esta iniciativa de responsabilidades 3de3 ganaron, hay que decirlo. Es para celebrar. Es el primer ejercicio de una iniciativa ciudadana donde estuvieron en parte del procedimiento legislativo”, dijo el senador Escudero este jueves 16 de junio, en entrevista con Radio Fórmula. “Hemos atendido al 100% la ley 3 de 3, es una realidad ya esa ley. Es incomprensible que haya descalificaciones a esto”, agregó. El académico Alberto Serdán, en una columna publicada en Animal Político, coincidió en el punto de que incluir el concepto de vida privada en la ley de responsabilidades administrativas aprobada por el Senado hará que sea letra muerta la “máxima publicidad”, o conocimiento público de las declaraciones que hagan los funcionarios. “De acuerdo con la minuta, basta con que un sujeto obligado manifieste que ‘afectan su vida privada’ para que la información no sea pública. Si alguien se inconforma ante esto, generalmente la ciudadanía, debe atravesar todo un laberinto jurídico hasta que un juez interprete qué quiere decir en realidad con eso de ‘afectar su vida privada’, escribió Serdán, además de señalar que en la ley aprobada quedó fuera la publicidad de la declaración de impuestos. Enrique Cárdenas Sánchez, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias y coordinador en la redacción de la iniciativa ley 3 de 3, dijo a Animal Político que la presentación de las declaraciones de los funcionarios debe guiarse con la protección de datos personales, y no con el tema de se afecte la vida privada, porque así el esquema se vuelve inoperante. “Meter temas como el de la vida privada, es tan ambiguo y amplio, y justamente da lugar a dudas. Está mal la redacción tal como está. Jurídicamente no va, e incluso podría ser inconstitucional”, dijo Cárdenas Sánchez. Y sobre los formatos… Otro de los puntos criticados por organizaciones ciudadanas, es que tampoco se aprobó en el Senado que las declaraciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios se hagan con el formato de la plataforma 3de3. El senador Escudero defiende que las propias organizaciones fueron las que plantearon que un comité ciudadano fuera el encargado de redactar los formatos. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr">Propuso <a href="https://twitter.com/ebohorquez">@ebohorquez</a> que ciudadanos definieran los formatos de <a href="https://twitter.com/hashtag/Ley3de3?src=hash">#Ley3de3</a> ¡Así lo aprobó <a href="https://twitter.com/Senado_PRI">@Senado_PRI</a> y <a href="https://twitter.com/VerdeSenadoMex">@VerdeSenadoMex</a>! <a href="https://t.co/vLRgbPSO8Q">pic.twitter.com/vLRgbPSO8Q</a></p>— Emilio Gamboa Patrón (@Emilio_Gamboa_) <a href="https://twitter.com/Emilio_Gamboa_/status/743219280972382208">15 de junio de 2016</a></blockquote>
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> Y en efecto, Pardinas acepta que pusieron esa propuesta sobre la mesa, aunque después el PAN y el PRD plantearon que se adoptara el formato utilizado “por más de 700 candidatos y servidores públicos de todo el país en la plataforma 3de3.mx”, así que tomaron esa bandera, pero a fin de cuentas tampoco fue aprobada esa iniciativa, por la negativa del PRI y el Partido Verde. “Estuvo sobre la mesa la posibilidad de que los formatos que utilizamos se convirtieran en ley. Es lo que presentó el PAN y el PRD“, dijo Pardinas. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="es"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/Aviso?src=hash">#Aviso</a> Se encuentra abierto el sistema electrónico para votar en lo Gral. y particular los artículos no reservados de <a href="https://twitter.com/hashtag/LeyDeFiscalizaci%C3%B3n?src=hash">#LeyDeFiscalización</a>.