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“La Gaviota” regresó la “Casa Blanca”; Higa le reintegró su dinero y hasta los intereses

CIUDAD DE MÉXICO: Un mes después de publicarse el reportaje sobre la llamada “Casa Blanca” en la colonia Lomas de Chapultepec, la primera dama Angélica Rivera Hurtado habría cancelado la operación al regresar su dominio a una empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, el contratista gubernamental que la construyó y se la financió.


No lo hizo en los términos en que lo anunció, cuando el 18 de noviembre de 2014 publicó un video “para defender su integridad, la de sus hijos y la de su marido” e informó que vendería los derechos del inmueble para que no se siguiera ofendiendo a su familia.

“Con la misma apertura con los que les he compartido los detalles de esta casa, quiero comunicarles que he tomado la decisión de vender los derechos derivados del contrato de compraventa, porque yo no quiero que esto siga siendo un pretexto para ofender a mi familia”, expuso en aquel entonces.

La información emitida hoy por la Presidencia de la República da cuenta de que no vendió los derechos, sino que canceló la operación y que el contratista Hinojosa Cantú le regresó el dinero y los intereses que llevaba pagados. No se menciona ninguna penalización como es habitual en este tipo de transacciones cuando una de las partes da por terminada la relación contractual.

“Por la terminación anticipada del contrato de compraventa, las partes pactaron que la señora Angélica Rivera Hurtado pagara el equivalente a una renta por el tiempo en que tuvo posesión del inmueble. Por su parte, la inmobiliaria reintegró a la señora Rivera los pagos que había realizado entre el 12 de enero de 2012 y el 11 de diciembre de 2014 más los intereses respectivos”.

Hoy, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto promulgó seis leyes que sustentarán el Sistema Nacional Anticorrupción, la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República emitió una ficha informativa sobre el convenio de cancelación de la compraventa relativo a la residencia de escándalo, que establece como fecha de finiquito el 11 de diciembre de 2014.

La Presidencia precisó que, si bien tenía la posesión del inmueble, la operación nunca se concretó en transmisión, debido a que era una compraventa con reserva de dominio.

Con lo anterior, la Presidencia declaró que Rivera Hurtado ya no tiene relación con ese inmueble.

Durante la promulgación de las leyes anticorrupción este lunes, el mandatario federal pidió “perdón” por haber generado inconformidad, aun cuando repitió como en otras ocasiones que no hubo nada ilegal. Inclusive, consideró que los servidores públicos además de cumplir la ley deben cuidar la percepción que se pueda tener de sus acciones. Y fue en ese sentido que dijo, “cometí un error”.

La investigación

El 9 de noviembre de 2014, el equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui publicó un reportaje –en su portal de internet Aristegui Noticias y en la edición 1984 de Proceso— sobre la residencia que al inicio de la administración presumió la primera dama en una revista del corazón.

El reportaje mostró que en la construcción de la residencia ubicada en la calle Sierra Gorda 150 habían participado con opiniones e indicaciones, el presidente Peña Nieto y su esposa, de acuerdo con testimonios de trabajadores.

También demostró que el inmueble se comunicaba con la residencia de Angélica Rivera –adquirida presuntamente por su trabajo de actriz en Televisa– ubicada en Paseo de las Palmas1325, ambas en Lomas de Chapultepec, uno de los sectores más exclusivos y de mayor plusvalía del continente.

Pero sobre todo, el reportaje reveló que la construcción estuvo a cargo de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una razón social sin mayor actividad que esa operación y que dicha empresa era de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de numerosas empresas dedicadas a la proveeduría gubernamental y que, durante el sexenio de Peña Nieto como gobernador del Estado de México, consiguió unos 35 mil millones de pesos en contratos.

Más tarde, Proceso documentó que en dos años de gobierno federal Hinojosa sumó más de 60 mil millones en contratos de obra.

Días después, el 18 de noviembre de 2014, al regresar de una gira de trabajo por China y con el escándalo desatado inclusive en medios internacionales, Peña Nieto anunció que sería su esposa la encargada de explicar la forma en que se adquirió la propiedad. Entonces ella publicó en YouTube el video mencionado.


Fue hasta febrero de 2015 cuando Peña Nieto instruyó una investigación sobre el caso, para lo cual designó como secretario de la Función Pública a Virgilio Andrade. El resultado se dio a conocer en agosto siguiente, cuando el funcionario informó que el mandatario federal no incurrió en conflicto de intereses. Sin embargo, admitió que no se revisaron otros posibles actos ilícitos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/447723/la-gaviota-regreso-la-casa-blanca-higa-le-reintegro-dinero-los-intereses

UNAM aceptó sólo al 8% de aspirantes en segunda vuelta

Ciudad de México. Sólo ocho por ciento del total de jóvenes que presentaron el segundo examen de selección a las licenciaturas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en las modalidades escolarizada, abierta y a distancia obtuvo un lugar en la casa de estudios.

De acuerdo con los resultados del segundo concurso de ingreso a alguna de las 117 licenciaturas que se imparten en la Universidad Nacional –que se dieron a conocer desde ayer, pero debido a fallas del portal donde se subieron, muchos tuvieron que esperar hasta hoy lunes para conocerlos— sólo 4 mil 761 aspirantes fueron seleccionados.

Esto de un total de 59 mil 530 jóvenes que presentaron el examen aplicado en junio pasado. Es decir, sólo 7.99 por ciento obtuvieron un lugar en las carreras universitarias, mientras que 54 mil 769 estudiantes (82.01 por ciento) fueron rechazados.

Es de destacar que en este concurso de selección –el segundo y último de este año— fue menor el número de jóvenes aceptados que la oferta que ofrecía la UNAM, que alcanzaba los 5 mil 54 lugares en las modalidades escolarizada, abierta y a distancia.

Los 4 mil 761 aspirantes que fueron aceptados en este segundo examen, se sumarán a los 12 mil 197 aceptados en el primer concurso de selección de este año –que se aplicó en febrero pasado y cuyos resultados se dieron a conocer en abril. Con ello sumarán 16 mil 958 jóvenes de primer ingreso para el siguiente ciclo escolar a través del concurso de selección.

