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Felipe Calderón reservó el informe sobre News Divine entregado por Joel Ortega

La tarde del 20 de junio de 2008, en la discoteca News Divine de la delegación Gustavo A. Madero (GAM) fallecieron nueve adolescentes y tres policías durante un operativo que devino en estampida. Joel Ortega Cuevas, a la sazón Secretario de Seguridad Pública, fue responsable de esa acción policiaca. Siete días después de los funestos hechos, le entregó al entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, un informe que hoy, pese al tiempo de la tragedia, no puede ser conocido por los ciudadanos. El ex Primer Mandatario lo clasificó de manera indefinida en tanto se realizaran las investigaciones. Hasta ahora, sólo uno de los protagonistas tuvo la cárcel como destino.

El pasado 20 de junio, Nochixtlán amaneció con ocho muertos, 55 policías heridos, 53 civiles lesionados y 21 detenidos después de que elementos de la Policía Federal desbarataron el bloqueo que maestros disidentes de la Reforma Educativa realizaban en la carretera del municipio, en la región mixteca.

Con la tragedia, esa fecha se convirtió en maldita. Hace ocho años –la tarde del 20 de junio de 2008- en la discoteca News Divine de la delegación Gustavo A. Madero (GAM) de la Ciudad de México, fallecieron nueve adolescentes y tres policías durante un operativo que devino en estampida.  Y esa vez, las risas, los brindis y el baile cambiaron por zozobra, asfixia y muerte. También por parálisis cerebral, como le ocurrió a Jenniffer Jiménez, una distinguida estudiante de 14 años que perdió el habla y la movilidad en esas horas de espanto. 350 jóvenes habían abarrotado la disco, en el oriente de la ciudad de México.

Elementos de la extinta Unipol (Sistema de Coordinación Policial del Distrito Federal) ingresaron al establecimiento. Un camión de la RTP permanecía estacionado a la entrada. Desde el micrófono, se escuchaba la voz de Alfredo Maya, dueño del antro. Pedía desalojar con la promesa de entradas gratis para el siguiente sábado. Pero la policía, bajo el mando de Guillermo Zayas González y la autorización de Joel Ortega Cuevas, había bloqueado la salida.

Los protagonistas de esa historia fueron Marcelo Ebrard Casaubón (cumplía dos años como Jefe de Gobierno del Distrito Federal); Joel Ortega Cuevas (era Secretario de Seguridad y dirigió el operativo), Rodolfo Félix Cárdenas (era procurador General de Justicia del DF), Francisco Chíguil Figueroa (era Delegado de la Gustavo A. Madero) y Guillermo Zayas González ( Sistema de Coordinación Policial del Distrito Federal, Unipol).

Esta infamia se cuenta, cada vez más, en voz baja. Ya pocos de los personajes vinculados hablan de News Divine. Cada año, menos. Algunos de los involucrados continúan en la escena pública, otros no; pero sólo para Alfredo Maya, el fundador de la disco, la cárcel fue destino.

En enero de este año, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) absolvió a cuatro ex elementos de la SSPDF, entre ellos, a la ex jefe de sector La Raza. En junio, el caso dio un giro. Pero al final, nada ocurrió. El Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal ordenó al Juzgado 19 penal reanudar el proceso instruido en contra de Zayas González. La determinación se debió al desistimiento del amparo promovido por el ex funcionario (luego de News Divine fue titular de la Policía Municipal de Ciudad del Carmen, Campeche, cargo que también dejó) en contra del artículo 16 del Código Penal para la Ciudad de México.

La escena no cambió. El único que sigue preso es Alfredo Maya quien ha rehuido de los reporteros y ha dejado claro que no desea brindar su relato de los hechos. Han pasado ocho años de aquel caos. Y la cortina de humo cae, otra vez, sobre la tragedia.

EL INFORME DE JOEL ORTEGA: RESERVADO

La noche del mismo 20 de junio, Joel Ortega ofreció una conferencia de prensa en la que justificó el operativo. Según él, había varias denuncias vecinales sobre venta de alcohol a adolescentes. Las fallas –dijo- se debieron al dueño de la discoteca quien habría provocado la estampida al quejarse por micrófono de la presencia policiaca. Lo acompañaba Francisco Chíguil, el entonces delegado de la GAM. Pese a que sus palabras responsabilizaron sólo al dueño de la discoteca renunció después de que la CDHDF presentó un informe sobre los hechos: la policía había sido la responsable por bloquear las salidas del bar. Su carrera se desmoronó en ese momento. Había sido líder estudiantil en el Instituto Politécnico Nacional, colaborador de Manuel Camacho Solís cuando este fue Regente, así como de Cuauhtémoc Cárdenas en el primer gobierno capitalino electo, delegado de la Gustavo A. Madero, jefe de la policía con Andrés Manuel López Obrador y ratificado por Marcelo Ebrard en el mismo cargo.

Según el acta de XIII sesión extraordinaria del comité de información de la Presidencia de la República, archivada en el Portal de Obligaciones y Transparencia, Joel Ortega le entregó al entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, un informe sobre los hechos de News Divine, el 27 de junio de 2008.

Hasta ahora, el documento se encuentra en la Oficina de la Presidencia, pero está clasificado de manera indefinida. Ese mismo año, Calderón Hinojosa lo guardó apegado a los lineamientos generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública de Ley Federal de Transparencia. Estos preceptos implican no revelar datos cuando los procesos judiciales y averiguaciones previas estén en curso por parte de las autoridades del Distrito Federal porque su difusión podría causar “un serio perjuicio” a las actividades que ejerce el Ministerio Público.


Después de News Divine, Ortega Cuevas estuvo fuera de la administración pública y en 2010 creó la organización civil Ciudadanía y Democracia con el fin de participar en las elecciones internas del Partido Revolucionario Democrático para candidato a jefe de Gobierno. En enero de 2011 anunció su precandidatura. Él mismo reconoció en entrevistas: “Me estoy reinventando, no lo niego, hice un diseño de cómo regresar, por abajo”. Tras señalar “inequidad” en el proceso, en febrero de2011, se incorporó a la campaña de Miguel Ángel Mancera como coordinador de campaña. Mancera lo nombró Director General del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Bajo su dirección, el boleto se incrementó de tres a cinco pesos, lo que ocasionó el movimiento #PosmeSalto. El cargo lo dejó en 2015.

News Divine nació en la esquina de Molina y la 312. En el espacio, el sonidero Alfredo Maya intentó evocar  la música que en los ochenta recorría la ciudad de México y al mismo tiempo, dar cabida al Regueaton. Pero el 20 de junio, la vida cambió. Un día después de los funestos hechos, el entonces Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, apareció en la sala de prensa del edificio contiguo al Palacio del Ayuntamiento en la GAM. Llevaba un discurso escrito y el rostro desencajado. “La ciudad está de luto. Los acontecimientos acaecidos este viernes nos llenan de consternación, dolor e indignación”, dijo.


Asumió como compromiso personal llegar al esclarecimiento de los hechos. Aunque aún reinaba el desasosiego, sus palabras fueron firmes: “Vamos a buscar el castigo de los responsables de la tragedia. En primer lugar de aquellos servidores públicos que ejecutaron el operativo porque, a la luz de la información que tengo disponible desde ayer por la noche y hoy en la mañana, hubo errores graves”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: LINALOE R. FLORES.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-07-2016/3067398

Fin de semana sangriento en Guerrero: Ejecutan a 13 personas

CHILPANCINGO, Gro: Al menos 13 homicidios dolosos se reportaron este fin de semana en diferentes puntos de la entidad, entre ellos el de un niño de 12 años en Chilapa.