</p>— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) <a href="https://twitter.com/Mx_Diputados/status/743538990540791809">16 de junio de 2016</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> En cuanto a que será un comité ciudadano quien redacte las formatos de las declaraciones, según lo aprobado en el Senado, Pardinas dijo que hay incertidumbre respecto a quién integrará ese comité, por lo que hubiera sido mejor tomar desde ahora el formato 3de3. “Va por el camino de la incertidumbre, porque no sabemos quién va a integrar el comité ciudadano. El comité todavía no existe jurídicamente, porque la ley que le da razón de ser todavía no toma forma, entonces hay muchos margenes de qué va a pasar, quién lo va a determinar”, dijo Pardinas, del IMCO. La expectativa, apuntó, es que la ley de responsabilidades administrativas aprobada en el Senado sea corregida al llegar a la Cámara de Diputados, y se quite la limitante de la vida privada, además de que se establezca el formato de la plataforma 3de3 para las declaraciones de los funcionarios. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO AUTOR: ARTURO ASCENCIÓN LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/dos-palabras-envenenaron-la-ley-3de3-en-el-senado-organizaciones-y-academicos/
Ciudad de México.- El futbolista mexicano David Izazola, decidió retirarse del fútbol profesional, debido al 'mal trato' que se da a los jugadores mexicanos, y hasta en la propia casa, como en el club Pumas de la UNAM donde todavía militaba.
Declaró: "Me retiro cansado de los malos manejos, de los malos tratos y de las burdas decisiones que se basan en dinero y no en capacidades", redacta en un comunicado que dio a los medios de información mexicanos.
Hoy decido dejar atrás un sistema mexicano hecho para foráneos", concluye. Izazola formó parte de la Selección Sub-20 de México que se adjudicó el tercer lugar en el Mundial de la especialidad en Colombia 2011.
El exdelantero salió de las Fuerzas Básicas de Pumas, y debutó en Primera División en 2011, pero tuvo poca participación en el club por lo que decidió probar suerte en Gallos Blancos de Querétaro, Atlético San Luis y después emigró al fútbol de Hungría, sin embargo, recibió pocas oportunidades y regresó a Pumas, pero no entró en los planes del equipo felino.
Como dato, en el último Draft celebrado en Cancún, aproximadamente 200 jugadores mexicanos se quedaron sin empleo.
Tres aviones de la Policía Federal aterrizaron este jueves en el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de Oaxaca, ubicado en Santa Cruz Xoxocotlán.
En estos viajaron alrededor de 500 elementos federales armados. La movilización ocurre tras semanas de protestas de los maestros en la entidad y luego de que el gobierno federal advirtiera que, en caso de ser necesario, hará uso "moderado" de la fuerza.
El 17 de septiembre de 2015, horas después de haber sido capturado, Gildardo López Astudillo, alias El Gil –a quien la PGR identifica como líder del cártel Guerreros Unidos–, informó a las autoridades que al menos una parte de los normalistas secuestrados el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, fueron trasladados al ejido “Tijeritas”, por sicarios a su mando, apoyados por personal de la Dirección de Protección Civil de Iguala, y ahí los asesinaron.
Aún así, la nueva versión oficial de los hechos, presentada por la Procuraduría General de la República el pasado 8 de junio, insiste en que los 43 normalistas raptados en Iguala fueron asesinados e incinerados en Cocula.
Tal como consta en la declaración ministerial rendida por Gildardo López Astudillo, “Víctor Hugo Benítez (alias El Tilo, presunto sicario), con la ayuda de El Chino, de Protección Civil (…) se los llevaron (a los normalistas) rumbo al poblado de Tijeritas, que está rumbo a Taxco”, es decir, en sentido inverso a Cocula.
En la comunidad de Tijeritas, informó el presunto autor intelectual de la desaparición de los 43 normalistas, el grupo Guerreros Unidos tenía un rancho, operado por El Tilo.
Según López Astudillo, “(El Tilo) me ha dicho que a él le gusta hacer las cosas bien, que a la gente que agarra la ‘cocina’ (disolver en ácido), y que se hacen agua, por lo que ese pudo haber sido el destino que le dio a los estudiantes que se llevó” a Tijeritas.
