Gobierno de Márquez da millones en contratos a “activista” que “vigila” seguridad en Guanajuato

La Mesa de Seguridad y Justicia que en el municipio de León revisa las decisiones que toman las autoridades en materia de seguridad está encabezada por Rocío Margarita Naveja Oliva, una contratista del Gobierno del panista Miguel Márquez Márquez. Naveja Oliva también es miembro de la Comisión de Seguimiento de Casos de Violencia Feminicida, creada luego de que la Comisión Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres (Conavim) realizara 14 recomendaciones a la entidad para combatir la violencia contra las mujeres. Mientras, a través de la la Universidad Humani, de la que es rectora, monopoliza la capacitación en la Secretaría de Seguridad Pública.

A través de la asociación civil con la que opera la Universidad Humani, Rocío Margarita Naveja Oliva, presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León y coordinadora ejecutiva de la Comisión de Seguimiento de Casos de Violencia Feminicida en Guanajuato, ha recibido contratos por parte del Gobierno del estado que suman casi 8 millones de pesos, del 2013 a la fecha.

Lo anterior a pesar de que la Mesa de Seguridad y Justicia debe ser independiente, representativa y apartidista, de acuerdo al Observatorio Ciudadano de León (OCL).

“Es un grupo de ciudadanos independientes, confiables, con credibilidad, con amor y pasión con alto compromiso social que contribuyen a la transformación de las condiciones de seguridad y justicia y legalidad en el Municipio”, dijo Rocío Naveja cuando rindió protesta como Presidenta de dicho organismo ciudadano, el pasado 2 de marzo.

En León, la Mesa Ciudadana es impulsada por el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex y el Observatorio Ciudadano de León. Sin embargo, la referida instancia, presuntamente independiente, está encabezada por una contratista del Gobierno estatal que encabeza el panista Miguel Márquez Márquez.

Los contratos, enfocados a la prevención de conductas delictivas, han sido asignados de forma directa, sin que medie ningún tipo de licitación o convocatoria pública.

El Gobierno del estado proviene del Partido Acción Nacional (PAN), lo mismo que el de León. La entidad sufre una violencia inédita.

EN 3 AÑOS, 8 CONTRATOS

A través de una solicitud de información, Zona Franca obtuvo copia de los contratos que ha recibido Rocío Naveja a través de su asociación civil “Sistema de Educación Superior de León, A.C.”, razón social de la Universidad Humani, de la cual es rectora.

Todos han sido celebrados por la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato encabezada por Álvar Cabeza de Vaca Appendini, aunque también se solicitó información a la Procuraduría General de Justicia del Estado, a la Secretaría de Gobierno, al Instituto Estatal de Capacitación y a la Secretaría Particular del Gobernador.

En noviembre del 2013, recibió dos contratos: uno por 1 millón 170 mil pesos para la realización de talleres para prevenir las adicciones en los jóvenes, y otro para hacer talleres de prevención de adicciones para la comunidad, por un monto de 1 millón 150 mil pesos.

En el 2014 recibió cuatro contratos más: dos en agosto y dos en noviembre.

Los dos primeros fueron para capacitar a la ciudadanía “en materia de prevención psicosocial” y para capacitar a funcionarios en el marco teórico y conceptual para la prevención social de la violencia, por la cantidad de 2 millones 505 mil pesos y 888 mil 560 pesos, respectivamente.

Los celebrados en noviembre fueron para la “formación de ciudadanos con una conciencia de corresponsabilidad en materia de seguridad” y otro para organizar un taller de capacitación y formación en actualización y seguimiento de diagnósticos participativos. Por ambos, la SSP pagó 534 mil 180 pesos.

Posteriormente, el 15 de julio del año pasado, la rectora de la Universidad Humani recibió un contrato por 775 mil 500 pesos para la realización del proyecto denominado “Apoyo y capacitación a promotores comunitarios de los polígonos a intervenir” en Guanajuato capital.

Poco más de tres meses después, obtuvo otro cuyo objeto fue desarrollar y ejecutar el programa de unidades de prevención empresarial para impulsar la cultura de la prevención y situacional en empresas establecidas en parques industriales. El monto del contrato fue de 950 mil pesos.

En total, los ocho contratos firmados entre la Secretaría de Seguridad Pública y “Sistema de Educación Superior de León, A.C.” suman 7 millones 973 mil 840 pesos, y todos fueron adjudicados mediante el esquema de invitación a cuando menos tres personas.

UNA CONTRATISTA PARA ATENDER LA VIOLENCIA FEMINICIDA

Luego de la solicitud hecha por el Centro Las Libres para que fuera emitida la Alerta de Género para Guanajuato, el Gobierno estatal conformó la Comisión de Seguimiento de Casos de Violencia Feminicida, en donde Rocío Margarita Naveja Oliva es una de las cuatro integrantes, de representación ciudadana.

El 10 de julio, la Comisión Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres (Conavim) emitió 14 recomendaciones para combatir la violencia contra las mujeres, como producto de la solicitud de alerta de género en el Estado, hecha por Las Libres, entre éstas se encuentra la creación de dicha comisión.

Las atribuciones de esta nueva comisión serán: proponer, impulsar y vigilar la atención de las acciones encaminadas a mejorar la actuación de los servidores públicos dedicados a la atención de los casos de violencia feminicida y proporcionar información a los representantes de las víctimas o sus familiares sobre la situación de sus casos, cuando así lo soliciten.

PARTICIPA TAMBIÉN EN LA MESA CIUDADANA DE SEGURIDAD

Desde el 2 de marzo de 2016, Rocío Margarita Naveja Oliva es presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, del municipio de León, cargo que ocupará por los próximos dos años.

Naveja Oliva, quien también es integrante de la comisión de seguridad del Observatorio Ciudadano de León, fue propuesta por este organismo para presidir la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia y su nombramiento tuvo que ser revisado y aprobado por el Alcalde Héctor López Santillana y por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca Apendinni.

La propuesta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia ya se había estado gestado desde administraciones municipales pasadas pero fue apenas con Héctor López Santillana cuando esta propuesta fue aceptada e implementada.

La intención es que esta Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia revise las decisiones que toman las autoridades en materia de seguridad además de proponer algunas mejoras en la materia.

Según la descripción del Observatorio Ciudadano de León, la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia “es un grupo de ciudadanos, Independientes, Confiables, con Credibilidad y Compromiso Social, que contribuyen en la transformación de las condiciones de Seguridad, Justicia y Legalidad en el Municipio de León, a través de la articulación de esfuerzos con Autoridades de los tres niveles de gobierno y tres poderes de gobierno”.

UNA LABOR MÁS COMPLACIENTE QUE CRÍTICA

En su carácter de presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, Rocío Naveja ha demostrado ser más complaciente que crítica, hace tan sólo una semana que la también rectora de la Humani Mundial acudió a las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia del Estado en León y aprovechó para elogiar el trabajo de la instancia estatal.

En medio de la ola de violencia, que dejó 21 personas ejecutadas en León tan sólo en el mes de julio, a Rocío Naveja se le preguntó cómo calificaba el trabajo de la Procuraduría General de Justicia del Estado y cuáles serían algunas de las recomendaciones que le haría a la dependencia estatal para mejorar su trabajo.

“Reconocemos el trabajo, y no solamente dicho por nosotros, hoy constatamos lo que se dice a nivel nacional: que es una de las mejores procuradurías, recientemente la reconocen como una de las dos mejores a nivel nacional y eso se está convirtiendo en un marco de referencia (…) en este momento, como ciudadanos, nos vamos confiados y seguros de que el trabajo que se está haciendo, es un trabajo profesional, serio y que garantiza realmente el servicio al ciudadano de León y del estado”, dijo Naveja Oliva.

Esta declaración fue retomada por la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien se encargó de difundirla mediante un boletín y redes sociales.

FUENTE: SIN EMBARGO/ZONA FRANCA.

