La Procuraduría General de la República (PGR) arrancó formalmente una investigación penal en contra de quien resulte responsable tras el hallazgo de 25 empresas en Veracruz que recibieron múltiples contratos del gobierno de Javier Duarte, pero que no existen en sus domicilios fiscales ni hay evidencia material de que alguna vez hayan estado en operación.
La dependencia informó a Animal Político que la indagatoria inició a partir de las primeras denuncias que ya interpuso el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante el Ministerio Público Federal, en la que confirmó la inexistencia de dichas compañías. Por cada empresa, se comenzó la integración de una averiguación previa.
Los trabajos de investigación están a cargo de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Subprocuraduría de Delitos Federales, que la semana pasada desplegó un operativo en la entidad con agentes ministeriales, policías y peritos enviados desde la Ciudad de México, para realizar las primeras comprobaciones y recabar declaraciones.
Debido a que se trata de averiguaciones de tipo penal, la PGR no proporcionará los resultados hasta que no se lleven a cabo las consignaciones, pero autoridades ministeriales indicaron que se verificarán las operaciones bancarias de estas compañías, desde sus movimientos hasta las personas que abrieron las cuentas.
Una de las personas cuyo domicilio fue utilizado para dar de alta el domicilio fiscal de varias empresas falsas, confirmó que agentes de la PGR lo visitaron para verificar su propiedad y recabar su declaración.
El pasado 24 de mayo Animal Político publicó la primera parte de un reportaje, en el que se reveló que el gobierno de Veracruz había entregado 645 millones a 22 empresas fantasma. El SAT inició una investigación que amplió a 26 compañías, y confirmó que 25 en efecto no existen, y que sus operaciones rebasarían los tres mil millones de pesos.
Por otro lado la PGR confirmó que la semana pasada funcionarios y exfuncionarios estatales del gobierno de Veracruz rindieron declaración en su delegación estatal, pero declinó revelar los motivos o cualquier otro dato por tratarse de indagatorias en curso.
El operativo
La semana pasada un equipo de la PGR encabezado por el fiscal Héctor de la Paz Cázares, titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, se trasladó al estado de Veracruz para realizar la revisión de cada uno de las direcciones fiscales de la red de compañías fantasma, entre otras diligencias.
Los agentes, que se dividieron en dos grupos, además de verificar las direcciones tomaron declaraciones ministeriales. Peritos en materia de criminalística y fotografía dela Dirección de Servicios Periciales de la PGR participaron en el operativo de investigación para recabar elementos de prueba.
Cristóbal Álvarez vive junto con su padre en un predio del puerto de Veracruz donde debería estar una de las compañías fantasma de esta red según su dirección fiscal: Carrirey SA de CV. Confirmó que seis personas que se identificaron como funcionarios de la PGR acudieron a su domicilio para recabar sus datos e inspeccionar el lugar.
Explicó que su papá José Álvarez Molina, propietario del predio, rindió una declaración a los agentes en la que narró que nunca dio autorización para que su domicilio fuera utilizado para dar de alta alguna empresa, pero que aun así le llegan estados de cuenta bancarios de Carrirey y de varias empresas más que son falsas.
Los propietarios contaron a los agentes que en el último año intentaron reportar al banco y en las oficinas de la Secretaria de Hacienda esta situación, pero no le hicieron ningún caso.
La situación en el último mes, según Cristóbal Álvarez, ha sido distinta pues ya fueron visitados por funcionarios del SAT a finales de junio, y ahora por el personal de la Procuraduría.
Como parte de esta investigación, la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR también revisará la forma en que fueron constituidas todas estas compañías, así como sus socios y representantes legales.
Animal Político publicó que las personas que aparecen como socios en las actas constitutivas de estas compañías tampoco son empresarios, sino se trata en su mayoría de personas de bajos recursos que reconocen haber dado documentos y firmasen campañas de promoción del voto del PRI o a cambio de supuestos apoyos.
Los delitos bajo la lupa
Los artículos 42 y 93 del Código Fiscal de la Federación facultan a las autoridades fiscales para presentar denuncias ante el Ministerio Público de la Federación, si cuentan con elementos que le permitan presumir que se han cometido delitos. En ese sentido, el SAT presentó las denuncias ante la PGR por el caso de las empresas fantasma.
Como primer paso de la investigación se indaga directamente a las personas morales, es decir a las empresas las cuales figuran como las probables responsables de las irregularidades descubiertas. Quien debe responder por ellas son las personas que hayan sido acreditadas como representantes legales de las mismas.
El Capítulo II del Código Fiscal contempla una amplia gama de delitos fiscales, entre los que se encuentra reportar domicilios fiscales falsos, cambios de domicilio fiscal sin previo aviso, amparar con facturas operaciones falsas, y omitir o evadir obligaciones tributarias. Son delitos que dependiendo de las particularidades en cada caso, se castigan con uno y hasta seis años de prisión.
Pero además de las empresas, el artículo 97 del código fiscal también contempla penas de seis años de prisión a servidores públicos que cometan o sea cómplices de delitos fiscales.
En una segunda fase de la investigación, que podrá requerir de nuevas denuncias y de los resultados de comprobación que lleve a cabo el SAT, se verificará el posible mal manejo de recursos públicos en este caso.
Cabe señalar que el Servicio de Administración Tributaria presume legalmente que las operaciones de estas empresas son falsas, pues las compañías no cuentan con la infraestructura pare realizar el servicio por el que fueron contratadas. Para confirmar lo anterior se contemplan facultades de comprobación a través de auditorías.
Los resultados de este procedimiento acarrearían nuevas denuncias ante la PGR o la ampliación de las ya existentes en los próximos meses.
En la PGR confirmaron que a integración de estas averiguaciones se trabaja de forma conjunta con las instancias fiscales que figuran como coadyuvantes de las mismas.
Y en Veracruz… nada
El 27 de mayo el entonces candidato al gobierno de Veracruz Miguel Ángel Yúnes, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por los contratos que la administración local concedió a esta red de empresas fantasma. Pero hasta ahora, no se ha informado de ninguna investigación en curso.
Incluso, en un comunicado oficial el gobierno de Veracruz dijo que el tema se trataba de una indagatoria que involucraba al gobierno federal con particulares, y reiteró que los contratos que le dio a esas compañías fueron legales.
En este contexto, el pasado 1 de julio el Juez Primero de Distrito con sede en Veracruz concedió una suspensión provisional dentro de una demanda de amparo solicitada por Miguel Ángel Yúnes, que obliga a la Fiscalía General de Veracruz a desahogar las diligencias relacionadas con la denuncia por la existencia de empresas fantasma.
Entre las diligencias que la Fiscalía se encuentra obligada a hacer, según las consideraciones del juez, está el recabar información ante instituciones bancarias e instancias federales, así como recabar la declaración de servidores públicos relacionados con la contratación de las referidas compañías.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/pgr-abre-investigacion-penal-por-empresas-fantasma-en-veracruz-y-sus-operaciones-bancarias/
El subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, dijo que acordará la fecha y los tiempos para la instalación de mesas de trabajo para ayudar a las víctimas de los enfrentamientos del 19 de junio pasado.
El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, acordó con los representantes de las víctimas de Nochixtlán consultar a la comunidad para determinar una fecha para realizar una visita de funcionarios al municipio, la cual estaría encabezada por él.
