“Vendrá la Reforma de Salud, sigue el agua, luego no sé qué. Todo se vende aquí”: Solalinde

El sacerdote católico Alejandro Solalinde, reconocido defensor de los derechos humanos, dibujó en Estados Unidos, durante un discurso realizado ante decenas de líderes comunitarios y residentes, a un gobierno represor y autoritario. Fundador del albergue Amigos en el Camino, ubicado en Oaxaca, indicó que México está sufriendo debido a la corrupción imperante y a un Gobierno sordo y ciego que se ha olvidado de su población.

México cuenta con un Gobierno corrupto que no ha tomado en cuenta a la sociedad a la hora de implementar sus nuevas políticas, incluyendo a la controversial Reforma Educativa. Y tiene un Gobierno “malísimo” que reprime al movimiento magisterial.

Así lo asegura el sacerdote católico Alejandro Solalinde, reconocido defensor de los derechos humanos, durante un discurso realizado ante decenas de líderes comunitarios y residentes preocupado que se congregaron en la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en la ciudad de Riverside.

Solalinde, fundador del albergue Amigos en el Camino, ubicado en Oaxaca, indicó que México está sufriendo debido a la corrupción imperante y a un Gobierno sordo y ciego que sea olvidado de su población.

“El Gobierno se ha olvidado de los pobres y no es justo que México siendo un país tan rico sufra de esta manera”, dijo Solalinde.

“Y no me pregunten cómo están los indígenas, los campesinos, la clase trabajadora, y de las mujeres ni hablar… diariamente asesinan a siete mujeres”.

Según Solalinde, la situación caótica que se vive en estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas, a consecuencias de la Reforma Educativa, es resultado de un Gobierno encabezado por un “Presidente inepto que intentará privatizar cuanto recurso natural pueda”.

Para Solalinde, la Reforma Educativa presentada por Enrique Peña Nieto bajo los acuerdos y compromisos del Pacto por México, es solo el principio de una serie de reformas que tienen como finalidad oprimir al pueblo.

“Después vendrá la Reforma del Sector Salud, que no es otra cosa que privatizar la asistencia del seguro social; luego sigue el agua, luego seguirá no sé qué. Todo se vende y todo puede ser propiedad privada, de todo lo que Dios nos dio para todos sus hijos e hijas”, dijo.

Una Reforma Educativa justa incluiría la participación de expertos en la materia, catedráticos de universidades, profesores y miembros de la comunidad, aseguró el activista.

La ciudadanía tiene dos caminos: seguir el juego del Gobierno “simulador” o empezar a crear alianzas con inmigrantes mexicanos radicados en el extranjero. Datos indican que en los Estados Unidos radican más de 34 millones de personas de origen mexicano.

“Con tres millones que votaran por la oposición, con eso cambiaríamos el Gobierno (mexicano)… el Gobierno tiene miedo”, añadió Solalinde refiriéndose a voto desde el extranjero.

El movimiento magisterial, encabezado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), está tomando la batuta por el cambio en México; sin embargo, la mayoría de los medios de prensa tanto en México como en el extranjero se han encargado de dañar la imagen del maestro manifestante, añadió Solalinde.

Antes de concluir su breve discurso, Solalinde dijo que en Oaxaca existen ya 90 municipios que apoyan a los maestros y que no tolerarán opresión como la ocurrida en semanas recientes donde murieron al menos 13 personas. Solalinde también abordo el tema de los inmigrantes centroamericanos en México y expuso brevemente las situaciones de peligro que encaran durante su travesía hacia los Estados Unidos.

También indicó que no apoyaría a Margarita Zavala, posible candidata a la Presidencia y representante del Partido Acción Nacional (PAN) en México, y que en vez apoyaría a Andrés Manuel Lope Obrador, siempre y cuando garantice un cambio.


“Es que ella tiene atrás un bodoque. Y si fuera ella sola y aun así no creo que tenga capacidad de estadista, es una buena mujer. La quiero mucho, es mi amiga, pero no da para ser Presidente”, dijo Solalinde.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-07-2016/3068381

Liberan a vicario acusado de abuso sexual en Oaxaca

OAXACA, Oax: El juez Juan Gómez Ríos otorgó el auto de libertad al vicario de la catedral metropolitana de esta capital, Carlos Franco Pérez Méndez, por falta de elementos en el presunto abuso sexual agravado por el que fue detenido el viernes pasado.


Antes de que venciera el término constitucional, el titular del Juzgado Cuarto Penal otorgó la libertad del presbítero Carlos Franco Pérez Méndez, quien desde el pasado 10 de abril fue separado de su cargo “como medida preventiva” y con el fin de facilitar las investigaciones civiles y eclesiásticas.

Según fuentes oficiales, Pérez Méndez fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y trasladado al Centro Penitenciario de Miahuatlán por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación equiparada agravada en perjuicio de un joven trabajador del templo.

Según el expediente penal 274/2016, la denuncia fue presentada el 29 de marzo pasado por un joven que prestaba sus servicios en diversas parroquias y que en el año 2012 llegó a la catedral de Oaxaca.

