OAXACA, Oax: Maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) tomaron hoy Ciudad Administrativa donde despacha el gobernador Gabino Cué Monteagudo, quien tuvo que salir por la puerta trasera del complejo de oficinas gubernamentales y suspender una audiencia privada.
La historia de Ulises Ruiz Ortiz se repite a 10 años del conflicto sociopolítico de 2006, ya que los maestros decidieron “boicotear” los eventos oficiales del gobernador Gabino Cué al que responsabilizan de los hechos violentos de Nochixtlán que dejó ocho muertos, más de 100 heridos, detenidos y desaparecidos.
Por lo pronto, la 63 Audiencia Pública que encabezó el gobernador pero en esta ocasión a “puerta cerrada” fue cancelada ante la presencia magisterial.
Alrededor de las 12:30 horas, por razones de seguridad, el gobernador y su comitiva suspendió la audiencia, de igual forma los burócratas que laboran en las 72 dependencias gubernamentales también fueron desalojados del inmueble por la puerta trasera.
Mientras que los maestros que se oponen a la reforma educativa y que exigen la libertad de sus presos políticos, así como justicia para los caídos de Nochixtlán, bloquearon los accesos principales del complejo de oficinas gubernamentales.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ, PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/445852/ante-presion-la-seccion-22-cue-suspende-evento-huye-la-puerta-trasera
OAXACA, Oax: El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Oaxaca, Benjamín Hernández Gutiérrez, rechazó que la Iniciativa Privada haya declarado que en la entidad exista una “crisis humanitaria, para nada, eso de aquí no ha salido, lo que sí hemos pedido es que se declare zona de desastre económica”.
Sin embargo, al pedirle datos estadísticos de las afectaciones, reconoció que “no tenemos los datos totales ni la cuantificación de los daños”, únicamente refirió que la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales reportaron que han cerrado 63 establecimientos.
Y como resultado de los 46 días de paro magisterial y bloqueos carreteros, dijo que en esta capital, el Istmo de Tehuantepec y la Costa, el comercio reporta una baja de ventas de más del 80%, el cierre de establecimientos o incremento en los precios de los víveres.
El empresario resaltó que el compromiso del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante presidente del Consejo Coordinador Empresarial es hacer los estudios para evaluar las afectaciones, tener reunión con el titular de la Secretaría de Economía y a partir de ahí generar la ruta para implementar los programas de rescate que requiere Oaxaca.
“Necesitamos forzosamente de un estudio de las afectaciones para determinar el tamaño del rescate que se tiene que dar para el estado. Eso no implica que deben de haber acciones inmediatas que se tienen que tomar para evitar que las empresas sigan cerrando sus puertas.
“Hay acciones que se tienen que tomar de manera inmediata en los diferentes sectores productivos del estado de Oaxaca”, reforzó.
Ante la propuesta del empresario de transporte Luis Enrique Ruiz Guzmán de que las cámaras empresariales tengan una reunión con las bases magisteriales para empezar a componer las cosas luego de que durante más de 30 años el gobierno les ha dado la espalda, Hernández Gutiérrez dijo que si existieran las condiciones para tener un diálogo respetuoso, “claro que estaríamos dispuestos a dialogar porque no estamos en contra de nadie, lo que queremos es paz, que se aplique la ley, se respete el estado de derecho y se respeten las instituciones”.
Luego de aclarar que “no vemos a los maestros como enemigos” rechazaron la solicitud de que envíen a tropas del Ejército mexicano para restablecer el orden.
A su vez, Esther Merino, de la Alianza Empresarial y Comercial “pidió a medios de comunicación a que hagan investigaciones de fondo, nosotros no somos estadistas (sic), somos afectados y no somos magisterio, ni somos gobierno, a diferencia de ellos, no estiramos la mano y cobramos un salario”.
Aunque “nos queda claro que el asunto es político, no es de fondo la educación, ya lo dijo claro el presidente Enrique Peña y de Gobernación, Osorio Chong, la instancia para la abrogación de la reforma educativa es el poder legislativo. Y lo que exigimos a Gobernación es estabilidad social. Dice no habrá diálogo mientras no liberen la carretera y de que nos sirven los diálogos si no hay acuerdo o solución. Queremos la liberación inmediata de los bloqueos y centro histórico”.
Lo que es peor “pareciera que hay organizaciones que lo que quieren es que haya muertos y negociar con muertitos sobre la mesa”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ, PEDRO MATÍAS.
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Sin embargo, continuarán sin permitir el paso a los camiones que transporten mercancía de empresas transnacionales.
Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Chiapas, acordaron liberar el paso a pipas de combustible, a vehículos particulares, transporte público, así como vehículos de carga.
Sin embargo, continuarán sin permitir el paso a los camiones que transporten mercancía de empresas transnacionales.
El paso se cederá a partir de hoy jueves, con la finalidad de no afectar a la ciudadanía y en respuesta al apoyo recibido por parte del pueblo chiapaneco a lo largo del actual conflicto magisterial.
En conferencia de Prensa, Pedro Gómez Bahamaca, integrante de la sección 7 de la CNTE, informó que se mantendrán los bloqueos en carreteras y puentes internacionales de la frontera con Guatemala.
Bahamaca, reafirmó el rechazo de la CNTE a la Reforma Educativa y la solicitud de una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobermación donde se ofrezcan respuestas concretas.
Los bloqueos a vialidades realizados por la CNTE contra la Reforma Educativa han afectado a Chiapas y Oaxaca de manera distinta.
Mientras el estado que colinda con Guatemala se ha quedado prácticamente sin abasto de gasolina y existe el riesgo de no acceder a comida y medicinas, en el otro estado sureño las zonas turísticas y los supermercados han sido los más golpeados porque en otros municipios existen comercios comunitarios.
De acuerdo con la Senadora independiente Martha Tagle Martínez, el Gobierno busca alargar estos cortes para que la población se enoje con los maestros.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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El Banco de México decidió aumentar en 50 puntos base la tasa de interés, lo que la sitúa en 4.25 por ciento. El objetivo, expuso la Junta de Gobierno del Banco Central, es evitar que la depreciación de la moneda nacional –observada durante los últimos meses– y que los ajustes de algunos precios relativos se traduzcan en un repunte de las expectativas de inflación para el país.
La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió incrementar en 50 puntos base la tasa de interés, a un nivel de 4.25 por ciento, a fin de evitar que la depreciación de la moneda nacional –observada durante los últimos meses– y que los ajustes de algunos precios relativos se traduzcan en un repunte de las expectativas de inflación del país.
En febrero, la entidad monetaria elevó en 50 puntos base la tasa clave al 3.75 por ciento, en una reunión extraordinaria debido a la creciente volatilidad financiera global.
El aumento anunciado hoy por la Junta de Gobierno sorprende, ya que el mercado esperaba un alza, pero en 25 puntos base, a 4 por ciento, de acuerdo con analistas.
Es la primera alza que hace Banxico en reuniones ordinarias desde la que hizo el pasado diciembre. En febrero el Banco Central la subió en 50 puntos base en una reunión extraordinaria.
