La maestra Ana Lilia Jiménez busca a su hijo desaparecido en Veracruz desde hace cuatro años. Es miembro del colectivo de Desaparecidos Córdoba y se ha unido al movimiento del magisterio en la entidad porque, como muchos otros docentes, espera el pago de retroactivo de enero a la fecha, aprobado por las instancias federales. “El Gobierno está lleno de deudas, agarra dinero de un lado para tapar otro. Por ello, la preocupación de que ocupen nuestro retroactivo”, reclama. Su padre, ex director de una primaria de Orizaba, vive con hipertensión y con problemas en la próstata. También él debe lidiar con los incumplimientos del Gobierno de Javier Duarte: los pagos mensuales de su pensión no llegan. Ese es el panorama que enfrentan miles de agremiados.
Un hijo desaparecido hace cuatro años, una hija desplazada por amenazas y dos nietas a su cargo. Es la situación que enfrenta la maestra Ana Lilia Jiménez, quien espera “que la situación caótica en la administración de Javier Duarte no retrase más sus pagos” y pueda, entonces, seguir con su búsqueda y sobrellevar los gastos familiares.
El de la maestra Ana Lilia es otro de los casos que avivó el descontento del magisterio en el estado. Molestia que terminó con la toma de la Secretaría de Educación en Veracruz (SEV), así como el bloqueo de la avenida Lázaro Cárdenas, en la capital veracruzana.
La madre soltera, comparte que no es la única afectada en la familia: “Desafortunadamente a mi padre, jubilado por el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), tampoco le han pagado. Él me apoya con la búsqueda de Yael. Pero con todo esto se deprime, pues le resulta imposible”.
Es el panorama que enfrentan miles de agremiados. Por su parte, los dirigentes de la Coalición de Sindicatos Estatales del Magisterio en Veracruz, advierten, que de no actuar, el gobierno en su favor, tomarán medidas drásticas en las siguientes horas.
EL GOBIERNO, LLENO DE DEUDAS
El 01 de septiembre de 2012, fue la última ocasión que se vio con vida al joven, Yael Zuriel Monterrosas Jiménez, de 15 años de edad, originario de Orizaba, Veracruz. La carpeta de investigación, hoy es llevada por la Procuraduría General de la República (PGR), número de carpeta AP/PGR/SDHPDSC/UEBPD/M10/153/2014.
Desde entonces, la vida ha cambiado para la miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTE), sección 56. “Comencé con los préstamos. Actualmente estoy pagando una deuda de cinco años. Mis cheques, con los descuentos, llegan por la cantidad de mil pesos. Es difícil ser maestra en Veracruz y más teniendo a un hijo desaparecido”.
La mujer de 42 años espera que el pago de retroactivo, aprobado por las instancias federales, que considera desde el primer día de enero a la fecha, sea depositado en la primera quincena de julio por la Secretaría de Finanzas y Planeación, tal como dicta el acuerdo.
Sin embargo, el panorama se vislumbra complicado. “El Gobierno está lleno de deudas, agarra dinero de un lado para tapar otro. Por ello, la preocupación de que ocupen nuestro retroactivo”, dice.
Ana Lilia Jiménez, integrante del colectivo de Desaparecidos Córdoba – Orizaba, no obstante su situación económica, aún no ha sido dada de alta en el Registro Nacional de Víctimas. En consecuencia, tampoco tiene acceso a los fondos de reparación integral de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV).
En consecuencia, la madre de familia reparte sus mil pesos de salario en salidas a la Ciudad de México para dar seguimiento a la desaparición de su hijo, saldo en el teléfono para atender llamadas relacionadas con el tema, visitas a la joven que tiene desplazada por amenazas que pusieron en riesgo su vida, además de pagar por el cuidado de sus dos sus nietas, mientras ella sale a trabajar.
SU PADRE, TAMBIÉN MAESTRO
Por otro lado, en el caso de Ana Lilia Jiménez, está el tema de su padre, ex director de una escuela en el municipio de Orizaba. Al igual que miles de pensionados, integrados a la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz, (COPIPEV) no ha podido cobrar su pago del mes de junio.
No le gusta hablar de la ausencia de su nieto, únicamente pregunta cómo van los avances. Pese a sus 80 años de edad se ve comprometido a cooperar con los gastos que implican una desaparición. “Siempre dice que le duele haber perdido a su primer nieto varón y si le agregamos que no tenga dinero para que lo busquemos, se pone peor”.
Hipertenso y con problemas en la próstata, el senil debe lidiar los incumplimientos de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz (Sefiplan) a la hora de ejercer los pagos mensuales. “Hay veces que los depósitos son fraccionados, en los meses de diciembre es cuando más sucede. Ha habido ocasiones en los que el dinero llego incompleto”.
Es la manera en que resume sus males Ana Lilia Jiménez. Un caso que pudiera repetirse en varios de sus compañeros agremiados, pues asegura “no soy la única a la que el crimen organizado le ha hecho una mala jugada. Hay compañeros pagando cuotas, con familiares asesinados y secuestrados. Así vive un trabajador del gobierno en Veracruz”.
FUENTE: SIN EMBARGO/BLOG EXPEDIENTE.
AUTOR: REDACCIÓN/MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-07-2016/3063276
Los nuevos magistrados estarán en el cargo por siete años y tienen la posibilidad de reelegirse por un periodo más; se encargarán de sancionar a servidores públicos estatales y municipales e incluso a particulares, que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves.
El Congreso de Quintana Roo —de mayoría priista— eligió a tres personas cercanas al gobernador Roberto Borge como nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, con lo que el mandatario estatal se anotó un triunfo más en su plan para blindarse ante presuntas acusaciones una vez que deje el cargo el próximo 25 de septiembre.
Minerva Maribel Moreno Cruz, Cesar Cervera Paniagua y Jorge Herrera Aguilar rindieron protesta este miércoles 6 de julio como nuevos magistrados, luego de que diputados del PRI, Partido Verde, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo votaron a favor de los candidatos propuestos por el mandatario estatal.
Cabe destacar que Jorge Herrera Aguilar se desempeñó hasta ayer en la Dirección Jurídica de la Cámara, y tuvo a su cargo los dictámenes de las reformas constitucionales y nombramientos del Fiscal General, el Auditor Superior y los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia.
Los nuevos magistrados estarán en el cargo por un periodo de siete años y tienen la posibilidad de reelegirse por un periodo más, señala un reporte de Luces del Siglo.
La aprobación de los nuevos magistrados se realizó en una reunión de la Diputación Permanente, indica un reporte del diario Reforma.
El Tribunal de Justicia Administrativa es un órgano de reciente creación que podrá dirimir las controversias que se registren entre la administración pública estatal y municipal e imponer las sanciones a servidores públicos estatales y municipales e incluso a particulares, que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves.
