Bloqueos CNTE: empresarios de Chiapas dicen que sólo 3 gasolineras funcionan, en Oaxaca Walmart quiere cerrar

José Luis Escobar, de la sección 7, dijo que el pueblo entiende sus acciones, por la "cerrazón" del gobierno al mantener la reforma educativa.

De las 125 estaciones de gasolinas que hay en Chiapas, sólo tres cuentan con combustible debido a los bloqueos carreteros que realizan integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), denunciaron este miércoles 28 de junio empresarios de la entidad.

Arnulfo Cordero, presidente de la Unión de Distribuidores de Gasolinas de Chiapas, mencionó a la cadena Radio Fórmula durante la mañana que de 125 gasolineras que están vinculadas con su organización 122 ya no tenían gasolina, sin incluir la zona de Tapachula.

En tanto, el líder de otra organización, Pedro Mier, presidente de la Unión de Empresarios Gasolineros, dijo que en Tuxtla Gutiérrez, de 52 gasolineras aproximadamente 6 o 7 podían tener 3,000 o 4,000 litros del combustble.

“En la gran mayoría, estamos sin combustible”, mencionó.

En Oaxaca, la empresa Walmart está analizando el cierre de tiendas. 

“Nos acercamos a un fin de semana de quincena y la gente en Oaxaca no va a tener qué comprar. Ni siquiera hay pan ni tortilla. No podemos mantener tiendas abiertas para vender televisiones o refrigeradores. Vamos a llegar a un momento que por seguridad, para evitar rapiña, nos veremos a obligados a cerrar tiendas“, dijo a Reforma Antonio Ocaranza, director de Comunicación Corporativa de Walmart de México.

Los bloqueos son necesarios

Al respecto, José Luis Escobar, de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas dijo que “podría ser” que los bloqueos dejaran sin gasolina al estado, porque han sido permanentes desde hace tres días “y así seguirán”.

El responsable de esas acciones, dijo, es el presidente Enrique Peña Nieto, por no dar marcha atrás a la reforma educativa.

“Afortunadamente el pueblo, a pesar de este daño que se le está haciendo, es un daño a terceros, lo entendemos, el pueblo ha entendido que es necesaria esta forma de lucha ante la cerrazón del gobierno“, expresó Escobar.

“Es un precio que se tiene que pagar ante tanta cerrazón”, agregó.

La mañana de este miércoles, dijo que los maestros de la Coordinadora tenían unos 11 bloqueos en el estado, y pobladores otros 10.


De acuerdo con un comunicado de las autoridades de Chiapas, el secretario general de Gobierno en la entidad, Juan Carlos Gómez Aranda, “resaltó la importancia de evitar compras de pánico de gasolina que presionen las ventas, haciendo que se cumplan los rumores que buscan generar temor e incertidumbre entre la población”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/chiapas-se-queda-sin-gasolina-por-los-bloqueos-dicen-empresarios-es-la-unica-solucion-cnte/

El hijo del Señor de los cielos pide a un juez que lo deje en libertad tras reforma penal

Se espera que este miércoles el juez Décimo Cuarto de Distrito en Procesos Penales de la Ciudad de México decida si concede o niega la imposición de una medida cautelar.

Vicente Carrillo Leyva, hijo de Amado Carrillo, solicitó a un juez federal que le conceda la libertad bajo el argumento de que la miscelánea penal, aprobada este mes, no considera al lavado de dinero como un delito de gravedad.

El conocido como “el Ingeniero” pidió que el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Procesos Penales de la Ciudad de México, Rubén Darío Noguera Gregoire, revise la prisión preventiva y su sustitución por una medida cautelar, indica un reporte del diario Reforma, que cita a fuentes judiciales.

De acuerdo con la defensa de Carrillo Leyva, conforme a las modificaciones aprobadas por el Senado de la República, el lavado de dinero ya no es un delito con prisión preventiva oficiosa, en virtud de que no está contemplado como tal en el artículo 19 de la Constitución.

Se espera que este miércoles el juez Noguera decida si concede o niega la imposición de una medida cautelar, en lugar de la cárcel.

Para Carrillo Leyva, el de lavado es el último expediente por un delito grave que tiene pendiente y, de conseguir el beneficio, abandonaría el Penal de Occidente, en Jalisco, salvo que la PGR de última hora consigne una nueva indagatoria en su contra.

El hijo de Amado Carrillo Fuentes, alias “el Señor de los Cielos”, litiga desde la cárcel contra una sentencia de 7 años con 6 meses de prisión, por presuntamente lavar en el sistema bancario un millón 930 mil 357 pesos, de 1998 al 2009.


Hasta ahora, los únicos que han obtenido el beneficio de la miscelánea penal son Rubén Núñez y Aciel Sibaja, líderes de la Sección 22 de la CNTE, aunque no han abandonado la prisión.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/el-hijo-del-senor-de-los-cielos-pide-a-un-juez-que-lo-deje-en-libertad-tras-reforma-penal/

PGR abre 22 nuevas averiguaciones contra el gobierno de Duarte por mal manejo de 14 mil mdp

Son resultado de nuevas denuncias interpuestas por la Auditoría por irregularidades no solventadas entre 2011 y 2013, revela la ASF y PGR. Veracruz ya suma 48 averiguaciones. El viernes, la procuradora Arely Gómez se reunió con Javier Duarte en privado.

La Procuraduría General de la República (PGR) abrió 22 nuevas averiguaciones previas en contra del gobierno de Javier Duarte por denuncias que interpuso la Auditoría Superior de la Federación en los últimos tres meses, relacionadas con malos manejos y posibles desvíos de más de 14 mil millones de pesos provenientes de recursos públicos.

Estas averiguaciones, se suman a las 26 que la PGR ya tenía en integración hasta el pasado 29 de febrero, por lo que el estado ya acumula 48 indagatorias abiertas en total, más que ningún otra entidad federativa del país.

De las 48 denuncias  que enfrenta el gobierno de Veracruz por delitos como desvío de recursos y fraude a la hacienda pública, 45 corresponden a irregularidades cometidas justamente en el sexenio de Javier Duarte.

En las nuevas denuncias, resultado de auditorías practicadas a fondos federales de 2011, 2012 y 2013 destinados a Veracruz para  acciones de salud, educación, seguridad y apoyo social a gente de bajos recursos, se denuncia desde grandes cantidades desviadas a otros fines, hasta miles de millones de pesos cuyo destino real se desconoce.

Las auditorías que dieron pie a estas nuevas denuncias, reportaron además del destino incierto del dinero, malos manejos en procesos adquisiciones, como por ejemplo, el fraccionar los montos en diversos contratos para acomodarlos en licitaciones cerradas y evitar una competencia real.

La ASF entregó a Animal Político la información actualizada de las nuevas denuncias de tipo penal presentadas ante el Ministerio Público Federal en contra del gobierno de Veracruz. La PGR confirmó que todas las denuncias de la Auditoría están en integración y una vez culminadas las investigaciones “se procederá conforme a Derecho”

Y habrá más. La Auditoría actualmente se encuentra analizando la información relacionada con la Cuenta Pública 2014, en donde Veracruz nuevamente fue uno de los estados con mayores irregularidades detectadas. En caso de que estas no se justifiquen, se presentarían más denuncias.

En este contexto el viernes pasado, confirmó la PGR a Animal Político, la procuradora Arely Gómez sostuvo una reunión en privado en sus oficinas con el gobernador de Veracruz Javier Duarte en donde se abordaron varios temas cuyo detalle no se hará público de momento.

