En Nuevo León hay enfermos psiquiátricos que viven, agonizan y mueren en la cárcel. Aunque por ley son inimputables, algunos llevan años ahí, sin comprender qué hicieron ni poder defenderse. El gobierno de la entidad se ha comprometido a construirles un lugar más digno, pero no explica por qué el sistema penitenciario seguirá haciéndose cargo de ellos…
MONTERREY, NL: El gobierno de Nuevo León pretende saldar una deuda histórica con los internos del área psiquiátrica del penal de Topo Chico: se comprometió a crear un nuevo espacio, afuera de la penitenciaría, para atender a esa población, integrada por pacientes considerados inimputables.
Luego de que Proceso (2066) difundiera la presencia de pacientes psiquiátricos en las áreas varonil y femenil –ya olvidados por el sistema penitenciario de Nuevo León–, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que construirá la Unidad de Rehabilitación Psicosocial en el espacio donde está ubicado, actualmente, el Consejo Tutelar para menores 1, al oriente de esta capital. No aclaró, sin embargo, por qué si los pacientes no deben estar en una cárcel, seguirá siendo el sistema penitenciario el que “cuide” de ellos.
Como parte de los procesos de despresurización penitenciaria emprendidos desde que se inició el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, la SSPE planea, además, liberar a más de mil presos de las cárceles de Topo Chico, Apodaca y Cadereyta.
Los inimputables
Al inicio de la actual administración, cuando el general Cuauhtémoc Antúnez Pérez llegó a hacerse cargo de la SSPE de Nuevo León, revisó la situación en la que se encontraban las penitenciarías de la entidad, directamente bajo la responsabilidad del estado.
En números redondos, en los tres centros de readaptación social (ceresos) en territorio nuevoleonés hay unos 8 mil internos, de los cuales 3 mil 500 permanecían en Topo Chico, ubicado en la colonia Nueva Morelos, en plena área conurbada de la capital. A esa cárcel y a la de Apodaca son enviados los reos del grupo criminal de Los Zetas. Al de Cadereyta, los del Cártel del Golfo.
Se detectó que en estos lugares imperaba el autogobierno. El 10 de febrero, por ejemplo, en Topo Chico se perpetró la masacre de 49 internos. Los reos se disputaban el control de cobros de privilegios que arrojaban, al mes, ganancias de unos 20 millones de pesos.
El baño de sangre obligó al Bronco a intervenir. Fueron desmantelados unos 200 tendajos, distribuidos en los patios, en los que se vendía todo tipo de mercancía. Se cortó el flujo de efectivo obtenido con extorsiones y 233 reos, entre los que estaban algunos de los más peligrosos, fueron trasladados a penitenciarías fuera del estado. La matanza y las mudanzas posteriores acabaron con la sobrepoblación del centro.
Cuando fue limpiada la sangre de los pasillos, las autoridades penitenciarias detectaron las condiciones en las que se encontraban 180 internos considerados inimputables. Topo Chico es el único que tiene unidad psiquiátrica.
Se observó que los internos en esta sección, que habían cometido delitos desde robo simple hasta homicidio, convivían con el resto de la población. Era necesario darles un tratamiento especial, del que carecían.
Topo Chico también es el único Cereso estatal con área femenil; alberga 450 mujeres. Y ahí, igualmente, hay un pabellón psiquiátrico al que accedió Proceso, donde permanecen, en celdas sombrías, al menos ocho mujeres que parecen haber sido olvidadas por los jueces.
Reportes históricos, extraídos de notas de prensa, señalan que el penal de Topo Chico fue construido en 1947. Los internos del psiquiátrico viven ahí en una situación adversa, inaceptable para su condición, pues no reciben la atención debida, en un inmueble que se cae a pedazos.
El homicidio de tres internos el miércoles 1, otra vez por el control de cobros, ocasionó que se apresuraran los planes de reestructuración en la vieja penitenciaría. Para bajar el número de internos fueron enviados a otros reclusorios 49 presos. Y el remozamiento ya se inició.
El gobierno de Nuevo León ha comenzado a recibir, de parte de la federación, 48 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública. Parte de estos recursos serán destinados a la adecuación de las instalaciones del Centro de Internamiento para Adolescentes Infractores, conocido como Torre 1, en la colonia Parque Industrial Regiomontano, de Monterrey.