También podrá fincar a los responsables, el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias derivadas de daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.
Aprueban la Cuenta Pública 2015
En poco más de tres horas, los diputados locales aprobaron las cuentas del Ejecutivo estatal y de otros 31 entes fiscalizables, correspondientes al ejercicio fiscal de 2015.
En un salón del hotel Great Parnassus Resort & Spa, en la zona hotelera de Cancún, los priistas aprobaron, sin objeciones, las cuentas del Poder Legislativo, del Tribunal Electoral de Quintana Roo y los informes de resultados de los municipios de Bacalar, Isla Mujeres, José María Morelos, Cozumel, Benito Juárez, Solidaridad y de la alcaldía de Puerto Morelos, correspondientes a 2015.
Las cuentas públicas del Ejecutivo de Quintana Roo fueron rechazadas por Luis Miguel Ramírez Razo, del PRD; Trinidad García Argüelles, Sergio Bolio Rosado y Eugenia Azcorra Lugo, del PAN, y Víctor Mas Tah, del PRI.
García Argüelles deploró que los legisladores de oposición no hayan tenido acceso a los documentos para analizar si los recursos fueron ocupados con apego a ley.
“Los diputados del PRI no tienen compromiso con Quintana Roo y han hecho de este periodo extraordinario de sesiones una vergonzosa muestra de protección a la corrupción y falta de compromiso con quien los eligió”, dijo la legisladora panista, de acuerdo con un reporte de NotiCaribe.
Los nombramientos y la aprobación de la cuenta pública 2015 en el Congreso estatal ocurren luego de que el Congreso de Quintana Roo eligió a dos personas cercanas al actual gobernador, Roberto Borge, como titulares de la Fiscalía General y de la Auditoría Superior del Estado.
Carlos Arturo Álvarez Escalera fue designado como titular de la recién creada Fiscalía General del estado, mientras que Javier Félix Zetina González es el nuevo titular de la Auditoria Superior.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/congreso-de-qroo-aprueba-a-magistrados-a-modo-propuestos-por-el-gobernador-roberto-borge/
El Tribunal Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ) determinó que la candidata de Morena, Soledad Luévano, incurrió en faltas graves que llevaron a la anulación de la elección.
El Tribunal Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ) anuló la elección de alcalde de la Zacatecas, capital de la entidad, ganada por Soledad Luévano, candidata de Morena.
En la sesión de este martes, los magistrados del tribunal resolvieron a favor del PRI el juicio de nulidad de la elección, en el que el Partido Revolucionario Institucional argumento que hubo irregularidades graves que violaron la certeza y equidad de la contienda.
Las irregularidades acreditadas por el TRIJEZ fueron que Luévano realizó actos anticipados de precampaña, ostentándose como “promotora de la soberanía nacional”, actos anticipados de campaña por ostentarse como candidata sin haber tenido ese carácter.
Además promocionó su imagen de manera indebida mediante difusión de propaganda en bardas, un espectacular y diversas lonas colocadas en algunas calles de la ciudad capital, aunado a que omitió rendir su informe de gastos de campaña.
Sin embargo, hubo voto dividido de los magistrados, pues dos de ellos consideraron que estas no eran causas sustanciales para anular la elección. Dos más votaron a favor, que se sumaron al voto de calidad del Magistrado Presidente del TRIJEZ se determinó anular la elección impugnada.
El tribunal solicitó a la Legislatura del Estado establezca una fecha para realizar una elección extraordinaria para el Ayuntamiento de Zacatecas.
El PRI había solicitado también la anulación de la elección en los ayuntamientos de Cañitas de Felipe Pescador y Tepechitlán, donde ganó la alianza Unidos por Zacatecas, integrada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN).
En un principio los conteos rápidos dieron el triunfo al PRI, pero tras el conteo distrital el Instituto Electoral del estado que la alianza del PRD-PAN eran los ganadores, resultado que impugnó ante el TRIJEZ bajo el argumento de que hubo presión sobre el electorado e indebida integración de los expedientes de casillas.
El tribunal confirmó el triunfo de la alianza Unidos por Zacatecas pues determinó que en Tepechitlán no se demostró que hubiesen ejercido presión en los electores y, en el caso de Cañitas de Felipe Pescador se corrigió cualquier irregularidad relativa a la indebida integración de las casillas impugnadas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/morena-pierde-la-alcaldia-de-zacatecas-tribunal-electoral-estatal-anula-la-eleccion/
MC ALLEN, Tex: La Corte Federal de San Antonio inició hoy un juicio contra el narcotraficante mexicano Marciano Millán Vázquez, El Chano, por crímenes cometidos por los Zetas en el municipio de Allende, Coahuila, entre otros delitos.
El juicio se programó para iniciar a las 8:30 horas de este miércoles. El fiscal Russel D. Leachman presentó 10 delitos contra el capo Zeta Millán Vázquez y otro acusado de nombre Gustavo Rodríguez Costilla, El Tito. Entre los cargos por los que se les acusa están: conspiración para traficar drogas, posesión de armas, usar menores para la venta de narcóticos y siete delitos más.
Una de las imputaciones que presentó el Fiscal Leachman contra Marciano Mancilla es que “disparó, desmembró y quemó cuerpos por sí mismo”.
La carpeta de investigación del fiscal señala que el capo Zeta asesinó personalmente al menos a cinco personas, pero no aparecen los nombres de las víctimas, sino sólo sus iniciales.
El Chano operó durante 2010 y 2011 como lugarteniente de los Zetas en la ciudad de Piedras Negras.
Por órdenes de los líderes Miguel Ángel y Omar Treviño Morales inició una limpia en la organización y fue el responsable de eliminar a altos mandos de esa organización en Allende y el Norte de Coahuila.
Entre los primeros asesinados estaban “contadores” que se habían designado a diversas plazas. Entre ellos estaban: Víctor Triana, enviado a Monterrey, y Luis Zamarripa para Monclova. Triana y Zamarripa y al menos ocho más fueron llamados a Allende por Miguel Ángel Treviño Morales, para luego ser asesinados.
Para argumentar su inocencia sobre esos crímenes, los abogados defensores de Millán Vázquez presentaron documentos oficiales del Gobierno de Coahuila donde se afirma que el capo Zeta no “tiene antecedentes penales”.
El juicio será presidido por el juez Xavier Rodríguez, y se prevé que acudan a declarar testigos protegidos quienes conocieron los crímenes ocurridos a finales del 2010 y durante los primeros meses del 2011 en Piedras Negras, Allende y la región de Cinco Manantiales de Coahuila.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/446371/nicia-juicio-contra-chano-lugarteniente-los-zetas
CIUDAD DE MÉXICO: El diccionario de la Real Academia Española define el diálogo como “discusión o trato en busca de avenencia”, y según el filósofo político inglés Bernard Crick, “para que la discusión sea auténtica y provechosa en el debate debe considerarse el punto de vista opuesto”, lo cual implica no cancelar de antemano los temas polémicos, mucho menos cuando éste o éstos son la causa misma de la disputa.
