Filiberto Gómez Díaz asumió la gubernatura del Estado de México en 1929, año en que fue fundado el Partido Nacional Revolucionario, antecedente del actual Revolucionario Institucional (PRI).Veintidós priistas han gobernado esa entidad, sin perderla ni una sola vez. Hoy, el Gobernador es Eruviel Ávila Villegas, quien, como sus antecesores, ejerce el control sobre sus millones de habitantes por medio de la represión. En el último sexenio, las autoridades mexiquenses intentaron legalizar esta práctica por medio de leyes que justifican las agresiones de cuerpos policiacos contra civiles. En 2017, los mexiquenses votarán para elegir a su sucesor y la represión es un factor que se suma a la violencia, corrupción y censura ya no como aliado para mantener la hegemonía, sino como el enemigo que contribuiría a dejar atrás casi nueve décadas sin alternancia, tal como sucedió este año en Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo, en donde los habitantes utilizaron su voto para castigar a un partido cuya relación con los ciudadanos se ha basado en el miedo.
Eruviel Ávila Villegas es el vigésimo segundo Gobernador del Estado de México desde 1929. Entre él y los 21 que lo antecedieron hay más de una característica en común: todos, sin excepción, han pertenecido al mismo partido, el Revolucionario Institucional (PRI) desde los inicios de este, cuando su nombre era Partido Nacional Revolucionario (PNR). Todos, también, han mantenido un abierto y constante enfrentamiento con los habitantes que se interpongan a los intereses de la clase política o empresarial: ya sea un aeropuerto, una carretera o el agua de la entidad.
Al mismo tiempo, cada uno de esos gobernadores, junto con los presidentes municipales de cada uno de los municipios mexiquenses, se han encargado de defender y alimentar una estructura que les devuelve miles de votos en cada proceso electoral y los defiende del descontento de algunos.
Esa estructura, formada por gremios de transportistas, maestros, estudiantes, organizaciones vecinales y comerciantes, despierta cada que su partido los necesita: ahí están para los mítines, donde recibirán una despensa; ahí están para las elecciones, comprando votos, no sólo vendiendo el suyo; ahí están para “manifestarse” y conseguir un aumento en el precio del transporte (que es de por sí de los más caros del país); ahí están para defender algún pedazo de tierra que alguna autoridad les dijo que deben defender, aunque ese pedazo de tierra también se los estén arrebatando a ellos.
Están en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, las Juventudes Priistas, el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (Suteym), Antorcha Campesina… cada una de esas organizaciones y otras, integradas por miles de personas, tienen basta actividad a lo largo del año. La tarea no es sencilla: es defender la estructura que han forjado con el tiempo.
Por tal razón, las luchas que se han gestado en la región en la última década han soportado tanto el poder del Estado como de una parte de sus iguales que defienden a toda costa los intereses de su partido.
En el Estado de México hay personas, pueblos y organizaciones que se han dedicado a defender la tierra y los bienes naturales que por derecho les pertenecen. Esta oposición por lo general interfiere con los intereses de grupos empresariales aliados de una u otra forma con la clase política estatal y federal, quienes recurren al uso de la fuerza pública para combatir la resistencia civil. Esta práctica es común en la entidad, y ha normalizado la violencia a tal grado de ser un componente esperado y previsto durante las movilizaciones sociales.
En marzo de 2016 fue aprobada en la Cámara de diputados del Estado de México la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México. Conocida entre sus detractores como “Ley Atenco” o “Ley Eruviel”, permite el uso de la fuerza pública y el empleo de armas “cuando sea estrictamente inevitable” y fue aprobada en un clima de tensión social por el fortalecimiento de movimientos que se oponen a megaobras como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) o la carretera del Grupo Higa en San Francisco Xochicuautla.