Los presuntos hechos ocurrieron la madrugada del 25 de marzo cuando el cura, después de tomar mezcal, comenzó a acariciar a la víctima y lo jaloneó. Éste se golpeó la cabeza y ya no supo qué pasó.

Al despertar se dio cuenta que había sido ultrajado y decidió avisar a sus padres y denunciar el hecho, mientras que el arzobispo sólo se limitó a decir que se abriría el caso correspondiente.

Trascendió que si la parte acusadora o la Fiscalía se inconforman ante el veredicto, el sacerdote tendrá que comparecer; sin embargo, lo hará en libertad.

Al salir del penal de Ixcotel, el cura fue recibido por al menos una decena de fieles católicos que desde el mediodía de este lunes esperaban la determinación del juez Gómez Ríos.

Antes, el arzobispo José Luis Chávez Botello rechazó que encubra a sacerdotes pederastas o violadores; al contrario, dejó entrever que este caso podría tratarse de una cortina de humo, pues “fíjense cómo estas cositas (la violación de un joven) salen cuando hay problemas serios en la sociedad, cuando hay problemas así (como el conflicto magisterial) o cuando hay alguna acción, a veces estas llamadas fuertes (como Nochixtlán)”.

Sobre la postura del padre Alejandro Solalinde, quien exigió al arzobispo que renuncie y deje de proteger a curas pederastas, soltó:

“No sé por qué él pide esto, se me hace raro que lo diga. Es una opinión, pero todos tenemos que ir a la verdad”, justificó.

En su cuenta de Twitter el fundador del albergue Hermanos en el Camino escribió: “@padresolalinde: Ya está preso el sacerdote Carlos Franco, Vicario General de Pastoral en Oaxaca, por actos de pederastia. Sr. Arzobispo, renuncie!”

En otro mensaje recordó: “@padresolalinde El Papa Francisco ordenó a obispos encubridores de pederastas que renunciaran. Usted encubrió a su vicario Carlos Franco, renuncie!”.


También expuso: “@padresolalinde El jueves santo Carlos Franco, vicario de pastoral de Oaxaca, abusó sexualmente de un hijo de dirigentes católicos. El arzobispo lo encubrió”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/447728/liberan-a-vicario-acusado-abuso-sexual-en-oaxaca

Piden ONG que Ruiz Massieu explique postura de México ante crisis en la CIDH

CIUDAD DE MÉXICO: Organizaciones de derechos humanos solicitaron al Senado de la República la comparecencia de la canciller Claudia Ruiz Massieu, para que informe sobre el papel del Estado mexicano frente a la crisis económica en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


En una carta dirigida a las presidentas de las comisiones de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos, Gabriela Cuevas Barrón y Angélica de la Peña, respectivamente, decenas de organizaciones, 80 de ellas agrupadas en la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), expresan su preocupación por las declaraciones que hizo el embajador de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Alfonso de Alba, quien cuestionó la labor de la CIDH.

“El Estado mexicano corre el riesgo de quedar evidenciado ante la comunidad internacional” como “un país que ataca a órganos y a expertos/as internacionales en represalia por la legítima labor que realizan”, apuntan.

En su misiva, las organizaciones urgen a Cuevas (PAN) y De la Peña (PRD) a citar a comparecer a la canciller Claudia Ruiz Massieu “con la finalidad de que explique ante el Senado de la República la postura de México ante la CIDH e informe sobre las acciones que llevará a cabo frente al contexto de crisis financiera que ésta atraviesa, así como el reciente cambio de postura del Estado en relación a propuestas de reforma al Sistema Interamericano, incluido el traslado de la sede de la CIDH”.

La preocupación de las organizaciones se funda en declaraciones publicadas hace una semana, en las que el embajador De Alba propuso crear un “sistema de cuotas que sería obligatorio para los firmantes del Pacto de San José, que no ha sido ratificado por Estados Unidos, siendo este el mayor contribuyente de la CIDH”.

Y sugirió que el organismo dependiente de la OEA se traslade a Costa Rica, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

La sugerencia de mudar de Washington a Costa Rica la sede de la CIDH ha sido recurrente por parte de países como Venezuela y Ecuador, y es una “medida que perjudicaría el funcionamiento del Sistema”. En 2013 el entonces embajador de México ante la OEA, Joel Hernández, se opuso a esa propuesta, recuerdan las organizaciones.

Además de este cambio de posición en tres años, las organizaciones firmantes hacen notar que a pesar de que De Alba ha declarado a México “amigo del Sistema Interamericano”, también ha dicho que la CIDH “ha perdido ‘legitimidad’, y se pregunta si la Comisión ‘se ha alejado de los Estados’, aseverando que no se debe comportar como ‘una ONG’, lo que se podría interpretar como una postura de rechazo frente a un órgano que ha emitido recomendaciones puntuales al Estado mexicano en los últimos años, como parte de su mandato”.