Por ello cuando el secretario de Educación, Aurelio Nuño, manifiesta su disposición al diálogo, pero cancela la posibilidad de modificar el proyecto de la reforma educativa (como lo ha hecho el gobierno federal, incluso desde antes de aprobar y promulgar la reforma legislativa), en realidad acaba con el diálogo mismo y lo reduce a una simple charla, pues elimina toda posibilidad de tomar en cuenta el punto de vista de los maestros.
El mismo Crick, señala: “La política es la conciliación, la solución del problema del orden que prefiere la conciliación a la violencia o coerción como medio efectivo de que los distintos intereses encuentren el grado de compromiso que mejor sirva a su interés común por la supervivencia… la política entraña cierta tolerancia a verdades divergentes y el reconocimiento de que la gobernación no sólo es posible, sino que se ejerce mejor cuando los intereses rivales se disputan en un foro abierto”.
Por ello una de las principales herramientas de la política es el diálogo y éste requiere el reconocimiento de que hay intereses divergentes que deben dirimirse en un foro abierto, franco y sin vetos previos, pues éstos lo cancelan y, por ende, eliminan la posibilidad de lograr compromisos mutuos y aniquilan la política.
Lamentablemente la disputa en torno a la Reforma Educativa ya provocó la pérdida de vidas humanas y, de prevalecer la cerrazón, es probable que los ocho muertos en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, no sean los únicos, pues como ya es evidente, las protestas magisteriales se han extendido a otras partes del territorio nacional e incluso en estados donde aparentemente no había ninguna disidencia, como Nuevo León, donde ya lograron convocar a varios miles de manifestantes.
Es evidente que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto desde el primer día de su mandato dejó claro que despreciaba la política como medio de solucionar los problemas y optaba por el uso de la violencia, sin importar los costos. En la capital de la República no han vacilado en recurrir al uso de la fuerza pública para reprimir las protestas sociales, como hicieron el mismo 1 de diciembre de 2012, durante la toma de posesión. Pero la violencia ejercida en la ahora Ciudad de México no ha sido la peor, pues aunque ha sido recurrente y ha provocado detenidos y heridos, hasta el momento no ha causado pérdida de vidas humanas, lo que sí ha sucedido en otras entidades.
En abril de 2014 la organización de la sociedad civil internacional Greenpeace señalaba en un comunicado que en 16 meses del gobierno de Peña Nieto, de acuerdo con un recuento del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, se habían registrado cuatro ejecuciones extrajudiciales de defensores de derechos ambientales y comunitarios y 82 casos de agresiones, de los cuales en 37 los culpables identificados fueron autoridades de los tres órdenes de gobierno del Estado mexicano. Un recuento muy similar puede hacerse en el caso de los activistas de derechos humanos.
Pero también hay que recordar la represión que sufrieron en el Valle de San Quintín, Baja California, los jornaleros, en su mayoría indígenas, el 17 y el 28 de marzo de 2014, por haber cerrado las calles de la localidad para exigir mejores condiciones laborales.
Y peor todavía fue la masacre de Apatzingán, Michoacán, el 6 de enero de 2015, cuando policías federales dispararon a mansalva contra integrantes y simpatizantes de la Fuerza Rural de Michoacán que realizaban un plantón en los portales del Palacio Municipal para protestar contra las decisiones del entonces comisionado para la Seguridad del estado, Alfredo Castillo; el saldo fue de al menos 16 muertos y decenas de heridos.
Desde luego también destacan las acciones policiacas contra los normalistas de Ayotzinapa en diversas ocasiones, además de la masacre de Iguala, cuyo saldo en pérdida de vidas es alto. Y los operativos contra los plantones de la CNTE en la Ciudad de México o de la CETEG en Guerrero.
Es un somero recuento de conflictos sociales o políticos (pues aunque el de Apatzingán se ocasionó por la presencia del crimen organizado en la región, la represión se ejerció contra la ciudadanía que se había organizado para defenderse) en los que el gobierno federal canceló la vía del diálogo y optó por el uso de la fuerza pública para intentar restaurar el orden.
En varios de los casos (el seguimiento al caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y la oposición de la CNTE a la reforma educativa) el gobierno, fundamentalmente por conducto del titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, manifiesta públicamente su disposición a dialogar, pero siempre bajo la premisa de que hay temas vedados y posiciones intransigentes, lo cual en realidad cancela el diálogo, aniquila la política y deja como únicas opciones la claudicación de los opositores o el uso de la fuerza pública para reprimir los movimientos.
Hasta hoy, como puede verse en el somero recuento, el saldo es negativo para todos: los opositores han sufrido la violencia gubernamental con la pérdida de vidas humanas y el encarcelamiento de varios líderes y manifestantes; el gobierno no ha logrado restaurar el orden y, todo lo contrario, se exacerba el encono social y las protestas se extienden y ganan nuevos simpatizantes; además, la ciudadanía padece las molestias que, inevitablemente, provoca cualquier movilización social.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/446362/gobierno-envilece-dialogo
CIUDAD DE MÉXICO: Manuel Velasco, el gobernador “más joven” del peñismo, recoge del peor bagaje autoritario la famosa frase de Gustavo Díaz Ordaz, el patriarca priista de la represión del 68: “Hemos sido tolerantes hasta excesos criticables…”
Casi simultáneamente, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lanza el viernes 1 de julio un mensaje en Periscope que es ampliamente replicado en medios electrónicos e impresos: “El tiempo se ha agotado”. Frase que repite para quienes no entiendan. Simula que está a favor del diálogo, al tiempo que endurece la quijada y su mirada hidalguense se convierte en preámbulo de una escalada política.
La escalada declarativa contra la CNTE se convierte en un coro sincronizado. En estricto sentido, esta escalada la inició Enrique Peña Nieto desde Canadá cuando tiró “línea”: “La ley no se negocia”… solamente cuando hayan empresarios o intereses poderosos del Grupo Atlacomulco en juego.
Sorprendido, el gobernador Velasco ofreció este lunes 4 una “disculpa” por utilizar la frase de Díaz Ordaz. “No fue correcto decir que hemos sido pacientes a excesos criticables, pero en ningún momento utilizo esta expresión para amenazar a nadie y mucho menos al magisterio”, declaró el mandatario chiapaneco.