AUTOR: REDACCIÓN/CARMEN MARTÍNEZ.

LINK: http://www.sinembargo.mx/04-07-2016/3062299

Acabar con la impunidad de abusos sexuales y violaciones a mujeres detenidas por policías, militares y marinos, demanda Amnistía Internacional al gobierno mexicano

Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional calificó como “un cuadro absolutamente escandaloso que refleja el nivel de tortura que sufren las mujeres en México” los datos recogidos en el informe Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, elaborado por esta organización, mismo que refleja además el nivel casi absoluto de impunidad que prevalece para quienes la practican. Esto es escandaloso “incluso para lo que se acostumbra en la región. La violencia sexual usada como tortura parece haberse convertido en parte habitual de los interrogatorios”, afirmó.

Un estruendoso silencio por parte del gobierno mexicano fue la respuesta. Normalmente ante denuncias de tal magnitud lo que hace la parte oficial es una larga lista de leyes nacionales y convenios y tratados internacionales firmados por México, que demuestran, argumenta, la voluntad de respetar los derechos humanos.

El informe de Amnistía Internacional, presentado el 28 de junio, producto de ocho meses de investigación, consigna que de las 100 mujeres recluidas en prisiones federales que contaron a Amnistía que sufrieron tortura u otros malos tratos durante su arresto e interrogatorio a manos de policías municipales, estatales o federales o miembros del ejército y la marina, 72 habían sufrido abusos sexuales durante su arresto o en las horas posteriores, y 33 habían sido violadas.

Un total de 66 dijeron que habían denunciado los abusos ante un juez u otra autoridad, pero sólo en 22 casos se habían abierto investigaciones. Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que se hayan presentado cargos de alguna clase a partir de estas investigaciones, apuntó Guevara Rosas, quien subrayó la “inacción gubernamental para investigar estas graves violaciones a los derechos humanos” lo que sólo alienta la impunidad. “Las autoridades mexicanas parecen decididas a mantener oculto este asunto”, pues “no se observa en el gobierno mexicano voluntad política real de investigar, enjuiciar y castigar la violación y otros actos graves de violencia sexual usados como forma de tortura contra las mujeres” que son detenidas por agentes policiacos e integrantes de las fuerzas armadas.

Este informe “no sólo confirma que la tortura es una práctica generalizada en el país, como lo han expresado diversos organismos internacionales de derechos humanos, sino también revela las atrocidades y violencia sexual cometidas contra las mujeres detenidas, que resultan inimaginables en una democracia”, añadió Guevara Rosas, aseverando que “no es posible sostener que se trata de casos aislados o que los elementos que recurren a la tortura son sólo algunas manzanas podridas, cuando estos testimonios de mujeres nos dice que se trata de una práctica generalizada”.

Criticó también que desde hace años el discurso oficial sea el mismo, de un compromiso declarativo por abordar el tema, pero que no se traduce en los hechos, además de que el gobierno mexicano ha mostrado “muy poca tolerancia… ante las críticas constructivas en esta materia, pues ha respondido con descalificaciones y una negación total de la situación que vive el país, a la que identificó como una de las peores crisis de derechos humanos en el hemisferio”.

Es de hacer notar que Madeleine Penman, coordinadora del informe de Amnistía Internacional, al subrayar “la impunidad alarmante para investigar y sancionar estos hechos, donde existe un encubrimiento en todos los niveles”, le haya hecho una crítica apabullante a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), instancia que, dijo, tiene un enorme presupuesto –más de mil 500 millones de pesos para 2016–, pero cuya eficacia cuestionó lamentando que aunque recibió entre 2010 y 2015 más de 7 mil denuncias de tortura u otros malos tratos, en ese lapso sólo emitió 62 recomendaciones por este rubro, además de que suele no entregar a las víctimas una copia de su expediente o asesorarlas sobre los resultados de las investigaciones.

El informe de Amnistía Internacional desenmascara los motivos por los cuales las autoridades permiten la impunidad ante el escándalo de la tortura y abusos sexuales contra las detenidas por parte de las fuerzas de seguridad:  “Las mujeres procedentes de entornos marginados son las más vulnerables en la denominada ‘guerra contra el narcotráfico’ de México. Las autoridades, normalmente más preocupadas por que se vea que están encarcelando a gente que por encontrar a los verdaderos delincuentes, suelen considerarlas objetivos fáciles.”

Según datos de las comisiones local y nacional de derechos humanos, sólo en 2013 se presentaron más de 12 mil denuncias de tortura y otros malos tratos ante estos organismos en todo el país, donde 8 mil 943 de las posibles víctimas eran hombres y 3 mil 618 eran mujeres. Entre 2013 y 2014 se duplicaron las querellas por tortura presentadas ante la Procuraduría General de la República en México, pero sólo se ha abierto un número limitado de investigaciones y de los miles de denuncias por tortura presentadas en el ámbito federal desde 1991, sólo 15 han tenido como resultado fallos condenatorios federales.

A pesar del número extraordinariamente alto de denuncias de violencia sexual infligida a mujeres por miembros de las fuerzas armadas, el Ejército informó por escrito a Amnistía Internacional que ni un solo soldado había sido suspendido del servicio por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015. La Marina informó que sólo cuatro marinos habían sido suspendidos en el mismo periodo.


“No realizar investigaciones adecuadas ni llevar a los responsables ante la justicia transmite el peligroso mensaje de que violar a mujeres o utilizar otras formas de violencia sexual para obtener confesiones es admisible y está permitido en la práctica. Las autoridades mexicanas parecen decididas a mantener oculto este asunto”, dijo Erika Guevara-Rosas, afirmando que las autoridades deben adoptar medidas urgentes para abordar el problema de la violencia sexual y la tortura de mujeres y prevenirlo.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ROSA ROJAS.
LINK: https://desinformemonos.org/acabar-con-la-impunidad-de-abusos-sexuales-y-violaciones-a-mujeres-detenidas-por-policias-militares-y-marinos-demanda-amnistia-internacional-al-gobierno-mexicano/

El miércoles, cita de padres de Ayotzinapa en SRE

Ciudad de México. Los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se reunirán con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores el próximo miércoles a las 18 horas, a fin de avanzar en el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Iguala.

La fecha del encuentro se logró después de una breve manifestación de protesta frente a la sede de la cancillería mexicana por parte de los padres y familiares de los estudiantes desaparecidos.

Ahora, casi a las 18 horas, la manifestación se trasladó a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), en Paseo de la Reforma, donde reiteraran su exigencia de que sea separado de su cargo de director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.

Felipe de la Cruz, uno de los voceros de los padres de familia, señaló que la salida de este funcionario de la PGR es un “factor indispensable” para continuar el diálogo con el gobierno federal, pues Zerón de Lucio, se ha dedicado a “obstruir” las investigaciones de los estudiantes desaparecidos e incluso “sembrar pruebas” en el proceso.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.

LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/04/padres-de-los-43-se-reuniran-con-miembros-de-sre-el-miercoles

Acusan al gobierno de Peña de cancelar cuenta de ayuda para víctimas en Nochixtlán

OAXACA, Oax: El gobierno federal en complicidad con el sistema financiero, canceló una cuenta bancaria de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CTEO) destinada a la ayuda de los familiares caídos y heridos en los hechos de Nochixtlán del pasado 19 de junio, denunció la comisión política de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE).


Dicha organización consideró que con estas acciones el gobierno busca impedir que el pueblo de México y de otros países haga llegar su ayuda económica a las víctimas en Nochixtlán.

Integrantes de la comisión política explicaron que la cuenta cancelada por el gobierno “fue creada sin fines de lucro y surgió por la necesidad de contar con la certeza y seguridad de que las donaciones llegarán a los familiares de los caídos y heridos, ante el sufrimiento y carencias a las que se están enfrentando por la negativa de las instituciones de salud de atenderlos gratuitamente”.


