Se resiste Peña a acatar recomendaciones del GIEI: padres de los 43

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En vísperas de cumplir dos años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como de la intervención de la CIDH, el gobierno de Enrique Peña Nieto se resiste a aceptar las propuestas de las familias de las víctimas para dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por el organismo internacional para esclarecer el paradero de los estudiantes.

El abogado de los padres de familia, Vidulfo Rosales Sierra, afirmó que pese a que hay algunos avances en las negociaciones para diseñar un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del GIEI, no hay acuerdos en cinco de ocho propuestas presentadas por los padres de los 43 desaparecidos y sus representantes legales, los centros de derechos humanos Agustín Pro Juárez y de la Montaña-Tlachinollan.

Al término de una reunión con Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan, consideró que “hay mucha resistencia todavía y los puntos medulares son la estancia del mecanismo en nuestro país, las facultades para entrar al seno de la investigación o la información sensible que pueda estar extrayendo, y la visita en el terreno de los comisionados”.

El abogado explicó que las discordancias sobre la labor del grupo técnico de seguimiento, que estará encabezado por el presidente de la CIDH, James Cavallaro, se centran en el mandato que tendrá, pues para los padres es indispensable que dé seguimiento tanto a las medidas cautelares emitidas como a las recomendaciones del GIEI, mientras que el gobierno sólo quiere acotar el seguimiento a las recomendaciones que estén relacionadas con las medidas.

Sin embargo, apuntó Rosales, “hay recomendaciones que son más amplias, relacionadas con el contexto del caso, para el esclarecimiento del mismo”.

Al destacar que, en la próxima sesión ordinaria de la CIDH en Washington, los comisionados decidirán sobre el mecanismo, Rosales abundó que entre las trabas identificadas destaca que el gobierno pretende que en cada visita a México del equipo técnico tengan que negociarse las fechas de estancia, en tanto que el gobierno pide que se realicen dos visitas de los comisionados en el lugar y no cuatro al menos que piden los padres.

También reconoció que entre los avances de las negociaciones resaltan los temas de hacer públicas las visitas del equipo técnico, el financiamiento y un tema normativo sobre las facultades del mecanismo, que tendrán que ser regidas por la normatividad mexicana, y los acuerdos internacionales en términos de garantizar los derechos de las víctimas.

Rosales señaló que el viernes habrá una nueva reunión con Campa y los padres, en busca de llegar al último día de julio con un acuerdo ante la CIDH, instancia que al final de cuentas decidirá los términos del seguimiento a las medidas cautelares y a las recomendaciones del GIEI.

Al término del encuentro, Campa Cifrián confió en que ambas partes llegarán a un acuerdo sobre los términos del mecanismo de seguimiento, mismo que será sometido a revisión a la CIDH “en la reunión que se sostendrá la última semana de julio, ya que estamos empeñados en llegar con un acuerdo, entre los familiares y sus representantes, con el Estado mexicano”.

Campa reconoció que acudió a la reunión en representación de la Cancillería, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Segob, y en contraste con lo dicho por Rosales Sierra dijo que “prácticamente están concluidos todos los puntos, hay muchos puntos que ya están amarrados”.

El subsecretario puntualizó que a final de cuentas será la CIDH la que tenga la última palabra, pero que las partes están empeñadas en llegar a un acuerdo antes de acudir al organismo, a finales de julio.

Fuente: Proceso

Autora: Gloria Leticia Díaz

http://www.proceso.com.mx/447076/se-resiste-pena-a-acatar-recomendaciones-del-giei-padres-los-43

Policías sentenciados por caso Chalchihuapan no irán a la cárcel: abogado

PUEBLA, Pue. (apro).- Los seis policías que la semana pasada fueron sentenciados luego de la represión ocurrida el 9 de julio de 2014 contra habitantes de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, no serán encarcelados por tener derecho a libertad bajo caución.

El abogado Alejandro del Castillo explicó que luego de que los cargos que se les tipificaron por el homicidio del niño José Luis Tehuatlie Tamayo se limitaron a homicidio culposo, la pena que alcanzaron fue conmutada por una fianza que será de alrededor de 70 mil pesos.

También dijo que existen informes del Tribunal Superior de Justicia del Estado que señalan que dos de los uniformados, Juan Máximo Jiménez y Francisco López Domínguez, fueron sentenciados el jueves por el homicidio del niño con una pena de tres años y nueve meses.

Mientras que Juan Nava Moreno, Régulo Ramiro Islas, Jaime Santiago Pérez y Luis Bernardo González Santos fueron sentenciados por falsedad de declaración y lesiones, por lo que sus penas serán aún menores.

De esa forma, dijo que a pesar de que la semana pasada el gobierno del estado se congratuló que los seis policías fueron sentenciados por la represión violenta que sufrieron los habitantes de Chalchihuapan, lo cierto es que ninguno de ellos volverá a prisión.

Luego recordó que a finales de 2014 estos mismos elementos policiacos fueron encarcelados como supuestos responsables del operativo y del homicidio del niño, sin embargo, al poco tiempo, el 24 de diciembre de ese mismo año, fueron liberados debido a que los cargos fueron cambiados de homicidio doloso a culposo y alcanzaron derecho a fianza.

Del Castillo explicó que la muerte del niño y las heridas que sufrió el resto de los habitantes de esa localidad al ser desalojados cuando llevaban a cabo una protesta, fueron consideradas de esta forma como un hecho “accidental”.

Ante esto, indicó que el único que se mantiene en prisión sigue siendo el exedil auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, mientras que otros nueve habitantes de la localidad fueron liberados bajo amparos federales después de meses de encarcelamiento.

Con ello señaló que a dos años de este hecho, la impunidad persiste y los únicos que han vuelto a ser castigados por ese violento operativo son los mismos pobladores de esa comunidad indígena.

En relación con esto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, pidió este martes a la Fiscalía General de Justicia aclarar las causas por los cuales el exedil auxiliar de Chalchihuapan continúa preso.

“Si no se aclaran los delitos que se le imputan y no se fundamentan los mismos, estarán violentando sus derechos”, dijo el legislador priista.

Incluso indicó que si no se fundamentan los cargos que se le imputan al edil por los cuales sigue preso a casi dos años de su aprehensión, se puede considerar como un “preso político”.

Fuente: Proceso

Autora: Gabriela Hernández

http://www.proceso.com.mx/447079/policias-sentenciados-caso-chalchihuapan-iran-a-la-carcel-abogado

Hallan 12 cráneos humanos durante excavación en el Centro Histórico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el cruce de las calles López y Artículo 23, en el Centro Histórico de esta capital, se hallaron 12 cráneos humanos cuando personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizaba excavaciones para instalar un transformador.

