domingo, 17 de julio de 2016

El imperio económico de los Arellano Félix: así como la PGR se los quitó, así lo recuperaron

Hace tres meses los integrantes de la familia Arellano Félix vendieron por 12 millones de pesos una mansión que por 20 años estuvo bajo resguardo de la PGR. La adquirieron en la década que compraron y vendieron una serie de propiedades de alta plusvalía, aseguradas en 1993 tras el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. La reciente ganancia del clan con la venta de la última mansión en su poder y el repunte de los asesinatos ocurridos en Tijuana en el último año y medio, contradicen la versión de autoridades mexicanas y norteamericanas que insisten en mostrar al Cártel Arellano Félix como una organización “desarticulada”.

Ciudad de México, 17 de julio (Zeta/SinEmbargo).- Era la segunda semana de diciembre de 1985. Parada ante una juez, Alicia Félix viuda de Arellano pidió autorización judicial para vender una millonaria finca, ya que -según ella- se encontraba en problemas económicos desde la muerte de su esposo. Aseguró a la juzgadora no tener dinero para ofrecer una adecuada educación al menor de sus hijos y, con la venta del bien, sortearía esos gastos. Lo que no dijo Alicia aquel día en Guadalajara fue que Benjamín y Ramón, dos de sus hijos mayores, eran líderes en Tijuana de la organización mafiosa más violenta de su generación: el Cártel Arellano Félix (CAF). Fueron ellos quienes en 1992 le declararon la guerra a Ismael “El Mayo” Zambada y sus socios, Joaquín “El Chapo” Guzmán y Héctor “El Güero” Palma, porque éstos les debían 20 millones de dólares por el cruce de droga a Estados Unidos. Con el primer encarcelamiento de “El Chapo” en 1993, los Arellano ganaron la batalla.

“Me veo en la necesidad de solicitar que se autorice la venta del bien inmueble y con eso poder seguir dando a mi menor hijo la educación que hasta hoy ha recibido”, expresó Alicia a la juez jalisciense Irma Becerra, con la que acudió como parte del juicio legal que se siguió de manera rutinaria, para pedir autorización de vender una finca de 2 mil 297 metros cuadrados perteneciente a su hijo, Francisco Javier Arellano Félix, entonces de 16 años de edad; 17 años después, tras la captura de su hermano Benjamín y el asesinato en 2002 de su otro hermano, Ramón, Francisco Javier se convertiría en líder del CAF hasta 2006, cuando lo capturaron en unas vacaciones, pescando en su yate en aguas internacionales de Baja California Sur.

Como parte de aquel juicio en 1985, Alicia presentó dos testimonios por escrito para avalar su petición. El del abogado José de Jesús Ruíz Novoa y el de Silvia Silva de Morales. También el consentimiento del “tutor dativo” de su hijo, el abogado Ignacio González Parada. Un presunto personaje mafioso conocido por las autoridades norteamericanas que, en 2012, lo boletinaron por sus actividades de “lavado de dinero”. En 2013 fue González quien sacó de la cárcel, a través de un juicio de amparo, al narcotraficante Rafael Caro Quintero, líder fundador del Cártel de Jalisco, encarcelado por el asesinato del agente encubierto de la DEA, Enrique Camarena.

Alicia finalmente vendió la finca por 30.2 millones de pesos en abril del 86. Lo hizo sin la autorización de la juez Becerra, aval que llegaría meses después de realizada la venta. Apenas dos años antes, en 1984, Francisco Javier y su padre Benjamín Francisco habían comprado el terreno sin construcción por 4.1 millones de pesos. En ese lapso construyeron una finca estilo español con arcos y balcones, valuada en 19.5 millones de pesos.

Los movimientos hechos por Alicia y sus hijos eran parte de una estrategia para gastar cientos de millones de pesos en propiedades. Lo hicieron en las décadas de los ochenta y noventa. La maniobra que encaja perfectamente con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) era comprar, construir, vender y donar terrenos, casas y mansiones de alta plusvalía a personas cercanas a la familia, según revelan 30 actas notariales analizadas por Zeta, obtenidas a través del Registro Público de la Propiedad de Jalisco (RPPJ). Los documentos contienen anotaciones escritas a mano por dos de los ministerios públicos federales que solicitaron el aseguramiento de los bienes, incluido el número de averiguación previa, así como oficios escritos a máquina de escribir y firmados por funcionarios del RPPJ en los que formalizan la entrega de las actas notariadas a la Procuraduría General de la República (PGR).

En Jalisco, donde los Arellano radicaban oficialmente desde el 76, gastaron más de 1 mil 100 millones de pesos con la compra de 23 propiedades que juntas miden dos veces el tamaño de la cancha de futbol del Estadio Azteca, según el análisis del semanario.

Uno de los movimientos predilectos de la familia era comprar terrenos rústicos para construir en ellos fincas o mansiones que vendían a ocho veces su valor original. La última mansión de ese tipo la vendieron en marzo de 2016. Se localiza en el exclusivo fraccionamiento del Club de Golf Santa Anita, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. En 1993 esa propiedad, junto con otras 15, fueron aseguradas por la PGR como parte de las investigaciones derivadas del asesinato del Cardenal Juan José Posadas Ocampo, ocurrido el 24 de mayo de ese año.

La mansión fue recuperada por Alicia en junio de 2015, luego de un juicio que duró dos años y en el cual el principal alegato fue que la PGR “nunca comprobó” que el dinero para comprarla tuviera conexiones con operaciones de lavado de dinero.

LA RUPTURA

El CAF es una de las organizaciones del narcotráfico mexicanas junto con los cárteles de Sinaloa, Jalisco y Juárez, que más décadas lleva en activo en el mundo de las drogas. Iniciaron sus actividades en Tijuana en 1982, cuando ante los ojos de todo el mundo eran un grupo de hermanos carismáticos que organizaban grandes fiestas en Tijuana, Mazatlán y Guadalajara.

La popularidad que tenían los hermanos les permitió granjearse la amistad de muchachos de buenas familias que, asesorados por Benjamín y Ramón Arellano, se convirtieron en sicarios o socios del clan. A ese cártel y sus aliados, se le atribuyen cientos de asesinatos y desapariciones.

Utilizaron el sadismo para acabar con la competencia y castigar la deslealtad de sus aliados. Fueron los primeros en ordenar el asesinato y la desintegración en ácido de sus enemigos, práctica que años después se conocería como “pozoleo”.

César Esquer, Elman Chávez y Pritam Sing fueron tres de las víctimas del CAF con las que utilizaron ese método. Los “pozolearon” en 2003, cuando esa práctica era totalmente desconocida por la prensa y la opinión pública. Se daría a conocer hasta seis años después, tras la captura de Santiago Meza López “El Pozolero”, ex operador del CAF.

Esquer era un joven veinteañero egresado de la universidad, que en ese entonces trabajaba en Mexicali como editor de la página de internet de un periódico local. Viajó hasta Tijuana con sus amigos para cobrar el dinero de unos paquetes de marihuana que le dejó a su primo, quien trabajaba como Policía y narcotraficante del Cártel Arellano Félix. La droga había sido robada a los operadores de los Arellano en Mexicali, así que cuando se enteraron del movimiento ordenaron asesinar a los muchachos y desintegrarlos en ácido. Por seis años estuvieron en calidad de desaparecidos, hasta 2009, cuando el primo mafioso de Esquer, capturado por robo y otros delitos, confesó el destino de su familiar y sus dos amigos.

Por ese tipo de acciones, las autoridades norteamericanas y mexicanas catalogarían al Cártel Arellano como la organización mafiosa más “violenta” de su generación.

Fueron ellos los que en 1992, en plenitud de sus operaciones mafiosas, rompieron con “El Chapo” Guzmán, “El Güero” Palma y “El Mayo” Zambada, con quienes llevaban una buena relación no sólo laboral, sino de amistad. Se distanciaron porque Zambada les debía dinero por el cruce de droga en Tijuana, así que los hermanos ordenaron asesinarle, escribió en su momento el periodista Jesús Blancornelas.

Tanto “El Chapo” como “El Güero””, en represalia orquestaron una emboscada para asesinarlos a ellos en una discoteca de Puerto Vallarta, en la que murieron seis personas. Los hermanos Ramón y Francisco Javier Arellano escaparon ilesos del ataque.

El cardenal de Jalisco, Juan José Posadas Ocampo, fue asesinado el 24 de mayo de 1993 tras presuntamente ser confundido con “El Chapo” Guzmán. Foto: Zeta

Los Arellano tomaron venganza el 24 de mayo de 1993. Ordenaron asesinar a “El Chapo”, cuyo nombre ya había saltado a la fama pública por la fallida emboscada. Los hermanos trataron de matar al capo sinaloense cuando éste se dirigía al Aeropuerto de Guadalajara. Por una “confusión” asesinaron al Cardenal de Jalisco, Juan José Posadas Ocampo, quien se trasladaba al mismo destino.

Según la cuestionada versión oficial de la PGR, los pistoleros del clan Arellano que le dieron 15 balazos a quemarropa a Posadas, un hombre alto de poco más de 110 kilos, lo confundieron con “El Chapo” Guzmán, quien no alcanza los 1.68 metros de estatura y pesaba no menos de 80 kilos.

El abogado del Arzobispado de Jalisco, José Antonio Ortega, ha cuestionado en múltiples ocasiones el móvil del crimen y ha descartado la hipótesis de la PGR. Públicamente ha dicho que Posadas fue asesinado porque “conocía los nexos del narco” con políticos mexicanos, entre los que se encontraba Raúl Salinas, hermano del entonces Presidente de México, Carlos Salinas.