Más aún, apuntan, esta percepción se refuerza con las afirmaciones del mismo funcionario de que “documentar y señalar violaciones a derechos humanos no debe ser la ‘principal’ actividad de un órgano internacional de protección de los derechos humanos”.

Luego de destacar que De Alba es impreciso al decir que la CIDH “no ha emitido una sola recomendación en los últimos 15 años sobre la legislación en Colombia”, las organizaciones civiles sostienen que si bien México dio un paso importante al solicitar (junto con las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos) la asistencia técnica para la búsqueda a través de la  creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), resulta preocupante que las expresiones de la Cancillería reflejen “una actitud de rechazo en las últimas actividades del GIEI y de la CIDH en nuestro país, incluidas la visita in loco de la CIDH y la publicación del Informe de País correspondiente”.

Los firmantes abundan que el cambio de política frente a la CIDH es más que evidente si se recuerda que en agosto de 2014 el entonces subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, consideró la labor de la CIDH “en favor de la defensa y protección de los derechos humanos y en la expansión de la democracia en nuestro continente”, destacando por “su independencia e integridad”, amén de que –apuntó entonces– su presencia en México ha favorecido el conocimiento de los derechos inalienables y ha contribuido en el diseño de políticas públicas en apego a los tratados internacionales de derechos humanos firmados.

Al indicar que las contradicciones se advierten de finales de  2014 al primer semestre de 2016, tiempo en que se han ventilado en la CIDH casos graves como el de Ayotzinapa, las organizaciones advierten que el Estado mexicano “corre el riesgo de quedar evidenciado ante la comunidad internacional como un país que en vez de buscar salir de una situación de crisis y construir una realidad de respeto y garantías de los derechos humanos, sea un país que ataca a órganos y expertos/as internacionales en represalia por la legítima labor que realizan”.

La puntualización de la posición frente a la CIDH, añaden, “resulta fundamental para la consolidación de una política exterior del Estado mexicano que mantenga como eje central a los derechos humanos, lo cual debe traducirse en una postura de apoyo y compromiso con el Sistema Interamericano, que ha tenido un papel indispensable en la búsqueda de consolidar el respeto y garantía de los derechos humanos de la región”.


Entre las organizaciones firmantes destacan Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos; Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Derechos Humanos en México; Casa del Migrante de Saltillo; Católicas por el Derecho a Decidir; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos; Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Indignación: Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y JASS (Asociadas por lo Justo), entre otras.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/447714/piden-ong-ruiz-massieu-explique-postura-mexico-ante-crisis-en-la-cidh

“La Gaviota” regresó la “Casa Blanca”; Higa le reintegró su dinero y hasta los intereses

CIUDAD DE MÉXICO: Un mes después de publicarse el reportaje sobre la llamada “Casa Blanca” en la colonia Lomas de Chapultepec, la primera dama Angélica Rivera Hurtado habría cancelado la operación al regresar su dominio a una empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, el contratista gubernamental que la construyó y se la financió.


No lo hizo en los términos en que lo anunció, cuando el 18 de noviembre de 2014 publicó un video “para defender su integridad, la de sus hijos y la de su marido” e informó que vendería los derechos del inmueble para que no se siguiera ofendiendo a su familia.

“Con la misma apertura con los que les he compartido los detalles de esta casa, quiero comunicarles que he tomado la decisión de vender los derechos derivados del contrato de compraventa, porque yo no quiero que esto siga siendo un pretexto para ofender a mi familia”, expuso en aquel entonces.

La información emitida hoy por la Presidencia de la República da cuenta de que no vendió los derechos, sino que canceló la operación y que el contratista Hinojosa Cantú le regresó el dinero y los intereses que llevaba pagados. No se menciona ninguna penalización como es habitual en este tipo de transacciones cuando una de las partes da por terminada la relación contractual.

“Por la terminación anticipada del contrato de compraventa, las partes pactaron que la señora Angélica Rivera Hurtado pagara el equivalente a una renta por el tiempo en que tuvo posesión del inmueble. Por su parte, la inmobiliaria reintegró a la señora Rivera los pagos que había realizado entre el 12 de enero de 2012 y el 11 de diciembre de 2014 más los intereses respectivos”.

Hoy, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto promulgó seis leyes que sustentarán el Sistema Nacional Anticorrupción, la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República emitió una ficha informativa sobre el convenio de cancelación de la compraventa relativo a la residencia de escándalo, que establece como fecha de finiquito el 11 de diciembre de 2014.

La Presidencia precisó que, si bien tenía la posesión del inmueble, la operación nunca se concretó en transmisión, debido a que era una compraventa con reserva de dominio.

Con lo anterior, la Presidencia declaró que Rivera Hurtado ya no tiene relación con ese inmueble.

Durante la promulgación de las leyes anticorrupción este lunes, el mandatario federal pidió “perdón” por haber generado inconformidad, aun cuando repitió como en otras ocasiones que no hubo nada ilegal. Inclusive, consideró que los servidores públicos además de cumplir la ley deben cuidar la percepción que se pueda tener de sus acciones. Y fue en ese sentido que dijo, “cometí un error”.