De acuerdo con reportes oficiales, el sábado 16 se registraron cinco ejecuciones, una de las cuales fue la del regidor priista de Chilapa, Miguel Ángel Salmerón, quien ayer fue sepultado ante la indiferencia del gobierno y de la propia dirigencia tricolor.

Ese mismo día, un taxista fue asesinado en esta capital y una mujer campesina en el municipio de Quechultenango, en tanto que en el puerto de Acapulco un grupo de sujetos armados acribilló a dos jóvenes que trabajaban en una estética ubicada en la zona urbana.

También el sábado, alrededor de un centenar de familiares de desaparecidos en el puerto turístico protestaron sobre la avenida Costera para exigir justicia, y reprocharon a las autoridades estatales y federales por negarse a investigar los casos.

Aglutinados en el colectivo denominado Unidos por el mismo dolor, los familiares de una treintena de desaparecidos estuvieron acompañados por representantes de la Arquidiócesis de Acapulco.

El domingo 17, ocho personas fueron ejecutadas, cinco de ellas en Chilapa, y un hombre
decapitado en el puerto de Acapulco.

Ayer, durante una charla organizada por Grupo Autofin en su consorcio ubicado en la zona exclusiva de Acapulco, el gobernador Astudillo dijo que su administración está enfocada en “reducir” los índices de homicidios dolosos, que a la fecha suman más de mil 500 en la entidad, porque es imposible garantizar que no existan crímenes.


Luego, ante empresarios y la clase política local, sostuvo que los paseantes pueden sentirse seguros en los balnearios de Ixtapa y Acapulco porque la disputa de estas plazas controladas por el narcotráfico es una guerra entre criminales. La mayoría de las personas ejecutadas “no son turistas, ni famosos”, subrayó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/447649/fin-semana-sangriento-en-guerrero-ejecutan-a-13-personas

Médicos y trabajadores organizan frente contra la subrogación de servicios en el IMSS

CIUDAD DE MÉXICO: Desde que las autoridades del Seguro Social comenzaron a subrogar algunos servicios, incluida la construcción de nosocomios, el temor a un eventual despido y a la desaparición de la seguridad social en el país se ha apoderado de médicos, enfermeras y trabajadores administrativos.

La semana pasada, trabajadores de distintas unidades médicas, incluidos hospitales de especialidades como el Centro Médico y la Raza se reunieron para tratar el tema de la licitación de los servicios de laboratorios por un monto de 10 mil 500 millones de pesos.

En el encuentro, celebrado en el local de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, un grupo de químicos, laboratoristas y trabajadores jubilados de al menos tres entidades del país acordaron trazar un plan de acción encaminado a frenar la llamada “universalidad de la salud”.

Además, los trabajadores denunciaron el abandono en que se encuentran. Por ejemplo, enunciaron que los laboratorios carecen de los insumos y de la infraestructura mínima para satisfacer la demanda de servicios.

La química Carmen Mendoza de la clínica 25 del IMSS manifestó que el desabasto de insumos en los laboratorios ha desencadenado serios problemas internos y con los pacientes, además de estrés laboral.

Durante cuatro horas, los trabajadores de hospitales y centros de salud denunciaron también la escasez de insumos mínimos, como alcohol, gasas y algodón, y de infraestructura así como la falta de personal.

Otro punto que salió a flote en la asamblea fue el acoso laboral y la intimidación que prevalece en algunas unidades por parte de delegados sindicales por el sólo hecho de exigir condiciones laborales que protejan la integridad de los prestadores de los servicios médicos y los pacientes.

En el encuentro, la química Tania Bello del Hospital Nacional Siglo XXI dijo que toda la problemática que se vive actualmente en el Seguro Social se inscribe en el plan gubernamental de la “universalidad de la salud”.

Incluso, refirió que ella fue separada de las mesas de trabajo que se instalaron en el hospital por participar en la manifestación del pasado 22 de junio en contra de la subrogación de los servicios médicos.

Por esa razón, dijo que las autoridades buscan dividir a la base trabajadora.

Durante la asamblea, los trabajadores hicieron un llamado a sus compañeros de todo el país para organizar una marcha nacional el próximo 1 de agosto para exigir al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Manuel Vallejo Barragán, y al director del IMSS, Mikel Arreola, subsanar las deficiencias y hablar con la verdad sobre los
alcances de la llamada “universalidad de la salud”.


El pasado miércoles, Arreola asumió la postura oficialista de que el IMSS no será privatizado, sin embargo la subrogación de servicios en el sector salud continua ensanchándose.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA ÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/447659/medicos-trabajadores-organizan-frente-contra-la-subrogacion-servicios-en-imss

El imperio económico de los Arellano Félix: así como la PGR se los quitó, así lo recuperaron

Hace tres meses los integrantes de la familia Arellano Félix vendieron por 12 millones de pesos una mansión que por 20 años estuvo bajo resguardo de la PGR. La adquirieron en la década que compraron y vendieron una serie de propiedades de alta plusvalía, aseguradas en 1993 tras el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. La reciente ganancia del clan con la venta de la última mansión en su poder y el repunte de los asesinatos ocurridos en Tijuana en el último año y medio, contradicen la versión de autoridades mexicanas y norteamericanas que insisten en mostrar al Cártel Arellano Félix como una organización “desarticulada”.

Ciudad de México, 17 de julio (Zeta/SinEmbargo).- Era la segunda semana de diciembre de 1985. Parada ante una juez, Alicia Félix viuda de Arellano pidió autorización judicial para vender una millonaria finca, ya que -según ella- se encontraba en problemas económicos desde la muerte de su esposo. Aseguró a la juzgadora no tener dinero para ofrecer una adecuada educación al menor de sus hijos y, con la venta del bien, sortearía esos gastos. Lo que no dijo Alicia aquel día en Guadalajara fue que Benjamín y Ramón, dos de sus hijos mayores, eran líderes en Tijuana de la organización mafiosa más violenta de su generación: el Cártel Arellano Félix (CAF). Fueron ellos quienes en 1992 le declararon la guerra a Ismael “El Mayo” Zambada y sus socios, Joaquín “El Chapo” Guzmán y Héctor “El Güero” Palma, porque éstos les debían 20 millones de dólares por el cruce de droga a Estados Unidos. Con el primer encarcelamiento de “El Chapo” en 1993, los Arellano ganaron la batalla.

“Me veo en la necesidad de solicitar que se autorice la venta del bien inmueble y con eso poder seguir dando a mi menor hijo la educación que hasta hoy ha recibido”, expresó Alicia a la juez jalisciense Irma Becerra, con la que acudió como parte del juicio legal que se siguió de manera rutinaria, para pedir autorización de vender una finca de 2 mil 297 metros cuadrados perteneciente a su hijo, Francisco Javier Arellano Félix, entonces de 16 años de edad; 17 años después, tras la captura de su hermano Benjamín y el asesinato en 2002 de su otro hermano, Ramón, Francisco Javier se convertiría en líder del CAF hasta 2006, cuando lo capturaron en unas vacaciones, pescando en su yate en aguas internacionales de Baja California Sur.

Como parte de aquel juicio en 1985, Alicia presentó dos testimonios por escrito para avalar su petición. El del abogado José de Jesús Ruíz Novoa y el de Silvia Silva de Morales. También el consentimiento del “tutor dativo” de su hijo, el abogado Ignacio González Parada. Un presunto personaje mafioso conocido por las autoridades norteamericanas que, en 2012, lo boletinaron por sus actividades de “lavado de dinero”. En 2013 fue González quien sacó de la cárcel, a través de un juicio de amparo, al narcotraficante Rafael Caro Quintero, líder fundador del Cártel de Jalisco, encarcelado por el asesinato del agente encubierto de la DEA, Enrique Camarena.