Derivado de la presión internacional, Guzmán Loera se convirtió en el principal sospechoso del crimen de Posadas. Fue detenido el 9 de junio de 1993 en Guatemala y entregado a las autoridades mexicanas. Con esa primera captura, los Arellano le ganaron la batalla al capo sinaloense, aun cuando éste nunca fue procesado penalmente por el asesinato; tampoco fueron enjuiciados Benjamín o Ramón Arellano Félix.

En la actualidad, dos de los hermanos Arellano Félix (Ramón y Francisco Rafael) están muertos; y otros tres (Benjamín, Francisco Javier y Eduardo) se encuentran presos en cárceles de Estados Unidos. Las pugnas entre “El Mayo” Zambada y los Arellano continúan, sólo que ahora un hijo de Benjamín es quien dirige a la organización mafiosa, apoyado por otro joven familiar. Esa lucha por el control de Tijuana ha provocado un repunte en los asesinatos durante el último año y medio. Con ese incremento los índices de violencia se asemejan a los que se tenían en los años 2008, 2009 y 2010, cuando el Cártel de Sinaloa, a través de Teodoro García Simental, “El Teo”, ex operador del CAF, intentó sacar del negocio definitivamente a los Arellano, en ese entonces bajo el mando de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, uno de los sobrinos de la familia.

Los movimientos de la familia Arellano Félix. Gráfico: Zeta

LOS MOVIMIENTOS DEL CLAN

Hasta antes de simular problemas financieros, los integrantes de la familia Arellano se presentaban como profesionistas o empresarios para cerrar sus operaciones de compra y venta de bienes. Francisco Rafael se identificaba como “licenciado en Administración de Empresas” y “profesionista”, cuando no estudió una carrera universitaria; Fernando Arellano Félix se presentaba como “ingeniero”; Benjamín Francisco, padre de los hermanos, se decía “constructor”; mientras que Benjamín Arellano, el líder fundador del cártel, era un “comerciante”.

De esa manera los Arellano se identificaban ante notarios públicos y los dueños de las propiedades que adquirían. En 1984, el “licenciado Francisco Rafael Arellano Félix” compró dos propiedades a Marcelino García Paniagua y su esposa, Amelia Arteaga Anaya. Marcelino era hijo del ex Secretario de la Defensa Nacional y ex Gobernador de Jalisco, Marcelino García Barragán. El año que vendió las propiedades se desempeñaba como funcionario público de Aduanas. Un año después fue presidente del club de futbol Chivas del Guadalajara, y en dos diferentes periodos dirigió la Federación Mexicana de Futbol. Murió en 2007 a causa de cáncer.

La primera propiedad vendida por Marcelino fue una finca de 2 mil 357 metros cuadrados, ubicada en Zapopan; la segunda, un terreno rustico de 2 mil 976 metros cuadrados que Francisco Rafael fraccionó en seis y vendió por separado. Por las dos propiedades Marcelino y su esposa recibieron 15.8 millones de pesos.

Otra argucia legal recurrente en los movimientos de la familia Arellano, para no dejar rastro del dinero, era donar y vender las propiedades a otros miembros o amigos de la familia. En por lo menos nueve ocasiones hicieron ese movimiento. Alicia Félix fue la principal beneficiaria. Su hija Norma Isabel le hizo tres donaciones: dos propiedades en Zapopan y una más en Guadalajara; su hijo Francisco Rafael le vendió la mansión de Tlajomulco de Zúñiga.

Luis Benjamín y Frank Xavier Arellano Martínez, los dos hijos de Benjamín Arellano Félix, recibieron la donación de una casa por parte de sus abuelos en 1984; las cuñadas de Benjamín y Francisco Rafael también participaron en esos movimientos.

CONFISCAN BIENES

El asesinato de Posadas y la detención de “El Chapo” Guzmán en 1993, cambiaron el destino de la familia Arellano. Les quitó una serie de propiedades y los convirtió en el clan del narcotráfico mexicano más buscado de la época. La PGR comenzó a investigarlos. Producto de las investigaciones ordenó, en agosto de ese año, asegurar varias de las propiedades compradas por la familia en Jalisco, Sinaloa y Baja California.

En Jalisco, fueron 16 los bienes asegurados, de los cuales siete ya no pertenecían a los Arellano, quienes los vendieron o donaron.

Los Arellano iniciaron una batalla legal en Juzgados y tribunales para recuperar sus bienes. En la actualidad hay juicios que continúan abiertos y otros se han iniciado en la última década. Lo que reclaman los integrantes del clan o sus herederos, es que en más de 20 años, la PGR “no ha comprobado” que las propiedades fueran adquiridas con recursos del narco. Bajo esa premisa lograron ya la devolución de la mansión de Tlajomulco de Zúñiga.

LA IMPUNIDAD

Las pruebas que incriminan a la familia Arellano por operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de la compra, venta y construcción de propiedades, siempre han sido públicas y se encuentran en actas notariales e inscripciones del RPPJ.

En los documentos salen a relucir los nombres de abogados, notarios públicos, testigos y posibles cómplices que participaron en las operaciones del clan. No existía en aquel entonces una Ley de extinción de dominio, como la que opera actualmente para obligarlos a denunciar penalmente las millonarias transacciones. Moralmente pudieron haberlos denunciado por delincuencia organizada y no lo hicieron.

Entre los notarios públicos jaliscienses que más participación en los movimientos de la familia Arellano, se encuentran Mario Camarena Rosas y Mario Montaño Beltrán. El primero certificó seis operaciones de compra de bienes y cuatro de venta; el segundo, cinco de compra y dos de venta.

Sergio Salvador Aguirre Anguiano es otro abogado cuyo nombre aparece en las actas. Como suplente de notario público se encargó de escriturar, en 1990, la compra de un condominio de 210 metros cuadrados adquirido por Norma Isabel Arellano Félix, una de las hermanas mayores del clan. Por esa transacción pagó 14.7 millones de pesos. El bien fue asegurado por la PGR en 1993. Aguirre Anguiano se convertiría dos años después en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la actualidad se encuentra en el retiro.

La maniobra implementada por la familia Arellano es una de las estrategias clásicas del lavado de dinero. No es una coincidencia que el Grupo de Acción Financiera Internacional, máximo organismo intergubernamental en el mundo para combatir y prevenir esa actividad, haya identificado tanto a notarios públicos como a agentes de bienes inmuebles dentro de las actividades y profesiones no financieras vulnerables para ser usadas en operaciones de blanqueo de recursos.
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NINGÚN PROCESADO POR LAVADO

A 23 años del aseguramiento de las propiedades del clan Arellano en Jalisco, la PGR no ha solicitado órdenes de aprehensión contra ningún miembro de la familia por la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito que se castiga con hasta 15 años de cárcel. Tampoco ha informado el destino de las mansiones y casas aseguradas, aun cuando se le ha solicitado una entrevista formal a través de su área de Comunicación Social; en Estados Unidos, contradictoriamente, los hermanos Benjamín, Eduardo y Francisco Javier han sido sentenciados por narcotráfico y lavado de dinero; su hermana Enedina, por su parte, es señalada de encabezar la red de lavado de dinero que sostiene financieramente al CAF.

Información obtenida por el sistema de transparencia del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y una búsqueda avanzada hecha a través del servidor de aplicaciones de mapas Google (Google Maps), revela que siete de las 16 propiedades aseguradas por la PGR están en perfecto estado; otras dos se encuentran en resguardo del SAE; una funciona como escuela privada, otra como asociación civil que promueve el empleo y una más fue vendida en marzo pasado.

En el caso de la escuela, se trata de la preparatoria Liceo del Bosque, cuyos directivos al ser cuestionados sobre la procedencia del bien, dijeron desconocer su vínculo con la familia Arellano. Se trata de la finca estilo español que, en abril de 1986, Alicia Félix vendió por 30.2 millones. Aquella por la que pidió autorización judicial para vender, argumentando problemas financieros.

En el caso de sietes propiedades más que no estaban entre los bienes asegurados por la PGR y pertenecían a la familia, cuatro fueron vendidas y tres continuaban bajo su tutela, según las actas notariales en poder de ZETA. Entre éstas se encuentra la propiedad que Francisco Rafael compró a Marcelino García Paniagua y su esposa. En la actualidad tal inmueble aloja al Instituto Anahuacalli, centro educativo en Zapopan que cuenta con niveles preescolar y básico (primaria y secundaria). Este Semanario buscó en varias ocasiones a los directivos de la institución para saber si conocían el origen del predio y, pese a una serie de llamadas y el envío de un correo electrónico, no respondieron a la solicitud.

La superficie de la mansión de los Arellano Félix. Foto: Zeta

MANSIÓN VENDIDA

Contrario a los exóticos gustos que suelen tener los narcotraficantes cuando se trata de las casas donde viven, los Arellano Félix tenía un gusto sofisticado que discrepaba con los de otros mafiosos de la época. Nada de zoológicos, esculturas o acabados con imágenes de santos o animales; cero colores llamativos o ninguna estructura que desentonara con las residencias tipo colonial con toques contemporáneos que solían construir.