Los grupos opositores denunciaron que se trata de una medida para liberar los territorios en donde existen proyectos o intereses empresariales. “Lo que quieren hacer es justificar la fuerza en actos de resistencia, reprimir los actos de denuncia”, dijo Ignacio Del Valle Medina, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en entrevista para este medio digital en el marco de la aprobación de la ley.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por su parte, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de algunos artículos de esta ley un mes después de su aprobación. El uso de la fuerza, dijo este organismo, puede ser utilizado para garantizar la sana convivencia, pero también “debe garantizar la protección más amplia del ejercicio de los derechos humanos”.
En el Estado de México existe una tradición de represión, que ha sido puesta en práctica en diferentes fechas y lugares. Nombres como Atenco, Tecámac o Coyotepec son referentes del uso desmedido de la fuerza pública para acallar la protesta, mismas que en más de una ocasión han tenido consecuencias fatales. Sin embargo, la resistencia de los pueblos no cesa.
AÑOS DE RESISTENCIA Y DE REPRESIÓN
La lucha de los pobladores del municipio de San Salvador Atenco puede ser la más reconocido del Estado de México en los últimos años. El movimiento que tuvo su punto de quiebre el 4 de mayo de 2006, despertó cuestionamientos sobre la política y la situación social que viven los mexiquenses. Desde entonces, hombres y mujeres de todas las edades, originarias de pequeños municipios, muchos de ellos indígenas, libran una batalla en la defensa del territorio, de sus recursos naturales y de sus usos y costumbres.
Son pobladores que llevan años en resistencia; que se han opuesto a megaproyectos y decretos presidenciales y que como consecuencia, han sido víctimas de actos de represión. Cuentan con el apoyo de contadas organizaciones defensoras de derechos humanos y hay una especie de “suerte” en que los actos represivos realizados tanto por policías estatales como militares, sean conocidos.
Xochicuautla, Coyotepec, San Salvador Atenco, San Francisco Magú, Tecámac, Tocuila, Zinacantepec y Acuexcomac, son algunos ejemplos de pueblos mexiquenses que actualmente viven bajo conflicto con el Estado.
De acuerdo con Enrique Moreno Sánchez, académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), Atenco es la reivindicación de un pueblo, de sus orígenes y de la defensa de la tierra, un concepto que actualmente parece algo lejano al mundo moderno. Ante ello, la respuesta violenta de las autoridades, señaló, puede explicarse como una falta conocimiento e información para entender las demandas de los ciudadanos.
La Ley avala el uso de la Fuerza Pública durante manifestaciones públicas y faculta el uso de armas letales a los agentes policiacos.
El 27 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la petición de declarar inconstitucional dicha ley, que fue promovido por los mismos congresistas que la habían aprobado días antes.
En un recorrido por los pozos del Sistema Autónomo de Agua de Coyotepec, José Antonio Lara Duque, Director general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, dijo a SinEmbargo el pasado 26 de abril: “son estos pueblos para los que se planeó la Ley Eruviel. Estas personas son las destinatarias […] Aquí la Ley Eruviel adquiere sentido, no es una ocurrencia porque la necesitan para controlar a pueblos como este”.
Moreno Sánchez culpa al diseño institucional con el que se maneja el Estado de México, que vive en la “hegemonía del PRI”.
“Se supone que en este país no hay monarquías, aunque a veces se piense que sí, y se espera vivir en un Estado donde la alternancia política sea una realidad. El Estado de México tiene años sin alternar su gobierno y aunque hay municipios de otros partidos, les es difícil poder coordinarse con el orden de gobierno estatal y federal, y se complican las decisiones que se puedan tomar”, dijo el académico.
SAN SALVADOR ATENCO
En 2006 se opusieron a la construcción del Aeropuerto y el jueves 4 de mayo de ese año, el resultado de oponerse fue de dos personas muertas de 14 y 20 años de edad; 200 heridos; 12 personas encarceladas por cuatro años; casas destruidas. Todo por parte de cuerpos policiales.
