El secretario de Gobernación indicó que se debe "ver si fue adecuado o no el uso de armas de parte de las policías estatal y federal. ¿Quién lo hizo?, ¿quién lo ordenó?".
El gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, responsabilizó a “infiltrados” en el movimiento magisterial por los hechos de violencia que se registraron el domingo en Nochixtlán, que dejaron un saldo de 8 muertos y más de un centenar de heridos, entre civiles y policías. “Se ha identificado la presencia de grupos ajenos a la causa magisterial en diversas manifestaciones y en muchos de los actos de vandalismo mencionados. En los últimos días la infiltración de estos grupos ha radicalizado los hechos e incrementado la violencia con la que ocurren protestas que tradicionalmente se venían desarrollando en forma pacífica y ordenada”, aseveró la noche del lunes en conferencia de prensa en la Secretaría de Gobernación. El mandatario estatal indicó que el fin de semana hubo una “situación delicada” en Salina Cruz y Nochixtlán, por lo que se pidió la intervención de la Policía Federal, ya que ocurrían “hechos inaceptables que no podemos permitir”. Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseveró que la Policía Federal “ha venido conteniendo… no enfrentando”. Sin embargo, prometió que se investigarán los hechos ocurridos el domingo, para “buscar responsables de un lado y del otro. Ver si la población civil tenía armas. Ver si fue adecuado o no el uso de armas de parte de las policías estatal y federal. ¿Quién lo hizo?, ¿quién lo ordenó? y si esto obedeció a entrar dentro de los mecanismos de los protocolos que tenemos establecidos. Así es que debemos esperar las investigaciones para determinar responsables”. Agregó que se trató de una situación “extraordinaria” y “grave” que será revisada de forma exhaustiva, puntual y transparente. Además, dijo que el gobierno de la República tiene plena disposición de ofrecer los canales institucionales para resolver la situación que acontece en el estado de Oaxaca, y “solo por la vía de la legalidad, porque solo por esta vía es posible construir acuerdos y ejercer derechos”. “Que sean los acuerdos y no la violencia el puente para buscar los caminos de solución”, señaló el titular de la política interior del país. Reiteró que el gobierno de Oaxaca tendrá todo el respaldo del gobierno de la República para solucionar este conflicto. En conferencia de prensa, mencionó que policías ministeriales están llevando a cabo las investigaciones con apoyo de los derechos nacional y estatal, así como la Procuraduría General de la República, quien ya lleva a cabo las indagaciones necesarias. Advirtió que la instrucción en los protocolos son claros en este tipo de situaciones, la policía está ahí para “apoyar y proteger a la población”. El secretario de Gobernación se solidarizó con los familiares de víctimas que perdieron la vida, a quienes prometió ayudar, así como quienes resultaron heridos entre los que se encuentran civiles, policías federales y estatales. Refirió que por instrucciones del presidente, Enrique Peña Nieto, se trabaja de manera conjunta para garantizar la tranquilidad de las comunidades y encontrar las vías de solución para que cada una de ellas recupere la normalidad. Recordó que en las últimas semanas se han visto afectadas diversas regiones de Oaxaca por actos vandálicos, saqueos de comercios, bloqueos carreteros y de lugares estratégicos. La población ha enfrentado desabasto, afectación al turismo y otros sectores de la economía en detrimento de las familias oaxaqueñas. Mencionó que a solicitud del gobierno del estado y exigencia de la mayoría de los habitantes de este estado, se brinda apoyo a las autoridades para atender la situación, con el objeto de recuperar los principales accesos y restablecer el orden. En este sentido se han realizado operativos conforme a los protocolos aplicables a la contención de manifestaciones y bloqueos, como ha sucedido en lugares como Guerrero, Ciudad de México o Oaxaca, donde no portaban armas.
La planta de amoniaco de Topolobampo, anunciada como una de las más grandes de Latinoamérica, se construirá en una superficie del noveno humedal de mayor prioridad del país y que está protegido por un convenio internacional firmado por México. Aun así y tras titubeos, la Semarnat autorizó el proyecto. El Gobernador Mario López Valdez fue el promotor; Francisco Labastida Ochoa, el gestor y, su hijo, Francisco Labastida Gómez de la Torre, el operador.
Genaro Campos Elizalde enciende el motor de su pequeña embarcación y navega en el agua del humedal Santa María, Topolobampo y Ohuira, un sitio Ramsar protegido por normas ambientales de carácter internacional. La panga está adaptada con asientos reclinables y con techo de lona, comodidades que demandan turistas y biólogos que, de vez en vez, arriban. Pero en esta ocasión, el lanchero no ofrece un servicio turístico para presumir las aves migratorias o los delfines que habitan en la reserva natural. Ahora lo motiva un interés contrario: mostrar la plataforma rellenada con piedra, una superficie en la Bahía de Ohuira de 267 mil 500 metros cuadrados que pertenece al polígono del noveno humedal de mayor prioridad del país y, sobre la cual será construida la fábrica que producirá 2 mil 200 toneladas métricas diarias de amoniaco anhidro. Una de las más grandes, aún sin construir, en América Latina. La vista aérea del lote es la de un campo infértil, sin vegetación ni aves. Una masa de concreto en medio de un ecosistema. Antes, en cambio, la orilla del terreno se revestía de manglar. Y más adentro, el suelo se inundaba con el agua que arrastra la marea de la bahía. Justamente ahí es donde acudían las aves locales y migratorias que viajan desde Canadá y Estados Unidos para alimentarse y descansar. El 2 de febrero de 2009, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas Naturales declaró Sitio Ramsar al sistema lagunario Santa María, Topolobampo y Ohuira, para proteger a las aves migratorias que cada temporada lo visitan; las especies marinas que ahí se reproducen para alimentar a otras, así como a la vegetación en la que anidan y viven en este ecosistema al norte del Pacífico sinaloense.
Hay, incluso, especies en peligro de extinción al ser zona de crianza y alimentación de la tortuga golfina, prieta, laúd y carey, que tienen protección especial. Al igual que la iguana prieta que habita aquí.
La Conanp protegió este ecosistema bajo la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, un tratado entre 169 países también conocido como Convención Ramsar, que México firmó en 1986. Diana Cecilia Escobedo Urías, directora del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, unidad Sinaloa, que pertenece al Instituto Politécnico Nacional, sostiene que no es recomendable desarrollar este proyecto energético dentro del humedal. “Es que no debería de ser. En términos ecológicos, no es recomendable. Si el Gobierno mexicano solicita a la Convención de Ramsar la inclusión del sistema de laguna Topolobampo a la lista de humedales Ramsar, entonces se entiende que las propiedades son dignas de conservar”, asevera. “Es absurdo que autoricen un proyecto de esta envergadura dentro de los límites del polígono Ramsar, alegando que no hay impacto”. Le preocupa también que sus servicios dejen de ser demandados cuando la planta que producirá amoniaco anhidro, una base para fabricar fertilizantes nitrogenados, se aloje en el sistema lagunar. “Nos afecta esta construcción que se va hacer ahí porque tenemos unos permisos que explotamos por visitar áreas naturales protegidas. Ahí donde se va a construir ese muelle, esa planta, está esa isla (Isla de los Patos) donde llegan muchas aves migratorias, inclusive llegan muchas aves que están en peligro de extinción, como el ostrero americano”, lamenta.