La otra vía para entrar a las licenciaturas universitarias es mediante el pase reglamentado, dirigido a todos los egresados de los dos subsistemas del bachillerato de la UNAM (la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades). Se estima que a través de esta opción sean poco más de 35 mil alumnos los que ingresen a las carreras de la casa de estudios.


Con ello se estima que para el ciclo escolar 2016-2017 la UNAM reciba a poco más de 50 mil estudiantes de nuevo ingreso en sus 117 licenciaturas que se imparten en las diferentes sedes que la casa de estudios tiene en el país.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: EMIR OLIVARES ALONSO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/18/unam-acepto-solo-al-8-de-aspirantes-en-segunda-vuelta

Programa SG mesa de diálogo con empresarios de Oaxaca

Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación acordó el establecimiento de una mesa de trabajo con empresarios y prestadores de servicios del estado de Oaxaca, a fin de atender las afectaciones económicas provocadas por los bloqueos carreteros de la disidencia magisterial.

El establecimiento de dicha mesa será el próximo viernes, a la que acudirán funcionarios de las secretarías de Desarrollo Social, Economía, Turismo, Comunicaciones y Transportes, y del Trabajo, así como una delegación del gobierno estatal, para abordar los temas de acceso a programas para la reactivación de la economía y la puesta en marcha de una campaña de promoción turística.

Al término de la reunión realizada este día en la dependencia del gobierno federal, la comisión de empresarios y prestadores de servicio expuso la problemática que enfrentan en la entidad con los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), iniciados desde mayor pasado.


Abraham Clavel, vocero del movimiento por la reactivación económica de Puerto Escondido, dijo que en esta ciudad, tan sólo en las últimos dos meses, se han perdido más de 3 mil empleos, principalmente en el sector turístico.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/18/programa-sg-mesa-de-dialogo-con-empresarios-de-oaxaca

Guadiana denuncia a Moreira ante Corte Penal Internacional

CIUDAD DE MÉXICO: Después de surgir en cortes de Justicia de España y Texas, el nombre de Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI, salió de nuevo en una denuncia interpuesta ante la Corte Penal Internacional (CPI) por Santana Armando Guadiana Tijerina, aspirante a la candidatura para gobernador independiente de esa entidad.


El también empresario acusó al gobierno de Moreira de “participar de manera activa en los crímenes de lesa humanidad” perpetrados durante las masacres de Allende y del Penal de Piedras Negras en marzo de 2011.

En la denuncia contra funcionarios del gobierno de Coahuila, dirigida al fiscal de la CPI el pasado 12 de julio, el empresario minero aseveró que el gobierno estatal no actuó para detener la masacre y desaparición de cerca de 300 personas cometida por integrantes de Los Zetas en Allende durante más de una semana “a plena luz del día”.

Asimismo, Guadiana Tijerina aseguró que muchas de las víctimas de Los Zetas fueron trasladadas al Centro Estatal de Readaptación Social (Cereso) de Piedras Negras –una institución controlada por el gobierno estatal–, donde fueron torturadas y masacradas.

Ese penal “servía de matadero para desaparecer, torturar y asesinar a las víctimas de Los Zetas”, denunció el empresario.

Agregó que “el gobierno facilitó el ingreso de las víctimas a un centro penitenciario a su cargo, no obstante de que no había orden de aprehensión en contra de los reos, así mismo permitió la tortura de las víctimas, su asesinato y la calcinación de sus cuerpos, después que los metieron al penal no se volvió a saber nada de ellos”.

Como elementos de prueba, el empresario se basó en 77 reportajes periodísticos publicados en medios nacionales y locales.

El 18 de marzo de 2011, una cuarentena de camionetas con hombres fuertemente armados cerraron el acceso al municipio de Allende y empezaron la masacre de cerca de 300 personas así como la destrucción de 70 casas de la población, mismas que “posteriormente fueron baleadas, saqueadas y destruidas con buldozers”, planteó Guadiana.

En su denuncia, el coahuilense mencionó el testimonio que rindió el empresario Humberto Uribe Tapia –vinculado con Los Zetas– en una Corte de Justicia de Texas, en el que aseveró que Humberto Moreira recibió cuatro millones de dólares de ese cártel a cambio de su protección, afirmación que el exgobernador desmintió el mismo día.

Ayer, una fuente judicial de Texas confirmó a proceso.com.mx que la Corte Federal de Distrito Oeste División San Antonio investiga a Moreira por lavado de dinero que el servidor público habría desviado del erario estatal.

Si bien la acusación se limita a señalar la actuación de autoridades estatales, la denuncia de hechos también involucra a varias dependencias federales, desde el gobierno federal hasta los militares.

“Se ha revelado que las autoridades tanto municipales como estatales estaban enteradas de los sucesos criminales señalados y no actuaron para defender a las víctimas y nada informaron a la ciudadanía”, denunció.

“A unos cuantos kilómetros de Allende se encuentra un cuartel del ejército mexicano, mismo que no se explica la razón por la cual no intervino”, añadió.

Según la argumentación jurídica de Guadiana, la CPI debe tomar el caso ya que “el Estado de Coahuila y el Gobierno de la República Mexicana no están dispuestos a llevar a cabo una investigación imparcial y mucho menos el enjuiciamiento en perjuicio de ningún funcionario público involucrado en la masacre de Allende y de Piedras Negras”.

El texto continúa: “El gobierno se ha lavado las manos con el argumento de que fueron Los Zetas los causantes de la masacre, sin observar que estos actuaron con la complicidad activa de varios cuerpos de seguridad”.

Y recuerda que “en México no se le persigue (a Moreira) por ningún delito, mientras en los Estados Unidos de Norteamérica está investigado y acusado por delitos graves y en España fue apresado por supuesto lavado de dinero y vínculos con Los Zetas”.