Aquí se encuentran 73 jóvenes infractores, de los cuales ocho son mujeres. Todos ellos serán trasladados al Centro de Internamiento para Menores conocido como Torre 2, en Escobedo. Este sitio, de mayores dimensiones y subutilizado, alberga a 102 infractores, aunque tiene capacidad para 450. Aquí habrá también obras de remodelación, con cargo a la misma partida, para adecuar un área femenil.
Así, los pacientes psiquiátricos de Topo Chico serán enviados a la Torre 1.
El cambio de condiciones para estos internos es urgente, pues no reciben atención médica adecuada ni por sus carceleros ni por el sector salud.
A la administración penitenciaria estatal le convienen los reacomodos hasta por motivos prácticos. La concentración de menores en un solo espacio reduce los costos, pues disminuye el gasto en traslados y atención.
Actualmente el estado está definiendo el mecanismo para aplicar la inversión y se espera que las obras queden listas, a más tardar, en 2017, para proceder con la reinstalación.
En este proceso de reestructuración, admite la administración estatal, algunos internos –hombres y mujeres– se han quejado de olvido de parte de las autoridades penitenciarias y de descuido en el manejo jurídico de sus casos, pues ni siquiera contaron con defensores de oficio.
Luego, ya adentro, no había quién les informara que tenían posibilidad de regresar a la calle como ciudadanos libres.
El Código Penal de Nuevo León, en su artículo 22, establece que “no es imputable quien en el momento de la acción u omisión, por causa de psicosis o retraso mental probado o por ser sordomudo, carezca de la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho, (…) así como quien carezca de la capacidad de comprender la conducta que se la atribuye por padecer de un estado de psicosis o retraso mental durante el procedimiento”.
Sigue el mismo artículo: “Se podrá ordenar su internamiento por todo el tiempo necesario para su curación, educación, instrucción, sin que exceda el término máximo de la sanción por el delito cometido”.
El plan es que el tratamiento a los pacientes sea integral, con involucramiento de médicos que se focalicen en la atención particular de cada interno y el involucramiento de los familiares en su atención, señala la SSPE.
Preliberaciones, listas
La Subsecretaría de Administración Penitenciaria del estado ha revisado 70% de los expedientes de los internos de los tres ceresos.
Se detectaron 450 casos de reclusos que en este 2016 pueden recibir la libertad anticipada. Los expedientes serán enviados a alguno de los cuatro centros de ejecuciones y de sanciones en la entidad y que, de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, son los encargados de analizar los casos y conceder los oficios de liberación.
Paralelamente, existen 250 reos del fuero federal que están listos para recibir la libertad anticipada. En estos casos las carpetas son enviadas al Poder Judicial de la Federación.
El 13 de febrero pasado, después de la matanza de 49 hombres en el penal, el secretario general de Gobierno, Manuel González, anunció que la administración entregaría apoyos hasta por 13 millones de pesos para gestionar la preliberación de 248 internos que ya cumplieron al menos 60% de sus condenas.
El subsidio sería destinado a internos que carecen de recursos para saldar sus fianzas, para reparar daños o pagar abogados. No han sido revelados los avances del programa.
El gobernador anunció una inversión de 100 millones de pesos para adecuar las instalaciones del vetusto penal que, acepta, ya no es funcional. Sin embargo, debe adecuar, en lo inmediato, los deficientes filtros de revisión, ya obsoletos, para endurecer el procedimiento de ingreso.
También prometió reconstruir el interior, para asignar a los reos a áreas específicas. En un espacio estarán, separados, los más peligrosos.
Como sea, El Bronco busca que la Federación aporte una parte de los 6 mil millones de pesos necesarios para construir una penitenciaría que sustituya a Topo Chico. Hasta el momento sólo se ha dicho que se edificaría en algún lugar al sur de la entidad y que tendría capacidad para 6 mil internos.
Nuevo León aportaría recursos para este proyecto mediante la venta del viejo inmueble, que sería desocupado o demolido, y otros predios.
Finalmente, el pasado 28 de junio, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Sofía Velasco Becerra, pidió que el Penal del Topo Chico sea cerrado o que sus sistemas sean reestructurados, pues en las condiciones en que se encuentra el lugar, no puede ser garantizada la vida de los internos.
Mencionó que por las deplorables condiciones en que se encuentra el centro penitenciario, no se pueden realizar adecuadamente las labores de reinserción ni actividades formativas, las cualkes deben gozar los reclusos.