Alicia finalmente vendió la finca por 30.2 millones de pesos en abril del 86. Lo hizo sin la autorización de la juez Becerra, aval que llegaría meses después de realizada la venta. Apenas dos años antes, en 1984, Francisco Javier y su padre Benjamín Francisco habían comprado el terreno sin construcción por 4.1 millones de pesos. En ese lapso construyeron una finca estilo español con arcos y balcones, valuada en 19.5 millones de pesos.

Los movimientos hechos por Alicia y sus hijos eran parte de una estrategia para gastar cientos de millones de pesos en propiedades. Lo hicieron en las décadas de los ochenta y noventa. La maniobra que encaja perfectamente con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) era comprar, construir, vender y donar terrenos, casas y mansiones de alta plusvalía a personas cercanas a la familia, según revelan 30 actas notariales analizadas por Zeta, obtenidas a través del Registro Público de la Propiedad de Jalisco (RPPJ). Los documentos contienen anotaciones escritas a mano por dos de los ministerios públicos federales que solicitaron el aseguramiento de los bienes, incluido el número de averiguación previa, así como oficios escritos a máquina de escribir y firmados por funcionarios del RPPJ en los que formalizan la entrega de las actas notariadas a la Procuraduría General de la República (PGR).

En Jalisco, donde los Arellano radicaban oficialmente desde el 76, gastaron más de 1 mil 100 millones de pesos con la compra de 23 propiedades que juntas miden dos veces el tamaño de la cancha de futbol del Estadio Azteca, según el análisis del semanario.

Uno de los movimientos predilectos de la familia era comprar terrenos rústicos para construir en ellos fincas o mansiones que vendían a ocho veces su valor original. La última mansión de ese tipo la vendieron en marzo de 2016. Se localiza en el exclusivo fraccionamiento del Club de Golf Santa Anita, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. En 1993 esa propiedad, junto con otras 15, fueron aseguradas por la PGR como parte de las investigaciones derivadas del asesinato del Cardenal Juan José Posadas Ocampo, ocurrido el 24 de mayo de ese año.

La mansión fue recuperada por Alicia en junio de 2015, luego de un juicio que duró dos años y en el cual el principal alegato fue que la PGR “nunca comprobó” que el dinero para comprarla tuviera conexiones con operaciones de lavado de dinero.

LA RUPTURA

El CAF es una de las organizaciones del narcotráfico mexicanas junto con los cárteles de Sinaloa, Jalisco y Juárez, que más décadas lleva en activo en el mundo de las drogas. Iniciaron sus actividades en Tijuana en 1982, cuando ante los ojos de todo el mundo eran un grupo de hermanos carismáticos que organizaban grandes fiestas en Tijuana, Mazatlán y Guadalajara.

La popularidad que tenían los hermanos les permitió granjearse la amistad de muchachos de buenas familias que, asesorados por Benjamín y Ramón Arellano, se convirtieron en sicarios o socios del clan. A ese cártel y sus aliados, se le atribuyen cientos de asesinatos y desapariciones.

Utilizaron el sadismo para acabar con la competencia y castigar la deslealtad de sus aliados. Fueron los primeros en ordenar el asesinato y la desintegración en ácido de sus enemigos, práctica que años después se conocería como “pozoleo”.

César Esquer, Elman Chávez y Pritam Sing fueron tres de las víctimas del CAF con las que utilizaron ese método. Los “pozolearon” en 2003, cuando esa práctica era totalmente desconocida por la prensa y la opinión pública. Se daría a conocer hasta seis años después, tras la captura de Santiago Meza López “El Pozolero”, ex operador del CAF.

Esquer era un joven veinteañero egresado de la universidad, que en ese entonces trabajaba en Mexicali como editor de la página de internet de un periódico local. Viajó hasta Tijuana con sus amigos para cobrar el dinero de unos paquetes de marihuana que le dejó a su primo, quien trabajaba como Policía y narcotraficante del Cártel Arellano Félix. La droga había sido robada a los operadores de los Arellano en Mexicali, así que cuando se enteraron del movimiento ordenaron asesinar a los muchachos y desintegrarlos en ácido. Por seis años estuvieron en calidad de desaparecidos, hasta 2009, cuando el primo mafioso de Esquer, capturado por robo y otros delitos, confesó el destino de su familiar y sus dos amigos.

Por ese tipo de acciones, las autoridades norteamericanas y mexicanas catalogarían al Cártel Arellano como la organización mafiosa más “violenta” de su generación.

Fueron ellos los que en 1992, en plenitud de sus operaciones mafiosas, rompieron con “El Chapo” Guzmán, “El Güero” Palma y “El Mayo” Zambada, con quienes llevaban una buena relación no sólo laboral, sino de amistad. Se distanciaron porque Zambada les debía dinero por el cruce de droga en Tijuana, así que los hermanos ordenaron asesinarle, escribió en su momento el periodista Jesús Blancornelas.

Tanto “El Chapo” como “El Güero””, en represalia orquestaron una emboscada para asesinarlos a ellos en una discoteca de Puerto Vallarta, en la que murieron seis personas. Los hermanos Ramón y Francisco Javier Arellano escaparon ilesos del ataque.

El cardenal de Jalisco, Juan José Posadas Ocampo, fue asesinado el 24 de mayo de 1993 tras presuntamente ser confundido con “El Chapo” Guzmán. Foto: Zeta

Los Arellano tomaron venganza el 24 de mayo de 1993. Ordenaron asesinar a “El Chapo”, cuyo nombre ya había saltado a la fama pública por la fallida emboscada. Los hermanos trataron de matar al capo sinaloense cuando éste se dirigía al Aeropuerto de Guadalajara. Por una “confusión” asesinaron al Cardenal de Jalisco, Juan José Posadas Ocampo, quien se trasladaba al mismo destino.

Según la cuestionada versión oficial de la PGR, los pistoleros del clan Arellano que le dieron 15 balazos a quemarropa a Posadas, un hombre alto de poco más de 110 kilos, lo confundieron con “El Chapo” Guzmán, quien no alcanza los 1.68 metros de estatura y pesaba no menos de 80 kilos.

El abogado del Arzobispado de Jalisco, José Antonio Ortega, ha cuestionado en múltiples ocasiones el móvil del crimen y ha descartado la hipótesis de la PGR. Públicamente ha dicho que Posadas fue asesinado porque “conocía los nexos del narco” con políticos mexicanos, entre los que se encontraba Raúl Salinas, hermano del entonces Presidente de México, Carlos Salinas.

Derivado de la presión internacional, Guzmán Loera se convirtió en el principal sospechoso del crimen de Posadas. Fue detenido el 9 de junio de 1993 en Guatemala y entregado a las autoridades mexicanas. Con esa primera captura, los Arellano le ganaron la batalla al capo sinaloense, aun cuando éste nunca fue procesado penalmente por el asesinato; tampoco fueron enjuiciados Benjamín o Ramón Arellano Félix.

En la actualidad, dos de los hermanos Arellano Félix (Ramón y Francisco Rafael) están muertos; y otros tres (Benjamín, Francisco Javier y Eduardo) se encuentran presos en cárceles de Estados Unidos. Las pugnas entre “El Mayo” Zambada y los Arellano continúan, sólo que ahora un hijo de Benjamín es quien dirige a la organización mafiosa, apoyado por otro joven familiar. Esa lucha por el control de Tijuana ha provocado un repunte en los asesinatos durante el último año y medio. Con ese incremento los índices de violencia se asemejan a los que se tenían en los años 2008, 2009 y 2010, cuando el Cártel de Sinaloa, a través de Teodoro García Simental, “El Teo”, ex operador del CAF, intentó sacar del negocio definitivamente a los Arellano, en ese entonces bajo el mando de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, uno de los sobrinos de la familia.