Los fondos saqueados

De acuerdo con el reporte entregado por la Auditoría Superior de la Federación,  de marzo a mayo de este año se presentaron 24 denuncias ante la PGR por irregularidades en el manejo de recursos federales, de estas 22 correspondieron solo a Veracruz. Las dos restantes fueron para el gobierno de Michoacán y para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Las 22 denuncias presentadas en contra de la administración de Duarte corresponden a irregularidades detectadas en las siguientes partidas: Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal; Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública; y Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.

También se confirmaron anomalías en los Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud; en los Recursos Federales Transferidos para el Fortalecimiento de la Educación Media Superior en Bachilleres; en los Recursos Federales Transferidos a través de Subsidios para Centros de Educación.

Finalmente en los Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación entre la Secretaría de Salud y la entidad federativa y en los Recursos del Fondo para la Infraestructura Social.

De los 22 casos denunciados, cuatro corresponden a irregularidades registradas en el 2011; 13 al 2012 y los otros cinco al 2013.

El monto total de recursos involucrados en posibles desviaciones y malos manejos asciende a 14 mil 492 millones de pesos por lo menos, según la revisión que hizo Animal Político de las auditorías que dieron paso a las denuncias. Cabe señalar que en todos los casos, el resultado de los dictámenes elaborados por los auditores de la ASF fueron negativos.

Antes de presentar las denuncias penales, y como ocurre en todos los casos, la Auditoría dio oportunidad al gobierno de Veracruz para solventar o explicar los montos y las irregularidades detectadas. Si ello no ocurre se reúnen las evidencias y se presenta la denuncia.

Desvíos y simulaciones

Entre las anomalías detectadas en estas auditorías, destaca por ejemplo la “desaparición” de dos mil 719 millones de pesos que debieron destinarse para el pago a maestros de la entidad y el fortalecimiento educativo en 2011. El problema se debe en parte, a que la Secretaría de Educación de Veracruz transfirió el dinero a cuentas bancarias ajenas al mismo dificultando su rastreo.

Un año después, en 2012, volvieron a detectarse dos mil 90 millones de pesos transferidos a cuentas distintas a las de este mismo fondo. Tampoco se sabe cuál fue el destino de dichos recursos.

En ese mismo año, la auditoría detectó el paradero desconocido de 258 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y que debieron destinarse para fortalecer a las policías locales. De acuerdo con el reporte de los auditores, el dinero fue sacado de la cuenta específica del fondo sin que haya comprobación sobre su ejercicio.

Otro caso de 2012 es el de los recursos destinados a la infraestructura social, es decir, dinero que la federación otorga a los estados para apoyarlos en programas sociales como es el de techos y pisos para viviendas en zonas marginadas.

Los auditores reportaron que 453 millones de pesos de este fondo, que equivalen al 70 por ciento de todos los recursos asignados, no fueron ejercidos pero además se desconoce su paradero, es decir, el gobierno de Duarte no se los gastó en lo que debía pero tampoco comprobó en que se utilizaron.

En esa misma auditoría, la ASF detectó además prácticas irregulares del gobierno de Veracruz para simular la distribución legal de recursos. Por ejemplo, reportó que  la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz estaba “fraccionando contratos” para reducir los montos de los mismos y conseguir ubicarlos en licitaciones cerradas, sin competencia real abierta.

Cabe señalar que fue con esta modalidad de licitaciones cerradas que el gobierno de Veracruz consiguió asignar varios contratos a una red de empresas fantasma, que no existen en sus domicilios ni tenían infraestructura alguna para brindar esos servicios como ya confirmó una indagatoria del SAT realizada por separado.

Por citar otro caso, la Auditoría Superior de la Federación detectó en el manejo de recursos federales transferidos a Veracruz para el sector salud, irregularidades en el manejo de más de mil 500 millones de pesos. En proporción, se trata de uno de cada tres pesos auditados de este fondo que fueron desviados del objetivo para el que estaban asignados.

Entre las denuncias presentadas por la ASF también hay tres casos por algo denominado “simulación de reintegros”, que según explicaron en la Auditoría, se trata de dinero faltante que el gobierno de Veracruz depositó en una cuenta para pasar la comprobación, pero que luego volvió a retirar de la misma lo que representa un engaño y un delito.

La audiencia de Duarte en PGR

El pasado viernes 24 de junio, en la sede de la PGR en la Ciudad de México, la titular de la dependencia Arely Gómez sostuvo una reunión en privado con el gobernador de Veracruz Javier Duarte, en el que se abordaron varios temas relacionados con la administración estatal y  las denuncias que enfrenta, sin que se dieran a conocer más detalles.

La PGR confirmó a Animal Político que el encuentro se llevó a cabo a solicitud del propio gobernador, quien pidió una audiencia con la Procuradora. Se asignó la fecha de viernes para el encuentro.

En la Procuraduría negaron que el gobernador hubiera rendido alguna declaración de tipo ministerial, pero si hubo una plática de diversos temas que por ahora se mantienen en privado.

La Procuraduría agregó  que  tiene en curso las averiguaciones previas iniciadas por las irregularidades que ha denunciado la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a los ejercicios fiscales de los años 2011, 2012 y 2013. Todos los expedientes se encuentran en integración y ninguno se ha desechado.


“Esta Representación Social Federal actualmente investiga todas las denuncias realizadas por la ASF, y continuará con la integración de las mismas, para que una vez que se cuente con todos los elementos documentales debidamente integrados, se determine lo que en derecho proceda” señaló la Procuraduría.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/pgr-abre-22-nuevas-averiguaciones-contra-el-gobierno-de-duarte-por-mal-manejo-de-14-mil-mdp/

Convoca la Permanente a nuevo periodo extraordinario

Ciudad de México. La Comisión Permanente convocó a un período extraordinario de sesiones, en el Congreso de la Unión, a partir del 5 de julio en el Senado y un día después en la Cámara de Diputados, luego de un ríspido debate, en el que senadores y diputados del PAN y PRD reprocharon al presidente Enrique Peña Nieto que sólo hubiera reaccionado por presiones de los empresarios y vetado el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades, para eliminar la responsabilidad de particulares de presentar declaraciones patrimonial y de intereses.

Panistas y perredistas se confrontaron con legisladores del PRI y el PVEM, quienes presumieron los logros de la reforma anticorrupción.

Los opositores exigieron congruencia y reclamaron a priístas y sus aliados que se manifestaran en contra de la actitud que han asumido los gobernadores salientes de Veracruz, de Chihuahua y Quintana Roo, de procedencia tricolor, al aprobar leyes en sus congresos locales que les permitirán blindarse y quedar impunes frente a la acusaciones de malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilegal que enfrentan.

Los senadores Zoé Robledo, del PRD y Mariana Gómez del Campo, del PAN, advirtieron que Peña Nieto sólo escuchó a los empresarios y no a las organizaciones de la sociedad civil que exigen que se modifique el artículo 29 de esa misma Ley General de Responsabilidades, mejor conocida como Ley 3 de 3, a fin de que se hagan públicas las declaraciones de los funcionarios, legisladores, e integrantes del poder judicial.

El diputado priísta Jericó Abramo Masso, rechazó que el presidente de la República les haya enmendado la plana a PRI y PVEM y encendió el debate, cuando acusó a la oposición de mentir y no tomar en cuenta los logros incluidos en las siete leyes secundarias que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción.