La investigación

El 9 de noviembre de 2014, el equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui publicó un reportaje –en su portal de internet Aristegui Noticias y en la edición 1984 de Proceso— sobre la residencia que al inicio de la administración presumió la primera dama en una revista del corazón.

El reportaje mostró que en la construcción de la residencia ubicada en la calle Sierra Gorda 150 habían participado con opiniones e indicaciones, el presidente Peña Nieto y su esposa, de acuerdo con testimonios de trabajadores.

También demostró que el inmueble se comunicaba con la residencia de Angélica Rivera –adquirida presuntamente por su trabajo de actriz en Televisa– ubicada en Paseo de las Palmas1325, ambas en Lomas de Chapultepec, uno de los sectores más exclusivos y de mayor plusvalía del continente.

Pero sobre todo, el reportaje reveló que la construcción estuvo a cargo de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una razón social sin mayor actividad que esa operación y que dicha empresa era de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de numerosas empresas dedicadas a la proveeduría gubernamental y que, durante el sexenio de Peña Nieto como gobernador del Estado de México, consiguió unos 35 mil millones de pesos en contratos.

Más tarde, Proceso documentó que en dos años de gobierno federal Hinojosa sumó más de 60 mil millones en contratos de obra.

Días después, el 18 de noviembre de 2014, al regresar de una gira de trabajo por China y con el escándalo desatado inclusive en medios internacionales, Peña Nieto anunció que sería su esposa la encargada de explicar la forma en que se adquirió la propiedad. Entonces ella publicó en YouTube el video mencionado.


Fue hasta febrero de 2015 cuando Peña Nieto instruyó una investigación sobre el caso, para lo cual designó como secretario de la Función Pública a Virgilio Andrade. El resultado se dio a conocer en agosto siguiente, cuando el funcionario informó que el mandatario federal no incurrió en conflicto de intereses. Sin embargo, admitió que no se revisaron otros posibles actos ilícitos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/447723/la-gaviota-regreso-la-casa-blanca-higa-le-reintegro-dinero-los-intereses

UNAM aceptó sólo al 8% de aspirantes en segunda vuelta

Ciudad de México. Sólo ocho por ciento del total de jóvenes que presentaron el segundo examen de selección a las licenciaturas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en las modalidades escolarizada, abierta y a distancia obtuvo un lugar en la casa de estudios.

De acuerdo con los resultados del segundo concurso de ingreso a alguna de las 117 licenciaturas que se imparten en la Universidad Nacional –que se dieron a conocer desde ayer, pero debido a fallas del portal donde se subieron, muchos tuvieron que esperar hasta hoy lunes para conocerlos— sólo 4 mil 761 aspirantes fueron seleccionados.

Esto de un total de 59 mil 530 jóvenes que presentaron el examen aplicado en junio pasado. Es decir, sólo 7.99 por ciento obtuvieron un lugar en las carreras universitarias, mientras que 54 mil 769 estudiantes (82.01 por ciento) fueron rechazados.

Es de destacar que en este concurso de selección –el segundo y último de este año— fue menor el número de jóvenes aceptados que la oferta que ofrecía la UNAM, que alcanzaba los 5 mil 54 lugares en las modalidades escolarizada, abierta y a distancia.

Los 4 mil 761 aspirantes que fueron aceptados en este segundo examen, se sumarán a los 12 mil 197 aceptados en el primer concurso de selección de este año –que se aplicó en febrero pasado y cuyos resultados se dieron a conocer en abril. Con ello sumarán 16 mil 958 jóvenes de primer ingreso para el siguiente ciclo escolar a través del concurso de selección.

La otra vía para entrar a las licenciaturas universitarias es mediante el pase reglamentado, dirigido a todos los egresados de los dos subsistemas del bachillerato de la UNAM (la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades). Se estima que a través de esta opción sean poco más de 35 mil alumnos los que ingresen a las carreras de la casa de estudios.


Con ello se estima que para el ciclo escolar 2016-2017 la UNAM reciba a poco más de 50 mil estudiantes de nuevo ingreso en sus 117 licenciaturas que se imparten en las diferentes sedes que la casa de estudios tiene en el país.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: EMIR OLIVARES ALONSO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/18/unam-acepto-solo-al-8-de-aspirantes-en-segunda-vuelta

Programa SG mesa de diálogo con empresarios de Oaxaca

Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación acordó el establecimiento de una mesa de trabajo con empresarios y prestadores de servicios del estado de Oaxaca, a fin de atender las afectaciones económicas provocadas por los bloqueos carreteros de la disidencia magisterial.

El establecimiento de dicha mesa será el próximo viernes, a la que acudirán funcionarios de las secretarías de Desarrollo Social, Economía, Turismo, Comunicaciones y Transportes, y del Trabajo, así como una delegación del gobierno estatal, para abordar los temas de acceso a programas para la reactivación de la economía y la puesta en marcha de una campaña de promoción turística.