Se registraron también casos de abuso sexual. María Sastres, una de las víctimas, contó días después el suceso al periódico La Jornada: “Nos metieron en un camión, donde nos empezaron a golpear todo el tiempo con las porras y con patadas. Además de que nos insultaban muchísimo, a nosotras por ser españolas nos llamaban etarras, putas y más cosas. Después nos cambiaron a un camión más grande, donde pasaron lista a todos –creo que éramos 38– y nos agredieron sexualmente a las mujeres”.
La oposición era a la construcción de un nuevo Aeropuerto. Denunciaron el despojo de sus tierras o el bajo costo que las autoridades querían pagar por ellas. Bloquearon y se negaron.
Tanto el entonces Presidente Vicente Fox Quezada como el gobernador Enrique Peña Nieto, dieron luz verde a los actos policiales. Ya como Presidente, Peña Nieto lanzó de nueva cuenta el proyecto para un Aeropuerto. Apenas en abril de este año, los pobladores denunciaron que un camión del Ejército mexicano, que escoltaba a un grupo de personas con material de medición topográfica, llegó al cerro de Huatepec, sitio ubicado a dos kilómetros de los terrenos donde se construye la obra.
El pasado mes de mayo se cumplieron 10 años del ingreso de la policía a los pueblos de Atenco.
SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA
Son 595 los otomíes los que libran una batalla contra Grupo Higa y el Gobierno del Estado de México.
El conflicto es por una carretera privada de 39 kilómetros que cruzará el pueblo indígena y vulnerará el sitio donde los pobladores realizan actividades de caza, pesca y recolección. El proyecto, otorgado a la constructora más polémica de la actual administración, Grupo Higa, fue licitado por Enrique Peña Nieto.
El 12 de abril de este año, cerca de 300 policías llegaron a la comunidad para custodiar los avances de la autopista Toluca-Naucalpan, que Constructora Teya y Autovan acordaron construir en el espacio de la comunidad otomí. Cerca de 700 elementos de la policía estatal derrumbaron hogares por donde se planea pase la autopista. Ante la resistencia de los pobladores, terminaron por desalojarlos haciendo uso de la fuerza. Por otro lado, el Gobierno mexiquense dijo en un comunicado que “fue respetuoso en todo momento de todos los procesos jurídicos interpuestos acerca de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan”.
El Estado desconoció el amparo que la población ganó para la suspensión de la obra que ocupará 8 kilómetros de ese poblado.
El tema de Xochicuautla actualmente es evaluado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Declaró que los indígenas viven bajo un riesgo que se incrementa mes tras mes y que la demanda otomí cumplía con los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad para que ésta exhortara al Estado de México para adoptar medidas cautelares a favor de la comunidad.
Este tema también tiene sus alcances en cuanto a la transparencia. La información relativa a la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista Toluca-Naucalpan, se clasificó como información reservada y podrá abrirse hasta 2024.
Tampoco se tiene información sobre la consulta previa realizada a la comunidad, el financiamiento, estadísticas, medios de publicación y su impacto social. Tampoco se sabe de las contraprestaciones incluidas en el contrato.
SAN FRANCISCO MAGÚ
Abigail Salvador Torres, habitante del pueblo San Francisco Magú, dijo en un foro el pasado mayo que la Ley promovida por el priista Eruviel Ávila “ya está autorizando que nos golpeen y si nos resistimos, que nos maten”.
Para Abigail es una forma de combatirlos porque “no les gusta que defendamos nuestros derechos” y legalmente podrán agredirlos, como ya lo han hecho.
En una asamblea el 8 de marzo del año pasado, narró, un grupo de granaderos golpeó “a varias personas” que estaban manifestándose contra la tala de árboles de su bosque. La semana pasada, contó a este diario digital, la comunidad estaba en la delegación del pueblo y les enviaron “tres convoyes militares y una patrulla federal”.
Desde noviembre de 2012, la empresa Merket Construcciones busca instalar un desarrollo inmobiliario denominado “Bosques del paraíso” en los predios “El Ocote y las Carretas.”. Sin embargo, gracias a la resistencia de la asamblea comunitaria el proyecto está suspendido.