El diputado del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo le respondió que el PRI tome entonces cartas en el asunto y evite que los gobernadores de Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, “que perdieron la elección por ladrones”, nombren a sus propios fiscales anticorrupción, cambien magistrados y acudan a todo tipo de maniobras para evitar que se les investigue y se les encarcele.

En respuesta, el coordinador del PVEM en el Senado, Carlos Alberto Puente Salas, sacó a relucir que en todas las fuerzas políticas se han dado actos de corrupción y acusó al senador del PRD, Zoé Robledo, de haber votado, la madrugada del jueves 16, la reserva al citado artículo 32. El perredista le recordó también del famoso video en que se ve al Niño Verde negociar un soborno y luego decir que “lo chamaquearon”.

Luego, el diputado panista Federico Doring, exigió también al PRI que no hable sólo de luchar contra la anticorrupción, sino que actúen. Eviten, les pidió que se concrete mañana en Veracruz la intención del gobernador Javier Duarte, de nombrar a un fiscal anticorrupción, que es un cuadro político del PRI, cuando la ley federal en la materia establece que debe ser apartidista.

La otra parte de la discusión se centró en el veto presidencial, sólo al artículo 32. El senador del PT, Héctor Menchaca, sostuvo que se evidenció que Peña Nieto respondió a las presiones empresariales y “ dejó claro que aquí se gobierna para los amigos, para unos cuantos”.

Es reprobable, dijo, que mientras a los maestros se les aplica la ley a punta de pistolas, a los ricos y potentados se les hace la ley a modo”.

El senador Alejandro Encinas reconoció que hay un veto presidencial a un artículo “mal redactado” y que efectivamente no se puede revisar ya el artículo 29, por lo que, lo requerido es que se trabaje ya en una ley contra el soborno, el lavado de dinero y las empresas off shore.

El pleno de la Comisión Permanente aprobó con 33 votos a favor, una en contra y una abstención, que el Senado lleve a cabo una período extraordinario, a partir del próximo 5 de julio y en la Cámara de Diputados, a partir del día 6, mismos que serán clausurados, una vez que concluya el tema único a tratar, que es el veto de ejecutivo federal a un artículo de la Ley General de Responsabilidades.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: ANDREA BECERRIL.

LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/29/convoca-la-permanente-a-nuevo-periodo-extraordinario

Posponen reunión de SG con pobladores de Nochixtlán

Ciudad de México. No hay un plazo definido para agotar el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), aseveró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al tiempo de confirmar que la reunión con pobladores de Nochixtlán, Oaxaca, programada para esta tarde, se pospone para mañana.

En esta cita no estará él sino integrantes de su círculo más cercano.

“Yo estoy en el diálogo, con ganas de que se solucione y no me marco plazos porque si no (los plazos) son ataduras. Yo estoy con ganas de que esto se solucione”, comentó a La Jornada.

La cita de este miércoles no estará encabezada por el secretario Osorio sino por los subsecretarios de Gobierno y de Derechos Humanos, Luis Enrique Miranda Nava y Roberto Campa Cifrián, respectivamente, entre otras autoridades, para dar cauce a las peticiones de los pobladores de Nochixtlán.

El funcionario hizo el comentario anterior al término de una reunión con abogados que estuvieron al frente de la implementación del nuevo sistema de justicia penal.


También saludó y agradeció su colaboración al artista Rodrigo, cuya exposición escultórica estuvo varias semanas en la explanada de la dependencia.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FABIOLA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/29/pospone-sg-reunion-con-pobladores-de-nochixtlan

Pide CNTE al gobierno "respuestas claras"

Ciudad de México. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) demandó al gobierno federal "seriedad y respuestas claras" para alcanzar una solución al conflicto magisterial, y no caer en una "comisión platicadora", porque el magisterio y la sociedad en general "deben tener certeza de que el conflicto en verdad se va a resolver".

Javier Duarte y la desesperada búsqueda de impunidad

XALAPA, Ver: A cinco meses de que concluya su polémico mandato constitucional, el priista Javier Duarte de Ochoa, con el apoyo de la bancada priista y partidos satélites en el Congreso local, intenta una serie de argucias legales para blindar su salida sexenal y de paso maniatar al próximo gobernador del estado, su acérrimo rival y expriista, Miguel Ángel Yunes Linares.

Primero, intenta que el Fiscal Anticorrupción sea el exdiputado local priista y cercano de él, Francisco Portilla Bonilla. Para ello presiona a legisladores de los partidos satélites a fin de obtener la mayoría calificada de 34 votos de 50 posibles.

Además, Duarte de Ochoa apuntala a Gabriel Deantes Ramos, exsecretario del Trabajo y Previsión Social y conocido en el ámbito político como “mapache electoral”, como próximo comisionado presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI).

Este martes, la secretaria de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia de la LXIII Legislatura de Veracruz arrancó las entrevistas con los ocho aspirantes a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para integrar el Dictamen con el nombre de quien sería propuesto al Pleno para su consideración.

Sin embargo, desde la semana pasada, los propios diputados priistas confiaron a la prensa que el gobernador Duarte ya sugirió que ese lugar será para el exlegislador priista y oriundo de Córdoba –ciudad natal de Duarte de Ochoa-, Francisco Portilla.

En el fino entramado para matizar conflictos políticos y de señalización tras su salida, el gobierno de Duarte también envió al pleno del Congreso local una reforma al artículo 33º constitucional (fracción XLII) para facultar al Congreso la designación (con la aprobación de las dos terceras partes de los diputados) del contralor general, a propuesta del titular del poder ejecutivo, esto antes que concluya el sexenio.

Al respecto, el investigador de la Universidad Veracruzana (UV), Hilario Barcelata fustigó que resulta evidente que Javier Duarte intenta dejarle al nuevo gobierno un funcionario con poder suficiente para obstaculizarle su labor y que responderá a los intereses del gobierno que se va y no a los de la sociedad.

“Más que pensado para vigilar el buen desempeño del próximo gobierno, un Contralor “heredado” en realidad podría constituir un bastión de amenaza permanente para disuadir los intentos de procesar penalmente a Javier Duarte y todos los que han sido señalados por corrupción.

“Queda en evidencia también la intención de permitirle al gobernador Duarte, a como dé lugar, designar al funcionario que requiere para esos fines, porque si el Congreso rechaza al que propuso, tendrá el privilegio de enviar tantas propuestas como desee, hasta lograr que se lo aprueben”, afirma Barcelata.

Aunado a ello, acusan diputados del PAN, Javier Duarte quien durante el sexenio “regateó” y “promovió” la asfixia financiera de la Universidad Veracruzana (UV) acumulando pasivos por dos mil millones de pesos, ahora que ya se va envía al Congreso local una iniciativa de ley para dotar del 4% de la Ley de Ingresos anual a la casa de estudios, es decir, un promedio de cuatro mil millones de pesos por ejercicio presupuestal.

En el paquete de iniciativas de ley y de fin de sexenio, Duarte de Ochoa publicó un decreto en la Gaceta Oficial del Estado para promover una basificación masiva del aparato burocrático del estado, haciendo hincapié en los empleados de confianza del aparato gubernamental, quienes normalmente son trabajadores sexenales que llegan “apadrinados” por el gobernante en turno.

“Se hará justicia laboral a miles de personas que cada seis años viven en la incertidumbre de perder su trabajo”, justifica el documento del aparato gubernamental.

El gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares emprendió una recia campaña en medios de comunicación para fustigar este paquete de iniciativas, pues asegura que Duarte de Ochoa quiere “blindar” las posibles responsabilidades penales en materia de desvió de recursos, tráfico de influencias y daño patrimonial por miles de millones de pesos.

En el Congreso Local, los diputados del PAN, Julen Rementería y Ana Cristina Ledezma han reprochado que estás acciones son en aras de “maniatar” y quitar operatividad al nuevo gobierno de Yunes Linares.


En el Congreso local, el próximo jueves continuará de forma álgida, el debate para nombrar al próximo Fiscal Anticorrupción, el cual saldrá de una terna propuesta por el mandatario Javier Duarte y aprobado por mayoría calificada de los diputados locales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/445666/javier-duarte-la-desesperada-busqueda-impunidad

Nuevo “gasolinazo” a partir de julio

CIUDAD DE MÉXICO: En 2015, con motivo del inicio de año, el presidente Enrique Peña Nieto dio un mensaje a los mexicanos donde anunció siete acciones a favor de la economía nacional, entre las cuales destacó que no habría más incrementos a las gasolinas. “A partir de 2015 ya no habrá gasolinazos”, dijo entonces.

La promesa quedó en eso, ahora la realidad es otra porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció una nueva alza en los precios de la gasolina y el diesel, aplicable a partir de julio próximo.

En lo que va de 2016 la gasolina Magna tendrá su primer aumento para quedar en 13.40 pesos por litro (un aumento de 24 centavos), en tanto que la Premium costará 14.37 pesos por litro (34 centavos más).

El costo del diesel se mantendrá sin cambios (13.77 pesos por litro).


De acuerdo con la SHCP, el motivo del incremento en los precios es la recuperación reciente en el costo del crudo, además de la estacionalidad que “típicamente se observa en los precios internacionales de las gasolinas”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/445668/nuevo-gasolinazo-a-partir-julio

La inseguridad de los desvalidos

Diana Mía tenía cinco años cuando su cuerpo se divisó cerca del fondo lateral de un canal en Mexicali, Baja California. Sus asesinos la habían envuelto en una cortina que después sujetaron con cinta adhesiva gris, y adherido el bulto a un inodoro y a una piedra para que se fuera al fondo del canal y no fuese encontrado.

Originaria de Michoacán, Mía fue víctima de la violencia, la inseguridad, la migración, la descomposición social, la rotura en el tejido social que priva en este País de impunidad. Sus padres se separaron y la madre cayó en el falso encanto de uno radicado en Mexicali. Le quitó la niña al padre, hizo maletas y se trasladó a esta frontera.

Sola, en el desamparo, alejada de su familia, y abandonada por su madre infatuada por un hombre, Mía fue violada. Terriblemente golpeada. De acuerdo a las investigaciones iniciales, en las atrocidades cometidas a la menor, estuvo presente la madre. Diana Mía Campuzano Herrera, era el nombre completo de la menor brutalmente asesinada.

Los de sus verdugos, por obra y gracia del nuevo sistema de justicia penal que tiende a la protección de victimarios, no se pueden dar a conocer. Sólo se les refiere por su nombre de pila. Él, Efrén, será acusado por feminicidio y violación impropia. La madre, Diana Esmeralda (Herrara, por la lógica del segundo apellido de la menor ultrajada), será procesada por homicidio agravado por razón de parentesco y violación agravada.

Apenas los bajacalifornianos intentaban digerir la terrible noticia, cuando al Hospital General, también de Mexicali, una niña de ocho meses de edad fue admitida para su atención. Su lánguido, pequeño cuerpo, presenta lesiones producto de una violación. El horror en toda su expresión. La “autoridad” no tarda en dar a conocer el nombre de la menor, y se reservará el de la madre y el padrastro (Se repite el contexto), siendo el segundo el principal sospechoso del aberrante acto. No hay detenidos aún.

Hace algunas semanas en la Ciudad de México fue público el caso del Jardín de niños Montessori Matatena, donde padres de familia denunciaron el abuso sexual del que sus hijos habían sido objeto por parte de un administrador del plantel, Rafael Duarte Pereda, quien luego de ser detenido se le juzgará por la agresión sexual contra tres niños de entre los dos y los cinco años.

A finales de mayo de 2016, también en Baja California, pero en Tijuana, infantes del jardín de niños 3 de mayo de 1953, cedieron ante la vergüenza y el acecho y contaron a sus padres lo que éstos ya comenzaban a alertar. Habían sido víctimas de agresión sexual por parte del “teacher” Gerardo Lugo Cirelol.

Los menores contaron después de sufrir en silencio, de los juegos a los que el profesor los sometía y que implicaba despojarse de su vestimenta. A unos se los llevaba al baño, a otros los castigaba si no seguían “las reglas del juego”. Además, que contaba con la complicidad de una profesora que les ayudaba a vestirse una vez terminado “el juego”.

Los padres de familia denunciaron inmediatamente a la “autoridad”, donde iniciaron una investigación solo para retrasarla y permitir que “el teacher” Lugo se diera a la fuga. Actualmente está prófugo.

De acuerdo a la Fundación en Pantalla contra la Violencia Doméstica, unos 4 millones de niños en México son víctimas de maltrato y abuso. Están en permanente situación de riesgo y vulnerabilidad. De los casi 40 millones de niños que residen en nuestro país, eso significa que el 10 por ciento viven en condiciones de peligro y fatalidad.

Un estudio del mismo organismo refiere que en el 90 por ciento de los casos, los padres o uno de ellos es partícipe de la violencia, la agresión sexual o el descuido de los menores. Mayormente, se les juzga por homicidio en razón de parentesco.

De acuerdo a la Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), 6 de cada 10 niños en el mundo de entre los 2 y los 14 años de edad, sufre maltrato físico todos los días. Que cada 5 minutos, un niño muere a causa de la violencia, y que tan solo en el 2012, 95 mil niños y adolescentes fueron asesinados.

El Gobierno de México remite la atención de los menores a un organismo sin facultad ni protocolos para la debida atención de la infancia, el DIF (Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia), institución a cargo de las esposas de los mandatarios en municipio, estado y nación. Esa entidad, con otras “responsabilidades” sociales, no tiene infraestructura para prevenir la violencia infantil, tampoco herramientas para detectarla a tiempo y buscar erradicarla.

En materia ministerial, los casos de abuso sexual, maltrato físico o violencia doméstica sobre menores de edad, tienen destino en Unidades de Delitos Sexuales que atienden a toda clase de víctimas y de cualquier edad. No hay pues, organismos o entidades especializados en la violencia infantil.

Resulta grave ser vil observador de cómo el Estado Mexicano desprotege a quien más apoyo requiere. A los niños. A los pequeños indefensos ante la inseguridad. La violencia sexual contra menores, el maltrato físico hacia los niños, el abuso, la explotación y la desatención de este sector de la población mexicana (casi 40 millones según del censo de Inegi), no tiene fiscalías especializadas para su atención, ni departamentos dirigidos para su protección, la detección a tiempo del maltrato o el abuso para la erradicación de la violencia contra los niños.

En un país como México, dominado por la inseguridad del narcotráfico, del crimen organizado, por la impunidad ministerial y judicial para asesinos, una población adicta en crecimiento, de desigualdad social, económica, el sector más vulnerable es el de la niñez. Quienes han de padecer las consecuencias de esa ausencia en el ejercicio del Estado de Derecho, serán, son, los niños mexicanos.