Los movimientos de la familia Arellano Félix. Gráfico: Zeta

LOS MOVIMIENTOS DEL CLAN

Hasta antes de simular problemas financieros, los integrantes de la familia Arellano se presentaban como profesionistas o empresarios para cerrar sus operaciones de compra y venta de bienes. Francisco Rafael se identificaba como “licenciado en Administración de Empresas” y “profesionista”, cuando no estudió una carrera universitaria; Fernando Arellano Félix se presentaba como “ingeniero”; Benjamín Francisco, padre de los hermanos, se decía “constructor”; mientras que Benjamín Arellano, el líder fundador del cártel, era un “comerciante”.

De esa manera los Arellano se identificaban ante notarios públicos y los dueños de las propiedades que adquirían. En 1984, el “licenciado Francisco Rafael Arellano Félix” compró dos propiedades a Marcelino García Paniagua y su esposa, Amelia Arteaga Anaya. Marcelino era hijo del ex Secretario de la Defensa Nacional y ex Gobernador de Jalisco, Marcelino García Barragán. El año que vendió las propiedades se desempeñaba como funcionario público de Aduanas. Un año después fue presidente del club de futbol Chivas del Guadalajara, y en dos diferentes periodos dirigió la Federación Mexicana de Futbol. Murió en 2007 a causa de cáncer.

La primera propiedad vendida por Marcelino fue una finca de 2 mil 357 metros cuadrados, ubicada en Zapopan; la segunda, un terreno rustico de 2 mil 976 metros cuadrados que Francisco Rafael fraccionó en seis y vendió por separado. Por las dos propiedades Marcelino y su esposa recibieron 15.8 millones de pesos.

Otra argucia legal recurrente en los movimientos de la familia Arellano, para no dejar rastro del dinero, era donar y vender las propiedades a otros miembros o amigos de la familia. En por lo menos nueve ocasiones hicieron ese movimiento. Alicia Félix fue la principal beneficiaria. Su hija Norma Isabel le hizo tres donaciones: dos propiedades en Zapopan y una más en Guadalajara; su hijo Francisco Rafael le vendió la mansión de Tlajomulco de Zúñiga.

Luis Benjamín y Frank Xavier Arellano Martínez, los dos hijos de Benjamín Arellano Félix, recibieron la donación de una casa por parte de sus abuelos en 1984; las cuñadas de Benjamín y Francisco Rafael también participaron en esos movimientos.

CONFISCAN BIENES

El asesinato de Posadas y la detención de “El Chapo” Guzmán en 1993, cambiaron el destino de la familia Arellano. Les quitó una serie de propiedades y los convirtió en el clan del narcotráfico mexicano más buscado de la época. La PGR comenzó a investigarlos. Producto de las investigaciones ordenó, en agosto de ese año, asegurar varias de las propiedades compradas por la familia en Jalisco, Sinaloa y Baja California.

En Jalisco, fueron 16 los bienes asegurados, de los cuales siete ya no pertenecían a los Arellano, quienes los vendieron o donaron.

Los Arellano iniciaron una batalla legal en Juzgados y tribunales para recuperar sus bienes. En la actualidad hay juicios que continúan abiertos y otros se han iniciado en la última década. Lo que reclaman los integrantes del clan o sus herederos, es que en más de 20 años, la PGR “no ha comprobado” que las propiedades fueran adquiridas con recursos del narco. Bajo esa premisa lograron ya la devolución de la mansión de Tlajomulco de Zúñiga.

LA IMPUNIDAD

Las pruebas que incriminan a la familia Arellano por operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de la compra, venta y construcción de propiedades, siempre han sido públicas y se encuentran en actas notariales e inscripciones del RPPJ.

En los documentos salen a relucir los nombres de abogados, notarios públicos, testigos y posibles cómplices que participaron en las operaciones del clan. No existía en aquel entonces una Ley de extinción de dominio, como la que opera actualmente para obligarlos a denunciar penalmente las millonarias transacciones. Moralmente pudieron haberlos denunciado por delincuencia organizada y no lo hicieron.

Entre los notarios públicos jaliscienses que más participación en los movimientos de la familia Arellano, se encuentran Mario Camarena Rosas y Mario Montaño Beltrán. El primero certificó seis operaciones de compra de bienes y cuatro de venta; el segundo, cinco de compra y dos de venta.

Sergio Salvador Aguirre Anguiano es otro abogado cuyo nombre aparece en las actas. Como suplente de notario público se encargó de escriturar, en 1990, la compra de un condominio de 210 metros cuadrados adquirido por Norma Isabel Arellano Félix, una de las hermanas mayores del clan. Por esa transacción pagó 14.7 millones de pesos. El bien fue asegurado por la PGR en 1993. Aguirre Anguiano se convertiría dos años después en ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en la actualidad se encuentra en el retiro.

La maniobra implementada por la familia Arellano es una de las estrategias clásicas del lavado de dinero. No es una coincidencia que el Grupo de Acción Financiera Internacional, máximo organismo intergubernamental en el mundo para combatir y prevenir esa actividad, haya identificado tanto a notarios públicos como a agentes de bienes inmuebles dentro de las actividades y profesiones no financieras vulnerables para ser usadas en operaciones de blanqueo de recursos.
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NINGÚN PROCESADO POR LAVADO

A 23 años del aseguramiento de las propiedades del clan Arellano en Jalisco, la PGR no ha solicitado órdenes de aprehensión contra ningún miembro de la familia por la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito que se castiga con hasta 15 años de cárcel. Tampoco ha informado el destino de las mansiones y casas aseguradas, aun cuando se le ha solicitado una entrevista formal a través de su área de Comunicación Social; en Estados Unidos, contradictoriamente, los hermanos Benjamín, Eduardo y Francisco Javier han sido sentenciados por narcotráfico y lavado de dinero; su hermana Enedina, por su parte, es señalada de encabezar la red de lavado de dinero que sostiene financieramente al CAF.

Información obtenida por el sistema de transparencia del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y una búsqueda avanzada hecha a través del servidor de aplicaciones de mapas Google (Google Maps), revela que siete de las 16 propiedades aseguradas por la PGR están en perfecto estado; otras dos se encuentran en resguardo del SAE; una funciona como escuela privada, otra como asociación civil que promueve el empleo y una más fue vendida en marzo pasado.

En el caso de la escuela, se trata de la preparatoria Liceo del Bosque, cuyos directivos al ser cuestionados sobre la procedencia del bien, dijeron desconocer su vínculo con la familia Arellano. Se trata de la finca estilo español que, en abril de 1986, Alicia Félix vendió por 30.2 millones. Aquella por la que pidió autorización judicial para vender, argumentando problemas financieros.

En el caso de sietes propiedades más que no estaban entre los bienes asegurados por la PGR y pertenecían a la familia, cuatro fueron vendidas y tres continuaban bajo su tutela, según las actas notariales en poder de ZETA. Entre éstas se encuentra la propiedad que Francisco Rafael compró a Marcelino García Paniagua y su esposa. En la actualidad tal inmueble aloja al Instituto Anahuacalli, centro educativo en Zapopan que cuenta con niveles preescolar y básico (primaria y secundaria). Este Semanario buscó en varias ocasiones a los directivos de la institución para saber si conocían el origen del predio y, pese a una serie de llamadas y el envío de un correo electrónico, no respondieron a la solicitud.