De acuerdo con los trabajadores, se encontraron huesos de distintas partes del cuerpo y 12 cráneos, por lo que de inmediato dieron aviso al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para que realizara el levantamiento.

La institución se encargará de hacer un estudio de los restos hallados para determinar la antigüedad de los cráneos y si pertenecen a alguna cultura prehispánica.

Según empleados de la CFE, en tres meses han encontrado por lo menos dos esqueletos completos.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/447101/hallan-12-craneos-humanos-excavacion-en-centro-historico

Los Zetas mataron y quemaron a más de 300 personas en Coahuila: testigo

McAllen, Tex. (apro).- Testimonios presentados en la Corte Federal de San Antonio confirmaron que fueron asesinadas más de 300 personas en Allende, Coahuila, lo que contradice la “verdad jurídica” de la Procuraduría de Justicia de ese estado, la cual concluyó que sólo ocurrieron 28 secuestros y que de ellos “se tienen la certeza que 11 fueron asesinados”.

“Los líderes Zetas me dijeron que ascendieron a más de 300 personas secuestradas y muertas de un disparo, luego quemadas con diesel o disueltas en ácido para desaparecer los cuerpos”, confesó José Luis Rodríguez, El Pollo, de 36 años de edad.

El Pollo operó en la ciudad fronteriza de Eagle Pass traficando drogas para los Zetas y ahora enfrenta prisión de por vida por el delito de secuestro y narcotráfico.

El testimonio de El Pollo se produjo en el juicio contra Mariano Millán Vázquez, El Chano un narcotraficante mexicano quien en marzo del 2011 coordinó los asesinatos masivos en Allende, Piedras Negras, Ciudad Acuña y la región de Cinco Manantiales. Después de esa masacre lo ascendieron a Jefe de Plaza en la ciudad fronteriza de Piedras Negras.

José Luis Rodríguez testificó que en marzo del 2011 estaba entregando un millón de dólares de ganancias por el tráfico de drogas a los líderes Zetas cuando le informaron que los capos Poncho Cuellar y su brazo derecho Héctor Moreno habían desertado y estaban delatando actividades del cartel a autoridades estadunidenses.

Contó que le solicitaron ayuda para ubicar domicilios de Cuellar y para eliminar a todos los que estaban asociados con ese capo, quien se desempeñaba como Jefe de Plaza de Piedras Negras.

“Las víctimas fueron gente de Allende, Morelos, Acuña, Piedras Negras, y áreas circunvecinas, testificó. En Piedras Negras una ocasión ellos me dijeron que tenían a 40 personas de rodillas y pum pum pum. … los mataron”, según publicó el diario San Antonio Express News.

Los fiscales texanos están utilizando un apartado de la ley que les permite procesar a personas por crímenes ocurridos en suelo extranjero si éstos están relacionados con delitos cometidos en territorio de Estados Unidos.

PGJE: sólo 28 secuestros

“La verdad jurídica a la que hemos llegado hasta ahora, está basada en los testimonios, pruebas periciales y confesiones que hemos recabado a lo largo de esta investigación y apuntan lamentablemente al secuestro de 28 personas: De 11 tenemos la certeza que fueron privadas de la vida y en el caso de 17 más, su paradero aún se desconoce, informó el Procurador Homero Ramos Gloria en una conferencia de prensa celebrada el 9 de diciembre del año 2014.

Los únicos acusados formalmente en México por esos crímenes son dos expolicías municipales y dos personas más. Mientras que las autoridades de Texas han metido a la cárcel a más de una decena de delincuentes por esa masacre.

Ramos Gloria detalló que “la tarde noche del día 18 de marzo del año 2011 arribaron a diversos domicilios de los municipios de Allende y Piedras Negras, Coahuila, un número no determinado de sujetos armados y quienes de acuerdo a las investigaciones se sabe que venían de otros estados”.

Los testimonios de los pobladores de Allende son más precisos que los del procurador: alrededor de 200 sicarios que no se cubrían el rostro llegaron al filo de las 5:30 horas provenientes de Piedras Negras en 42 camionetas que eran escoltadas por cuatro patrullas de la policía municipal.

El procurador explicó que el objetivo de los pistoleros “era localizar y privar de la libertad a una persona que realizaba operaciones financieras con recursos cuya procedencia se atribuye a actividades de un grupo de la delincuencia organizada y con quien los miembros de éste habrían tenido un desacuerdo”.

El hombre que buscaban era Héctor Moreno Villanueva, responsable del trasiego de droga, lavado de dinero y administrador financiero de los capos Zetas Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, El Z40 y Z42 respectivamente.

“Al no ser ubicado en los domicilios registrados, el grupo armado privó de la libertad a diversos familiares cercanos de ésta persona y junto con ellos a sus trabajadores, así como a civiles que tenían -o que quienes ejecutaron la orden asumieron que tenían- alguna relación con quien buscaban”, añadió el procurador.

Lo que no mencionó Ramos Gloria fue que ese día los sicarios se llevaron a más de 150 personas y las trasladaron a un rancho ubicado a la altura del kilómetro 7 de la carretera Allende-Villa Unión perteneciente a José Luis Garza Gaytán, socio de Moreno.

El procurador sí informó que posteriormente a esos hechos “las personas fueron privadas de la vida y sus cuerpos calcinados con el objetivo de eliminar las evidencias”.

Otro testimonio

Héctor Moreno y parte de su familia ya había huido a Estados Unidos y de esa manera eludieron la venganza de los hermanos Treviño Morales. Ahora es testigo protegido del gobierno.

En un juicio celebrado en la Corte Federal de Austin donde rindió testimonio aseguró: “Soy Héctor Moreno y tengo 35 años de edad… Trabajé con Alfonso Poncho Cuellar desde el año 2007 hasta el 2011”, precisó en su confesión el capo de Allende.

“Y cuando usted dice trabajé, ¿qué actividad realizaba?”, le cuestionó un fiscal. “Tráfico de drogas en la ciudad de Piedras Negras, desde 2007”, respondió.

Moreno precisó que como operador hacía las llamadas por teléfono a los conductores de los camiones, a los clientes y empaquetaba la droga. “Al 40 y 42 los veía regularmente entre tres o cuatro veces por mes y en otras ocasiones hasta dos veces por semana. Había periodos en que Z40 y Z42 desaparecían hasta por cuatro meses”.

La droga se cruzaba en tráileres de empresas transportistas y se escondía en casas de seguridad en la ciudad vecina de Eagle Pass. De ahí se mandaba por la carretera 35 a Dallas a un socio de Moreno llamado José Vázquez, quien la revendía a las diversas pandillas estadounidenses que la distribuían por toda la Unión Americana.