“Nos daña, nos afecta, porque puede haber una fuga de amoniaco que sería la materia prima principal que usan ahí, pues sería una mortandad de aves, y prácticamente se nos acabaría ese servicio que damos ahí”.
CONEXIÓN LABASTIDA El gas natural es el insumo principal que utilizará la fábrica para producir 2 mil 200 toneladas métricas de amoniaco anhidro diarios. La producción de esta sustancia base de los fertilizantes será lo suficientemente voluminosa para cubrir una piscina olímpica. La nave industrial tendrá la capacidad de almacenar 75 mil toneladas métricas de amoniaco en tres cilindros de acero, que equivale a la producción de 34 días continuos. Los cilindros serán de 25 mil toneladas métricas, por lo que cada uno de ellos podría contener el agua que acumulan 10 piscinas olímpicas. La gigantesca producción permitirá satisfacer la demanda de amoniaco del País; incluso el excedente se exportará a los mercados de Estados Unidos, Sudamérica y Asia. De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental que elaboró la empresa, México importa aproximadamente 200 mil toneladas anuales, mientras que la empresa fabricará 770 mil toneladas cada año, cuatro veces más del déficit existente. “Con el presente proyecto se pretende la producción de 2 mil 200 toneladas diarias de amoniaco anhidro para abastecer al campo mexicano, exportando sus excedentes a países de Asia, Sudamérica y los Estados Unidos”, se detalla en el apartado Justificación del Proyecto de la MIA. En la primera etapa de la construcción, se invertirán mil millones de dólares. En el desarrollo de este proyecto aparecen varios personajes que tienen entre sí un común denominador: Francisco Labastida Ochoa, ex candidato presidencial, ex presidente de la Comisión de Energía del Senado y quien hoy dirige el despacho de Consultores en Desarrollo, Economía y Finanzas, Codefi, que impulsó la planta de amoniaco. Esta red de nombres asociados son el Gobernador Mario López Valdez; el empresario José Eduvigildo Carranza; el político y empresario, Rubén Félix Hays; el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; y su propio hijo, Francisco Labastida Gómez de la Torre, actual Secretario de Desarrollo Económico y Proyectos Estratégicos de Sinaloa. El 23 de febrero de 2014, López Valdez anunció al Presidente Enrique Peña Nieto que el suministro de gas natural permitiría la instalación de la planta de fertilizantes, la cual dimensionó como la más grande de Latinoamérica.
“Con el apoyo dado al proyecto de gas natural, se abre para Sinaloa un panorama de crecimiento que le permitirá diversificar sus actividades, como será una planta de fertilizantes, la más grande de Latinoamérica”, alardeó el Mandatario sinaloense, según un boletín emitido por la Presidencia de la República el 23 de febrero de 2014.
LA EMPRESA Este proyecto es desarrollado por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, que en documentos se muestra como perteneciente al líder atunero en Latinoamérica, José Eduvigildo Carranza Beltrán, quien sostiene una estrecha amistad con Labastida Ochoa. El empresario sinaloense, conocido como Leovy Carranza, es dueño de Grupo Pinsa que posee más del 50 por ciento del valor de producción de atún en México, según estimaciones de economistas y analistas. Gas y Petroquímica de Occidente fue creada el 11 de noviembre de 2013 con el propósito de construir y operar plantas de producción de amoniaco, fertilizantes y otros productos químicos derivados del petróleo y gas natural, según su acta constitutiva 14 mil 14. Carranza aparece como el dueño de las dos firmas que integran el capital social de la empresa desarrolladora: Petro-Pinsa S. A. de C. V. y MEXKC S. A. de C. V., y aunque el 17 de noviembre renunció a la presidencia del Consejo de Administración, las actas constitutivas que posee Noroeste lo relacionan como el único propietario. En 20 meses, del 11 de noviembre de 2013 al 22 de julio de 2015, el líder atunero incrementó el capital social de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente en 724 millones 800 mil pesos. Luego de que Carranza dimite de la presidencia, David Joseph Cassidy lo sustituye. El británico se desempeña como representante de Grupo ProMan, de donde es el Director Ejecutivo. En declaración a Noroeste, Carranza aseguró que ya no posee acciones de las empresas relacionadas con la planta de amoniaco. Explicó que su participación del 50 por ciento fue anulada y su inversión le fue regresada.
El Gobierno sinaloense ha informado que el Grupo ProMan de capital alemán es el inversionista, sin embargo, en las actas de la empresa no aparece como socio, sino que conceden facultades al británico para dirigir la empresa como presidente del Consejo de Administración, luego de la dimisión del sinaloense.
De acuerdo con el sitio web proman.org, el grupo de ingenieros que conforman a Grupo ProMan se dedica a la gestión de proyectos de ingeniería, desde la construcción, administración y operación de plantas procesadoras de gas natural, petroquímicos, acero y automotriz. El 17 de noviembre también renunciaron dos personas que trabajan para Grupo Pinsa: Víctor Manuel Ledón Lizárraga y Alejandro Eduardo Martínez Álvarez, éste último se desempeñaba como el director de finanzas de la empresa que producirá amoniaco. La ubicación de la fábrica dentro del polígono del humedal protegido internacionalmente ha beneficiado al político y empresario Rubén Benjamín Félix Hays, quien vendió 13 lotes que están dentro del humedal a Gas y Petroquímica de Occidente en 100 millones 921 mil 561 pesos, según la base de datos elaborada por Noroeste realizada a partir de las escrituras obtenidas en el Registro Público de la Propiedad. Los movimientos de compra-venta se efectuaron en noviembre y diciembre de 2013, tan sólo dos meses después de que Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía, avaló el proyecto. “Yo compré terrenos a ese ejido, Rosendo G. Castro, y yo se los vendí… un día me llegó un abogado de México que le interesaba comprarme terrenos, yo me dedico a esto, como te expliqué, y yo les vendí esos terrenos, legalmente y transparentemente. La operación la puedes ir a checar en el Registro Público de la Propiedad”, responde el ex candidato a la Alcaldía de Ahome por el Partido Nueva Alianza. “Pero yo no soy dueño de la planta. Yo no soy una autoridad para determinar si está dentro de un manglar Ramsar que tú me estás comentando, punto. Yo compré y yo vendí, hasta ahí llegó mi participación”, intenta deslindarse. “(Promoví) particularmente la industria de fertilizantes”, reconoce Labastida Ochoa en entrevista con Noroeste. “Vimos las tablas de quiénes eran los productores de fertilizantes más eficientes en el mundo, e identificamos que ProMan estaba trabajando todas sus plantas de fertilizantes con más del 100 por ciento de utilización de la capacidad de diseño. “Entonces, buscamos que se vinieran para acá, y les llevamos los estudios de preinversión que habíamos hecho”. La planta tiene también el respaldo de Pedro Joaquín Coldwell, actual Secretario de Energía y Senador junto con Labastida Ochoa. También el Gobernador Mario ha adoptado la planta de amoniaco. Malova fue compañero de fórmula de Labastida en la campaña a la Senaduría y después recibió su apoyo para ser candidato a Gobernador.