Al término de la reunión realizada este día en la dependencia del gobierno federal, la comisión de empresarios y prestadores de servicio expuso la problemática que enfrentan en la entidad con los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), iniciados desde mayor pasado.


Abraham Clavel, vocero del movimiento por la reactivación económica de Puerto Escondido, dijo que en esta ciudad, tan sólo en las últimos dos meses, se han perdido más de 3 mil empleos, principalmente en el sector turístico.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/18/programa-sg-mesa-de-dialogo-con-empresarios-de-oaxaca

Guadiana denuncia a Moreira ante Corte Penal Internacional

CIUDAD DE MÉXICO: Después de surgir en cortes de Justicia de España y Texas, el nombre de Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI, salió de nuevo en una denuncia interpuesta ante la Corte Penal Internacional (CPI) por Santana Armando Guadiana Tijerina, aspirante a la candidatura para gobernador independiente de esa entidad.


El también empresario acusó al gobierno de Moreira de “participar de manera activa en los crímenes de lesa humanidad” perpetrados durante las masacres de Allende y del Penal de Piedras Negras en marzo de 2011.

En la denuncia contra funcionarios del gobierno de Coahuila, dirigida al fiscal de la CPI el pasado 12 de julio, el empresario minero aseveró que el gobierno estatal no actuó para detener la masacre y desaparición de cerca de 300 personas cometida por integrantes de Los Zetas en Allende durante más de una semana “a plena luz del día”.

Asimismo, Guadiana Tijerina aseguró que muchas de las víctimas de Los Zetas fueron trasladadas al Centro Estatal de Readaptación Social (Cereso) de Piedras Negras –una institución controlada por el gobierno estatal–, donde fueron torturadas y masacradas.

Ese penal “servía de matadero para desaparecer, torturar y asesinar a las víctimas de Los Zetas”, denunció el empresario.

Agregó que “el gobierno facilitó el ingreso de las víctimas a un centro penitenciario a su cargo, no obstante de que no había orden de aprehensión en contra de los reos, así mismo permitió la tortura de las víctimas, su asesinato y la calcinación de sus cuerpos, después que los metieron al penal no se volvió a saber nada de ellos”.

Como elementos de prueba, el empresario se basó en 77 reportajes periodísticos publicados en medios nacionales y locales.

El 18 de marzo de 2011, una cuarentena de camionetas con hombres fuertemente armados cerraron el acceso al municipio de Allende y empezaron la masacre de cerca de 300 personas así como la destrucción de 70 casas de la población, mismas que “posteriormente fueron baleadas, saqueadas y destruidas con buldozers”, planteó Guadiana.

En su denuncia, el coahuilense mencionó el testimonio que rindió el empresario Humberto Uribe Tapia –vinculado con Los Zetas– en una Corte de Justicia de Texas, en el que aseveró que Humberto Moreira recibió cuatro millones de dólares de ese cártel a cambio de su protección, afirmación que el exgobernador desmintió el mismo día.

Ayer, una fuente judicial de Texas confirmó a proceso.com.mx que la Corte Federal de Distrito Oeste División San Antonio investiga a Moreira por lavado de dinero que el servidor público habría desviado del erario estatal.

Si bien la acusación se limita a señalar la actuación de autoridades estatales, la denuncia de hechos también involucra a varias dependencias federales, desde el gobierno federal hasta los militares.

“Se ha revelado que las autoridades tanto municipales como estatales estaban enteradas de los sucesos criminales señalados y no actuaron para defender a las víctimas y nada informaron a la ciudadanía”, denunció.

“A unos cuantos kilómetros de Allende se encuentra un cuartel del ejército mexicano, mismo que no se explica la razón por la cual no intervino”, añadió.

Según la argumentación jurídica de Guadiana, la CPI debe tomar el caso ya que “el Estado de Coahuila y el Gobierno de la República Mexicana no están dispuestos a llevar a cabo una investigación imparcial y mucho menos el enjuiciamiento en perjuicio de ningún funcionario público involucrado en la masacre de Allende y de Piedras Negras”.

El texto continúa: “El gobierno se ha lavado las manos con el argumento de que fueron Los Zetas los causantes de la masacre, sin observar que estos actuaron con la complicidad activa de varios cuerpos de seguridad”.

Y recuerda que “en México no se le persigue (a Moreira) por ningún delito, mientras en los Estados Unidos de Norteamérica está investigado y acusado por delitos graves y en España fue apresado por supuesto lavado de dinero y vínculos con Los Zetas”.

Asimismo, planteó que “en la matanza de Allende no se respetó a los niños, mismos que fueron desaparecidos junto con sus padres y también asesinados (…) Violencia extrema contra infantes que debe motivar la intervención de la Corte de Derecho Penal”.

El empresario también señaló que, con el apoyo de su hermano Rubén Moreira –actual gobernador de la entidad, entonces presidente del PRI estatal–, Humberto Moreira tomó medidas para controlar la seguridad y las finanzas del estado después de su abandonar el cargo de gobernador.


