Por medio de un documento suscrito ante la Cámara de Diputados, la bancada perredista aseguró que actualmente en México existen cerca de 1.2 millones de jóvenes desempleados y que el número de personas que ni estudian ni trabajan, mejor conocidos como “NiNis”, va en aumento. Por ello, los legisladores hacen un llamado a las autoridades federales a hacer de conocimiento público las cifras y los alcances obtenidos con diversos programas de asistencia social, de modo que puedan ajustar o establecer proyectos que permitan revertir la actual y endeble situación económica por la que atraviesa el país, asimismo luchando por evitar el aumento del crecimiento del mercado ilegal.
Más de un millón 209 mil jóvenes se encuentran desempleados en el país mientras que el número de personas que “ni trabajan, ni estudian” aumenta, informó el día de hoy la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso de la Unión. “En México viven 37.9 millones de jóvenes de 15 a 29 años, de los cuales el 50.5 por ciento son mujeres, y el 49.5 por ciento varones. Un análisis por edad muestra que este sector de la población tiene el mayor nivel de desocupación”, refiere el documento. De acuerdo con un comunicado, los legisladores aseguraron que uno de los mayores retos que enfrenta la población joven en México radica en la transición de la vida escolar a la laboral. Detalla que la población desocupada sin instrucción escolar representa el 10 por ciento; a nivel primaria 19 por ciento y en secundaria 37 por ciento; medio superior y superior, 18 y 24 por ciento, respectivamente. De ahí que “uno de los mayores retos que enfrenta la población joven, es la transición de la vida escolar a la vida laboral”. En ese sentido, los perredistas explicaron que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reportó en el primer trimestre de 2016, una tasa de desocupación de jóvenes del 7.2 por ciento, siendo las mujeres las más afectadas; que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el año pasado, la población desocupada de 14 a 19 años de edad representó el 15 por ciento, mientras que para el grupo de 20 a 29 años ascendió a 38 por ciento.
“El 7.1 por ciento de la población joven esta subocupada, lo que significa que puede ofertar más tiempo de trabajo, mientras el 61.1 por ciento tiene un empleo informal, debido a su bajo nivel de escolaridad”, explican los legisladores.
Al respecto, los funcionarios federales apuntaron que la insuficiente generación de empleos para satisfacer la demanda juvenil dentro del sector formal en México, aunada a la expansión del mercado ilegal, genera un aumento en el número de jóvenes que se incorporan en las filas de la delincuencia organizada. Por lo anterior, los diputados urgen al titular del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), José Manuel Romero Coello, a que dé a conocer la situación actual en la que viven 37.9 millones de jóvenes en materia de empleo, acciones y pendientes, riesgos y proyecciones. De igual forma, los legisladores exhortan al Ejecutivo federal a difundir las acciones que realiza para generar más oportunidades de empleo formal y efectivo para los jóvenes, en el contexto económico en el que se encuentra el país. Además, solicitan que los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Nacional Financiera (Nafinsa), informen acerca del número de solicitudes del “Programa Crédito Joven”, con el propósito de conocer cuántos beneficiarios han recibido los apoyos y han puesto en marcha sus proyectos. Al coordinador general del Servicio Nacional de Empleo, los perredistas piden haga del conocimiento público el porcentaje de empleos formales de los 372 mil 38 obtenidos por jóvenes, en el periodo de septiembre 2014 a junio 2015, reportados en el Informe de “Logros 2015”.
Asimismo, que el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) informe en el portal oficial de la dependencia en qué consistieron los trabajos otorgados a los jóvenes en lugares afectados por fenómenos meteorológicos que implicaron una situación de emergencia; cuál fue la zona geográfica en que se llevaron a cabo esas actividades y su duración; cuántos jóvenes fueron beneficiados y cuál fue la retribución económica que recibieron.
Respecto a los jóvenes artesanos, apuntaron que se requiere conocer el porcentaje presupuestal destinado a este sector, mediante la compra de materia prima, apoyo para la asistencia a ferias y compra de artesanías, del total erogado por más de 212 millones 48 mil pesos. En cuanto a los apoyos entregados en 2015 a 21 mil 272 infantes hijos de jornaleros agrícolas, los diputados solicitan conocer si la ayuda es de carácter temporal o continua, con la finalidad de poder determinar su alcance para que puedan concluir sus estudios. Finalmente, los perredistas sostuvieron que aún y cuando se han alcanzado avances para atender a la juventud mexicana, resultan insuficientes, debido a que en el país vive más un millón de jóvenes desempleados.
El punto de acuerdo suscrito a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, fue presentado por los legisladores del PRD Julio Saldaña Morán, Cristina Gaytán Hernández, Rafael Hernández Soriano, Omar Ortega Álvarez y Juan Fernando Rubio Quiroz. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/01-07-2016/3061531
"Se trata de regresar la tranquilidad a millones de ciudadanos que lo exigen", afirmó.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, advirtió a los maestros de la CNTE que se “agotó” el tiempo de sus bloqueos en Oaxaca y Chiapas, por lo que emprenderá acciones para retirarlos. “Se ha agotado el tiempo. Los bloqueos y las afectaciones a la ciudadanía deben de terminar. Por ello en breve se tomarán las acciones necesarias para permitir el tránsito en vías estratégicas y el abastecimiento de las comunidades“, dijo en un mensaje a medios la tarde de este viernes. “Para el gobierno de la República no hay opción: se trata de regresar la tranquilidad a millones de ciudadanos que lo exigen y por derecho lo merecen”, aseguró. Sobre las mesas de diálogo con la CNTE, refirió que “una negociación no puede ser todo o nada” y lamentó que “se ha puesto a los ciudadanos en medio de este conflicto”, pues durante semanas se han extendido las protestas en Oaxaca y Chiapas. Los habitantes de ambas entidades “han vivido una situación compleja… la sociedad ha sido víctima”, consideró el secretario. A los bloqueos los calificó como “actos que han atentado la normalidad y la vida de millones de personas”. Además, señaló que éstos “han evitado que apoyos sociales lleguen a familias que más lo necesitan”, sumado a que los niños no tienen clases porque sus maestros están en las protestas.