“En dicho caso y por instrucciones del secretario de Gobernación, un servidor, junto con funcionarios de las áreas correspondientes, habremos de acudir personalmente a Nochixtlán para garantizar la reparación del daño a la brevedad y conforme a los estándares internacionales”, dijo Campa Cifrián al término de la reunión que duró más de cinco horas y que tuvo un receso de 45 minutos.
Destacó que el proceso de atención a víctimas será acompañado en todo momento por representantes de la propia comunidad, y comentó que los asistentes a la reunión también solicitaron un mayor apoyo a través de programas sociales y de infraestructura.
Ante esto, dijo, se acordó establecer una mesa de trabajo con las instancias respectivas, aquí o allá, conforme se determine por la comunidad, para ir atendiendo los planteamientos conforme a las prioridades.
El funcionario federal resaltó que en caso de que la comunidad así lo determine, estas mesas se instalarán en el mismo espacio del municipio.
En cuanto a la solicitud de esclarecer los hechos, dijo que se reiteró que las autoridades ministeriales continuarán realizando la investigación exhaustiva y transparente, basada en evidencia científica para tener plena certeza sobre lo sucedido y deslindar responsabilidades.
Campa Cifrián destacó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acompaña esos esfuerzos al llevar a cabo su propia investigación.
El titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, reiteró su plena disposición para atender ese asunto y su compromiso de seguimiento a cada uno de los planteamientos, y también su disposición para,l personalmente, hacer una evaluación de los avances con la comunidad.
Sobre si la salida de Osorio Chong antes de que concluyera la reunión provocó la molestia de los representantes de Nochixtlán, dijo que el secretario atendió el compromiso que asumió y formuló una serie de propuestas y ellos solicitaron tiempo para discutirlo.
Agregó que en ese momento el titular de la dependencia se comprometió con ellos que “nos quedaríamos nosotros para atender la respuesta y así fue como sucedió”.
En cuanto a si los representantes de Nochixtlán solicitaron la presencia de personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que fue uno de los temas que fue incluido en las peticiones y que deberá ser analizado.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/gobernacion-acuerda-con-pobladores-visita-a-nochixtlan-para-reparar-el-dano-a-victimas/
CIUDAD DE MÉXICO: Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), escalaron sus protestas este martes en distintos puntos del país, incluida la Ciudad de México, donde padres de familia apoyan los bloqueos viales encabezados por maestros.
En Oaxaca, Chiapas y Michoacán, los maestros disidentes bloquean centros comerciales, edificios gubernamentales, carreteras, casetas de cobro, y sólo permiten el paso de vehículos particulares y camiones que abastecen mercados locales.
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó sobre los bloqueos simultáneos en al menos 20 puntos de esta capitaly la Secretaría de Educación Pública (SEP) del cierre en 252 escuelas.
Primarias y secundarias en las delegaciones Cuauhtémoc, Benito Juárez, Xochimilco y Tláhuac, entre otras, suspendieron actividades, y los docentes y padres de familia protestan en calles y avenidas.
Una de las principales protestas se registró en las inmediaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ubicada en Periférico Sur, en la delegación Magdalena Contreras, así como en la Supervía Poniente, Eje 6 y avenida Ermita.
También fueron bloqueados los carriles laterales de ambos sentidos en Periférico Sur y todos los carriles de la calzada Tlalpan.
En la delegación Xochimilco, padres de familia y maestros se realizaron protestas en la avenida prolongación División del Norte y Guadalupe I. Ramírez.
Maestros de la primaria República de España cerraron el eje 4 sur a la altura de Andrés Molina, en Iztacalco.
Mientras que en la delegación Venustiano Carranza, maestros y padres de familia bloquearon el Eje 1 Norte y Oriente, en la colonia Moctezuma; el Eje 3, a la altura de Lorenzo Bouturini, y la avenida Congreso de la Unión a la altura de Hortelanos.
Otra marcha se registró sobre la Calzada de los Misterios y Eje 2 Norte, con dirección al oriente, rumbo a la Glorieta de Cuitláhuac.
En la delegación Coyoacán, fue cerrado el Eje 10 a la altura de Papalótl.
Asimismo manifestantes protestaron en la avenida Ermita Iztapalapa, en Santa Cruz, Meyehualco, Taxqueña, Pino Suárez, y en Escuela Naval Militar, sin afectar la circulación.
También fueron obstruidos ambos carriles de avenida Tláhuac, a la altura de Francisco Jiménez, en la colonia Santiago Zapotitlán.
En la avenida Luis Cabrera, a la altura de San Jerónimo, la policía capitalina impidió un intento de bloqueo. En redes sociales se denunció abuso policial contra los manifestantes.
La dirección del magisterio disidente, alertó que la Administración Federal de Servicios Educativos de la Ciudad de México advirtió a los docentes que actuará “con todo el peso de la normatividad” contra quienes decidan sumarse al paro en protesta por la reforma educativa y las acciones ejercidas por el gobierno federal contra la CNTE.
Los dirigentes magisteriales adelantaron que se sumarán a la marcha que partirá a las 16:00 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.
Oaxaca
En Oaxaca la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) inició su jornada de resistencia con la toma de centros comerciales y algunos bloqueos carreteros en las regiones del Istmo, Costa y Mixteca.
La toma de centros comerciales inició a las 09:00 horas al igual que las oficinas centrales y descentralizadas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y las instalaciones del Hotel Victoria donde las autoridades realizan reuniones itinerantes.
De acuerdo con el menú de acciones, los maestros del sector Ocotlán bloquean el centro comercial Wallmart, los de Tlacolula, el IEEPO; lod e Etla la macroplaza, y los de periferia y ciudad, Plaza del Valle.
Los de Miahuatlán e Istmo mantienen tomada Plaza Oaxaca, los de Zimatlán el Sam’s, los estatales el Hotel Victoria y los de Tuxtepec, Home Depot.
Los maestros de la mixteca, sierra, costa y cañada realizan plantón en Hacienda Blanca, mientras que en el Istmo hay tres bloqueos en Juchitán, uno en el canal 33, otro en el crucero principal y la otra en el Espinal. Otro en Matías Romero.
La Sección 22 repudió el incremento en la tarifa de la energía eléctrica anunciada desde este día. Consideraron que esta medida confirma que las “espurias” reformas estructurales de Enrique Peña Nieto son para saquear al país y seguir empobrecido a las familias mexicanas.
Rechazaron el discurso disfrazado de bondades que difundieron los integrantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), “grupos serviles de este gobierno”, al justificar el aumento.
Por ello convocaron a los sectores organizados, estudiantes, obreros, campesinos, amas de casa y civiles a caminar de frente y con unidad hasta la caída de las reformas.
Chiapas
A 52 días del movimiento magisterial en Chiapas, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúan sus bloqueos de carreteras y puentes fronterizos internacionales y suman apoyos de organizaciones y grupos sociales que respaldan sus protestas.
En San Cristóbal de Las Casas, una caravana de taxistas marchó con sus vehículos en el tramo donde se encuentra el bloqueo de los maestros, justo en el kilómetro 46 de la entrada de la autopista a Tuxtla.
Con claxonazos y cartulinas pegadas a sus vehículos con consignas de apoyo a los maestros, unos 100 taxistas manifestaron así su apoyo a los docentes en paro.