La superficie de la mansión de los Arellano Félix. Foto: Zeta

MANSIÓN VENDIDA

Contrario a los exóticos gustos que suelen tener los narcotraficantes cuando se trata de las casas donde viven, los Arellano Félix tenía un gusto sofisticado que discrepaba con los de otros mafiosos de la época. Nada de zoológicos, esculturas o acabados con imágenes de santos o animales; cero colores llamativos o ninguna estructura que desentonara con las residencias tipo colonial con toques contemporáneos que solían construir.

La mansión del fraccionamiento Club de Golf Santa Anita en Tlajomulco de Zúñiga, era la muestra de su buen gusto. Construcción de mil 230 metros cuadrados de dos plantas, pintada con colores blanco y azul pastel; cuatro amplias recámaras, estudio, sala, cocina con muebles de madera, comedor y área de televisión; cochera techada con espacio para ocho vehículos; alberca circular con vestidores, baños y cuarto de juegos; una segunda casa separada de la principal y 927 metros cuadrados adiciones de jardines. Lo mejor: la tranquilidad de estar ubicados en un complejo privado que cuenta con perímetros totalmente bardeados, caseta de vigilancia 24 horas, casas separadas y extensas áreas verdes que incluyen dos parques y 16 hectáreas de bosque.

La construyeron entre 1985 y 1989. Por el terreno rustico de 2 mil 156.99 metros cuadrados, Francisco Rafael pagó 970 mil pesos. Posteriormente éste le vendió la propiedad, con mansión incluida, a su mamá, en 1989.

En la demanda promovida ante el juez Raymundo Cornejo Olvera, Alicia Félix acusó a la PGR de violentar sus derechos por el decomiso de la mansión, pues en más de dos décadas nunca se comprobó que la compra se hiciera con recursos de procedencia ilícita.

Por poco más de ocho meses el juez Cornejo analizó la demanda y, en la última semana de octubre de 2014, se la concedió. Concluyó que aun cuando la PGR en sus investigaciones estableció que Alicia y sus hijos formaban parte de “una red de lavado de dinero”, la dependencia fue “omisa en pronunciarse” sobre la certeza del acto reclamado. Expuso también que nunca había existido “conducta criminosa” por parte de la quejosa o “en los que estuviera relacionada la finca en mención”.

De esa manera el juez Cornejo, un abogado con maestría en Política Criminal que obtuvo con la tesis “Análisis Crítico de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada”, ordenó la “inmediata devolución” de la mansión.

La PGR contrademandó la decisión de Cornejo; el reclamo llegó hasta un tribunal federal, donde tres magistrados ratificaron la decisión del juez: regresar la mansión a la señora Alicia.

Sin trabas legales de por medio, Alicia y familia contrataron los servicios de empresas dedicadas a la venta de bienes raíces que ofertaron la mansión a través de sus páginas de clasificado. “Para terminarla a su gusto”, señalaban los anuncios que promovían la mansión, vendida finalmente en marzo pasado.

Lo que ha quedado en evidencia con la devolución de la mansión Arellano, es que por una “omisión” de la PGR las pruebas del lavado de dinero se desvanecen. La venta de la mansión de Tlajomulco de Zúñiga es la llave que el CAF necesitaba para pelear sus bienes y seguir con el millonario blanqueo de dinero que comenzó en los mismos años que la madre del clan mafioso le hizo un desesperado pedido a una juez de Guadalajara.





Fuente: Sin Embargo
Autor: Francisco Sandoval Alarcón con información del Semanario Zeta
http://www.sinembargo.mx/17-07-2016/3067986

El pueblo que secó la plata

TLAHUALILO, DURANGO.- Refugio, de 72 años, cuenta en la sombra de un mezquite que no siempre fue tan pobre. La pensión de junio se le fue entre medicinas para el dolor y un poco de comida. Así que sólo le queda recoger lo poco que da este pedazo de desierto: vainas secas caídas del árbol, que vende como alimento para ganado. Por los 80 kilos que recolectó en tres días le pagaron 100 pesos. En las dos semanas que faltan para acabar el mes se aliviará el dolor de rodillas con alcohol y peyote. “El dolor como quiera aguanta, pero el hambre no”.

El sol de la tarde calienta el aire por arriba de los 40 grados en el pequeño ejido de La Sierrita. Debajo de los árboles los perros se muerden las patas para sacarse las espinas. Cualquier sombra en este desierto es un oasis.

Don Cuco, como le dicen sus vecinos, toda su vida estuvo lejos del interés de cualquier gobierno. Hasta 2012, cuando él y otros 126 ejidatarios fueron desalojados del plantón que tenían afuera de una mina explotada por la compañía canadiense Excellon Resources, y que está en una parte del ejido. Los pobladores protestaban por el incumplimiento del contrato de arrendamiento de sus tierras. Los echaron a golpes. A la empresa la respaldaron el gobernador de Durango, el gobierno federal –que envió al Ejército–, y la Embajada de Canadá en México.

El conflicto pasó a un tribunal agrario, donde el gobierno mexicano es juez y parte. La resolución está prevista para agosto de este año, pero podría alargarse. Durante los cuatro años de enredos legales, la supervivencia de Cuco ha dependido de las vainas dulces que le da el desierto.

– ¿Qué siente que una mina esté sacando millones de una tierra que le pertenece? – le pregunto, mientras recarga su mentón en un bastón de palo.

– Es que somos ricos pobres. ¿Qué ganamos con tener tanta plata?

El ejido de la Sierrita está en la región de La Laguna. Es un lugar que paradójicamente no tiene agua y que está lejos de cualquier sierra. Un desierto en la Altiplanicie Mexicana, conocido como el Bolsón de Mapimí. “Somos un ejido que le dieron lo que sobró”, dice Daniel Pacheco, presidente del comisariado ejidal.

La Comarca Lagunera todavía tenía lagunas en la década de los sesentas. El Barón Humbolt describió al Bolsón de Mapimí como una isla. Pero la construcción de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco secó la zona y la región algodonera prácticamente se acabó. Ahora, La Laguna es un ancho desierto que une a los estados de Durango y Coahuila.

En 1980, 127 pobladores de Tlahualilo que fundaron el ejido recibieron más de 6 mil hectáreas de puro desierto.

Cuco llegó a esta comunidad en esos años, cuando se formó el ejido. Entonces, había más agua y los pobladores trabajaban en las haciendas cercanas que producían melón y algodón. Otros se dedicaron a cortar mezquites para vender la leña en Bermejillo, un pueblo cercano. La gente admite –con cierta vergüenza– que ante la escasez llegaron a cazar ratas de campo para comérselas. Aún no había electricidad en el pueblo, con mecheros y combustible iluminaban las noches. Los ejidatarios llegaron a su nueva tierra, un lugar donde a nadie se le había ocurrido vivir.Foto: José Ignacio De Alba

El conflicto con la minera

En 2004, cuando Excellon Resources llegó a este pequeño pueblo de Durango y les propuso rentar sus tierras para instalar la mina La Platosa, los habitantes pensaron que se iban a hacer ricos. Fueron ingenuos.

En lugar de rentarles 4 hectáreas, como les habían planteado, los representantes de la empresa cambiaron la oferta y les ofrecieron comprar 27 hectáreas por 1 millón 200 mil pesos. Cada uno de los 127 ejidatarios iba a recibir casi 9 mil 500 pesos por vender lo que la propia compañía llama “la mina con el mayor grado de plata del país”.