Velasco pidió que para cumplir con el derecho a la salud de los internos, quienes padezcan enfermedades mentales sean enviados a instituciones que les proporcionen servicios hospitalarios adecuados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/446513/mudaran-a-los-fantasmas-topo-chico
Luego de que Proceso (2066) difundiera la presencia de pacientes psiquiátricos en las áreas varonil y femenil –ya olvidados por el sistema penitenciario de Nuevo León–, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que construirá la Unidad de Rehabilitación Psicosocial en el espacio donde está ubicado, actualmente, el Consejo Tutelar para menores 1, al oriente de esta capital. No aclaró, sin embargo, por qué si los pacientes no deben estar en una cárcel, seguirá siendo el sistema penitenciario el que “cuide” de ellos.
Como parte de los procesos de despresurización penitenciaria emprendidos desde que se inició el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, la SSPE planea, además, liberar a más de mil presos de las cárceles de Topo Chico, Apodaca y Cadereyta.
Los inimputables
Al inicio de la actual administración, cuando el general Cuauhtémoc Antúnez Pérez llegó a hacerse cargo de la SSPE de Nuevo León, revisó la situación en la que se encontraban las penitenciarías de la entidad, directamente bajo la responsabilidad del estado.
En números redondos, en los tres centros de readaptación social (ceresos) en territorio nuevoleonés hay unos 8 mil internos, de los cuales 3 mil 500 permanecían en Topo Chico, ubicado en la colonia Nueva Morelos, en plena área conurbada de la capital. A esa cárcel y a la de Apodaca son enviados los reos del grupo criminal de Los Zetas. Al de Cadereyta, los del Cártel del Golfo.
Se detectó que en estos lugares imperaba el autogobierno. El 10 de febrero, por ejemplo, en Topo Chico se perpetró la masacre de 49 internos. Los reos se disputaban el control de cobros de privilegios que arrojaban, al mes, ganancias de unos 20 millones de pesos.
El baño de sangre obligó al Bronco a intervenir. Fueron desmantelados unos 200 tendajos, distribuidos en los patios, en los que se vendía todo tipo de mercancía. Se cortó el flujo de efectivo obtenido con extorsiones y 233 reos, entre los que estaban algunos de los más peligrosos, fueron trasladados a penitenciarías fuera del estado. La matanza y las mudanzas posteriores acabaron con la sobrepoblación del centro.
Cuando fue limpiada la sangre de los pasillos, las autoridades penitenciarias detectaron las condiciones en las que se encontraban 180 internos considerados inimputables. Topo Chico es el único que tiene unidad psiquiátrica.
Se observó que los internos en esta sección, que habían cometido delitos desde robo simple hasta homicidio, convivían con el resto de la población. Era necesario darles un tratamiento especial, del que carecían.
Topo Chico también es el único Cereso estatal con área femenil; alberga 450 mujeres. Y ahí, igualmente, hay un pabellón psiquiátrico al que accedió Proceso, donde permanecen, en celdas sombrías, al menos ocho mujeres que parecen haber sido olvidadas por los jueces.
Reportes históricos, extraídos de notas de prensa, señalan que el penal de Topo Chico fue construido en 1947. Los internos del psiquiátrico viven ahí en una situación adversa, inaceptable para su condición, pues no reciben la atención debida, en un inmueble que se cae a pedazos.
El homicidio de tres internos el miércoles 1, otra vez por el control de cobros, ocasionó que se apresuraran los planes de reestructuración en la vieja penitenciaría. Para bajar el número de internos fueron enviados a otros reclusorios 49 presos. Y el remozamiento ya se inició.
El gobierno de Nuevo León ha comenzado a recibir, de parte de la federación, 48 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública. Parte de estos recursos serán destinados a la adecuación de las instalaciones del Centro de Internamiento para Adolescentes Infractores, conocido como Torre 1, en la colonia Parque Industrial Regiomontano, de Monterrey.
Aquí se encuentran 73 jóvenes infractores, de los cuales ocho son mujeres. Todos ellos serán trasladados al Centro de Internamiento para Menores conocido como Torre 2, en Escobedo. Este sitio, de mayores dimensiones y subutilizado, alberga a 102 infractores, aunque tiene capacidad para 450. Aquí habrá también obras de remodelación, con cargo a la misma partida, para adecuar un área femenil.