Anoche, como hace días, activistas, organizaciones, grupos civiles y ciudadanos hicieron un cerco alrededor de los maestros que encabezan los bloqueos, como un gesto simbólico de protección ante la amenaza de que sean desalojados por un grupo de choque ligado al alcalde sancristobalense Marco Cancino.
El grupo de choque es conocido como la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (ALMETRACH), liderados por Narciso Ruíz Santiz.
En los diferentes bloqueos que mantienen los maestros en Chiapas, padres de familia les llevan agua y tamales para apoyarlos.
En los bloqueos sólo pueden pasar vehículos particulares, pipas con gasolina, transporte público local de pasaje, ambulancias, camionetas con frutas y verduras para abastecer mercados públicos tradicionales pero no pasan tráileres de empresas como Soriana, Walmart, Aurrera, Sam’s y otras tiendas comerciales.
Tampoco pasan empresas refresqueras ni tráileres o camiones de cargas con productores no perecederos.
Hoy, conductores de tráileres y camiones se organizaron para pedir a los maestros les permitan pasar. Señalaron que llevan hasta 10 días algunos de ellos varados en esos bloqueos y amenazaron con atravesar sus tráileres para impedir que nadie más pueda pasar.
Hasta el mediodía de hoy seguían los diálogos entre maestros y traileros.
Michoacán
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron casetas de cobro en carreteras de Michoacán, sin afectar la circulación, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP).
A través de su cuenta de Twitter, la dependencia reportó presencia de maestros en la caseta de Taretán sobre la autopista Siglo XXI, pero precisó que “La circulación se mantiene abierta”.
También informó de la presencia de maestros en la caseta Lengua de Vaca, en la de Zirahuén y en la de Feliciano, sobre la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas, sin que en ninguna se afecte la circulación.
Los profesores hicieron acto de presencia en la caseta de Contepec-Atlacomulco, donde también permitieron el paso de vehículos.
Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportó la presencia de manifestantes en la caseta de la autopista México-Cuernavaca y detalló que “por el momento no afectan la circulación”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/446226/la-cnte-en-oaxaca-suma-a-bloqueos-la-toma-centros-comerciales
CIUDAD DE MÉXICO: Sólo 252 de cuatro mil 200 escuelas de Educación Básica que existen en la Ciudad de México bajo la administración de la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspendieron actividades este martes para protestar contra la reforma educativa.
Según un comunicado de la dependencia encabezada por Aurelio Nuño, “en planteles de algunas zonas de la ciudad participaron, en un número reducido, maestros y padres de familia, pero en algunas regiones capitalinas tomaron parte grupos ajenos al sector educativo”, aunque no especificó cuáles.
La dependencia agregó que en cada plantel donde hubo paro se levantan las actas correspondientes para determinar las razones de la suspensión no considerada en el Calendario Escolar 2015 -2016.
Y adelantó que la Administración Federal de Servicios Educativos en la Ciudad de México de la SEP aplicará los descuentos correspondientes a cada maestro adscrito en su ámbito de competencia, si se comprueba “la ausencia injustificada de sus actividades académicas cotidianas”.
Por último, la SEP reiteró que por ninguna razón se suspenden las clases. Añadió que el ciclo escolar 2015–2016 continuará normalmente en la capital del país hasta el próximo 15 de julio, cuando concluyan las labores y se entreguen las boletas de calificaciones para alrededor de un millón 800 mil estudiantes.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/446264/paran-252-4-mil-200-escuelas-en-la-capital-informa-la-sep
CIUDAD DE MÉXICO: El dólar supera esta mañana los 19 pesos al cotizarse hasta en 19.25 en ventanilla bancaria.
El de BanRegio el precio más alto, cada billete verde en 19.25, BBVA Bancomer lo ofrece el 19.07, Banamex en 19.03 y HSBC en 18.90 pesos.
Alrededor de las 09:45 horas el dólar spot cotizaba en 18.7125 pesos, lo que representa un retroceso de 0.31 centavos o 1.43% para el peso.
En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el dólar cotiza en 18.88 pesos en promedio y en un máximo de 18.90, mientras que a la compra se adquiere en 17.75 pesos en promedio y en un mínimo de 17.73 pesos.
El mercado de divisas se vio afectado por el nerviosismo sobre la recuperación de la economía global, tras publicarse un aumento en los pedidos para sacar dinero de un fondo de bienes raíces en Gran Bretaña. Ello llevó a congelar los retiros y desencadenó una ola de ventas de acciones vinculadas a la industria en general.
La situación afectó los mercados financieros de todo el mundo, incluido el cambiario, ante la inquietud de los operadores por el impacto en la actividad económica global.
El crudo también sufrió un duro revés pues el Brent se desplomaba esta mañana 2.7 por ciento, a 48.73 dólares por barril, mientras que el WTI de Nueva York perdía 3.06% y se cotizaba en 47.48 dólares.
En México, la inversión fija bruta mostraba una caída de 1.6% en abril frente al mes anterior debido a caídas en el gasto en maquinaria y equipo, así como en el sector de la construcción.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/446223/dolar-rebasa-la-linea-los-19-pesos-cotiza-en-19-25
Filiberto Gómez Díaz asumió la gubernatura del Estado de México en 1929, año en que fue fundado el Partido Nacional Revolucionario, antecedente del actual Revolucionario Institucional (PRI).Veintidós priistas han gobernado esa entidad, sin perderla ni una sola vez. Hoy, el Gobernador es Eruviel Ávila Villegas, quien, como sus antecesores, ejerce el control sobre sus millones de habitantes por medio de la represión. En el último sexenio, las autoridades mexiquenses intentaron legalizar esta práctica por medio de leyes que justifican las agresiones de cuerpos policiacos contra civiles. En 2017, los mexiquenses votarán para elegir a su sucesor y la represión es un factor que se suma a la violencia, corrupción y censura ya no como aliado para mantener la hegemonía, sino como el enemigo que contribuiría a dejar atrás casi nueve décadas sin alternancia, tal como sucedió este año en Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo, en donde los habitantes utilizaron su voto para castigar a un partido cuya relación con los ciudadanos se ha basado en el miedo.
Eruviel Ávila Villegas es el vigésimo segundo Gobernador del Estado de México desde 1929. Entre él y los 21 que lo antecedieron hay más de una característica en común: todos, sin excepción, han pertenecido al mismo partido, el Revolucionario Institucional (PRI) desde los inicios de este, cuando su nombre era Partido Nacional Revolucionario (PNR). Todos, también, han mantenido un abierto y constante enfrentamiento con los habitantes que se interpongan a los intereses de la clase política o empresarial: ya sea un aeropuerto, una carretera o el agua de la entidad.
Al mismo tiempo, cada uno de esos gobernadores, junto con los presidentes municipales de cada uno de los municipios mexiquenses, se han encargado de defender y alimentar una estructura que les devuelve miles de votos en cada proceso electoral y los defiende del descontento de algunos.
Esa estructura, formada por gremios de transportistas, maestros, estudiantes, organizaciones vecinales y comerciantes, despierta cada que su partido los necesita: ahí están para los mítines, donde recibirán una despensa; ahí están para las elecciones, comprando votos, no sólo vendiendo el suyo; ahí están para “manifestarse” y conseguir un aumento en el precio del transporte (que es de por sí de los más caros del país); ahí están para defender algún pedazo de tierra que alguna autoridad les dijo que deben defender, aunque ese pedazo de tierra también se los estén arrebatando a ellos.