COYOTEPEC
Esta población se encargó de construir y hacer funcionar sus pozos de agua desde 1963. Al día de hoy funciona como el Sistema Autónomo y Ciudadano de Agua Potable. El Ayuntamiento ha presionado desde junio de 2013 al Sistema con amenazas y ataques. Busca controlar la red hidráulica para entregarla y dar concesión a desarrollos urbanos, embotelladoras.
También al proyecto Ciudad Bicentenario en Huehuetoca, al norte del municipio.
Lunas Vargas pertenece al Partido Acción Nacional (PAN), pero la mayoría de los megaproyectos que se verían beneficiados con el agua de la comunidad son impulsados por el Gobierno estatal, a cargo del priista Eruviel Ávila Villegas.
El 9 de junio de 2013, en una asamblea en la que se discutiría el control del agua, miembros de la policía estatal replegaron a opositores con balas de goma y desde helicópteros arrojaron gases lacrimógenos.
Amnistía Internacional denunció en marzo de 2014 que los miembros de la comunidad de Coyotepec “se han opuesto a los intentos del Presidente Municipal [en ese entonces Anguiano Fuentes] de hacerse del control del suministro local de agua, pues temen que eso dé lugar a que el agua se utilice para fines comerciales y a que se reduzca su acceso. Los manifestantes han hecho protestas ante el ayuntamiento de la localidad y varios activistas han sido amenazados, en algunos casos por hombres armados aparentemente relacionados con el Gobierno municipal”.
Ocho organizaciones civiles denunciaron que en ese periodo registraron “seis ataques –incluyendo disparos de armas de fuego, golpes y amenazas– en contra de los habitantes del municipio de Coyotepec que ejercieron su libre derecho de oposición al proyecto de municipalización del agua”.
TECÁMAC
El caso de este municipio es similar al de Coyotepec, ya que están en la defensa del uso y manejo de los recursos naturales.
Ricardo Ovando Ramírez, del Sistema de Agua Potable de Tecámac –el cual es autónomo–, denunció que les están mandando un mensaje con la “Ley Eruviel” y “el mensaje es: ‘si protestas y nosotros consideramos que tu protesta es ilegal’ –que además es a criterio de ellos–, y entonces podemos hacer uso de la represión’. Pero si ellos sienten que su vida peligra, podrán hacer uso de la fuerza letal, que no es otra cosa más que matarte […] Nos están despojando, destruyendo el territorio y el agua, y nos dicen: ‘si te mueves, te vamos a matar’. Esto no lo podemos permitir, vamos hacia un Estado totalitario”, expuso a SinEmbargo.
También refirió que, con Aarón Urbina Bedolla en la Presidencia Municipal de Tecámac, han implementado una “ingeniería de conflicto” donde usan a coordinadoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para agredir a los compañeros del sistema de agua.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ALEJANDRA PADILLA, DAMIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-07-2016/3062354
Al mismo tiempo, cada uno de esos gobernadores, junto con los presidentes municipales de cada uno de los municipios mexiquenses, se han encargado de defender y alimentar una estructura que les devuelve miles de votos en cada proceso electoral y los defiende del descontento de algunos.
Esa estructura, formada por gremios de transportistas, maestros, estudiantes, organizaciones vecinales y comerciantes, despierta cada que su partido los necesita: ahí están para los mítines, donde recibirán una despensa; ahí están para las elecciones, comprando votos, no sólo vendiendo el suyo; ahí están para “manifestarse” y conseguir un aumento en el precio del transporte (que es de por sí de los más caros del país); ahí están para defender algún pedazo de tierra que alguna autoridad les dijo que deben defender, aunque ese pedazo de tierra también se los estén arrebatando a ellos.
Están en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, las Juventudes Priistas, el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (Suteym), Antorcha Campesina… cada una de esas organizaciones y otras, integradas por miles de personas, tienen basta actividad a lo largo del año. La tarea no es sencilla: es defender la estructura que han forjado con el tiempo.
Por tal razón, las luchas que se han gestado en la región en la última década han soportado tanto el poder del Estado como de una parte de sus iguales que defienden a toda costa los intereses de su partido.