Su disculpa sólo acentúa su torpeza. Lo grave no es citar a Díaz Ordaz sino actuar y pensar justo como lo hizo el expresidente priista en vísperas de la matanza del 68, pero ahora magnificando la amenaza de los maestros de la CNTE a quienes algunos cartonistas, comentaristas y no pocos “analistas” llaman “hordas”, “vándalos”, “fascistas”, “asesinos”, en plena sincronía con el lenguaje del poder.
En el colmo, comparan los bloqueos con el “sitio” hitleriano a Londres.
Más indignante resulta esta resurrección del diazordacismo como método, gesto y discurso cuando oficialmente existen ocho muertos y decenas de heridos tras la sanguinaria represión en Nochixtlán, Oaxaca, el 19 de junio. ¿Entonces los llamados al diálogo, la mesa de negociaciones en la Secretaría de Gobernación y los exaltados discursos son sólo máscaras de la represión para ganar tiempo?
En los cinco primeros días de julio los medios masivos han insistido en el mismo guión dictado desde Los Pinos: presentar a los maestros de Oaxaca como los artífices del desabasto, la “hambruna” y las pérdidas millonarias del sector turístico en la entidad del sur.
Nunca se han preocupado por difundir los bloqueos y cobros de peaje del crimen organizado en las carreteras del país. Ahora que se trata de las protestas de maestros, la CNTE se convierte casi en asesinos de pollitos “que deberán ser sacrificados por sufrir deshidratación”, según el reportaje de El Noticiero, de Canal 2.
En el colmo de la repetición del discurso como parodia, Joaquín López Dóriga asume el mismo papel que tuvo Jacobo Zabludovsky en el 68 y presenta en su otoñal noticiero sólo la versión oficial de la mano dura.
Sus reporteros “entrevistan” a ciudadanos que pueden morir de cáncer de próstata o de alguna enfermedad crónica porque el “bloqueo” de los maestros les impide llegar a los hospitales. Lo mismo hacen Milenio TV o TV Azteca: hay que criminalizar al extremo a los maestros.
Poco importa que en las redes sociales sean desmentidas una y otra vez las versiones de que los bloqueos en Oaxaca sean causantes de desabasto alguno. En la revista Proceso, los reporteros Arturo Rodríguez y Pedro Matías hacen lo que no les permiten a los camarógrafos de las televisoras: contrastar la versión oficial con los hechos. “El desabasto en Oaxaca, gran mentira”, se titula el reportaje de la edición que circula esta semana.
“Durante un recorrido por la ciudad de Oaxaca y la región de Valles Centrales, los reporteros no sólo corroboran el abasto de todos los productos, sino que algunos eran más baratos que en la Ciudad de México o los que ofertan los supermercados”, describen Rodríguez y Matías en su reportaje.
Las sorpresivas movilizaciones y el paro de maestros en Nuevo León son acallados en los medios masivos. Jaime Rodríguez, El Bronco, presume su verdadera naturaleza autoritaria: responde a las marchas como si fuera prefecto de la época de Díaz Ordaz. “Si es necesaria la fuerza pública, así va a ser”, remata el secretario de Gobierno del bronconato, Manuel González Flores.
Los pronunciamientos de escritores, intelectuales, maestros y ciudadanos en México y en una decena de ciudades latinoamericanas y europeas no existen en el concierto de medios que claman por la mano dura.
Hasta la rechifla al secretario zombie de Educación Pública, Aurelio Nuño, en su evento de este lunes 4 en Guadalajara, Jalisco, es silenciado en la cobertura de los telenoticiarios, aunque está en todas las redes sociales.
¿A quién quieren engañar? ¿Qué consenso quieren crear?
Díaz Ordaz vivió obsesionado con una “conjura comunista” que se preparaba en las protestas de los estudiantes universitarios de 1968. No entendía ni quería comprender a una generación que pedía lo más elemental de ese momento: ganar derechos y libertades frente a un régimen autoritario que intervenía en la UNAM y mandaba a la cárcel a dirigentes sindicales u opositores bajo el delito de “disolución social”.
Peña Nieto vive obsesionado con una “conjura populista” que se esconde en las protestas de la CNTE. No entendió la lección que la misma Elba Esther Gordillo le lanzó antes de caer presa ante el escarmiento peñista a la vieja aliada y cómplice. Una reforma educativa sin contar con los propios maestros será la tumba de su sexenio y del propio sistema priista.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/446291/diazordacismo-mediatico-contra-la-cnte
Ciudad de México. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, aseguró que sí existen las condiciones necesarias para que pueda darse el diálogo entre los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, en torno al modelo educativo.
Sin embargo, advirtió que este diálogo tendrá que darse dentro de la misma reforma. Pero está claro que el objetivo es fortalecer la educación laica, gratuita y obligatoria, cuidando siempre el interés superior de la niñez. “Dentro de la reforma educativa hay espacios para la discusión; nada fuera de la reforma”, dijo.
El funcionario destacó el esfuerzo realizado durante los últimos días para reanudar el diálogo, y que hizo posible que en la víspera la CNTE y la Secretaría de Gobernación intercambiaran sus propuestas para atender el conflicto magisterial, las cuales son siendo analizadas por las partes.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/06/hay-condiciones-para-dialogo-cnte-nuno-dice-campa
Ciudad de México. El Tribunal Electoral confirmó la multa impuesta al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por 214.9 millones de pesos relacionada con la difusión de espots de sus legisladores, disfrazados de informes de labores.
Sin mediar debate, los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó esa sanción impuesta por los mismos magistrados, que ya habían rebajado la original aprobada por el INE, que era por un monto de 322.4 millones de pesos.
En su sesión de hoy, los magistrados confirmaron que los 293 mil 321 impactos difundidos entre 2014 y 2015 fueron parte de una campaña de difusión reiterada, permanente y continua de los mencionados informes de labores.
Plantearon que contrario a lo alegado por el Partido Verde, el INE modificó de manera válida esta multa al dejarla en casi 215 millones de pesos por órdenes de la propia Sala Superior.
Este tema corresponde a las elecciones de 2015, sin embargo, su resolución coincidió con el proceso electoral actual, debido a que hubo una larga cadena de impugnaciones por parte de dicho partido a la resolución tomada en principio por el instituto en mayo del año pasado.
La difusión de cientos de miles de promocionales por parte del Partido Verde fue la más polémica de las decenas de denuncias presentadas el año pasado. De hecho, el 27 de abril, el representante del PRD ante el INE, Pablo Gómez cuestionó que entre la determinación del TEPJF y la mala valoración del monto involucrado, la sanción se redujera a 215 millones de pesos, cuando, dijo, la suma del gasto real en la compra de esos espots asciende a 2 mil millones de pesos.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: CLAUDIA HERRERA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/06/tribunal-electoral-confirma-multa-al-pvem-por-214-9-mdp
Varios son los paralelismos entre la situación de violencia en México y la reciente sentencia de la Corte Penal Internacional en el caso Bemba.