CIUDAD DE MÉXICO: Hace poco más de diez meses, cuando Manlio Fabio Beltrones asumió la dirigencia nacional del PRI, apostó prácticamente todo su capital político a los resultados de las elecciones de gobernador de este junio, en un pacto de sobrevivencia con el presidente Enrique Peña Nieto que resultaba conveniente para ambas partes (Proceso 2023). Como perdió, tuvo que pagar: renunciar a la dirigencia del PRI y, con ello, a lo que restaba de sus ambiciones presidenciales. La apuesta era muy riesgosa y él lo sabía, pero eso era precisamente lo que la hacía atractiva para Peña Nieto, pues si bien de los 12 estados que renovaron gubernatura el tricolor gobernaba en nueve y en cinco el PRI siempre había gobernado, el entorno político era muy negativo. Entre otros elementos que conspiraban contra el dominio tricolor en dichas entidades destacaban la bajísima aprobación del desempeño presidencial; las todavía peores gestiones de varios de los gobernadores priistas; los nulos impactos de las llamadas reformas estructurales en la economía nacional y, especialmente, en la familiar; los recurrentes escándalos de corrupción, conflictos de interés, violaciones de derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales. La posibilidad de retener al menos nueve gubernaturas (aunque no necesariamente fuesen en los mismos estados) dependía centralmente de la operación política y, en muy buena parte, de la misma dependía del líder tricolor. Eso era lo atractivo para Beltrones. Sin embargo, ni los priistas más pesimistas o los opositores más optimistas preveían la magnitud del “tropiezo electoral” del pasado domingo 5 y el hoy exdirigente perdió todos los argumentos para defender su actuación. A todos los factores negativos del entorno (lista que seguramente puede ampliarse) se sumó una mala operación política. Basta analizar lo ocurrido en tres de las entidades en las que el tricolor perdió por primera vez la gubernatura: Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. Las tres tenían una carga negativa muy fuerte por la mala gestión de los actuales gobernadores, pero eso se agudizó con los errores de operación política. En Quintana Roo los tricolores rechazaron a su mejor candidato, que no vaciló en aceptar la invitación de la alianza opositora (PAN-PRD) para alcanzar la gubernatura. Así se evidenció un mal proceso interno de selección, una pésima “operación cicatriz” y, finalmente, una mala campaña electoral, que permitió un cambio en las preferencias electorales que concluyó con una derrota por nueve puntos porcentuales. En el caso de Tamaulipas, el mismo dirigente nacional del tricolor encabezó la campaña negativa y las denuncias penales en contra del candidato panista a la gubernatura, sin tomar conciencia de que con ello realmente lo fortalecieron (Proceso 2063) y lograron catapultarlo para que ganara la elección. En ese caso las deficiencias fueron varias: primero, lo erróneo de la estrategia, pues al asumir la ofensiva contra el candidato blanquiazul, lo que hicieron fue posicionarlo como el puntero; segundo, lo mal operado de la misma, pues cometieron errores elementales, como el tomar fotos manipuladas de la red para acompañar sus denuncias penales; y, tercero, que al evidenciar el control de la delincuencia organizada de amplias regiones del territorio estatal, en realidad exhibían a los malos gobiernos estatal y federal, que eran tricolores. Mientras tanto, en Veracruz fue el mismo Beltrones el que encabezó las críticas y la exigencia pública de rendición de cuentas al todavía gobernador Javier Duarte; incluso se dijo que él lideraba el esfuerzo para removerlo de su cargo en febrero de este año; y finalmente, ante el fallido intento de remoción, le ofreció su respaldo y señaló que como autoridad emanada de su partido, siempre tendría la consideración del mismo. El daño ya estaba hecho. Basten estos tres casos para ilustrar que la operación política no compensó los impactos negativos del deteriorado escenario federal y, en muchos casos, estatal; sino que, al contrario, los agudizó. Sin embargo, en el reparto de responsabilidades también hay que incluir al presidente Enrique Peña Nieto, por más que los priistas (incluyendo al mismo Beltrones) se empeñen en ponderar su “proyecto de modernización del país”, pues además de su central responsabilidad en el diseño e implementación de las llamadas reformas estructurales y la política de seguridad (con el recrudecimiento de la violación de los derechos humanos, como han evidenciado todos los organismos internacionales especializados), su selección de dirigentes y candidatos de su partido ha sido, por decir lo menos, muy desafortunado. Si se parte de que Peña Nieto fue el artífice de la designación de Humberto Moreira como presidente del CEN tricolor en marzo de 2011, de entonces a la fecha el PRI ha perdido cuatro gubernaturas y aunque el resultado de la elección federal de 2015 hace pensar que recuperó porcentaje de votación, en realidad perdió un punto porcentual con respecto a la elección de 2012 y medio punto con respecto a la de 2009, que sería la elección de referencia. Para ponerlo en términos más claros: pese a que recuperó la Presidencia de la República, hasta 2015 el PRI se mantuvo básicamente en el mismo porcentaje de preferencias electorales y el mismo número de gubernaturas; pero en 2016 (en las 12 entidades donde hubo elecciones de gobernador) perdió casi seis puntos porcentuales con respecto al año previo y también llegó a su número más bajo de gubernaturas, al quedarse con 50% de las mismas (considerando que la de Chiapas la ganaron en alianza con el PVEM).
Sin duda la única opción que tenía Beltrones era renunciar a la dirigencia nacional, pero la misma difícilmente detendrá la caída en las preferencias electores del tricolor y la pérdida de gubernaturas, pues las causas de esta tendencia son los malos resultados que entregan los gobernantes tricolores, empezando desde luego por el presidente de la República. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESÚS CANTÚ. LINK: http://www.proceso.com.mx/445801/beltrones-perdio-apuesta
CIUDAD DE MÉXICO: Inés Tiburcio “N”, de aproximadamente 25 años de edad, se acogió al programa de protección a víctimas del delito, luego de que la semana pasada resultó lesionado de bala en un ataque en el que murieron cuatro personas. Inés se recuperaba de las heridas en el Hospital General de Mazatlán, Sinaloa, y hasta ahí llegó un grupo armado y le quitó la vida. La psicosis se apoderó de las personas que se encontraba en el nosocomio a esa hora. Muchos de los pacientes se aventaron de las camas sin pensar en las consecuencias, mientras sus familiares permanecían tirados en el suelo para protegerse de las balas. De acuerdo con testimonios, fueron cuatro los agresores y no tardaron más de dos minutos en realizar el ataque, según información publicada en el diario Noroeste.
Otras personas aseguraron que los atacantes fueron detenidos en un filtro de seguridad, pero sacaron sus armas y continuaron hasta llegar al área de recuperación de cirugías, donde se hallaba Inés Tiburcio. Cuando vio entrar a los hombres armados, la mamá del muchacho intentó servir de “escudo”, pero no lo logró y resultó lesionada, de acuerdo con los testimonios. Los sujetos armados atacaron primero al policía que se encontraba en la zona, pero no pudo enfrentarlos, y después dispararon sobre la madre de Inés Tiburcio. “Como vio que ‘tumbaron’ al policía, la señora abrazó al muchacho para protegerlo y resultó con un rozón en un brazo, más que nada ella fue atendida por la impresión”, dijo personal policiaco. Y mientras los criminales accionaban sus armas, el miedo se apoderó de los derechohabientes del Hospital General. Unos alcanzaron a salir, pero otros se quedaron adentro, en la sala de consulta general. La histeria se hizo colectiva. “¡Eran cuatro, llevaban pistolas, no traían cubierta la cara!”, gritó uno de los derechohabientes. Una trabajadora social que revisaba el caso de otro paciente, en una cama aledaña, fue obligada a tirarse al suelo. La nota de Noroeste destaca que los sujetos huyeron aventando todo y a todos y salieron por el acceso principal. Cuando pasaban por el área de consulta general, los usuarios del hospital empezaron a gritar al ver las armas. En el área de escaleras los agresores aventaron a una mujer y luego corrieron hacia el estacionamiento del nosocomio para darse a la fuga. En la sala A, el llanto y los gritos seguían. Una mujer que cuidaba a su esposo en la sala donde falleció el testigo protegido se desmayó, mientras que médicos pasantes y enfermeras sufrieron crisis nerviosas.
