Tras la derrota del candidato del PRI-PVEM-Panal, Mauricio Góngora, con casi 10 puntos porcentuales ante el expriista Carlos Joaquín González, postulado por una alianza entre PAN y PRD, Roberto Borge tomó medidas urgentes, sobre todo luego de que en la campaña encabezó una despiadada guerra sucia contra el hoy gobernar electo.
El presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado, Pedro Flota Alcocer, que fue usado frecuentemente por Borge para atacar a sus adversarios políticos, incluido Carlos Joaquín, convocó a un periodo extraordinario de sesiones.
Y aunque los diputados fueron notificados verbalmente del llamado al periodo extraordinario y de la convocatoria con los puntos de la agenda, no se dio a conocer públicamente, ni en la página web del Congreso del estado.
Previo a esta convocatoria llamó la atención la renuncia del cozumeleño, Emiliano Novelo, como titular de la Auditoria Superior de Quintana Roo (Aseqroo) cuando aún le faltaban dos años para dejar el cargo.
De hecho, entre los puntos de la agenda del periodo ordinario de sesiones, estaba el nombramiento del nuevo titular de la Aseqroo, para un período de siete años.
De inmediato, dirigentes del PRD y PAN cuestionaron esta posibilidad por tratarse de una medida de Borge para evadir la rendición de cuentas.
El diputado electo Emiliano Ramos advirtió que el periodo en funciones del nuevo auditor superaría el sexenio del nuevo gobernador, que de esta manera garantizaría que sus cuentas públicas fueran maquilladas y dictaminadas a favor por la Aseqroo.
Pero, en la agenda del periodo extraordinario de sesiones tenía más que un auditor transexenal a modo.
El diputado panista Sergio Bolio reveló el resto de la agenda que el priista Pedro Flota trataba de ocultar.
El paquete legislativo de Borge incluía además dos magistrados numerarios y uno supernumerario que podían durar en el cargo hasta 12 años, y un fiscal por un periodo de nueve años.
Para dar cabida a este fiscal, el paquete enviado por Borge incluía la creación de la Fiscalía General de Justicia en sustitución de la Procuraduría General de Justicia (PGJE).
Pero, eso no era todo.
Playa del Carmen, la “caja chica”
El paquete de reformas enviado por Borge incluía además la iniciativa para reestructurar y contratar nuevos créditos por mil 30 millones de millones de pesos del municipio de Solidaridad (Playa del Carmen), que hasta hace tres meses era presidido por el priista Mauricio Góngora, candidato perdedor de la elección del gobernador, celebrada el pasado 5 de junio.
El problema principal para diputados electos del PAN y PRD es que el municipio de Solidaridad ha sido usado como “caja chica” del gobernador Borge para las elecciones federales de 2012 y 2015 y los comicios locales de 2013 y 2016, como se demuestra en el comportamiento ascendente de sus pasivos bancarios
Junto con el sexenio de Roberto Borge, Filiberto Martínez Méndez asumió como presidente municpal de Solidaridad, en abril de 2011, y recibió de su antecesor Román Quian una deuda de 160 millones de pesos.
Por cierto, en las elecciones del pasado 5 de junio, Martínez Méndez buscó ser presidente municipal por segunda ocasión y perdió ante la expriista Cristina Torres, de la alianza PAN-PRD.
Martínez Méndez, no concluyó su gestión como alcalde, pues se postuló otra vez para diputado local y en su lugar quedó Rafael Kantún, que de síndico saltó a alcalde interino.
Al dejar el cargo de alcalde Martínez Méndez dejó una deuda de 517 millones de pesos, incluidos 386 millones para “obra productiva”, que en su mayoría no llevó a cabo.
A la mitad del sexenio de Borge llegó como presidente municipal Mauricio Góngora, quien reestructuró los pasivos bancarios en marzo de 2014 por un monto total de 780 millones de pesos a pagar en 20 años.