Asimismo, planteó que “en la matanza de Allende no se respetó a los niños, mismos que fueron desaparecidos junto con sus padres y también asesinados (…) Violencia extrema contra infantes que debe motivar la intervención de la Corte de Derecho Penal”.

El empresario también señaló que, con el apoyo de su hermano Rubén Moreira –actual gobernador de la entidad, entonces presidente del PRI estatal–, Humberto Moreira tomó medidas para controlar la seguridad y las finanzas del estado después de su abandonar el cargo de gobernador.


Para ello, creó una Fiscalía General y el Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (Satec), a los que dotó de autonomía e independencia respecto al Poder Ejecutivo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE
LINK: http://www.proceso.com.mx/447672/guadiana-denuncia-a-moreira-ante-corte-penal-internacional

“Complacencia” de autoridades en la matanza de Allende y Piedras Negras: Guadiana

CIUDAD DE MÉXICO: El empresario Armando Guadiana Tijerina, quien demandó al gobierno de Coahuila ante la Corte Penal Internacional de La Haya por delitos de lesa humanidad, aseguró que en la masacre de más de 300 personas en Allende y en el Penal de Piedras Negras, ocurrida en marzo de 2011, hubo un “encubrimiento” de las autoridades.

“No queremos que quede impune” ese hecho, señaló el aspirante independiente a la gubernatura.

Sostuvo que en marzo de 2011 murieron más de 300 personas en Coahuila y no se tuvo la misma reacción que con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. “¿Qué quiere decir? Que hay un encubrimiento”, subrayó el empresario en entrevista con Radio Fórmula.

Señaló que el Penal de Piedras Negras está a cargo del gobierno del estado, y al parecer, dijo, “hay funcionarios que fueron complacientes para la realización de esto (la masacre) “, pues a la cárcel sólo deben ingresar personas con una orden expedida por un juez.

De acuerdo con el empresario coahuilense, él y su apoderado legal, Reyes Flores Hurtado, optaron por ir a la Corte Internacional de Loa Haya porque ni el estado de Coahuila ni la Federación han actuado para esclarecer el tema.

“La gente que está detenida, está detenida en el extranjero”, y sólo se trata de los “ejecutores”, pero de “la función pública están implicados algunos, o bien fueron realmente complacientes con los trabajos del Penal de Piedras Negras”, apuntó.

En el documento entregado ante el fiscal la Corte Penal de la Haya, el pasado miércoles 13, Guadiana expone “la falta de acciones por parte del gobierno coahuilense para evitar los daños ocasionados a la población del municipio de Allende, Coahuila”.

Asimismo, señala “las detenciones ilegales, desaparición forzada, tortura y homicidios cometidos a plena luz del día; esto aunado a que parte de las víctimas, según lo han reconocido las autoridades, fueron ingresadas ilegalmente al penal de Piedras Negras, donde fueron torturados y asesinados”.

Explica, que “en la masacre de Allende perdieron la vida mujeres, ancianos y jóvenes, y no se ha dicho cuántos niños murieron en este hecho tan lamentable, que marcó la vida de los coahuilenses. No se puede dejar pasar por alto que las autoridades se quieran lavar las manos diciendo que fue el crimen organizado quien actuó solo en perjuicio de las víctimas”.

Añade: “Es relevante destacar que en el penal de Piedras Negras, donde coahuilenses fueron privados ilegalmente de su libertad, torturados y asesinados, es de control y operación estatal; es imposible pensar que un civil sin autorización judicial fuera ingresado a dicho centro penitenciario”.

Este lunes Guadiana Tijerina también habló del exgobernador Humberto Moreira –ya líder del PRI cuando sucedieron los hechos–, y dijo que durante su administración éste realizó “un saqueo preparado de varios millones de pesos” a través de la empresa Leman Trade, propiedad “del mismo propietario principal de Ficrea, el señor (Rafael) Olvera, que está prófugo en Estados Unidos”.

“O es un fraude, o es la preparación de lavado de dinero, que es la acusación que interpusimos en la Procuraduría General de la República”, señaló sobre la compra mediante la figura de arrendamiento financiero de aeronaves y vehículos.

Al respecto, el abogado Reyes Flores sostuvo que se detectó que “estos bienes no existen”, así como que los aviones no habían pisado suelo nacional” y se pagó 675 millones de pesos por ellos, “con una compañía privada que no está regulada por el Sistema Financiero Nacional (…) Hay un origen ilícito del recurso, porque lo hacen a través de una prohibición legal”.

En este caso, explicó el abogado, la Corte Internacional podría sancionar u obligar al gobierno a sancionar, ya que son delitos competencia de la Corte. “Lo que no queremos es que quede impune esto”, acotó.


Según Guadiana, las administraciones de los hermanos Humberto y Rubén Moreira son “una monarquía familiar de 12 años”, y manifestó su confianza de que “en junio del año entrante se termine la pesadilla para los ciudadanos y vendrá la alternancia”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/447661/complacencia-autoridades-en-la-matanza-allende-piedras-negras-guadiana

Sancionan a 30 funcionarios mexiquenses por caso Tlatlaya

CIUDAD DE MÉXICO: El gobierno del Estado de México sancionó a 30 funcionarios involucrados en la matanza de 22 civiles en Tlatlaya, perpetrada por militares el 30 de junio de 2014.


“En los 30 casos hay algún tipo de sanción, siete u ocho destituciones y 22 personas que van a ser suspendidas por algún tiempo, algunos por un mes, algunos por más tiempo, es por el asunto de Tlatlaya, (son) funcionarios de la Procuraduría (General de Justicia) que fueron en algún momento acusados de algo y ya el Igispem (Inspección General de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado de México) manifestó las primeras 30 sanciones”, precisó el secretario general del gobierno estatal, José Manzur.

De acuerdo con las autoridades mexiquenses, diez funcionarios –entre ministerios públicos, peritos y agentes ministeriales– fueron destituidos e inhabilitados para ocupar cargos públicos durante cinco años, en dos casos; un año, en seis casos, y tres años, en dos casos, por violaciones al artículo 42 de la ley de responsabilidades de servidores públicos. Otros 19 elementos fueron suspendidos un mes, y uno más solo 15 días.