Su hijo, Francisco Labastida Gómez de la Torre, es el operador principal de la fábrica y de la construcción de la red de suministro de gas natural en Sinaloa desde la Coordinación General de Proyectos Estratégicos y, recientemente, como Secretario de Desarrollo Económico en la administración de Malova.
EL IMPACTO EN LA RESERVA NATURAL Solo dos meses y una reunión de su titular con inversionistas y autoridades locales fueron suficientes para que la Semarnat cambiara de parecer y autorizara la planta de amoniaco Topolobampo, después de que negó el permiso porque el proyecto industrial se fijó adentro de una reserva natural bajo su resguardo. Con la autorización condicionada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la fábrica de producción de amoniaco se construirá dentro del polígono del Sitio Ramsar, el sistema de lagunas Santa María, Topolobampo y Bahía de Ohuira, que es el noveno humedal más importante en el País. La Conanp, órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo declaró Sitio Ramsar el 2 de febrero de 2009 y lo protegió bajo el acuerdo de la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional.
Este humedal tiene 22 mil 500 hectáreas que se extienden desde la costa hasta las lagunas, e incluye ocho islas: Santa María; Maviri; Los Patos; Bledos; Bleditos; Tunosa; Mazocahui y Mazocahui 2. LA IMPORTANCIA DE LOS HUMEDALES Los humedales representan ecosistemas estratégicos y de gran importancia para la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades humanas. Sus atributos y funciones son fundamentales para el equilibrio ecológico y ambiental global, ya que son el hábitat de muchas especies de fauna y flora, y elementos vitales en la estructura ecosistémica, sociocultural y económica de las naciones del mundo. La Bahía de Ohuira, donde se construirá la planta de producción de fertilizantes, es la más grande de las tres, al sumar 12 mil 500 hectáreas, según la ficha informativa de los humedales Ramsar publicada en ramsar.conanp.gob.mx. Su importancia para el ecosistema radica en que es zona de anidación, alimentación y refugio invernal del 84 por ciento de las aves migratorias distribuidas en el País. “Es considerado un importante corredor biológico para especies migratorias”, informa la Conanp. En la isla de Los Patos habitan colonias de pelicano gris, el pato buzo, la fragata y el pato de ala blanca y negra. En la tierra y las rocas vive la iguana negra, un reptil en situación de riesgo y protegido por la NOM-059-SEMARNAT-2010 y que, por lo cual, está prohibida su captura y comercialización. El sistema lagunar es el área de crianza y alimentación de 109 especies marinas, incluyendo el camarón azul, blanco y rojo. Es también una zona de crianza y alimentación de la tortuga golfina, prieta, laúd y carey, que tienen protección especial de la NOM-ECOL-059-2001, debido a que son especies en peligro de extinción. Su vegetación también es valiosa. El humedal constituye uno de los principales bosques de mangles del noroeste de México al poseer 8 mil 500 hectáreas. “En este sitio se encuentran las cuatro especies de mangle enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 bajo la categoría de amenazadas; que los volúmenes de pesca, peces y jaibas, están relacionados con la abundancia de manglares que son utilizados como áreas de guardería y alimentación por estas especies marinas”, detalla la Conanp sobre el Sitio Ramsar. Y es aquí, dentro de este corredor biológico de flora y fauna, donde el Gobierno mexicano y sinaloense permitieron que Gas y Petroquímica de Occidente edifique su fábrica de procesamiento de sustancias químicas, de amoniaco anhidro, que es una actividad considerada altamente riesgosa, de acuerdo con el listado de sustancias altamente riesgosas que maneja la Secretaría de Gobernación y la de Desarrollo Urbano y Ecología, según el Diario Oficial de la Federación del 28 de marzo de 1990. Aunque Labastida Gómez de la Torre ha negado que la fábrica se construya dentro del polígono de conservación del humedal, la Conanp lo sabe, por eso inicialmente se opuso al proyecto, poco tiempo después, el entonces comisionado nacional, Luis Fueyo Mac Donald, reviró la negativa. El 21 de febrero de 2014, Carlos Castillo Sánchez, director Regional de Conanp en Hermosillo, Sonora, consideró que es obligatoria la conservación del sitio Ramsar. Y negó a Gas y Petroquímica de Occidente la solicitud de establecimiento de la planta energética, así como de la instalación de los ductos de suministro de gas natural y amoniaco anhidro, dentro del sistema de lagunas porque contraviene las normas de protección ambiental. “(El proyecto) se encuentra totalmente dentro del sitio Ramsar Lagunas de Santa María, Topolobampo, Ohuira y en la zona de influencia del área de protección de flora y fauna Islas del Golfo de California”, argumenta en el oficio de solicitud de opinión técnica, con el folio F00.DRNOyAGC.-066/14, obtenida a través del Sistema Infomex para solicitudes de información pública. “…Se encuentra dentro del Sitio Ramsar, por lo que es obligatoria su conservación”. “En la visita de campo realizada por el personal de esta Dirección Regional el 6 de febrero de 2014 al sitio propuesto para el proyecto, se encontró que se ubica en una zona inundable con influencia de marea y presencia de vegetación de manglar dentro y en las periferias del polígono propuesto”, documenta el funcionario. En el dictamen, Castillo Sánchez advierte el daño que ocasionaría al humedal. “Durante la etapa de operación del proyecto se generarán impactos adversos significativos sobre el Sitio Ramsar Lagunas de Santa María, Topolobampo, Ohuira, especialmente en la Bahía de Ohuira por la descarga de agua del proceso de enfriamiento, por la descarga de agua de la planta desaladora, y de la planta de tratamiento de aguas residuales, debido a incrementos en temperatura y en salinidad, así como por efluentes con contenido de amoniaco y otras sustancias nocivas al ambiente. También se presentarían emisiones a la atmósfera desde la planta y la generación de residuos peligrosos como catalizadores, gastados, grasas y aceites”, alerta. Por lo cual, el director Regional en Hermosillo de la Conanp concluyó negar la solicitud de desarrollo de la fábrica. “Como en los compromisos internacionales asumidos por el Gobierno de México ante la Convención Ramsar para la conservación del sitio Ramsar Lagunas de Santa María, Topolobampo, Ohuira, que el proyecto ‘Planta de Amoniaco 2200 TMPD en Topolobampo, Sinaloa’, promovido por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, S. A. de C. V., con