Acusaron que luego de que se negara a los afectados el acceso a la salud y a la justicia e incluso a la cobertura total de las cirugías y atención médica, la CTEO generó mecanismos de ayuda y apoyo social para los lesionados, así como a las familias de sus caídos.

Sin embargo, en “una acción condenable”, enfatizaron, el gobierno y bancos actúan lesivamente en contra de los que hoy necesitan del apoyo solidario de personas, organizaciones y sectores que se suman a esta lucha.

Por tal razón, la sección 22 exigió al Estado mexicano el cese inmediato de las medidas represivas que sigue adoptando para evitar a toda costa que la ayuda continúe llegando a Nochixtlán, municipio que, acusan los integrantes de CTEO, fue masacrado a manos de policías enviados por Gabino Cué, Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño y Miguel Ángel Osorio Chong.


Finalmente, advirtieron que seguirán su exigencia de castigo para los autores materiales e intelectuales de los hechos de Nochixtlán, así como la abrogación de la reforma educativa.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ, PEDRO MATÍAS.
FECHA: 3 JULIO DEL 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/446108/acusan-a-gobierno-de-pena-de-cancelar-cuenta-de-ayuda-para-victimas-en-nochixtlan

Comando roba seis autobuses de ADO en Azcapotzalco

CIUDAD DE MÉXICO: Seis camiones de pasajeros de la empresa Autobuses del Oriente (ADO) fueron robados esta madrugada por un grupo de hombres armados de una bodega en la delegación Azcapotzalco.

El incidente ocurrió en la calzada Coltongo de la colonia Trabajadores de Hierro.

El reporte realizado a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México precisa que aproximadamente a las 03:00 horas, sujetos armados amagaron y golpearon a dos veladores para luego llevarse los autobuses.

Los empleados afirmaron que fueron golpeados y encerrados por los ladrones en un cuarto, cerca de las 2:00 horas.

Los asaltantes sacaron seis autobuses blancos con franjas amarillas de la empresa ADO Estrella de Oro Texcoco Plus y se los llevaron con rumbo desconocido.

Poco después de las 6:00 horas, al llegar los guardias del siguiente turno, encontraron a sus compañeros amarrados y se percataron de la falta de las seis unidades.

La empresa dio a conocer que los autobuses tienen los números económicos 3353, 3331, 3364, 3351, 3371 y 3354.


Los trabajadores sometidos por los ladrones sólo sufrieron lesiones leves, según determinaron las autoridades.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/446109/comando-roba-seis-autobuses-ado-en-azcapotzalco

La tortura una cotidianidad en Chiapas

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A. C. registró de enero a junio de 2016, 17 nuevos eventos de tortura, ubicados en los municipios de Palenque, Comitán de Domínguez, Villacomaltitlán, San Cristóbal de Las Casas, La Concordia y Tuxtla Gutiérrez. Esta información agregada a los datos acumulados de años anteriores nos indica que en Chiapas la Tortura se ha incrementado1 y sigue siendo una práctica sistémica y sistemática, que se continúa usando como método de castigo muy arraigado en las fuerzas de seguridad y como un patrón de investigación policial ante los operadores de justicia.

El momento de la detención y los traslados de las personas continúan siendo los espacios privilegiados para la aplicación de algún método de tortura. La prevención y erradicación de la tortura en Chiapas, está lejos de ser una realidad. Es de mencionar que el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello mantiene a Jorge Luis Llaven Abarca como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a pesar de sus antecedentes como perpetrador de tortura, así como a Raciel López Salazar, Procurador General de Justicia de Chiapas, quien desde el sexenio pasado ha sido denunciado y cuestionado por la utilización de la tortura dentro de la Procuraduría local.

El caso de Margarita Gómez López y David Hernández Gómez, del municipio de Teopisca, Chiapas, quienes se encuentran en detención en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 5, desde el 24 de abril de 2014, es un ejemplo típico del uso de la tortura como método de investigación, de un proceso judicial viciado para crear culpables de un delito2 . Otro caso es el de Vidal Pivaral Matul arbitrariamente detenido sin orden de aprehensión, fue víctima de tortura en forma de golpes, patadas, asfixia, amenazas y humillación, que resultó en la autoinculpación del delito de secuestro y permanece detenido en el CERSS No. 14 “El Amate” desde hace 4 años sin haber sido sentenciado, presentando todavía signos físicos visibles de la tortura.

La práctica de la tortura, está de tal manera arraigada y generalizada en nuestro país, que existe la desconfianza que aún con la entrada en vigor del nuevo sistema penal, los funcionarios encargados de la procuración de justicia y los diferentes cuerpos policiales, continuarán con los métodos de tortura como parte de su práctica de investigación. Lo anterior debido a las deficiencias de formación de las corporaciones policiales ante el nuevo sistema judicial, ya que se ha documentado que no tienen capacidad institucional y técnica para investigar, preservar evidencias, custodiar pruebas y cuidar la cadena de custodia.

Los centros de detención como las estaciones migratorias, centros administrativos de detención, hospitales psiquiátricos, las cárceles, centros de detención de alta seguridad, entre otros, continúan siendo espacios de exterminio en donde se fomenta, tolera y justifica la tortura y otros tratos crueles inhumanos y/o degradantes. Espacios de excepción tolerados por el Estado mexicano donde no existe el respeto, garantía ni protección de los derechos humanos.

En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura que se conmemoró el 26 de junio, este Centro de Derechos Humanos reafirma su compromiso y prioridad en acompañar a las y los sobrevivientes de tortura, sus familiares y colectivos a los que pertenecen. Manifestamos que bajo ninguna circunstancia se justifica la tortura, ya que significa un ataque a la dignidad, a lo más profundo de las personas, independientemente de su edad, condición social, cultura, sexo, y/o religión, teniendo como uno de sus fines generar sufrimiento físico y psicológico a las víctimas y la desintegración total de una comunidad.

1 De marzo de 2014 a marzo de 2015 el Frayba registró 26 eventos de Tortura, en algunos casos existe más de un acto de Tortura. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A. C. Informe La Insurgencia de Los Derechos Humanos. 26 de septiembre 2015. Disponible en: http://www.frayba.org.mx/archivo/informes/150930_informe__frayba_final_final.pdf 2 Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. Dos años de encarcelamiento injusto a tsotsiles víctimas de tortura. 4 de mayo de 2016. Boletín No.11. Disponible en: http://redtdt.org.mx/?p=5965

Esta nota se publicó originalmente en: http://espoirchiapas.blogspot.mx/2016/06/boletin-del-frayba-la-tortura-una.html

FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: NOTIFRAYBA
LINK: https://desinformemonos.org/la-tortura-una-cotidianidad-en-chiapas/

Alerta el INAI sobre altos riesgos del “sexting”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) alertó sobre los riesgos que implica la práctica del sexting, que consiste en el envío de contenidos de tipo sexual a través de teléfonos móviles.

Esta práctica lleva a la pérdida de la privacidad, ya que una vez que la imagen es enviada, se pierde el control sobre su difusión, por lo tanto, los protagonistas quedan expuestos y vulnerables, destacó el INAI en un comunicado.

El fenómeno del sexting, subrayó, es una actividad que puede exponer a los menores de edad al grooming (acciones deliberadas por parte de un adulto para establecer lazos de amistad con un niño o niña en Internet, con el objetivo de obtener una satisfacción sexual), ciberacoso y sextorsión como medio de presión y ridiculización contra la persona fotografiada.

Destacó que en su publicación denominada El Efecto Internet, la asociación civil Alianza por la Seguridad en Internet presenta una encuesta sobre el sexting y cómo las tecnologías de la información ofrecen facilidad y capacidad para el envío de textos, fotos y videos con connotación sexual.