“Hacia adelante, la Junta de Gobierno seguirá muy de cerca la evolución de todos los determinantes de la inflación y sus expectativas de mediano y largo plazo, en especial del tipo de cambio y su posible traspaso a los precios al consumidor. En este contexto, se mantendrá vigilante de la posición monetaria relativa entre México y Estados Unidos y del comportamiento del déficit de la cuenta corriente”, explicó la Junta de Gobierno en su anuncio de Política Monetaria.
De acuerdo con Banxico, la economía mundial continuó presentando atonía durante el segundo trimestre de 2016 al registrarse un crecimiento menor al esperado en las economías avanzadas y un estancamiento de las emergentes en niveles bajos, por lo que en México, el balance de riesgos para el crecimiento también se deterioró.
En las últimas semanas, la salida del Reino Unido de la Unión Europea y su efecto sobre el peso mexicano había provocado una serie de declaraciones y especulación entre los grandes inversionistas en México y el extranjero de que el Banco de México subiría sus tasas.
De 26 analistas encuestados por Bloomberg, cinco esperaban un alza de 50 puntos base, 12 se inclinaron por un aumento de 25 puntos y los nueve restantes creían que dejaría su tasa inmóvil, en 3.75 por ciento.
Mientras que 13 de 21 analistas consultados por Reuters preveían un aumento de la tasa, de ellos ocho consideraba que sería de 25 puntos para quedar en 4.00 por ciento, y cinco proyectan un alza de 50 puntos a 4.25 por ciento. Al cierre de 2016 el costo del fondeo se ubicaría en un 4.25 por ciento, según la mediana de los pronósticos.
Ocho de los 21 analistas consideraban que la entidad encargada de la política monetaria dejaría intacto el costo del crédito porque veían más factible que la Comisión de Cambios intervenga en el mercado cambiario vendiendo dólares.
El tema del Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea) vino a propulsar esta expectativa, sobre todo ahora que parece que la incertidumbre tomará tiempo en disiparse. La moneda mexicana, que en lo que va del año se ha depreciado más de un 11 por ciento, se hundió el viernes a un mínimo histórico de 19.5225 por dólar.
El viernes pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) convocó a una conferencia de prensa por la mañana para comentar acciones a seguir después del Brexit. Los mercados financieros esperaban una intervención directa en el mercado cambiario o a través de una subida en la tasa de interés de fondeo. Sin embargo, las autoridades sólo anunciaron un recorte presupuestal adicional por 31 mil 715 millones de pesos, comentando que en caso de que se presenten episodios de especulación que pongan el riesgo las expectativas de inflación, la Comisión de Cambios actuaría.
A diferencia del primer recorte, el anunciado el viernes por Hacienda no incluyó a Petróleos Mexicanos (Pemex).
El primer ajuste fue el 17 de febrero por 132 mil 300 millones de pesos, lo que equivale al 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
El primero de abril, la dependencia encabezad por Luis Videgaray Caso agregó que para el próximo año se hará un ajuste al gasto por 175.1 mil millones de pesos, que será adicional al ajuste preventivo anunciado en febrero, lo que suma 311.8 mil millones.
El 17 de diciembre de 2015, la Junta de Gobierno del Banco de México elevó su tasa de fondeo bancario en 25 puntos base, a un nivel de 3.25 por ciento, por primera vez en más de siete años y en línea con el alza de tasas de 0.25 puntos base a la tasa de interés en Estados Unidos, que se situó entre 0.25 y 0.50 por ciento.
La última vez que el Banxico subió su Tasa de Interés Interbancaria a un día fue el 15 de agosto 2008 cuando pasó a 8.25 por ciento. El último movimiento que hizo la institución sobre dicha tasa fue el 16 de junio 2014 cuando la bajó a 3 por ciento.
En febrero, la entidad monetaria elevó en 50 puntos base la tasa clave, al 3.75 por ciento, en una reunión extraordinaria debido a la creciente volatilidad financiera global.
En esa ocasión, el Gobernador del Banco de México, Agustín Carstens Carstens, dijo que las tasas de referencia aumentaban 0.50 puntos porcentuales; estaba en 3.25 y pasó a 3.75 puntos.
El mercado accionario abrió esta mañana con una ganancia de 0.92 por ciento y así se mantuvo porque el anuncio era esperado desde hace al menos dos semanas. El peso mexicano también ha respirado; el dólar se cotiza en menos de 19 por uno en bancos.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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El Centro de Investigación para el Desarrollo AC considera que siete factores de la administración encabezada por Enrique Peña que exhiben “fracturas” en el modelo de “gobernabilidad”: el distanciamiento con el sector empresarial, el recrudecimiento del conflicto magisterial, el descontento de la Iglesia Católica, la “distancia sana” del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el Presidente, el Ejército, los señalamientos de organizaciones nacionales e internacionales y el castigo del electorado a la corrupción.
La situación en el país puede empeorar en lo que resta del sexenio y poner en jaque la estabilidad y gobernabilidad, advierte un análisis del Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC). Destaca que esto es resultado de las oportunidades que perdió el Presidente Enrique Peña Nieto para atender a tiempo problemáticas relacionadas con la corrupción y la rendición de cuentas.
El CIDAC enumera siete factores de la administración Peña que exhiben “fracturas en el modelo de “gobernabilidad”: el distanciamiento con el sector empresarial, el recrudecimiento del conflicto magisterial, el descontento de la Iglesia Católica, la “distancia sana” del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con el Presidente, el Ejército, los señalamientos de organizaciones nacionales e internacionales y el castigo del electorado a la corrupción.
“Un cúmulo de episodios en la vida política del país han puesto en evidencia las diversas fracturas que exhibe el modelo de gobernabilidad actual del Gobierno Federal. A su inicio, la administración de Enrique Peña Nieto tenía ante sí la oportunidad de posicionar al PRI en el poder […] gozaba de una aprobación superior al 50 por ciento y tenía el apoyo de distintos grupos sociales, como la iniciativa privada, la Iglesia e inclusive de los principales partidos de la oposición en el Congreso bajo el marco del Pacto por México. Sin embargo, hoy, a dos años para la próxima elección presidencial, las coaliciones sociales sobre las cuales PRI podía gobernar se han resquebrajado. Los frentes abiertos de Enrique Peña Nieto, no sólo determinarán las condiciones del PRI rumbo al 2018, sino que establecerán las condiciones de gobernabilidad del país entero en el corto y mediano plazo”, señala el CIDAC.
En el caso del distanciamiento del sector empresarial, el think tank considera que la reciente aprobación de la versión modificada de la Ley 3de3 por parte del Legislativo, que obligaba a todos los ciudadanos que tuvieran contratos o financiamientos del Gobierno a presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses, fue el punto culminante del distanciamiento entre el Gobierno federal y el sector empresarial, el inicio del conflicto puede rastrearse hasta finales del año 2013 con la aprobación de la Reforma Fiscal.
Recuerda el análisis que desde el inicio de la discusión en el Congreso, el sector empresarial se posicionó en contra de la Reforma Fiscal, argumentando que la iniciativa de Peña privilegiaba fines recaudatorios a costa de desincentivar la inversión. En su momento, la iniciativa privada pujaba por el aumento de la base gravable mediante impuestos generalizados a alimentos y medicinas. Sin embargo, la Reforma aprobó diversas disposiciones específicamente orientadas a la actividad empresarial, por ejemplo la homologación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la frontera, el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) sobre alimentos con alto contenido calórico y bebidas, así como la disminución de la deducibilidad en prestaciones y en capital. Esto provocó que tanto en 2014 como 2015, el sector empresarial demandara la reconsideración de la miscelánea fiscal en aras de atemperar las “nuevas” obligaciones. Inclusive durante 2015, el Partido Acción Nacional (PAN) capitalizó la causa de derogar la Reforma en el contexto electoral de ese momento.