Están en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, las Juventudes Priistas, el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (Suteym), Antorcha Campesina… cada una de esas organizaciones y otras, integradas por miles de personas, tienen basta actividad a lo largo del año. La tarea no es sencilla: es defender la estructura que han forjado con el tiempo.
Por tal razón, las luchas que se han gestado en la región en la última década han soportado tanto el poder del Estado como de una parte de sus iguales que defienden a toda costa los intereses de su partido.
En el Estado de México hay personas, pueblos y organizaciones que se han dedicado a defender la tierra y los bienes naturales que por derecho les pertenecen. Esta oposición por lo general interfiere con los intereses de grupos empresariales aliados de una u otra forma con la clase política estatal y federal, quienes recurren al uso de la fuerza pública para combatir la resistencia civil. Esta práctica es común en la entidad, y ha normalizado la violencia a tal grado de ser un componente esperado y previsto durante las movilizaciones sociales.
En marzo de 2016 fue aprobada en la Cámara de diputados del Estado de México la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México. Conocida entre sus detractores como “Ley Atenco” o “Ley Eruviel”, permite el uso de la fuerza pública y el empleo de armas “cuando sea estrictamente inevitable” y fue aprobada en un clima de tensión social por el fortalecimiento de movimientos que se oponen a megaobras como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) o la carretera del Grupo Higa en San Francisco Xochicuautla.
Los grupos opositores denunciaron que se trata de una medida para liberar los territorios en donde existen proyectos o intereses empresariales. “Lo que quieren hacer es justificar la fuerza en actos de resistencia, reprimir los actos de denuncia”, dijo Ignacio Del Valle Medina, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en entrevista para este medio digital en el marco de la aprobación de la ley.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por su parte, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de algunos artículos de esta ley un mes después de su aprobación. El uso de la fuerza, dijo este organismo, puede ser utilizado para garantizar la sana convivencia, pero también “debe garantizar la protección más amplia del ejercicio de los derechos humanos”.
En el Estado de México existe una tradición de represión, que ha sido puesta en práctica en diferentes fechas y lugares. Nombres como Atenco, Tecámac o Coyotepec son referentes del uso desmedido de la fuerza pública para acallar la protesta, mismas que en más de una ocasión han tenido consecuencias fatales. Sin embargo, la resistencia de los pueblos no cesa.
AÑOS DE RESISTENCIA Y DE REPRESIÓN
La lucha de los pobladores del municipio de San Salvador Atenco puede ser la más reconocido del Estado de México en los últimos años. El movimiento que tuvo su punto de quiebre el 4 de mayo de 2006, despertó cuestionamientos sobre la política y la situación social que viven los mexiquenses. Desde entonces, hombres y mujeres de todas las edades, originarias de pequeños municipios, muchos de ellos indígenas, libran una batalla en la defensa del territorio, de sus recursos naturales y de sus usos y costumbres.
Son pobladores que llevan años en resistencia; que se han opuesto a megaproyectos y decretos presidenciales y que como consecuencia, han sido víctimas de actos de represión. Cuentan con el apoyo de contadas organizaciones defensoras de derechos humanos y hay una especie de “suerte” en que los actos represivos realizados tanto por policías estatales como militares, sean conocidos.
Xochicuautla, Coyotepec, San Salvador Atenco, San Francisco Magú, Tecámac, Tocuila, Zinacantepec y Acuexcomac, son algunos ejemplos de pueblos mexiquenses que actualmente viven bajo conflicto con el Estado.
De acuerdo con Enrique Moreno Sánchez, académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), Atenco es la reivindicación de un pueblo, de sus orígenes y de la defensa de la tierra, un concepto que actualmente parece algo lejano al mundo moderno. Ante ello, la respuesta violenta de las autoridades, señaló, puede explicarse como una falta conocimiento e información para entender las demandas de los ciudadanos.
“Se toman decisiones sin consultar a los ciudadanos, por ejemplo, muchos movimientos sociales surgen de la reivindicación de necesidades sociales y económicas y la respuesta dura y violenta del Gobierno local es porque tiene poca compresión de esos problemas, porque no los viven como tal”, detalló Moreno Sánchez.
Por tal razón, la llamada “Ley Eruviel”, aprobada el pasado 19 de marzo por el Congreso local (en su mayoría representado por el PRI y el Partido Verde ), recrudeció el panorama. Esta ley, señalaron representantes de los pueblos en diversos foros, no solo atenta la protesta social, sino que pone en riesgo la vida de los habitantes del Estado que se oponen a los proyectos del gobierno.
La Ley avala el uso de la Fuerza Pública durante manifestaciones públicas y faculta el uso de armas letales a los agentes policiacos.
“Cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento, éstos podrán hacer uso intencional de armas letales. Sólo se emplearán armas de fuego en defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o por impedir su fuga, así como en el caso de resultar insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos”, detalla el artículo.
El 27 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la petición de declarar inconstitucional dicha ley, que fue promovido por los mismos congresistas que la habían aprobado días antes.
En un recorrido por los pozos del Sistema Autónomo de Agua de Coyotepec, José Antonio Lara Duque, Director general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, dijo a SinEmbargo el pasado 26 de abril: “son estos pueblos para los que se planeó la Ley Eruviel. Estas personas son las destinatarias […] Aquí la Ley Eruviel adquiere sentido, no es una ocurrencia porque la necesitan para controlar a pueblos como este”.
Moreno Sánchez culpa al diseño institucional con el que se maneja el Estado de México, que vive en la “hegemonía del PRI”.
“Se supone que en este país no hay monarquías, aunque a veces se piense que sí, y se espera vivir en un Estado donde la alternancia política sea una realidad. El Estado de México tiene años sin alternar su gobierno y aunque hay municipios de otros partidos, les es difícil poder coordinarse con el orden de gobierno estatal y federal, y se complican las decisiones que se puedan tomar”, dijo el académico.
SAN SALVADOR ATENCO
En 2006 se opusieron a la construcción del Aeropuerto y el jueves 4 de mayo de ese año, el resultado de oponerse fue de dos personas muertas de 14 y 20 años de edad; 200 heridos; 12 personas encarceladas por cuatro años; casas destruidas. Todo por parte de cuerpos policiales.
Se registraron también casos de abuso sexual. María Sastres, una de las víctimas, contó días después el suceso al periódico La Jornada: “Nos metieron en un camión, donde nos empezaron a golpear todo el tiempo con las porras y con patadas. Además de que nos insultaban muchísimo, a nosotras por ser españolas nos llamaban etarras, putas y más cosas. Después nos cambiaron a un camión más grande, donde pasaron lista a todos –creo que éramos 38– y nos agredieron sexualmente a las mujeres”.
La oposición era a la construcción de un nuevo Aeropuerto. Denunciaron el despojo de sus tierras o el bajo costo que las autoridades querían pagar por ellas. Bloquearon y se negaron.
Tanto el entonces Presidente Vicente Fox Quezada como el gobernador Enrique Peña Nieto, dieron luz verde a los actos policiales. Ya como Presidente, Peña Nieto lanzó de nueva cuenta el proyecto para un Aeropuerto. Apenas en abril de este año, los pobladores denunciaron que un camión del Ejército mexicano, que escoltaba a un grupo de personas con material de medición topográfica, llegó al cerro de Huatepec, sitio ubicado a dos kilómetros de los terrenos donde se construye la obra.