Jean Pierre Bemba, exvicepresidente de la República Democrática del Congo, fue recientemente sentenciado a 18 años de prisión.
Fue encontrado culpable de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en la República Centroafricana entre octubre de 2002 y marzo de 2003; en concreto por: asesinato, violación y saqueo. De acuerdo con el tribunal, los crímenes fueron perpetrados por las tropas del Movimiento de Liberación de Congo que eran dirigidas por Bemba quien “tenía la autoridad y control sobre las fuerzas que cometieron los crímenes”.
El juicio se centró en la responsabilidad de mando que se encuentra regulado en el Artículo 28 del Estatuto de Roma que da sustento a la Corte Penal Internacional:
El fallo del tribunal indica que Bemba era quien “efectivamente actuaba como comandante militar”; que “las fuerzas bajo su control cometían o estaban por cometer… asesinato, violación y saqueo”; que estos “crímenes son el resultado de las fallas de Bemba por ejercer el control adecuadamente”; que “tomó algunas medidas como reacción a las acusaciones públicas de crímenes…pero falló al tomar medidas en respuesta a acusaciones de crímenes reportados al interior”; que no “intentó genuinamente tomar todas las medidas necesarias y razonables dentro de sus capacidades para prevenir o reprimir la comisión de crímenes, como era su obligación”, en lugar de ello “su principal intención fue contrarrestar las acusaciones públicas y rehabilitar la imagen pública” del grupo armado; y por último, que “repetidamente falló en tomar genuinas y adecuadas medidas para prevenir y reprimir los crímenes, y someterlos a las autoridades competentes”.
Es decir, Bemba fue encontrado culpable no por haber cometido u ordenado los ataques, sino porque no hizo lo suficiente por detener los patrones sistemáticos o generalizados de los crímenes que sabía, o de debía saber, estaban ocurriendo. ¿Suena familiar?
La Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, comentó que “una larga sentencia para Bemba debería disuadirá otros mandos militares de cometer crímenes similares”.
Todo esto nos hace pensar en la situación mexicana. El caso Bemba puede ser un referente jurisprudencial importante para lo que ocurre en México. Recientemente, Open Society Justice Initiative (OSJI) presentó el informe Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México.
Algunos de los hallazgos del reporte apuntan en la misma dirección: la responsabilidad de las autoridades al no hacer todo lo que está en sus posibilidades para intentar prevenir o reprimir los crímenes; mucho menos se ha hecho algo por terminar con la escandalosa impunidad que impera en estos casos; la reacción que han tenido distintos mandos ante hechos criminales que se han hecho públicos para decir que son hechos aislados y así intentar recomponer la imagen pública de las fuerzas del Estado.
Destacando algunas líneas del informe en relación a ello:
Así de claro.
Se deben retomar con seriedad los múltiples informes que se han presentado sobre la crisis de violencia e impunidad que se vive en México.
Las autoridades deciden si implementan las recomendaciones, como la realizada por OSJI: “la creación de una entidad de investigación internacional, con sede en México, que tenga el poder de investigar y procesar causas de manera independiente en materia de crímenes atroces y casos de gran corrupción… Este órgano también puede brindar asistencia técnica a la Procuraduría General de la República / Fiscalía y a la policía de investigaciones; desarrollar propuestas de reforma para el sector judicial para su consideración por parte del gobierno mexicano, el Congreso y el público; y elaborar informes públicos sobre el estado de las reformas del sector judicial y el estado de derecho en México”. O lo hará, tarde o temprano, la Corte Penal Internacional.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JACOBO DAYÁN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0607/mexico/mensaje-de-la-corte-penal-internacional-para-mexico-articulo-e-infografias/
Se busca garantizar "que la expresión definitiva del modelo educativo nacional cuente con sus valiosas aportaciones (de los maestros) para lograr la educación que requiere el país".
La Secretaría de Gobernación ofreció a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación “facilitar un proceso de diálogo con la Secretaría de Educación Pública en torno al modelo educativo”.
Tras una reunión el martes, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, indicó que a los representantes de la CNTE “se les entregó por escrito la alternativa de solución por parte del gobierno de la República”.
Dicha “alternativa” fue difundida la noche del martes, junto con el documento que, a su vez, entregaron los maestros a la Segob para especificar sus demandas. Ambos se pueden consultar al final de esta nota.
La Segob precisó que el objetivo del diálogo con la SEP sería “fortalecer la educación pública y garantizar el máximo logro de aprendizaje de los educandos en México”.
Entre los criterios del diálogo se encuentra “promover el desarrollo armónico de los educandos”.
“Para el gobierno de la República es fundamental asegurar que la participación del magisterio nacional y sociedad en general en esta materia se realice de manera profunda, crítica y respetuosa y que garantice que la expresión definitiva del modelo educativo nacional cuente con sus valiosas aportaciones para lograr la educación que requiere el país, considerando la diversidad cultural y las particulares regionales”, apuntó.
La propuesta de Segob:
Documento SEGOB by Aristegui Noticias on Scribd
El documento entregado por la CNTE a Segob:
Documento_CNTE.pdf by Aristegui Noticias on Scribd:
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0607/mexico/dialogo-con-la-sep-sobre-el-modelo-educativo-ofrece-segob-a-la-cnte-documentos/
La Comisión de Transparencia y Anticorrupción aprobó por 18 votos a favor y 6 en contra las modificaciones enviadas por el Senado; el pleno discute este miércoles el dictamen.
El pleno de la Cámara de Diputados discute el dictamen de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como ley 3de3, que este mismo miércoles fue aprobado en comisiones.
En la sesión extraordinaria de este miércoles 6 de julio se discutirán los cambios hechos a los artículos 3, 4, 27, 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81, que fueron vetados por el presidente Enrique Peña Nieto.
El único tema que está a discusión en la sesión serán estas modificaciones.
Por la mañana, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó por 18 votos a favor y 6 en contra el dictamen de la minuta del Senado que modifica la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En reunión de trabajo el presidente de esta instancia legislativa Rogerio Castro Vázquez presentó una propuesta, con el fin de modificar la que envió la colegisladora, sin embargo fue rechazada por la mayoría.
Los integrantes de la comisión avalaron las modificaciones propuestas por el Ejecutivo Federal a diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Los legisladores aprobaron las observaciones hechas por Peña Nieto pues consideraron que la obligación impuesta a los particulares para presentar su declaración patrimonial y de intereses resulta innecesaria.
Por ello la mayoría de la Comisión acordó modificar el Artículo 32, con el fin de eliminar del texto de ese ordenamiento la obligación –de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos– de presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses.
Pero rechazó la propuesta de uno de los legisladores de modificar los artículos 3, 4, 30, 33, 46, 73 y tercero transitorio.