En esa encuesta sobre seguridad y privacidad en la web aplicada a 10 mil estudiantes, 85% de los alumnos de entre 12 y 16 años reveló que 36.7% conoce a alguien que ha enviado o reenviado por internet o celular imágenes suyas desnudo o semidesnudo, ya sea a conocidos o desconocidos.

Asimismo, 10.2% ha redactado o enviado mensajes electrónicos o de texto con insinuaciones sexuales, y 7.9% ha enviado o reenviado por internet o celular imágenes suyas desnudo o semidesnudo ya sea a conocidos o desconocidos.

El INAI destacó que el sexting es una amenaza latente, ya que empieza como diversión y puede terminar en una situación grave que se salga de control y que produzca consecuencias sociales, físicas, psicológicas y legales para las víctimas.

La divulgación de contenidos íntimos o privados, apuntó, puede tener consecuencias legales, dado que esta conducta se puede encontrar tipificada como un delito.

Señaló que si bien la legislación no lo contempla expresamente, existen otros tipos penales con conductas similares, como los delitos contra la intimidad y la libertad sexual, así como los relacionados con la pornografía infantil.

En ese sentido, el Instituto manifestó que de existir algún hecho que pueda ser constitutivo de delito, debe denunciarse ante la procuraduría o fiscalía que corresponda a la entidad federativa de la persona que ha sido víctima de sexting o de delitos similares.

La presentación de la denuncia es sólo una de las acciones que se puede realizar ante el sexting, pues existen otras como las acciones de responsabilidad civil, que tienen como fin reparar el daño al patrimonio moral de las personas que se ven afectadas en sus derechos a la vida privada, honor y su propia imagen, apuntó.

Lo anterior, atendiendo a la legislación civil en cada una de las entidades federativas, como en el caso de la Ciudad de México, que cuenta con la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en la capital del país, cuyo objetivo es garantizar los derechos de la personalidad.

No obstante, el INAI destacó que con independencia de las medidas legales que se puedan tomar, lo realmente importante son las acciones preventivas para evitar la práctica del sexting, pues los daños psicológicos y la reputación de la víctima pueden ser irreparables.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/446128/alerta-inai-altos-riesgos-del-sexting

Los servicios de salud, camino a la privatización

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado 24 de junio el secretario de Salud José Narro Robles insistió en que la reforma a la salud que busca la universalización de la atención médica para toda la población no implica “ninguna acción de orden privatizador o la participación de otras instancias” en la prestación de los servicios.

Sin embargo, la privatización de los fondos públicos destinados a las instituciones de salud, particularmente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya se encuentra operando por medio de la subrogación y la concesión de obras y servicios a las Asociaciones Público-Privadas (APP´s).

Así lo señala el doctor Rafael González Guzmán, profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y secretario ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES).

En entrevista con Apro, el especialista explica cómo ha sido el proceso de privatización del sector salud en el país en apego a la reforma.

Gutiérrez Guzmán identifica tres etapas: la primera en 1985 durante el llamado “ajuste estructural”, que, dice, mutiló los presupuestos de las instituciones de salud, cuyas repercusiones fueron la disminución de unidades, servicios, personal y consultas médicas, lo que provocó un debilitamiento de la atención médica y la precarización de las condiciones laborales.

La segunda etapa, prosigue, fue con la Ley del IMSS de 1995, cuando se dio “la primera gran privatización de la seguridad social”.

Abunda: “Estableció que las pensiones de los trabajadores pasaran al dominio de los bancos privados y por ley se abrió la posibilidad de la subrogación de servicios de seguridad social a prestadores privados, tal como ocurrió con las guarderías, los centros culturales y recreativos y los deportivos.

La tercera etapa, dice Gutiérrez Guzmán, se desarrolló durante el gobierno de Vicente Fox con la creación del Seguro Popular, porque consistió en la introducción de “un mecanismo de aseguramiento nuevo, un aseguramiento con un paquete de beneficios limitado, dentro de una lógica del aseguramiento privado”.

En mayo de 2009, la revista Contralínea (número 133) dio a conocer que durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón el IMSS, el ISSSTE y Pemex subrogaron servicios a empresas privadas de salud –Amerimed y Operadora de Hospitales Ángeles (OHA), entre otras instituciones–, a las cuales les remitieron sumas millonarias para la atención de servicios médicos: consultas, diagnósticos de gabinete, estudios de laboratorio, hospitalización, siquiatría, angiología, urología y neurocirugía.

El secretario de la ALAMES recuerda que desde entonces se subrogaron otros servicios: imagenología (rayos X, tomografía, ultrasonido y resonancia magnética nuclear), hemodiálisis, endoscopía, cateterismo cardíaco, ambulancias y limpieza en los hospitales.

En su opinión, las Asociaciones Público-Privadas son otra de las formas en que opera la privatización en el sector salud; por este medio, explica, “el gobierno contrata a empresas privadas para que construyan y operen hospitales durante 25 o 50 años y todo ese tiempo se le están transfiriendo los recursos públicos”.

Actualmente las APP´s tienen presencia en hospitales de alta especialidad en Guanajuato, Zumpango, Estado de México, Ciudad Victoria y Mérida, y va en aumento. El pasado 28 de junio el diario Reforma reportó que el IMSS concesionó la construcción de un hospital en Nayarit y buena parte de sus servicios médicos, además de que planea la licitación para la construcción de nuevas unidades médicas en los estados de México, Chiapas y Nuevo León.

El doctor González enfatiza que si bien la actual iniciativa en materia de salud pretende ampliar el aseguramiento de toda la población con la subrogación de los servicios de salud y las concesiones de obras se está omitiendo el hecho de que los seguros van a ser administrados por aseguradoras privadas o “articuladoras”, las cuales “comprarían servicios médicos tanto a proveedores públicos, es decir, aclara, unidades del IMSS, del ISSSTE o de la Secretaría de Salud, o preferentemente privados”.

Frente a las aseveraciones del secretario Narro Robles que rechaza el carácter privatizador de la reforma, calificando de “discursos” las distintas voces que se han manifestado en contra de la universalidad de la salud, González Guzmán sostiene que la privatización del sector salud no se realizará por medio de la puesta en venta del IMSS o el ISSSTE, sino por medio de la inyección de fondos públicos a las instancias privadas en detrimento de la inversión pública, como de hecho ya ocurre.

Además señaló que la universalización de la salud no es un proceso actual ni exclusivo de nuestro país sino que responde a una tendencia mundial: “Filipinas está en proceso de privatización, la India está en proceso de privatización, Colombia está totalmente privatizado, Chile está totalmente privatizado, entonces no es un discurso, es una realidad mundial”.

Para México, el caso de Colombia no sólo es un referente del desarrollo de la privatización de los servicios de salud bajo el esquema de la universalización en Latinoamérica, sino que la privatización de las instituciones públicas colombianas fue promovida por Julio Frenck, miembro socio de la Fundación para la Salud (Funsalud), la cual ha tenido una gran incidencia en la planeación de las políticas gubernamentales en el tema de la salud en México.

Los miembros de la Funsalud incluye a las poderosas farmacéuticas a nivel mundial como Laboratorios Pfizer, propietarios de hospitales privados, como Olegario Vázquez Aldir y el presidente del Consejo de la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM), Alfredo Rimoch (Más de 131, “Funsalud y los empresarios que marcan las políticas de salud en México”), quienes trabajan de cerca con funcionarios del gobierno como el propio secretario de salud Narro Robles y el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers.

Desde la administración pasada, la secretaria de salud Mercedes José impulsó la universalidad de la salud a partir de un estudio elaborado por la Funsalud.

Actualmente, la administración de Enrique Peña Nieto busca estrechar la relación con la Fundación, como quedó en evidencia el pasado 29 de marzo en la XXXV Asamblea General Ordinaria en la que pidió a la Funsalud “tenga la certeza de que encontrará en el gobierno de la República, en su Presidente, y en los directores de las distintas entidades públicas, encargadas del sector salud, siempre espacios de diálogo, de apertura y de trabajar de forma conjunta para seguir procurando la salud de todos los mexicanos”.