Daniel Pacheco, presidente del comisariado ejidal, asegura que fueron presionados con la amenaza de que si no vendían les podían expropiar. Tras meses de negociaciones, Excellon accedió a la renta, y ofreció una serie de “cláusulas sociales”: construir una planta tratadora de agua, entregar a los ejidatarios la administración del comedor de la mina y la concesión del transporte, además del pago de un fondo social y becas escolares.

Todos se imaginaron que el desierto se convertiría en un vergel.

Pero después de la firma del contrato, nada se cumplió.

“La mina vende esperanzas”, dice Consuelo, mientras cocina con agua de garrafón.

El agua fue el segundo problema. Excellon cavó tan profundo que encontró un mar de agua subterráneo en este desierto. Un verdadero tesoro. Cada segundo la minera extrae mil 200 litros de agua que es utilizada para riego, pero no en el ejido. Los únicos beneficiados de este tesoro han sido terratenientes cercanos a los que la mina vende agua, entre ellos hay unos ranchos de la compañía de lácteos Lala.

Los terratenientes cercaron grandes extensiones de terreno donde los ejidatarios de La Sierrita iban a que sus animales pastaran. La mina pauperizó la vida en el ejido. En ocho años, Guadalupe tuvo que vender sus 150 chivas, Carlos se quedó únicamente con una yegua, Cuco tuvo que vender sus ocho vacas – ya flacas – por 9 mil pesos. El agua envenenada -dicen aquí- mató a la poca fauna del lugar, ya ni ratas quedan para comer en los tiempos de crisis.

La organización no gubernamental ProDESC (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), que ha acompañado a los pobladores en sus gestiones con la minera desde 2008, realizó una serie de estudios técnicos que fueron avalados por la Facultad de Química de la UNAM.

“Se demostró que el agua que extrae la mina se encuentra contaminada también por arsénico y plomo”, dice el informe El camino por la defensa de los derechos humanos frente a una minera canadiense. La Sierrita de Galeana, publicado en mayo de 2015 y que es, hasta ahora, el único estudio independiente que se ha hecho sobre el impacto ambiental de la mina en la región.

Si esas no fueran razones suficientes, en noviembre de 2011, Excellon exploró y perforó tierra que no tenía arrendada en el ejido. Los ejidatarios decidieron entonces que ya era tiempo de sacar al inquilino incómodo o, al menos, tener un trato más justo.

El conflicto escaló a tal punto que los pobladores cerraron los accesos a la mina en julio de 2012. Lo que siguió fue una paliza, que comenzó con hostigamientos, patrullajes en el poblado y cateos en casas. Luego fue el desalojo. La empresa, apoyada por las fuerzas del estado, arrasó con el campamento con maquinaria pesada. “El Ejército estaba en los cerros, en las partes altas apuntando hacia los ejidatarios. La Policía Federal llegó con sus armas apuntando a los ejidatarios, con las armas listas para disparar” dice Juan Antonio López, abogado de ProDESC.

Los ejidatarios de La Sierrita fueron expulsados de su propia tierra el 24 de octubre del 2012. Años después descubrirían que la Embajada de Canadá en México también ayudó a ejecutar el despojo.Foto: José Ignacio De Alba
La intervención de la embajada

El 25 de febrero del 2015 la organización canadiense Minning Watch reveló que la embajada de Canadá en México tuvo un papel determinante durante el conflicto de La Sierrita.

Por medio del sistema de transparencia de su país, Minning Watch obtuvo documentos oficiales y correos electrónicos que muestran que el cuerpo diplomático organizó citas entre el CEO de Excellon Resources Brendan Cahill con políticos mexicanos de alto nivel, incluyendo al gobernador actual de Durango, Jorge Herrera Caldera. ¿El motivo? Persuadir a las autoridades mexicanas de deshacer la protesta iniciada por los ejidatarios, aún tolerando el uso de la fuerza.

La misma embajadora de Canadá en México, Sara Hradecky, participó en el intercambio de correos. El 10 de julio del 2012 envió uno a sus consejeros de asuntos políticos y económicos, David Morgan y Shauna Hemingway, proponiendo espiar a los pobladores durante las mesas de diálogo. Escribió: “creo que debe estar un representante comercial –para escuchar, quizás para recoger alguna información de inteligencia que pueda serle útil a la empresa”.

El 30 de julio Wayne Robson, delegado comercial de la Embajada le escribió a ejecutivos de la minera para decirles: “La Embajada se mantiene a su servicio si en algún momento Excellon requiere mayores vínculos institucionales”. Los correos tuvieron copia al ex presidente mexicano Felipe Calderón, al gobernador de Durango Jorge Herrera, al exsecretario de gobernación Alejandro Poiré y al exsecretario de economía Bruno Ferrari.

El cuerpo diplomático canadiense en México tuvo conocimiento de que el desalojo podía hacerse recurriendo a la violencia. La noche previa a la llegada de policías estatales, federales y militares al primer intento de desalojo del plantón, el delegado comercial intercambió comunicación con los directivos de la empresa, a los que dio sus “buenos deseos”.

Las 250 hojas del informe ayudan a reconstruir lo sucedido entre julio y noviembre de 2012. El futuro de los habitantes de La Sierrita estaba escrito, en correos desde la embajada de Canadá. La llamada “economic diplomacy”.

El desalojo finalmente lo realizó Rob Moore, uno de los gerentes de la mina, “ayudado de golpeadores traídos desde Zacatecas y trascabos de la minera”, dice el abogado López.

En México hay alrededor de 200 compañías mineras canadienses. Es el principal destino de las mineras de ese país. “Canadá sostiene este sistema de impunidad (en México) –dice Jennifer Moore de Mining Watch–. Entender el comportamiento de la embajada de Canadá en México es un importante indicador de cómo operan las misiones en el extranjero”.

El 4 de septiembre del 2012, la Asamblea Ejidal de La Sierrita presentó una demanda de rescisión del contrato de ocupación temporal para terminar la relación con la empresa minera y recuperar sus tierras. Su argumento era que Excellon no cumplió con las “cláusulas sociales” prometidas. La sorpresa de los ejidatarios fue que la minera canadiense también los demandó por incumplimiento del contrato de arrendamiento, al bloquear la entrada a la mina. En los 4 años que lleva el juicio, la empresa ha ganado tiempo y en el negocio de la minería el tiempo es oro. Cada año Excellon se ha embolsado 30 millones de dólares de La Platosa.Foto: José Ignacio De Alba
El pueblo seco

En la Sierrita, el agua llega a veces en septiembre con furia monzónica. La tierra, sedienta y agrietada, parece que la bebe desesperada. Los habitantes andan con los dientes manchados por tomar agua salina. Esa agua envenena la tierra, es tan pesada que después de un par de años de su uso en la agricultura deja la tierra inservible.

Como el agua se está acabando, la gente se está yendo. Muchos se fueron a trabajar a las maquiladoras de Ciudad Juárez, otros a Estados Unidos. José, el hijo de Cuco, es uno de ellos. Dejó la escuela porque no le alcanzaba el dinero para comprar uniforme o útiles escolares y se mudó a Ciudad Juárez donde encontró un futuro más prometedor.

En la escuela del pueblo hay un profesor para todos los grados de primaria y otro para todos los grados de la secundaria. Los jóvenes tienen la mirada puesta fuera de ese lugar sin orillas, mientras los viejos recuerdan cuando se cantaba la canción Cardenche un tipo de música a capela, las composiciones sin instrumentos -porque no había dinero para comprarlos- son coplas de amor. Le llamaron Cardenche en nombre de una espina desértica que al encajarse en la piel no provoca tanto dolor como cuando la desencajan. “Es como el amor”, dice Daniel Pacheco.