pretendida ubicación en Topolobampo, Municipio de Ahome, Sinaloa, no sea autorizado debido a que su desarrollo contravendría los numerales de la 4.5 y de la 4.16 de la NOM-022-SEMARNAT-2033; y el Artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre”, según el oficio referido. La construcción del proyecto incumpliría el numeral 4.16 de la NOM-022-SEMARNAT-2003 que estipula la preservación de los humedales costeros en zonas de manglar. “Las actividades productivas como la agropecuaria, acuícola intensiva o semi-intensiva, infraestructura urbana, o alguna otra que sea aledaña o colindante con la vegetación de un humedal costero, deberá dejar una distancia mínima de 100 metros respecto al límite de la vegetación, en la cual no se permitirá actividades productivas o de apoyo”, requiere. También contraviene el numeral 4.5 de la misma norma. “Cualquier bordo colindante con el manglar deberá evitar bloquear el flujo natural del agua hacia el humedal costero”. Y transgrede el Artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre que estipula: “Queda prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar, del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien, de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos”. UNA REUNIÓN Y, DESPUÉS, SE CAMBIA DE OPINIÓN Luego de que la Conanp dictaminó que el proyecto no es viable ambientalmente, dos semanas después, el 7 de marzo de 2014, Juan José Guerra Abud, entonces titular de la Semarnat y hoy Embajador de México en Italia, se reunió con representantes de Gas y Petroquímica de Occidente, Francisco Labastida Ochoa, el Gobernador Mario López Valdez, el entonces delegado de la Semarnat en Sinaloa, Jorge Abel López Sánchez; y el Alcalde de Ahome, Arturo Duarte García. El aviso de Castillo Sánchez fue ignorado y 35 días después de la reunión, el 11 de abril de 2014, sin ofrecer nuevos argumentos, Fueyo Mac Donald revocó la negativa y autorizó el desarrollo del proyecto sobre el humedal, aunque estableció algunas condicionantes. El entonces titular de la Conanp sabía que la fábrica se construiría dentro del humedal que debía proteger la misma institución que dirigía. “Tomando en cuenta la magnitud, giro del proyecto, y considerando el análisis de la información adicional presentada, y toda vez que el proyecto se ubica dentro del sitio Ramsar Lagunas de Santa María, Topolobampo, Ohuira, se considera que el proyecto podría ser técnicamente viable”, argumenta el entonces comisionado nacional en el oficio 109 que tiene su rúbrica, obtenido por medio del Sistema Infomex. Y éstas son las recomendaciones que establece: reforestación y restauración de manglar en zonas afectadas; monitoreo de la calidad del agua, incluyendo temperatura y residuos contaminantes, como grasas y aceites; además, el monitoreo de la Bahía de Ohuira sobre la abundancia de 29 especies de peces. “Los cuales componen la dieta de las distintas aves que utilizan esta bahía como zona de alimentación y anidación”, enfatiza el entonces comisionado. El aval de Fueyo Mac Donald es determinante en la resolución “ambientalmente viable” que luego emitió el director General de Semarnat, Alfonso Flores Ramírez, sólo 10 días después. “Se dictamina con este instrumento es ambientalmente viable, por lo tanto, ha resuelto autorizarlo de manera condicionada”, detalla el dictamen de evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental, modalidad Regional, que entregó la empresa, con folio SGPA/DGIRA/DG/03576. El 21 de abril de 2014, Flores Ramírez autorizó que la fábrica opere por 25 años, además, otorgó 4 años y 6 meses para la preparación del sitio Ramsar y la construcción. Le pide a la empresa que cumpla con las medidas de control, prevención y mitigación que propuso en la MIA-R. A pesar de los argumentos técnicos de las instituciones responsables de resguardar los sitios protegidos, Labastida Ochoa lo niega con una sola sentencia. “No sé qué tan fuerte (es la controversia) lo que sí estoy seguro es que es una mentira”, defiende. HUMEDAL, EL PUNTO ESTRATÉGICO Gas y Petroquímica de Occidente, al igual que lo hace Labastida Ochoa, ha negado que la planta de producción de amoniaco anhidro se construya sobre el humedal protegido. “El proyecto no se encuentra dentro de ningún área natural protegida mediante un decreto municipal, estatal o federal”, rechaza en la MIA-R. Incluso, en el mismo documento entregado a la Semarnat el 19 de diciembre de 2013, para solicitar autorización ambiental del proyecto energético, describe el sitio donde se instalará como un terreno seco en el cual no hay vida vegetal. “En el sitio donde se construirá la planta de amoniaco no existía manglar ni ningún otro tipo de vegetación”. Para la bióloga Escobedo Urías, la instalación de la fábrica tendrá un impacto en el sitio Ramsar. “Tiene que quedar muy claro: cualquier acción de esa naturaleza tiene un impacto en el ambiente. Y que tendría que estar en la Manifestación de Impacto Ambiental, tendría que tener las medidas de mitigación, tendría que identificarse posibles amenazas, posibles problemas, riesgos para la población, para las comunidades naturales que viven ahí. Y parece que no la tiene. Todo es miel sobre hojuelas, que parece que la planta de amoniaco lo único que va hacer es hacer las cosas más bonitas en el mundo, en la zona de Topolobampo”, critica. “Es incongruente totalmente que el mismo Gobierno mexicano que solicita la inclusión de un ecosistema a la lista de Ramsar, luego ponga una actividad industrial de tal envergadura en el mismo sitio. El humedal es el punto estratégico para que la fábrica pueda operar y para la transportación de la producción de fertilizantes. Posee tres elementos claves: la interconexión al ducto de suministro de gas natural de El Oro-Topolobampo, que es el insumo primario para la producción de amoniaco anhidro; el acceso al muelle de la planta de combustible de Pemex, ubicado en el puerto de Topolobampo para la embarcación de buques tanques que permitan la transportación de la producción de fertilizantes al interior y exterior de México; y la utilización de la línea de conducción de agua de la Bahía de Ohuira, desde el canal de toma de agua de la CFE, así como la tubería de descarga de agua al canal también de la Comisión. “En la selección del sitio, es que el proyecto requiere de suministro de gas natural. Aunque existe un proyecto para construir el gasoducto El Oro-Mazatlán, la opción que ya está en desarrollo es el gasoducto que proveerá de gas a la CFE en Topolobampo. Nuevamente, esto hace que la opción viable sea Topolobampo”, justifica la MIA-R, en la página 28.