Un mes y medio después de que Gildardo López Astudillo fuera detenido y revelara la información sobre Tijeritas, el 30 de noviembre de 2015, las autoridades federales dieron a conocer que en ese lugar fueron encontrados 11 cadáveres en fosas clandestinas, seis de los cuales portaban uniformes de la Policía Municipal de Iguala.
Sin embargo, luego de esa búsqueda, las autoridades no volvieron a realizar ningún rastreo en Tijeritas, debido a que “en realidad no fueron las autoridades las que hicieron la búsqueda en esa zona, sino nosotros”, denunció Mario Vergara, integrante del colectivo ciudadano conocido como Los Otros Desaparecidos, una brigada de búsqueda de fosas clandestinas, integrada por familiares de personas desaparecidas en Guerrero.
“La verdad es que ni la PGR, ni la Policía Federal han acudido jamás a Tijeritas para realizar búsquedas –explicó Mario, quien busca a su hermano Tomás, desaparecido en Huitzuco en 2012–, ese lugar lo identificamos nosotros como un posible sitio donde el crimen ocultó los cuerpos de sus víctimas, yo te voy a contar la historia de ese lugar…”
Tijeritas
“Todo lo que nosotros, el grupo de Los Otros Desaparecidos, hemos encontrado (más de 120 cadáveres en fosas clandestinas en el norte de Guerrero), ha sido gracias a avisos anónimos. Y tenemos muchos lugares mencionados, que todavía no hemos recorrido… Pero también hay en el grupo compañeros que a veces salen a hacer sus búsquedas solitarias, recorren los lugares en donde la gente les menciona que hay que buscar, y si los compañeros encuentran algo raro, ya entonces lo reportan al grupo.”
Entre esos buscadores solitarios, explica Mario Vergara, “está el señor Lupe, don Lupe, que empezó a recorrer las tierras de Tijeritas, que es una zona a las afueras de Iguala, monte básicamente… El señor Lupe recorrió esa zona durante varios meses, porque cuando tú conoces Tijeritas, te das cuenta de que es una zona de kilómetros y kilómetros de extensión”.
“Él empezó a caminar y caminar y caminar, hasta que encontró algo raro, y entonces llevó al grupo para allá, no para revisar toda la extensión de Tijeritas, sino sólo el punto en donde él detectó fosas. Y sí, ahí encontramos 11 cuerpos, en varias fosas”.
De hecho, explica Mario Vergara, en ese lugar el grupo Los Otros Desaparecidos encontró la que ha sido la fosa con más cuerpos detectada por ellos, y ellas, hasta la fecha.
“Es la fosa más grande que ha encontrado nuestro grupo, con siete cuerpos, de los cuales seis tenían uniforme de la Policía Municipal de Iguala, y uno más vestido de civil.”
Esos son los cuerpos cuyo hallazgo fue reportado en noviembre de 2015, semanas después de que El Gil señalara este punto como “destino” de un grupo de normalistas raptado en Iguala.
Sin embargo, tal como revela Mario Vergara, la búsqueda en esa zona, y las fosas localizadas, no fueron producto de las declaraciones del presunto líder de Guerreros Unidos, o de rastreos de las autoridades, sino de una iniciativa civil.
La búsqueda oficial
El 19 de septiembre de 2015, es decir, 48 horas después de la captura de Gildardo López Astudillo, algunos medios mexicanos difundieron la versión de que éste había admitido ser quien dio la orden de asesinar a los normalistas de Ayotzinapa.
Tales versiones de prensa, sin embargo, eran falsas. Gildardo López Astudillo, de hecho, negó claramente en su declaración ministerial haber ordenado o participado directamente en el ataque y asesinato de los estudiantes.