“Este año, la iniciativa privada tuvo una participación determinante en el desarrollo de la iniciativa Ley 3de3. Gracias a organizaciones empresariales como la Coparmex [Confederación Patronal de la República Mexicana] y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la iniciativa pudo superar el umbral de firmas necesario para que iniciara su discusión en el Congreso. Aunque dicha ley podría haber representado una posible reconciliación entre el Gobierno Federal y el sector empresarial, las modificaciones de último minuto en torno a las obligaciones impuestas a las empresas que son prestadoras de servicios al sector público, terminaron por agravar la situación”, reflexiona.
En el caso del conflicto con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que se oponen a la Reforma Educativa, recuerda que la misma fue una de las primeras impulsadas por el Gobierno de Peña Nieto. Entre las disposiciones más importante estaban la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa para regular el ingreso, permanencia y desarrollo de los maestros dentro del servicio profesional docente.
Desde su inicio, la Reforma resultó en el enfrentamiento con la CNTE, provocando marchas y bloqueos en Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Ciudad de México. La Reforma causó tal controversia que inclusive durante su discusión, el Congreso se vio obligado a sesionar en una sede alterna a San Lázaro debido a los bloqueos y enfrentamientos. Antes del enfrentamiento más reciente en Nochixtlán, ya se habían dado otros choques importantes, como los desalojos de los plantones en el Zócalo de la capital, los bloqueos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y el incendio de la sede estatal del PRI en Guerrero.
Más tarde, el conflicto se agravó con la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la designación de Aurelio Nuño Mayer como nuevo Secretario de Educación, así como la petición de órdenes de aprehensión en contra de los líderes magisteriales. Luego de 37 días, el bloqueo en la capital de Oaxaca culminó con un enfrentamiento en Nochixtlán con un total de 9 muertos.
El enfrentamiento con la Iglesia Católica vino cuando Peña propuso modificaciones a la Constitución y al Código Civil de forma que se reconozcan los matrimonios igualitarios en todo el país.
“El rechazo de la Iglesia Católica al reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo no es ninguna novedad, sin embargo, la propuesta de Peña tuvo como consecuencia el rechazo abierto de ciertos líderes eclesiásticos hacia el PRI. Inclusive, la Iglesia Católica se atribuyó la derrota del PRI en varios estados como Aguascalientes argumentando un voto de castigo motivado por el rechazo a dicha iniciativa. Si bien no se puede concluir que haya existido una causalidad directa entre el llamado al voto de las iglesias y el resultado electoral de junio pasado, las expresiones de descontento merecen ser sopesadas por la magnitud del mismo sector. De acuerdo al Inegi, en 2014 el 82 por ciento de la población mexicana seguía siendo católica y, además, las iglesias generaban hasta el 11.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Instituciones Sin Fines de Lucro”, señala el análisis.
LAS ELECCIONES DEL 5 DE JUNIO
La derrota sufrida por el PRI en las elecciones del pasado 5 de junio, en la que perdió siete de las 12 gubernaturas en juego, entre ellas cuatro estados que había gobernado por más de ochenta años, también significó una derrota para el Presidente.
Antes de renunciar como presidente del partido, Manlio Fabio Beltrones Rivera, argumentó que el electorado había expresado su rechazo a las políticas implementadas y mencionó que “lo que los gobiernos hacen, sus partidos lo resienten”.
“La renuncia del dirigente nacional, así como sus declaraciones, se producen en un momento crucial para el presidente y acarrean una serie de críticas directas hacia la figura de Peña Nieto por parte de figuras clave del partido. En este sentido, el mensaje de Beltrones es un mensaje hacia el Gobierno federal por no haber abordado de ninguna manera las demandas de rendición de cuentas de la ciudadanía tanto dentro del gabinete como en estados claves para el partido como Veracruz, Tamaulipas, Durango o Quintana Roo. Esta coyuntura representa una de las primeras fisuras en la unidad priista que se había mantenido a lo largo del presente sexenio. Finalmente, la renuncia de Manlio Fabio vulnera la figura del presidente pues marca una distancia significativa entre el Presidente y el partido con miras a la carrera hacia 2018”, destaca el CIDAC.
En cuanto al Ejército, señala que a pesar de que sus tareas de seguridad pública empezaron desde 2006, es hasta ahora cuando los integrantes de las Fuerzas Armadas han mostrado su inconformidad por continuar haciendo labores de policías civiles.
El Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda ha declarado su desacuerdo con la asignación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública. De acuerdo con el mismo Secretario, las fuerzas federales han desempeñado estas labores, para compensar la ineficacia policial, sin un marco normativo que las regule y han sido objeto de múltiples escarnios y acusaciones por parte de la opinión pública y organismos nacionales e internacionales.
“Si bien no se ha llegado a un rompimiento evidente, lo cierto es que las expresiones del General Cienfuegos han mostrado que existe un malestar de las fuerzas federales con la política del Ejecutivo en materia de seguridad que no debe pasar desapercibido”, observa.
En cuanto a los señalamientos de organizaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, desde 2006 hasta la fecha el Gobierno de México ha recibido 548 recomendaciones en materia de violaciones graves a derechos humanos por parte de organizaciones nacionales e internacionales.
El país acumula más de 150 mil muertos y 26 mil desaparecidos, además de una situación grave de ataques a periodistas. Lo anterior se agrava con una cifra negra en la cual únicamente 9 de cada 10 delitos se reporta y un número mucho menor de los denunciados efectivamente se resuelve. “El diagnóstico es devastador, sin embargo el gobierno mexicano ha optado, en la mayoría de los casos, por negar la evidente realidad y por resaltar los insuficientes avances –la mayoría legales- ya mencionados. Inclusive las modificaciones derivadas de la reforma penal de 2008 parecen escasos frente al escenario de crisis de derechos humanos. En este sentido no se ha logrado reducir los altos índices de impunidad pero tampoco se han logrado acciones de prevención efectivas que atiendan todas las dimensiones del problema”, detalla.
“Una de las lecciones de la pasada jornada electoral fue que la corrupción de los gobernantes y el voto de castigo como mecanismo de rendición de cuentas serán torales en las campañas presidenciales de 2018. El pasado 5 de junio, las campañas centradas en promesas de castigo a gobiernos corruptos capitalizaron un gran número de votos en estados como Chihuahua y Veracruz. El mensaje no es nuevo: desde 2015 con los triunfos de Claudia Pavlovich y Jaime Rodríguez “El Bronco”, el tema de combate a la corrupción y castigo a gobiernos salientes había demostrado su atractivo electoral”.