“La ubicación de la planta requiere también acceso a una fuente de agua para enfriamiento. Los terrenos mencionados se encuentran a un lado de la Bahía de Ohuira y de un canal que la CFE utiliza para obtener agua para el mismo fin. La presencia de esta infraestructura reduce los costos y los impactos de construir de un nuevo canal”.
OAXACA, Oax: La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió medidas cautelares para proteger la integridad de siete personas desaparecidas a partir del violento desalojo de este domingo en Nochixtlán, que dejó al menos seis muertos y 108 heridos, así como 21 detenidos.
Las medidas cautelares incluyen la presentación con vida de Ángel Santiago Hernández, Juan Velasco Méndez, Daniel Medina, María Carrillo, Gustavo Moreno Bravo, Inocente Pinacho, y Alejandro “NN”, cuyo paradero es desconocido desde ayer. Se presume que fueron privados de su libertad durante el operativo en el que participaron 800 efectivos de la Policía Federal y Estatal. La solicitud fue dirigida a los gobiernos de Gabino Cué y Enrique Peña Nieto.
En el documento, la Defensoría también solicitó que, de haber detenido a esas personas, las autoridades se abstengan de mantenerlas privadas de su libertad si no existe mandamiento escrito de autoridad competente en su contra. Aclaró que, en el caso de que hayan cometido algún delito, deben ser puestas de inmediato a disposición del agente del Ministerio Público, conforme lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo pronto, el organismo inició el expediente DDHPO/1374/(01)/OAX/2016, en el que su personal comparó las listas de las personas que el movimiento magisterial y diversas organizaciones denunciaron como privadas de su libertad durante el desalojo, con los nombres de quienes pudo constatar que permanecen en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca. El resultado, expuso, es la ausencia de siete personas. Por esta razón, solicitó al fiscal general Héctor Joaquín Carrillo Ruiz, al secretario de Seguridad Pública Jorge Alberto Ruiz Martínez y al comisionado nacional de Seguridad Renato Sales Heredia, la adopción de una medida cautelar.
CIUDAD DE MÉXICO: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), lamentó la muerte de personas y de lesionados que dejaron los hechos de violencia registrados ayer en distintas localidades del estado de Oaxaca, particularmente en los municipios de Nochixtlán y Juchitán de Zaragoza, incluido el asesinato del reportero del diario “El Sur del Istmo”, Elpidio Ramos Zárate.
En un comunicado, el organismo dijo que se allegará de toda la información para deslindar responsabilidades y se castigue a los responsables de la muerte de seis personas y más de 50 lesionados, algunos de ellos de bala. La CNDH reiteró que la defensa de los derechos debe hacerse en estricto cumplimiento de la ley y al amparo de las instituciones. “La convivencia y defensa de la dignidad humana solo es posible en un ambiente de paz y seguridad. La paz es un objetivo que demanda el compromiso de todos los mexicanos, con independencia de la labor que desempeñen”, subrayó.
En el comunicado, la CNDH consideró que, por sensibles que sean las divergencias, deben buscarse coincidencias mediante el diálogo y la mayor protección y vigencia de los derechos humanos de todas las partes. FUENTE: PROCESO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.proceso.com.mx/444574/investiga-la-cndh-hechos-violencia-en-oaxaca
En un informe sobre el seguimiento de la situación en México, dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el relator especial del organismo para las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, Christof Heyns, afirmó que las medidas tomadas por el Gobierno para proteger el respeto a la población y su derecho a la vida siguen siendo insuficientes desde hace dos años. Recomendó que las acciones de seguridad estén a cargo de las fuerzas civiles y no de las fuerzas armadas.
El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para las ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, Christof Heyns, dijo hoy que las medidas tomadas por el Gobierno de México para proteger a la población y respetar el derecho a la vida siguen siendo “insuficientes” desde su visita al país en 2013.
“Las medidas de protección siguen siendo insuficientes e ineficaces; la impunidad y la falta de rendición de cuentas en relación a violaciones al derecho a la vida siguen siendo un desafío, al igual que la ausencia de reparación para las víctimas”, denunció Heyns.
En un informe sobre el seguimiento de la situación en México dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se celebra estos días en Ginebra, Suiza, el experto recalcó que “las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza por los agentes de seguridad persisten”. En dicho documento, Heyns analiza si las autoridades han implementado las medidas necesarias para proteger el derecho a la vida, y si se han seguido las recomendaciones que hizo el experto hace tres años. Aunque el relator reconoció al Gobierno mexicano por los avances que se han llevado a cabo, enfatizó que siguen siendo necesarias “medidas adicionales” que se apliquen siguiendo sus recomendaciones para asegurar “que se protege el derecho a la vida”. En concreto, Heyns urgió al Gobierno a aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza y a crear una institución nacional autónoma de servicios forenses. Asimismo, en relación a las actividades policiales, recomendó que “se adopten de manera inmediata todas las medidas necesarias para garantizar que la seguridad pública esté a cargo de civiles y no de las fuerzas armadas”. En la actual Administración se recuerdan al menos tres casos de ejecuciones extrajudiciales que fueron objeto de observaciones y protestas por parte de organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
LAS MASACRES DEL SEXENIO La primera fue la ejecución de 22 civiles a manos de elementos del Ejército, en el poblado de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014. De acuerdo con la versión oficial, el enfrentamiento se registró mientras los militares perseguían a una supuesta banda de delincuentes. Testimonios de una sobreviviente, publicados por la revista Esquire señalaron que las víctimas habían sido asesinadas cuando ya se habían rendido. El 6 de enero de 2015, en Apatzingán, Michoacán, se registró un enfrentamiento entre policías federales, elementos del Ejército y la población civil con saldo de 10 muertos y 21 heridos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló a elementos de la Policía Federal (PF) como responsables. La CNDH emitió la recomendación 3VG/2015 en la que señala que hubo uso excesivo de la fuerza por parte de la PF, lo que provocó la muerte de al menos cinco personas, además de “dilación en la solicitud de auxilio para la atención médica pre hospitalaria que derivó en cuatro fallecimientos, en tanto que habría indicios de la responsabilidad de policías federales en una muerte más por atropellamiento”. También resaltó la “dilación en la solicitud de auxilio para la atención médica pre hospitalaria que derivó en cuatro fallecimientos, en tanto que habría indicios de la responsabilidad de policías federales en una muerte más por atropellamiento”. El 22 de mayo de 2015, en Tanhuato, Michoacán, en un supuesto enfrentamiento murieron 42 civiles y un policía federal; de acuerdo con una investigación presentada por el periodista Carlos Loret de Mola, el 70 por ciento de las víctimas presentaban el tiro de gracia. El Relator Especial de la ONU lamentó en su informe de seguimiento la ausencia de avances en la implementación de su recomendación e hizo alusión a una serie de acontecimientos trágicos que han hecho de las fuerzas armadas blanco de acusaciones de ejecuciones extrajudiciales.