Sin embargo, lo que sí hizo fue narrar los hechos, tal como a él mismo se los habían reportado, en tiempo real, los presuntos sicarios de Guerreros Unidos.
Según su declaración, luego de que los normalistas fueron raptados en Iguala, a “una parte de ellos se los llevaron las patrullas de Iguala, por instrucción de Francisco Salgado Valladares (subdirector de la policía de Iguala); otra parte (de los normalistas) se los llevaron las patrullas de Cocula, por instrucción de César Nava (subridrector de la policía de Cocula)”.
Y continúa: “Los estudiantes que se llevaron las patrullas tanto de Iguala y de Cocula, efectivamente se los entregaron a Felipe Salgado, alias El Terco, en el punto conocido como Loma del Coyote”.
Según Gildardo López Astudillo, ese grupo de normalistas trasladados en patrullas y entregados a El Terco, fue llevado al basurero de Cocula, donde los sicarios encargados de ejecutarlos recibieron instrucciones “para que no quedaran evidencias”.
En tanto que otro grupo de normalistas fue entregado al presunto sicario conocido como El Tilo, y “se los llevaron rumbo al poblado de Tijeritas, que está rumbo a Taxco, que es donde tiene un rancho El Tilo”, lugar en el cual disolvían a sus víctimas en ácido.
Al abordar la declaración del El Gil, sin embargo, la PGR sólo señala en su “Informe del Caso Iguala” que una “parte” de los alumnos “se la llevó el indiciado 18” (El Tilo) hacia un rancho que “fue objeto de cateo por esta autoridad desde el inicio de la investigación, como parte de las pesquisas inherentes, sin obtener resultados”.
De hecho, según el informe de la PGR, en esta zona sólo se encontraron dos “anomalías” en el suelo, las cuales fueron investigadas “dando resultado negativo, descartando la presencia de restos humanos en la zona”.
Una semana después, el grupo ciudadano Los Otros Desaparecidos dio a conocer el hallazgo de fosas con 11 cuerpos en esa región.
–¿Luego de que ustedes hallaran estas fosas, y de que las autoridades recuperaron esos 11 cuerpos, la PGR permaneció en la zona, para continuar la búsqueda de fosas en toda la extensión de Tijeritas? –se pregunta al buscador Mario Vergara.
–No –responde–, ellos estuvieron yendo en noviembre de 2015 a la zona que nosotros les señalamos, pero Tijeritas es un área de kilómetros y kilómetros de extensión, y los peritos de la PGR nomás estuvieron revisando una zona de algunos metros, donde nosotros encontramos las fosas, y luego ya no hicieron nada en el resto de la zona.
–¿Cuál es tu opinión, como buscador de fosas, sobre los rastreos realizados en Iguala por las autoridades?
–Ninguna de las unidades de búsqueda de la PGR, ya sea de la Unidad de Personas Desaparecidas, de la Fiscalía contra la Trata, de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada, ninguna realiza búsquedas serias. Lo que ellos saben hacer son simulaciones de búsqueda: van a un lugar con gente que no conoce el campo, que no sabe lo que busca, que no sabe cómo se ve un hueso, cómo se ve una fosa. Llegan al lugar a caminar, nada más, como en un día de campo.
“Por ejemplo –prosigue–: este domingo fuimos a Mezcala, a una zona en donde las autoridades supuestamente ya habían buscado. Y nosotros encontramos huesos tirados justo ahí donde supuestamente ya habían trabajado las autoridades. Llegamos nosotros y empezamos a trepar el cerro, con nuestro dolor, con nuestra rabia, con nuestra experiencia, y encontramos costillas, clavículas, vértebras, pedazos de otros huesos. La PGR se quedó recogiendo todos esos huesos. Pero no los encontró la PGR, los encontramos nosotros. La PGR sólo recoge los cuerpos que nosotros señalamos, y sólo excava las fosas que nosotros encontramos. Por sí misma, no hace nada.