La mansión del fraccionamiento Club de Golf Santa Anita en Tlajomulco de Zúñiga, era la muestra de su buen gusto. Construcción de mil 230 metros cuadrados de dos plantas, pintada con colores blanco y azul pastel; cuatro amplias recámaras, estudio, sala, cocina con muebles de madera, comedor y área de televisión; cochera techada con espacio para ocho vehículos; alberca circular con vestidores, baños y cuarto de juegos; una segunda casa separada de la principal y 927 metros cuadrados adiciones de jardines. Lo mejor: la tranquilidad de estar ubicados en un complejo privado que cuenta con perímetros totalmente bardeados, caseta de vigilancia 24 horas, casas separadas y extensas áreas verdes que incluyen dos parques y 16 hectáreas de bosque.

La construyeron entre 1985 y 1989. Por el terreno rustico de 2 mil 156.99 metros cuadrados, Francisco Rafael pagó 970 mil pesos. Posteriormente éste le vendió la propiedad, con mansión incluida, a su mamá, en 1989.

En la demanda promovida ante el juez Raymundo Cornejo Olvera, Alicia Félix acusó a la PGR de violentar sus derechos por el decomiso de la mansión, pues en más de dos décadas nunca se comprobó que la compra se hiciera con recursos de procedencia ilícita.

Por poco más de ocho meses el juez Cornejo analizó la demanda y, en la última semana de octubre de 2014, se la concedió. Concluyó que aun cuando la PGR en sus investigaciones estableció que Alicia y sus hijos formaban parte de “una red de lavado de dinero”, la dependencia fue “omisa en pronunciarse” sobre la certeza del acto reclamado. Expuso también que nunca había existido “conducta criminosa” por parte de la quejosa o “en los que estuviera relacionada la finca en mención”.

De esa manera el juez Cornejo, un abogado con maestría en Política Criminal que obtuvo con la tesis “Análisis Crítico de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada”, ordenó la “inmediata devolución” de la mansión.

La PGR contrademandó la decisión de Cornejo; el reclamo llegó hasta un tribunal federal, donde tres magistrados ratificaron la decisión del juez: regresar la mansión a la señora Alicia.

Sin trabas legales de por medio, Alicia y familia contrataron los servicios de empresas dedicadas a la venta de bienes raíces que ofertaron la mansión a través de sus páginas de clasificado. “Para terminarla a su gusto”, señalaban los anuncios que promovían la mansión, vendida finalmente en marzo pasado.

Lo que ha quedado en evidencia con la devolución de la mansión Arellano, es que por una “omisión” de la PGR las pruebas del lavado de dinero se desvanecen. La venta de la mansión de Tlajomulco de Zúñiga es la llave que el CAF necesitaba para pelear sus bienes y seguir con el millonario blanqueo de dinero que comenzó en los mismos años que la madre del clan mafioso le hizo un desesperado pedido a una juez de Guadalajara.





Fuente: Sin Embargo
Autor: Francisco Sandoval Alarcón con información del Semanario Zeta
http://www.sinembargo.mx/17-07-2016/3067986

El pueblo que secó la plata

TLAHUALILO, DURANGO.- Refugio, de 72 años, cuenta en la sombra de un mezquite que no siempre fue tan pobre. La pensión de junio se le fue entre medicinas para el dolor y un poco de comida. Así que sólo le queda recoger lo poco que da este pedazo de desierto: vainas secas caídas del árbol, que vende como alimento para ganado. Por los 80 kilos que recolectó en tres días le pagaron 100 pesos. En las dos semanas que faltan para acabar el mes se aliviará el dolor de rodillas con alcohol y peyote. “El dolor como quiera aguanta, pero el hambre no”.

El sol de la tarde calienta el aire por arriba de los 40 grados en el pequeño ejido de La Sierrita. Debajo de los árboles los perros se muerden las patas para sacarse las espinas. Cualquier sombra en este desierto es un oasis.

Don Cuco, como le dicen sus vecinos, toda su vida estuvo lejos del interés de cualquier gobierno. Hasta 2012, cuando él y otros 126 ejidatarios fueron desalojados del plantón que tenían afuera de una mina explotada por la compañía canadiense Excellon Resources, y que está en una parte del ejido. Los pobladores protestaban por el incumplimiento del contrato de arrendamiento de sus tierras. Los echaron a golpes. A la empresa la respaldaron el gobernador de Durango, el gobierno federal –que envió al Ejército–, y la Embajada de Canadá en México.

El conflicto pasó a un tribunal agrario, donde el gobierno mexicano es juez y parte. La resolución está prevista para agosto de este año, pero podría alargarse. Durante los cuatro años de enredos legales, la supervivencia de Cuco ha dependido de las vainas dulces que le da el desierto.

– ¿Qué siente que una mina esté sacando millones de una tierra que le pertenece? – le pregunto, mientras recarga su mentón en un bastón de palo.

– Es que somos ricos pobres. ¿Qué ganamos con tener tanta plata?

El ejido de la Sierrita está en la región de La Laguna. Es un lugar que paradójicamente no tiene agua y que está lejos de cualquier sierra. Un desierto en la Altiplanicie Mexicana, conocido como el Bolsón de Mapimí. “Somos un ejido que le dieron lo que sobró”, dice Daniel Pacheco, presidente del comisariado ejidal.

La Comarca Lagunera todavía tenía lagunas en la década de los sesentas. El Barón Humbolt describió al Bolsón de Mapimí como una isla. Pero la construcción de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco secó la zona y la región algodonera prácticamente se acabó. Ahora, La Laguna es un ancho desierto que une a los estados de Durango y Coahuila.

En 1980, 127 pobladores de Tlahualilo que fundaron el ejido recibieron más de 6 mil hectáreas de puro desierto.

Cuco llegó a esta comunidad en esos años, cuando se formó el ejido. Entonces, había más agua y los pobladores trabajaban en las haciendas cercanas que producían melón y algodón. Otros se dedicaron a cortar mezquites para vender la leña en Bermejillo, un pueblo cercano. La gente admite –con cierta vergüenza– que ante la escasez llegaron a cazar ratas de campo para comérselas. Aún no había electricidad en el pueblo, con mecheros y combustible iluminaban las noches. Los ejidatarios llegaron a su nueva tierra, un lugar donde a nadie se le había ocurrido vivir.Foto: José Ignacio De Alba

El conflicto con la minera

En 2004, cuando Excellon Resources llegó a este pequeño pueblo de Durango y les propuso rentar sus tierras para instalar la mina La Platosa, los habitantes pensaron que se iban a hacer ricos. Fueron ingenuos.

En lugar de rentarles 4 hectáreas, como les habían planteado, los representantes de la empresa cambiaron la oferta y les ofrecieron comprar 27 hectáreas por 1 millón 200 mil pesos. Cada uno de los 127 ejidatarios iba a recibir casi 9 mil 500 pesos por vender lo que la propia compañía llama “la mina con el mayor grado de plata del país”.

Daniel Pacheco, presidente del comisariado ejidal, asegura que fueron presionados con la amenaza de que si no vendían les podían expropiar. Tras meses de negociaciones, Excellon accedió a la renta, y ofreció una serie de “cláusulas sociales”: construir una planta tratadora de agua, entregar a los ejidatarios la administración del comedor de la mina y la concesión del transporte, además del pago de un fondo social y becas escolares.

Todos se imaginaron que el desierto se convertiría en un vergel.

Pero después de la firma del contrato, nada se cumplió.

“La mina vende esperanzas”, dice Consuelo, mientras cocina con agua de garrafón.

El agua fue el segundo problema. Excellon cavó tan profundo que encontró un mar de agua subterráneo en este desierto. Un verdadero tesoro. Cada segundo la minera extrae mil 200 litros de agua que es utilizada para riego, pero no en el ejido. Los únicos beneficiados de este tesoro han sido terratenientes cercanos a los que la mina vende agua, entre ellos hay unos ranchos de la compañía de lácteos Lala.

Los terratenientes cercaron grandes extensiones de terreno donde los ejidatarios de La Sierrita iban a que sus animales pastaran. La mina pauperizó la vida en el ejido. En ocho años, Guadalupe tuvo que vender sus 150 chivas, Carlos se quedó únicamente con una yegua, Cuco tuvo que vender sus ocho vacas – ya flacas – por 9 mil pesos. El agua envenenada -dicen aquí- mató a la poca fauna del lugar, ya ni ratas quedan para comer en los tiempos de crisis.

La organización no gubernamental ProDESC (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), que ha acompañado a los pobladores en sus gestiones con la minera desde 2008, realizó una serie de estudios técnicos que fueron avalados por la Facultad de Química de la UNAM.

“Se demostró que el agua que extrae la mina se encuentra contaminada también por arsénico y plomo”, dice el informe El camino por la defensa de los derechos humanos frente a una minera canadiense. La Sierrita de Galeana, publicado en mayo de 2015 y que es, hasta ahora, el único estudio independiente que se ha hecho sobre el impacto ambiental de la mina en la región.

Si esas no fueran razones suficientes, en noviembre de 2011, Excellon exploró y perforó tierra que no tenía arrendada en el ejido. Los ejidatarios decidieron entonces que ya era tiempo de sacar al inquilino incómodo o, al menos, tener un trato más justo.

El conflicto escaló a tal punto que los pobladores cerraron los accesos a la mina en julio de 2012. Lo que siguió fue una paliza, que comenzó con hostigamientos, patrullajes en el poblado y cateos en casas. Luego fue el desalojo. La empresa, apoyada por las fuerzas del estado, arrasó con el campamento con maquinaria pesada. “El Ejército estaba en los cerros, en las partes altas apuntando hacia los ejidatarios. La Policía Federal llegó con sus armas apuntando a los ejidatarios, con las armas listas para disparar” dice Juan Antonio López, abogado de ProDESC.