El pasado mes de mayo se cumplieron 10 años del ingreso de la policía a los pueblos de Atenco.
SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA
Son 595 los otomíes los que libran una batalla contra Grupo Higa y el Gobierno del Estado de México.
El conflicto es por una carretera privada de 39 kilómetros que cruzará el pueblo indígena y vulnerará el sitio donde los pobladores realizan actividades de caza, pesca y recolección. El proyecto, otorgado a la constructora más polémica de la actual administración, Grupo Higa, fue licitado por Enrique Peña Nieto.
El 12 de abril de este año, cerca de 300 policías llegaron a la comunidad para custodiar los avances de la autopista Toluca-Naucalpan, que Constructora Teya y Autovan acordaron construir en el espacio de la comunidad otomí. Cerca de 700 elementos de la policía estatal derrumbaron hogares por donde se planea pase la autopista. Ante la resistencia de los pobladores, terminaron por desalojarlos haciendo uso de la fuerza. Por otro lado, el Gobierno mexiquense dijo en un comunicado que “fue respetuoso en todo momento de todos los procesos jurídicos interpuestos acerca de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan”.
El Estado desconoció el amparo que la población ganó para la suspensión de la obra que ocupará 8 kilómetros de ese poblado.
El tema de Xochicuautla actualmente es evaluado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Declaró que los indígenas viven bajo un riesgo que se incrementa mes tras mes y que la demanda otomí cumplía con los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad para que ésta exhortara al Estado de México para adoptar medidas cautelares a favor de la comunidad.
Este tema también tiene sus alcances en cuanto a la transparencia. La información relativa a la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista Toluca-Naucalpan, se clasificó como información reservada y podrá abrirse hasta 2024.
Tampoco se tiene información sobre la consulta previa realizada a la comunidad, el financiamiento, estadísticas, medios de publicación y su impacto social. Tampoco se sabe de las contraprestaciones incluidas en el contrato.
SAN FRANCISCO MAGÚ
Abigail Salvador Torres, habitante del pueblo San Francisco Magú, dijo en un foro el pasado mayo que la Ley promovida por el priista Eruviel Ávila “ya está autorizando que nos golpeen y si nos resistimos, que nos maten”.
Para Abigail es una forma de combatirlos porque “no les gusta que defendamos nuestros derechos” y legalmente podrán agredirlos, como ya lo han hecho.
En una asamblea el 8 de marzo del año pasado, narró, un grupo de granaderos golpeó “a varias personas” que estaban manifestándose contra la tala de árboles de su bosque. La semana pasada, contó a este diario digital, la comunidad estaba en la delegación del pueblo y les enviaron “tres convoyes militares y una patrulla federal”.
Desde noviembre de 2012, la empresa Merket Construcciones busca instalar un desarrollo inmobiliario denominado “Bosques del paraíso” en los predios “El Ocote y las Carretas.”. Sin embargo, gracias a la resistencia de la asamblea comunitaria el proyecto está suspendido.
COYOTEPEC
Esta población se encargó de construir y hacer funcionar sus pozos de agua desde 1963. Al día de hoy funciona como el Sistema Autónomo y Ciudadano de Agua Potable. El Ayuntamiento ha presionado desde junio de 2013 al Sistema con amenazas y ataques. Busca controlar la red hidráulica para entregarla y dar concesión a desarrollos urbanos, embotelladoras.
También al proyecto Ciudad Bicentenario en Huehuetoca, al norte del municipio.
Lunas Vargas pertenece al Partido Acción Nacional (PAN), pero la mayoría de los megaproyectos que se verían beneficiados con el agua de la comunidad son impulsados por el Gobierno estatal, a cargo del priista Eruviel Ávila Villegas.
El 9 de junio de 2013, en una asamblea en la que se discutiría el control del agua, miembros de la policía estatal replegaron a opositores con balas de goma y desde helicópteros arrojaron gases lacrimógenos.
Amnistía Internacional denunció en marzo de 2014 que los miembros de la comunidad de Coyotepec “se han opuesto a los intentos del Presidente Municipal [en ese entonces Anguiano Fuentes] de hacerse del control del suministro local de agua, pues temen que eso dé lugar a que el agua se utilice para fines comerciales y a que se reduzca su acceso. Los manifestantes han hecho protestas ante el ayuntamiento de la localidad y varios activistas han sido amenazados, en algunos casos por hombres armados aparentemente relacionados con el Gobierno municipal”.
Ocho organizaciones civiles denunciaron que en ese periodo registraron “seis ataques –incluyendo disparos de armas de fuego, golpes y amenazas– en contra de los habitantes del municipio de Coyotepec que ejercieron su libre derecho de oposición al proyecto de municipalización del agua”.
TECÁMAC
El caso de este municipio es similar al de Coyotepec, ya que están en la defensa del uso y manejo de los recursos naturales.
Ricardo Ovando Ramírez, del Sistema de Agua Potable de Tecámac –el cual es autónomo–, denunció que les están mandando un mensaje con la “Ley Eruviel” y “el mensaje es: ‘si protestas y nosotros consideramos que tu protesta es ilegal’ –que además es a criterio de ellos–, y entonces podemos hacer uso de la represión’. Pero si ellos sienten que su vida peligra, podrán hacer uso de la fuerza letal, que no es otra cosa más que matarte […] Nos están despojando, destruyendo el territorio y el agua, y nos dicen: ‘si te mueves, te vamos a matar’. Esto no lo podemos permitir, vamos hacia un Estado totalitario”, expuso a SinEmbargo.
También refirió que, con Aarón Urbina Bedolla en la Presidencia Municipal de Tecámac, han implementado una “ingeniería de conflicto” donde usan a coordinadoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para agredir a los compañeros del sistema de agua.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ALEJANDRA PADILLA, DAMIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-07-2016/3062354
Hombres armados a bordo de un vehículo en movimiento dispararon contra los asistentes de un velorio en Acapulco, provocando la muerte de un niño de seis años. Mientras que en Tixtla, los cuerpos de cuatro hombres ejecutados con arma de fuego fueron hallados en un paraje. Según las cartulinas que les fueron colocadas, las víctimas estaban relacionadas con la delincuencia. Con estos hechos, Acapulco y Chilpancingo siguen siendo las ciudades más violentas de Guerrero al sumar 518 y 110 homicidios, respectivamente, en lo que va del año.
Un niño de seis años fue asesinado ayer en un ataque armado durante un velorio en Ciudad Renacimiento, en Acapulco, Guerrero.
El ataque ocurrió a las 19:00 horas en la explanada del andador Cerro del Encinal y Zoyancingo, cerca de la delegación de la CAPAMA.
Se informó que hombres armados a bordo de un vehículo en movimiento dispararon contra los asistentes al velorio y un niño de seis años murió, mientras que su madre, Bertha N, de 38 años, quedó herida.
De acuerdo con las autoridades, el menor fue levantado por su padre que lo envolvió en una sábana blanca y lo metió a una vivienda, cerca del lugar del crimen.
La madre del niño fue trasladada al hospital Donato G. Alarcón en una ambulancia de la Cruz Roja. En el piso quedaron rastros de sangre de las víctimas.
Los asistentes al velorio, del que no se precisó de quién era, quedaron atónitos ante el ataque de los hombres armados que provocó la muerte del menor.