Estos cambios tenían el fin de incorporar los informes de conflicto de interés y situación patrimonial de los particulares como instrumentos para dar seguimiento a su patrimonio; facultar a los órganos internos de control de las dependencias para verificarlos; y obligar a los candidatos a cargos de elección popular a presentar sus respectivos testimonios.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/diputados-avalan-cambios-de-pena-a-ley-3de3-en-comisiones-falta-aprobacion-del-pleno/
El dólar se vende hasta en 19.16 pesos en bancos, mientras que en su cotización interbancaria se oferta en 18.87 pesos, lo que implica el cuarto retroceso consecutivo para la moneda mexicana. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores, perdía 1.32 por ciento, durante los primeros compases de la sesión para quedar en 45.190,41 unidades.
El peso mexicano se deprecia este miércoles frente al dólar por cuarta sesión consecutiva arrastrado por los temores entre inversionistas sobre la economía global y el impacto de la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea.
El billete verde se vende hasta en 19.16 por uno en ventanillas de Bancomer y en BanRegio alcanza los 19.40, mientras que en su cotización interbancaria se oferta en 18.87 pesos, un avance de 0.66 por ciento, de acuerdo con datos de Bloomberg a las (10:30 horas).
En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), perdía 1.32 por ciento durante los primeros compases de la sesión para quedar en 45.190,41 unidades.
En los primeros minutos se intercambiaron 34.8 millones de títulos, por los que se pagaron 1.394 millones de pesos.
De las 97 empresas que cotizaron en los primeros minutos de la sesión, 21 ganaron, 70 perdieron y 6 se mantuvieron sin cambios.
El mayor avance se lo adjudica la minera Fresnillo (FRES), con el 26.03 por ciento, mientras que el descenso más pronunciado es para la cadena de televisión TV Azteca (AZTECA CPO), con el 4.81 por ciento.
La BMV sigue el comportamiento negativo de sus referentes en Wall Street, que abrió hoy a la baja, por segunda jornada consecutiva, con un descenso del 0.38 por ciento en el Dow Jones, su principal indicador, con el mercado afectado aún por los efectos del Brexit.
En el mercado energético, los precios del petróleo abrieron mixto. El crudo de Texas (WTI) descendió 0.77 por ciento para cotizar a 46.24 dólares el barril, mientras que el Brent se cotizaba en 48.12 dólares, un 0.20 por ciento más que al cierre de la jornada anterior.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-07-2016/3063295
La Policía local recibió un reporte de que en la carretera federal Chilpancingo-Iguala había siete cuerpos tendidos sobre la vía. Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que se trataba de cinco hombres que fueron ejecutados con arma de fuego.
Cinco hombres ejecutados a balazos y atados de las manos hacia atrás, fueron encontrados esta mañana en la orilla de la carretera federal Chilpancingo-Iguala en Casa Verde, ubicado en el municipio de Eduardo Neri (Zumpango), en Guerrero.
De acuerdo con fuentes policiacas, a las 8:00 horas recibieron un reporte de que en la carretera federal Chilpancingo-Iguala, en el cruce que se dirige a la comunidad de Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo, había siete cuerpos tendidos en la orilla de la carretera.
Policías estatales, federales y ministeriales acudieron al lugar, donde también fue hallado un narcomensaje, y confirmaron que se trata de cinco víctimas.
La zona fue acordonada y se espera la llegada los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las diligencias correspondientes.
Hasta el momento se desconoce el móvil del asesinato y la identidad de las cinco personas, aparentemente jóvenes con edades comprendidas entre los 20 y los 25 años.
FUENTE: SINEMBARGO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN/LUIS BLANCAS.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-07-2016/3063318
Para concretar los despojos, los funcionarios cercanos al gobernador Roberto Borge utilizaron trampas legales como juicios laborales falsos.
Apoyados en juicios laborales falsos, funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Roberto Borge, en Quintana Roo, han despojado a empresas y particulares de bienes inmuebles, pero también de su dinero a través del congelamiento de cuentas bancarias.
Expansión y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad documentaron casos –de los cuales revisaron cuatro expedientes– que prueban cómo el gobierno del priista Borge ha despojado terrenos y hoteles en Tulum, embargado condominios en Cancún, y se ha apoderado de departamentos de lujo para después venderlos a la mitad de su valor a funcionarios públicos.
Estos actos han sido legalizados por funcionarios cercanos a Borge. Uno de ellos es Carlos Lima, ex director del Registro Público y del Comercio (RPyC), a quien el Congreso local acaba de nombrar magistrado a propuesta directa del gobernador.
Ese nombramiento quedó aprobado junto con el llamado “paquete de impunidad” para proteger al gobernador priista.
Otros funcionarios implicados: el ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del Trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda; y el presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila.
Los despojos y el modus operandi
El 23 de mayo de 2014, el actuario Freddy Ricardo Quintal Bojórquez y tres funcionarios más de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún –que depende de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de QRoo– irrumpieron en el hotel Playa Azul, en Tulum. Ahí, sin identificarse ni mostrar alguna orden por escrito, y con el apoyo de policías municipales armados, despojaron al ejidatario Joel Tovar de 4 mil 500 metros cuadrados de tierra, y dejaron al español Andrés Pérez sin los ahorros que invirtió en el hotel que administraba desde hacía cinco años.
Ese día lo mismo ocurrió en tres hoteles más: Cabañas Ixchel, Dos Ceibas y Puerta del Cielo. Sólo por estos cuatro casos de despojo, cuyos expedientes están en poder de Expansión y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, el daño rebasa los 340 millones de pesos.
El despojo en el hotel Plaza Azul ocurrió luego de que dos particulares –quienes aseguraron haber trabajado en dicho hotel ganando sueldos mensuales de 753,234 pesos, tres veces más que el presidente Enrique Peña Nieto– interpusieron un juicio laboral contra las personas que dicen ser dueñas de esa franja de costa en Tulum. Jamás mencionaron los nombres de Joel Tovar y Andrés Pérez.
A pesar de que Joel y Andrés dicen que no se les notificó del juicio en su contra, y de que nunca conocieron a los supuestos demandantes, la justicia de Quinta Roo los condenó a pagar 200 millones de pesos a esos empleados. Para hacer efectivo el pago, embargaron el terreno y el hotel.
En entrevista, el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún, Alexis Zavala Ávila, negó la versión de los afectados acerca de que no se les notificó del juicio en su contra.
Y cuestionado acerca del exhorbitante sueldo de los supuestos trabajadores, el funcionario respondió que “por regla general, la carga de la prueba es para el patrón, y si el patrón en su momento no puede desacreditar o desvirtuar esta situación, se tiene en su momento que condenar“.