En la mayoría de los casos de violencia contra infantes, sus padres están separados por falta de oportunidades económicas, de educación, de cultura social, pertenecen a ese también cada vez más amplio sector descompuesto socialmente. Abandonado por el Estado Mexicano, enquistado en la criminalidad o producto de las adicciones.

Sin embargo, el Gobierno federal, los Gobiernos en los estados, no destinan un presupuesto específico y programas determinantes para salvar a la niñez. Activistas y miembros de grupos de la sociedad civil, quienes a incapacidad gubernamental atienden en la medida de sus capacidades atienen el fenómeno, se quejan que incluso la Ley de los Derechos de los Niñas y las Niñas y Adolescentes, es poco precisa cuando no letra muerta.

Sin consecuencias para quienes abandonen a un niño, para quienes no lo atiendan, para quienes les quiten el derecho a la escuela a la dignidad, y los vulneren con ello hasta llevarlos al abuso, la explotación y la fatalidad.

Isabel Crowley, representante en México para la Unicef, refirió hace unos días que más de 21 millones de niños y adolescentes en México se encuentran en situación de pobreza. Que los niños mexicanos se siguen viendo afectados por la desigualdad, el ingreso económico en los hogares, su origen étnico, y género. Crowley alertó: 25 millones de niños y adolescentes mexicanos viven en la pobreza. Más de cinco millones en la miseria extrema. Un millón y medio vive con desnutrición crónica.

En estas terribles condiciones de inseguridad producto del narcotráfico, de inseguridad económica resultante de las decisiones del Gobierno Federal mexicano, de inseguridad laborar ante la crisis, y de carestía ante las constantes devaluaciones de la moneda nacional, los más vulnerados son los niños.

Se viene un nuevo recorte en el presupuesto federal, y ello podría también afectar el desarrollo de la niñez al suprimirse programas sociales y de oportunidades. De suyo la educación es deficiente en nuestro país, y no sólo por causa de ciertos maestros, acaso más por un Gobierno insensible, indolente, que no activa políticas públicas a largo plazo para beneficio, protección, educación y cuidado de la niñez.

En México, los gobernantes están acostumbrados a activar programas de ornato, a corto plazo, que les permita develar una placa o llevarse los momentáneos aplausos, y reconstruir el tejido social no se logra ni en tres ni en seis años. De ahí la política negligente en el combate y la prevención de la violencia infantil.


Contexto que nos obliga a ser testigos de la otra inseguridad. La inseguridad de los desvalidos envueltos en el horror de una violencia que amenaza su futuro y el de México por igual..

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-06-2016/3060271

Edificios nuevos, museo, plazas, gimnasios… pese a crisis, el INE construye edificio de lujo: Reforma

La licitación de la obra, de la cual se dará a conocer el ganador el próximo 11 de julio, detalla que deberán ser remodelados 21 mil metros cuadrados, en tanto otros 77 mil, se deberá diseñar y ejecutar obra nueva, y en 16 mil metro más habrá que acondicionar espacios y jardines.

El Instituto Nacional Electoral (INE) continuará, pese al recorte presupuestario anunciado la semana pasada de 31 mil 715 millones de pesos por el Brexit, con la construcción de sus nuevas instalaciones: dos torres de 14 niveles y otras ocho edificaciones con un presupuesto de más de 1 mil 100 millones de pesos.

De acuerdo con una nota publicada por Reforma, el megaproyecto del organismo proyecta también la remodelación de diversas áreas que contempla un Museo de la Democracia, nueve plazas y áreas externas, gimnasios, huertos e incluso un “bosquete”, en el nuevo Conjunto Tlalpan.

También incluye 11 adecuaciones viales, peatonales y vehiculares, nueva acústica en el auditorio, una macrosala, áreas deportivas y estacionamientos, detalla Reforma.

La licitación de la obra, de la cual se dará a conocer el ganador el próximo 11 de julio, detalla que deberán ser remodelados 21 mil metros cuadrados, en tanto otros 77 mil, se deberá diseñar y ejecutar obra nueva, y en 16 mil metro más habrá que acondicionar espacios y jardines. El presupuesto inicial es de 1 mil 100 millones de pesos, de un total de 1 mil 400 millones de pesos, aprobados por la Cámara de Diputados en dos partidas.

La justificación de la obra, por parte del Consejo General, es que se buscan ahorrar al menos 80 mil millones de pesos al año, por el arrendamiento de oficinas.


El proyecto, de acuerdo con el INE, tiene un concepto ciudadano, y “es la imagen de una institución gubernamental que representa a la ciudadanía tanto en sus espacios abiertos y áreas verdes, que debe expandir los límites del ámbito laboral e incentivar la activación física, el respeto por el medio ambiente y el sentido de comunidad”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-06-2016/3060355

Justin Trudeau urge a Peña, en Canadá, dialogar con profesores de la CNTE, y le dice: “yo soy maestro”

“Ellos tienen que llevar a cabo la función social de cualquier maestro. Tienen que trabajar en beneficio de sus comunidades”, dijo Peña desde Canadá.

El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, pidió al Presidente, Enrique Peña Nieto, privilegiar el diálogo en el conflicto magisterial que se vive en México.

Durante la conferencia de prensa, Peña Nieto fue cuestionado por un periodista mexicano acerca del conflicto actual con los profesores, que recientemente dejó nueve muertos en en Nochixtlán, Oaxaca.

Ahí el Presidente de México hizo un llamado a los maestros “disidentes” para cumplir con su “función social” y trabajar más duro para el mejoramiento de sus comunidades.


Trudeau habló, espontáneamente, y recordó su experiencia al interior de las aulas.

“Obviamente, como maestro, tuve una buena conversación acerca de esto con el Presidente, en lo que concerniente a estos preocupantes incidentes ocurridos, pero también sobre la necesidad de entablar un diálogo constructivo y garantizar el fortalecimiento del estado de derecho”, dijo.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, o la CNTE, ha bloqueado carreteras y marchado en diferentes estados en contra de la Reforma Educativa y Peña Nieto ha hablado de las mismas durante la gira que realiza en Canadá.

“Es lamentable que las manifestaciones que hemos visto en diferentes lugares de nuestro país, específicamente en el estado de Oaxaca (…)que va más allá de simplemente demostrar y luchando por una causa […] estén causando problemas a la comunidad a la que pertenecen.”

Peña Nieto dijo que los maestros deben hacer uso de los “mecanismos” del “estado de derecho” para luchar por su causa:

“Yo los llamaría para llevar a cabo su función social”, dijo. “Ellos tienen que llevar a cabo la función social de cualquier maestro. Tienen que trabajar en beneficio de sus comunidades”.

Peña Nieto fue recibido en ese país norteamericano entre protestas de ciudadanos que reclamaron la crisis de violaciones a derechos humanos que atraviesa el país.

La prensa de ese país también ha hecho hincapié en el mismo problema.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-06-2016/3060307

“La corrupción persigue a Peña Nieto”, destaca OpenCanada

CIUDAD DE MÉXICO: Mientras el presidente Enrique Peña Nieto está de visita oficial en Canadá –donde exhibió en las redes sociales sus buenas relaciones con Justin Trudeau, el carismático Primer Ministro de ese país–, la organización académica y periodística OpenCanada destacó que “existe un tema que persigue Peña Nieto en su casa, y que sin duda cuestiona la efectividad de su gobierno: la corrupción”.