Los ejidatarios de La Sierrita fueron expulsados de su propia tierra el 24 de octubre del 2012. Años después descubrirían que la Embajada de Canadá en México también ayudó a ejecutar el despojo.Foto: José Ignacio De Alba
La intervención de la embajada

El 25 de febrero del 2015 la organización canadiense Minning Watch reveló que la embajada de Canadá en México tuvo un papel determinante durante el conflicto de La Sierrita.

Por medio del sistema de transparencia de su país, Minning Watch obtuvo documentos oficiales y correos electrónicos que muestran que el cuerpo diplomático organizó citas entre el CEO de Excellon Resources Brendan Cahill con políticos mexicanos de alto nivel, incluyendo al gobernador actual de Durango, Jorge Herrera Caldera. ¿El motivo? Persuadir a las autoridades mexicanas de deshacer la protesta iniciada por los ejidatarios, aún tolerando el uso de la fuerza.

La misma embajadora de Canadá en México, Sara Hradecky, participó en el intercambio de correos. El 10 de julio del 2012 envió uno a sus consejeros de asuntos políticos y económicos, David Morgan y Shauna Hemingway, proponiendo espiar a los pobladores durante las mesas de diálogo. Escribió: “creo que debe estar un representante comercial –para escuchar, quizás para recoger alguna información de inteligencia que pueda serle útil a la empresa”.

El 30 de julio Wayne Robson, delegado comercial de la Embajada le escribió a ejecutivos de la minera para decirles: “La Embajada se mantiene a su servicio si en algún momento Excellon requiere mayores vínculos institucionales”. Los correos tuvieron copia al ex presidente mexicano Felipe Calderón, al gobernador de Durango Jorge Herrera, al exsecretario de gobernación Alejandro Poiré y al exsecretario de economía Bruno Ferrari.

El cuerpo diplomático canadiense en México tuvo conocimiento de que el desalojo podía hacerse recurriendo a la violencia. La noche previa a la llegada de policías estatales, federales y militares al primer intento de desalojo del plantón, el delegado comercial intercambió comunicación con los directivos de la empresa, a los que dio sus “buenos deseos”.

Las 250 hojas del informe ayudan a reconstruir lo sucedido entre julio y noviembre de 2012. El futuro de los habitantes de La Sierrita estaba escrito, en correos desde la embajada de Canadá. La llamada “economic diplomacy”.

El desalojo finalmente lo realizó Rob Moore, uno de los gerentes de la mina, “ayudado de golpeadores traídos desde Zacatecas y trascabos de la minera”, dice el abogado López.

En México hay alrededor de 200 compañías mineras canadienses. Es el principal destino de las mineras de ese país. “Canadá sostiene este sistema de impunidad (en México) –dice Jennifer Moore de Mining Watch–. Entender el comportamiento de la embajada de Canadá en México es un importante indicador de cómo operan las misiones en el extranjero”.

El 4 de septiembre del 2012, la Asamblea Ejidal de La Sierrita presentó una demanda de rescisión del contrato de ocupación temporal para terminar la relación con la empresa minera y recuperar sus tierras. Su argumento era que Excellon no cumplió con las “cláusulas sociales” prometidas. La sorpresa de los ejidatarios fue que la minera canadiense también los demandó por incumplimiento del contrato de arrendamiento, al bloquear la entrada a la mina. En los 4 años que lleva el juicio, la empresa ha ganado tiempo y en el negocio de la minería el tiempo es oro. Cada año Excellon se ha embolsado 30 millones de dólares de La Platosa.Foto: José Ignacio De Alba
El pueblo seco

En la Sierrita, el agua llega a veces en septiembre con furia monzónica. La tierra, sedienta y agrietada, parece que la bebe desesperada. Los habitantes andan con los dientes manchados por tomar agua salina. Esa agua envenena la tierra, es tan pesada que después de un par de años de su uso en la agricultura deja la tierra inservible.

Como el agua se está acabando, la gente se está yendo. Muchos se fueron a trabajar a las maquiladoras de Ciudad Juárez, otros a Estados Unidos. José, el hijo de Cuco, es uno de ellos. Dejó la escuela porque no le alcanzaba el dinero para comprar uniforme o útiles escolares y se mudó a Ciudad Juárez donde encontró un futuro más prometedor.

En la escuela del pueblo hay un profesor para todos los grados de primaria y otro para todos los grados de la secundaria. Los jóvenes tienen la mirada puesta fuera de ese lugar sin orillas, mientras los viejos recuerdan cuando se cantaba la canción Cardenche un tipo de música a capela, las composiciones sin instrumentos -porque no había dinero para comprarlos- son coplas de amor. Le llamaron Cardenche en nombre de una espina desértica que al encajarse en la piel no provoca tanto dolor como cuando la desencajan. “Es como el amor”, dice Daniel Pacheco.

Yo me voy a morir a los desiertos / me voy del ejido / a esa estrella marinera

Sólo en pensar que ando lejos de mi tierra / nomás que me acuerdo / me dan ganas de llorar…

Como la música cardenche, otras historias también empiezan a ser olvidadas. La gente aquí cuenta que la División del Norte pasaba por pueblos cercanos a La Sierrita, los álamos de los caminos estaban llenos de federales ahorcados en los árboles, colgados por gente de Francisco Villa. La iglesia de Santiago Apóstol de Mapimí, a 50 kilómetros del ejido, aún está llena agujeros de balas de los revolucionarios.

Hoy, hasta los álamos murieron. De sed.

“El agua que utilizan para el riego de sus parcelas está fuera de las Normas Oficiales Mexicanas para aguas destinadas a sistemas agrícolas y, en específico, presenta altas dosis de calcio y magnesio que se acumulan de manera constante cada vez que se riega la tierra. A partir del proceso natural de evaporación, estos minerales se acumulan y los suelos se han salinizado y han perdido su potencial agrícola”, dice el informe de ProDESC.

Excellon parece aprovechar el abandono de los gobiernos. Después de 4 años de juicio, en agosto habrá una resolución del tribunal. Pero el fin del conflicto está lejos. Cualquiera que sea el resultado las partes van a apelar, y el juicio puede extenderse años.

Mientras tanto, sin agua, el arraigo de los pobladores es improbable .

“Para nosotros, que haya agua es como si hubiera oro”, asegura el comisario ejidal.





Fuente: Animal Político
Autor: José Ignacio de Alba con información de piedepagina.mx
http://www.animalpolitico.com/2016/07/pueblo-seco-la-plata/

El rector condiciona y pospone el diálogo en la UAM; los estudiantes mantienen el paro

Ante la decisión del rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Salvador Vega y León, de aplazar la mesa de diálogo, los estudiantes inconformes de la UAM decidieron mantener la suspensión de actividades.

La mañana de este sábado 16 de julio, el rector de la UAM pospuso la mesa que sostendría este día en la Rectoría General.

El funcionario universitario señaló que sigue dispuesto al diálogo, pero que no se reanudará mientras no existan las condiciones propicias para ello.

Entre ellas, precisó, está que se levante el paro en las unidades de Xochimilco y Azcapotzalco, que se entregue la Rectoría de la UAM Iztapalapa, y que el resto de las unidades opere de manera normal.

“Es decir, con las cinco unidades universitarias y la Rectoría General operando de manera normal, pues es en los espacios colegiados de cada unidad, donde se podrán atender los temas de la vida institucional, por lo cual insistimos en la necesidad de liberar de inmediato las instalaciones que continúan tomadas”, indicó el rector en un comunicado.

Las protestas en la UAM surgieron el 4 de julio, luego de que a más 400 alumnos no se les entregaron sus becas de movilidad estudiantil, pese a cumplir con todos los requisitos.

Posterior a eso, los inconformes añadieron otras exigencias en un pliego petitorio de ocho puntos, entre los que se incluye realizar una auditoría y dotar de mayor transparencia el uso de recursos por parte de la casa de estudios.

Al respecto, Vega y León aseguró que los ocho puntos del pliego petitorio, que fue recibido por las autoridades universitarias el pasado 9 de julio, han sido atendidos en el marco que permite la Legislación Universitaria y, asimismo, ha sido explicada la respuesta correspondiente a cada uno de éstos.

En el comunicado, el rector explica que en una Junta de Rectores y Secretarios (JURESE) de la UAM llevada a cabo el día de ayer, se enteró que el tema de los puntos del pliego fue abordado por el Consejo Académico de la Unidad Lerma el jueves 14 de julio.

Ese mismo día, indicó, el Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa inició una sesión de trabajo, que continuará el próximo miércoles 20.

Puntualizó que las unidades Azcapotzalco y Xochimilco convocarán a sus respectivos consejos académicos a sesionar el próximo martes 19 de julio.

“Asimismo, hago de su conocimiento que, en mi calidad de Presidente del Colegio Académico, convocaré a dos sesiones de este Órgano Colegiado para el día jueves 21 de julio, en la Unidad Cuajimalpa; la segunda, a fin de abordar los temas derivados de la agenda planteada por los alumnos organizados, y que son competencia de dicho órgano”, agregó.

Tras conocer la decisión del rector, los estudiantes acordaron mantener el paro de manera indefinida en las unidades de Xochimilco, Azcapotzalco y en la Rectoría de la unidad Iztapalapa.