Una camioneta que era usada por los invasores de un predio en la colonia Condesa, en la capital del país, pertenece al área de Vía Pública de la Delegación Cuajimalpa, según reconoció el actual titular de la demarcación, Miguel Salazar Salazar, en entrevista con el medio de circulación nacional.
Personas que se transportaban en un auto de la Delegación Cuajimalpa y en otros de lujo visitaban el predio invadido por la Asamblea de Barrios en la Colonia Condesa, revela este viernes el diario Reforma. El medio de circulación nacional consigna este día que tuvo acceso a videos en los que se observan los vehículos, que permanecían afuera del edificio ubicado en l predio ubicado en Altata y Benjamín Hill. durante varias horas. Una camioneta que era usada por los invasores pertenece al área de Vía Pública de la Delegación Cuajimalpa, según reconoció el actual titular de la demarcación, Miguel Salazar Salazar. “Corresponden a la Jefatura de Unidad de Vía Pública, es una camioneta Tornado que desempeña funciones con relación al tema de la vía pública, como lo es el retiro de comerciantes […]. Trae varios resguardantes, pero está asignada a esa oficina”, confirmó Salazar entrevistado por Reforma. Sin embargo, el funcionario negó al medio que las personas sean trabajadores de la delegación. Una camioneta Lobo y un auto BMW eran usados también por personas relacionadas con el predio. Las personas que mantenían en su poder el predio contaban con un circuito cerrado de cámaras de seguridad.
El diario señala “que la videograbación fue captada en enero pasado, un mes después de que un joven, presunto narcomenudista, fuera asesinado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública afuera del inmueble tras una persecución y cuyos cómplices huyeron hacia el edificio para resguardarse”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/01-07-2016/3061322
Barrera Medrano era uno de los delincuentes más buscados por el Gobierno mexicano quien ofrecía una recompensa de 3 millones de pesos para quien proporcionara datos que llevaran a su captura.
La Policía Federal ha informado que durante esta madrugada varios elementos detuvieron en Metepec, Estado de México, a Nicandro Barrera Medrano, alias “El Nica”, unos de los fundadores de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Barrera Medrano era uno de los delincuentes más buscados por el Gobierno mexicano quien ofrecía una recompensa de 3 millones de pesos para quien proporcionara datos que llevaran a su captura. Según indican investigaciones, actualmente “El Nica” fungía como operador financiero y estaba dedicado al trasiego de drogas con dirección a Estados Unidos. Además, se le acusa de secuestro, extorsiones, homicidios, y el cobro de cuentas en Texas.
De acuerdo a una orden judicial, será trasladado ante el Centro Federal de Readaptación Social número 1, en Almoloya, Estado de México. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/01-07-2016/3061375
Actualmente, cada capitalino cuenta aproximadamente con 5 metros cuadrados de áreas verdes, de acuerdo con datos de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema). O sea, la CdMx se encuentra por debajo de los estándares internacionales, aún a costa de la salud de todos sus habitantes, denuncian mexicanos.
La Constitución de la Ciudad de México debe garantizar como un derecho de los habitantes y una obligación de las autoridades que cada capitalino cuente con un mínimo de 9.2 metros cuadrados de áreas verdes, tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), piden más de 38 mil personas en la plataforma Change.org. Francisco Fontano Patán, ciudadano preocupado por su salud y la del resto de los habitantes de la urbe, lanzó la petición “Garantía de un mínimo de áreas verdes por cada habitante de la ciudad”, para lograr que los constituyentes electos el pasado 5 de junio, legislen para obligar a las autoridades a iniciar cuanto antes una campaña de reforestación y recuperación de espacios en las 16 delegaciones.
“Lo que se pide es que se garantice como un derecho constitucional que tengamos en la ciudad un mínimo de 9 metros cuadrados por habitante de áreas verdes”, dijo Fontano en entrevista para SinEmbargo.
Actualmente, cada capitalino cuenta aproximadamente con 5 metros de este tipo de zonas, de acuerdo con datos de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema). O sea, la CdMx se encuentra por debajo de los estándares internacionales, a costa de la salud de todos sus habitantes. De lograr que los constituyentes escuchen y atiendan la demanda de los capitalinos, de acuerdo con Fontano, habrá beneficios sociales, económicos y ambientales. En materia ambiental, los altos niveles de contaminación que ha presentado la CdMx desde hace algunos meses –misma que la ha sumido en constantes contingencias–, disminuirán. En asuntos de economía, el Gobierno podrá ahorrar recursos en salud pública por las enfermedades provocadas por la contaminación, además, “al lograr que se limpie el aire con la implementación de áreas verdes, las autoridades gastarían menos dinero en emergencias ambientales que nos afectan a todos”, aseguró el ciudadano. La implementación de más áreas verdes en la urbe se traduciría también en beneficios sociales, –señaló– “ya que fungen como espacios de convivencia para cada comunidad”.
Recientemente, Areli Carreón, consultora en movilidad de Greenpeace México, dijo a SinEmbargo que el contar con espacios donde los habitantes de una ciudad tengan contacto con la naturaleza es de suma importancia para “sentirnos bien”. “Una ciudad que cuenta con infraestructura y áreas verdes de calidad, lugares donde sea posible caminar y andar en bicicleta, por ejemplo, invitan a las personas a tener estilos de vida saludables”, aseguró. En aquella ocasión, la experta subrayó también el papel de las autoridades para proveer de estructura urbana: “es su responsabilidad brindar una infraestructura de calidad en donde las personas puedan desarrollarse, tener contacto con la naturaleza, hacer ejercicio, disfrutar. Es totalmente un deber tanto del Gobierno federal, como de los locales, sin embargo, han sido omisos”. En el mismo sentido, Fontano destacó que el Gobierno a cargo de Miguel Ángel Mancera Espinosa debe identificar claramente qué cantidad de áreas verdes tiene la capital mexicana y a partir de ello, con apoyo de la comunidad, se localicen espacios donde se puedan desarrollar más.
“El Gobierno de Mancera no se está haciendo cargo del problema, creo yo”, comentó a este medio.