Entre los grupos que considera más vulnerables a ser víctimas de esta práctica están los niños, mujeres, reclusos, detenidos, migrantes, periodistas y defensores de derechos humanos.
LA GUERRA SUCIA El Relator Especial expresó en su informe “consternación” por el hecho de que hasta ahora no se haya iniciado ninguna acción judicial por la “Guerra sucia” de los años 60 y 70, en la que fueron ejecutadas un número aún desconocido de personas. Recomendó que las ejecuciones extrajudiciales y las masacres cometidas durante ese período fueran debidamente investigadas, procesadas y juzgadas, que los responsables fueran castigados y que las víctimas y sus familiares recibieran una reparación adecuada. El Gobierno respondió que la Coordinación General de Investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) estaba tramitando 247 investigaciones por delitos cometidos durante ese período, entre ellos homicidios, detenciones arbitrarias y desapariciones”. No obstante, según el documento, algunas fuentes no gubernamentales observaron que no se había avanzado en las investigaciones y el enjuiciamiento de las ejecuciones extrajudiciales cometidas durante este periodo. A manera de conclusión señala que en los dos años transcurridos desde la visita del Relator a México, han existido algunos avances: el Gobierno ha adoptado diversas medidas positivas en un intento por hacer frente a la impunidad, reducir la militarización de la seguridad pública, mejorar la coordinación institucional y la recopilación de información en las investigaciones de violaciones a los derechos humanos y ofrecer protección jurídica a los grupos vulnerables. “Sin embargo, México sigue afrontando diversas dificultades en relación con la protección del derecho a la vida. Los actos de violencia cometidos por agentes estatales y no estatales siguen afectando a la vida, en particular, de las personas vulnerables.
Las medidas de protección de los grupos en situación de riesgo siguen siendo insuficientes e ineficaces. A pesar de una serie de reformas jurídicas e institucionales, la falta de rendición de cuentas por las violaciones del derecho a la vida sigue siendo un grave problema que fomenta la percepción pública de impunidad y alimenta el ciclo de la violencia. Las víctimas siguen sin recibir una reparación adecuada. Deben adoptarse medidas adicionales para aplicar plenamente las recomendaciones anteriores del Relator Especial a fin de garantizar mejor la protección del derecho a la vida”, finaliza. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/20-06-2016/3056565
OAXACA, Oax: El gobernador Gabino Cué Monteagudo confirmó la muerte de seis civiles y 94 heridos, entre ellos 55 policías, así como 21 detenidos durante el desalojo conjunto que realizaron hoy 800 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Policía Federal y de la División de la Gendarmería en Nochixtlán.
El Comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, reconoció que dada la resistencia de gente infiltrada, la “policía federal intervino con armamento de cargo”. Explicó que al inicio de esta operación sólo participaron policías sin armas ni toletes, pero luego de desalojar el bloqueo a la autopista Oaxaca-Puebla, casi cuando concluía el operativo, se percataron de la participación de gente armada entre los manifestantes, lo que los obligó a un cambio de estrategia. Esta situación, explicó el mando, hizo que pidieran el refuerzo de personal armado. “Muy al final del proceso llegó personal con armas; ya había pasado todo, ya habíamos ordenado el repliegue táctico“, comentó. Galindo deslindó a los maestros del uso de armas en la protesta, y afirmó que se trató de gente infiltrada que disparaban contra la policía y contra los civiles. A su vez, en conferencia de prensa, el Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Jorge Alberto Ruiz Martínez, hizo hincapié que “personas ajenas a los bloqueos hicieron disparos en contra la población y la policía”. Tanto el gobernador como el Comisionado de la Policía Federal, se lavaron las manos de la violencia al manifestar que infiltrados en los 37 bloqueos carreteros son los que utilizaron armas de fuego y realizaron saqueos en comercios. Cué sostuvo: “Son pequeños grupos, so pretexto de un apoyo al magisterio oaxaqueño, han protagonizado hechos de violencia y bloqueos en 37 puntos del Estado”. De igual forma, exoneraron a los maestros de la violencia generada en la entidad al acusar a infiltrados en organizaciones como el Frente Popular Revolucionario (FPR), el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (Codep), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) y Comuna. En el parte policial, justificaron que el operativo conjunto se realizó luego de siete días de intensos bloqueos carreteros en 37 puntos estratégicos que comunican a Oaxaca con la Ciudad de México, así como con los estados de Puebla, Veracruz, Chiapas y Guerrero. Los bloqueos carreteros realizados por algunos sectores magisteriales y organizaciones sociales, afectaron gravemente la movilidad de personas y el tránsito vehicular en las ocho regiones de Oaxaca, así como el abasto de alimentos, medicamentos, combustible e insumos básicos para la actividad productiva, económica y comercial de la entidad. Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo obtuvo acto de formal prisión para los dirigentes de la Sección 22, Rubén Núñez Ginez y Francisco Manuel Villalobos Ricárdez. La PGR obtuvo del Juez Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, Auto de Formal Prisión contra Rubén Núñez Ginez, al encontrarse elementos de prueba suficientes para considerarlo probable responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado por el artículo 400 bis, fracción I, del Código Penal Federal. Asimismo, la PGR en su Delegación Estatal en Oaxaca, obtuvo del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Auto de Formal Prisión contra Francisco Manuel Villalobos Ricardez, al considerarlo probable responsable del delito de Robo Calificado.
De acuerdo con la indagatoria, los hechos sucedieron el 30 de agosto de 2014, cuando el imputado y otros maestros de la sección XXII, ingresaron a una bodega de la Sección 59 para robar 10,000 libros de textos gratuitos y lesionar gravemente a la persona que los resguardaba. FUENTE: PROCESO AUTOR: PEDRO MATÍAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/444573/infiltrados-los-responsables-la-violencia-en-nochixtlan-enrique-galindo
Los médicos Raymundo Tepeque Cuevas, José Osvaldo Ortega Saucedo y Marvin Hernández, y el abogado Julio César Mejía Salgado, todos trabajadores de la Secretaría de Salud de Guerrero, desaparecieron en junio de 2015 en la carretera federal México-Acapulco. La Fiscalía General del Estado realizó una prueba de ADN a cuatro cuerpos hallados en esa fecha, cuyos resultados coincidían con el de las víctimas, sin embargo, familiares pidieron el apoyo de los expertos argentinos, pues dicen que no hay semejanza física entre los cuerpos y los desaparecidos.