En el Estado de México hay personas, pueblos y organizaciones que se han dedicado a defender la tierra y los bienes naturales que por derecho les pertenecen. Esta oposición por lo general interfiere con los intereses de grupos empresariales aliados de una u otra forma con la clase política estatal y federal, quienes recurren al uso de la fuerza pública para combatir la resistencia civil. Esta práctica es común en la entidad, y ha normalizado la violencia a tal grado de ser un componente esperado y previsto durante las movilizaciones sociales.
En marzo de 2016 fue aprobada en la Cámara de diputados del Estado de México la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México. Conocida entre sus detractores como “Ley Atenco” o “Ley Eruviel”, permite el uso de la fuerza pública y el empleo de armas “cuando sea estrictamente inevitable” y fue aprobada en un clima de tensión social por el fortalecimiento de movimientos que se oponen a megaobras como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) o la carretera del Grupo Higa en San Francisco Xochicuautla.
Los grupos opositores denunciaron que se trata de una medida para liberar los territorios en donde existen proyectos o intereses empresariales. “Lo que quieren hacer es justificar la fuerza en actos de resistencia, reprimir los actos de denuncia”, dijo Ignacio Del Valle Medina, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en entrevista para este medio digital en el marco de la aprobación de la ley.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por su parte, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de algunos artículos de esta ley un mes después de su aprobación. El uso de la fuerza, dijo este organismo, puede ser utilizado para garantizar la sana convivencia, pero también “debe garantizar la protección más amplia del ejercicio de los derechos humanos”.
En el Estado de México existe una tradición de represión, que ha sido puesta en práctica en diferentes fechas y lugares. Nombres como Atenco, Tecámac o Coyotepec son referentes del uso desmedido de la fuerza pública para acallar la protesta, mismas que en más de una ocasión han tenido consecuencias fatales. Sin embargo, la resistencia de los pueblos no cesa.
AÑOS DE RESISTENCIA Y DE REPRESIÓN
La lucha de los pobladores del municipio de San Salvador Atenco puede ser la más reconocido del Estado de México en los últimos años. El movimiento que tuvo su punto de quiebre el 4 de mayo de 2006, despertó cuestionamientos sobre la política y la situación social que viven los mexiquenses. Desde entonces, hombres y mujeres de todas las edades, originarias de pequeños municipios, muchos de ellos indígenas, libran una batalla en la defensa del territorio, de sus recursos naturales y de sus usos y costumbres.
Son pobladores que llevan años en resistencia; que se han opuesto a megaproyectos y decretos presidenciales y que como consecuencia, han sido víctimas de actos de represión. Cuentan con el apoyo de contadas organizaciones defensoras de derechos humanos y hay una especie de “suerte” en que los actos represivos realizados tanto por policías estatales como militares, sean conocidos.
Xochicuautla, Coyotepec, San Salvador Atenco, San Francisco Magú, Tecámac, Tocuila, Zinacantepec y Acuexcomac, son algunos ejemplos de pueblos mexiquenses que actualmente viven bajo conflicto con el Estado.
De acuerdo con Enrique Moreno Sánchez, académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), Atenco es la reivindicación de un pueblo, de sus orígenes y de la defensa de la tierra, un concepto que actualmente parece algo lejano al mundo moderno. Ante ello, la respuesta violenta de las autoridades, señaló, puede explicarse como una falta conocimiento e información para entender las demandas de los ciudadanos.
“Se toman decisiones sin consultar a los ciudadanos, por ejemplo, muchos movimientos sociales surgen de la reivindicación de necesidades sociales y económicas y la respuesta dura y violenta del Gobierno local es porque tiene poca compresión de esos problemas, porque no los viven como tal”, detalló Moreno Sánchez.Por tal razón, la llamada “Ley Eruviel”, aprobada el pasado 19 de marzo por el Congreso local (en su mayoría representado por el PRI y el Partido Verde ), recrudeció el panorama. Esta ley, señalaron representantes de los pueblos en diversos foros, no solo atenta la protesta social, sino que pone en riesgo la vida de los habitantes del Estado que se oponen a los proyectos del gobierno.