“No somos los alumnos los que las tenemos (las unidades) cerradas por falta de diálogo, es el rector quien las tiene de esa manera porque no baja a negociar los puntos del pliego petitorio y su cerrazón al diálogo”, señaló Harim Villarreal, uno de los estudiantes que participaron en el mensaje a medios, indica un reporte del diario Reforma.

Los alumnos negaron que las autoridades universitarias le den seguimiento a las ocho demandas del pliego petitorio y acusaron que el único punto que fue cumplido por las autoridades fue el relativo al otorgamiento de las becas de movilidad a los alumnos que cumplieron con todos los requisitos.





Fuente: Animal Político
Autor: Redacción con información del Reforma
http://www.animalpolitico.com/2016/07/rector-pospone-dialogo-estudiantes-mantienen-paro/

Vacacionistas se escapan de la CDMX

Sus atuendos delatan sus destinos. Sombreros color paja, sandalias, vestidos vaporosos o pantalones de tela de lino. Un gran ejército de viajeros ha vuelto a tomar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) desde este sábado, el primero día de las vacaciones de verano. Permanecen ahí unas horas pero siempre llegan refuerzos para colmar salas, pasillos, restaurantes, baños, aviones.

El pasado viernes 15 fue el último día de clases para más de 25 millones de alumnos de educación básica, fecha esperada por muchas familias que no aguantaron un día más para escapar de esta ciudad, o llegar a ella.

Otros se adelantaron y desde el fin de semana pasado elevaron las cifras de pasajeros atendidos en el AICM, pues el viernes 8 ha sido, hasta ahora, el de mayor afluencia en el año: 136 mil 755 viajeros. De ellos, 79 mil 260 utilizaron la Terminal 1 y 57 mil 495 se trasladaron en la Terminal 2, de acuerdo con autoridades aeroportuarias.

Algunos vuelos con rumbo a Cancún, Quintana Roo; Puerto Escondido, Oaxaca; o Acapulco y Zihuatanejo, en el estado Guerrero, tenían demoras de dos horas en promedio.

Un grupo de 60 quinceañeras, que prefirieron un viaje de regalo y despreciaron la fiesta con chambelanes, se alistaba para salir rumbo a Europa. Algunas viajaban con sus mamás, quienes se encargaban de poner en orden a las escandalosas adolescentes.

Periodo de empleo temporal

Esta temporada de asueto resulta una oportunidad de trabajo temporal para jóvenes y adultos mayores. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) los contrata durante dos meses para brindar información a los usuarios.

Nos dan entrenamiento anímico, dice Hilario Vargas Martínez, de 68 años. Algunos pasajeros vienen cansados de su viaje, otros llegan molestos porque hubo retrasos en sus traslados, así que no son tan receptivos a la información que les proporcionemos, aunque ellos nos estén preguntando.

Hilario Vargas ya está jubilado, pero, dijo, mientras haya vida y la situación económica siga tan desmejorada, hay que ponerse a trabajar. No saldrá de vacaciones, no alcanza: mejor me pongo a chambear.





Fuente: La Jornada
Autora: Blanca Juárez
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/17/sociedad/030n2soc

Viviendas deshabitadas en el Edomex, botín para invasores

Después de estar ausente durante dos meses, por trabajo, Luis Armenta Solís llegó a su casa en Los Héroes Tecámac y notó algo raro: alguien había cambiado las cortinas. Extrañado, introdujo la llave y no pudo abrir la puerta; pensó que se había equivocado de vivienda; se asomó y estaban su sala y comedor, pero la sorpresa aumentó cuando vio una pareja platicando y almorzando en su antecomedor.

Abogado de profesión, Armenta Solís pudo recuperar su casa y hacer que los invasores la desalojaran en febrero pasado, pero las denuncias penales de otros vecinos cuyas moradas han sido ocupadas no prosperan y corren el riesgo de perderlas.

En los municipios de Tecámac, Ecatepec, Tultitlán, Chicoloapan, Cuautitlán, Coacalco, Zumpango, Huehuetoca, Chalco, Tizayuca, Nicolás Romero, Teoloyucan e Ixtapaluca, según datos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 400 mil casas están abandonadas o deshabitadas, y se convierten en botín apetecible para los invasores.

Jazmín N, habitante de Prolongación Ahuehuete, en Villas del Real, Tecámac, asegura que algunos propietarios de viviendas trabajan en la Ciudad de México y los fines de semana o cada mes van a su propiedad, pero como tienen chapa fácil de abrir, los invasores entran; por eso las de la avenida Nogal están casi totalmente invadidas.

Sólo se pagan 5 mil pesos

En estos desarrollos, dicen los vecinos, las casas deshabitadas, recién entregadas o son poco frecuentadas por sus propietarios y son vigiladas por integrantes de agrupaciones sociales vinculadas a partidos políticos; grupos que controlan tianguis, rutas de transporte público e incluso criminales armados que promueven amparos para evadir el pago de hipotecas ante Infonavit y Fovissste.

Cuando detectan una casa sin habitar rompen las chapas, candados y protecciones e introducen a familias completas, a cambio de cantidades absurdas: 5 mil o 10 mil pesos, alentados porque no existe una ley que impida estas acciones o permita a los derechohabientes y propietarios recuperar sus bienes.

José Manzanares adquirió una casa a crédito con el Infonavit en la calle Xóchitl, Unidad San Martín de Valle de Chalco, como una inversión y patrimonio para sus dos hijos. Está al corriente en sus pagos, pero no la habitan porque está lejos de su empleo. El año pasado una persona se metió a vivir y no la puede desalojar.He acudido al Ministerio Público y es una pésima atención; me trata como delincuente.

Jesús Aguilar Sales vive en la delegación Cuajimalpa de la Ciudad de México. En la pasada Semana Santa quiso estar esos días con su esposa y sus hijos en la casa que adquirió hace un año en el fraccionamiento El Dorado, municipio de Huehuetoca, pero al llegar la encontró habitada y para no hacer pasar un rato desagradable a su familia no reclamó.

Posteriormente regresó con la intención de desalojarlos; pidió apoyo a seguridad pública municipal y le dijeron que mejor llevara el caso a los tribunales; acudió al juzgado penal de Cuautitlán a hacer la denuncia.

Estos vivales actúan impunemente, nos quitan el patrimonio de nuestros hijos y hasta me han amenazado con meterme a la cárcel si los saco. ¿Dónde está la justicia? Infonavit no interviene, no nos apoya y sigue cobrando. Yo conseguí un abogado y sólo me sacó dinero.

Marco Antonio Romero, de la Oficina Contra Desalojos Habitacionales AC, señaló que la invasión de terrenos antes era una práctica común por el desorden urbano y la corrupción de líderes y gobiernos estatales y locales; ahora la invasión a casas se debe al creciente desarrollo de unidades habitacionales en años recientes.

En 2011, habitantes del fraccionamiento Fuentes de Tecámac pusieron en alerta al gobierno local y a Desarrolladora Metropolitana, ya que aseguraron que desde el 26 mayo de ese año los invasores –algunos armados– arribaron al conjunto habitacional y en operación hormiga ocuparon alrededor de mil 500 viviendas, incluidas las de obra negra.

En este mismo municipio, en noviembre de 2013, organizaciones civiles invadieron Valle de San Pedro, del grupo Urbi, para revenderlas en 40 mil pesos a familias sin techo, aun cuando todas las casas tienen dueños y las están pagando a crédito a través del Infonavit o algún banco.

En un recorrido por Villas del Real, municipio de Tecámac, habitantes de las privadas Ibach, Fuerte Ventura, Ezcaray y Riveira dijeron que para evitar las invasiones cuentan con circuito cerrado y no dejan entrar a nadie ajeno. Es el caso de la casa 3 de Riveira. Hace un año, a plena luz del día entraron a la privada y ya estaban bajando sus cosas. Por fortuna, los colonos se organizaron y los sacaron.

Quisiera llegar a un acuerdo

Un invasor, que pidió el anonimato, dijo que ante la fala de un buen trabajo y por no poder pagar renta ocupó una vivienda y metió a su familia, pero si puedo llegar a un acuerdo para que no me desalojen estoy en la mejor disposición.

Marco Antonio Romero asegura que el Infonavit nunca pierde, y en lugar de desalojar a quienes invaden u ocupan una casa deshabitada, les ofrece esquemas para que sigan pagando. Reconoció que los derechohabientes quedan en desventaja porque pierden su inversión.

El presidente de la Oficina Contra Desalojos Habitacionales AC recomienda que si una vivienda ha sido invadida se debe actuar y buscar un abogado para presentar una denuncia ante el Ministerio Público y hacerse acompañar de la autoridad para realizar el desalojo. Si propiedad ha sido dañada o las pertenencias robadas se deberá presentar una denuncia.

El Frente Mexiquense en Defensa de la Vivienda Digna AC, encabezado por José Humbertus Pérez Espinoza, contabiliza 400 invasiones.

La organización, que representa a propietarios afectados, inició el 26 de septiembre de 2015 la recuperación legal, y con la movilización de unos 300 despojados, decidimos quitarle a la delincuencia los espacios y la paz que nos han arrebatado, afirmó en esa ocasión Pérez Espinoza.





Fuente: La Jornada
Autor: Marco Antonio Nuñez López
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/17/estados/024n1est

Docentes 'toman' estaciones de radio y tv en Tuxtla Gutiérrez

San Cristóbal, Chis. Maestros de las secciones 7 y 40 del SNTE, en paro de labores desde el 15 de mayo para exigir la abrogación de la reforma educativa, tomaron hoy estaciones de radio y canales de televisión en Tuxtla Gutiérrez para difundir el objetivo de su lucha.