González Guzmán afirma que las repercusiones de la universalización de la salud en el país son múltiples, sin embargo, establece que una de las más preocupantes es la inestable situación laboral de los trabajadores del sector.

“En la medida que entran privados, incluso dentro del Seguro Popular, se están dando condiciones de trabajo precarias para médicos y enfermeras, ganan menos, tardan más o no logran la base, son despedidos, se les recontrata cada seis meses, carecen de vacaciones, no cuentan con ISSSTE ni Seguro Social y, por si fuera poco, médicos del Seguro Popular no tienen acceso gratuito a éste”, dice.

Este clima de inestabilidad laboral ha sido uno de los motores que han impulsado a los trabajadores del sector salud a salir a la calle en la mayor parte del país.

González Guzmán adiciona otros problemas que arrastran médicos y enfermeras en la actualidad: criminalización del ejercicio médico pese a que la situación material es ínfima, imposibilidad de ascender en el escalafón laboral, incluso para las enfermeras con estudios de posgrado y abandono y desmantelamiento de las instituciones del sector.

A raíz de esa situación, las organizaciones de trabajadores del sector salud solicitaron dialogar con el secretario Narro Robles, quien los recibió el pasado 27 de junio.
En la reunión, los inconformes demandaron la cancelación de la Comisión Federal para la Regulación y Vigilancia de los Establecimientos y Servicios de Atención Médica, debido a que, a su juicio, contribuye a la criminalización de la práctica médica.

También pidieron el establecimiento de una mesa de trabajo para discutir y resolver las problemáticas que imperan en el sector.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: DIANA ÁVILA
LINK: http://www.proceso.com.mx/446117/los-servicios-salud-camino-a-la-privatizacion

Condena la CEAV crimen de odio contra Jessica Patricia en Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) condenó el asesinato de Jessica Patricia González Tovar, de 21 años de edad, y urgió a las autoridades correspondientes a esclarecer el crimen de odio perpetrado en Monclova, Coahuila, el pasado 25 de junio, así como los hechos posteriores.

De acuerdo con el organismo, la pareja de Jessica Patricia, del mismo sexo, ha referido tratos inhumanos, crueles y degradantes, así como discriminatorios y por supuesto revictimizantes, basados en la orientación sexual de ambas.

“Debemos erradicar de nuestra sociedad las expresiones de odio en razón de la orientación sexual, expresión o identidad de género de las personas. Todos estamos obligados a hacerlo ya”, afirmó Jaime Rochín, comisionado presidente de la CEAV, y urgió a que evitemos y repudiemos los discursos que promueven el odio por parte de cualquier organización o personaje en cualquier ámbito.

Destacó que ya entraron en contacto con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Coahuila para seguir el caso e intervenir en el marco de sus facultades, y para prestarle a la viuda medidas de atención inmediata.


El pasado 25 de junio, alrededor de las 11 de la noche, Jessica Patricia se encontraba con su pareja sentimental, Fátima Bernal, afuera de una tienda de conveniencia sobre la avenida Las Torres, al oriente de la ciudad de Monclova.

Según los familiares, un hombre a bordo de una camioneta Ford Lobo empezó a agredirlas verbalmente por su lesbianismo. Sin caer en la provocación, la pareja subió al vehículo de Fátima y se alejó del lugar. Metros adelante el auto fue chocado por la misma persona que había molestado a las mujeres minutos antes.

Jessica descendió de la unidad para reclamar los daños, y en ese momento el sujeto sacó un arma de fuego y le disparó en el cuello. Posteriormente la atropelló y arrastró varios metros, según información publicada por el diario Vanguardia

El crimen de odio consternó a la comunidad, en especial a la asociación de Red de Madres Lesbianas en México.

“Nos indigna el abuso de autoridad por parte de la policía ministerial, quienes quisieron que su
viuda se declarara culpable. Asimismo, lamentamos la presunción de heterosexualidad por parte de las mismas autoridades y el uso excesivo de los términos homosexual y homofobia cuando se trata de una familia lesbomaternal. Esto fue un crimen por lesbofobia”, escribieron en su página de Facebook.

Como lo mencionaron las integrantes de la asociación, los familiares de Fátima Bernal denunciaron que la mujer fue torturada por agentes investigadores para obligarla a que se confesara responsable del homicidio, por lo que interpondrán una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/446120/condena-ceav-crimen-odio-en-coahuila

Moderno esclavismo en maquiladora finlandesa

Ciudad, Acuña, Coahuila.
Sometidos a violaciones en sus derechos laborales y humanos, trabajadores de la trasnacional finlandesa PKC Arneses y Accesorios sobreviven con salarios apenas arriba del mínimo, carecen de libertad sindical, no pueden ir al baño sin autorización de un supervisor y sus jornadas son de nueve horas de pie, además de que sus espacios no tienen ventilación adecuada y no los dejan ni tomar agua.

Todo lo anterior es avalado por un sindicato de protección de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que dirige Tereso Medina.

En entrevistas realizadas a decenas de trabajadores –las cuales se llevaron a cabo en sus hogares–, mostraron los recibos de sus salarios. Perciben en promedio de mil 700 a mil 800 pesos quincenales. Pero la mayoría pagan créditos de vivienda u otros préstamos que les reducen sus ingresos a 700 pesos o menos. Mostraron incluso un recibo de 400 pesos por una quincena de trabajo.

Las obreras y obreros –que en buena parte son originarios de otros estados, como Veracruz o Chiapas– hablan de su situación, de que no importa si tienen 10 o 20 años en la empresa, ya que ganan lo mismo.No tienen revisiones salariales anuales ni conocen su contrato; lo único que aumenta son las cargas de trabajo. Señalan que están en una condición laboral de ‘‘moderna esclavitud’’.

Denuncian que las amenazas y represión de la empresa contra los más de 7 mil 500 trabajadores se han acentuado, porque, por segunda ocasión, el Sindicato Nacional de Mineros, que dirige Napoleón Gómez Urrutia, demandó la titularidad del contrato colectivo de PKC Arneses y Accesorios, y en las próximas semanas habrá un recuento para definir cuál gremio tendrá la representación laboral. La trasnacional incluso contrató a un grupo de sicólogos para que hablen con los trabajadores y los convenzan de que voten por el sindicato de la CTM.

Los intimidan al advertir que la empresa va a cerrar, que más vale ganar poco que nada, que si votan por el gremio minero irán a la calle; también mandaron encuestadores para que saber por cuál sindicato votarán. A los team leaders o jefes les pidieron que firmen cartas que garanticen que van a apoyar al gremio de protección. La empresa, junto con el sindicato de Tereso Medina, auspicia una campaña sucia y de miedo en medios locales, en los que contrataron 45 días de anuncios y pronunciamientos contra la organización minera.

Hablan trabajadores.

(Ante amenazas sufridas, los obreros pidieron el anonimato y no permitieron fotografías, por lo que sus nombres fueron cambiados).

Guadalupe tiene más de 20 años laborando en la planta tres de PKC Arneses y Accesorios y como operadora gana 125 pesos diarios.

Señala que la labor es muy pesada y los trabajadores sufren de problemas del cuello, hinchazón de piernas y úlceras varicosas, pero no los dejan sentarse, únicamente a las embarazadas. Añade que tienen permiso de ir al baño sólo dos veces, pero con autorización del supervisor y con un tiempo contado de 10 minutos, y que, como ella fue tres veces en un día, la sancionaron.

En el mismo tenor, Jorge, quien cumplió 14 años, dice haber laborado en otras maquiladoras de esta ciudad, y Arneses es la que peor trata a los trabajadores, pues quienes tienen accidentes son despedidos porque eso no debió pasar. Relató que la semana pasada un obrero fue a renunciar, porque ya estaba muy enfermo, y le dijeron que pasara en tres días por su finiquito; cuando volvió, no lo dejaron ni entrar a la empresa y no le entregaron nada, porque ya no laboraba ahí.