Por otro lado, –exigió– es necesario evitar que continúe la depredación, ya que con el desarrollo de más edificios y otras obras “se siguen destruyendo áreas verdes todos los días y no podemos seguir perdiendo, entonces se debe parar en seco para evitar que siga creciendo la mancha urbana”. Al cumplir 10 mil firmas, el ciudadano tuvo la oportunidad de reunirse con tres constituyentes, quienes “se mostraron muy abiertos a considerar la propuesta y se comprometieron a atender el tema ambiental, pero estaremos pendientes de lo que decidan”, señaló. Cabe mencionar que si la petición logra reunir 50 mil firmas, Fontano y un pequeño grupo de expertos en leyes, urbanismo y medio ambiente, así como representantes de Organizaciones No Gubernamentales, podrán reiterar los argumentos sobre la importancia de las áreas verdes, esta vez en reunión con todo el grupo redactor de la Constitución de la Ciudad de México.
Hasta el momento, el ciudadano ha conversado sobre el tema con representantes de las organizaciones civiles Mensajero Urbanos, Parques de México y en algunos días tendrá una reunión con Greenpeace. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: IVETTE LIRA LINK: http://www.sinembargo.mx/01-07-2016/3060887
CIUDAD DE MÉXICO: Un juez federal dictó auto de formal prisión a Héctor El Güero Palma por el delito de delincuencia organizada, en la modalidad de cometer delitos contra la salud.
En la información difundida, se explica que “en cumplimiento a la orden de aprehensión librada por el Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, El Güero Palma fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno “Altiplano”, en Almoloya de Juárez”. Por lo anterior, se libró un exhorto al Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, “para que en el auxilio de sus labores, coadyuvara en recibir la declaración preparatoria del implicado y resolviera su situación jurídica”. El Güero Palma fue entregado por Estados Unidos a las autoridades mexicanas el miércoles 15 de junio, luego de permanecer nueve años en prisión. Tras ello, un juez de Nayarit dictó auto de formal prisión contra Héctor El Güero Palma por su presunta responsabilidad en el asesinato del subcomandante de la Policía Judicial en esa entidad, Antonio Contreras, y su escolta José Cruz Guerrero, ocurrido en 1995. En su edición del pasado del 12 de junio (2067), la revista Proceso publicó un amplio reportaje titulado “El Güero Palma, consentido de Estados Unidos”, en el que destaca que el narcotraficante se declaró culpable de tráfico y distribución de 50 kilos de cocaína a ese país, luego de firmar un ventajoso acuerdo con la fiscalía un año después de haber sido extraditado por el gobierno de Felipe Calderón. Así, El Güero Palma quiso enterrar más de 16 años de carrera criminal, durante los cuales traficó kilos y kilos de drogas, corrompió autoridades, lavó dinero, violó muchas leyes en varios países y perpetró al menos dos matanzas en México. De acuerdo con el texto firmado por Anabel Hernández, el capo primero trabajó al servicio del Cártel de Guadalajara, a las órdenes de Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, y luego de Amado Carrillo Fuentes, al lado de su amigo y socio Joaquín El Chapo Guzmán –ahora en la antesala de la extradición–, junto con quien lideró el Cártel de Sinaloa. La madrugada del 20 de enero de 2007, Palma fue extraditado a Estados Unidos junto con otros 10 capos. La administración calderonista presentó la acción como una medida enérgica contra el narcotraficante… pero la justicia estadunidense no mostró su rostro más implacable con él. El juez le dictó una condena de 192 meses de prisión (16 años) a sugerencia de la propia fiscalía, y le impuso una multa de 100 dólares. Nada mal si se considera que la sentencia podría haber llegado a cadena perpetua y a un pago de 4 millones de dólares. Además, y por intercesión de la fiscalía, el juez accedió a que Palma Salazar se quedara en una prisión en California para facilitar las visitas de su familia. Y lo más importante: ordenó tomar en cuenta los 82 meses que El Güero Palma pasó en una prisión mexicana esperando su extradición.
CIUDAD DE MÉXICO: El número de víctimas fue el punto discordante en el encuentro que sostuvieron autoridades de la Secretaría de Gobernación e integrantes del Comité de Nochixtlán. Según la Segob, las personas que perdieron la vida en los hechos del pasado 19 de junio fueron ocho. Sin embargo, la comisión asegura que son 11. Además, sostiene que hay 58 heridos de bala y más de 150 lesionados que no han querido atenderse en hospitales. En entrevista con Radio Fórmula, Itaye Cruz Guevara, integrante del Comité de Nochixtlán, dijo que “en los últimos días, en las últimas semanas, en las que se han venido dando atención a todas las personas heridas ese día, hay personas que han ya fallecido durante el transcurso de esta semana, hay personas que también están heridas y todavía no han sido atendidas por el hostigamiento que hay por parte de los niveles de gobierno”. Cruz Guevara indicó que esta cifra la expusieron ayer al subsecretario Roberto Campa. También dijo que hasta el momento no hay ninguna visita programada de Gobernación a Nochixtlán, Oaxaca. Aclaró que ello se dará siempre y cuando la comunidad lo apruebe. En el pliego que entregaron a la Secretaría de Gobernación, la comisión de Noxchitlán entregó un pliego petitorio en el que se incluye la petición formal al gobierno de que se disculpe públicamente, derecho a la verdad histórica, la no repetición de los hechos, y la intervención de representantes de organismos internacionales en la indagatoria. “La reparación integral del daño no solamente hablamos de una indemnización como lo maneja la Ley Federal del Trabajo, la reparación del daño de acuerdo a los criterios internacionales, de acuerdo a los parámetros, va más allá, hablamos de un derecho a la verdad histórica, a una disculpa pública, a la no repetición de los hechos que se han venido desarrollando”, subrayó. Ayer, el gobierno federal se comprometió a instalar mesas de trabajo en Nochixtlán, Oaxaca, a fin de garantizar la reparación del daño a los familiares de las personas que perdieron la vida y que, según las autoridades, son ocho y no 11 como aseguran los deudos. En conferencia de prensa efectuada al término de la reunión que se prolongó por espacio de casi cinco horas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, puntualizó que las indemnizaciones se entregarán una vez que concluyan las investigaciones, no antes. Asimismo recordó que el secretario Miguel Ángel Osorio Chong “reiteró que las autoridades ministeriales continuarán realizando la investigación exhaustiva y transparente, basada en evidencia científica para tener plena certeza sobre lo sucedido y deslindar responsabilidades”. “Es importante destacar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, está acompañando estos esfuerzos, al llevar a cabo su propia investigación”, dijo. En la conferencia de prensa, Campa Cifrián prometió que se iniciarán los procesos correspondientes de inmediato, para cumplir cabalmente con los derechos que la ley les reconoce. “El objetivo es garantizar la reparación del daño a la brevedad y conforme a los estándares internacionales”, dijo el funcionario. Además, reveló que junto con representantes de la propia comunidad, se establecerá una mesa de trabajo “para ir atendiendo los planteamientos conforme a las prioridades”. El subsecretario confirmó que los familiares de las víctimas solicitaron la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se encuentra en crisis financiera. “Ofrecimos que estamos listos, a partir de mañana (este viernes), para acudir a Oaxaca, en el momento en el que ellos dispongan, para trabajar en estas mesas que se han comprometido, las mesas vinculadas con todo el paquete de atención a víctimas, con las áreas correspondientes, y también la mesa para la revisión del paquete integral de acciones sociales. La disposición es plena, en buena medida en este momento dependemos de la consulta que habrán de hacer ellos con la comunidad para definir el tiempo y la modalidad de esta atención”, expuso. Al respecto, el subprocurador Gilberto Higuera Bernal añadió que “la investigación está en curso, que hemos venido trabajando de manera coordinada, absolutamente coordinada, la Fiscalía General del estado y la Procuraduría General de la República”.