En un amplio artículo, titulado “Corrupción en México: el elefante en la mesa de América del Norte”, OpenCanada recordó cómo el cansancio de la corrupción convirtió a Peña Nieto en “el presidente mexicano más impopular en los últimos 20 años” y empujó al electorado a castigar al PRI en los comicios más recientes. “Parece que la sociedad mexicana perdió paciencia respecto a la corrupción”, sentenció.

El texto explicó a los lectores canadienses que el PRI que regresó a la Presidencia en 2012 “nunca se presentó como reformado o arrepentido” por su dominio de la política mexicana durante 71 años. Es más: precisó que ese PRI vino del Estado de México –que gobernó Peña Nieto del 2005 al 2011–, una entidad que “desarrolló una cultura política donde los intereses económicos se mezclan con los políticos”.

La organización recordó que Peña Nieto describió la corrupción como un fenómeno “cultural” en México, mientras que sus “propias acciones causaron controversias”.

Ejemplos de ello fueron las compras de las lujosas casas de Peña Nieto, Angélica Rivera y Luis Videgaray al empresario y contratista Juan Armando Hinojosa Cantú, entre ellas la “extravagante ‘Casa Blanca’”, subrayó OpenCanada.

A raíz de las investigaciones periodísticas que revelaron estos supuestos conflictos de intereses, “Peña Nieto apuntó a un amigo de Videgaray a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y le encargó la investigación”, en referencia al nombramiento de Virgilio Andrade.

“No sorprendió a nadie que el funcionario no encontró ninguna irregularidad”, subrayó el artículo y añadió que “los periodistas quienes investigaron sobre la primera dama perdieron sus trabajos”.

También explicó a sus lectores canadienses las batallas que libraron más de 634 mil ciudadanos, legisladores y empresarios sobre la llamada iniciativa “#3de3”. Señaló que Peña Nieto opuso su veto a la cláusula que obligaba a los empresarios contratistas del gobierno a transparentar sus declaraciones, lo que “fue visto por algunos como un presidente débil, inclinado hacia los intereses de negocios”.

El artículo señaló que, si bien el PRI perdió la gubernatura de siete estados en las últimas elecciones –incluso Veracruz, Quintana Roo, Tamaulipas y Durango, donde “los gobernadores fueron acusados de violaciones a los derechos humanos crasas, mal manejo y corrupción”, según OpenCanada–, la corrupción “cruza las líneas partidarias” y alcanza los demás partidos, entre ellos el PAN.

Durante su estancia en Canadá, donde arribó el pasado domingo, Peña Nieto multiplicó las apariciones en público, ya sea en brindis, en conferencias o incluso corriendo con Trudeau.

Hoy se reunió con su contraparte canadiense y Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, para la Cumbre de Líderes de América del Norte.


El pasado 23 de junio, un grupo de activistas mexicanas, respaldadas por Amnistía Internacional, urgieron a Trudeau confrontar el presidente mexicano sobre la crisis de derechos humanos en el país y a “no creer lo que dice Peña Nieto”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/445632/la-corrupcion-persigue-a-pena-nieto-destaca-opencanada

Depreciación del peso pone en aprietos a América Móvil

CIUDAD DE MÉXICO: La depreciación del peso frente al dólar podría provocar que los ingresos de América Móvil, propiedad de Carlos Slim, se desplomaran hasta un 4% en el segundo trimestre del año, aseguró un análisis de Banamex Accival.

De acuerdo con el análisis, el 22% de los negocios de la compañía se realizan en dólares y no en euros, por lo que es la principal razón de las pérdidas.

“Para el segundo trimestre del año América Móvil podría registrar pérdidas de aproximadamente 5 mil 800 millones de pesos, debido a que su deuda al cierre del primer trimestre se ubicó en 597 mil millones de pesos en distintas monedas, a lo que se sumarían 30 mil millones por variaciones en el tipo de cambio”, precisó.

Pero no todo es un panorama gris para la compañía.

De acuerdo con Banamex, “tiene características defensivas, gracias a su apalancamiento relativamente bajo y a su sólida generación de efectivo, una combinación que históricamente le ha permitido realizar considerables distribuciones de efectivo a sus accionistas mediante recompras y dividendos, así como adquisiciones estratégicas para integrar operaciones en México y Brasil”.

Sin embargo, uno de los principales riesgos es que América Móvil ha utilizado efectivo para adquirir participaciones minoritarias en KPN y TKA, “con lo que se ha reducido temporalmente sus dividendos en efectivo, pero que no aportan ninguna contribución visible inmediata a los ingresos ni a los ingresos antes de impuestos y derechos”.

Además, la compañía enfrenta actualmente dificultades regulatorias y competitivas que ejercen presión sobre su participación de mercado y su poder de fijar precios en sus principales mercados, México, Brasil y Colombia.

A decir de los analistas, América Móvil es la mayor proveedora de telecomunicaciones de Latinoamérica, con servicios integrados en 18 países de la región.


Al cierre del cuarto trimestre de 2015 contaba con 366 millones de clientes de los cuales 285 millones eran subscriptores de servicios de telefonía móvil, segmento que produce dos terceras partes de sus ingresos; y 80 millones de usuarios de telefonía fija, banda ancha y TV de paga. Esta compañía genera alrededor de una tercera parte de los ingresos del mercado de telecomunicaciones en México.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/445661/depreciacion-del-peso-pone-en-aprietos-a-america-movil

Yecenia, víctima de tortura sexual de policías, pide a las mujeres hablar: “la autoridad le apuesta al silencio”

¿Qué hace una mujer que fue violada y torturada por policías para obligarla a firmar una confesión, al salir de prisión? Yecenia Armenta Graciano, la sinaloense encarcelada por casi cuatro años tras firmar una confesión basada en tortura, dice en entrevista con SinEmbargo que hoy sólo tiene miedo y no encuentra su lugar ni su espacio. No hay un lugar en el mundo que la haga sentir segura, afirma.

Los ojos de Yecenia Armenta Graciano son negros, grandes y profundos. Su mirada es honda y sus pestañas caen sobre una expresión entristecida y oscurecida. Son los ojos de una mujer violada y torturada por policías para obligarla a confesar que fue la autora intelectual del asesinato de su esposo.

Ahora, después de 20 días de libertad tras la decisión dictada por un Juez y luego de casi cuatro años de prisión, Yecenia está sentada en uno de los pequeños salones de la organización  Amnistía Internacional (AI) en la Ciudad de México hablando de su nueva vida después de la cárcel y lo que dejó en el pasado.

Trae un sencillo saco sastre y el cabello negro y lacio recogido en una coleta. Con escaso maquillaje y un ligero brillo labial, el rostro despejado hace resaltar aún más sus ojos grandes.

Yecenia sostiene una mirada húmeda y en ocasiones la barbilla le tiembla al hablar:

“Ha sido difícil. Fueron casi cuatro  los que estuve presa. Ha sido difícil. Me siento insegura, no encuentro mi lugar, me ha costado trabajo sentirme estable”, dice con voz quebradiza y débil.

El 10 de julio de 2012 la mujer fue detenida por policías vestidos de civil y obligada a salir de su automóvil. Ella creyó que había sido secuestrada: le vendaron los ojos, la esposaron, la llevaron a una bodega y  la colgaron boca abajo atada de los tobillos. Ese día, Yecenia fue golpeada, asfixiada y violada. Así firmó la confesión que la inculpaba de haber contratado unos sicarios para asesinar a su marido y luego trasladada al penal de Aguaruto, Culiacán, en Sinaloa.