Yo me voy a morir a los desiertos / me voy del ejido / a esa estrella marinera

Sólo en pensar que ando lejos de mi tierra / nomás que me acuerdo / me dan ganas de llorar…

Como la música cardenche, otras historias también empiezan a ser olvidadas. La gente aquí cuenta que la División del Norte pasaba por pueblos cercanos a La Sierrita, los álamos de los caminos estaban llenos de federales ahorcados en los árboles, colgados por gente de Francisco Villa. La iglesia de Santiago Apóstol de Mapimí, a 50 kilómetros del ejido, aún está llena agujeros de balas de los revolucionarios.

Hoy, hasta los álamos murieron. De sed.

“El agua que utilizan para el riego de sus parcelas está fuera de las Normas Oficiales Mexicanas para aguas destinadas a sistemas agrícolas y, en específico, presenta altas dosis de calcio y magnesio que se acumulan de manera constante cada vez que se riega la tierra. A partir del proceso natural de evaporación, estos minerales se acumulan y los suelos se han salinizado y han perdido su potencial agrícola”, dice el informe de ProDESC.

Excellon parece aprovechar el abandono de los gobiernos. Después de 4 años de juicio, en agosto habrá una resolución del tribunal. Pero el fin del conflicto está lejos. Cualquiera que sea el resultado las partes van a apelar, y el juicio puede extenderse años.

Mientras tanto, sin agua, el arraigo de los pobladores es improbable .

“Para nosotros, que haya agua es como si hubiera oro”, asegura el comisario ejidal.





Fuente: Animal Político
Autor: José Ignacio de Alba con información de piedepagina.mx
http://www.animalpolitico.com/2016/07/pueblo-seco-la-plata/

El rector condiciona y pospone el diálogo en la UAM; los estudiantes mantienen el paro

Ante la decisión del rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Salvador Vega y León, de aplazar la mesa de diálogo, los estudiantes inconformes de la UAM decidieron mantener la suspensión de actividades.

La mañana de este sábado 16 de julio, el rector de la UAM pospuso la mesa que sostendría este día en la Rectoría General.

El funcionario universitario señaló que sigue dispuesto al diálogo, pero que no se reanudará mientras no existan las condiciones propicias para ello.

Entre ellas, precisó, está que se levante el paro en las unidades de Xochimilco y Azcapotzalco, que se entregue la Rectoría de la UAM Iztapalapa, y que el resto de las unidades opere de manera normal.

“Es decir, con las cinco unidades universitarias y la Rectoría General operando de manera normal, pues es en los espacios colegiados de cada unidad, donde se podrán atender los temas de la vida institucional, por lo cual insistimos en la necesidad de liberar de inmediato las instalaciones que continúan tomadas”, indicó el rector en un comunicado.

Las protestas en la UAM surgieron el 4 de julio, luego de que a más 400 alumnos no se les entregaron sus becas de movilidad estudiantil, pese a cumplir con todos los requisitos.

Posterior a eso, los inconformes añadieron otras exigencias en un pliego petitorio de ocho puntos, entre los que se incluye realizar una auditoría y dotar de mayor transparencia el uso de recursos por parte de la casa de estudios.

Al respecto, Vega y León aseguró que los ocho puntos del pliego petitorio, que fue recibido por las autoridades universitarias el pasado 9 de julio, han sido atendidos en el marco que permite la Legislación Universitaria y, asimismo, ha sido explicada la respuesta correspondiente a cada uno de éstos.

En el comunicado, el rector explica que en una Junta de Rectores y Secretarios (JURESE) de la UAM llevada a cabo el día de ayer, se enteró que el tema de los puntos del pliego fue abordado por el Consejo Académico de la Unidad Lerma el jueves 14 de julio.

Ese mismo día, indicó, el Consejo Académico de la Unidad Iztapalapa inició una sesión de trabajo, que continuará el próximo miércoles 20.

Puntualizó que las unidades Azcapotzalco y Xochimilco convocarán a sus respectivos consejos académicos a sesionar el próximo martes 19 de julio.

“Asimismo, hago de su conocimiento que, en mi calidad de Presidente del Colegio Académico, convocaré a dos sesiones de este Órgano Colegiado para el día jueves 21 de julio, en la Unidad Cuajimalpa; la segunda, a fin de abordar los temas derivados de la agenda planteada por los alumnos organizados, y que son competencia de dicho órgano”, agregó.

Tras conocer la decisión del rector, los estudiantes acordaron mantener el paro de manera indefinida en las unidades de Xochimilco, Azcapotzalco y en la Rectoría de la unidad Iztapalapa.

“No somos los alumnos los que las tenemos (las unidades) cerradas por falta de diálogo, es el rector quien las tiene de esa manera porque no baja a negociar los puntos del pliego petitorio y su cerrazón al diálogo”, señaló Harim Villarreal, uno de los estudiantes que participaron en el mensaje a medios, indica un reporte del diario Reforma.

Los alumnos negaron que las autoridades universitarias le den seguimiento a las ocho demandas del pliego petitorio y acusaron que el único punto que fue cumplido por las autoridades fue el relativo al otorgamiento de las becas de movilidad a los alumnos que cumplieron con todos los requisitos.





Fuente: Animal Político
Autor: Redacción con información del Reforma
http://www.animalpolitico.com/2016/07/rector-pospone-dialogo-estudiantes-mantienen-paro/

Vacacionistas se escapan de la CDMX

Sus atuendos delatan sus destinos. Sombreros color paja, sandalias, vestidos vaporosos o pantalones de tela de lino. Un gran ejército de viajeros ha vuelto a tomar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) desde este sábado, el primero día de las vacaciones de verano. Permanecen ahí unas horas pero siempre llegan refuerzos para colmar salas, pasillos, restaurantes, baños, aviones.

El pasado viernes 15 fue el último día de clases para más de 25 millones de alumnos de educación básica, fecha esperada por muchas familias que no aguantaron un día más para escapar de esta ciudad, o llegar a ella.

Otros se adelantaron y desde el fin de semana pasado elevaron las cifras de pasajeros atendidos en el AICM, pues el viernes 8 ha sido, hasta ahora, el de mayor afluencia en el año: 136 mil 755 viajeros. De ellos, 79 mil 260 utilizaron la Terminal 1 y 57 mil 495 se trasladaron en la Terminal 2, de acuerdo con autoridades aeroportuarias.

Algunos vuelos con rumbo a Cancún, Quintana Roo; Puerto Escondido, Oaxaca; o Acapulco y Zihuatanejo, en el estado Guerrero, tenían demoras de dos horas en promedio.

Un grupo de 60 quinceañeras, que prefirieron un viaje de regalo y despreciaron la fiesta con chambelanes, se alistaba para salir rumbo a Europa. Algunas viajaban con sus mamás, quienes se encargaban de poner en orden a las escandalosas adolescentes.

Periodo de empleo temporal

Esta temporada de asueto resulta una oportunidad de trabajo temporal para jóvenes y adultos mayores. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) los contrata durante dos meses para brindar información a los usuarios.

Nos dan entrenamiento anímico, dice Hilario Vargas Martínez, de 68 años. Algunos pasajeros vienen cansados de su viaje, otros llegan molestos porque hubo retrasos en sus traslados, así que no son tan receptivos a la información que les proporcionemos, aunque ellos nos estén preguntando.

Hilario Vargas ya está jubilado, pero, dijo, mientras haya vida y la situación económica siga tan desmejorada, hay que ponerse a trabajar. No saldrá de vacaciones, no alcanza: mejor me pongo a chambear.