Los gobernadores de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo realizan distintas acciones en sus congresos, aún mayoritarios, para “blindarse” de la justicia al dejar su mandato. Los ciudadanos y el Partido Revolucionario Institucional deben detenerlos, exigen políticos de oposición.
Legisladores y un Gobernador electo piden al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y también a los ciudadanos poner un alto a los gobernadores del tricolor que están por dejar el poder y que están tratando de blindarse por distintos medios. El miércoles pasado, Javier Corral Jurado, Gobernador electo de Chihuahua, lanzó una plataforma digital para que funcionarios y ciudadanos puedan denunciar de manera anónima irregularidades y presuntos actos de corrupción, luego de que se propagara el rumor de que la administración del priista César Duarte Jáquez destruyó documentos vinculados con estos delitos.
“Atendiendo a los rumores de la destrucción de papelería dentro de la Administración actual que encabeza el Gobernador César Duarte, [se] lanzó este formato digital con la finalidad que empleados del Gobierno y ciudadanos puedan hacer sus denuncias anónimas sobre irregularidades, manejos indebidos y actos de corrupción en las dependencias estatales”, informó el panista en un comunicado.
El Gobernador electo de Chihuahua detalló que las denuncias podrán realizarse en el sitio web Denuncia Chihuahua, que tiene un apartado para subir fotos, videos y documentos que evidencias irregularidades cometidas por servidores públicos del actual Gobierno estatal. Mucho antes de ser candidato a la gubernatura de Chihuahua, Corral Jurado denunció al priista Duarte Jáquez por diversos delitos relacionados con corrupción, enriquecimiento ilícito y uso ilegal de recursos públicos, entre otros. Un día después de su triunfo en las elecciones del pasado 5 de junio, el panista confirmó que uno de sus objetivos centrales será limpiar a la entidad de la corrupción.
“Chihuahua será el estado donde realmente toque fondo el sistema de intereses y de complicidades que llevó al enriquecimiento del Gobernador [César Duarte Jáquez], para que pueda liberarse una orden de aprehensión e inicie el proceso de recuperación de los bienes, que Duarte habría adquirido con dinero público”, expuso.
“Es irreversible nuestro compromiso, en eso vamos a documentar una de las acciones más importante que demanda el cambio político en el país que es romper el pacto político de impunidad”, expresó entonces. En casi seis años de Gobierno, el priista César Duarte aumentó 233 por ciento la deuda pública de Chihuahua, por motivos que aún no quedan claros para legisladores y ciudadanos. Al recibir la gubernatura, los pasivos del estado sumaban 12 mil 547 millones de pesos, y de acuerdo con cifras oficiales de marzo de 2015 ahora son de 41 mil 926 millones . Desde hace dos años existe ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia interpuesta por el activista Jaime García Chávez por el caso del banco Progresa Chihuahua. La misma denuncia se interpuso ante autoridades estatales, pero fue desechada, ante lo cual Corral Jurado afirma que se buscarán nuevos elementos para interponer una nueva querella. Martha Angélica Tagle Martínez, Senadora independiente, dijo a SinEmbargo que el PRI y el Presidente Enrique Peña Nieto deben hacer un llamado al Gobernador Duarte Jáquez y a otros gobernadores, como Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, y Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, para detenerse en su intento de blindarse contra posibles demandas cuando en unos meses abandonen sus cargos.
“La parte desafortunada es que los congresos están controlados por ellos y es por eso que están aprobando estas reformas. Al único que le queda poder hacer algo es al titular del Ejecutivo Federal y a su propio partido para exigir que no se decreten y publiquen estas reformas para concluir este tema y promover cuestiones de juicio político, porque ellos están a punto de salir en un par de meses”, expuso.
La Senadora destacó que el principal problema en estados como Veracruz es que el Congreso local está totalmente controlado por el Gobernador. “Estos congresos aprueban todo lo que los gobernadores manden: las cuentan públicas, el endeudamiento y ahora este tipo de reformas que están aprobando al fast track. Eso no se puede permitir. En Veracruz, por ejemplo, se controla incluso a los partidos opositores y hay varios partidos locales que han salido para servir al Gobernador”, destacó. Jorge López Martín, Diputado federal del PAN, dijo que las maniobras de los gobernadores salientes del PRI se han dado porque no tienen otra forma de poder “salvar el pellejo”, debido al cúmulo de acusaciones de corrupción que pesan sobre sus cabezas. “Es importante que la información fluya y se pueda conocer de qué monto y qué cantidad han sido los desvíos y desfalcos, y cuáles son las estrategias que están realizando”, consideró. El Diputado afirmó que la impunidad en México es insostenible y que los legisladores del PAN pedirán a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que “verifique y revise con lupa” lo que sucede en entidades como Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua.
“Es indispensable que exista una voluntad política de las procuradurías de los estados para que los gobernadores sean procesados con todo el rigor de la Ley. Será indispensable que el PRI vea más allá de sus intereses políticos y ve más por los intereses de los ciudadanos y puedan plantear mecanismos de manera urgente para que estos delincuentes puedan ser procesados a través de los mecanismos legales y el estado de derecho que debe de prevalecer”, dijo.
Hasta el momento el PRI nacional tomó hoy distancia solamente del Gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, quien echó andar toda una estrategia a través del Congreso local para blindarse de acuerdo con sus detractores políticos.
“En el partido no habremos de respaldar un solo acto, un solo dicho, un solo hecho que contravenga en Estado de Derecho”, dijo Carolina Monroy, quien es la Presidenta interina del partido tricolor.
En conferencia de prensa Monroy dijo que “nada ni nadie por encima de la Ley. En el partido no habremos de respaldar un solo acto, un solo dicho, un solo hecho que contravenga en Estado de Derecho”.