Añadió que recibían unos cuatro millones de dólares cada 10 días por 800 kilos de cocaína que se enviaban cada mes. Ese dinero llegaba a México escondido en tanques de combustible de vehículos en billetes de todas las denominaciones, pero las reglas para pagar al contador de Z40 y Z42 era entregarles sólo billetes de 20, 50 y 100 dólares.

–¿Señor Moreno cómo vino a los Estados Unidos?—preguntó el Fiscal.

–En marzo del 2011 estaban sucediendo una gran cantidad de problemas en Coahuila y solicité asilo al gobierno de Estados Unidos—respondió el testigo

–¿Cuándo usted dice que había problemas a qué se refiere, podría especificar?

–Un montón de muertes. Ellos comenzaron a matar familias en Allende, en Piedras Negras, en Muzquis en Sabinas. Ellos también me querían matar. Yo no traje nada de dinero porque 40 y 42 destruyeron casas para apoderarse de todo y debido a esto ellos mataron a 300 personas en Allende, Coahuila—remató.

Fuente: Proceso

Autor: Juan Alberto Cedillo

http://www.proceso.com.mx/447092/los-zetas-mataron-quemaron-a-300-personas-en-coahuila-testigo

Extesorero de Duarte posee propiedades valuadas en millones de pesos en Costa Rica

De acuerdo con la investigación de Teletica de Costa Rica, Vicente Benítez González extesorero del gobierno de Veracruz, es propietario de un hotel y bienes valuados en millones de pesos. La fiscalía costarricense dice que ninguna autoridad mexicana ha solicitado información sobre las propiedades del diputado electo.

Vicente Benítez González, extesorero del gobierno de Veracruz es propietario, junto con su esposa, de nueve propiedades en Costa Rica, algunas de ellas en zonas exclusivas de aquel país, según un reporte del medio Teletica.

De acuerdo a la investigación, Benítez González está casado con la ciudadana costarricense Mariela de los Ángeles Núñez Rodríguez desde agosto de 2006 según consta en el registro civil de Costa Rica.

Según Teletica, Mariela de los Ángeles tiene un salario de unos 500,000 colones mensuales (unos 16,750 pesos) aunque no especifica el trabajo que desempeña.

Ambos son dueños de varias propiedades de alto valor: un terreno a un costado del estadio Carlos Ugalde con valor de 104 millones de colones (unos 3 millones 484,000 pesos); uno en Ciudad Quesada por un valor de 64 millones de colones (unos 2 millones 144,092 pesos) y otro en Aguas Zarcas por 1.8 millones de colones (unos 60,302 pesos).

Tienen dos terrenos más en Ciudad Quesada por 15 millones de colones (unos 502,521 pesos); una casa en una zona exclusiva en el mismo lugar con un valor de 1 millón de dólares (poco más de 18 millones de pesos). También tienen una camioneta Chevrolet Traverse de 603,025 pesos.

Registro Nacional República de Costa Rica.

También son parte del Grupo Benu, dueño del Hotel Nube, a través del cual son propietarios de dos terrenos, uno de 13 millones de colones (unos 435,518 pesos) y un segundo de 49 millones de colones (aproximadamente 1.6 millones de pesos).

El candidato electo al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, denunciará a Benítez González por enriquecimiento ilícito y el presunto desvío de recursos públicos a cuentas bancarias y empresas en Costa Rica.

Este domingo, Yunes Linares dijo que pedirá que el fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo actúe contra Benítez – ahora diputado electo por el municipio de San Andrés Tuxtla – antes de que tome posesión como diputado en noviembre próximo y tenga fuero.

Al respecto, este lunes el gobernador Javier Duarte dijo en su cuenta de Twitter que si el exfuncionario cometió algún ilícito se le investigue.

Respecto a señalamientos contra Vicente Benítez, si cometió alguna ilegalidad soy el más interesado en que la FGE actúe conforme a derecho.✔@Javier_Duarte

Tras las declaraciones de Yunes Linares y el reportaje de Teletica, Benítez González dijo en conferencia de prensa este martes 12 de julio que el patrimonio de él y de su familia es producto de años de trabajo, dentro y fuera de la administración pública.

“Quiero puntualizar que dicho trabajo carece de veracidad y fundamentos legales, pues se trata de un reportaje y no de una investigación, por eso reitero mi convicción de no litigar ante los medios de comunicación, ya que como ciudadanos debemos someternos a las instituciones del Estado”, dijo Benítez, según Quadratin Veracruz.

Sobre la denuncia de Yunes Linares, el diputado electo se puso a disposición de las autoridades del estado para aclarar los hechos.

Animal Político solicitó a la Fiscalía de Costa Rica información sobre el caso. La vocera Tatiana Vargas informó que al día de hoy la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público de Costa Rica “no ha recibido ninguna solicitud de colaboración mediante asistencia penal internacional por parte de las autoridades de justicia de México, en relación con el señor Vicente Benítez González”.

Antes de ser electo diputado local para la próxima legislatura, Benítez González fue encargado de la Tesorería del Gobierno de Veracruz, subsecretario de Desarrollo Social y Oficial Mayor de la Secretaría de Educación.

También estuvo ligado al aseguramiento en el Aeropuerto de Toluca de una maleta con 25 millones de pesos en enero de 2012.

Entonces el secretario estatal de Finanzas, Tomás Ruiz González, argumentó que el dinero era por el pago de eventos que se realizarían en las fiestas de La Candelaria, el Carnaval y la Cumbre Tajín de ese año. Tras el suceso, Vicente Benítez renunció como tesorero de la Secretaría de Finanzas estatal, aunque el gobierno no explicó las causas.

Este es el reporte completo de Teletica.

Fuente: Animal Político

Autor: Redacción

http://www.animalpolitico.com/2016/07/extesorero-duarte-implicado-presunto-desvio-recursos-costa-rica/

Estadunidense narra tortura por parte de policías de Taxco

Ciudad de México. Ronald James Wooden flexiona sus grandes manos de herrero con las que en su día forjó desde lámparas de araña a intrincada joyería. Dice que aún está recuperando sensibilidad tres años después de una golpiza que duró cuatro horas y durante la que policías municipales del sur de México le propinaron puñetazos y le pegaron con culatas de rifles.

