Valeria Enríquez, de Organic Consumers México; Rodrigo LLanes, del Colegio de Antropólogos de Yucatán; Edmundo Pozo de FUNDAR y María Colín de Greenpeace México, organizaciones que son parte de las 25 que integran la MO, reprobaron en conferencia de prensa el pasado 13 julio, la actuación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y de la Comisión Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (CDI), instituciones responsables de organizar la consulta por permitir “graves irregularidades” en las sesiones de la fase de “acuerdos previos” llevadas a cabo los días 30 junio y 1 de julio en los municipios campechanos de Hopelchén y Tenabo.
Los citados representantes de la MO, informaron que los funcionarios de dichas dependencias permitieron la presencia, sin habérselo informado a las comunidades mayas, de un centenar de agricultores menonitas y productores de otras comunidades que están a favor de la siembra de soya transgénica, quienes ocuparon los espacios del salón donde se llevaría a cabo la reunión y aunque los representantes de las comunidades indígenas manifestaron que no había condiciones para realizar la reunión y solicitaron se suspendiera ésta por no haber condiciones mínimas de seguridad y respeto y sólo se les entregara el plan de trabajo, las autoridades decidieron llevar a cabo la reunión en dos salones separados: en una los representantes de las comunidades y en otra los simpatizantes de la siembra de soya transgénica, en su mayoría ajenos a las comunidades.
Esa división aseveraron, generó de inmediato un ambiente de desconfianza, tensión, hostilidad y división social en ambos espacios, “propiciado y avalado por las autoridades de Sagarpa y Cibiogem presentes en la sede inicial, quienes incluso permitieron intimidación y violencia verbal en contra del grupo mayoritario de comunidades presentes”.
Los indígenas mayas representantes de 31 comunidades de Hopelchén y siete de Tenabo, lograron que la SCJN ordenara la suspensión de la siembra de soya transgénica en Campeche hasta en tanto se realizara esta consulta, conforme a disposiciones nacionales y de convenios internacionales firmados por México que nuestro país está obligado a respetar. Sin embargo, como se ha visto en la consulta a las comunidades yaquis de Sonora en el caso de un acueducto que los despojaría del agua a la que tienen derecho, así como en la consulta que se llevó a cabo en Juchitán, Oaxaca, sobre la construcción de un parque eólico, la actitud de las autoridades de la Sagarpa, de la CDI y en el caso de la consulta maya la Cibiogem, es más bien la de quienes pretenden cubrir un requisito burocrático para darle visos de legalidad a la decisión, ya tomada, de beneficiar a las empresas transnacionales que están detrás de este y otros megaproyectos.
En el caso de la consulta maya, otra vez se están violentando los principios de buena fe, imparcial, libre, culturalmente adecuada, con el hacer y dejar hacer que los funcionarios de las mencionadas dependencias federales llevan a cabo, porque incluso, como denunciaron los representantes de la MO, varios de los grupos de productores ajenos a las comunidades favorables a la siembra de soya transgénica se transportaron en camionetas de empresas relacionadas con la transnacional Monsanto, principal interesada en los permisos de siembra de soya y otras semillas transgénicas en el país, y que por lo tanto debería mantenerse alejada de la consulta, sin que los funcionarios tomaran medidas para impedir el hostigamiento de esos grupos contra representantes de las comunidades campechanas.
Incluso los productores que exigen que se les permita sembrar ya la soya transgénica, llegaron a amenazar a todos los asistentes “con cerrar el salón y no abrirlo hasta que las autoridades firmaran un acta en la que se autorizara la siembra de soya GM. Una vez más las autoridades responsables no hicieron nada ante estas amenazas”.
El reporte de la MO afirma que “la pasividad de las autoridades responsables duró varias horas por lo que no puede ser entendida más que como complicidad, particularmente con expresiones como la del delegado de la Sagarpa en Campeche, sobre que los responsables de la suspensión del permiso de siembra de soya GM eran sólo unas cuantas personas de seis comunidades”, declaraciones, que reiteró al día siguiente ante medios de comunicación.
Los representantes de la MO subrayaron a su vez que la consulta debe ser vinculante, no sólo informativa como han declarado algunas de esas autoridades mencionadas.
Indicaron que las comunidades que lograron la sentencia de la SCJN para suspender la siembra de soya transgénica en Campeche y Yucatán para realizar esta consulta incluso han solicitado la reparación del daño que ya ha ocasionado que en 2015 se hayan sembrado en la península 8 mil 590 hectáreas de soya transgénica. Sin embargo la Suprema Corte no discutió el fondo del asunto sino solamente ordenó la suspensión de la siembra y la realización de la consulta, lo que es grave porque debería aplicarse el principio precautorio para evitar los impactos al medio ambiente y a la salud.
Entre los impactos negativos de la siembra de soya transgénica mencionaron la contaminación por el insecticida glifosfato de los mantos acuíferos, la dispersión de semillas genéticamente modificadas en áreas protegidas, la desforestación que es grave en Campeche y va ligada a la desecación de aguadas, la muerte de abejas y otros insectos polinizadores, lo que causa un grave daño a las 25 mil familias que viven de la explotación y exportación de la miel en Campeche y Yucatán; afectación a la salud por las fumigaciones aéreas, entre otros graves impactos ambientales y a la salud de la población.
Incluso indicaron que ya se ha encontrado glifosfato en muestras de orina de pobladores así como en garrafones de agua. Además, las comunidades mayas podrían perder el mercado alemán de la miel que tienen actualmente porque ese país exige un abasto libre de transgénicos.
Con la división en dos grupos que realizaron las autoridades federales del 30 junio, una parte de productores de la comunidad Vicente Guerrero Iturbide afirmó que ya hay agricultores que están sembrando soya genéticamente modificada en sus tierras. De comprobarse esto se estaría incurriendo en un acto ilegal que vulnera la suspensión judicial de siembra de esa semilla resuelta por la SCJN, por lo que la MO recomendó que SENASICA realice inspecciones y en su caso la destrucción de dichos sembradíos y que las autoridades responsables lleven a cabo el monitoreo necesario para cumplir con la resolución de la Suprema Corte.
Habría que ver que dice la SCJN respecto a la actitud cómplice con las transnacionales de transgénicos que están asumiendo las autoridades federales involucradas. Hacerse de la vista gorda ante las violaciones cometidas puede leerse también como complicidad. Somos muchos quienes creemos que no basta con dictar una sentencia sino que también debe vigilar que ésta se cumpla cabalmente. Bastante cara nos sale esa institución que debe ser garante del estado de derecho en este país que ya hace rato está muy chueco.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS
AUTOR: ROSAS ROJAS.
LINK: https://desinformemonos.org/gobierno-federal-actua-como-complice-de-las-transnacionales-de-semillas-transgenicas-en-la-consulta-maya-denuncia-mision-de-observacion/