Dentro del Gobierno federal, diversos escándalos incluyen a miembros destacados del gabinete, por ejemplo al ex director general de la Comisión Nacional del Agua, el Secretario de Hacienda, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, el ex director general de Petróleos Mexicanos, el propio Presidente, y recientemente, el ex Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. A pesar de ello, ninguno de estos casos ha sido castigado por las autoridades correspondientes, y el Gobierno Federal ha desperdiciado sus oportunidades para demostrar un compromiso en contra de la corrupción. En este sentido, el Gobierno Federal tenía ante sí la oportunidad de abordar la problemática con la Ley 3de3. Sin embargo, el legislativo, liderado por la bancada del presidente decidió desairar las propuestas de la ciudadanía, modificando en demasía la propuesta original y aprobando una ley descafeinada y poco funcional en ciertos aspectos.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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En atención a varios recursos interpuestos por la defensa de la actriz Lucía Méndez, que se consideró difamada por un periodista de espectáculos, la Suprema Corte echó abajo varios artículos de la Ley de Responsabilidad Civil para el DF. Esa decisión jurídica permite ahora que quien se sienta afectado por algún trabajo periodístico tenga derecho a pedir reparaciones millonarias. Así, la libertad de expresión quedará severamente golpeada.
CIUDAD DE MÉXICO: Una controversia entre la actriz y cantante Lucía Méndez y el periodista de espectáculos Javier Parra Cortés, conocido como Alex Kaffie, devino un riesgo adicional para los periodistas en la Ciudad de México.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervino a petición de la intérprete y decidió echar abajo los artículos centrales de la ley que durante una década había protegido a los periodistas de la capital del país del pago millonario a quien se sienta afectado por el ejercicio periodístico.
El pasado 4 de mayo, la Primera Sala declaró inconstitucionales los artículos 39, 40 y 41 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal, aprobada por la Asamblea Legislativa y publicada el 19 de mayo de 2006 por el entonces jefe interino de gobierno y actual senador Alejandro Encinas.
El caso Sosa
La Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal aprobó esa ley como resultado de la demanda del político hidalguense Gerardo Sosa Castelán contra los periodistas Miguel Ángel Granados Chapa y Alfredo Rivera Flores, autor, éste último, del libro La Sosa Nostra. Porrismo y gobierno coludidos en Hidalgo.
La demanda, enderezada en 2004, poco después de publicado el libro, incluyó al columnista como autor del prólogo. Granados Chapa, quien falleció en 2011, logró ser absuelto. Pero Rivera Flores, después de un largo litigio, fue condenado a pagar cerca de medio millón de pesos.
Los asambleístas capitalinos aprobaron esa ley de responsabilidad civil con la idea de proteger a los periodistas de ese tipo de exigencias económicas en casos en que sean condenados judicialmente a una reparación de daño, y puso como tope 350 salarios mínimos, que ahora se establece a partir de la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente.
Ese principio está por desaparecer con la resolución de los ministros de la Primera Sala. Sólo es cuestión de tiempo. Basta con que se acumulen más casos como la demanda de la intérprete para que el presidente de la SCJN inicie, a partir de ellos, el procedimiento de declaración general de inconstitucionalidad. Por ahora la resolución sólo beneficia a Lucía Méndez.
La actriz y cantante demandó a Parra Cortés por los comentarios que hizo sobre ella en distintas ocasiones en los programas de espectáculos Hoy, de Televisa, y Todo para la mujer, de Telefórmula, así como en su columna del diario BASTA!, en los que la denostó de forma reiterada.
La demanda la presentó el 5 de noviembre de 2013 y el Juzgado 69 de lo Civil en el Distrito Federal dictó en junio de 2014 una sentencia absolutoria a favor de Alex Kaffie. Lucía Méndez apeló y, un año después, la Sala 12 de lo Civil en el DF revocó la sentencia del juez de primera instancia y estableció que sí hubo daño moral en los reiterados dichos del periodista.
Pero los magistrados de la Sala determinaron que como reparación del daño sólo se publicara la sentencia en los programas de radio y televisión y en el periódico donde Javier Parra se había referido a la actriz.
Con base en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen del Distrito Federal, los magistrados absolvieron al periodista de algún pago por indemnización.
Inconforme, Lucía Méndez interpuso en diciembre de 2014 un amparo contra el fallo de la 12 Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. El caso llegó entonces al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil, que en mayo de 2015 le negó la protección de la justicia federal.
La defensa de la actriz interpuso entonces un recurso de revisión ante la SCJN, que después de casi un año decidió otorgarle el amparo. Aunque los ministros no le concedieron todo lo que quería.
La defensa de la actriz pretendía que la Corte declarara también como inconstitucional el artículo 7 de la ley capitalina. Esa disposición se refiere a la condición en que se encuentran las personas púbicas para ser objeto de un mayor escrutinio de los medios de comunicación.
La ley define como una figura pública a quien posee notoriedad colectiva, sin necesidad de que ostente un cargo público. También a aquellas personas que alcanzan cierta publicidad por la actividad profesional que desarrollan o por difundir habitualmente hechos y acontecimientos de su vida privada, como lo hacía Marta Sahagún, cuando era la esposa del entonces presidente Vicente Fox, razón principal por la que perdió la demanda que interpuso contra este semanario en 2005 (Proceso 1488).
Según la defensa de Lucía Méndez, la definición de figura pública en la Ley de Responsabilidad Civil es discriminatoria y viola el derecho a la igualdad. Por unanimidad, los ministros de la Primera Sala señalaron que ese criterio es de aplicación internacional y que forma parte de las jurisprudencias de la propia Suprema Corte. Reiteraron que, en aras de la libertad de expresión e información, la vida privada de las figuras públicas tiene un mayor nivel de escrutinio.
Fuera de eso, la defensa de la actriz logró echar abajo los artículos 39, 40 y 41 de la citada ley.
Tuvo el apoyo de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena –presidente de la Primera Sala y ponente del caso–, Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Norma Lucía Piña Hernández, quienes decidieron darle el amparo a la actriz y cantante para que se revise el tema de la indemnización.
Los ministros concedieron que en la Ciudad de México se debe reponer la figura legal de reparación de daño por medio de un pago económico cuando los periodistas rebasen los límites de la libertad de expresión aceptados internacionalmente, como difundir información a sabiendas de que es falsa y hacerlo con el único propósito de dañar.
Los ministros se refirieron a la intención específica o “negligencia patente” de emitir información con “malicia”; es decir, que la información haya sido emitida “con la intención de causar daño, con conocimiento de que se estaban difundiendo hechos falsos, o con clara negligencia respecto de la revisión de la aparente veracidad o falta de veracidad de los mismos”.
Hasta ahora, el artículo 39 de la Ley limita la reparación del daño a la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del demandado, en el medio y formato donde fueron difundidos los hechos y/u opiniones que dieron lugar a la afectación de lo que describe como patrimonio moral.
La ley impugnada cancela, en su artículo 40, la posibilidad de que un periodista sea encarcelado por haber causado ese tipo de daño. Dice: “En ningún caso, las sanciones derivadas del daño al patrimonio moral serán privativas de la libertad de las persones”.
Pero al restablecer el pago indemnización, prohibido en el artículo 41 de la Ley, los ministros de la Primera Sala interpretaron que esa limitación constituye una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
El artículo 41 de la Ley de Responsabilidad Civil señala expresamente que cuando no se pueda resarcir el daño mediante la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria al periodista, la indemnización se fijará tomando en cuenta la mayor o menor divulgación del acto ilícito, las condiciones personales de la víctima y demás circunstancias del caso.