CONGRESO DE VERACRUZ FRENA A JAVIER DUARTE
Ayer, el Congreso de Veracruz frenó la designación del nuevo Fiscal Anticorrupción en la entidad, cargo en el que se preveía se ratificara a Francisco Portilla Bonilla. Lo anterior luego de la presiones sobre el presunto blindaje que el Gobernador Javier Duarte pretendía con este nombramiento. Se preveía que durante la novena sesión ordinaria del Congreso de Veracruz se sometería al pleno la designación de un Fiscal Anticorrupción, sin embargo en un primer momento el tema fue retirado del dictamen del día debido a que no alcanzó el consenso necesario entre los legisladores. La propuesta fue frenada ya que no reunió los 34 votos a favor necesarios para ser subida al pleno. Incluso la mayoría priista del Congreso local dio un giro y decidió no respaldar la moción. El Congreso veracruzano discutió la creación de una sala Especializada en materia de Anticorrupción, sin embargo, la discusión se volteó en críticas en contra de la propuesta que aseguran, es una Ley a modo para blindar al Gobernador Javier Duarte. Incluso, dentro del Recito Legislativo, diversas personas protestan con pancartas en las que lee: “#QueNoSeEscapeDuarte”. Diversos legisladores de oposición subieron a la Tribuna y aseguraron que una Nueva Sala no es necesaria, ya que este trabajo lo puede llevar a cabo el Poder Judicial de la entidad e insistieron en que se trata de un intento por legislar a una Ley “a modo” para proteger a los funcionarios corruptos del Gobierno de Javier Duarte. La Diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Ana Cristina Ledezma, consideró que “crear una sala especializada no implica una sola reforma, significa un nuevo atraco a las finanzas públicas del Estado”.
“Lamentablemente en este Congreso se siguen inventando magistrados. Ustedes están ocupando un Sistema Anticorrupción adecuándalo a su modo, para proteger a todos los funcionarios corruptos de este Gobierno”. Además, aseguró, el dictamen invade las facultades del Poder Judicial.
Hace unos días fue promulgada la reforma constitucional local en materia anticorrupción, con la que se retira el fuero al próximo Gobernador, a sus secretarios y a los presidentes municipales, aunque el beneficio legal sigue protegiendo a los diputados, al titular de la Comisión de Derechos Humanos estatal, al Fiscal General del estado y a los magistrados. La reforma constitucional también prevé la creación del Fiscal Anticorrupción, que durará cinco años en el cargo, y del Contralor General, mismo que serán designados por el Congreso veracruzano, controlado aún por el PRI y sus partidos satélites locales. Ante ello, Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador electo, exhortó al Congreso local a ceder el nombramiento del Fiscal Anticorrupción a la siguiente Legislatura para garantizar que Javier Duarte y sus cómplices no queden impunes por casos de corrupción. Duarte de Ochoa pretende dejar también al Contralor General y extender el poder de Luis Ángel Bravo Contreras, actual Fiscal General de Estado, durante nueve años más. Con los cambios constitucionales impulsados por Javier Duarte de Ochoa y con el control de los magistrados locales, quienes en mayo de este año determinaron que el Gobernador no interfirió en el proceso electoral ni desvió recursos públicos a favor del candidato del PRI, el mandatario dejaría una estructura que lo libraría de enfrentar cargos por corrupción.
EN QUINTANA ROO, OTRO PRIISTA TAMBIÉN SE BLINDA
En Quintana Roo, el Gobernador Roberto Borge Angulo se “blindó” ante la amenaza de Carlos Joaquín González, Gobernador electo, de iniciar una indagatoria sobre su gestión. Borge Angulo impulsó –a través del Congreso de Quintana Roo– la elección de Javier Félix Zetina González, un priista cercano a él y a la administración anterior, como el nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado. Además, Borge diseñó la creación de un Fiscal que sustituya al actual Procurador de Justicia y a tres magistrados del Tribunal Superior. El Constituyente Permanente de Quintana Roo, integrado por los 11 municipios del estado, validaron por mayoría la propuesta de Borge. De acuerdo con el documento Obligaciones financieras de entidades federativas, municipios y organismos, publicado por la SHCP, los cinco más endeudados al término de 2015 son la capital del país, con 71 mil 083 millones de pesos; Veracruz, con 45 mil 879 mdp; Chihuahua, con pasivos por 42 mil 762 mdp; Quintana Roo, con una deuda de 22 mil 442 mdp, y Baja California, con pasivos que suman 18 mil 169 mdp, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda.
Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), dijo que Quintana Roo ya tiene comprometido más del 87 por ciento de sus participaciones transferidas por la Federación y Veracruz el 85 por ciento; es decir, “ya tienen poco margen para endeudarse”.
La de Borge es una administraciones estatales más cuestionadas por parte de organizaciones sociales y activistas. Las difamaciones en contra de periodistas y legislaciones “a modo”, son algunas críticas que ha recibido en los poco más de cuatro años que lleva como Gobernador y que han colocado a su gestión como una de las más “represoras” en el país. El 14 de septiembre de 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Quintana Roo, promovida por el Gobierno de Borge Angulo, por considerar que atenta contra el derecho a la información. A principios de agosto de 2015, el Congreso de Quintana Roo aprobó la también llamada “Ley Borge”, que contiene disposiciones restrictivas para el ejercicio periodístico. De acuerdo con la organización Artículo 19, constituye “un acto de simulación” de un gobierno que continúa agrediendo a periodistas críticos e independientes. En el artículo 3, fracción XII de la nueva Ley de Quintana Roo, al definir el término “periodista”, se incorporan criterios restrictivos que no van de acuerdo con la concepción de este oficio como el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, señalando que debe ser una actividad de carácter “permanente con remuneración”. Por ejemplo, la legislación deja a Pedro Canché Herrera y a Rubén Espinosa Becerril fuera de la protección: simplemente no califican como periodistas porque no están (estaban, en el caso del fotógrafo) en una nómina. Rubén era freelance y Canché no está en ningún medio reconocido por el Gobierno de Borge. La CNDH argumentó respecto al artículo 3 fracción XII, en la que se delimita la calidad de periodistas con la condición de que la actividad sea “permanente”, que este concepto deja “fuera a aquellos que ejerzan el periodismo de manera no permanente, lo cual adolece de razonabilidad al excluir a tales personas del reconocimiento como periodistas, aun cuando ejercitan la libertad de expresión”. Con esta modificación a la legislación, sostuvo el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez, se podría dar lugar a diversas violaciones de los derechos de las personas “al no otorgarles el reconocimiento de la protección a los periodistas, a quienes no encuadren perfectamente en el supuesto debido a la temporalidad con la que desempeñen su actividad”.