Los agentes le apretaron los grilletes y luego se pusieron sobre ellas para infligir el mayor daño posible a sus manos, apunta Wooden, de 46 años, que había abierto un taller en las colinas de las afueras de la ciudad de Taxco, una localidad con minas de plata, junto a su esposa, mexicana de nacimiento. La policía lo detuvo por supuestamente alterar el orden, pero Wooden sostiene que la paliza se produjo por una disputa con su vecino, un ex policía que dijo pertenecer a un cártel local de la droga.

"Me pegaron durante casi cuatro horas. Algunos se cansaban y entonces entraban otros. Iban a matarme y hacerme desaparecer", recuerda Wooden, que dice que sufrió daños en el sistema nervioso, además de costillas rotas y lesiones en los genitales.

Lo que lo salvó, sostiene, fue una "intervención divina y el amor que mi familia tiene por mí". Su esposa, Carmen, esperó afuera del ministerio público durante horas hasta que pudo pagar su fianza de 200 pesos (12 dólares) y llevarlo a un hospital tras quedar en libertad.

Grupos de derechos humanos dicen que la tortura policial sigue siendo muy común en México, pero el caso de Wooden, ocurrido en 2013, es inusual por dos aspectos: es ciudadano estadounidense y logró una orden judicial para una investigación penal sobre la golpiza.

Una pesquisa realizada en 2014 por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado de Guerrero, formada por el gobierno, halló que la policía de Taxco detuvo ilegalmente a Wooden, se contradijo sobre cómo se habían producido sus lesiones y esencialmente mintió sobre su alcance. Se determinó que el estadunidense había quedado cubierto de magulladuras, rasguños y cortes.

La comisión emitió una directiva que decía que las autoridades municipales deberían castigar a los responsables y pagar una indemnización.

Tras dos años sin avances, un juez federal ordenó el pasado 30 de junio que el gobierno de México abra una investigación penal formal por tortura y secuestro en el caso de Wooden.

"Esto abre una brecha nueva, poco explorada, poco utilizada" para obligar a las autoridades a investigar las miles de quejas por torturas en México, dijo Mario Santiago, un abogado del grupo de derechos humanos Idheas, que representa a Wooden. "Sabemos que suceden cientos o miles de denuncias de torturas, todo el tiempo en este país (...) Hay impunidad, hay una falta de investigación".

Wooden, que había estado viviendo en Texas, se mudó a Taxco atraído por su afamada industria de la joyería en plata, que había sido reactivada por el aventurero estadunidense William Spratling en la década de 1930. Pero en los últimos años, la localidad de la época colonial ubicada al sur de la Ciudad de México está controlada por los cárteles de la droga. En 2010, las autoridades descubrieron 55 cadáveres en estado de descomposición que habían sido arrojados a una mina abandonada cerca de la localidad.

Tan pronto como abrió su tienda, recuerda Wooden, comenzó a recibir amenazas de un mil pesos mensuales para su protección.

Cuando el vecino sacó un machete y lo amenazó con enviarlo de vuelta a Estados Unidos en pedazos, ambos hombres llamaron a la policía, explicó Wooden. Cuando los agentes aparecieron, recuerda, se fueron directamente hacia él pateándolo y propinándole puñetazos en el suelo. Lo detuvieron por estar ebrio y alterar el orden, acusaciones que Wooden niega.

Wooden no se engaña sobre lo que pudo haberle sucedido: las prácticas de la policía de Taxco son tan conocidas que el gobierno federal desarmó a todo el cuerpo durante un año y medio tras la detención de Wooden y pasó la vigilancia a agentes federales.

El ex director de la policía de la ciudad, Eruviel Salado Chávez, fue detenido el mes pasado por cargos de crimen organizado y secuestro. Está acusado de mantener estrechos vínculos conGuerreros Unidos, el grupo considerado responsables de muchos de los 100 cuerpos encontrados en fosas comunes en los alrededores de Taxco y la cercana ciudad de Iguala. El gobierno federal dice que los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en Iguala fueron secuestrados por policías locales corruptos y entregados a Guerreros Unidos, que supuestamente los habrían matado.

"Parte de lo que me protegió es que soy extranjero y no tengo miedo", explicó Wooden. "Lo que me ocurrió a mi le ha ocurrido a otras personas (...) Familias enteras han desaparecido en estas situaciones".

Cuando recuperó la consciencia en el interior de una celda tras la golpiza, "me di cuenta de que había sangre seca en el suelo, y no toda era mía".

México aprobó una ley que establece sanciones para los abusos policiales en 1986, en medio de la consternación por el descubrimiento de cuerpos torturados en una comisaría de policía dañada por un terremoto. La norma, en teoría, se endureció en 1991, prohibiendo el uso de testimonios obtenidos bajo tortura.

Pero los escándalos que implican a policías, soldados y marines mexicanos siguen creciendo. Y el caso de Wooden es un ejemplo de lo difícil que es castigar estos abusos.

En un primer momento, el artesano presentó una demanda penal tras la paliza. Pero dijo que la retiró cuando un hombre en la oficina del juez lo llevó a un lado y le dijo: "Están planeando hacerte desaparecer si sigues haciendo ruido y pidiendo cargos".

Además de los daños físicos, Wooden dijo que parte de su equipo fue sustraído. El y su esposa se marcharon de Taxco por miedo y se trasladaron a otras partes del país. Apunta que no ha podido embarcarse en nuevos proyectos por sus lesiones y falta de dinero para comprar materiales.

Nadie ha entrado en prisión por torturar a Wooden. Dos de los agentes de policía recibieron advertencias y se les pidió que tomasen clases sobre derechos humanos, aunque Santiago apunta que no está claro si llegaron a hacerlo.

"Hay impunidad, hay una falta de investigación. Y como le sucedió a él, le sucede a mucha gente", dijo Santiago. "Lo que buscamos es la modificación estructural, hacer modificaciones a las estructuras que permiten que estas violaciones existan".

Fuente: La Jornada

Autor: Ap

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/13/estadunidense-acusa-a-policia-de-taxco-de-tortura

Abre dólar con ganancia; se vende en 18.65 en bancos

Ciudad de México. En bancos de la Ciudad de México, el dólar libre se vende en un precio máximo de 18.65 pesos, cinco centavos más respecto al cierre de ayer y se compra en un mínimo de 17.81 pesos.

A su vez, el euro avanzó cinco centavos y se oferta en un máximo de 20.62 pesos, mientras que la libra esterlina alcanza un precio máximo de 24.68 pesos y el yen se ofrece hasta en 0.192 pesos por unidad.

Banco Base explica que el peso se comporta a par de la mayoría de los principales cruces, al extenderse el optimismo y la demanda por activos de mayor riesgo en los mercados financieros globales.