Pero dice que “en ningún caso” ese pago deberá exceder de 350 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente. Esa multa no incluye los gastos y costas del juicio.
Para la Suprema Corte, estas disposiciones son contrarias al artículo 63.1 de la CADH, según el cual los Estados están obligados a garantizar el derecho o libertad establecidos en la Convención y que deberá disponer, si es el caso, “que se reparen las consecuencias… (de la violación)… y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.
En la interpretación de los ministros, el Estado mexicano, y en este caso el Poder Legislativo, tiene que diseñar “sistemas de reparaciones integrales” y no “como lo hace desacertadamente la Ley” impugnada por la defensa de Lucía Méndez.
Abundan en que es un “vicio” de la norma dejarle al juez la opción de no fijar una indemnización.
“Esta Corte considera que la única forma en que el régimen de reparaciones impugnado pueda ajustarse… (a la Constitución)… es estableciendo ambas formas de reparaciones; es decir, tanto la publicación de la sentencia en el formato y medio en el que fue difundida la expresión que excedió los límites, como condenando al pago de una justa indemnización”, dice el fallo categórico de los ministros de la Primera Sala.
Respecto de los montos, dijeron que no hay justificación para imponer un máximo porque “esta limitante supone una vulneración del derecho humano a una reparación”. Insistieron los ministros: “Para esta Corte, limitar la indemnización a un tope máximo sin una razón que justifique tal limitante vulnera el derecho a una justa indemnización y deviene inconstitucional”.
Argumentaron que el cálculo del daño es una labor complicada por las afectaciones, como el sufrimiento, el nerviosismo, la ansiedad, menoscabo de la dignidad y otras afines, por lo que “no resulta razonable que el legislador imponga una cantidad máxima”.
Al conceder el amparo, la Primera Sala de la SCJN le pidió a la Sala 12 de lo Civil en la Ciudad de México que emita una nueva sentencia para fijar “una reparación integral” y “una justa indemnización” económica.
Interpretación equivocada
El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y asesor de la Asamblea Legislativa en la elaboración de la Ley impugnada, Ernesto Villanueva, asegura que, al eliminar el tope, la Suprema Corte acabó con la razón de ser del ordenamiento que limitaba al juez para fijar multas millonarias, como la que se aplicó al periodista Alfredo Rivera.
Dice que los ministros hicieron una interpretación equivocada de la CADH, porque la reparación del daño a que se refiere es respecto de las violaciones cometidas por el Estado y no por particulares. Estima que, a partir de este fallo, lo que puede ocurrir es que los periodistas limiten su trabajo sobre los personajes públicos.
El abogado de Javier Parra Cortés, Óscar Abarca Alarcón, director jurídico de Consorcio Ejecutivo Legal, aseguró que aún no ha sido notificado por la Suprema Corte, pero que en todo caso aún no se ha determinado que Lucía Méndez tenga que ser indemnizada por su cliente. “Eso depende de la parte procesal y la parte acusadora no ha demostrado en qué consistió el daño”.
Aunque la Corte ya declaró inconstitucionales algunos artículos de la ley, la Sala 12 de lo Civil tiene que establecer si procede o no reparación económica. Y aun cuando diga que sí, esa determinación se podrá impugnar, advirtió.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/445647/litigio-lucia-mendez-deviene-en-amenaza-contra-la-libertad-expresion
CIUDAD DE MÉXICO: Apenas iniciaba la conmoción mundial por el triunfo del Brexit en Gran Bretaña, y el viernes 24 el secretario de Hacienda mexicano, Luis Videgaray, anunciaba el segundo gran recorte presupuestal en el año: en febrero fue de 123 mil 500 millones de pesos y ahora de 31 mil 715 millones.
En total, Videgaray anunció ya 155 mil 215 millones de pesos de recorte en sectores fundamentales: primero en Petróleos Mexicanos (Pemex), que tendrá 100 mil millones de pesos menos, según lo anunciado en febrero, y ahora este segundo recorte afectará el gasto corriente en educación y salud.
El efecto inmediato del Brexit se volvió a sentir en una devaluación del peso mexicano frente al dólar, que ya lleva acumulado casi 20% de depreciación en menos de un año. La barrera de los 20 pesos por dólar prácticamente se da por descontado, con todas las consecuencias que esto tendrá para sectores altamente dependientes de las importaciones.
En medio de estas medidas, anunciadas como “preventivas”, en realidad se esconden algunas medias verdades o mentiras completas que retratan una vez más una estrategia de comunicación que privilegia la simulación y la “imagen de estabilidad”, por encima de las dimensiones reales de la debilidad económica de México, con o sin el Brexit.
Algunos economistas y analistas financieros consultados han destacado estos cinco puntos que revelan las mentiras del galardonado ministro de Hacienda mexicana:
1. La mentira del presupuesto Base Cero: Al presentar el Presupuesto de Egresos de 2016, Videgaray presumió que el gobierno realizó “una revisión a fondo de cada uno de los programas y acciones del gobierno de la República. También se evaluó la eficacia y pertinencia de cada uno de los rubros del gasto y su incidencia en el logro de los objetivos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo”. A partir de eso, se realizó una “reingeniería del gasto público con enfoque de presupuesto Base Cero” para 2016.
Según Videgaray, el Presupuesto de Egresos de 2016 sería “realista, responsable y amplio”. Ahora resulta que es maleable, opaco y restrictivo, sobre todo en rubros como la prestación de los servicios de salud y educación. En menos de seis meses, el Ejecutivo federal disminuyó en 3.4% el presupuesto que aprobó el Congreso.
2. El uso y abuso del endeudamiento: El problema, evidentemente, no es el Brexit y las relaciones comerciales entre México y Gran Bretaña que representan menos del 1% del intercambio comercial de nuestro país. El problema es la debilidad mayor de nuestra economía a partir de un uso abusivo del endeudamiento, al incrementarlo de 33.1% del PIB heredado de la administración de Felipe Calderón a 43.2% actual.
El Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) advirtió que el recorte anunciado por Videgaray “es producto del error de política económica de haber ampliado el déficit y el endeudamiento público durante los últimos cuatro años”.
El titular de la Secretaría de Hacienda no ha explicado claramente ante la sociedad qué impacto ha tenido esta estrategia de incrementar el endeudamiento, tal como lo hicieron gobiernos estatales priistas que ahora pretenden “blindarse” y protegerse ante la llegada de gobiernos de alternancia. Son los casos de Javier Duarte, en Veracruz; Roberto Borge, en Quintana Roo, y César Duarte, en Chihuahua. ¿Son casos aislados o la administración peñista realiza ensayos locales de lo que puede suceder al terminar su sexenio en 2018?
3. “Volatilidad exterior” que encubre desaceleración económica: Con o sin Brexit la economía mexicana presentaba ya claros síntomas de no poder llegar en 2016 ni siquiera a la misma tasa de crecimiento de la economía en 2015, que fue de 2.5%. Hacienda y el “ministro maravilla” responsabilizaron a la “volatilidad exterior” producto de la disminución abrupta de los precios del petróleo. Ahora ya tenemos a los británicos y los grupos xenofóbos y conservadores para responsabilizar de algo que es un resultado de la debilidad estructural del modelo económico defendido por el peñismo.