Quintana Roo es la segunda entidad con mayor número de agresiones a la prensa, debajo del Distrito Federal, donde fue asesinado el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, y por arriba de Veracruz, el estado que concentra más asesinatos de periodistas, de acuerdo con la organización Artículo 19. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SHAILA ROSAGEL LINK: http://www.sinembargo.mx/01-07-2016/3060987
Con motivo del final del sexenio del Gobernador Gabino Cué, las autoridades del estado de Oaxaca decidieron que todas las generaciones de estudiantes que concluyeran su estudios durante este año llevarían el nombre del mandatario, por esta razón una joven inconforme con la decisión decidió “agradecerle” por la violencia generada en el estado y por todos los proyectos inconclusos que deja.
Una alumna egresada del plantel 32 del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao), ubicado en el municipio de Cuilapam de Guerrero, realizó un reclamo en su discurso de graduación al Gobernador Gabino Cué Monteagudo por la situación de violencia que se vive en el estado y por todos los proyectos inconclusos que dejará su administración. En un video difundido en redes sociales se observa a la estudiante mientras “agradece” al mandatario local, quien da nombre a la generación de la cual egresa, por la ola de violencia que se vive en la entidad, así como de los recientes sucesos ocurridos en Nochixtlán y del presunto desvío de recursos por el que ha sido señalado . “Es de vital importancia hacer énfasis en aquel que hoy nombra a nuestra generación, al Licenciado Gabino Cué Monteagudo que hace todo esto posible. Es por esto que doy las gracias por todos los proyectos inconclusos que en su sexenio no ha hecho por Oaxaca, le agradezco por su obra del Metrobús que sonaba tan prometedor pero que no tiene rastro de confirmar, por Nochixtlán y sus formas tan estratégicas de desviar problemas, por desviar periódicamente los recursos destinados al mejoramiento de infraestructura de carreteras, centros culturas y del estado en general”, menciona la joven. La egresada aseguró que gracias a estos eventos ella y sus compañeros pudieron abrir los ojos y ver de manera clara lo que ya no quieren para su estado. “Gracias Gobernador por nunca generar avances, por el retroceso y la ola de violencia que mantuvo durante su sexenio porque gracias a eso se forman individuos más radicales y pensantes, gracias a usted nosotros como jóvenes sabemos lo que ya no queremos para nuestro estado, gracias”, concluyó la joven entre aplausos de sus compañeros.
Ella no es la única estudiante que ha levantado la voz para señalar al mandatario oaxaqueño. Hace unos días, alumnos del Cobao Plantel 07, situado en San Juan Bautista Tuxtepec, realizaron una marcha pacífica para manifestar su apoyo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y solicitaron a los directivos de la institución retirar el nombre del Gobernador como padrino de generación. VIDEO:
Fuentes locales refieren que en dicho lugar se localizó un vehículo con reporte de robo, así como ropa que podría pertenecer a las víctimas las cuales se tratan de un agente de tránsito de Zacatecas y el coordinador del grupo de reacción inmediata de la policía municipal de Fresnillo, quienes fueron secuestrados por presuntos integrantes de una célula criminal.
Durante el jueves pasado, peritos forenses de la Procuraduría General del Estado de Zacatecas (PGJEZ) en colaboración con policías ministeriales, exhumaron los cadáveres de nueve personas en siete fosas clandestinas ubicadas en los municipios de Pánuco y de Villa de Cos. Fuentes locales refieren que en dicho lugar se localizó un vehículo con reporte de robo, así como ropa que podría pertenecer a las víctimas las cuales se tratan de un agente de tránsito de Zacatecas y el coordinador del grupo de reacción inmediata de la policía municipal de Fresnillo, quienes fueron secuestrados por presuntos integrantes de una célula criminal. Entre la noche del miércoles y el mediodía del jueves policías encontraron seis fosas clandestinas y en una de ellas se localizaron tres cadáveres y en cinco más igual número de cuerpos mutilados. Anteriormente en un predio en el municipio Villa de Cos elementos de la PGJEZ halló en una fosa el cráneo de un hombre de entre 30 y 35 años el cual había sido sepultado meses atrás.
Tras una jornada de 12 horas, los peritos trabajaron en un campamento en el cual un grupo de sicarios torturaron y asesinaron a ocho personas en días recientes. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/01-07-2016/3061323
La Procuraduría General de la República "tendría que perfeccionar la investigación para que estos hechos no queden en la impunidad".
A dos años del operativo militar que terminó con la muerte de 22 civiles en una bodega en Tlatlaya, Estado de México, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que hay “un contexto de tristeza frente a la impunidad de los hechos, frente a la realidad de que hoy en día no haya ningún procesado por la masacre, pero incluso frente a la realidad de una intencionalidad política de borrar los hechos, incluso de generar juicios en torno a la inexistencia de los mismos, a pesar de existir con toda claridad una recomendación que establece que entre 12 y 15 personas fueron ejecutadas arbitrariamente, ya estando a disposición de las autoridades del Estado”.
En entrevista para Aristegui CNN, recordó que “se alteraron las evidencias vinculadas con la escena del crimen , y se privó arbitrariamente de la libertad a tres mujeres que a la postre fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
Consideró que hay “una intencionalidad en un contubernio entre autoridades federales como de la Secretaría de la Defensa Nacional, con autoridades del Estado de México, justo para negar la existencia de los hechos, no podemos olvidar que el día posterior de los hechos, tanto la Sedena emitió un boletín oficial en donde refería que las 22 personas fallecidas era por consecuencia de un enfrentamiento, eso fue encubierto por las autoridades del Estado de México, quienes agradecieron públicamente a la Sedena su valor y su valentía en los operativos”.
Agregó que “el propio Estado de México estaba vinculado en los hechos, en la manipulación de la escena y en la tortura posterior a las tres mujeres sobrevivientes”.
A dos años del caso “hay indignación por la ausencia de respuesta de las instituciones del Estado Mexicano. No podemos olvidar de que a pesar de que fueron inicialmente procesados siete elementos del Ejército Mexicano, tres de ellos acusados de la ejecución extrajudicial, homicidio calificado, fueron liberados… por insuficiencia indagatoria”, expuso.
La Procuraduría General de la República “tendría que perfeccionar la investigación para que estos hechos no queden en la impunidad”, dijo Patrón.
Otra versión
El jueves, el diario mexicano El Universal publicó Tlatlaya: otra versión de la historia, una entrevista con Patricia, de 29 años de edad, sobreviviente y testigo de lo ocurrido el 30 de junio de 2014.
De acuerdo con el periódico”su historia contrasta con la de Clara Gómez —la testigo que ante la Procuraduría General de la República (PGR) se identificó con el nombre de Julia, y fue clave en el expediente contra los militares acusados del homicidio de siete de los civiles— .Clara ha dicho que Érika, su hija de 15 años que murió en el lugar, estaba secuestrada por el grupo armado y que ella estaba esa noche en el lugar del enfrentamiento porque había llegado para recuperarla. Patricia, sin embargo, afirma que ambas estuvieron ahí por su voluntad y que acompañaban a los integrantes del grupo armado que chocó con el Ejército”.