Otra trabajadora, de nombre María, originaria de Veracruz, y quien lleva seis años en la planta 3, nos recibe en su vivienda, la cual renta, y dice que no puede aspirar a un crédito Infonavit, porque no lo podría pagar, apenas sobrevive con lo básico. Menciona que la empresa está efectuando paros técnicos en algunas plantas, y a los obreros les descuentan 100 por ciento de los días inhábiles o se los toma a cuenta de vacaciones. Que les aumentaron el salario sólo a 500 trabajadores, en su mayoría jefes, y que les ofrecen despensas a las madres solteras, para comprar su voto en favor de la CTM, además de que los amenazan con que deben cuidar su empleo.

José, de la planta 4 y quien tiene cuatro hijos y es de Veracruz, indicó que no les dan ni el aumento de dos a tres pesos que fijan cada año a los salarios mínimos; que los operadores deben completar un promedio de 200 arneses diarios, y hacen procesos de aproximadamente 2 mil series por trabajador; no los dejan ni ir al baño y tienen cero prestaciones; antes había préstamos, pero hasta eso quitaron. La gente quiere un cambio, porque la CTM nos tiene así de fregados. Dijo que apenas el sindicato minero reveló el contrato que tiene firmada la empresa, y resulta que en promedio les pagan 20 pesos menos de sueldo que está establecido en ese documento.

Un cortador de la planta 5, llamado Manuel, detalló que la empresa firmó el contrato colectivo con el sindicato cetemista de espaldas a los trabajadores y sin consultarlo; destacó la gran inconformidad por la actuación de Tereso Medina, que hasta se vanaglorió de haber conseguido 500 aumentos para jefes y supervisores, lo cual fue indignante para los obreros, así como el hecho de que estén entregando despensas a unos cuantos.

Otro más, que realiza planos de los prototipos, indicó que gana 143 pesos por día –apenas dos salarios mínimos–. Por el pago de su crédito de vivienda percibe 700 pesos quincenales. Dice que realiza el trabajo que debían hacer ingenieros, pero con sueldo sumamente castigado. Además, en esta región, donde las temperaturas son extremas y superan a veces los 50 grados centígrados, no les permiten tomar líquidos.

Se prevé que las próximas semanas la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) ordenará un recuento de este conflicto –el cual se podría efectuar a finales de julio o principios de agosto–, ante ello empresa y sindicato de la CTM han exacerbado la presión sobre los trabajadores, según comentaron ellos mismos. Detallan que Tereso Medina se dice amigo del actual gobernador de Coahuila.

En tanto, la representación del Sindicato Nacional de Mineros en Ciudad Acuña denunció que además de las múltiples violaciones laborales y a los derechos humanos de los trabajadores de PKC Arneses y Accesorios, la empresa tiene metidas las manos en el proceso del recuento y no ha permitido la libertad sindical, violando la Ley Federal del Trabajo y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A petición de los trabajadores que no tenían sindicato, el gremio que dirige Gómez Urrutia presentó la primera demanda de titularidad del contrato colectivo de trabajo, a lo que la empresa se adelantó e impuso un sindicato de protección. En octubre de 2012 se llevó a cabo el primer recuento, el cual estuvo plagado de irregularidades, fraudes y amenazas a los trabajadores. En una votación de 7 mil 366 participantes, la diferencia a favor del gremio cetemista fue de apenas 198 votos. Por lo que ahora ha presentado la segunda demanda de titularidad.

Esta organización ha realizado una labor contracorriente, ya que ha desnudado el contrato de protección de la CTM, lleva a cabo volanteo sobre sus derechos, denuncia de violaciones, mítines y perifoneo diario en las plantas, para alertar a los trabajadores de que pueden cambiar sus condiciones laborales y humanas en esta maquiladora.

En tanto los trabajadores advierten que hay desesperación y hartazgo por esta situación de moderno esclavismo en el norte del país.


FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: PATRICIA MUÑOZ RIOS
LINKK: http://www.jornada.unam.mx/2016/07/04/politica/040n1pol

Corrupción y violencia ponen al Edomex, de cara al 2017, en la misma vía que venció al PRI en 2016

El Estado de México no conoce la alternancia. Durante más de 80 años ha sido gobernado por un sólo partido: el Revolucionario Institucional (PRI), y esto no es un dato menor porque se trata de la entidad más poblada del país y en donde 16 mil personas han sido asesinadas y 11 mil mujeres han sido violadas durante los últimos cinco años. Sólo en 2015, 62 mil actos de corrupción fueron cometidos por cada 100 mil habitantes; una cifra que asustaría al país más corrupto del mundo. La impunidad une y alimenta ambos hechos: violencia y corrupción. En esta entidad, sólo ocho de cada 100 ilícitos son denunciados. En 2017, los mexiquenses votarán para elegir a un nuevo Gobernador. El partido del Presidente Enrique Peña Nieto ejerce un control clientelar sobre millones de personas, sobre todo las más pobres, y la prensa crítica, la sociedad civil e incluso los partidos de oposición apenas asoman la cabeza. ¿Son las cifras de violencia, corrupción e impunidad una razón suficiente para que los electores castiguen al PRI en las próximas elecciones? Quizás. Este 2016, Tamaulipas, Quintana Roo y Veracruz, que viven una pesadilla similar, decidieron darle la espalda al priismo, que gobernó desde la post Revolución a sus padres, a sus abuelos.

La violencia y corrupción son dos factores que podrían ponerle fin a casi un siglo de hegemonía tricolor en el Estado de México, concuerdan analistas. El alza en la tasa delictiva y la omisión de las autoridades se suman a la pobreza, la censura y el control social ejercido por un mismo partido a lo largo de los últimos 80 años en esta entidad para perfilar una elección local cuyo resultado podría ser histórico.

Los comicios del año 2017 les darán a los habitantes de este estado dos opciones. Por un lado, perpetuar un sistema ya conocido cuya más reciente administración dejó como saldo un entorno de violencia en el que nueve de cada 10 mexiquenses han sido víctimas de ilícitos y por otro, apostar por otros grupos políticos.

La desconfianza de los ciudadanos ha posicionado al Estado de México en el segundo lugar nacional en cuanto a cifra negra. Los delitos no son denunciados porque el vínculo entre las instituciones y los mexiquenses está roto: la omisión de las primeras ha llegado a un punto en el que los segundos dejaron de creer que es útil acudir a las autoridades cuando un delito es cometido, pues la experiencia señala que pocas veces se hace justicia.

El círculo violencia-impunidad-violencia ha sumido a la entidad en los niveles más bajos de procuración de justicia (a pesar de ser uno en los que ya fue implementado el nuevo sistema de justicia penal) y en los más altos de incidencia delictiva, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).


El Estado de México ha descuidado a sus mujeres. Esa es una denuncia que no cesa y que ha tomado fuerza en el último lustro, cuando la entidad desplazó a Ciudad Juárez, en Chihuahua, como la primera a nivel nacional en cantidad de feminicidios. Sin embargo, las mujeres no son el origen ni el fin del problema. El Estado de México descuidó a todos sus habitantes: niños, jóvenes, adultos y adultos de la tercera edad por igual. No sólo los ha dejado a merced de la delincuencia, sino que ha omitido su responsabilidad en el combate de la misma.



SEIS MUJERES SON VIOLADAS CADA DÍA

El esposo de Carmen Zamora está recluido en el penal de Chiconautla, en Ecatepec, desde marzo de este año. Carmen no lo visita cada semana, pero sí cuenta los días para que termine su condena: “si sale, me va a matar”, asegura la mujer. Después de presentar denuncias y utilizar las redes sociales para hacer visible su caso, Carmen logró que un juez le creyera: su esposo la violó y ejerció violencia física y psicológica sobre ella.