La mayoría de los analistas académicos y de organismos privados prevén que el segundo recorte anunciado por Videgaray tendrá un claro impacto en la falta de crecimiento económico, aunado a una mayor incertidumbre de los mercados financieros globales.
El IDIC señaló en su análisis que el recorte del gasto es “un factor adicional de riesgo que inhibirá el crecimiento económico durante este año”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/445612/brexit-recorte-las-tres-mentiras-videgaray
Dos años después de la muerte de 22 civiles a manos de militares, organizaciones civiles señalan que la justicia se ve cada vez más lejos ante los obstáculos que han puesto las autoridades para proteger al Ejército. Afirman que a 730 días de la masacre, no existe ningún detenido, ha habido manipulación de la evidencia, ocultamiento de información y de los responsables de la primera gran masacre del Gobierno de Enrique Peña Nieto, como lo señaló alguna vez Human Rights Watch.
A dos años de las ejecuciones de 22 civiles en Tlatlaya, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) bajo el mando del General Salvador Cienfuegos Zepeda no ha permitido que se haga justicia, aseveraron organizaciones no gubernamentales y legisladores de oposición.
“Sin duda alguna, la participación activa de la Sedena para esclarecer los hechos resultaba fundamental para llegar a la verdad de lo que ocurrió en Tlatlaya. El hecho de que no haya una adecuada participación por parte de Sedena y colaboración en los términos de la PGR [Procuraduría General de la República] obstaculiza el proceso de acceso a la justicia”, detalló Nancy López, encargada del área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
De acuerdo con la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 30 de junio, hace dos años, fueron ejecutados de forma arbitraria por elementos del Ejército entre 12 y 15 personas en la comunidad San Pedro Limón.
Pese a que presuntos responsables estuvieron sometidos a procesos de justicia en el ámbito civil y militar, hasta el momento todos los militares del 102 Batallón de Infantería implicados se encuentran libres.
Desde un principio, las organizaciones civiles apuntaron que estos casos no debían ser juzgados en el fuero militar: “Son claramente civiles quienes competen únicamente al orden civil. Estas determinaciones de que hay una investigación divida es una clara afrenta a los avances en temas de Derechos Humanos”, dijo López.
La versión oficial de la Sedena afirmó que los delincuentes atacaron primero a los militares que patrullaban la zona, que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del Ejército mataron a todos.
El Juzgado Sexto Militar no consideró la masacre como una violación a los derechos humanos, sino que juzgó a los elementos castrenses por infracciones a los deberes militares. En marzo, este juzgado dependiente de la Sedena, dictó sentencia absolutoria a seis soldados de los ocho presuntamente implicados.
Por otra parte, en el fuero civil, la PGR también ha quedado a deber, insistió la abogada del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Gabriela Carreón Lee.
“No ha tomado sus atribuciones como debería ser, y no realizó una investigación que fuese eficiente ni rápida”, dijo. En mayo, el Magistrado Adalid Ambriz Landa del Sexto Tribunal Unitario resolvió dejar sin cargos a tres militares.
“Esta sentencia del Magistrado consideró pruebas que son producto de violaciones a derechos humanos, como las declaraciones obtenidas bajo tortura y tratos degradantes a las tres mujeres sobrevivientes de la ejecución arbitraria”, dijo Lee.
Durante una labor de reconocimiento, el 30 de junio de 2014, elementos castrenses se percataron a las 4:00 de la mañana de que una persona armada cuidaba una bodega. Tras un fuego cruzado de cinco minutos las personas se rindieron rápidamente, recreó la recomendación de la CNDH.
El resultado final fue la muerte de 22 personas. En su mayoría asesinadas de forma extrajudicial. Ahora la PGR tiene la oportunidad de robustecer el expediente y someter de vuelta la acusación en contra de los castrenses, dijo Lee.
El año pasado, en el primer aniversario de los hechos, el Centro Prodh publicó un informe después de acceder al expediente militar. Ahí resaltaba que los elementos armados cargaban con la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad.
“A partir de ese momento presentamos esto como una prueba a ser investigada. Ha pasado un año y no se ha investigado nada sobre esta orden que tuvo un papel relevante en los hechos de Tlatlaya”, recordó Lee.
La Diputada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Araceli Damián González, enfatizó que en el caso de Tlatlaya se escondió la manipulación que se hizo de la información.
“En realidad es un problema estructural del sistema de impartición de justicia de nuestro país. Y es un problema donde los miembros del Ejército son colocados por encima de las instituciones de justicia. En el sentido de que se juzgan a sí mismos, por un lado, y por el otro lado se manipularon los tiempos de tal manera, que los soldados salieran en libertad”, dijo.
EL PAPEL DE ERUVIEL
El Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, acusó Human Rights Watch (HRW), es uno de los responsables de que los hechos no se hayan dado a conocer con transparencia. Ávila Villegas dijo el 1 de julio que “el Ejército en legítima defensa abatió a los delincuentes”.
“Él fue una figura clave que a las horas de ocurrida la masacre, estaba repitiendo literalmente la versión oficial elaborada por el ejercito en el sentido de que se había tratado de un enfrentamiento por un grupo de delincuentes donde de un lado murieron 22 y del otro ninguno”, dijo en octubre del 2014 José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
A dos años de los hechos ocurridos el 30 de junio, la CMDPDH, sostiene que el Gobernador debió abstenerse de participar en los trabajos de la escena del crimen.
“Sin duda alguna por un tema de una adecuada investigación y de cadena de custodia era importante que entre las primeras diligencias estuviera ahí la jurisdicción competente. En este caso la Federal. Era claro que si era de índole federal, el Estado de México debió haberse inhibido de que se pudiese contaminar la escena del crimen, y poner en riesgo la cadena de custodia”, dijo López.
Fallas en la que se apoyó el Magistrado Ambriz para absolver a los militares. “Le dio mayor valor probatorio a periciales del Edomex, en vez de a la PGR, cuando ya había un antecedente de que el Gobierno del Estado de México pues tenía una postura de negación ante la ejecución arbitraria”, dijo Lee.
Clara Gómez González, sobreviviente de la masacre y madre de una las jóvenes asesinadas, dijo temer por su seguridad una vez que estos castrenses estuvieran en libertad. “A Clara nadie le ha garantizado su derecho a la verdad”, dijo la abogada del Centro Prodh.
TRASCENDENCIA INTERNACIONAL
El alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, crítico también el manejo que el Gobierno dio al caso en mayo de este año.
“Estamos muy preocupados de que casi dos años después de que se cometieran violaciones muy serias a los derechos humanos en Tlatlaya, incluyendo la supuesta ejecución sumaria de al menos 12 personas, el caso continua en la impunidad y se les niega a la víctimas el derecho a la verdad y a la justicia”, indicó en una rueda de prensa la portavoz del alto comisionado, Ravina Shamdashani.
“Durante su visita a México, en octubre del año pasado, el alto comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, dijo que el caso de Tlatlaya sería vigilado de cerca como un test del compromiso de las autoridades de luchar contra la impunidad tras la decisión de que los militares sean juzgados por cortes civiles en casos civiles”, sostuvo la portavoz .
Otras organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI) se han sumado a las exigencia de justicia.