La Ley avala el uso de la Fuerza Pública durante manifestaciones públicas y faculta el uso de armas letales a los agentes policiacos.
“Cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento, éstos podrán hacer uso intencional de armas letales. Sólo se emplearán armas de fuego en defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o por impedir su fuga, así como en el caso de resultar insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos”, detalla el artículo.
El 27 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la petición de declarar inconstitucional dicha ley, que fue promovido por los mismos congresistas que la habían aprobado días antes.
En un recorrido por los pozos del Sistema Autónomo de Agua de Coyotepec, José Antonio Lara Duque, Director general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, dijo a SinEmbargo el pasado 26 de abril: “son estos pueblos para los que se planeó la Ley Eruviel. Estas personas son las destinatarias […] Aquí la Ley Eruviel adquiere sentido, no es una ocurrencia porque la necesitan para controlar a pueblos como este”.
Moreno Sánchez culpa al diseño institucional con el que se maneja el Estado de México, que vive en la “hegemonía del PRI”.
“Se supone que en este país no hay monarquías, aunque a veces se piense que sí, y se espera vivir en un Estado donde la alternancia política sea una realidad. El Estado de México tiene años sin alternar su gobierno y aunque hay municipios de otros partidos, les es difícil poder coordinarse con el orden de gobierno estatal y federal, y se complican las decisiones que se puedan tomar”, dijo el académico.
SAN SALVADOR ATENCO
Se registraron también casos de abuso sexual. María Sastres, una de las víctimas, contó días después el suceso al periódico La Jornada: “Nos metieron en un camión, donde nos empezaron a golpear todo el tiempo con las porras y con patadas. Además de que nos insultaban muchísimo, a nosotras por ser españolas nos llamaban etarras, putas y más cosas. Después nos cambiaron a un camión más grande, donde pasaron lista a todos –creo que éramos 38– y nos agredieron sexualmente a las mujeres”.
La oposición era a la construcción de un nuevo Aeropuerto. Denunciaron el despojo de sus tierras o el bajo costo que las autoridades querían pagar por ellas. Bloquearon y se negaron.
Tanto el entonces Presidente Vicente Fox Quezada como el gobernador Enrique Peña Nieto, dieron luz verde a los actos policiales. Ya como Presidente, Peña Nieto lanzó de nueva cuenta el proyecto para un Aeropuerto. Apenas en abril de este año, los pobladores denunciaron que un camión del Ejército mexicano, que escoltaba a un grupo de personas con material de medición topográfica, llegó al cerro de Huatepec, sitio ubicado a dos kilómetros de los terrenos donde se construye la obra.
El pasado mes de mayo se cumplieron 10 años del ingreso de la policía a los pueblos de Atenco.
SAN FRANCISCO XOCHICUAUTLA
El conflicto es por una carretera privada de 39 kilómetros que cruzará el pueblo indígena y vulnerará el sitio donde los pobladores realizan actividades de caza, pesca y recolección. El proyecto, otorgado a la constructora más polémica de la actual administración, Grupo Higa, fue licitado por Enrique Peña Nieto.
El 12 de abril de este año, cerca de 300 policías llegaron a la comunidad para custodiar los avances de la autopista Toluca-Naucalpan, que Constructora Teya y Autovan acordaron construir en el espacio de la comunidad otomí. Cerca de 700 elementos de la policía estatal derrumbaron hogares por donde se planea pase la autopista. Ante la resistencia de los pobladores, terminaron por desalojarlos haciendo uso de la fuerza. Por otro lado, el Gobierno mexiquense dijo en un comunicado que “fue respetuoso en todo momento de todos los procesos jurídicos interpuestos acerca de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan”.
El Estado desconoció el amparo que la población ganó para la suspensión de la obra que ocupará 8 kilómetros de ese poblado.