Aún falta resolver el procedimiento administrativo contra otros 22 servidores, aunque ya fueron suspendidos en tanto se resuelve de fondo un juicio de amparo.

El pasado 29 de junio, a dos años de la masacre en Tlatlaya, 16 organizaciones de la sociedad civil exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) que reencauzara las investigaciones después de que el tribunal federal devolvió la indagatoria a esa dependencia.

Atendiendo a la declaración que hizo la procuradora Arely Gómez, quien dijo que el caso no estaba cerrado –luego de que el magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, Adalid Ambriz Landa, decretó la libertad de tres elementos del Ejército porque no encontró elementos para juzgarlos–, organizaciones de derechos humanos urgieron a la PGR a actuar con eficacia.

En un comunicado pidieron que “esta vez las averiguaciones se conduzcan con eficiencia y de acuerdo con los más altos estándares en la materia, de manera que los responsables de esta grave violación a los derechos humanos respondan ante la justicia”.

Las organizaciones firmantes denunciaron que “la falta de efectividad de la PGR y del Poder Judicial de la Federación frente a un Ejército renuente a la rendición de cuentas llevó a la consolidación de la impunidad”.

Asimismo, lamentaron que hasta ahora “ningún responsable de esta grave violación de derechos humanos se encuentra procesado, y no se están realizando todas las diligencias necesarias para fincar responsabilidades a todos los niveles”.

Recordaron que pese a los elementos establecidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación de 51/2014, que determinó que en los hechos fueron ejecutados de manera arbitraria de 12 a 15 personas, la sentencia del juez Adalid Ambriz de decretar la libertad de los tres elementos militares “es producto de una acusación deficiente y falta de investigación por parte de la Procuraduría federal”.

Prueba de la ineficiencia de la PGR es que “a un año de revelarse la existencia de la Orden General Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos ‘abatir delincuentes en horas de la oscuridad’, ésta sigue sin ser investigada”, apuntaron.

Las organizaciones también reprobaron los intentos de criminalización contra “Clara Gómez González, sobreviviente de los hechos y madre de la víctima menor de edad, Erika”, sin cuyo testimonio de los hechos “la verdad nunca habría salido a la luz”.

En aquella ocasión firmaron el comunicado el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez; Artículo 19; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Freedom House; Fundar, Centro de Análisis y Comunicación; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, y Servicios y Asesoría para la Paz.


También el Centro de Derechos Humanos de la Mujeres, Centro Nacional de Comunicación Social, Instituto para la Seguridad y Democracia, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/447695/sancionan-a-30-funcionarios-mexiquenses-caso-tlatlaya

Termina sin acuerdos reunión de padres de los 43 con Segob y SRE

Ciudad de México. Las negociaciones entre el gobierno federal y los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, se empantanan para acordar el mecanismo de seguimiento del caso Iguala.

El gobierno federal todavía se opone en aceptar algunos requisitos mínimos establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para este esquema, principalmente aquellos relativos a las visitas ilimitadas que realicen los dos comisionados que integrarán dicha mecanismo, y la estancia del “equipo operativo técnico” que los auxiliará en las investigaciones que realicen en el país.

Para los padres de familia estas puntos son centrales en la conformación de dicho esquema, que tiene como mandato dar seguimiento tanto a las medidas cautelares emitidas por la CIDH en el caso Iguala, y las recomendaciones dejadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para continuar las investigaciones.

Tras una reunión de más de una hora, los subsecretarios de Gobernación, Roberto Campa, y de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, así como el subprocurador Ever Betanzos, y los padres de familia de los 43 y sus representantes no llegaron a ningún acuerdo sobre estas diferencias.


Así, a nueve días de que tengan su cita el próximo 27 de julio con la CIDH, en la ciudad de Washington, para acordar este esquema de seguimiento, las partes todavía no se concilian sus diferentes posturas.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/18/sin-acuerdos-reunion-para-mecanismo-de-seguimiento-de-caso-iguala

Gobierno de Veracruz pretende pagar adeudo de 8 millones de pesos a empresas fantasma

Documentos muestran que la administración de Javier Duarte sí buscó pagar un adeudo a empresas fantasma, aunque lo negara la Secretaría de Finanzas estatal.

La Secretaría de Finanzas de Veracruz negó en un comunicado que el gobierno estatal incluyera a cuatro empresas fantasma en un listado de compañías a las que la administración de Javier Duarte debe dinero, y a las que pretende pagar con recursos de impuestos públicos, sin embargo documentos oficiales muestran que sí las consideró.

Los documentos, en poder de Animal Político, revelan que cuatro compañías fantasma, bajo investigación del SAT, sí están en un anexo que la Secretaría de Finanzas envió al Congreso Veracruzano, con la idea de que los legisladores aprobaran un fideicomiso y la administración de Duarte pagara más de 12 mil millones de pesos con el impuesto de la nómina de gobierno.

A las cuatro empresas fantasma, presuntamente se le adeudan 8 millones de pesos. Otras de las deudas son con Telmex, Soriana, CFE y Cruz Roja Mexicana, entre otras.

Las empresas fantasma incluidas en la lista de adeudos del gobierno de Veracruz son: Importadora Denyk SA de CV; AD911 SA de CV;  Bienart SA de CV y Bloques 2DM SA de CV.

Esos nombres aparecen en un reportaje publicado por Animal Político, donde se reveló que el gobierno de Veracruz había desaparecido 645 millones de pesos a través de la entrega del dinero a una red de empresas. Estas existían legalmente, en documentos, pero eran inexistentes (fantasma) en sus domicilios físicos, cuyos socios eran personas de bajos recursos.

Estas cuatro empresas, así como todas las señaladas en el reportaje, aparecen en la cartera correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, dependencia que asignó contratos a esas compañías mediante licitaciones simplificadas, sin que existiera una competencia abierta.