La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) informó que acompañó al Equipo Argentino Antropología Forense (EAAF) para realizar un segundo examen antropológico a cuatro cuerpos que podrían pertenecer a tres médicos y un abogado que desaparecieron el 19 de junio de 2015, y que además tomó las declaraciones de familiares. Ayer se cumplió un año de la desaparición de los médicos Raymundo Tepeque Cuevas, José Osvaldo Ortega Saucedo y Marvin Hernández, y del abogado Julio César Mejía Salgado, en la carretera federal México-Acapulco, cerca de Xolapa. En un comunicado, la Comisión precisó que “es la segunda diligencia realizada a cuatro cuerpos humanos que permanecen en el Semefo (Servicio Médico Forense) en calidad de desconocidos”, para averiguar si se trata de los médicos y el abogado. En el documento se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado (FGE) hizo ese mismo mes un examen de ADN a los cuatro cuerpos hallados, el resultado coincidía con el de los desaparecidos, todos trabajadores de la Secretaría de Salud. Los familiares pidieron el apoyo del equipo argentino para confirmar el resultado debido a que no hay semejanza física entre los cuerpos y los desaparecidos. En las pruebas que hizo el EAAF “tomó declaraciones a los familiares de los tres médicos y el abogado desaparecidos, para determinar sus datos de identificación antropométrica, como estatura, edad y peso”, se lee en el comunicado. Además se hicieron exámenes antropológicos completos como medición de los cadáveres, odontología forense y ropa. La primera diligencia que hizo el equipo argentino fue el 27 de abril, donde se tomaron muestras biológicas de los cuerpos y familiares directos.
El documento informó que quienes participaron en esta actividad fueron la criminalista Miriam Palma; los peritos en antropología forense Mercedes Celina Donetti, Mariana Segura y Hailey Duecker; de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Rebeca Tinoco Reyna y la primera visitadora de la Codehum, Violeta Parra Reynada. FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR. AUTOR: REDACCIÓN/BEATRIZ GARCÍA. LINK: http://www.sinembargo.mx/20-06-2016/3056446
La Sección 22 de la CNTE exigió hoy la renuncia del Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, y del Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, luego del asesinato de sus integrantes en el operativo que realizó ayer la Policía Federal. Además informó que ocho compañeros murieron en el enfrentamiento, en su mayoría pobladores de Nochixtlán, 22 desaparecieron y 45 están heridos de bala. Este lunes, la comunidad artística, periodística y sociedad civil exigieron al Presidente Enrique Peña Nieto y al Gobernador el cese de las incursiones policiacas a la entidad para reprimir a la población y al magisterio. En la Ciudad de México se realizaron manifestaciones frente a la sede del gobierno oaxaqueño. En el lugar, la policía capitalina detuvo al menos nueve personas, entre ellos, un fotógrafo.
Integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exigieron la renuncia del Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, y del Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, luego del asesinato de sus compañeros en el operativo que realizó ayer la Policía Federal.
“Exigimos la renuncia del Gobernador del Estado, Gabino Cué Monteagudo, porque ya no son puntos de equilibrio, tuvieron su oportunidad de resolver de manera pacífica y ordenada a través del diálogo, a través del debate, a través de las discusiones, a través de la participación de todos, para darle cause a este problema. Sin embargo, mostraron no tener la capacidad política de resolver; por lo mismo Aurelio Nuño ya no es punto de equilibrio”, dijo Juan García García a nombre de la dirigencia magisterial en una conferencia de prensa.
De acuerdo con información oficial, seis personas fallecieron y un centenar más sufrió heridas en enfrentamientos entre el ala más radical del sindicato de maestros y las fuerzas de seguridad el domingo en Oaxaca. Veintiuna personas fueron detenidas en flagrancia y puestas a disposición de la Fiscalía, agregaron los responsables. Según sus datos, hubo también más de un centenar de heridos, de los cuales 53 eran civiles, 41 policías federales y 14 agentes estatales. Sin embargo, los profesores disidentes informaron de ocho compañeros muertos, en su mayoría pobladores de Nochixtlán, 22 desaparecidos y 45 heridos de bala. El profesor García aseguró que la Sección 22 ya no está dispuesta a dialogar con Cué, porque ya está rebasado y que la negociación debe ser directa con el Gobierno federal. Ayer, mientras se suscitaba el enfrentamiento en Nochixtlán, el Gobernador Gabino Cué prefirió irse a una boda. Estuvo en la fiesta del Secretario de Obra Pública de Guerrero, Rafael Navarrete. De acuerdo con el medio oaxaqueño ADN Sureste, el mandatario se divertía en el Jardín Etnobotánico junto con su homólogo de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, en la boda de Rafael Navarrete Quezada y Alicia Rueda. Los profesores denunciaron que el enfrentamiento fue provocado “por infiltrados de la misma policía” y fueron esos elementos los que han cometido los desmanes en las manifestaciones con la finalidad de justificar el operativo.
“Los policías portaban armas, dispararon sin piedad en contra de nuestros compañeros, por eso fueron al lugar donde se estaban manifestando”, dijo García.
El Presidente Enrique Peña Nieto lamentó la pérdida de vidas humanas en Nochixtlán. En su cuenta de Twitter informó que giró instrucciones a las instituciones de salud federales para que apoyen al Gobierno de Oaxaca en la atención de los lesionados.
Indicó que la Procuraduría General de la República (PGR) apoyará a la Fiscalía de Oaxaca en la investigación para deslindar responsabilidades y castigar a responsables.
La dirigencia de la Sección 22 pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigue los asesinatos ocurridos en el operativo de desalojo en Nochixtlán. El magisterio disidente pidió a los organismos internacionales estén atentos al desarrollo del conflicto en Oaxaca. La CNTE advirtió que a pesar de los enfrentamientos no detendrán las protestas.
“Este movimiento no se va a doblegar, no vamos a bajar la guardia por lo que nos pertenece”, manifestó Juan García.