Como Martínez Méndez, Góngora Escalante no concluyó su gestión, y el Cabildo nombró como su sustituto a Rafael Castro, que fungía como Secretario del Ayuntamiento y antes como Oficial Mayor.
El interino Castro sorprendió al Cabildo con una nueva reestructuración, ahora por mil 030 millones de pesos.
Sin embargo, jamás llevó a cabo una sesión pública de cabildo y se concretó a reunir firmas de regidores priistas y del PVEM, aunque no era suficiente pues el trámite requería también la autorización del pleno del Congreso del estado.
Cristina Torres Gómez, advirtió que la reestructuración implica una nueva deuda por casi 300 millones de pesos.
La presidenta municipal electa acusó que esta reestructuración es un acto ilegal, toda vez que no fue convoca la totalidad de los regidores, al ser excluidos los del PRD.
La aprobación, subrayó, fue una sesión “de gabinete” y no ocurrió de manera pública, de acuerdo con la normatividad.
“Está en la ley que todas las sesiones de Cabildo deben ser públicas, divididas en ordinarias y extraordinarias; y cuando se requiere de sesiones privadas, la propia normatividad contempla exactamente requisitos, entre ellos cuando no hay una eminente amenaza al orden público, lo cual no era el caso”, apuntó.
Además destacó que los regidores perredistas Teresa Sonia López Cardiel y Orlando Muñoz no fueron convocados y se vulneraron los mecanismos establecidos en el reglamento de sesiones.
“Entonces estamos hablando de acciones ilegales”, subrayó.
Impunidad blindada
Para el diputado panista Sergio Bolio el “paquete de impunidad transexenal de Borge” se completa con las reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al Reglamento para el Gobierno Interior, mediante las cuales se crea la Dirección de Concertación Legislativa.
El panista señaló que se trata de un organismo de control legislativo que sostiene a los diputados que son electos por la voluntad popular y por si fuera poco, estaría presidido por un incondicional de Borge.
El Congreso del estado, eligió la Mesa Directiva para el Período Extraordinario la noche del lunes 20 de junio y la primera sesión se celebró a partir del mediodía día del martes.
Decenas de chetumaleños protestaron en la sede del Poder Legislativo. Un grupo de 70 ciudadanos, pernoctó en el salón de plenos a la espera de la primera sesión.
Pero, el martes 21, la Secretaría Estatal de Seguridad Pública desplegó un operativo con unos 500 elementos, que rodearon la sede legislativa. Ahí se dio el primer enfrentamiento entre granaderos y ciudadanos que se oponen al “Paquete de Impunidad”.
La “Primavera de Chetumal”
Las manifestaciones en esta ciudad, caracterizada por su tranquilidad, fueron calificadas como “la Primavera de Chetumal”.
En esta primera jornada se reprobaron las reformas constitucionales para dar cabida a la Fiscalía, que sustituye a la PGJ.
Dentro de esta primera parte de iniciativas y nombramientos, fue ratificado como fiscal, por nueve años, Carlos Arrito Álvarez Escalera, quien viene de ser procurador y que durante su desempeño en la PGJE fue acusado de tortura y de fabricación de delitos.
Por tratarse de reformas constitucionales, fue necesario que también fueran aprobadas por la mayoría de los ayuntamientos.
En Cozumel, tierra natal del gobernador Roberto Borge, se dio un nuevo enfrentamiento entre granaderos y ciudadanos.
Borge tuvo otro revés en su tierra natal pues en este ayuntamiento, de mayoría priista, se impuso el no a las reformas y solo tres concejales votaron a favor, incluido el alcalde priista Fredy Marrufo.
La presidenta municipal electa, Perla Cecilia Tun Pech, afirmó que las protestas en Cozumel es un claro mensaje de que le gente no está dispuesta a tolerar más impunidad.
“Y también mis respectos al trabajo congruente que ejercieron los regidores de diferentes fuerzas políticas”, subrayó.
No obstante lamentó la actitud del jefe de la policía, Gumersindo Jiménez Cuervo, quien lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes.