Tras la publicación del reportaje, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que estas empresas habían sido incluidas en una “lista negra”, publicada en su página web y actualizada al 15 de julio. En ella aparecen compañías con operaciones presuntamente inexistentes, por lo que sus registros fiscales han sido congelados para que no puedan emitir facturas.

Según el listado de la Secretaría de Finanzas entregado al Congreso, para la aprobación del fideicomiso, a esas cuatro empresas se les adeuda poco más de ocho millones de pesos.

Animal Político solicitó al gobierno de Veracruz una explicación de la razón por la cual estas empresas sí aparecen en el listado original enviado al Congreso, a pesar de que en un comunicado informaron que no era cierto.

Hasta el cierre de esta publicación no se había recibido una respuesta oficial.

Este lunes funcionarios del Estado sostendrán una reunión con los legisladores veracruzanos – entre éstos los que se oponen a aprobar el fideicomiso – donde se analizará una segunda lista de acreedores en la que supuestamente se corregirán los “errores” de la primera.

¿Qué se les debe a las empresas fantasma?

Según la lista de adeudos del gobierno de Duarte, la Importadora Denylk tiene pasivos en tres contratos que le dio Sedesol-Veracruz, todos ellos por suministro de lotes de materiales para viviendas endebles. Uno de los adeudos, con clave 69394, es por cuatro millones 248 mil 109 pesos. Los otros dos son por 696 mil 665 pesos (clave 69396) y por 449 mil 994 pesos (clave 69389).

En la segunda parte del reportaje “empresas fantasma de Veracruz”, Animal Político publicó que Importadora Denylk obtuvo por lo menos tres contratos por un monto total de 18 millones de pesos, que la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz le dio vía licitación cerrada, una fórmula donde la propia dependencia invita directamente a las empresas que quieren que participe.

Aunque los 18 millones rebasan el tope permitido por la ley para una licitación cerrada, la dependencia fraccionó en tres los contratos para poder entregarlos de esta manera.


Uno de los dueños de Importadora Denylk es Román Ulises Alvarado, un joven taxista que vive en una zona marginal del puerto de Veracruz, y cuya mamá y tía también son socias de empresas que no existen en sus domicilios. Todos negaron que fueran dueños de alguna empresa, o que hubieran dado su consentimiento para dar de alta las compañías con sus datos.

Bloques 2DM, según el listado de adeudas enviado por el gobierno al Congreso, es beneficiaria de un pasivo de un millón 790 mil 226 pesos  por un contrato que le entregó Secretaria de Desarrollo Social de Veracruz, para la entrega de lotes de materiales para la construcción.

Dicha empresa fue creada en mayo de 2013 y apenas seis meses después la Sedesol le adjudicó siete contratos por más de 38 millones. Todos los contratos se le dieron en un lapso de 48 horas y con los montos fraccionados para evitar el mecanismo de licitación abierta.


La sede de esta compañía es en realidad un terreno baldío que tiene una puerta ya inservible, junto con varios cuartos de vecindad. Se trata de una compañía registrada con el mismo correo electrónico de esta red de empresas falsas.

En el caso de Bienart, de acuerdo con el pasivo de proveedores, se le adeudan 947 mil 821 pesos por un contrato que también se desprende del programa de suministro de materiales para viviendas.

Animal Político publicó que a esta compañía, constituida en 2012, se le adjudicaron en 2013 casi 20 millones de pesos en contratos. En la dirección en donde debería estar la empresa en Xalapa, hay en realidad una panadería y un consultorio médico.

A la empresa AD911 aún hay que pagarle, de acuerdo con la lista enviada por Veracruz al Congreso, casi 630 mil pesos por un contrato del programa de suministro de lotes de materiales.


De manera similar a la de otros casos, esta empresa fue constituida en mayo de 2013 y menos de seis meses después Sedesol-Veracruz le concedió múltiples contratos que superaron los 26 millones de pesos.

Ni la Cruz Roja se salva

El gobierno de Javier Duarte, según la lista de adeudos enviada al Congreso, le debe a más de 300 empresas  y organismos distintos.

En el listado aparece por ejemplo la Cruz Roja Mexicana, que según el folio 577681 de la Secretaría de Finanzas, está pendiente de recibir un pago de más de 260 mil pesos por concepto de subsidio de la campaña Colecta 2015.

A Teléfonos de México (Telmex) tan solo la  Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz le debe más de seis millones de pesos de cinco contratos distintos. A la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la oficina de la Secretaría Particular de la Oficina del Gobernador y la Secretaría del Medio Ambiente le deben casi 400 mil pesos de luz.

El gobierno de Duarte debe incluso la cuota de seguro social de los trabajadores de la Secretaría de Educación del estado de Veracruz, el cual retuvo pero no pagó. Este adeudo supera los 454 millones de pesos.

¿Dónde está el dinero?

El diputado local del PAN, Julem Rementería , dijo que la inclusión de estas empresas investigadas por el SAT en el listado de pasivos del gobierno de Veracruz viene a generar más dudas sobre el mecanismo que se pretende crear a través de un fideicomiso, que se alimentará con las retenciones del 3% a la nómina de los trabajadores, para pagar las deudas que deja la administración de Javier Duarte.

Aunque el gobierno estatal prometió a los legisladores  enviar una nueva lista corregida de los pasivos del gobierno, Rementería dijo que las dudas persisten, ya que de entrada todos los contratos tenían partidas asignadas, y si el dinero no está es porque fue “desviado por los funcionarios”.

De acuerdo con el diputado, los pasivos que en total reporta el gobierno alcanzan los 12 mil millones de pesos, pues además incluyen pagos a “terceros institucionales” que superan los mil cien millones de pesos y que, por ejemplo, son descuentos que hicieron a los trabajadores por el pago de seguro social, pero que en realidad no se pagó.

El Órgano Fiscalizador del Estado, agregó el legislador, también debe dar cuentas de por qué nunca reportó ni denunció el subejercicio o la falta de pago a proveedores del gobierno, ni de la desaparición de miles de millones de pesos que ahora se buscan recuperar comprometiendo impuestos de varios años.