Señala que la publicación de indicadores económicos desfavorables para varias economías importantes ha reforzado la idea de que las autoridades fiscales y monetarias harán un esfuerzo por evitar riesgos deflacionarios y una mayor desaceleración del crecimiento económico, particularmente en Japón y Reino Unido.

El tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país es de 18.3006 pesos, informa el Banco de México (Banxico) en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Precisa que las tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio (TIIE) a 28 y 91 días se sitúan en 4.5806 y 4.6808 por ciento, en ese orden, ambas con un alza de 0.0048 y 0.005 puntos porcentuales.

Fuente: La Jornada

Autor: Notimex

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/13/venta-del-dolar-promedia-en-18-85-en-el-aicm

Muere conductor en choque de tractocamiones en el Arco Norte

Ciudad de México. Un conductor falleció en el accidente ocurrido la madrugada de este miércoles entre dos tractocamiones en el kilómetro 130 del libramiento conocido como Arco Norte en el tramo Pachuca-Tulancingo, con dirección a Puebla.

De acuerdo con información de la empresa Arco Norte, el percance vial ocurrió a las 4:22 horas, cuando un choque entre un tractocamión de caja y un tráiler nodriza ocasionó que se incendiaran las unidades.

“Accidente km 130 dirección a Puebla, tramo Pachuca–Tulancingo, salida obligada caseta Ajoloapan por cierre de cuerpo. Unidades de emergencia laborando en el lugar”, escribió en su cuenta de Twitter @arconorte.

El tramo carretero se encuentra cerrado debido a que en el lugar aún laboran los servicios de emergencia. Se prevé que se reabra a la circulación aproximadamente en dos horas.

“Accidente en el km 130+500 de Pachuca a Tulancingo, utilizar salida caseta Pachuca, Autopista cerrada”, “Tráfico lento por accidente km 130 dirección Puebla, fila de aproximadamente unos 6 km. Unidades de emergencia aun laborando en el lugar”, abundó en la red social.

Fuente: La Jornada

Autor: Notimex

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/13/muere-chofer-en-choque-de-tractocamiones-en-el-arco-norte

Se fugan 11 reos de la cárcel de Cancún

Once reos integrantes de la banda criminal Los sureños, algunos de alta peligrosidad, se fugaron la noche de este martes de la cárcel de Cancún, Quintana Roo, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Pedro Mercader.

El funcionario explicó que la fuga ocurrió en la zona de Albatros y que los prófugos participaron en el incendio en el bar Castillo del Mar, que causó la muerte de cerca de una docena de parroquianos en 2010.

La Fiscalía General del Estado reportó que la evasión ocurrió alrededor de las 21 horas, cuando los internos golpearon y amordazaron al custodio del área, rompieron la malla ciclónica y salieron en fila hacia la avenida Nichupté, la cual fue acordonada, al igual que el resto de las calles y avenidas de la periferia.

Ocho minutos después las autoridades activaron el código rojo de búsqueda en la ciudad. Decenas de patrullas de todas las corporaciones policiacas en el estado se concentraron en la zona y sus alrededores, además de montar operativos y retenes, situación que obstruyó la circulación en puntos específicos.

De igual manera se adentraron en las zonas verdes que rodean el penal, del lado del 64 batallón de la guarnición Militar, por donde se habrían fugado.

Los fugitivos son Édgar Laureano Gallardo, Francisco Javier Ayona Gonzáles, Marco Antonio Noyola, Juan Pablo Morales López, Javier López, Víctor Reynaldo Vázquez Mora, Miguel Hidalgo Polanco, Jorge Armando, Jesús Laureano Corteza Cautiño, Jonatan Michel Ramírez Sánchez y Luis Fernando Licarde Quiroga.

Las autoridades pusieron en marcha una operación policiaca en calles y avenidas aledañas a la cárcel de Cancún.

Fuente: La Jornada

Autora: Patricia Vázquez

http://www.jornada.unam.mx/2016/07/13/politica/013n3pol

Si no frenan la reforma seguirá el conflicto: CNTE

Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) afirmaron que la instalación de las tres mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación (SG) es ‘‘sólo la posible vía para alcanzar una solución, pero no hay nada seguro. Es una agenda que apenas está en construcción’’.

Advirtieron que el gobierno federal ‘‘no debe apostar a seguir administrando el conflicto. No puede pensar en que las mesas sean un mecanismo de distracción, de alargamiento, de desgaste, y que al final no nos deje absolutamente nada; sería un grave error’’.

Por ello, los maestros disidentes anunciaron que se analiza la formación de un grupo de asesoría y observación en el que participen intelectuales, especialistas e integrantes de diversos sectores, para que en ‘‘este tipo de mecanismos no haya engaños ni se busque alargar el conflicto’’, por lo que podrían sumarse a las mesas.

Integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) señalaron que en la mesa con la SG ‘‘se insistió en que el problema fundamental es la reforma educativa, y mientras ésta no tenga modificaciones de fondo, el problema sólo se aplaza. La postura es clara: debemos discutir la reforma, ese es el eje central, y a partir de esta visión podemos construir; de lo contrario, el conflicto sólo continuará’’.

En tanto, especialistas de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) alertaron que ‘‘no basta la instalación de mesas de trabajo para desactivar la resistencia magisterial y atender el llamado de muchos sectores sociales para repensar la reforma educativa. Los riesgos de trabajar por medio de mesas de trabajo es que separcele el asunto, que se deje de lado una visión más integral de la reforma y de los temas de fondo que se deben modificar’’, afirmó Lucía Rivera, profesora-investigadora de la institución.

Recordó que para el próximo ciclo escolar 2016-2017 se buscará implementar en los centros escolares muchas de las medidas que contempla la reforma, como el cambio y ampliación de la jornada escolar, mayor control del tiempo de instrucción en el aula y en el uso que se le dé a los materiales educativos.

‘‘Enfrentamos un dispositivo muy complejo de control del funcionamiento escolar, no sólo de la actuación del maestros, sino lo que van a hacer los alumnos en el aula. Lo que está en el fondo de la reforma es mucho más que el control de maestros, es crear toda una nueva organización escolar donde se imponga la lógica empresarial de producción de resultados.’’

En entrevista por separado, José David Alarid, profesor-investigador de la UPN, consideró positivo la instalación de las tres mesas de trabajo, pero reconoció que ‘‘lo siguiente es ver cuál es su alcance real y qué disposición hay realmente para modificar lo que se tenga que cambiar’’.

Los mentores disidentes indicaron que la segunda mesa, donde se abordará el tema educativo, se realizará en la sede de Gobernación, porque ‘‘ahí es donde estamos construyendo los acuerdos’’, por lo que hicieron patente su rechazo a aceptar como interlocutor al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer.