La zona fue acordonada por policías del estado mientras un agente del Ministerio Público realizó las diligencias y fueron encontrados siete casquillos percutidos calibre .9 milímetros.
Una hora antes, un comerciante fue asesinado a balazos mientras atendía su negocio de venta de ropa y disfraces para niños en el Mercado Central.
En lo que va del año, en Acapulco suman ya 518 víctimas de hechos violentos en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, con base en un recuento de El Sur.
En tanto, los cuerpos de cuatro hombres ejecutados a balazos fueron arrojados a la orilla de la carretera del nuevo libramiento a Tixtla, antes de los túneles, en Chilpancingo. Al lado de los cuerpos había dos narcomensajes.
De acuerdo con fuentes policiacas, a las 23:30 horas de ayer recibieron el reporte de que en el kilómetro 2 del nuevo libramiento a Tixtla había cuerpos tendidos.
Junto a los cadáveres dejaron dos cartulinas, en las que se leía “Aquí nadie muera x inocente!!!!, Esto me pasó por secuestrador y extorsionador. Esta persona secuestró y extorsiono junto con el f1 – Atentamente La Petra y un Tonto” y “Esto me paso x andar robando carro en Casa Verde y Chilpancingo. Afirmamos que la gente de la Sierra no secuestramos, extorsionamos ni robamos, si alguien de estas persona lo anda haciendo x fa hágalo saber y nosotros nos encargamos. Tel. Cel. 747499742”.
Los cuatro cuerpos estaban encimados, tenían las manos atadas hacia la espalda y presentaban impactos de bala en el cuerpo y cabeza.
Al lugar acudieron policías municipales, estatales y federales, quienes resguardaron el lugar, y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) a realizar las primeras pesquisas.
Los cuatro cuerpos se encuentran en calidad de desconocidos y fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de la capital.
Con este hecho suman 110 asesinatos en Chilpancingo, presuntamente relacionados con la delincuencia organizada, de acuerdo con un recuento del periódico El Sur.
FUENTE: SIN EMBARGO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-07-2016/3062729
Chilpancingo. Gro: Un comando ejecutó esta madrugada al primo del alcalde perredista de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, en la convulsionada región de Tierra Caliente.
Mientras que en el puerto de Acapulco fue localizado un hombre decapitado y en la ciudad de Iguala dos jóvenes más fueron acribillados.
Los cuatro homicidios dolosos de lo que va de este martes se suman a los ocho asesinatos registrados ayer en diferentes puntos de la entidad, donde destaca el crimen de un niño de seis años que estaba con su familia en un velorio cuando fueron atacados con ráfagas por un grupo armado en la zona conurbada de Acapulco.
Así como cuatro jóvenes acribillados en Chilpancingo, además del profesor de la normal de Ayotzinapa ejecutado y el crimen del jefe de custodios de la cárcel de Arcelia, administrada por la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Según la administración del gobernador Héctor Astudillo, la ola de violencia es culpa de las protestas del magisterio disidente que se opone a la reforma educativa porque las manifestaciones sociales “ocupa y distrae” la atención de las corporaciones policiacas federal y estatal en la entidad, afirmó ayer el vocero de Seguridad estatal, Roberto Álvarez Heredia.
De acuerdo a reportes oficiales, cerca de las 04:00 horas de este martes fue localizado el cuerpo de un hombre al interior de una bolsa de plástico abandonada en el basurero del poblado de Cutzamala de Pinzón.
La víctima fue identificada como Sebastián Soto Rodríguez de 41 años, primo hermano del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte y quien se desempeñaba como chofer del edil perredista.
En el puerto de Acapulco, cerca de las 09:00 horas, las autoridades estatales reportaron el hallazgo del cuerpo de un hombre decapitado tirado sobre la calle Tabasco de la populosa colonia Progreso.
Mientras que en Iguala, aproximadamente a las 08:00 horas, fueron encontrados dos jóvenes ejecutados en las inmediaciones de la colonia Francisco Villa, ubicada al norte de Iguala, donde la ola de violencia no cesa.
Ayer, el vocero de Seguridad de la administración de Héctor Astudillo, justificó la incapacidad del gobierno estatal frente a la narcoviolencia argumentando que al menos mil 500 policías federales que realizaban labores de prevención del delito en la entidad fueron desplazados al vecino estado de Oaxaca para confrontar las protestas del magisterio contra la reforma educativa.
Por ello, responsabilizó al magisterio disidente de la brutal ola de violencia que persiste en la entidad.
“No existe ningún ánimo de confrontación con los maestros, pero deben estar conscientes de que su propia actuación distrae recursos humanos que deberían ocuparse en alcanzar la seguridad de los guerrerenses”, expresó el funcionario estatal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/446243/acumula-guerrero-4-ejecuciones-en-lo-va-del-dia
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Genaro Azkary Soto Flores, cuarto visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), fue detenido por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por presuntamente estar involucrado en el secuestro de un hombre.
Soto Flores se encuentra detenido en celdas del C-4 y la tarde de ayer fue presentado ante el juez Iván Acosta Solís por el delito de secuestro agravado dentro de la causa penal 214/2016, informó el diario Vanguardia.
Fuentes extraoficiales indicaron al medio que la detención se llevó a cabo ayer a las 11:45 horas, pues el afectado, de nombre Jesús Orozco Coronado, lo acusa de privarlo de su libertad con el apoyo de dos personas más, para quitarle la cantidad de 20 mil pesos.
Según la versión de la víctima, fue interceptado en el libramiento Carlos Salinas de Gortari por tres personas que iban a bordo de una camioneta, los cuales lo bajaron de su unidad a golpes y amenazándolo con armas, todo esto frente a su familia.
Dijo que lo subieron a un vehículo que recorrió varias partes de la región, mientras le exigían miles de pesos para liberarlo, pero finalmente accedieron a recibir 20 mil pesos.
Soto Flores, de 38 años de edad, será presentado nuevamente ante el juez en una audiencia pública el próximo miércoles a las 13:00 horas.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila confirmó mediante un comunicado de prensa que el visitador regional se encuentra detenido.
“Este organismo expresa que, consecuentemente con su manera tradicional de proceder, coadyuvará con las autoridades en todo aquello que esté a su alcance para el puntual esclarecimiento de los hechos y la procedente aplicación de las normas que corresponden al debido proceso de ley”, señala en el documento.
El visitador ingresó a la CDHEC en julio del año 2004 como notificador; el 1 de abril de 2005 fue ascendido al cargo de visitador Adjunto; el 16 de febrero del 2013 asumió la función de cuarto visitador regional con sede en Monclova, Coahuila, y competencia en los municipios del Centro del estado.
A decir de la CDHEC, durante el tiempo que él estuvo al frente de la Visitaduría no existió ninguna señal que diera lugar a suponer su participación en ningún tipo de delito.
“En cualquier caso, la CDHEC ratifica su posición de condena terminante a la comisión de cualquier delito, especialmente aquellos que son de naturaleza grave, razón por la cual confía en que la autoridad competente resuelva en los términos de ley sobre este caso concreto y, de ser ciertos los hechos y responsabilidades se aplique la ley con el mayor rigor”.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/446236/detienen-a-visitador-derechos-humanos-en-coahuila-presunto-secuestro
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un grupo de estudiantes tomó la noche del lunes las oficinas de la Rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) por una discrepancia en la asignación de Becas de Movilidad Internacional y Nacional.