El tema de Xochicuautla actualmente es evaluado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Declaró que los indígenas viven bajo un riesgo que se incrementa mes tras mes y que la demanda otomí cumplía con los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad para que ésta exhortara al Estado de México para adoptar medidas cautelares a favor de la comunidad.
Este tema también tiene sus alcances en cuanto a la transparencia. La información relativa a la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la autopista Toluca-Naucalpan, se clasificó como información reservada y podrá abrirse hasta 2024.
Tampoco se tiene información sobre la consulta previa realizada a la comunidad, el financiamiento, estadísticas, medios de publicación y su impacto social. Tampoco se sabe de las contraprestaciones incluidas en el contrato.
SAN FRANCISCO MAGÚ
Para Abigail es una forma de combatirlos porque “no les gusta que defendamos nuestros derechos” y legalmente podrán agredirlos, como ya lo han hecho.
En una asamblea el 8 de marzo del año pasado, narró, un grupo de granaderos golpeó “a varias personas” que estaban manifestándose contra la tala de árboles de su bosque. La semana pasada, contó a este diario digital, la comunidad estaba en la delegación del pueblo y les enviaron “tres convoyes militares y una patrulla federal”.
Desde noviembre de 2012, la empresa Merket Construcciones busca instalar un desarrollo inmobiliario denominado “Bosques del paraíso” en los predios “El Ocote y las Carretas.”. Sin embargo, gracias a la resistencia de la asamblea comunitaria el proyecto está suspendido.
COYOTEPEC
También al proyecto Ciudad Bicentenario en Huehuetoca, al norte del municipio.
Lunas Vargas pertenece al Partido Acción Nacional (PAN), pero la mayoría de los megaproyectos que se verían beneficiados con el agua de la comunidad son impulsados por el Gobierno estatal, a cargo del priista Eruviel Ávila Villegas.
El 9 de junio de 2013, en una asamblea en la que se discutiría el control del agua, miembros de la policía estatal replegaron a opositores con balas de goma y desde helicópteros arrojaron gases lacrimógenos.
Amnistía Internacional denunció en marzo de 2014 que los miembros de la comunidad de Coyotepec “se han opuesto a los intentos del Presidente Municipal [en ese entonces Anguiano Fuentes] de hacerse del control del suministro local de agua, pues temen que eso dé lugar a que el agua se utilice para fines comerciales y a que se reduzca su acceso. Los manifestantes han hecho protestas ante el ayuntamiento de la localidad y varios activistas han sido amenazados, en algunos casos por hombres armados aparentemente relacionados con el Gobierno municipal”.
Ocho organizaciones civiles denunciaron que en ese periodo registraron “seis ataques –incluyendo disparos de armas de fuego, golpes y amenazas– en contra de los habitantes del municipio de Coyotepec que ejercieron su libre derecho de oposición al proyecto de municipalización del agua”.
TECÁMAC
El caso de este municipio es similar al de Coyotepec, ya que están en la defensa del uso y manejo de los recursos naturales.
Ricardo Ovando Ramírez, del Sistema de Agua Potable de Tecámac –el cual es autónomo–, denunció que les están mandando un mensaje con la “Ley Eruviel” y “el mensaje es: ‘si protestas y nosotros consideramos que tu protesta es ilegal’ –que además es a criterio de ellos–, y entonces podemos hacer uso de la represión’. Pero si ellos sienten que su vida peligra, podrán hacer uso de la fuerza letal, que no es otra cosa más que matarte […] Nos están despojando, destruyendo el territorio y el agua, y nos dicen: ‘si te mueves, te vamos a matar’. Esto no lo podemos permitir, vamos hacia un Estado totalitario”, expuso a SinEmbargo.
También refirió que, con Aarón Urbina Bedolla en la Presidencia Municipal de Tecámac, han implementado una “ingeniería de conflicto” donde usan a coordinadoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para agredir a los compañeros del sistema de agua.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: ALEJANDRA PADILLA, DAMIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-07-2016/3062354