‘‘Hasta ahora, la definición como CNTE es que no lo aceptamos. Consideramos que es el principal responsable de esta problemática. Tocamos muchas veces esa puerta y solamente en una ocasión se abrió para recibir un escrito por oficialía de partes; fuera de esto, jamás se nos hizo caso’’.

Faltó ‘‘sensibilidad’’ a Nuño

Abundaron: ‘‘No podemos olvidar que las protestas en las calles se debieron a la falta de sensibilidad de quien dirige el sector educativo en este país, y lo que necesitamos es una gente que escuche, no que cierre todas las posibilidades de intercambiar opiniones; por todas esas razones nos parece que (Nuño) no es un buen interlocutor’’, concluyeron.

Por su parte, profesores disidentes de la Ciudad de México informaron que como parte de su jornada de protestas, hoy se realizaron cierres de las direcciones generales operativas de la Administración Federal de Servicios Educativos, mientras que mañana anunciaron que acudirán a la sede de esa instancia en Iztapalapa.

Fuente: La Jornada

Autora: Laura Poy Solano

http://www.jornada.unam.mx/2016/07/13/politica/005n2pol

Osorio Chong dice que Aurelio Nuño sí participará en las negociaciones con la CNTE

El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, sí participará en las negociaciones entre el gobierno federal y los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), informó este martes 12 de julio el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El funcionario federal dijo en entrevista con Grupo Fórmula que Nuño atendería la mesa de negociación enfocada a la educación.

Las declaraciones de Osorio Chong ocurren un día después de que la Segob e integrantes de la CNTE acordaron la instalación de tres mesas de negociación –política, educativa y social– con el objetivo de destrabar el conflicto magisterial derivado de la reforma educativa. 

Sin embargo, luego de la reunión de este lunes por la noche, el líder de la CNTE en Chiapas, Adelfo Alejandro, rechazó que el secretario de Educación, Aurelio Nuño, pueda integrarse a la mesa que tratará temas educativos. “Mantenemos la interlocución directa con esta instancia (Segob)”, dijo.

Nuño se ha reunido con integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), opositor a la CNTE. El secretario de Educación recibió un documento en que el sindicato pide “corregir” aspectos de la reforma educativa y aplicarla en los términos que prometió el gobierno federal.

La reforma educativa “no va para atrás”

Osorio Chong agregó en entrevista radiofónica que, a pesar de las mesas de diálogo acordadas con la CNTE, la reforma educativa “no va para atrás”. 

“No está, no está en el documento que les firmé, no está en la discusión, no está en ningún acuerdo. No es la abrogación lo que pusimos en la mesa, pusimos el diálogo”, dijo el funcionario.

Osorio Chong reiteró que no es la reforma educativa lo que se puso en la mesa para avanzar en el proceso, y confió en que se alcancen soluciones, “esperamos que correspondan a este trabajo que se ha venido haciendo”.

“Habremos de ver todos los temas que obedecen a diversos planteamientos, que no solamente es la reforma educativa, no sólo es la abrogación, y yo creo que podremos encontrar solución a sus planteamientos“, señaló.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/osorio-chong-dice-aurelio-nuno-participara-las-negociaciones-la-cnte/

Personal de Protección Civil de Iguala participó en los ataques y desaparición de normalistas

En los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa perpetrados el 26 y 27 de septiembre de 2014, participó una corporación de rescate y salvamento: la Dirección de Protección Civil Municipal de Iguala, en cuyas filas laboraba David Cruz Hernández, alias “El Chino”, a quien la Procuraduría General de la República presenta como “jefe de ‘halcones” de la organización Guerreros Unidos en esa ciudad.

Tal como concuerdan las investigaciones del gobierno mexicano, de la Comisión Nacional de Derechos los Humanos (CNDH), y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en los ataques contra los normalistas no sólo participaron cuerpos policiacos, sino también de protección civil.
Ayer, la CNDH informó que “El Chino” es señalado como cómplice en el homicidio de uno de los tres normalistas asesinados en la madrugada del 27 de septiembre, Julio César Mondragón, quien fue torturado y ejecutado por sus captores, y luego su cadáver abandonado en una calle de terracería, en Iguala.

En el expediente de la PGR, efectivamente, se cuenta con las declaraciones de dos presuntos integrantes del cártel Guerreros Unidos, quienes aseguran que luego de ser privado de la libertad el joven Julio César Mondragón fue puesto a bordo de una camioneta “roja” de Protección Civil Municipal que conducía David Cruz Hernández.

El rapto, tortura y homicidio de Julio César no fue la única intervención de esta camioneta de Protección Civil en los ataques contra los normalistas, tal como se desprende no sólo de las declaraciones ministeriales de los presuntos atacantes, sino también del testimonio de los sobrevivientes.

I. Halconeo
Tal como coinciden las investigaciones del GIEI y de la PGR (en su última actualización, de junio pasado), los normalistas provenientes de Ayotzinapa llegaron a Iguala alrededor de las 19:30 horas.

Según los testimonios de los normalistas, desde su llegada a la caseta carretera de Iguala al lugar arribó “una camioneta roja, que pasó observando”.

Una camioneta de las mismas características es la que conducía el 26 de septiembre David Cruz Hernández, quien, según la PGR, era el encargado del grupo de ‘halcones’ del cártel Guerreros Unidos. Es decir, del equipo de vigías que monitoreaba las actividades cotidianas de la ciudadanía y las autoridades en la ciudad de Iguala.

Según las indagatorias, dentro de la estructura de Protección Civil Municipal David Cruz ocupaba un puesto “operativo” y estaba al mando del subsecretario Raúl Domingo Miliani.

Dos de los presuntos sicarios de Guerreros Unidos detenidos por estos ataques, de hecho, aseguraron en sus declaraciones ministeriales que fueron notificados del arribo de los normalistas a Iguala a través de esta red de ‘halcones’, y uno de estos detenidos –Marco Antonio Ríos Berber, alias Amarguras– aseguró que fue directamente el empleado de Protección Civil quien le alertó telefónicamente de los hechos.

El segundo acusado que menciona los hechos, Martín Alejandro Macedo Barrera, señala que es a partir de estos reportes de la red de halcones que al menos dos células de sicarios logran alcanzar  a los normalistas, cuando éstos deciden ingresar a la ciudad de Iguala –más allá de la caseta carretera–, alrededor de las 20:00 horas.

Según la declaración de estos detenidos en ese momento no impidieron el paso a los normalistas, quienes viajaban en dos autobuses rumbo a la terminal camionera de Iguala, sino que sólo les dieron seguimiento próximo a bordo de dos camionetas, una de ellas “roja”, tal como la que tripulaba David Cruz Hernández.