Los enfrentamientos en Nochixtlán, en los que los manifestantes lanzaron piedras, cohetes, cócteles molotov e incendiaron vehículos, se prolongaron durante varias horas del domingo. Según pudo constatar la agencia The Associated Press, policías antimotines abrieron fuego para intentar disolver a los manifestantes, que habían levantado bloqueos y barricadas en algunas vías. En un comunicado emitido el domingo en la tarde, el Gobierno federal dijo que los miembros de sus fuerzas de seguridad no estaban armados y que “las agresiones por arma de fuego registradas provinieron de personas ajenas a los bloqueos, quienes realizaron disparos contra la población y los policías federales”. En imágenes grabadas por AP se aprecia claramente a al menos a un policía —aunque no se puede distinguir a qué cuerpo pertenece— efectuando varios disparos junto a otros agentes, que no portaban armas de fuego visibles, y cerca de una patrulla. Este lunes, maestros de la Sección 22 de la CNTE suspendieron clases en escuelas de la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados, debido a los enfrentamientos con policías federales ocurridos ayer. De acuerdo con la prensa local, los profesores permanecen en el interior de algunas escuelas, pero no aceptaron el ingreso de los niños. En otros planteles no hubo anuncio y los padres de familia y niños encontraron las puertas cerradas. El Comité Ejecutivo seccional del magisterio oaxaqueño convocó a una marcha para repudiar los hechos de violencia y la muerte de seis personas durante el enfrentamiento de este domingo en Asunción Nochixtlán. Artistas e intelectuales oaxaqueños, apoyados por Francisco Toledo, están convocando a una barricada cultural “contra la represión” en el atrio del templo de Santo Domingo de Guzmán a las 3 de la tarde. Toledo ha sido un crítico del Gobierno de Cué. En varias ocasiones se ha manifestado en contra del proyecto del Centro de Convenciones en el Cerro del Fortín de la capital estatal. El artista encabeza la movilización social que pide que el Centro de Convenciones sea construido en un lugar diferente por considerar el Fortín la principal zona verde de Oaxaca, en el sur de México.
INTELECTUALES PIDEN DIÁLOGO La comunidad artística de Oaxaca, periodística y sociedad civil exigió al Presidente Enrique Peña Nieto y al Gobernador Gabino Cué el cese de las incursiones policiacas a la entidad para reprimir a la población y al magisterio, así como la instalación inmediata de una mesa de diálogo incluyente y transparente con los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
“Una Reforma Educativa debe ser un pretexto para la discusión de ideas, no un pretexto para reprimir y acabar con los opositores, mediante el uso desmedido de la fuerza pública y llenar las cárceles de inconformes”, cuestionaron artistas, académicos, periodistas y más de 80 organizaciones de la sociedad civil.
A través de una carta difundida en redes, condenaron “la provocación y hostilidad por parte de las autoridades en las regiones del Istmo y Mixteca que han dejado seis personas muertas, así como múltiples disturbios”. Consideraron la urgencia de que el Gobierno en sus tres niveles, abra un puente de diálogo para la discusión de ideas, además pidieron que se garantice la libertad de las y los detenidos. La misiva fue firmada por el pintor Francisco Toledo, Dr. Lakra, Sabino Guisu y un centenar de escritores, promotores culturales, estudiantes y artistas quienes cuestionaron la capacidad del Gobierno para mantener el orden en la entidad.
“La incapacidad de establecer el diálogo como vía de solución de los conflictos ha provocado en nuestra entidad, constantes altercados entre profesores y policías, que este domingo en Nochixtlán, escaló hasta la muerte”, expusieron los firmantes.
Desconocidos saquearon dos tiendas que se ubicaban a un costado del plantón de maestros de la Sección 22 de la CNTE, en el zócalo de Oaxaca. Los sujetos ingresaron a la tienda Coppel y a la zapatería Azteca, localizadas a unos metros de la barricada de profesores. En imágenes y videos que circulan en Twitter, se ven los aparadores destrozados y la mercancía tirada en el piso.
Ninguna autoridad estatal o municipal intervino en estos hechos. Mientras que en la Ciudad de México, la organización Articulo 19 denunció que Rafael Camacho, fotoperiodista del portal Subversiones, fue detenido esta mañana junto con otras ocho personas en la sede del Gobierno de Oaxaca, donde al menos 30 encapuchados se manifestaban contra los hechos ocurridos ayer en Nochixtlán. En su cuenta de Twitter, la organización informó que el reportero gráfico “fue detenido arbitrariamente por @SSP_CDMX durante una protesta pacífica”. Subversiones corroboró que “nuestro compañero Rafael Camacho estaba documentando un mitin cuando fue detenido por elementos de seguridad del GDF”. Unos 30 encapuchados se manifestaron en la representación del Gobierno de Oaxaca en la capital del país, ubicada en la calle Shakespeare de la colonia Anzures. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México resguardaron el lugar. “¡Asesinos!”, “¡Guerra, guerra social contra el Estado asesino!”, fueron algunas de las consignas que gritaron los manifestantes en protesta por el enfrentamiento de policías federales con maestros y pobladores de Nochixtlán, que dejó al menos seis muertos. Los manifestantes después marcharon hacia el Circuito Interior y bloquearon carriles en Thiers. En redes sociales se difundió la lista de los detenidos este día en la Ciudad de México: Amaranta Viridiana Valgallon Salazar (egresada de la UNAM) Susana Sánchez Flores (estudiante de la UAM) Itandehui Rosario Ramírez (UAM) Maria Fernanda Ramírez (UAM) Auvin Sánchez (UAM) Diego Armando Sánchez Mejorada (UAM) Hernandez Chavez Mara Itzel (estudiante del ENAH) Tonantzin Lozada Cortes (ENAH) Karina Rosas Díaz (ENAH) Yessica Martinez Recillas (ENAH) Ivonne Avelino Sánchez (ENAH) Maria Jimena Cortés Flores (ENAH)
Rafael Camacho (Agencia de información Subversiones)
CIUDAD DE MÉXICO: Tras el desalojo realizado por policías estatales y federales contra maestros y población, quienes mantenían bloqueado un tramo de la autopista Oaxaca-México en el municipio de Nochixtlán, el gobernador Gabino Cué confirmó la muerte de seis personas y aseguró que ninguna de ellas pertenecía al magisterio.
Se trata de Anselmo Cruz Aquino, de 33 años de edad y oficio comerciante; Jesús Cadena Sánchez, de 19, estudiante de secundaria; Iralvín Jiménez Santiago, de 29, regidor de Salud; Oscar Nicolás Santiago, de 22, campesino; Omar González Santiago, de 22, empleado, y Oscar Luna Aguilar y/o Andrés Aguilar, de 23 años, comerciante. “Ninguno es profesor, todos se dedican a actividades diversas, estaban en el bloqueo o en el tianguis de la zona”, agregó Cué en entrevista con “Primero Noticias”, un día después del choque entre maestros y policías. El gobernador dijo que en los bloqueos no sólo había profesores, sino ciudadanos o personas que pertenecen a alguna organización social, como aquellos que participaron en 2006 con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