Muy cerca de su natal Guasave, la mujer madre de dos niños, fue privada de su libertad y  de lo que alguna vez fue su familia y su vida durante varios años.


Una joven como ella, recuerda, acostumbrada a ser una ama de casa en un pequeño pueblo norteño, se vio de pronto envuelta en la pesadilla que la trasformaría para siempre.

La organización Amnistía Internacional dice en su informe “Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por fuerzas armadas y policías en México”, presentado ayer, que las consecuencias de la tortura sexual son varias. Las mujeres que fueron violadas afirman que cuando ocurrió el ataque se sintieron “al borde de la muerte”.

“Yecenia Armenta Graciano, que en 2012 sobrevivió a la violación a manos de policías estatales en Sinaloa, dijo que aquella experiencia era como morir”, dice el documento.

Una semana antes de la detención de Yecenia,  su esposo Jesús Alfredo Cuen Ojeda fue asesinado a tiros a las afueras de un restaurante en Sinaloa.

“Jamás pensé que viviría algo así. Era algo que ni siquiera por mis pensamientos podía pesar. Nunca me imaginé vivir lo que viví”. “Mi vida cambió completamente, mi familia, es una situación que aún no logro tener control sobre ella”, dice.

Yecenia, antes de la brutal violación y tortura, cuidada de sus dos hijos en Guasave, Sinaloa. Al recordar un día normal de esa época, es la única ocasión durante la entrevista que la mujer esboza una ligera sonrisa labial.

Recuerda: se levantaba muy temprano y se ejercitaba durante una hora. Luego despertaba a sus hijos para llevarlos al colegio.

“Luego le hablaba a mi esposo para que se levantara y se fuera a sus  actividades. Esto era a las siente de la mañana. Después me ponía a hacer los quehaceres del hogar y prepararme con los alimentos para recibir a mi familia de regreso a la hora de la comida. Comíamos y llevaba a mis hijos a sus actividades que realizaban. Después al regresar, era hacer las tareas, sobre todo con el más pequeño. Ya en la noche, era prepararnos para dormir”, narra.

Pero el rostro de la mujer se vuelve a entristecer al hablar de un día normal en su vida actual:

“Hoy mi día normal es estar inestable. Hoy un día normal es sentir miedo donde estoy. Es no encontrar un lugar en el cual sentirme bien. Me siento muy vulnerable, no encuentro mi espacio, ese es un día normal para mí”, dice.

Aunque Guasave fue un buen lugar para vivir, hoy la mujer sobreviviente de tortura sexual tiene miedo de ese lugar en donde creció, pero no tiene planes de mudarse: sería cambiarles de tajo la vida a sus hijos.

“Tengo dos hijos, uno estudia en Culiacán y otro en Guasave, sería cambiarles la vida a ellos. Espero irme adaptando a la nueva forma de vida”.

En la cárcel Yecenia conoció a más mujeres en su misma situación. Todas torturada psicológica y verbalmente, algunas violadas y otras tocadas sin llegar a la penetración.

“Sobre todo donde estuve me comentaban a menudo que habían sido abusadas sexualmente. En algunos casos con penetración, en otros tocamiento. Para mi la violencia sexual empieza desde que te empiezan a tocar. En la mayoría eran tocamientos, pero en todos abuso verbal y psicológico. No había un sólo caso donde no se hubiera violado un derecho humano”, narra.

Armenta Graciano dice que cuando una mujer es torturada sexualmente, es complicado hablar de ello, sin embargo esa es precisamente la apuesta de los torturadores: el silencio.

“Yo les enviaría un mensaje a muchas mujeres que han pasado por un problema como el mío, por una situación así, les haría un llamado a que no se queden calladas, que hablen, porque si no lo hacen se ayuda a que las autoridades sigan cometiendo estos abusos, debido a que ellos le apuestan al silencio de las mujeres”, afirma.

Sobre su caso, Yecenia opina que el juez hizo justicia, pues su sentencia fue absolutoria al no encontrar pruebas del delito que se le imputaba.

El 7 de junio fue liberada gracias a que el Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Penal dictó la sentencia absolutoria en su favor, pues se comprobó que la confesión de Armenta Graciano fue obtenida bajo tortura, además de encontrar irregularidades en la investigación e integración de la Averiguación Previa.


Armenta Graciano, ahora de 40 años, intenta reconstruir su vida consiente de que la tortura sexual en México para arrancar confesiones, es un método extendido en el país de acuerdo con organizaciones como Amnistía Internacional.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-06-2016/3060119

10 años de guerra: Los analistas dicen que la “Supersecretaría” de Osorio simplemente no sirvió

La dotación excesiva de facultades para la Segob en este sexenio contradice la regla más sencilla de los gobiernos democráticos: evitar la concentración de poderes, dicen analistas consultados. Aun así, el titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, no ha podido cumplir a los mexicanos el reclamo de seguridad y paz que se prometió desde la campaña del Presidente Enrique Peña Nieto. Lejos de acabar con la estrategia de guerra iniciada por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, en esta administración se ha redoblado y ahora incluso se tiene otro grave problema: el conflicto social se ha salido a las calles del país.

Semanas antes de la jornada electoral en 12 estados del país el pasado 5 de junio, diferentes encuestas reportaron que, entre quienes podrían aspirar a la candidatura priísta por la Presidencia de la República en 2018, el mejor posicionado hasta ese momento era el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong.

La compañía Parametría, por ejemplo, reportó en marzo que el ex Gobernador de Hidalgo era conocido entre el 60 por ciento de la ciudadanía y que este nivel de identificación pública era el más alto entre los presidenciables del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

También, que si a las opiniones negativas se le restaran las positivas, el titular de la política interna mexicana tendría en su favor una diferencia de 13 puntos porcentuales; proporción también mucho mayor, por ejemplo, que los tres puntos que tiene el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso.

“El candidato priísta que tiene mayor reconocimiento de nombre y que también resulta el preferido para representar al tricolor en el 2018 actualmente es el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong”, publicó en junio pasado el periódico Reforma, también con base en una encuesta.

En el PRI se perfiló así como puntera la candidatura del funcionario federal que, en teoría, debería ser el responsable de que en México no se presenten los conflictos ni los crímenes ni la crisis de derechos humanos por los que diversos organismos internacionales han cuestionado severamente al actual Gobierno federal.

Responsabilidad que, además, le fue restablecida al Secretario de Gobernación apenas en este sexenio, cuando, en enero de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto publicó una serie de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) que regresaron a esta dependencia la misión de “garantizar la seguridad pública”, “coadyuvar a la prevención del delito”, “salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos”.

Compromiso que, dice Alberto Azis Nassif, analista y académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), está lejos de considerarse cumplido si se compara con la inseguridad, la violencia y la violación masiva a los derechos humanos que prevalece en México.

“Hay una serie de índices sobre los asesinatos y la violencia, además de información oficial de organismos internacionales que han mostrado que los problemas de violencia y de inseguridad pública se mantienen, y que además hay una severa crisis de derechos humanos”, dice el investigador.
“Indicadores que nos pueden decir que los resultados han sido negativos en términos de aplicar una política pública distinta para la inseguridad, que no ha resultado, porque se ha profundizado el problema”, agrega.