El diputado dijo que este lunes sostendrán una reunión con representantes de la Secretaría de Finanzas del Estado, en donde se plantearán múltiples dudas sobre este mecanismo que, a su juicio, dejará endeudadas a por lo menos las próximas dos administraciones estatales.


Las deudas de la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz:

Lista Veracruz Adeudos Sedesol by http://www.animalpolitico.com on Scribd



La lista negra del SAT:

Sat Lista Negra (2) by http://www.animalpolitico.com on Scribd



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL, LIZBETH PADILLA.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/gobierno-de-duarte-tiene-adeudos-de-8-mdp-a-empresas-fantasma/

Vecinos de Cd. Cuauhtémoc, Ecatepec EdoMéx realizan movilización contra la inseguridad

Ecatepec, Méx.- Vecinos de la colonia Ciudad Cuauhtémoc, del pueblo de Chiconautla, Ecatepec, Estado de México realizaron una movilización en contra de la inseguridad en la zona, que ha aumentado en más del 100% en estos 6 meses del año en curso.

A partir de las 9 de la mañana, aproximadamente unas 40 personas iniciaron la marcha sobre el Circuito Cuauhtémoc, hacia la zona de Barrio Herrería, después hacia las Torres, para llegar a la carretera federal México-Pachuca y conducirnos hacia el palacio municipal.

Durante el trayecto comenzaron a gritar: 
-¿Quiénes somos?
- Contestaban ¡Somos de Ciudad Cuauhtémoc! 
- Luego ¿Qué quieren?
- Respondían ¡Seguridad!
Además que exigían ¡No más feminicidios! y ¡No más balas!.

Que los demás vecinos de diferentes barrios de la zona se unieran a la marcha, aunque desafortunadamente por miedo o 'conformidad' no quisieron unirse a la protesta. 

Además llegaban los policías municipales atrás de la manifestación, tomando fotos, así como los de la Comisión Estatal de Seguridad Estatal llegando a amedrentar con su presencia a manifestantes, esto en la zona de Las Torres en la parte baja del cerro Chiconautla.

Igual lo hicieron otros policías estatales en la zona de la carretera federal, sobre el carril del mexibús. Hasta uno de los policías estatales burlándose de los manifestantes, enfundando su arma de alto calibre.


Un automóvil Nissan Sentra con placas MBF-94-28 trató de pasar sobre los manifestantes, casi provocando un atropellamiento o accidente por la imprudencia del conductor.

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Más vecinos se unieron a la movilización

Llegando al Puente de Fierro en San Cristobal Ecatepec, había otras 60 personas que estaban esperando el contingente, ya que dijeron que estaban monitoreando su llegada, lo cual pidieron si se podían unir a la movilización, los vecinos de Cd. Cuauhtémoc aceptaron porque lo más importante es que se hiciera por Ecatepec y fueron rumbo al palacio municipal por la Avenida Morelos viniendo del centro del municipio.

Venían de diferentes colonias de la zona, donde padecen problemas de agua y de seguridad, a causa de un gobierno fallido desde hace muchos años.




Llegada al palacio municipal


Más de 100 personas en total llegaron al palacio municipal, donde también se encontraba un mitín de antorcha campesina, afiliada al PRI, donde supuestamente piden que haya servicios públicos, sabiendo que tienen el apoyo de los dirigentes del mismo partido.

Los manifestantes no se sintieron intimidados por los de antorcha y llegaron hasta la entrada del palacio, donde inmediatamente cerraron las puertas, pidieron que saliera el edil municipal Indalecio Ríos, de extracción priísta, pero nunca salió a hablar con los vecinos, sabiendo que estaba en la clausura y entrega de 'becas' hacia una de las escuelas privadas con apoyo del mismo partido.

Realizaron un mitín, en donde exigieron que saliera a dar la cara, que están hartos de tanta inseguridad en la zona, pero cuando una mujer estaba hablando sobre un testimonio de una vecina que fue herida de bala durante un asalto al transporte público, cuando se escuchó música de banda dentro del palacio como un acto de intimidación y 'falta de respeto' al momento que se daba la declaración.

Poco tiempo después una persona que venía en la manifestación les pidió que organizaran una comisión para hablar con las autoridades del municipio.

Testimonio víctima de la inseguridad

El 25 de febrero de este año, sobre Circuito Cuauhtémoc en la misma zona, se suben a asaltar en el transporte público donde venía una señora, mamá de la joven que esta hablando sobre la situación. Comenta que fueron tres tipos que pagaron pasaje normal y comenzaron a asaltar el camión, su mamá siente que le dieron un 'cachazo', se la llevan a la clínica del IMSS No. 68 donde hubo negligencia médica, porque no la atendieron como deberían.

Diez días después se va a atender al Hospital La Raza del IMSS, le hacen una tomografía y una radiografía, se dan cuenta que no fue un golpe sino una bala que trae, la cual no se la pueden extraer porque pueden tocar un nervio y quedar con una parálisis facial, sin terapia que se la puedan resolver.

Además no fue la única persona herida de bala, una persona joven también fue herido, pero en una pierna, saliendo el fragmento de la bala.

Comenta su hija que no han recibido el apoyo por parte de las autoridades, ni para brindar seguridad en la zona, es por ello que se unen a la inconformidad de los vecinos contra este estado fallido, para exigir a este señor (Indalecio Ríos) que está ahí sentado, además de inútil, que les brinde el apoyo allá (Ciudad Cuauhtémoc), en donde se sientan seguros.

Su mamá apenas puede hablar, por el aparato que trae debido a la bala que trae alojada abajo del maxilar, fue entonces que volvió a comentar su hija que el punto de reunión de estos asaltantes se encuentra en la Secundaria Juan de la Barrera, donde se suben a asaltar hoy en día. Dice que, además el ejército ha entrado a la zona, pero sólo se subían (al cerro) a pasear.