Para ello, creó una Fiscalía General y el Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (Satec), a los que dotó de autonomía e independencia respecto al Poder Ejecutivo.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE
LINK: http://www.proceso.com.mx/447672/guadiana-denuncia-a-moreira-ante-corte-penal-internacional

“Complacencia” de autoridades en la matanza de Allende y Piedras Negras: Guadiana

CIUDAD DE MÉXICO: El empresario Armando Guadiana Tijerina, quien demandó al gobierno de Coahuila ante la Corte Penal Internacional de La Haya por delitos de lesa humanidad, aseguró que en la masacre de más de 300 personas en Allende y en el Penal de Piedras Negras, ocurrida en marzo de 2011, hubo un “encubrimiento” de las autoridades.

“No queremos que quede impune” ese hecho, señaló el aspirante independiente a la gubernatura.

Sostuvo que en marzo de 2011 murieron más de 300 personas en Coahuila y no se tuvo la misma reacción que con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. “¿Qué quiere decir? Que hay un encubrimiento”, subrayó el empresario en entrevista con Radio Fórmula.

Señaló que el Penal de Piedras Negras está a cargo del gobierno del estado, y al parecer, dijo, “hay funcionarios que fueron complacientes para la realización de esto (la masacre) “, pues a la cárcel sólo deben ingresar personas con una orden expedida por un juez.

De acuerdo con el empresario coahuilense, él y su apoderado legal, Reyes Flores Hurtado, optaron por ir a la Corte Internacional de Loa Haya porque ni el estado de Coahuila ni la Federación han actuado para esclarecer el tema.

“La gente que está detenida, está detenida en el extranjero”, y sólo se trata de los “ejecutores”, pero de “la función pública están implicados algunos, o bien fueron realmente complacientes con los trabajos del Penal de Piedras Negras”, apuntó.

En el documento entregado ante el fiscal la Corte Penal de la Haya, el pasado miércoles 13, Guadiana expone “la falta de acciones por parte del gobierno coahuilense para evitar los daños ocasionados a la población del municipio de Allende, Coahuila”.

Asimismo, señala “las detenciones ilegales, desaparición forzada, tortura y homicidios cometidos a plena luz del día; esto aunado a que parte de las víctimas, según lo han reconocido las autoridades, fueron ingresadas ilegalmente al penal de Piedras Negras, donde fueron torturados y asesinados”.

Explica, que “en la masacre de Allende perdieron la vida mujeres, ancianos y jóvenes, y no se ha dicho cuántos niños murieron en este hecho tan lamentable, que marcó la vida de los coahuilenses. No se puede dejar pasar por alto que las autoridades se quieran lavar las manos diciendo que fue el crimen organizado quien actuó solo en perjuicio de las víctimas”.

Añade: “Es relevante destacar que en el penal de Piedras Negras, donde coahuilenses fueron privados ilegalmente de su libertad, torturados y asesinados, es de control y operación estatal; es imposible pensar que un civil sin autorización judicial fuera ingresado a dicho centro penitenciario”.

Este lunes Guadiana Tijerina también habló del exgobernador Humberto Moreira –ya líder del PRI cuando sucedieron los hechos–, y dijo que durante su administración éste realizó “un saqueo preparado de varios millones de pesos” a través de la empresa Leman Trade, propiedad “del mismo propietario principal de Ficrea, el señor (Rafael) Olvera, que está prófugo en Estados Unidos”.

“O es un fraude, o es la preparación de lavado de dinero, que es la acusación que interpusimos en la Procuraduría General de la República”, señaló sobre la compra mediante la figura de arrendamiento financiero de aeronaves y vehículos.

Al respecto, el abogado Reyes Flores sostuvo que se detectó que “estos bienes no existen”, así como que los aviones no habían pisado suelo nacional” y se pagó 675 millones de pesos por ellos, “con una compañía privada que no está regulada por el Sistema Financiero Nacional (…) Hay un origen ilícito del recurso, porque lo hacen a través de una prohibición legal”.

En este caso, explicó el abogado, la Corte Internacional podría sancionar u obligar al gobierno a sancionar, ya que son delitos competencia de la Corte. “Lo que no queremos es que quede impune esto”, acotó.


Según Guadiana, las administraciones de los hermanos Humberto y Rubén Moreira son “una monarquía familiar de 12 años”, y manifestó su confianza de que “en junio del año entrante se termine la pesadilla para los ciudadanos y vendrá la alternancia”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/447661/complacencia-autoridades-en-la-matanza-allende-piedras-negras-guadiana

Sancionan a 30 funcionarios mexiquenses por caso Tlatlaya

CIUDAD DE MÉXICO: El gobierno del Estado de México sancionó a 30 funcionarios involucrados en la matanza de 22 civiles en Tlatlaya, perpetrada por militares el 30 de junio de 2014.