En tanto, los diputados se mudaron al hotel Royalton, ubicado entre Cancún y Puerto Morelos, ante el riesgo de más protestas en la sede legislativa de Chetumal.
En este lío inclusive los diputados “borgistas” eligieron e tres nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justcia (TSJ), hasta por 12 años, entre ellos el exdirector del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), Carlos Lima Carvajal, señalado por participar en los despojos ordenados por el gobernador Roberto Borge en la franja costera de Tulum y en la isla de Holbox.
Al mismo tiempo, Felipe de Jesús Magaña Solís y Ángel Ysidro Quintal Quintal fueron electos como magistrados numerario y supernumerario, respectivamente.
El pasado viernes, los diputados “borgistas” eligieron como titular de la recién creada Dirección de Concertación Legislativa a Emilio Villanueva Chan, secretario particular del presidente de la Gran Comisión del Congreso del estado.
Al día siguiente por la mañana el hasta hace unos días director estatal de Comunicaciones y Transportes, el también cozumeleño, Javier Zetina González, primo del exgobernador Félix González Canto, y señalado por actos de extorsión contra comerciantes y violentar la autonomía municipal, fue electo por el Congreso del estado como nuevo titular de la Auditoria Superior del Estado (Aseqroo) para siete años.
Guaruras por 15 años
Los nombramientos del “paquete de Impunidad” no son lo único, los diputados “borgistas” aprobaron reformas a la Ley de Seguridad Pública para que Borge conserve escoltas durante los próximos 15 años.
El anterior gobernador y ahora senador Félix González Canto promovió reformas a efecto de que ciertos funcionarios de primer nivel, incluido el procurador y secretario estatal de Seguridad Pública, conservaran escoltas hasta por ocho años.
Con la nueva reforma, Borge y su familia, tendrán escoltas pagados por el gobierno de Quintana Roo, hasta el año 2031.
El blindaje de Borge no acabó en el “paquete de impunidad”, sino que además amarró la mayoría de diputados en la próxima Legislatura.
PRI, PVEM y Panal, que participaron coaligados, reúnen 13 de la totalidad de 25 que integran el Congreso del estado.
Tras visitar al gobernador Borge en la Casa de Gobierno de Cancún, los diputados priistas definieron como su coordinador a Raymundo King, quien fue dos veces presiente de ese partido y diputado federal en el actual sexenio.
El pasado fin de semana, en sustitución del alcalde electo de Cancún, Remberto Estrada, fue designado como el nuevo presidente estatal del PVEM, José de la Peña, señalado como el más “borgista” de los “verdes”. En el actual sexenio fue diputado local y hasta hace tres meses, secretario del Ayuntamiento de este destino turístico.
La imposición de funcionarios a modo en puestos claves y la represión en Chetumal y Cozumel preocupa a agrupaciones civiles como Ciudadanos Unidos, que reúne a líderes de organizaciones empresariales, de profesionistas y sociales, que repudian el albazo legislativo.
El coordinador general de Ángel Ciudadano de Quintana Roo, Apolo Domínguez Motolinía, se pronunció además porque el gobernador Roberto Borge se separe del cargo lo antes posible y permita que otra persona se encargue de la entrega recepción ante el clima de violencia que ha propiciado al tratar de obtener impunidad.
“Si se puede salir hoy (Roberto Borge) sería de una gran beneficio”, dijo, Domínguez Motolinía.
El también empresario pidió a Roberto Borge que “se retire con dignidad” y que permita que el sexenio “termine en paz”.
En tanto, Luis Esquiel Orozco, de la Barra de Abogados de Cancún, consideró que es posible, a través de amparos, revertir el ‘albazo’ del Congreso del estado a partir de litigar el procedimiento para la convocatoria del periodo extraordinario de sesiones.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SERGIO CABALLERO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/445528/corrupcion-aprobacion-del-paquete-impunidad-borge-crispa-a-quintana-roo