Así lo informó la propia institución a través de un comunicado en el que además indicó que en este año otorgó 345 becas de acuerdo con la disponibilidad presupuestal establecida.
La demanda de los alumnos es que el rector general de la universidad, Salvador Vega y León, dialogue con ellos para solucionar su petición sobre la asignación de becas para estudiar en el extranjero.
Sin embargo, la UAM argumentó en su comunicado que conceder más becas comprometería las finanzas institucionales.
La institución expresó su disposición al diálogo e informó que desde la tarde del lunes el grupo de inconformes fue atendido por la directora de Enlace con Sectores Educativos, el abogado general y el secretario general de la Universidad.
Además señaló que convocó a una reunión con el coordinador general de Vinculación y Desarrollo Institucional, cuya función, entre otras, es presidir el Comité de Becas de Movilidad de la UAM.
Dicha reunión se llevaría a cabo este martes a las 17:00 horas, en el edificio de la Rectoría, precisó la UAM.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/446224/alumnos-toman-rectoria-la-uam-piden-becas-estudiar-en-extranjero
Fotografías, testimonios y la investigación de la Fiscalía de Oaxaca revelan que no sólo los integrantes de la Gendarmería sacaron armas de grueso calibre durante el pasado desalojo de Nochixtlán. Miembros de la División de Fuerzas Federales también desenfundaron. Este hecho vuelve a evidenciar el desastre de aquel operativo. De hecho, la estrategia gubernamental ante la inconformidad de los maestros es duramente criticada… por los agentes federales.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Las investigaciones sobre el enfrentamiento en Nochixtlán, Oaxaca, apuntan no sólo a la Gendarmería, el cuerpo creado por iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, sino también a las Fuerzas Federales, la división de la Policía Federal (PF) que desplegó el equipo antimotines y, al igual que la Gendarmería, reforzó con hombres armados el operativo de desalojo del pasado 19 de junio.
Las imágenes que han circulado sobre el enfrentamiento muestran tanto a efectivos de la Gendarmería como de Fuerzas Federales accionando sus armas de cargo. Algunos fueron captados en posición de tiro, otros en acciones armadas de retirada o de ofensiva, como la de los federales que entraron con sus rifles al panteón de la comunidad, donde detuvieron a 18 personas ajenas a los choques entre civiles y la corporación.
Las indagatorias a cargo de la Fiscalía de Oaxaca se han centrado en identificar las armas y calibres que llevaban ambas divisiones de la PF y cuáles fueron accionadas, así como la de los calibres que provocaron la muerte de ocho personas. Los primeros reportes oficiales indican que tres policías federales fueron heridos de bala, calibres .22 y .38.
Al mando de las Fuerzas Federales está el general Salvador Camacho Aguirre, quien de acuerdo con el reglamento de la PF fue el responsable de proponer al comisionado general de la corporación, Enrique Galindo Ceballos, el plan de contingencia para el desalojo de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) asentados en la carretera Oaxaca-Cuacnopalan, en el municipio de Nochixtlán.
De acuerdo con sus facultades, Camacho debió proponerle a Galindo la estrategia y la táctica operativa de restauración del orden, para lo cual cuenta con la Coordinación de Restablecimiento del Orden Público. El mismo reglamento indica que la operación tiene que ser proporcional al hecho en casos de que la población se encuentre en situaciones de alto riesgo por disturbios. Pero enfatiza que las operaciones de restablecimiento del orden y la paz pública se tienen que hacer “con estricto apego a los derechos humanos”.
La Gendarmería también tiene facultades para ejecutar acciones táctico-operativas de disuasión, reacción, contención y restablecimiento del orden. Lo hace a través de la Dirección General de Operaciones Estratégicas y Unidades Especiales. Además, la Gendarmería también debe dar seguridad al libre tránsito de las personas, bienes y servicios.
Pero a la Gendarmería, a cargo de Manelich Castilla Craviotto, y a las Fuerzas Federales, bajo el mando del general Camacho, el operativo se les salió de las manos y recurrieron a la fuerza desproporcionada.
Fuerza desatada
El coordinador de la Dirección de Investigación Aplicada en Policía, Seguridad y Justicia del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), Alejandro Espriú Guerra, considera que lo ocurrido en Nochixtlán apunta hacia un uso excesivo de la fuerza.
Aunque aclara que la organización autónoma Insyde no valida ninguna versión, porque hasta ahora la información que se conoce es incompleta y confusa, asegura que el Estado mexicano no ha podido demostrar que cuenta con sistemas de control, revisión y, sobre todo, aprendizaje en el uso de la fuerza policial.
“Esto sigue ocurriendo por la falta de controles políticos y jurídicos que no sólo permitan a las propias instituciones policiales reconstruir los hechos, sino también asegurar consecuencias a los responsables al determinar cómo fue la toma de decisión”, dice el internacionalista graduado en Oxford y especializado en seguridad pública y ciudadana.
Asegura que México carece de ese sistema de rendición de cuentas, pero también de sistemas profesionales para que la policía haga un uso proporcional de la fuerza.
Si bien la supervisión operativa es una de las mayores dificultades para las policías en todo el mundo, dice que sí existen sistemas que permiten evaluar si en un operativo hubo un desatino institucional o si un agente o varios se salieron de la orden recibida.
Ante lo ocurrido en Nochixtlán, “la policía sale a decir algo pero no tiene sustentos técnicos para convencer a la opinión pública. El resultado es una desconfianza social muy grande, porque hay un vacío entre la poca normatividad que hay sobre el uso de la fuerza y lo que vemos en las calles”, dice Espriú.
Directo, señala que México ha renunciado de manera directa al cumplimiento de los principios y criterios que se han creado desde los noventa en el ámbito internacional, porque ni ha creado la ley para el uso de la fuerza ni las plataformas de profesionalización y mecanismos para que sus agentes se apropien de lo que implica una reglamentación de esta naturaleza.
El titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, de quien depende la PF en la Secretaría de Gobernación, aseguró que la Unidad de Asuntos Internos de la corporación policial investigará lo ocurrido en Nochixtlán.
El especialista de Insyde es, por lo menos, escéptico: “No tenemos certeza respecto de la Unidad de Asuntos Internos. No hay certeza porque ningún externo ha podido verificar la manera en que opera. Una Unidad de Asuntos Internos con los más altos niveles internacionales tendría que contar con autonomía de gestión, de recursos y funcionamiento. En México, no estamos seguros de cómo funciona”.
Subraya que en otros países la información incluso es validada por una supervisión externa a la policía.
Las dudas, desde dentro
Los mandos policiales son cuestionados incluso por elementos que participaron en el fallido desalojo que derivó en acciones de represalia, como la captura y sometimiento durante más de 12 horas de dos policías federales, el 27 de junio, por parte de supuestos integrantes de la CNTE.
Ante la humillación de la que fueron objetos los dos policías, efectivos de la corporación se inconformaron a través de las redes sociales. La noche de ese día, en un mensaje anónimo en la plataforma de Facebook, escribieron: “¿Dónde están aquí los mandos. Qué esperan para rescatar a los compañeros? ¿Dónde está (el comisionado general) Galindo, (el comisario de la Coordinación de Reacción Inmediata, José Luis Enrique) Cobián (López), y el de Gendarmería (Castilla Craviotto)?… Esperan para que los dejen humillar”, escribieron en el muro titulado El Bunnker.