Al mismo tiempo se posesionaron de la caseta de peaje de la carretera de cuota que comunica a esta ciudad con la capital, en la cual cobraron 20 pesos por vehículo, informaron dirigentes magisteriales.





Fuente: La Jornada
Autor: Elio Henríquez
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/16/docentes-toman-estaciones-de-radio-y-tv-en-tuxtla-gutierrez

"Para la basura", datos del Inegi sobre ingreso familiar

Los datos sobre el ingreso de los hogares mexicanos que presentó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) soninverosimiles y deberían tirarse a la basura, pues es evidente que el cambio de metodología tuvo como objetivo descartar a las familias más pobres y dar la apariencia de que está siendo efectivo el combate a la pobreza, consideró el especialista Julio Boltvinik Kalinka.

A la Corte Penal Internacional, masacre de más de 300 en Coahuila

Recorrer las calles de esta ciudad es caminar por el símbolo del terror. Aquí Los Zetas, en connivencia con las autoridades, exterminaron o desaparecieron a más de 300 personas. A plena luz del día o de noche, sacaron de sus casas a familias completas para después saquear, destruir y quemar sus propiedades, sin que la policía municipal o estatal interviniera.

Ellos entraban a las casas a cualquier hora y cargaban con gente, recuerda una vecina que vive entre las calles Simón Bolívar y Juárez, epicentro de la tragedia y donde cinco años después las viviendas en ruinas permanecen como símbolo de una de las masacres más grandes ocurridas en México en años recientes.

Los habitantes de este lugar todavía viven bajo la ley del silencio. La investigación del caso sigue y aún hay miedo. Son pocos los que se atreven a narrar lo sucedido: Estuvo bien feo, nomás oíamos los gritos de la gente que se llevaban. Quemaron más de 30 casas y otros 30 ranchos. El conteo da más de 300 personas, comenta la dependienta de una tienda de abarrotes, quien recuerda, con un cierto remordimiento, que nadie hizo nada por ayudarlos, ni el alcalde ni la policía municipal o estatal, la Marina o el Ejército, mucho menos los vecinos.

Aquí no fue necesario un Decreto noche y niebla, como sucedió en la época nazi, para la aplicación de prácticas de de-saparición forzada y exterminio, Los Zetas contaban con la complicidad de las clases política y policial que les permitieron finalmente operar en Coahuila: A la familia de esta casa se la llevaron, la dejaron destruida y está frente a la presidencia municipal, a la policía, ante sus narices ocurrió todo y no hicieron nada. ¿Por qué? Porque son los mismos, expresa visiblemente enojada Elizabeth Martínez quien camina por la calle Ramos Arizpe en dirección oriente cruzando la plaza principal.

La mayoría de los secuestros sucedieron en marzo de 2011, pero hay registros de desapariciones masivas entre 2009 y 2015 en Piedras Negras y en toda esta región rica en minería conocida como Los 5 Manantiales, que incluye a los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza.

Durante estos años en Coahuila han gobernado los priístas Humberto Moreira (2005-2011), relevado durante unos meses por Jorge Juan Torres López, uno de los ex mandatarios estatales más buscados por la Administración Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA), acusado de lavado de dinero en aquel país, y cuyas propiedades y cuentas bancarias fueron congeladas por supuestos nexos con el narcotráfico. Y también por el actual gobernador Rubén Moreira.

Los tres están señalados en una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) que los parientes de las víctimas, agrupados en Familias Unidas, preparan a través de la Federación Internacional de Derechos Humanos, integrada por 178 organizaciones de más de 100 países.

“Es una denuncia por crímenes delesa humanidad y de Estado. Ellos están obligados a vigilar por la seguridad de los ciudadanos, son los superiores jerárquicos de las corporaciones policiales”, resalta en entrevista con La Jornada, Ariana Denisse García Bosques, abogada de Familias Unidas, que agrupa a parientes de desaparecidos de la región de Los 5 Manantiales y Piedras Negras.

Ocultamiento de información

Algunos de los testimonios sobre las desapariciones y matanzas masivas refieren la participación de los policías del Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE) de Coahuila, denunciados además por desaparición forzada, ejecución extrajudicial y torturas.

García Bosques asegura que las desapariciones siguen sucediendo: “En los pasados tres meses ha habido doslevantones con tintes de posible secuestro en Piedras Negras, pero el procurador dice que no es así, entonces pensamos que es una desaparición forzada. Hay videos y no se investiga”.

En el caso de Allende, enfatiza, el Estado ha cometido graves errores que podrían constituir delitos por omisión o acción, como entregar tierra en lugar de restos a los familiares.

Hace dos años, el gobernador Rubén Moreira reconoció que las cajas con presuntas cenizas entregadas a familias de desaparecidos de Allende, Piedras Negras y la región de Los 5 Manantiales en realidad no contenían restos humanos, sino tierra.

Se consensó con las familias para hacer una entrega de duelo, por lo que me están diciendo (Armando Luna Canales, secretario de Gobierno, y Homero Ramos Gloria, procurador de Justicia del estado) es tierra del sitio. No se había querido decir por respeto a las familias, en el proceso del duelo hay cosas que son muy importantes y ahí lo que pasó fue una tragedia, señaló el gobernador.

Lo anterior indignó a las familias que no han tenido acceso al expediente judicial, a pesar de que supuestamente ya hay una decena de personas encarceladas por las desapariciones y masacres.

Hay personas procesadas y sentenciadas, aunque con apelación y cabe la posibilidad de que obtengan su libertad. Se habla de otras órdenes de aprehensión, pero no lo hacen del conocimiento de los familiares, es obvio que hay una negativa, advierte la abogada.

Explica que los familiares de las víctimas promueven juicios de amparo y atienden el nuevo sistema acusatorio, a fin de solicitar garantías para que los parientes tengan acceso a los expedientes:

Es evidente que hay un ocultamiento de la información y creemos que es porque han alterado varios hechos y pruebas. Por ejemplo, en 2014 el procurador declaró que habían localizado 4 mil fragmentos óseos y luego dijo que de todos estos no era posible su cotejo con el perfil de ADN de las familias, para concluir después con la entrega de actas de defunción por supuesta localización de partes humanas, pero resulta que en lugar de restos, entregaron tierra.

Sin voluntad de hacer justicia

En estos días se desarrolla un juicio en la Corte Federal de San Antonio, Estados Unidos, contra el narcotraficante de Los Zetas Marciano Millán Vázquez, El Chano, por crímenes cometidos en el municipio de Allende y Piedras Negras. El fiscal Russel D. Leachman presentó 10 cargos en su contra, mientras en Coahuila no se le investiga.

En una de las audiencias, un testigo protegido, también detenido por tráfico de drogas, declaró que Millán Vázquez lo obligó a presenciar cómo asesinaba a un grupo de personas, entre ellas una niña de seis años a quien, frente a sus padres, fue cortando con un hacha mientras le decía a su papá: Así me puedes recordar.

Otro testigo, identificado como J. Rodríguez El Pollo, declaró que Los Zetas le informaron que 300 personas fueron asesinadas a tiros para después ser quemadas, contrario a la versión del gobierno que señala que sólo hubo 28 víctimas.

Para las familias este juicio que se desarrolla en Estados Unidos es muy importante, enfatiza la abogada, porque afirma que no hay voluntad de hacer justicia ni ayudar a las familias, a pesar de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) solicitó los documentos a la gente cercana, nunca hizo nada, ni tampoco las instituciones locales: Nos hemos dado cuenta que una y otra vez, las autoridades de Coahuila cambian la versión de lo acontecido en Allende, expresa García Bosques.

Comenta que para acreditar lo sucedido donde participaron Los Zetascomo crímenes de Estado pretenden demostrar que la participación de las autoridades fue por acción o bien por omisión: “Este grupo de la delincuencia pagaba por acallar o que le dejaran hacer lo que estaban haciendo. Y ellos permitieron que acontecieran todos estos delitos. En su momento tiene que acreditarse esa línea de investigación. Esto va a la CPI porque hay un señalamiento directo entre los autores de estos crímenes de lesa humanidad, incluso nosotras mismas estamos en riesgo”.

Añade: No es posible que el Estado no se diera cuenta. No pueden decir que las autoridades desconocían lo que estaba sucediendo en Allende, en especial Armando Luna Canales, quien ha permanecido en puestos desde 2005 hasta 2015.

Según los testimonios de familiares y vecinos, las víctimas eran sacadas de sus casas y llevadas a inmuebles de seguridad o bien al Centro Penitenciario de Piedras Negras, algo que acredita el crimen de Estado.

Existe la posibilidad de que 150 personas hayan sido introducidas al Centro Penitenciario de Piedras Negras para ser cocinadas, calcinadas y luego arrojadas a un río, según confesiones de detenidos dentro de ese penal. Por testimonios sabemos que esto fue posible, lo que no es prudente es que el Estado se atreva a decir la cantidad de gente que fue introducida sin tener una certeza de qué personas fueron.

Ariana Denisse García Bosques comenta que caminar por las calles de esta región, entre casas quemadas y destruidas, es negarse a olvidar para buscar justicia: Esto es persecución política por intereses, aunque haya sido un grupo de la delincuencia, sabemos las estrategias que un Estado maneja para implantar terror.