“Ante la muerte de estas personas, es fundamental que todos los elementos militares que tengan responsabilidad, incluso por cadena de mando, sean llevados ante la justicia y que se investigue cualquier responsabilidad en que hayan incurrido otros funcionarios públicos durante la deficiente investigación de estos hechos” afirmó Perseo Quiroz Rendón, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México, en el cumplimiento de un año de los hechos.
PROBLEMA LATENTE
El Diputado del Partido Movimiento Ciudadano Víctor Manuel Sánchez Orozco apuntó que la participación del Ejercito en las calles dará como resultado nuevos enfrentamientos como el de Tlatlaya. Pero también puede haber violaciones a los derechos de civiles están amparadas en el recientemente aprobado Código Militar de Procedimientos Penales.
“Es muy claro que ahí se van a dar violaciones a los derechos humanos. Y tan es así que la CNDH interpuso una controversia constitucional”, dijo Sánchez. Con la reforma aprobada en abril, los juzgados militares están facultados para realizar cateos de los domicilios de civiles, la intervención de telecomunicaciones privadas y la presentación de civiles a Juzgados de fuero militar.
Algo que a todas luces va contra los antecedentes asentados por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, dijo el Diputado.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-06-2016/3060671
Uno de los municipios más afectados, fue Iguala, donde por la presunta disputa de la plaza entre grupos rivales de la delincuencia organizada, suman 74 ejecutados en lo que va del año, 14 han sido mujeres, según los registros periodísticos de El Sur.
Una nueva jornada de violencia en Guerrero dejó un saldo de al menos 14 personas asesinadas, entre ellas dos mujeres.
En un primero hecho, los cuerpos de cuatro hombres decapitados, dos de ellos mutilados de los pies, fueron localizados la mañana de ayer miércoles en una de las entradas al auto lavado El Peque, en la calle 10 de Abril de la colonia Juan Álvarez, al norte de la ciudad de Iguala.
Los hombres tenían huellas de tortura y estaban cubiertos con una narcomanta firmada por el grupo delincuencial La Gente Nueva.
Por la presunta disputa de la plaza entre grupos rivales de la delincuencia organizada, suman 74 ejecutados en Iguala en lo que va del año, 14 han sido mujeres, según los registros periodísticos de El Sur.
Cerca de las 7 de la mañana, tras el reporte anónimo de vecinos, afuera del autolavado en la esquina de las calles Benito Juárez y 10 de Abril, a una cuadra del periférico Norte, fueron hallados los cuerpos de cuatro hombres de entre 30 y 45 años.
Los cadáveres estaban amontonados en la reja de la entrada de la calle 10 de Abril que es la menos transitada, tenían visibles huellas de tortura, dos estaban dentro de bolsas negras y los otros dos completamente descubiertos. Debajo de una cobija guinda y adentro de bolsas negras estaban las cuatro cabezas de las víctimas.
Además, estaban cubiertos con una narcomanta firmada por el grupo La Gente Nueva, en la que se leía: “Les avisamos de nuestra llegada de la ciudad de Iguala. Somos la Gente Nueva estamos limpiando a la ciudad y componiendo la paz de los ciudadanos, esto va para los halcones, sicarios, vendedores, extorsionadores y secuestradores de mierda uno a uno irán cayendo como las escorias que son, Iguala pronto estará en paz y disculpen esta violencia, no gente inocente solo aquel que corrompa la paz de los ciudadanos. Gobierno no se metan a esta guerra es de nosotros. Att. La Gente Nueva”.
La zona fue acordonada por policías estatales y ministeriales. Llegaron peritos en criminalística y agentes del Ministerio Público (MP) quienes iniciaron las diligencias. Cerca de las 08:00 de la mañana los cuerpos fueron levantados y trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) sin ser identificados.
Apenas, el pasado jueves el cuerpo de una mujer de 31 años y que tenía el tiro de gracia, los ojos cubiertos con un pedazo de tela negra y huellas de tortura, fue localizada en ese autolavado en la reja de la misma entrada.
Asimismo, la madrugada del viernes fueron hallados los cuerpos de tres hombres y una mujer ejecutados con el tiro de gracia y con huellas de tortura, tenían los ojos cubiertos con tela negra, las ejecuciones también se las adjudicó el grupo La Gente Nueva que dejó una narcomanta con la que tapó los cuerpos.
El autolavado El Peque fue asegurado 8 de abril por la Procuraduría General de República (PGR) como parte de las investigaciones del caso Ayotzinapa, el inmueble está a una cuadra del lugar en el que fueron atacados a balazos y desaparecidos los normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Entre febrero y julio de 2015, el autolavado El Peque fue atacado a balazos cinco veces por hombres armados que dejaron a dos personas asesinadas –el 25 de febrero y el 25 de abril- y otras cinco heridas, entre éstas tres lavacarros y dos taxistas.
ENCUENTRAN CUERPO EN CANAL DE QUECHULTENANGO
El cuerpo de un hombre fue encontrado en la orilla de un canal cerca de la presa de Colotlipa, municipio de Quechultenango.
Según fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), a las 4:20 de la tarde recibieron un reporte que había un cuerpo en la presa.
Al lugar acudieron policías municipales y ministeriales quienes acordonaron el lugar y peritos de la Fiscalía hicieron las diligencias correspondientes.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) en Chilpancingo para la necropsia de ley y para que sea identificado.
ASESINAN A HOMBRE Y HIEREN A MUJER EN TAXCO
La mañana de ayer un hombre fue ejecutado a balazos adentro del autolavado La Liga en la avenida de Los Plateros en el barrio de Pedro Martín de la cabecera municipal de Taxco, en el ataque una joven que acompañaba a la víctima fue herida de un balazo en una pierna.
A las 11:50 de la mañana fuentes policiacas de Seguridad Pública del estado dieron a conocer que al número de emergencias 066 se reportó un ataque a balazos en un autolavado en la carretera federal México-Acapulco.
En el lugar fue hallado un hombre de unos 30 años con tres disparos, con la víctima estaba una joven que resultó herida de un balazo en la pierna izquierda cerca de la rodilla, quien dio a conocer a las autoridades que son vecinos de la colonia Centro de Iguala.
Según testigos, la pareja esperaba en el negocio a que lavaran su carro cuando llegaron dos hombres en una motocicleta, el pasajero sacó una pistola, les disparó y seguida huyeron del lugar.
La zona fue acordonada por policías estatales, municipales y ministeriales. Más tarde llegaron peritos en criminalística y agentes del Ministerio Público (MP) de la Fiscalía General del Estado (FGE) quienes se hicieron cargo de las diligencias y aseguraron cuatro casquillos percutidos calibre .38 súper.
Al término de las diligencias, cerca de la 01:00 de la tarde, el cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de esta ciudad de Iguala.
HALLAN LOS CUERPOS DE TRES EN RÍO DE COPALILLO
Los cuerpos de tres hombres asesinados a golpes fueron localizados la tarde de ayer en la orilla del río Balsas, entre las comunidades de Tlalcozotitlán y Ahuayaxale, del municipio de Copalillo; se cree que también pudo ser arrojado el cuerpo de una mujer.