Con el mismo modus operandi de juicios laborales a modo, 51 de 62 condominios del complejo Lagoon Loft –valuado en 20 millones de dólares– fueron embargados en otra diligencia del actuario Quintal Bojórquez. Como ocurrió en el hotel Plaza Azul, también llegó con una veintena de policías municipales armados para tomar el desarrollo.
Este embargo ocurrió para pagar 48 millones de pesos a favor de 21 supuestos trabajadores que demandaron a la compañía. En este caso, el tiempo que transcurrió entre que el propietario del complejo habitacional se enteró del juicio laboral y el desalojo del inmueble fue de tres meses.
La empresa presentó un juicio de amparo, lo ganó y se ordenó reponer el procedimiento. Sin embargo, eso no ha ocurrido hasta la fecha de publicación de este reportaje.
En 2015, el gobernador Borge respondió al reclamo de los empresarios locales sobre la ilegalidad de los juicios laborales amañados y creó una mesa de diálogo; sin embargo, en ella participaban los responsables de los despojos: el ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña y el subsecretario, Enrique de la Cruz Pineda.
Estos despojos también son conocidos por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La Presidencia mexicana turnó el caso a la Procuraduría Agraria.
Departamentos de lujo para funcionarios
Funcionarios y políticos de Quintana Roo ocupan departamentos de lujo en Maioris Tower –un edificio de dos torres ubicado en una de las zonas de mayor plusvalía de Cancún–. Sin embargo, son condominios que se vendieron de forma irregular y a casi la mitad de su verdadero precio en el mercado.
El penthouse 18, por ejemplo, es propiedad de Federico Fichtl Unger y Ulrika Fichtl Merino, que es regidora del Partido Verde (PVEM) en el municipio de Benito Juárez , Cancún. La funcionaria local compró el inmueble el 2 de octubre de 2015 en 7 millones 500 mil pesos, según datos obtenidos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. El verdadero precio de la propiedad es de 10 millones 420 mil pesos.
Entre los dueños de estos inmuebles también se encuentran: la actual directora de Relaciones Públicas del ayuntamiento de Cancún, Lydia Esther Portilla Manica; Filiberto Javier de la Garza Santos, hermano del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza; Gerardo José Rejón y Ruiz de Velasco, líder empresarial priista y socio de la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco; y el ex funcionario municipal de Cancún, Aldo Francisco Reséndiz Martínez, y su hijo Aldo Francisco Reséndiz Ruiz.
La empresa Maioris denunció la venta irregular de al menos 19 departamentos. “Consideramos que todos estos actos ilegales fueron llevados a cabo por la notario 22 y con la participación importante del Registro Público y de la Secretaría de Gobierno del estado de Quintana Roo, ya que ellos eran los responsables de supervisar este notario”, dijo Francisco Siman, abogado de Maioris.
Cuentas congeladas… sin previo aviso
Otra ilegalidad producto de juicios laborales irregulares les ocurrió a las empresas Pochteca y Planigrupo, cuyas cuentas bancarias fueron congeladas sin que se les notificara la existencia de algún juicio en su contra. Además, se les retiró dinero: al menos 7.5 millones de dólares.
En marzo de este año, el director de Pochteca, Armando Santacruz, descubrió que siete cuentas bancarias de la compañía fueron congeladas para hacer efectivo el pago de un juicio laboral donde se había fallado en contra de la empresa y del cual no estaban enterados.
“Fuimos a la Junta de Conciliación a pedir copia de los expedientes y nos dijeron que estaba ‘extraviado’; intentamos interponer un amparo y el Juez nos pedía que le lleváramos copia del expediente. Tuvimos que llevar a un Notario a que diera fe de que el expediente no lo tenían en la Junta… logramos el amparo y nos dieron acceso a él, pero era demasiado tarde, de nuestras cuentas ya habían retirado dinero para cobrar los laudos (5 mdp)”, dijo Santacruz.
Según Santacruz, su empresa fue víctima de un juicio laboral amañado donde se violó su derecho a audiencia, ya que nunca fueron notificados para defenderse. Tampoco se les informó del fallo del juicio que los condenaba al pago de una indemnización millonaria.
También la desarrolladora Planigrupo sufrió la congelación de sus cuentas por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún el 10 de mayo de este año. A ellos les retiraron 2.2 millones de pesos de sus cuentas. A la fecha de publicación de este reportaje, la compañía sigue sin recibir el expediente del caso, en el cual pudieron saber por otras fuentes que el laudo nació de una denuncia de 2011, fecha en que la empresa aún no estaba constituida.
REPORTE COMPLETO
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: SILBER MEZA, MARIEL IBARRAL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/funcionarios-del-gobierno-de-q-roo-despojan-a-empresarios-de-terrenos-bienes-y-dinero/
Los videos del Palacio de Justicia cobraron una relevancia especial, ya que permitirían confirmar si en estas agresiones participaron otras fuerzas de seguridad pública federales y estatales, tal como aseguran víctimas y perpetradores.
El 17 de agosto de 2015, es decir diez meses después de los ataques contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa –cometidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014–, se dio a conocer la existencia de un video que registraba parte de esos ataques, cuyo saldo fue de 43 normalistas desaparecidos y seis personas asesinadas.
El anuncio, formulado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, era más bien una denuncia: por investigaciones propias, el GIEI tenía confirmada la existencia del video, pero éste, se informó, había sido “perdido” por las autoridades encargadas de su custodia.
Tal como reveló el GIEI en agosto y septiembre de 2015, sus integrantes tuvieron “conocimiento primero a través de una magistrada de Iguala, y posteriormente por parte de la magistrada presidenta (del Tribunal), de la existencia de dichos videos, (los cuales fueron) visualizados por ellas”.
Esos videos, captados por las cámaras de seguridad instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala, abundó el GIEI, mostraban “la intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas, en el escenario de la salida de Iguala, cerca del Palacio de Justicia”.
Para el 17 de agosto de 2015, sin embargo, la versión oficial de los hechos, conocida como la “verdad histórica”, ni siquiera reconocía que en del Palacio de Justicia hubiera ocurrido algún ataque contra los normalistas, y por lo mismo, hasta ese momento las autoridades federales no habían realizado ninguna pesquisa en ese punto de Iguala.
No fue sino hasta el 25 de agosto de 2015 –es decir, una semana después de que el GIEI denunciara esta anomalía– que la Procuraduría General de la República comenzó formalmente a rastrear el paradero del video.
Para ese momento, habían pasado diez meses desde que el video había sido grabado.
La mano (negra) de la Justicia
El ataque perpetrado contra los normalistas frente al Palacio de Justicia de Iguala (que se suma a los ataques sufridos en el Zócalo y en las calles Juan N. Álvarez y Periférico Norte) fue denunciado formalmente ante el Ministerio Público al día siguiente de las agresiones, el 27 de septiembre de 2014, por los mismos estudiantes que sobrevivieron a dichas agresiones.