Fuente: La Jornada
Autora: Sanjuana Martínez
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/17/politica/015n1pol

sábado, 16 de julio de 2016

Demanda la CNTE al Congreso impulsar la “abrogación” de la reforma educativa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Representantes de las secciones de la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca y Michoacán de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) demandaron a integrantes del Congreso mexicano la “abrogación” de la reforma educativa y pidieron al Senado que no formen parte de la “administración del conflicto sino de la solución”.

Tras hora y media de encuentro, Francisco Bravo Herrera, de la sección 9 de la Ciudad de México, les demandó a los legisladores que “reconozcan que hay un conflicto en el magisterio. Le pedimos al Congreso actuar al respecto”.

“No pueden ni deben ser parte de la administración del conflicto”, les demandó Bravo Herrera, quien recordó que en los últimos tres años, el gobierno federal les propuso lo mismo que otros legisladores: realizar foros de consulta, escucharlos, pero mantener la misma legislación.

El senador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación en el Senado, fue el único que realizó una propuesta concreta: convocar a “un foro de reflexión” para escuchar las propuestas tanto de alumnos, como de maestros, especialistas y autoridades “para alcanzar una propuesta humanista integral”.

En respuesta, Bravo Herrera le comentó a Romero Hicks: “la coordinadora está dispuesta a abonar a una auténtica reforma educativa, pero desde otra perspectiva. Necesitamos que ustedes actúen”.
El líder de la CNTE en la Ciudad de México mencionó la golpiza que un día antes recibieron maestros de la coordinadora en Zacatecas, “por parte de una mafia sindical”, en clara referencia al SNTE, al que calificó como “sindicalismo parásito”.

Juan García García, en representación de la sección 22 de Oaxaca, exigió la abrogación de la reforma porque “lo único que ofrece es un aparato de vigilancia, control y castigo contra los maestros, los niños y las escuelas”.

“Se trata de una reforma autoritaria que fortalece a la burocracia, al centralismo y promueve la uniformidad de contenidos”, sentenció García.

También intervino Héctor Gutiérrez Martínez, de la sección 7 de Chiapas, quien convocó al Congreso a enmendar “el equívoco” de haber aprobado una reforma educativa que no cuenta con consenso social.

Entre los legisladores que participaron, Héctor Adrián Menchaca, del PT, señaló que su bancada fue la única que votó en contra de la reforma educativa. La senadora del PRD, Dolores Padierna, le aclaró que también ella votó en contra.

El senador del PRI Ismael Hernández Deras, reconoció la “apertura” que actualmente tiene el gobierno federal para entablar mesas de negociación con el SNTE y con la CNTE.

“Tomaremos nota” de sus demandas, les dijo el exobernador de Durango, provocando reacciones de descontento entre el grupo de la CNTE. Hernández Deras afirmó que planteará “al interior de mi grupo parlamentario” las propuestas de la coordinadora.

Por su parte, el senador Jesús Casillas, del PRI, afirmó que su bancada va a “coadyuvar” para encontrar una solución en las mesas de negociación de la SEP y de la Secretaría de Gobernación.

Tanto los legisladores del PRI como los del PAN y del Partido Verde se cuidaron mucho en sus intervenciones. No hablaron de “abrogar” la reforma ni tampoco de convocar a un periodo extraordinario de sesiones para discutir enmiendas a la reforma educativa.

El encuentro, conducido por la senadora perredista Angélica de la Peña, presidenta de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, culminó sin mayores sorpresas y sin el compromiso de una segunda cita.

De la Peña afirmó que “no le vamos a dar la vuelta” y “no vamos a diseñar tácticas dilatorias a lo que no están planteando”. “Seguiremos en permanente comunicación”, prometió.





Fuente: Proceso
Autor: Jenaro Villamil
http://www.proceso.com.mx/447495/demanda-la-cnte-al-congreso-impulsar-la-abrogacion-de-la-reforma-educativa

Tras demanda de Moreira contra Aguayo, preocupa a AI uso de recursos judiciales para inhibir libertad de expresión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Amnistía Internacional (AI) manifestó su preocupación “por el posible uso de recursos judiciales para inhibir la libertad de expresión en México”, luego de conocer la denuncia contra el académico y periodista Sergio Aguayo, por publicar una columna sobre la detención en España del exgobernador de Coahuila Humberto Moreira.


“La opinión publicada por Sergio Aguayo se realizó como parte del ejercicio legítimo de su libertad de expresión. Los asuntos de interés público deben estar sujetos a un amplio escrutinio por parte de diversos actores sociales y, por lo tanto, funcionarios y otras figuras públicas pueden estar sujetos a la crítica sin que dicha actuación vulnere sus derechos humanos”, destacó AI en un comunicado.

Señaló que la demanda de Moreira contra el académico de El Colegio de México exige una retractación de su opinión y el pago de al menos 550 mil dólares por concepto de reparación. Para pedir dicho monto, apuntó, el exgobernador ha pedido al juez que no se aplique el límite máximo que la ley mexicana establece por este tipo de demandas (mil 400 dólares, aproximadamente).

De acuerdo con la organización, toda persona tiene derecho a la protección de su honra y reputación, lo que en ocasiones puede requerir la eventual intervención del sistema de justicia civil. Sin embargo, en este caso particular –apuntó– Amnistía Internacional “está preocupada por el posible uso de recursos judiciales para inhibir la libertad de expresión en México”.

Consideró, asimismo, que la suma exigida como reparación en la demanda “es excesiva” y podría constituir una forma de sanción e intimidación con efectos inhibitorios de la libertad de expresión en el debate público.

En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades mexicanas a asegurarse de que el sistema de justicia civil “no sea utilizado para hostigar y desacreditar a las voces críticas mediante la imposición de sanciones civiles que derivan exclusivamente del ejercicio pacífico de los derechos humanos”.

Remató: “Las autoridades están obligadas a garantizar que las y los periodistas puedan desempeñar su trabajo sin miedo a sufrir represalias y satisfacer el derecho de la sociedad en su conjunto a estar informada sobre todos los asuntos de interés público”.





Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/447464/preocupa-a-ai-posible-uso-recursos-judiciales-inhibir-la-libertad-expresion-en-mexico

Un “basurero” industrial amenaza el Altiplano Potosino

No paran los intentos de saquear la riqueza mineral de San Luis Potosí, ya sea con proyectos de extracción o, en este caso, con negocios derivados de la fuerte presencia de industrias que producen residuos peligrosos. La empresa Citsu, de la que son socios exfuncionarios estatales, pretende construir en la zona de Palula, en el Altiplano Potosino, un confinamiento que recibirá los desechos industriales del centro del país.


SANTO DOMINGO, SLP (Proceso).- De Wirikuta a Palula o de Real de Catorce a Santo Domingo se extiende el Altiplano Potosino, la región más grande del estado, cuyos pobladores se enfrentan a la amenaza de empresarios mineros de convertirla “en el cementerio tóxico del país”.

Casi siempre con ayuda de funcionarios, los empresarios han impulsado e impuesto proyectos como el de Minera San Xavier en el Cerro de San Pedro (región Centro), la mina Peñasquito en Mazapil (municipio zacatecano que comparte territorio con San Luis), el confinamiento de residuos peligrosos La Pedrera en Guadalcázar y la operación de concesiones mineras de Real Majestic en Real de Catorce.

Ésta última fue suspendida ante la lucha del pueblo huichol en defensa de sus territorios sagrados, con el respaldo de activistas y ciudadanos (Proceso número 1807).

Ahora se trata de construir un confinamiento de grandes proporciones para depositar residuos industriales en el rancho Palula, entre San Luis Potosí y Zacatecas, destinado a recibir los desechos de más de 3 mil industrias del centro del país. El enorme riesgo que entraña ya provocó la formación del Comité por la Defensa de la Vida en Santo Domingo y municipios circunvecinos.

Es la segunda tentativa de este tipo en ese municipio. La primera se echó a andar en Santa Ifigenia, donde los promotores no consiguieron el permiso de la autoridad local.

Ejidatarios, empresarios ganaderos, sacerdotes respaldados por la diócesis de Matehuala, y recientemente representantes del pueblo Wixárika (huichol) integran el comité defensor de la vida que rechaza el confinamiento, denominado Centro Tecnológico para el Manejo Integral de Materiales Provenientes de Actividades Industriales y Procesos Extractivos (Cetemim).

A la organización se sumaron como asesores técnicos y legales varios investigadores del Programa de Agua y Sociedad de El Colegio de San Luis y el Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, A.C., con el fin de formalizar jurídicamente su lucha social.

En las 20 hectáreas supuestamente autorizadas para el confinamiento se ubican terrenos de uso forestal que forman parte de una Unidad de Manejo Ambiental (UMA), poblada todavía de venados y águilas reales, entre otras especies. La zona de amortiguamiento es de 600 hectáreas.

Sin embargo, los permisos que ya han sido judicialmente impugnados, principalmente por dos motivos: los funcionarios municipales niegan haberlos firmado y los territorios involucrados estarían no dentro de Santo Domingo, sino del lado zacatecano, en Villa de Cos, de acuerdo con registros y documentos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A los habitantes de esta parte del Altiplano Potosino se preguntan:: “¿Por qué voltean a vernos cuando quieren tirar la basura de sus empresas, si nunca lo hicieron para ver qué necesitamos?”.