“En los 30 casos hay algún tipo de sanción, siete u ocho destituciones y 22 personas que van a ser suspendidas por algún tiempo, algunos por un mes, algunos por más tiempo, es por el asunto de Tlatlaya, (son) funcionarios de la Procuraduría (General de Justicia) que fueron en algún momento acusados de algo y ya el Igispem (Inspección General de los Cuerpos de Seguridad Pública del Estado de México) manifestó las primeras 30 sanciones”, precisó el secretario general del gobierno estatal, José Manzur.

De acuerdo con las autoridades mexiquenses, diez funcionarios –entre ministerios públicos, peritos y agentes ministeriales– fueron destituidos e inhabilitados para ocupar cargos públicos durante cinco años, en dos casos; un año, en seis casos, y tres años, en dos casos, por violaciones al artículo 42 de la ley de responsabilidades de servidores públicos. Otros 19 elementos fueron suspendidos un mes, y uno más solo 15 días.

Aún falta resolver el procedimiento administrativo contra otros 22 servidores, aunque ya fueron suspendidos en tanto se resuelve de fondo un juicio de amparo.

El pasado 29 de junio, a dos años de la masacre en Tlatlaya, 16 organizaciones de la sociedad civil exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) que reencauzara las investigaciones después de que el tribunal federal devolvió la indagatoria a esa dependencia.

Atendiendo a la declaración que hizo la procuradora Arely Gómez, quien dijo que el caso no estaba cerrado –luego de que el magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, Adalid Ambriz Landa, decretó la libertad de tres elementos del Ejército porque no encontró elementos para juzgarlos–, organizaciones de derechos humanos urgieron a la PGR a actuar con eficacia.

En un comunicado pidieron que “esta vez las averiguaciones se conduzcan con eficiencia y de acuerdo con los más altos estándares en la materia, de manera que los responsables de esta grave violación a los derechos humanos respondan ante la justicia”.

Las organizaciones firmantes denunciaron que “la falta de efectividad de la PGR y del Poder Judicial de la Federación frente a un Ejército renuente a la rendición de cuentas llevó a la consolidación de la impunidad”.

Asimismo, lamentaron que hasta ahora “ningún responsable de esta grave violación de derechos humanos se encuentra procesado, y no se están realizando todas las diligencias necesarias para fincar responsabilidades a todos los niveles”.

Recordaron que pese a los elementos establecidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación de 51/2014, que determinó que en los hechos fueron ejecutados de manera arbitraria de 12 a 15 personas, la sentencia del juez Adalid Ambriz de decretar la libertad de los tres elementos militares “es producto de una acusación deficiente y falta de investigación por parte de la Procuraduría federal”.

Prueba de la ineficiencia de la PGR es que “a un año de revelarse la existencia de la Orden General Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos ‘abatir delincuentes en horas de la oscuridad’, ésta sigue sin ser investigada”, apuntaron.

Las organizaciones también reprobaron los intentos de criminalización contra “Clara Gómez González, sobreviviente de los hechos y madre de la víctima menor de edad, Erika”, sin cuyo testimonio de los hechos “la verdad nunca habría salido a la luz”.

En aquella ocasión firmaron el comunicado el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez; Artículo 19; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Freedom House; Fundar, Centro de Análisis y Comunicación; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, y Servicios y Asesoría para la Paz.


También el Centro de Derechos Humanos de la Mujeres, Centro Nacional de Comunicación Social, Instituto para la Seguridad y Democracia, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/447695/sancionan-a-30-funcionarios-mexiquenses-caso-tlatlaya

Termina sin acuerdos reunión de padres de los 43 con Segob y SRE

Ciudad de México. Las negociaciones entre el gobierno federal y los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, se empantanan para acordar el mecanismo de seguimiento del caso Iguala.

El gobierno federal todavía se opone en aceptar algunos requisitos mínimos establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para este esquema, principalmente aquellos relativos a las visitas ilimitadas que realicen los dos comisionados que integrarán dicha mecanismo, y la estancia del “equipo operativo técnico” que los auxiliará en las investigaciones que realicen en el país.

Para los padres de familia estas puntos son centrales en la conformación de dicho esquema, que tiene como mandato dar seguimiento tanto a las medidas cautelares emitidas por la CIDH en el caso Iguala, y las recomendaciones dejadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para continuar las investigaciones.

Tras una reunión de más de una hora, los subsecretarios de Gobernación, Roberto Campa, y de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, así como el subprocurador Ever Betanzos, y los padres de familia de los 43 y sus representantes no llegaron a ningún acuerdo sobre estas diferencias.


Así, a nueve días de que tengan su cita el próximo 27 de julio con la CIDH, en la ciudad de Washington, para acordar este esquema de seguimiento, las partes todavía no se concilian sus diferentes posturas.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JOSÉ ANTONIO ROMÁN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/18/sin-acuerdos-reunion-para-mecanismo-de-seguimiento-de-caso-iguala

Gobierno de Veracruz pretende pagar adeudo de 8 millones de pesos a empresas fantasma

Documentos muestran que la administración de Javier Duarte sí buscó pagar un adeudo a empresas fantasma, aunque lo negara la Secretaría de Finanzas estatal.