Aún así, el 25 de enero de 2015, al presentar la versión oficial de los hechos, el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, descartó tajantemente el ataque en el Palacio de Justicia y, por el contrario, aseguró que los 43 normalistas habían sido atacados y desaparecidos sólo en Juan N. Álvarez y Periférico Norte.
Según esta versión oficial, bautizada por la misma PGR como la “verdad histórica” de los hechos acontecidos en Iguala, estos ataques fueron perpetrados exclusivamente por policías municipales de Iguala, en contubernio con integrantes del crimen organizado.
Sin embargo, tal como se desprende de las declaraciones ministeriales tanto de víctimas sobrevivientes, como de policías que participaron en las agresiones contra los normalistas, en el ataque perpetrado frente al Palacio de Justicia participaron no sólo policías municipales de Iguala, sino también policías municipales de Huitzuco, elementos de la Policía Estatal de Guerrero, así como elementos de la Policía Federal, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad federal.
A pesar de estos testimonios, la PGR nunca ha reconocido la participación de fuerzas de seguridad estatales o federales en los ataques contra los normalistas, lo que implicaría reconocer que estos niveles de gobierno también están coludidos con el crimen organizado.
La participación de elementos de la Policía Federal en estas agresiones contra población civil indefensa, además, fue confirmada por las investigaciones que realiza al respecto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indagaciones que son independientes de las del GIEI y las de la PGR.
Es en este contexto que los videos del Palacio de Justicia cobraron una relevancia especial, ya que permitirían confirmar si en estas agresiones participaron otras fuerzas de seguridad pública federales y estatales, tal como aseguran víctimas y perpetradores.
Sin embargo, aún cuando el Ministerio Público tenía conocimiento de los hechos del Palacio de Justicia desde el mismo 27 de septiembre de 2014, las autoridades no acudieron a esta zona para buscar evidencias sino hasta un año después, en agosto de 2015.
Aunque la existencia de estas cámaras de seguridad en el Palacio de Justicia era conocida por las autoridades –ya que fueron colocadas como una medida de seguridad institucional–, ni la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, ni la Procuraduría General de la República acudieron luego de los ataques a estas instalaciones, para verificar si estas videocámaras habían captado alguna imagen de los hechos.
Peor aún: quien sí tuvo conocimiento pleno de la existencia de estos videos, en los días inmediatos al ataque contra los normalistas, fue la entonces titular del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (órgano al cual está adscrito el Palacio de Justicia de Iguala), la magistrada Lambertina Galeana, que en agosto de 2015 reveló al GIEI que, efectivamente, ella había visto esos videos, gracias a que el personal a su cargo se los había hecho llegar.
Extrañamente, la magistrada Lambertina Galeana no hizo nada para garantizar la correcta preservación de estas evidencias.
De hecho, la entonces titular del Poder Judicial del estado de Guerrero no ordenó preservar esta evidencia, ni siquiera por ser éste uno de los procedimientos habituales en los procesos judiciales que ella misma dirigía, en su calidad de presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero.
Peor aún: un año y siete meses después de los hechos, el 5 de abril de 2016, la magistrada Lambertina Galeana –quien dejó la presidencia del TSJ en diciembre de 2015– reconoció ante la PGR que luego del ataque contra los normalistas, “tuvo conocimiento (de) que los discos que respaldaban la información y grabaciones de imágenes, que pudieron ser captadas por las cámaras instaladas en el Palacio de Justicia de Iguala, tenían capacidad de almacenamiento por 15 días“, a pesar de lo cual, en ese momento no dio ninguna instrucción para garantizar la preservación de ese material, y evitar que se borrara de forma automática.
Esta omisión en la preservación de una prueba, relacionada con un delito que es de conocimiento de un servidor público, es descrita por el Código Penal del Estado de Guerrero bajo la tipificación de “encubrimiento por favorecimiento”.
Según este ordenamiento legal, comete el delito de “encubrimiento por favorecimiento” aquel servidor público que “después de la ejecución de un delito, y sin haber participado en éste, auxilie en cualquier forma al inculpado a eludir las investigaciones de la autoridad competente o a sustraerse de la acción de ésta, o bien oculte, altere, destruya o haga desaparecer los rastros”.
Debido a que luego del ataque a los normalistas no existió ninguna orden de preservar los discos duros en los que se registraron originalmente las imágenes de video, estos discos se borraron 15 días después de los hechos, sin que el Ministerio Público tomara conocimiento de su contenido.
Ésta es, al menos, la versión oficial.
El (falso) respaldo
Oficialmente, la PGR reconoció que el ataque en el Palacio de Justicia sí ocurrió, apenas el pasado 8 de junio de 2016, cuando presentó la actualización de la “verdad histórica”, bajo el título de “Informe del Caso Iguala. Estado que guarda la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero”.
Es en este documento en el que, además, las autoridades federales fijan por primera vez hablan de los videos captados por las cámaras del Palacio de Justicia.
Sin embargo, la PGR sabe de la existencia de estos videos al menos desde julio de 2015, cuando empleados del Palacio de Justicia de Iguala informaron al Ministerio Público que las cámaras de este inmueble habían captado el ataque contra los normalistas.
Según las declaraciones de estos empleados, ambos, por separado, y por iniciativa personal, intentaron conservar una copia de las imágenes, el primero hizo el intento en discos DVD y el segundo en una unidad USB.
En ambos casos, según la Procuraduría General de la República, el proceso de copiado falló, por lo que no pudo extraerse ninguna imagen de estos dispositivos.
Un punto destaca, de entre los muchos que quedan aclararse en torno a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala: en entrevista con el GIEI, la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana, aseguró que personalmente vio los videos captados por estas cámaras, ya que se le habían hecho llegar a sus oficinas de la ciudad de Chilpancingo.
De ser eso cierto, esas imágenes habrías sido copiadas de manera satisfactoria al menos en una ocasión.
El destino del dispositivo al que tuvo acceso Lambertina Galeana no queda aclarado. La magistrada no explicó ante el MP qué hizo con la copia que le fue enviada, y la PGR no especifica en su nueva versión de los hechos si era alguno de los dispositivos que dio por fallidos.
Luego de dar esta información al GIEI, Lambertina Galeana compareció por primera vez ante la PGR para rendir testimonio de los hechos, negando oficialmente que alguna vez haya visto los videos personalmente.
La PGR tampoco informó en su nueva versión oficial si en la pérdida de esta evidencia se presume alguna responsabilidad, por parte de los servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, que tuvieron bajo su custodia los videos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/video-del-ataque-a-normalistas-de-ayotzinapa-fue-borrado-pgr-nunca-analizo-las-imagenes/