“Explica que llegó al sitio en el que estaba el grupo armado para dar sexoservicio, pero ahí encontró por casualidad a su novio, quien la mantuvo a su lado, lo que le permitió conocer durante los cuatro días previos a los hechos a otras mujeres que convivían con ellos.Entre ellas estaba también Cynthia Nava, recuerda, otra de las sobrevivientes, quien también hacía compañía a los integrantes de la organización delictiva”.
Al respecto, Patrón indicó en la entrevista para Aristegui CNN que “la señora Clara nos ha comentado que no es su intención entrar a una suerte de debate sobre la legitimidad del dicho de las víctimas. Nosotros lo que entendemos es que la versión que obra en actuaciones en el expediente es que doña Clara acude en rescate de su hija después de la llamada de ella, cuando se encuentra con los hechos que ya describíamos al inicio”.
“Nos parece que si bien el reportaje del periódico da cuenta de un testimonio de las víctimas sobrevivientes, los hechos centrales del caso están intocados, la propia víctima que entrevista el diario no se refiere a los hechos de la ejecución y de alguna manera se refiere tangentemente a los hechos posteriores de la ejecución”.
Además “no hay ningún cuestionamiento central a la veracidad y mécanica de los hechos en términos de que de 12 a 15 personas fueron privadas arbitrariamente de su vida, que hubo una manipulación de la escena del crimen y que con posterioridad las tres mujeres fueron privadas arbitratariamente de su libertad, sometidas a tortura”.
Agregó que “como centro de derechos humanos, nos parece seria la tendencia de la contraposición de los dichos y las versiones de las víctimas. Entrar en un debate sobre la legitimidad de las víctimas, es decir, si son víctimas puras o no puras, o si pudieron haber cometido algún hecho ilícito, es muy riesgoso en términos de que se podrían justificar atrocidades, como es la ejecución de un conjunto de personas”.
“Somos respetuoso del dicho de esta otra testigo sobreviviente, y nos parece, incluso irrelevante, si se trataba de personas que ejercían el trabajo sexual o no, ha habido una tendencia de descalificación al origen de su trabajo de que si era bueno o malo. Llevar ese debate a una supuesta calificación por la legitimidad de las víctimas, nos puede llevar a justificar atrocidades”, apuntó.
“El testimonio debe tomarse en cuenta para este momento de la investigación, pero en nada contradice los hechos ya planteados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, aseveró.
Recordó que “después de que la CNDH emitió su recomendación en octubre de 2014, la PGR hizo su consignación correspondiente en contra de siete militares, tres de ellos acusados por homicidio calificado, y los otro cuatro por delitos vinculados con la obstrucción de justicia y abuso de autoridad. Sin embargo pronto se fue diluyendo esa posibilidad del acceso a la justicia”.
Primero fueron liberados cuatro militares “que no habían sido acusados por homicidio, y posteriormente por desgracia sucedió la emisión de la sentencia del Tribunal Militar del Estado de México, en mayo de este año, en donde termina por liberar a los tres militares que estaban por homicidio calificado”.
“El caso permanece en la impunidad, actualmente no hay actores materiales vinculados a proceso, acusados de ningún delito, tampoco se ha investigado la responsabilidad institucional o por cadena de mando“, acotó Patrón.
El caso Tlatlaya “es un reflejo de un problema sistémico y estructural”, finalizó.
Previamente, el mandatario donó dos helicópteros del gobierno del estado. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, envió una solicitud al Congreso para enajenar a título gratuito la “Casa Veracruz” –residencia oficial del mandatario estatal-, a favor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; esto, tan sólo a unos meses de que termine su administración y comience la de Miguel Ángel Yunes. Si se aprueba esto, el gobierno electo se quedaría sin una residencia oficial. De acuerdo con E-Consulta, el lugar se ubica en la calle Guillermo Prieto número 4 en la colonia Dos de Abril de Xalapa y actualmente es la vivienda del gobernador. Además, Duarte de Ochoa solicita la autorización para ceder los derechos de posesión a título gratuito ad corpus de un predio ubicado en el número 8 de la calle Guillermo Prieto en la colonia La Piedad, a favor de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas. En la misma situación está una casa aledaña, ubicada en la calle General Rincón 201 esquina con Guillermo Prieto, de la colonia Dos de Abril, a favor de la Comisión Ejecutiva para la Atención Integral a Víctimas del Delito. En el mismo sentido, la semana pasada, la bancada priista aprobó la petición del mandatario de donar dos helicópteros del gobierno de Veracruz. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS AUTOR: REDACCIÓN LINK: http://aristeguinoticias.com/0107/mexico/duarte-quiere-regalar-casa-veracruz-y-dejar-a-yunes-sin-residencia-oficial/
Ni las autoridades capitalinas ni las federales han dado información sobre este grupo que se adjudica asesinatos, así como el envío de paquetes explosivos y cartas bombas. El grupo denominado “Individualistas Tendiendo a lo Salvaje-Ciudad de México”, que se adjudicó el asesinato de un trabajador de la UNAM en Ciudad Universitaria, advirtió que “no dudaremos en atacar mortalmente de nuevo”. En su blog, donde difunden sus comunicados y notas de prensa que publican sobre ellos, retoman una de Excélsior, que detalla cómo la “PGR reservó información sobre grupo que se adjudica homicidio de empleado de la UNAM”. El cuerpo del hombre apuñalado fue encontrado el lunes pasado, alrededor de las 21:30 horas, en un pasillo sin cámaras, ubicado frente a la Facultad de Química. Al respecto, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se limitó a informar que investigaba el asesinato del jefe de servicios de la Facultad de Química, Jaime Barrera Moreno. Sobre los motivos del crimen, el grupo indicó: “Ejecutamos a este hombre para demostrar que no sentimos respeto por la vida de los híper-civilizados universitarios ni de ningún otro, que despreciamos sus rutinas, sus normas y su moral, que rechazamos la igualdad, el progreso humano, la tolerancia, la ciencia, el colectivismo, el cristianismo, el pacifismo, la modernidad…”. El grupo llamó “a cuidarse mejor, estudiantes, docentes, investigadores de la UNAM y otras universidades”. En ese sentido, recordó otros asesinatos que se adjudican, como el de un biotecnólogo en Cuernavaca, durante 2011, así como el de un estudiante de informática del Instituto Politécnico Nacional en Iztacalco. Este mismo grupo está relacionado con el envío de cartas bomba el año pasado. Las autoridades no han dado mayores detalles sobre este grupo, sino al contrario, se reservan la información. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS AUTOR: REDACCIÓN LINK: http://aristeguinoticias.com/0107/mexico/no-dudaremos-en-atacar-mortalmente-de-nuevo-advierte-grupo-que-se-adjudica-asesinato-en-cu/