Después de la reunión con autoridades municipales

La comisión de vecinos de Ciudad Cuauhtémoc salieron después de dos horas, comentó una persona sobre los resolutivos, estos son algunos a los cuales llegaron:

1.- Reforzar la vigilancia, con mejores elementos policiacos y capacitados
2.- Tener otra reunión para dar seguimiento de lo que están haciendo
3.- Checar las cámaras de seguridad funcionen adecuadamente
4.- Operativos adecuados al transporte público de la zona

En un vistazo: ¿cuáles son las leyes anticorrupción?

Llegó el momento del Sistema Nacional Anticorrupción, tan discutido durante meses; las leyes que se promulgan este lunes lo hacen operante.
Las leyes anticorrupción, impulsadas por la clase política del país, se promulgan este lunes. ¿En qué consisten?, ¿de qué se tratan? Aquí un resumen de las mismas:







































































FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://aristeguinoticias.com/1807/mexico/en-un-vistazo-cuales-son-las-leyes-anticorrupcion/

Gabino Cué sustituye al director del IEEPO; “es un proceso de reconstrucción”, asegura

El gobernador aclaró que esta designación se inscribe en la implementación del nuevo “Modelo Educativo y Propuesta Curricular de Educación Obligatoria”, que este próximo miércoles 20 de julio será presentado en la Ciudad de México.

El gobernador Gabino Cué Monteagudo designó este lunes como nuevo director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) a Germán Cervantes Ayala, en sustitución de Moisés Robles Cruz, quien ocupará un nuevo cargo en la administración pública federal.

En un comunicado del IEEPO, Gabino Cué solicitó al nuevo integrante “sumar su capacidad y experiencia de más de 30 años en el ámbito educativo, para dar un nuevo impulso en el proceso de reconstrucción y consolidación del desarrollo académico, así como en el mejoramiento de la infraestructura escolar del nivel básico”.

De conformidad con el Artículo 79 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el mandatario estatal dio el anuncio en las instalaciones de la Casa Oficial.

Al cumplirse un año de la promulgación del decreto que recuperó la rectoría educativa en esta entidad, el gobernador aclaró que la designación del profesor se inscribe en la implementación del nuevo “Modelo Educativo y Propuesta Curricular de Educación Obligatoria”, que este próximo miércoles 20 de julio será presentado en la Ciudad de México por la Secretaría de Educación Pública.

Destacó que este modelo iniciará un proceso de mejora continua de los planes y programas de estudio en el estado y el país. Asimismo, agradeció y reconoció el trabajo de Moisés Robles Cruz, director del IEEPO de 2014 hasta esta fecha.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://aristeguinoticias.com/1807/mexico/gabino-cue-sustituye-al-director-del-ieepo-es-un-proceso-de-reconstruccion-asegura/

¿Cuántas recomendaciones requiere el Ejecutivo?

Desde el sexenio de Felipe Calderón se cuestionaba si la llamada “guerra contra al narco” debía ser orquestada con las fuerzas militares en las calles. El argumento oficial era entendible, México carece de fuerzas policiales capacitadas para esta función. En campaña, Enrique Peña Nieto ofreció reajustar la estrategia de seguridad. Vamos para 10 años de promesas, no es un asunto simple pero se requieren planes concretos. Se han hecho múltiples anuncios, todos ellos en formato faraónico, de la redefinición, reestructuración, profesionalización, tecnificación y fortalecimiento de las policías en el país. El resultado, las fuerzas militares siguen y al parecer seguirán en las calles.

Recientemente Peña Nieto afirmó que el Estado no dará ni un paso atrás en el objetivo de dar seguridad a los mexicanos y que el Ejército tendrá una mayor capacidad de despliegue. Hizo un llamado a la sociedad civil para que se solidarice con los elementos de Ejército y de este modo combatir a la delincuencia organizada. Al parecer la nueva estrategia es pedir solidaridad a la sociedad mexicana.

Diagnósticos y recomendaciones en el sentido opuesto sobran:

Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein con motivo de su visita a México: “Fortalecer de manera urgente la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza. Adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública”.

Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos en México: “Durante su visita, la Comisión pudo constatar con extrema preocupación que esta presencia de las fuerzas armadas en actividades de seguridad ciudadana persiste, y no tiene plazo aproximado para concluir… La CIDH considera indispensable que el Gobierno federal presente un plan concreto y por escrito sobre el retiro gradual de estas tareas, que por su naturaleza corresponderían a la policía”.

Informe del Relator especial sobre la Tortura, Juan E. Méndez: “Retirar definitivamente a las fuerzas militares de labores relacionadas con la seguridad pública y restringir su participación a operaciones de apoyo con supervisión de órganos judiciales civiles”.

Informe del Relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns: “Según la información proporcionada al Relator especial, el Sr. Peña Nieto ha declarado que las fuerzas armadas seguirán realizando una labor de seguridad pública hasta la aplicación de la nueva estrategia en materia de seguridad y justicia, la cual permitirá su retorno progresivo a los cuarteles…Deberían adoptarse todas las medidas necesarias, con efecto inmediato, para que la defensa de la seguridad pública esté en manos de civiles y no de las fuerzas de seguridad militares”.

¿Cuántas recomendaciones requiere el Ejecutivo?

En artículo publicado en El País por el Ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cossío, pone en claro que la Constitución mexicana establece que las fuerzas armadas en tiempos de paz solo pueden realizar funciones relativas a la disciplina militar dentro de sus cuarteles. Las únicas dos excepciones se dan al declararse un estado de excepción o cuando se encuentre comprometida la seguridad interior. Por el bien del país, de la ciudadanía y de las fuerzas armadas es importante saber, como lo escribe el Ministro Cossío, bajo qué supuesto y con qué mandato están operando las fuerzas armadas. Agregaría yo que es imprescindible saber cuál es el plan de sustitución por fuerzas policiales y legislar el uso de la fuerza de conformidad con estándares internacionales.