El mismo día de los enfrentamientos en Nochixtlán, los propios elementos antimotines quedaron desprotegidos y en su retirada en dirección a la ciudad de Oaxaca lanzaron gases lacrimógenos a casas habitacionales. A las seis de la tarde del 19 de junio, cuando intentaron llegar a Oaxaca, un grupo de federales, sin armas antimotines, tuvo que ser auxiliado desde el aire para que pudieran avanzar.
De acuerdo con el relato de testigos que presenciaron el repliegue policial, en la localidad Hacienda Blanca, un grupo de agentes se abrió paso auxiliado por un helicóptero que lanzaba gases sobre el camino, mientras un civil lanzaba cohetones con dirección al helicóptero. En las calles no sólo había profesores. También muchos pobladores.
Los policías se resguardaron parcialmente en una finca, mientras tres civiles les lanzaron piedras. La PF respondió con gases desde el aire. Intentaban ingresar a la capital del estado, después del frustrado intento de desalojo en Nochixtlán.
Para incursionar en Hacienda Blanca, lanzaron gases a zonas habitacionales y pudieron abrirse paso entre las barricadas instaladas por los profesores y simpatizantes, quienes se replegaron ante las bombas lacrimógenas. Los policías avanzaron así hacia el crucero de Trinidad de Viguera, una de las entradas que conecta la ciudad de Oaxaca con la Ciudad de México.
Esa misma noche, un contingente de federales ingresó a la ciudad ante los atónitos pobladores. Durante unos 10 minutos desfiló un largo convoy de camionetas, camiones y motocicletas de la Policía Federal. Ya no los escoltaban desde el aire.
Hacienda Blanca es el mismo lugar en el que integrantes del magisterio disidente instalaron un retén el 14 de junio. Ese día mantuvieron retenidos algunos vehículos pertenecientes a empresas comerciales.
También retuvieron un camión de la PF que transportaba a cinco agentes, quienes llevaban uniformes y equipo antimotines a sus compañeros apostados en otras zonas de bloqueos. Los disidentes se apoderaron del equipo, lo arrojaron al asfalto y le prendieron fuego, en una acción que, dijeron, forman parte del reclamo a las autoridades por la detención de los líderes de la CNTE, acusados de lavado de dinero.
En Oaxaca, la PF se ha enfrentado también a su propia realidad: elementos inconformes por falta del pago suplementario.
Desde que fueron desplegados en Oaxaca (junio del año pasado), los policías de las tres divisiones de la PF apostados en el lugar denunciaron las condiciones precarias en que laboran: carencia de comida o bien alimentos en condiciones insalubres, así como falta de pago.
Incluso el 27 de julio de 2015 efectivos de las Fuerzas Federales estuvieron a punto de irse a la huelga: “No se nos ha depositado el bono por operatividad, el cual debió entregarse el día 21 o a más tardar el 23 de este mes. De ello está enterado el comisario general Salvador Camacho Aguirre. Sin embargo, no le importa si nosotros tenemos o no necesidad de disponer de este recurso que ya nos hemos ganado. Estamos decayendo anímicamente”, señalaron en comunicaciones internas, de las cuales tiene copia Proceso.
Argumentaban: “En Oaxaca nos estamos dando en la madre defendiendo intereses políticos igual que lo hacemos en estados conflictivos como Michoacán, Guerrero y Chiapas. Sin hacer de menos las demás ciudades (sic), éstas son las de mayor incidencia delictiva política y social, en donde resguardamos las instalaciones de los maestros, quienes ya están planeando cómo partirle la madre a nuestros compañeros”.
En esa ocasión, el llamado era un exhorto para realizar una huelga en cada uno de sus servicios. Nunca pararon.
En otro documento fechado el día 30 de ese mes, inquirían de nuevo a Camacho Aguirre: “¿Y la operatividad cuándo?, ya que dicho pago no ha sido pagado por la CNS”.
En el documento hacen referencia a tres “vertientes” por las que no se ha realizado el pago de operatividad.
“La primera apunta a que no se ha solicitado dicho pago por parte de los enlaces de la División; la otra es que, al parecer, el director general de Recursos Humanos estaba ‘robando’ el bono que fue aportado incluso por parte del gobierno de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, el cual constaba de 7,000.00 pesos; la última vertiente indica que el personal de la Secretaría General no está de acuerdo con el pago de este bono a federales, ya que ellos no lo reciben, por lo que solicitaron una retabulación para que también se les otorgue.”
Los agentes le dicen a Camacho que no entienden por qué, a pesar de que son Fuerzas Federales –la columna vertebral de la PF–, son los más castigados y menospreciados. Le recuerden que son el grupo que más enfrentamientos ha tenido, más aseguramientos de drogas y de presuntos narcotraficantes, entre ellos algunos de los más buscados.
Le dicen que si compara sus resultados con los de otras divisiones se dará cuenta de que la mayor parte del trabajo “sucio” lo realiza “Fuerzitas”, como son conocidos por otras áreas de la CNS.
“Señor jefe de división, ya es hora de que seamos tratados como se debe, ya es justo que sea reconocido nuestro trabajo, la razón por la que no pagan la operatividad y el bono no es cuestión nuestra ni suya, pero recuerde que en nuestras manos está la seguridad de todo el país. Recuerde que hay compañeros durmiendo en lugares inapropiados en los estados donde el conflicto magisterial ha causado estragos, donde las elecciones no dan el resultado que el pueblo espera.
“Aun así, los compañeros de Fuerzas Federales están al pie del cañón aguantando hambre, sueño, mal comidos, y encima están con la zozobra ante la espera de que sea pagada la operatividad y el bono que usted prometió y que los gobernadores de los estados ya entregaron a la CNS.
“Sabemos que este mensaje va a llegar a usted, sabemos que hay un oficio donde tratan de coartar nuestra libertad de expresión diciendo que estas prácticas –circular documentos de inconformidad a través de grupos de Whatsapp– están prohibidas, y sí, lo son, siempre y cuando se revele información que ponga en riesgo la seguridad nacional o vulnere la vida privada de algún particular, pero no para expresar lo que pensamos y sentimos, recuerde que ante todo somos ciudadanos mexicanos con los mismos derechos y garantías que otorga la carta magna.”
Le recuerdan, eso sí, que el personal de esa división le reitera su subordinación y respeto tanto a él como al entonces titular de la CNS, Monte Alejandro Rubido García.
Más tarde se enteraron de que Enrique Galindo Ceballos emitió un oficio en el que pide que se comunique a todo el personal de la PF perteneciente a la División de Fuerzas Federales que, “en relación con el oficio PF/DFF/CRAI/DGUAOC/7263, se haga del conocimiento que con fecha 1 de julio (de ese 2015) deja de existir el bono de riesgo de trabajo denominado Operatividad, con fundamento en los artículos 112, 114 y 117 Fracciones III, IV y VIII del reglamento de la Policía Federal, hasta nueva orden”.
Ello a pesar de que ese bono era para solventar gastos como lavandería, aseo personal y del armamento, además de alimentos.
FUENTE: PROCESO
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA Y OATRICIA DÁVILA
LINK: http://www.proceso.com.mx/446216/nochixtlan-la-policia-federal-disparo