Fuente: La Jornada
Autora: Blanca Juárez
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/17/sociedad/030n2soc

Viviendas deshabitadas en el Edomex, botín para invasores

Después de estar ausente durante dos meses, por trabajo, Luis Armenta Solís llegó a su casa en Los Héroes Tecámac y notó algo raro: alguien había cambiado las cortinas. Extrañado, introdujo la llave y no pudo abrir la puerta; pensó que se había equivocado de vivienda; se asomó y estaban su sala y comedor, pero la sorpresa aumentó cuando vio una pareja platicando y almorzando en su antecomedor.

Abogado de profesión, Armenta Solís pudo recuperar su casa y hacer que los invasores la desalojaran en febrero pasado, pero las denuncias penales de otros vecinos cuyas moradas han sido ocupadas no prosperan y corren el riesgo de perderlas.

En los municipios de Tecámac, Ecatepec, Tultitlán, Chicoloapan, Cuautitlán, Coacalco, Zumpango, Huehuetoca, Chalco, Tizayuca, Nicolás Romero, Teoloyucan e Ixtapaluca, según datos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 400 mil casas están abandonadas o deshabitadas, y se convierten en botín apetecible para los invasores.

Jazmín N, habitante de Prolongación Ahuehuete, en Villas del Real, Tecámac, asegura que algunos propietarios de viviendas trabajan en la Ciudad de México y los fines de semana o cada mes van a su propiedad, pero como tienen chapa fácil de abrir, los invasores entran; por eso las de la avenida Nogal están casi totalmente invadidas.

Sólo se pagan 5 mil pesos

En estos desarrollos, dicen los vecinos, las casas deshabitadas, recién entregadas o son poco frecuentadas por sus propietarios y son vigiladas por integrantes de agrupaciones sociales vinculadas a partidos políticos; grupos que controlan tianguis, rutas de transporte público e incluso criminales armados que promueven amparos para evadir el pago de hipotecas ante Infonavit y Fovissste.

Cuando detectan una casa sin habitar rompen las chapas, candados y protecciones e introducen a familias completas, a cambio de cantidades absurdas: 5 mil o 10 mil pesos, alentados porque no existe una ley que impida estas acciones o permita a los derechohabientes y propietarios recuperar sus bienes.

José Manzanares adquirió una casa a crédito con el Infonavit en la calle Xóchitl, Unidad San Martín de Valle de Chalco, como una inversión y patrimonio para sus dos hijos. Está al corriente en sus pagos, pero no la habitan porque está lejos de su empleo. El año pasado una persona se metió a vivir y no la puede desalojar.He acudido al Ministerio Público y es una pésima atención; me trata como delincuente.

Jesús Aguilar Sales vive en la delegación Cuajimalpa de la Ciudad de México. En la pasada Semana Santa quiso estar esos días con su esposa y sus hijos en la casa que adquirió hace un año en el fraccionamiento El Dorado, municipio de Huehuetoca, pero al llegar la encontró habitada y para no hacer pasar un rato desagradable a su familia no reclamó.

Posteriormente regresó con la intención de desalojarlos; pidió apoyo a seguridad pública municipal y le dijeron que mejor llevara el caso a los tribunales; acudió al juzgado penal de Cuautitlán a hacer la denuncia.

Estos vivales actúan impunemente, nos quitan el patrimonio de nuestros hijos y hasta me han amenazado con meterme a la cárcel si los saco. ¿Dónde está la justicia? Infonavit no interviene, no nos apoya y sigue cobrando. Yo conseguí un abogado y sólo me sacó dinero.

Marco Antonio Romero, de la Oficina Contra Desalojos Habitacionales AC, señaló que la invasión de terrenos antes era una práctica común por el desorden urbano y la corrupción de líderes y gobiernos estatales y locales; ahora la invasión a casas se debe al creciente desarrollo de unidades habitacionales en años recientes.

En 2011, habitantes del fraccionamiento Fuentes de Tecámac pusieron en alerta al gobierno local y a Desarrolladora Metropolitana, ya que aseguraron que desde el 26 mayo de ese año los invasores –algunos armados– arribaron al conjunto habitacional y en operación hormiga ocuparon alrededor de mil 500 viviendas, incluidas las de obra negra.

En este mismo municipio, en noviembre de 2013, organizaciones civiles invadieron Valle de San Pedro, del grupo Urbi, para revenderlas en 40 mil pesos a familias sin techo, aun cuando todas las casas tienen dueños y las están pagando a crédito a través del Infonavit o algún banco.

En un recorrido por Villas del Real, municipio de Tecámac, habitantes de las privadas Ibach, Fuerte Ventura, Ezcaray y Riveira dijeron que para evitar las invasiones cuentan con circuito cerrado y no dejan entrar a nadie ajeno. Es el caso de la casa 3 de Riveira. Hace un año, a plena luz del día entraron a la privada y ya estaban bajando sus cosas. Por fortuna, los colonos se organizaron y los sacaron.

Quisiera llegar a un acuerdo

Un invasor, que pidió el anonimato, dijo que ante la fala de un buen trabajo y por no poder pagar renta ocupó una vivienda y metió a su familia, pero si puedo llegar a un acuerdo para que no me desalojen estoy en la mejor disposición.

Marco Antonio Romero asegura que el Infonavit nunca pierde, y en lugar de desalojar a quienes invaden u ocupan una casa deshabitada, les ofrece esquemas para que sigan pagando. Reconoció que los derechohabientes quedan en desventaja porque pierden su inversión.

El presidente de la Oficina Contra Desalojos Habitacionales AC recomienda que si una vivienda ha sido invadida se debe actuar y buscar un abogado para presentar una denuncia ante el Ministerio Público y hacerse acompañar de la autoridad para realizar el desalojo. Si propiedad ha sido dañada o las pertenencias robadas se deberá presentar una denuncia.

El Frente Mexiquense en Defensa de la Vivienda Digna AC, encabezado por José Humbertus Pérez Espinoza, contabiliza 400 invasiones.

La organización, que representa a propietarios afectados, inició el 26 de septiembre de 2015 la recuperación legal, y con la movilización de unos 300 despojados, decidimos quitarle a la delincuencia los espacios y la paz que nos han arrebatado, afirmó en esa ocasión Pérez Espinoza.





Fuente: La Jornada
Autor: Marco Antonio Nuñez López
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/17/estados/024n1est

Docentes 'toman' estaciones de radio y tv en Tuxtla Gutiérrez

San Cristóbal, Chis. Maestros de las secciones 7 y 40 del SNTE, en paro de labores desde el 15 de mayo para exigir la abrogación de la reforma educativa, tomaron hoy estaciones de radio y canales de televisión en Tuxtla Gutiérrez para difundir el objetivo de su lucha.

Al mismo tiempo se posesionaron de la caseta de peaje de la carretera de cuota que comunica a esta ciudad con la capital, en la cual cobraron 20 pesos por vehículo, informaron dirigentes magisteriales.





Fuente: La Jornada
Autor: Elio Henríquez
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/16/docentes-toman-estaciones-de-radio-y-tv-en-tuxtla-gutierrez

"Para la basura", datos del Inegi sobre ingreso familiar

Los datos sobre el ingreso de los hogares mexicanos que presentó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) soninverosimiles y deberían tirarse a la basura, pues es evidente que el cambio de metodología tuvo como objetivo descartar a las familias más pobres y dar la apariencia de que está siendo efectivo el combate a la pobreza, consideró el especialista Julio Boltvinik Kalinka.