Todo hace indicar que este sexenio no habrá cambios en materia de seguridad. El costo será abonar a la grave crisis de derechos humanos y al desgaste de las fuerzas armadas. Si el tema de la corrupción ya está posicionado como ineludible para las campañas electorales de 2018; la estrategia de seguridad, que junto con otros como la impunidad, la marginación y las víctimas, no podrían quedar fuera. Allí están las recomendaciones.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: JACOBO DAYÁN
LINK: http://aristeguinoticias.com/1807/mexico/cuantas-recomendaciones-requiere-el-ejecutivo/

Costará casi 2 mil mdp que la SEP haya cedido a las peticiones del SNTE sobre la reforma educativa

Cumplir una de las principales demandas del sindicato de maestros equivale al doble del presupuesto 2015 del programa Escuelas de Calidad para la Secretaría de Educación.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) gastará casi 2 mil millones de pesos para pagar el aumento salarial a maestros inscritos en el programa Carrera Magisterial, una de las principales demandas que le hizo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) el 6 de julio pasado.

La dependencia no tenía contemplado ese gasto para 2016 pero el secretario de Educación, Aurelio Nuño, firmó un acuerdo con el sindicato donde se compromete a pagarlo “con recursos de economías de la SEP”.

El monto equivale al doble del presupuesto del programa Escuelas de Calidad, cuyo presupuesto de 2015 ascendió a mil millones de pesos. O a 20% del Programa Nacional de Becas, que ejerció 10 mil millones de pesos el año pasado.

De acuerdo con información de la SEP, Carrera Magisterial –el programa de incentivos económicos a maestros, que ha funcionado desde 1992– tuvo un presupuesto de 53 mil millones de pesos en 2015 para pagarle a 843 mil 624 maestros inscritos.

Por lo tanto con la aplicación del aumento de 3.5% para este año, a lo cual ya se comprometió la SEP, habrá un gasto extra de mil millones 855 mil pesos y erogará 54 mil  855 millones de pesos sólo para pagar Carrera Magisterial. Ese presupuesto es superior a los 50 mil millones de pesos destinados a mejorar la infraestructura de 33 mil planteles a través del programa Escuelas al 100.

La dependencia había decidido que en 2016, Carrera Magisterial estaría separado del salario y, por primera vez en 23 años, el porcentaje de aumento salarial no se aplicaría a dicho programa.

Esto impactaría directamente en el bolsillo de los profesores porque, por ejemplo, si alguien tenía un salario base de 10 mil pesos y el incentivo de Carrera Magisterial ascendía a 8 mil pesos, el aumento salarial de cada año se aplicaba a 18 mil pesos.

La SEP argumentó que tenía menos presupuesto y, por lo tanto, el aumento salarial sólo sería para el sueldo base, sin tomar en cuenta Carrera Magisterial, según se estableció en la negociación salarial con el SNTE que se realizó en mayo pasado.

Esto provocó que desde el 28 de junio maestros de Nuevo León iniciaran manifestaciones en contra de la reforma educativa, un hecho inédito en una entidad donde los maestros son más cercanos al SNTE que al grupo disidente de maestros,  la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que había mantenido movilizaciones contra la legislación desde 2013.

El 11 de julio, el presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, entregó al secretario de Educación un documento con 12 puntos donde criticaba y pedía la “corrección” de la reforma educativa. Al día siguiente comenzó la primera de cuatro mesas de trabajo entre la SEP y el SNTE que concluyeron con un acuerdo en el cual el secretario cedió a las demandas del sindicato.

Finalmente el miércoles 13 de julio, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, se retractó de su decisión y se comprometió a pagar el aumento salarial de 3.5% de Carrera Magisterial.

Para el investigador Marco Fernández, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, esto se trató de un “error” por parte de la SEP que permitió al SNTE sólo reclamar no sólo sobre Carrera Magisterial, sino también sobre otros aspectos como la evaluación. 

El “derecho” de Carrera Magisterial

La decisión de la SEP sobre separar el aumento salarial a Carrera Magisterial efectivamente era una violación de derechos laborales para los maestros, advierte el investigador Marco A. Fernández.

La Ley del servicio profesional docente –una de las leyes reglamentarias de la reforma educativa–, establece que el programa de Carrera Magisterial funcionaría hasta mayo de 2015. Después de esa fecha, ya no se podrían inscribir más maestros, pero sí se seguiría pagando a aquellos que habían logrado entrar durante los 23 años de operación.

A partir de 2016 Carrera Magisterial fue sustituida por el Programa de promoción en la función por incentivos en la educación básica, pero en la ley se estableció que “los beneficios adquiridos por el personal que participa en Carrera Magisterial no podrán ser afectados en el tránsito al (nuevo) programa”.

Para avanzar en cada categoría, en 2015 la SEP y el SNTE acordaron tres criterios al que le asignaron un puntaje determinado: aprovechamiento escolar (es decir, los resultados obtenidos por sus alumnos en la prueba Enlace), valió 20 puntos; la preparación profesional (exámenes), 40 puntos y la formación continua (cursos y diplomados), 40 puntos.

De acuerdo con el cálculo de la SEP, son 853 mil 624 plazas con el programa Carrera Magisterial que incluye cinco categorías, que va desde 36% de incentivo hasta 294.3%. Es decir, quien se encuentre en la última categoría, casi triplica su salario.

Estos porcentajes de aumento explican el crecimiento exponencial del presupuesto destinado a este programa. De acuerdo con documentos de la Secretaría, en 2003 había 703 mil maestros inscritos, pero  en 10 años se sumaron 143 mil docentes, mientras que los ya inscritos iban ascendiendo en las categorías.

De ahí que, para 2015, el presupuesto para Carrea Magisterial fue de 53 mil millones de pesos.

El programa funcionó sólo para mejorar el salario de los profesores y lo conseguían hasta con tomar cursos de superación personal, que formaban parte del catálogo de cursos aprobados por la SEP y el SNTE.


A partir de este año, el nuevo esquema de evaluación amplió a siete categorías para aumentos y los maestros deberán aprobar y superar los resultados obtenidos en sus exámenes en cada aplicación para ascender de nivel y para mantener el incentivo económico.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/la-sep-le-costara-casi-2-mil-mdp-ceder-las-peticiones-del-snte-la-reforma-educativa/