Su caso no es la excepción. En esta entidad, seis mujeres son víctimas de violación cada día. Entre enero de 2011 y abril de 2016, fueron denunciadas 11 mil 254 violaciones: un promedio de dos mil 250 al año, 187 por mes, seis cada 24 horas, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESSP).

Los feminicidios no se quedan atrás: aunque la Secretaría de Gobernación (Segob) activó la Alerta de Género para 11 de los 125 municipios en julio de 2015, a menos de un año de su implementación el registro de este delito suma 90 casos. Además, la implementación de esta alarma tardó cuatro años y medio en ser puesta en marcha desde que se realizó la solicitud correspondiente.

“Lo único que significa activar la Alerta de Género es que mediáticamente parece que se está atendiendo el asunto, pero en los hechos, las mexiquenses siguen sufriendo la violencia de género”, explicó el licenciado José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C., en entrevista para SinEmbargo.

La incidencia de este delito no ha disminuido porque las autoridades mexiquenses han sido incapaces de implementar programas de prevención. “No se trata sólo de las acciones posteriores al delito, sino a evitar que suceda”, dice Mariana Meza Hernández, investigadora del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC).

Lo que sí han hecho las instituciones estatales es gastar alrededor de ocho millones y medio de pesos en “calcomanías, imanes y plumas”, como SinEmbargo dio a conocer en marzo pasado. En contraste, “no se ha invertido en algún foro, volante o tríptico para informar a la población”, de acuerdo con David Mancera Figueroa, presidente de la organización civil Solidaridad por las Familias.

Mientras tanto, activistas aseguran que la Alerta de Género fue utilizada como botín político y que la población desconoce las acciones implementadas por el Gobernador, Eruviel Ávila Villegas.

La violencia de género es un fenómeno con causas, consecuencias e incluso métodos de investigación y tipificación específicos. Sin embargo, no es posible entenderla fuera del contexto en el que viven todos los habitantes de esta entidad, un contexto de violencia desbordada.

NUEVE DE CADA 10 MEXIQUENSES, VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

En abril de este año, un grupo de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente de 15 años de edad que estaba embarazada, asaltaron un camión en esta entidad. A punta de pistola obligaron a quienes viajaban a bordo a entregarles sus pertenencias y dispararon para infundir temor en las personas. Una de estas balas impactó en el pie de la joven embarazada.

Este cuadro retrata la situación que vive a diario el Estado de México, en donde sólo una de cada 10 personas se salva de la delincuencia. Las nueve restantes han sido víctimas de todo tipo de delitos: desde extorsión hasta homicidio. No obstante, ocupa el lugar 29 entre los 32 estados en cuanto a procuración de justicia, correlación que explica por qué sólo ocho de cada 100 delitos se denuncian.

Desde que al actual Gobernador asumió su cargo, en septiembre de 2011, en el estado han tenido lugar 16 mil 629 homicidios; de estos, más de 10 mil 300 fueron dolosos, es decir, el 70 por ciento. Asimismo, han sido denunciados 846 secuestros y cuatro mil 574 extorsiones, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública.

“En el Estado de México hay zonas que están fuera de control”, dice José Antonio Ortega. “Llama la atención que sean los municipios que rodean a la Ciudad de México como Ecatepec, Nezahualcóyotl o Chalco en donde la violencia se ha desbordado”, analiza el abogado.

Al respecto, la investigadora de CIDAC, Mariana Meza, considera que “la frontera entre estados siempre es un lugar violento, un territorio bastante disputado por lo que significa para el crimen organizado y que además supone un problema de evasión de responsabilidades cuando ocurren delitos en estos límites”.

El crecimiento sostenido en estas cifras muestra que las autoridades han sido incapaces de responder al problema y garantizar la seguridad de los habitantes de este estado. Así lo explica José Antonio Ortega: “las autoridades han sido rebasadas y hay una falta de credibilidad tanto en las instituciones como en el Gobernador”.

Cuando las personas sienten que las instituciones no cumplen con su tarea de procuración de justicia, deciden tomar el asunto en sus propias manos. Así ha sucedido en este estado, en donde durante la última década, este estado se posicionó como el primer lugar a nivel nacional en casos de linchamiento de acuerdo con el reporte Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014), de los investigadores Raúl Rodríguez Guillén y Norma Ilse Veloz Ávila.

“No los justifico. Se tiene que acudir a las instituciones para resolver nuestros problemas, pero la ausencia de autoridades estatales es lo que los está provocando”, dice Ortega Sánchez. Esta ausencia también es cuantificable: en cuanto a procuración de justicia penal, este estado ocupa el lugar número 29 con respecto al total nacional.

Aunque el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio ya entró en vigor en todo el territorio que abarca el Estado de México, un estudio realizado por CIDAC señala que su efectividad es de sólo siete por ciento, ya que las denuncias de delitos del fuero común tardan, en promedio, cuatro horas para ser recibidas a través de esta modalidad y hay dos defensores públicos por cada 100 mil habitantes.

LA CORRUPCIÓN: EL VÍNCULO ROTO CON LA CIUDADANÍA

Todos estos factores resultan en un alto porcentaje de impunidad: el segundo a nivel nacional, sólo por debajo de Quintana Roo. El Índice Global de Impunidad 2016 elaborado por la Universidad de las Américas Puebla arroja que en el Estado de México sólo son denunciados ocho de cada 100 delitos, lo que significa impunidad en 92 por ciento de los casos.

No es sorpresa que esto ocurra en una entidad en la que 12 mil de cada 100 mil personas consideran que han sido víctimas de la corrupción, la mitad de estas durante su contacto con autoridades de seguridad pública; y en donde se registraron, tan sólo en un año, 62 mil actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015 realizada por el Inegi.

Aunque la Procuraduría estatal el estado ejerce más de 130 pesos per cápita (multiplicado por los 15 millones de habitantes da un total de mil 950 millones de pesos), el porcentaje de sentencias condenatorias entre el total de delitos consumados, es decir, plenamente probados, no pasa del dos por ciento.

Las cifras indican que los mexiquenses han optado por dejar de denunciar los ilícitos de los que son víctimas o testigos debido a que estos trámites rara vez encuentran una conclusión justa.

Sin embargo, las consecuencias no se limitan a estadísticas poco favorables. Como resultado de la corrupción e impunidad también hay una desconexión con la ciudadanía, coinciden Meza y Ortega.

“Es difícil gobernar un estado con tal distanciamiento de las instituciones con la ciudadanía, pero también es muy difícil ser un ciudadano a pie y no tener el respaldo de las mismas”, dice Mariana Meza.

La investigadora de CIDAC considera que, debido al contexto en el que viven los ciudadanos de la entidad, la violencia y corrupción serán las pruebas de fuego en la elección de 2017 para todos los candidatos, no sólo para los del PRI.

la seguridad y en general la violencia van a ser uno de los más importantes, así como la corrupción. Van a ser las pruebas de fuego no sólo para el PRI, sino para todos los candidatos.


“Si las cosas siguen así, va a haber un voto de castigo al partido en el poder en el Estado de México”, proyecta José Antonio Ortega.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ALEJANDRA PADILLA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-07-2016/3054983

Axtel adquiere 49% de la empresa tecnológica Estratel

Ciudad de México. Axtel anunció la adquisición del restante 49 por ciento de Estratel, firma mexicana especializada en la integración de soluciones de tecnologías de la información (TI) para el sector empresarial y de gobierno, con lo que la empresa ya es propiedad absoluta del grupo integrado por Axtel y Alestra.

La empresa explicó que Alestra adquirió en mayo de 2015 el 51 por cierto de Estratel para impulsar su oferta de soluciones de TI y comunicación en las regiones Occidente, Bajío y Sureste del país.

"Con la compra del 49 por ciento restante por partes de Axtel se da un paso relevante en la consolidación de su oferta de soluciones", señalaron las compañías.