Así, los pacientes psiquiátricos de Topo Chico serán enviados a la Torre 1.
El cambio de condiciones para estos internos es urgente, pues no reciben atención médica adecuada ni por sus carceleros ni por el sector salud.
A la administración penitenciaria estatal le convienen los reacomodos hasta por motivos prácticos. La concentración de menores en un solo espacio reduce los costos, pues disminuye el gasto en traslados y atención.
Actualmente el estado está definiendo el mecanismo para aplicar la inversión y se espera que las obras queden listas, a más tardar, en 2017, para proceder con la reinstalación.
En este proceso de reestructuración, admite la administración estatal, algunos internos –hombres y mujeres– se han quejado de olvido de parte de las autoridades penitenciarias y de descuido en el manejo jurídico de sus casos, pues ni siquiera contaron con defensores de oficio.
Luego, ya adentro, no había quién les informara que tenían posibilidad de regresar a la calle como ciudadanos libres.
El Código Penal de Nuevo León, en su artículo 22, establece que “no es imputable quien en el momento de la acción u omisión, por causa de psicosis o retraso mental probado o por ser sordomudo, carezca de la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho, (…) así como quien carezca de la capacidad de comprender la conducta que se la atribuye por padecer de un estado de psicosis o retraso mental durante el procedimiento”.
Sigue el mismo artículo: “Se podrá ordenar su internamiento por todo el tiempo necesario para su curación, educación, instrucción, sin que exceda el término máximo de la sanción por el delito cometido”.
El plan es que el tratamiento a los pacientes sea integral, con involucramiento de médicos que se focalicen en la atención particular de cada interno y el involucramiento de los familiares en su atención, señala la SSPE.
Preliberaciones, listas
La Subsecretaría de Administración Penitenciaria del estado ha revisado 70% de los expedientes de los internos de los tres ceresos.
Se detectaron 450 casos de reclusos que en este 2016 pueden recibir la libertad anticipada. Los expedientes serán enviados a alguno de los cuatro centros de ejecuciones y de sanciones en la entidad y que, de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, son los encargados de analizar los casos y conceder los oficios de liberación.
Paralelamente, existen 250 reos del fuero federal que están listos para recibir la libertad anticipada. En estos casos las carpetas son enviadas al Poder Judicial de la Federación.
El 13 de febrero pasado, después de la matanza de 49 hombres en el penal, el secretario general de Gobierno, Manuel González, anunció que la administración entregaría apoyos hasta por 13 millones de pesos para gestionar la preliberación de 248 internos que ya cumplieron al menos 60% de sus condenas.
El subsidio sería destinado a internos que carecen de recursos para saldar sus fianzas, para reparar daños o pagar abogados. No han sido revelados los avances del programa.
El gobernador anunció una inversión de 100 millones de pesos para adecuar las instalaciones del vetusto penal que, acepta, ya no es funcional. Sin embargo, debe adecuar, en lo inmediato, los deficientes filtros de revisión, ya obsoletos, para endurecer el procedimiento de ingreso.
También prometió reconstruir el interior, para asignar a los reos a áreas específicas. En un espacio estarán, separados, los más peligrosos.
Como sea, El Bronco busca que la Federación aporte una parte de los 6 mil millones de pesos necesarios para construir una penitenciaría que sustituya a Topo Chico. Hasta el momento sólo se ha dicho que se edificaría en algún lugar al sur de la entidad y que tendría capacidad para 6 mil internos.
Nuevo León aportaría recursos para este proyecto mediante la venta del viejo inmueble, que sería desocupado o demolido, y otros predios.
Finalmente, el pasado 28 de junio, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Sofía Velasco Becerra, pidió que el Penal del Topo Chico sea cerrado o que sus sistemas sean reestructurados, pues en las condiciones en que se encuentra el lugar, no puede ser garantizada la vida de los internos.
Mencionó que por las deplorables condiciones en que se encuentra el centro penitenciario, no se pueden realizar adecuadamente las labores de reinserción ni actividades formativas, las cualkes deben gozar los reclusos.
Velasco pidió que para cumplir con el derecho a la salud de los internos, quienes padezcan enfermedades mentales sean enviados a instituciones que les proporcionen servicios hospitalarios adecuados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/446513/mudaran-a-los-fantasmas-topo-chico