El empresario y sus políticos

La zona prevista para el confinamiento en Palula está a casi 300 kilómetros de la capital potosina, de los cuales casi 100 son de terracería. Hace meses los habitantes de Santo Domingo vieron con sorpresa que empezó a construirse una carretera, que suponen gestionó la empresa Citsu con ayuda del estado para facilitar el acceso al Cetemim, aunque actualmente la obra está suspendida.

El principal accionista del Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable (Citsu) es el empresario minero José Cerrillo Chowell, también propietario de una gran extensión de Palula.

También son socios de Citsu tres integrantes del gabinete del gobernador Fernando Silva Nieto (1997-2003): David Atisha Castillo, secretario de Ecología y Gestión Ambiental; Olegario Garza Grande, contralor general, y Fausto Cervantes Elizondo, titular de la Junta Estatal de Caminos.

El investigador Francisco Javier Peña Paz, del Programa de Agua y Sociedad de El Colegio de San Luis, señala en entrevista: “Este proyecto se caracteriza por avaricia e impericia: no demuestran conocimiento sobre el tema pero sí mucha ambición. Y sabemos que va combinado con el poder político; detrás está el exgobernador Fernando Silva Nieto”.

Cervantes Elizondo apareció en las primeras presentaciones del proyecto a empresarios y medios, en noviembre pasado. Dijo que el Cetemim se instalaría en una zona donde no representa riesgo para la población, puesto que la comunidad más cercana se encuentra a 12 kilómetros y en ella viven 50 personas.

Añadió que en el confinamiento –en el que se invertirán 300 millones de pesos– se recibirán los desechos industriales de 3 mil empresas de San Luis, la Ciudad de México, el Estado de México y la zona del Bajío, por lo que su instalación se considera “urgente” debido a la escasez de este tipo de instalaciones en el país.

Tras afirmar que “el centro no recibirá materiales explosivos, radiactivos, biológicos o infecciosos”, el extitular de la Junta Estatal de Caminos aseguró que el Cetemim ya tenía permisos en materia de impacto ambiental, cambio de uso de suelo forestal a industrial, así como la licencia municipal.

Dos años atrás, en 2013, Cervantes Elizondo anunció que, como parte de un “proyecto para reintroducir especies nativas que han ido desapareciendo”, cuyo promotor era Cerrillo Chowell, se liberarían 200 ejemplares de venado bura, cola blanca y berrendos en 9 mil hectáreas de la UMA Palula. Luego se supo que en realidad se trataba de convertir ese territorio en un coto de caza controlada.

Sin embargo, los pobladores de Santo Domingo y comunidades cercanas se enteraron del proyecto del confinamiento de una manera muy distinta, en agosto del 2015, cuando una mujer que se identificaba como trabajadora social comenzó a acudir al municipio para hablar con la gente y preguntarles cuáles eran sus carencias.

Un campesino narró en un video testimonial elaborado para la lucha contra el confinamiento:

“En agosto del año pasado llegó una trabajadora social de parte de Cerrillo Chowell a hacer una encuesta sobre las necesidades prioritarias de la comunidad. Llegó a mi casa ofreciéndole a mi esposa ayuda a la vivienda: que licuadora, que estufa, que plancha. Ella le pregunta: ¿por qué me quiere dar esto, si no yo no estoy pidiendo nada?”

La trabajadora social contestó que iba de parte del señor Cerrillo Chowell “porque se ha fijado en ustedes, en la pobreza en que viven… Ya se hizo buena gente, quiere ayudarles y les va a regalar lo que necesiten”. La respuesta que da el campesino en el video es: “A lo mejor nos hacen falta muchas cosas, pero no necesitamos de él”.

En esa ocasión la enviada del empresario admitió que se construiría un confinamiento de desechos, pero intentó minimizarlo: “Nada más van a tirar estopas, baterías usadas y otras cosas pequeñas”.

La noticia llegó a oídos del sacerdote Gerardo Ortiz, conocido como Padre Canas, de la Pastoral social de la diócesis de Matehuala, quien buscó apoyo y ayudó a organizar el Comité por la Defensa de la Vida.

El comité se constituyó ante notario público con Édgar Coronados como presidente y representantes de todos los municipios involucrados. Como respaldo técnico se integraron Francisco Javier Peña de Paz, Germán Santacruz y Daniel Jacobo, profesores e investigadores de El Colegio de San Luis, quienes elaboraron un informe sobre las inconsistencias técnicas del proyecto en el aspecto ambiental, mismo que presentaron en una reunión con legisladores locales en abril pasado.

Daño al ambiente, la salud y la economía

Consultados al respecto, los especialistas explicaron que, según datos de la Semarnat, las industrias del país producen alrededor de 2 millones de toneladas de residuos al año. Añaden que esa cantidad sería depositada en el Cetemim antes de cinco años; después de ese lapso, la empresa prevé que se deposite un millón de toneladas anuales.

Al revisar las dos versiones públicas de las Manifestaciones de Impacto Ambiental del proyecto, los investigadores encontraron varias inconsistencias en la información que proporciona la empresa: los volúmenes de material que será confinado y la efectividad de las geomembranas que se emplearán, similares a las que se utilizan en la minería de tajo a cielo abierto para depositar los residuos.

Lo mismo ocurre con las sustancias utilizadas para el tratamiento de los desechos, entre éstas el peróxido de hidrógeno y el ácido nítrico, que en la cantidad que pretende utilizar la empresa resultan altamente riesgosos.

También detectaron que funcionarios de la Semarnat “han intentado enmendarle la plana” a la autoridad local e incluso modificaron los datos de la ubicación del predio, que en la primera manifestación se ubicó en San Luis Potosí y en la segunda ya aparece en Zacatecas.

En el oficio SGPA/DGIRA/DG01368, fechado en 2013, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat “precisa” a los promoventes del confinamiento que las coordenadas que proporcionan de la localización del mismo fueron revisadas a través del Sistema de Evaluación Geográfica de Evaluación de Impacto Ambiental (SEGEIA), “identificando que el predio se localiza en el municipio de Mazapil, estado de Zacatecas, y no en el municipio de Santo Domingo, estado de San Luis Potosí, como manifestó”.

Pero en 2015, en un segundo oficio (SGPA/DGIRA/DG04340), la dependencia se desdice: “El predio para el desarrollo del proyecto está ubicado en el interior del rancho Palula, en el municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí”.

No obstante que la empresa reserva las coordenadas exactas, la Semarnat las menciona en sus dos oficios citados, que firma el director de Impacto y Riesgo Ambiental, Alfonso Flores Ramírez.

Extraña también que dicho territorio sea presentado como “una microcuenca hidrográfica con nulas posibilidades de albergar un acuífero”, puesto que en su investigación Santacruz, Peña de Paz y Jacobo encontraron que la dirección de la Conagua en San Luis Potosí clasificó el mismo lugar como parte del Acuífero El Cardito, perteneciente a la Cuenca Camacho-Gruñidora… que según los mapas de la Conagua se localiza en Zacatecas.

En lo que parece una confesión de parte, la página 129 de la Manifestación de Impacto Ambiental del Cetemim señala: “El proyecto modifica sustancialmente el aprovechamiento del uso de suelo de la zona”, de vocación forestal.

El especialista Peña de Paz señala: “Socialmente el proyecto es de una gran inequidad. Quieren que la gente que no ha sido beneficiada del desarrollo económico pierda aún más cargando con la basura que produce ese desarrollo”.

Advierte que los riesgos que implican esos desechos también afectarían económicamente a los habitantes de la zona, incluidos algunos exportadores de ganado. “Podemos estar viendo el inicio de la construcción de un cementerio industrial muy peligroso, en donde termine viviendo la gente que no puede pagar otro tipo de terrenos, lo que aumentaría mucho la desigualdad social”.

Indica que el confinamiento representa “una amenaza al derecho humano al disfrute legítimo de los productos del trabajo. Al desvalorizar eso se está expropiando años de trabajo de la gente que está en Estados Unidos o en Monterrey y ha realizado estas construcciones con años de ahorros: de repente eso se queda sin ningún valor, sin hablar de los efectos en la salud”.

A decir de los investigadores que asesoran al Comité por la Defensa de la Vida, la Semarnat debió requerir a la empresa un estudio de impacto ambiental regional y no local, opinan los investigadores, pues durante el transporte de los residuos pueden existir riesgos para poblaciones muy grandes, como la de Matehuala.

El pasado 26 de junio, en una reunión en su rancho Guadalupe, en Zacatecas, el empresario minero Miguel Torres Leyva –que tiene su casa en Palula– informó a ejidatarios, propietarios y ganaderos que Cerrillo Chowell acababa de perforar un pozo junto al predio donde pretende instalar el Cetemim y aledaño a un ojo de agua.

“El agua es sagrada, sin agua no hay vida. Con agua envenenada tampoco, eso significará la muerte de la región. Vamos a defendernos con la ley y nuestra decisión de oponernos a esto”, dijo Torres Leyva.

El confinamiento operaría durante los próximos 30 años si se le validan los permisos, suspendidos de manera definitiva por la resolución que emitió el viernes 1 el juez segundo de Distrito en San Luis, Francisco Ramos Silva, sobre el juicio de amparo interpuesto por Ricardo Sánchez García y Guillermo Luévano, abogados del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz y la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis, respectivamente.

Los litigantes comentaron que la Semarnat no ha atendido los requerimientos del juez para entregar los informes que le conciernen sobre las autorizaciones en materia de impacto ambiental.





Fuente: Proceso
Autora: Verónica Espinosa
http://www.proceso.com.mx/447391/basurero-industrial-amenaza-altiplano-potosino