Esa noche este empleado de Protección Civil, identificado como el jefe de los ‘halcones’, mantuvo comunicación telefónica con distintas personas a las que la PGR identifica como presuntos sicarios, además de que en sus registros de llamadas se encontraron vínculos con distintos policías municipales de Iguala.

II. Ataques
Luego de que el contingente de normalistas arribara a la terminal camionera tomaron tres autobuses más –sumando cinco los vehículos en los que se trasladaban– y salieron de estas instalaciones. El primer grupo, conformado por tres autobuses, enfiló hacia el norte de Iguala mientras que un segundo grupo de normalistas, a bordo de dos vehículos, tomaron hacia el sur. El objetivo de estos dos contingentes era el mismo: entroncar con la carretera y regresar a Ayotzinapa.

Ambos grupos fueron atacados de manera simultánea: el primero en Periférico Norte y el segundo en Periférico Sur.

Según declaraciones de normalistas atacados en Periférico Sur, un grupo de 14 estudiantes logró descender del autobús en el que viajaban y huir del ataque al subir un cerro de la colonia Pajaritos, del cual descendieron 40 minutos después.

Este grupo de 14 normalistas intentó regresar caminando hacia el centro de Iguala y, en su trayecto, aseguran que fueron atacados por personas armadas a bordo de vehículos oficiales.

Primero intentaron atropellarlos. Luego se detuvieron para descender de los vehículos y encañonarlos con sus armas largas, lo que puso a los estudiantes nuevamente en fuga.

Según declaraciones de algunos de los normalistas, recuperadas en el primer informe del GIEI presentado en septiembre de 2015, entre esos vehículos desde los cuales fueron atacados estaba una camioneta de Protección Civil Municipal.

Mientras esto sucedía en el sur de Iguala en el norte era atacado el otro grupo de normalistas, entre los que viajaba el estudiante Bernardo Flores Alcaraz.

Este normalista reportó telefónicamente los hechos a los estudiantes que permanecían en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, quienes partieron alrededor de las 22:30 horas rumbo a Iguala, para prestarles auxilio a sus compañeros, a bordo de una camioneta tipo Urban.

Según la declaración de uno de los normalistas que partió en ese grupo, poco antes de llegar a Iguala, en la carretera, fueron interceptados por un grupo de personas armadas que viajaban en la parte posterior de una “camioneta roja”, los cuales intentaron obstruirles el paso.

Los normalistas a bordo de la Urban lograron esquivarlos y seguir su camino hacia Iguala.

Finalmente, cuando estos normalistas se encontraron con el contingente atacado poco tiempo antes en Periférico Norte, organizaron una rueda de prensa que comenzó alrededor de la medianoche.

Es en ese momento, según declaraciones de sobrevivientes, que por el lugar pasó “una camioneta tipo RAM de protección civil” que testigos identificaron como “color anaranjado” y en la cual iban “tres tipos armados”.

Inmediatamente después, según los sobrevivientes, “se comienza a escuchar un estruendo fuerte, del lado izquierdo del Periférico, más fuerte que la primera balacera”.

Según la PGR se trataba, en realidad, de la “camioneta RAM color roja” vista por los normalistas previamente.

De hecho, uno más de los presuntos sicarios detenidos por la PGR reveló en su declaración ministerial que “el Capu era la chingonada, (porque) junto con El Chaquis, eran los que venían en la camioneta roja cuando rafaguearon a los estudiantes”.

En este segundo ataque en Periférico Norte murieron dos normalistas y uno más fue raptado: Julio César Mondragón.

Según el presunto líder del cártel Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, la camioneta en la que se llevaron a Julio César pertenecía a Protección Civil y era conducida por el servidor público David Cruz Hernández.

El normalista fue torturado y asesinado en las horas siguientes a su secuestro.

III. Desaparición
Durante los ataques perpetrados por policías de distintas corporaciones, así como por personal de Protección Civil y miembros de crimen organizado, un total de 43 estudiantes normalistas fueron secuestrados y desaparecidos.

Según las declaraciones del mismo Gildardo López Astudillo, los normalistas fueron divididos en dos grupos.

El presunto líder de Guerreros Unidos afirma que el primer grupo de víctimas fue conducido al basurero de Cocula, donde los normalistas fueron asesinados; en tanto que el segundo grupo fue trasladado a un rancho del paraje conocido como “Tijeritas”, en donde también habrían sido ejecutados.

Este segundo grupo de normalistas secuestrados, según Gildardo López Astudillo, fue trasladado a Tijeritas “con la ayuda de El Chino (David Cruz Hernández) de Protección Civil”

En Tijeritas, siempre según el presunto líder del grupo criminal, los estudiantes conducidos por este funcionario de Protección Civil municipal habrían sido “cocinados”. Es decir, disueltos en sosa o calcinados en hornos improvisados con tambos metálicos y diesel.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: PARIS MARTINEZ
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/personal-proteccion-civil-iguala-ataco-normalistas/

Choferes de Uber piden intervención de Mancera ante supuestos abusos de la empresa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Conductores de taxis de la empresa Uber denunciaron una serie de irregularidades, incluyendo el alza desmedida de las comisiones por parte de los directivos de la trasnacional y pidieron la intervención del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera para frenar los “abusos” de que son víctimas.

En una carta dirigida al mandatario local, al secretario de Movilidad Héctor Serrano (Semovi) y al director del Instituto de Verificación (INVEA) Meyer Klip, y firmada por Carlos Castañeda, de la Unión de Socios Uber, describieron las “promesas modificadas en beneficio de Uber de forma arbitraria y unilateral”.

Por ejemplo, contaron la experiencia de Antonio Herrera, socio de la empresa desde 2015:

“Al principio podías meter casi cualquier coche, las comisiones eran más moderadas y la demanda del servicio permitía trabajar y ganar lo suficiente para tener utilidad y amortizar los gastos”.


Explicaron que cuando la empresa llega a una localidad, hace promoción para que los posibles socios se incorporen a la aplicación y den el servicio a nombre de Uber, pero con sus autos con ciertas características que luego cambian.

“Para empezar la factura de origen tiene que ser de más de 200 mil pesos, tener frenos ABS, bolsas de aire y estar en perfectas condiciones”.

Los inconformes se quejaron de que deben ser “mayordomo para los usuarios, so pena de además, ser mal calificado y dado de baja de la plataforma”.