LA SUPERSECRETARÍA

Entre 2000 y hasta 2013, a lo largo de los dos sexenios de presidencias panistas, el diseño de las políticas para mantener la seguridad pública y de combate al crimen desde la esfera federal recayeron en la también entonces recién creada Secretaría de Seguridad Pública.

De acuerdo con la modificación que se hizo en 2000 a la LOAPF, a esta misma instancia le fue también atribuida la función de “proponer la política criminal en el ámbito federal”, “presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública” y, en general, “salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos del orden federal, así como preservar la libertad, el orden y la paz públicos”.

Después de que esta dependencia vivió su periodo de mayor expansión en el sexenio de Felipe Calderón –diversos medios reportaron aumentos superiores al doble en los presupuestos para la seguridad pública en ese periodo–, el 2 de enero de 2013, todas esas atribuciones fueron transferidas, textuales, a la Secretaría encabezada desde el inicio de sexenio por el ex Gobernador hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong.

Para ese momento, a Osorio Chong le respaldaba, entre otros servicios al Gobierno de Peña Nieto, la gestión del acuerdo con el resto de los partidos o “Pacto por México” que le permitió al mexiquense la aprobación del paquete de reformas constitucionales, como la educativa y la energética, que le ganaron los únicos halagos de la prensa internacional hasta el momento.

Las atribuciones de Osorio Chong se ampliaron entonces no sólo en materia de seguridad pública, sino que, en el mismo decreto que le delegó la “política criminal”, Peña Nieto le dejó también una responsabilidad que, desde que se redactó la actual Ley Orgánica de la Administración Pública, en 1976, no había tenido ningún otro titular de Gobernación: la de “coordinar” al resto de los integrantes del gabinete.

Tal atribución quedó establecida en el Artículo 10 de dicha Ley, que por casi cuatro décadas ordenó que “las secretarías de Estado tendrán igual rango y entre ellas no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna”.

El 2 de enero de 2013, sin embargo, el decreto agregó que “sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo del Presidente de la República, la Secretaría de Gobernación coordinará las acciones de la Administración Pública Federal para cumplir sus acuerdos y órdenes”.

Tal aumento de atribuciones –más de 60, de acuerdo con el artículo 27 de la LOAPF– fue considerada entonces como una marcha atrás en la búsqueda de contrapesos institucionales que, desde 2000, había previsto al descargar a la Segob de las responsabilidades de mantener la seguridad pública.

“La dotación excesiva de facultades para la Segob contradice la regla más sencilla de los gobiernos democráticos: evitar la concentración de poderes”, expuso entonces Nicolás Loza Otero, coordinador de Gobierno y Asuntos Públicos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso México), en entrevista con SinEmbargo.

“Los gobiernos de la alternancia se distinguieron por intentar la desconcentración de facultades de la Secretaría de Gobernación; pero los resultados fueron catastróficos. Al PRI, con su nuevo desafío, se le nota la gran intención de diferenciarse del PAN [Partido Acción Nacional] y tener eficiencia en seguridad a costa de una crisis en los contrapesos”, agregó el académico.

Al cabo de tres años, sin embargo, estos súper poderes mostraron haber sido insuficientes ante la gravedad de la problemática interna que vive México, sobre todo la derivada de la impunidad con la que se han cometido en este sexenio más de 50 mil homicidios, aumento en los secuestros y, como los calificó recientemente la organización Open Society, atrocidades y crímenes de lesa humanidad contra la población civil.

“Desde el inicio del sexenio, a la Secretaría de Gobernación se le dieron facultades más contundentes para la organización de la infraestructura de seguridad pública, y uno de los más grandes flagelos es la inseguridad, la lucha con la delincuencia organizada, la delincuencia de cuello blanco”, dice Jorge Ulises Corona Ramírez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“En una rápida revisión por el trabajo de Gobernación, anotamos: la fuga de (Joaquín Guzmán Loera) ‘El Chapo’, el aumento de los secuestros, los focos de insurrección, los grupos de autodefensas, la falta de capacidad de contener la delincuencia organizada”, plantea Corona Ramírez.

El académico recuerda también que, además del combate a la criminalidad, a Osorio Chong le corresponde también, si no resolver, al menos mostrar capacidad para administrar los conflictos sociales que enfrenta la sociedad mexicana, como la imparable movilización magisterial contra la Reforma Educativa.

Trabajo que la LOAPF describe como “favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática”.

Y es que las responsabilidades del Secretario de Gobernación son tantas que, de acuerdo con la fracción XI del Artículo 27 de la LOAPF, al mismo Osorio Chong le corresponde “vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país”; ordenanza que, consideran los entrevistados, hace atribuible al hoy presidenciable incluso las probables corruptelas de los gobernadores Javier Duarte de Ochoa en Veracruz y César Duarte Jáquez en Chihuahua.

Aún prevenir el “el mal humor social” mencionado recientemente por el Presidente Enrique Peña Nieto, sintetiza Corona, podría ser considerado su trabajo.

“Como no ha habido capacidad de relación con los factores reales de poder en México, como la Iglesia católica, la delincuencia organizada, los estados, como no hay capacidad de contención del conflicto, el conflicto ha salido a la calle, mostrando que queda rebasada la función pública estado, que es mantener el conflicto acotado, identificado”, dice Corona.

“Pero Gobernación no logra identificar cuál es el conflicto, no se dan cuenta de que lo qué están haciendo está mal; hasta allá llega esa capacidad de no visión”, agrega.

MODELO AGOTADO

Los entrevistados coincidieron en que si bien las encuestas indicaron en el primer trimestre de este año que Osorio Chong era el priísta mejor posicionado para la elección de 2018, la serie de derrotas sufridas por el PRI el pasado 5 de junio –cuando este partido perdió siete de 12 gubernaturas; entre ellas, cuatro por primera vez– mostraron que el tricolor, en general, podría estar en problemas en la próxima contienda por la Presidencia de la República.

Y si Osorio Chong es su mejor carta, coincidieron, tendría pocos motivos para presumir en campaña.

“A finales del sexenio panista, cuando se especulaba sobre los candidatos presidenciales, en el caso de Peña Nieto como que era muy claro que había consenso, que era el modelo construido en el PRI para regresar a Los Pinos; una figura mediática, con mucho dinero público, con un tipo de personajes, discurso determinados; todo este modelo creo que ya se fracturó, lo vimos el 5 de junio, y creo que el PRI no tiene ningún modelo exitoso en estos momentos para competir en 2018, más allá de la maquinaria”, dice Aziz.

“Creo que sí están en un problema importante (…) y en ese sentido los resultados de la Secretaría de Gobernación no son como para estar orgullosos; la situación del país es muy complicada, en términos de resultados de combate a la violencia, a la penetración de estos grupos (de la delincuencia organizada); la situación está bastante deteriorada, la violación a los derechos humanos es un problema muy importante y no creo que haya nada qué mostrar”, agrega.

Corona advierte también que el electorado se mostró el 5 de junio, como han señalado otros análisis, más reflexivo, ejerciendo su capacidad de castigo. Y si bien Hidalgo fue uno de los estados que pudo retener el PRI en ese proceso electoral, plantea, los votantes lo castigaron en Pachuca, ciudad natal de Osorio Chong y donde el 5 de junio ganó el PAN después de 13 años de haber sido considerada bastión priísta.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-06-2016/3057696