Minutos después de las 11:00 de la mañana, pobladores de la comunidad indígena de Tlalcozotitlán reportaron al número 066 el hallazgo del cuerpo de un hombre en orilla del río, estaba boca abajo con una trusa negra y un huarache en el pie izquierdo.
Según reportes de Seguridad Pública Estatal, minutos después de las 4:30 de la tarde agentes de la Policía Estatal y municipal llegaron al lugar con agentes del Ministerio Público (MP) y peritos en criminalística de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes confirmaron el hallazgo del cuerpo de un hombre, el cual había sido devorado del rostro por animales.
En el lugar los agentes fueron informados que un kilómetro río abajo, cerca de Ahuayaxale, fueron hallados los cuerpos de otros dos hombres, los cuales también sólo tenían ropa interior negra.
Los dos cuerpos estaban en la orilla del río, sumergidos a la mitad y estaban abrazados.
Fuentes policiacas informaron que cerca de Las Juntas, lugar en el que fue hallado el primer cuerpo, se localizaron rastros de sangre y huellas de que los cuerpos fueron arrastrados hacia la orilla del río.
Versiones policiacas indican que los tres cuerpos pudieron haber sido asesinados a golpes y fueron llevados hasta ese lugar en un vehículo, ya que también se hallaron huellas de llantas.
Se informó que los cuerpos son de hombres de entre 30 y 40 años, tenían unas 48 horas de haber sido asesinados, no tenían impactos de bala y tenían lesiones de golpes en la cara.
Consultado vía telefónica la tarde de ayer, el Alcalde de Copalillo, Getulio Ramírez Chino, confirmó el hallazgo de los tres cuerpos y dio a conocer la probabilidad de que pueda haber un cuarto cuerpo de una mujer.
Dijo que la tarde del martes vecinos de Tlalcozotitlán hallaron a orilla del río ropa y calzado de hombres y de una mujer, zapatillas, un teléfono celular y un monedero, los cuales creen que pertenecían a las personas localizadas ayer, por lo que no descartó que una mujer también haya sido asesinada y arrojada al río, pero hasta la tarde de ayer el cuerpo no había sido localizado.
Informó que vecinos de las comunidades cercanas no identificaron los cuerpos como vecinos del lugar, por lo que consideró la probabilidad que sean de pobladores del municipio de Zitlala, que está a unos 40 minutos de la zona del hallazgo.
Al término de las diligencias, después de las 5 de la tarde, los tres cuerpos fueron trasladados al Semefo de esta ciudad sin haber sido identificados.
TORTURAN Y ASESINAN A MUJER EN HUITZUCO
Una mujer asesinada, con los pies amarrados y las manos atadas hacia la espalda fue hallada la tarde de ayer en una brecha cerca de la caseta de peaje de Paso Morelos de la autopista del Sol, en el municipio de Huitzuco.
Según fuentes de la Policía Federal, personal de la caseta de peaje de Paso Morelos les informó del hallazgo de un cuerpo de una persona asesinada cerca de esa zona.
Alrededor de las 02:30 de la tarde, los policías federales hallaron el cuerpo de una mujer en una brecha cerca de una tubería de desagüe de una barranca, a unos 10 metros de la Autopista del Sol con dirección a la ciudad de Cuernavaca.
Estaba boca arriba con huellas de tortura, tenía los pies atados con una cuerda al igual que las manos las tenía amarradas hacia la espalda.
Traía puesta lo que parece una chamarra y un pantalón de vestir, al parecer negro el cual tenía enrollado hacia los tobillos.
Cerca de las 04:40 de la tarde llegaron agentes del Ministerio Público y peritos en criminalística de la Fiscalía regional con sede en Iguala, quienes iniciaron las diligencias y el levantamiento de evidencias.
Las diligencias concluyeron a las 05:00 de la tarde y el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala sin ser identificado.
MATAN A CUATRO EN ACAPULCO, ENTRE ELLOS UNA MUJER
Cuatro personas asesinadas, entre ellos una comerciante, además de un hombre herido dejó ayer la violencia en Acapulco.
Dos de los asesinatos ocurrieron en Las Cruces y los otros en la unidad habitacional San Agustín y la colonia Alianza Popular, en la parte alta de la ciudad.
Asimismo, una persecución y una balacera entre dos presuntos grupos rivales en la unidad habitacional El Coloso dejó una persona herida.
Uno de los hechos violentos ocurrió pasada las 2 de la madrugada en la unidad habitacional San Agustín, donde dos hombres fueron atacados a balazos.
Paramédicos de Bomberos, así como policías federales y del estado, llegaron a la avenida Vicente Guerrero, a un costado de la casa de materiales “Santi”, y encontraron a dos hombres tirados y con disparos en el cuerpo.
Las víctimas quedaron a poca distancia una de otra, ambas con las manos atadas hacia la espalda y disparos en el rostro y cuerpos; uno de ellos murió en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a un hospital para su atención médica.
Durante las diligencias del Ministerio Público y peritos de la Fiscalía encontraron casquillos percutidos calibre 9 milímetros.
La víctima vestía una playera blanca con un pantalón de mezclilla.
En otro caso, al mediodía un joven fue ejecutado a balazos en Las Cruces, sobre la avenida Lázaro Cárdenas.
El asesinato ocurrió cuando el joven, de unos 20 años, caminaba en la carretera de Las Cruces, unos 50 metros antes de llegar al bulevar Vicente Guerrero, y fue atacado presuntamente por un hombre.
El joven quedó tirado frente a un local y al sitio de taxis que viajan a la Costa Chica. Recibió disparos en el rostro y vestía una bermuda de mezclilla con una playera tipo Polo roja y huaraches de correa del mismo color.
En las diligencias los policías encontraron al menos siete casquillos percutidos calibre .9 milímetros.
Unos 40 minutos después, una comerciante fue acribillada en la colonia Las Cruces, frente a la iglesia, a unos 150 metros de donde ocurrió el homicidio del joven.
La vendedora de cloro recibió disparos en el pecho y quedó sentada en una silla, frente a una caja de madera con su producto.
Se informó que la comerciante era Carmelia N, de 60 años, que recibió al menos cuatro disparos; asimismo se indicó que solía instalar su puesto semifijo en un pasillo cercano a la carretera Del Correo.
Cerca del cuerpos los policías localizaron casquillos percutidos calibre .45 milímetros.
A las 02:00 de la tarde, otro hombre fue asesinado a balazos en la colonia Alianza Popular.
El homicidio sucedió en la calle Luis Echeverría, cerca de la avenida Ruíz Cortines; allí los policías encontraron a la víctima tirada, con las manos atadas hacia la espalda con una cuerda.
El cuerpo tenía un disparo en la cabeza y fue cubierto con una sábana blanca mientras se realizaban las diligencias en medio de la vía.
Según las autoridades, vecinos de la colonia dijeron que hombres armados bajaron a la victima de un vehículo y la ejecutaron en medio de la calle citada.
Durante las diligencias del Ministerio Público se localizó un casquillo percutido calibre .9 milímetros.
Y a las 9 de la noche se informó que un hombre fue baleado cerca de la tienda Aurrera Costera, junto al río El Camarón.
En todos los homicidios los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense.
En lo que va del año en Acapulco suman ya 497 víctimas de hechos violentos en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, con base en un recuento de El Sur.
FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-06-2016/3060828