Y es que explicaron que el “mínimo de calificación es de 4.67. Los usuarios no saben esto. Pueden poner cuatro estrellas y destruir el promedio del conductor. Uber simplemente da de baja al conductor hasta que vuelva a capacitarse”, según Claudia González, dueña de un auto Toyota Corolla que compró para aspirar a un mejor ingreso.

“Invertí mis ahorros en el coche. Es un servicio de chofer ejecutivo con autos limpios y en buenas condiciones, no de limusina”, criticó.

En la misiva a las autoridades capitalinas agregaron que cuando Uber comienza a generar “socios”, las reglas del juego cambian a su favor. “Para empezar, insisten en su política de no tener representantes a nivel directivo en las localidades en las que operan. Saben que los “socios” buscarán con quién dialogar y simplemente niegan la oportunidad”.

Cuando los “socios” se endeudan con los vehículos, “saben que tendrán que aceptar sus condiciones para poder solventar la deuda y obtener alguna utilidad. La verdad es que los ‘socios’ se están ‘tragando sus coches’ en el servicio”, añadieron.

Según los quejosos, Uber apuesta a que los “socios” no se organicen para “salirse con la suya”, por ello, dicen que los atienden uno a uno. “Nunca ha tenido interés por los ‘socios’, salvo para engancharlos y cobrar una comisión de entre 25% o de 30% para integrarlos a la aplicación (app).

Las quejas siguieron: “Cuando el socio suma el gasto de gasolina, mantenimiento y depreciación del vehículo, comisión del chofer, aguas, placas, tenencia y refrendo, verificación, seguro de servicio público, contabilidad, impuestos, multas, mordidas y por supuesto, la comisión de Uber, el negocio es para Uber, las gasolineras y el gobierno”.

Y se fueron directo: “Uber ha apostado a la desorganización y egoísmo de los socios. Ya ha habido varios conatos de inconformidad con esta empresa extranjera que no es una alternativa más de movilidad, es una empresa abusiva que ha mentido al cambiar las condiciones comerciales en su beneficio a su libre albedrío, siendo siempre ella la beneficiada”.

Por tales razones, consideraron “reprobable e inaceptable que las autoridades regulen en el sentido del mejor postor y no en función del beneficio social que representan más y mejores alternativas de transporte para la ciudadanía”.

Y aunque no mencionaron directamente a Mancera Espinosa, sí usaron su lema de gobierno: “Una verdadera política para ‘decidir juntos’ implicaría, además de dejar de extorsionar a los conductores por el Invea”.

En su carta, los inconformes expusieron cinco demandas: realizar un análisis de las tarifas, reestructurar las comisiones a 15%, crear una “Unión de Socios” para tener equilibrio entre Uber y los “socios” y obligar a la empresa a tener los canales para atender sus demandas.

También solicitaron frenar de “inmediato” a los 44 mil vehículos que ya hay en la plataforma, regresar a la calificación de 4.5 estrellas para el mantenimiento del chofer en la aplicación y que la Semovi sancione a la empresa si hay represalias por interponer quejas.

Los conductores informaron que para abonar a su causa abrieron una petición en la plataforma change.org

FUENTE: PROCESO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.proceso.com.mx/447016/choferes-uber-piden-intervencion-mancera-ante-abusos-la-empresa

Podrían retirar cargo a 22 policías implicados en caso Iguala

Ciudad de México. Vidulfo Rosales, representante legal de los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa que se encuentran desaparecidos desde septiembre de 2014, advirtió que el resultado de los diversos peritajes realizados a los restos de Julio César Mondragón Fontes, podrían ser utilizados para que se retire el cargo de homicidio que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero imputó a 22 policías del municipio de Iguala por el asesinato de este estudiante en hechos ocurridos en el municipio de Iguala.

En conferencia de prensa tras su encuentro con la procuradora general de la República, Arely Gómez, el litigante señaló que el avance de las investigaciones del llamado caso Iguala son mínimos y que hasta el momento no existe respuesta por parte de la PGR a su demanda principal, que es el cese del titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.

Respecto al caso de Julio César Mondragón expuso que la Procuraduría de Justicia de Guerrero “incurrió en graves omisiones en este caso y ello impidió saber si el desprendimiento del rostro fue intencional o no”, ya que en este asunto se hablaba de que el estudiante fue objeto de un desollamiento, aunque hay peritajes que aseguran que el rostro le fue comido por fauna nociva.

Asimismo, agregó que con los resultados de los peritajes que fueron dados a conocer, se ha determinado que Julio César “no fue asesinado de un disparo sino de fractura en el cráneo y ello posibilita que se retire el cargo de homicidio que se fincó en contra de 22 policías del municipio de Iguala”, ya que la procuraduría local los acusó de haber participado en la muerte de Julio César Mondragón y haber accionado sus armas de carga.

Añadió que en los próximos días se darán a conocer los avances de las indagatorias que lleva a cabo la PGR, y que los padres de los normalistas y sus representantes no informaban nada respetando el sigilo de la averiguación previa, pero que las autoridades informarán “sobre todo por el tema de la telefonía”, es decir, se refieren a los resultados que se han obtenido en cuanto a los cruces de información, llamadas y mensajes que se generaron entre policías, autoridades municipales y miembros de Guerreros Unidos durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, así como del rastreo de llamadas y mensajes que se generaron de los teléfonos celulares de los estudiantes en esas fechas.

Vidulfo Rosales aseguró que para la búsqueda de los normalistas la PGR “ha adquirido tecnología muy importante” que permite hacer revisión del subsuelo en zonas donde la tierra no ha sido removida a fin de tratar de localizar restos que pudieran haber sido sepultados de manera clandestina y que se relacionen con este caso.

Asimismo, refirió que en lo que hace a su petición de cesar a Tomás Zerón de Lucio, las autoridades les explicaron que no se le puede separar del cargo ni tampoco que el funcionario solicite licencia, pero, indicó la investigación que se ha iniciado en contra del funcionario por haber llevado a cabo diligencias que no se incluyeron en la indagatoria, concluirá en un mes.

“No satisface la respuesta de la PGR sobre todo por el tema de Zerón de Lucio”, dijo Rosales.

“De nosotros sigue la exigencia -en cuanto a Zerón de Lucio- y van a continuar las protestas en el estado de Guerrero hasta el próximo día 20, y a partir del día 25 los padres de los normalistas y sus representantes regresaremos a la Ciudad de México para pedir la concreción del mecanismo de seguimiento a las investigaciones del caso Iguala que se debe acordar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también para exigir la renuncia de Zerón”.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO Y JOSÉ ANTONIO ROMÁN
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/12/podrian-retirar-cargo-a-22-policias-implicados-en-caso-iguala-abogado