Estratel genera ingresos anuales por 250 millones de pesos, tiene presencia en las ciudades de Guadalajara, Querétaro, Mérida, Campeche, Chetumal, México y Monterrey, y cuenta con un equipo especializado de más de cien colaboradores.

Los resultados financieros de Estratel ya se han incluido en la información financiera consolidada de Axtel por contarse con el 51 por ciento de participación accionaria.

Estratel será dirigida por Elvia González Hernández, quien reportará a la Dirección Ejecutiva Comercial TI de Axtel, a cargo de Adrián Cuadros Gutiérrez.

Estratel mantendrá su marca y su operación de forma autónoma, pero se complementará con la red de fibra óptica de Axtel, sus Centros de Datos, Centros de Operaciones, y su portafolio de soluciones para atender, junto a su marca comercial Alestra, al sector empresarial y de gobierno.

“La adquisición del cien por ciento de Estratel forma parte de la estrategia de fortalecimiento de nuestras capacidades de TI, para atender necesidades del segmento empresarial y de gobierno. Su aportación generará más valor a los clientes e impulsará la competitividad en el mercado”, dijo Rolando Zubirán Shetler, director General de Axtel.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: MIRIAM POSADA
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/04/axtel-adquiere-49-de-la-empresa-tecnologica-estratel

Profesores de la CNTE reanudan bloqueos en Oaxaca; en la CdMx protestan frente a la BMV

La Comisión Nacional de Mediación (Conamed) se reunirá este lunes con los integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE para buscar una apertura al diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), después del ultimátum que lanzó el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong el pasado viernes a los docentes que mantienen bloqueos en Oaxaca y en otros estados.

Los bloqueos y movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se reanudaron este lunes en Oaxaca y la Ciudad de México.

En Oaxaca se reportan bloqueos en diversas carreteras de la entidad. De acuerdo con reportes de la Policía Federal, se registran bloqueos intermitentes en la carretera federal Coatzacoalcos-Salina Cruz, en su tramo La Ventosa-Tehuantepec en el pinto conocido como “Canal 33”; y en su tramo Tehuantepec-Salina Cruz. .

Además se registran dos bloqueos en la carretera Pinotepa Nacional-Salina Cruz. Otro cierre intermitente se reporta en la pista Buena Vista-Tuxtepec, en el kilómetro 35.

En tanto, otros bloqueos se reportan en las carreteras Las Cruces-Pinotepa Nacional, en el kilómetro 245+500; en la Oaxaca-Tehuantepec, en el kilómetro 248.

Además, según los acuerdos de los profesores, en Oaxaca también se prevén protestas en centros comerciales como en la cadena comercial Sam’s, Plaza del Valle, Plaza Oaxaca, además de la colocación de filtros en la carretera federal 190.

La CNTE realizará también “brigadas caza Ieepos”, pues planean acordonar el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

El plan de acción para este día indica que los integrantes de Calles Centrales y de la Coordinadora de Estudiantes Normalidad del Estado de Oaxaca (CENEO) colocarán filtros en Hacienda Blanca, sobre la carretera federal 190.

“Para formar la brigada Caza Ieepos se les exhorta a todas las delegaciones y sectores a cumplir con responsabilidad a este llamado con dos integrantes por delegación y uno por centro de trabajo sindical para poder desactivar los siguientes puntos: hotel Ku Pu, en Avenida Jacarandas No. 203. San Felipe del Agua, así como en el hotel Victoria, subiendo el Cerro del Fortín, en donde están llamando a los supervisores de de los niveles especiales a cursos (sic.)”, dice el plan de acción.


Los maestros también acordonarán Radio Universidad y continuarán con los bloqueos intermitentes en las carreteras.

CNTE BLOQUEA LA BMV

La mañana de este lunes, integrantes de la CNTE bloquearon la entrada de la Bolsa Mexicana de Valores en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

En el lugar, los docentes realizaron una valla humana para impedir el ingreso de los trabajadores.

Por la protesta, el carril lateral de Reforma se encuentra cerrado, por lo que los automovilistas han sido desviados a los carriles centrales.

En la zona, decenas elementos de la policía de Tránsito de la Ciudad de México fueron desplegados.

BUSCAN RETOMAR EL DIÁLOGO EN SEGOB 

Ayer, se informó que la Comisión Nacional de Mediación (Conamed) se reunirá este lunes con los integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE para buscar una apertura al diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob), después del ultimátum que lanzó el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong el pasado viernes a los docentes que mantienen bloqueos en Oaxaca y en otros estados.

Francisco Durán Azamar, vocero de la Comisión de prensa de la Sección 22 de la CNTE, dijo a SinEmbargo que la reunión se dará a partir de las 12:00 del día en la Ciudad de México con la finalidad de buscar acuerdos con el Gobierno federal sobre su demanda de abrogar la Reforma Educativa.

La CNTE indicó que existe la probabilidad de que por la tarde se reanude el diálogo con Osorio Chong en la Segob, pero aún no está confirmada.

El vocero dijo que los maestros han establecido desde ayer por la noche “bloqueos intermitentes” en la autopista México-Oaxaca a la altura de Nochixtlán y en Hacienda Blanca como una forma de demostrarle al Gobierno de México que no desean “un baño de sangre” por todo el país y que desean llevar el conflicto pacíficamente.

Sin embargo los maestros no han informado el lugar en donde se realizará la reunión con la Conamed.
De acuerdo con la maestra Isabel García, integrante de la Comisión Política, la reunión sigue en pie, pero el lugar aún está por definirse.


“Lo importante es que se llegue a una fecha para reanudar el diálogo con la Segob. Nos han dicho que podría ser por la tarde, pero no hay nada seguro”, dijo.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-07-2016/3062368

Se reduce brecha entre tarifas eléctricas de México y EU: CFE

Ciudad de México. El director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza, afirmó que pese a que se rompió la racha de bajas en las tarifas eléctricas durante los últimos 19 meses, las tarifas industriales son apenas 8 por ciento superiores a las que se cobran en Estados Unidos.

Explicó, que apenas en 2012 las tarifas industriales en México con respecto a Estados Unidos eran 84 por ciento mayores.

De esta manera, la brecha se ha reducido y destacó que las tarifas domésticas de bajo consumo que se le cobran al 90 por ciento de los usuarios no aumentaron y bajaron en 2015 dos por ciento y en lo que va del año registran otra reducción de dos por ciento adicionales, cuando en el pasado aumentaban en promedio 4 por ciento.


En el contexto del Informe de avances del convenio de colaboración de Profepa-CFE, Enrique Ochoa afirmó que se espera llegar a la meta en 2024 de elevar a 35 por ciento la generación de energía eléctrica con fuentes renovables.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ISRAEL RODRÍGUEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/04/se-reduce-brecha-entre-tarifas-electricas-de-mexico-y-las-de-eu-cfe

Asesinan a balazos a profesor en Guerrero

Chilpancingo, Gro. Esta mañana fue ejecutado en el centro del municipio de Tixtla, a un costado del ayuntamiento, el profesor Gelasio Navarrete. Según reportes del gobierno estatal, el maestro de profesión talabartero, quien también impartía talleres en esta materia en la escuela Normal de Ayotzinapa, fue ejecutado por un comando que viajaba en un vehículo desde donde le disparó varios balazos.

De acuerdo con los testigos, el profesor desapareció de la escena del crimen y fue llevado con rumbo desconocido, aunque se confirmó su deceso.

Sobre la violencia en el estado, el gobernador Héctor Astudillo Flores confirmó que a partir de este lunes se retiraron de Guerrero todos los elementos de la Policía Federal. Sólo permanece el cinco por ciento de los uniformados debido a que se trasladaron a los estados de Oaxaca y Chiapas para los operativos desplegados contra el magisterio disidente.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: SERGIO OCAMPO (CORRESPONSAL)
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/04/asesinan-a-balazos-a-profesor-en-guerrero