La Secretaría de Finanzas de Veracruz negó en un comunicado que el gobierno estatal incluyera a cuatro empresas fantasma en un listado de compañías a las que la administración de Javier Duarte debe dinero, y a las que pretende pagar con recursos de impuestos públicos, sin embargo documentos oficiales muestran que sí las consideró.

Los documentos, en poder de Animal Político, revelan que cuatro compañías fantasma, bajo investigación del SAT, sí están en un anexo que la Secretaría de Finanzas envió al Congreso Veracruzano, con la idea de que los legisladores aprobaran un fideicomiso y la administración de Duarte pagara más de 12 mil millones de pesos con el impuesto de la nómina de gobierno.

A las cuatro empresas fantasma, presuntamente se le adeudan 8 millones de pesos. Otras de las deudas son con Telmex, Soriana, CFE y Cruz Roja Mexicana, entre otras.

Las empresas fantasma incluidas en la lista de adeudos del gobierno de Veracruz son: Importadora Denyk SA de CV; AD911 SA de CV;  Bienart SA de CV y Bloques 2DM SA de CV.

Esos nombres aparecen en un reportaje publicado por Animal Político, donde se reveló que el gobierno de Veracruz había desaparecido 645 millones de pesos a través de la entrega del dinero a una red de empresas. Estas existían legalmente, en documentos, pero eran inexistentes (fantasma) en sus domicilios físicos, cuyos socios eran personas de bajos recursos.

Estas cuatro empresas, así como todas las señaladas en el reportaje, aparecen en la cartera correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz, dependencia que asignó contratos a esas compañías mediante licitaciones simplificadas, sin que existiera una competencia abierta.

Tras la publicación del reportaje, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que estas empresas habían sido incluidas en una “lista negra”, publicada en su página web y actualizada al 15 de julio. En ella aparecen compañías con operaciones presuntamente inexistentes, por lo que sus registros fiscales han sido congelados para que no puedan emitir facturas.

Según el listado de la Secretaría de Finanzas entregado al Congreso, para la aprobación del fideicomiso, a esas cuatro empresas se les adeuda poco más de ocho millones de pesos.

Animal Político solicitó al gobierno de Veracruz una explicación de la razón por la cual estas empresas sí aparecen en el listado original enviado al Congreso, a pesar de que en un comunicado informaron que no era cierto.

Hasta el cierre de esta publicación no se había recibido una respuesta oficial.

Este lunes funcionarios del Estado sostendrán una reunión con los legisladores veracruzanos – entre éstos los que se oponen a aprobar el fideicomiso – donde se analizará una segunda lista de acreedores en la que supuestamente se corregirán los “errores” de la primera.

¿Qué se les debe a las empresas fantasma?

Según la lista de adeudos del gobierno de Duarte, la Importadora Denylk tiene pasivos en tres contratos que le dio Sedesol-Veracruz, todos ellos por suministro de lotes de materiales para viviendas endebles. Uno de los adeudos, con clave 69394, es por cuatro millones 248 mil 109 pesos. Los otros dos son por 696 mil 665 pesos (clave 69396) y por 449 mil 994 pesos (clave 69389).

En la segunda parte del reportaje “empresas fantasma de Veracruz”, Animal Político publicó que Importadora Denylk obtuvo por lo menos tres contratos por un monto total de 18 millones de pesos, que la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz le dio vía licitación cerrada, una fórmula donde la propia dependencia invita directamente a las empresas que quieren que participe.

Aunque los 18 millones rebasan el tope permitido por la ley para una licitación cerrada, la dependencia fraccionó en tres los contratos para poder entregarlos de esta manera.


Uno de los dueños de Importadora Denylk es Román Ulises Alvarado, un joven taxista que vive en una zona marginal del puerto de Veracruz, y cuya mamá y tía también son socias de empresas que no existen en sus domicilios. Todos negaron que fueran dueños de alguna empresa, o que hubieran dado su consentimiento para dar de alta las compañías con sus datos.

Bloques 2DM, según el listado de adeudas enviado por el gobierno al Congreso, es beneficiaria de un pasivo de un millón 790 mil 226 pesos  por un contrato que le entregó Secretaria de Desarrollo Social de Veracruz, para la entrega de lotes de materiales para la construcción.

Dicha empresa fue creada en mayo de 2013 y apenas seis meses después la Sedesol le adjudicó siete contratos por más de 38 millones. Todos los contratos se le dieron en un lapso de 48 horas y con los montos fraccionados para evitar el mecanismo de licitación abierta.


La sede de esta compañía es en realidad un terreno baldío que tiene una puerta ya inservible, junto con varios cuartos de vecindad. Se trata de una compañía registrada con el mismo correo electrónico de esta red de empresas falsas.

En el caso de Bienart, de acuerdo con el pasivo de proveedores, se le adeudan 947 mil 821 pesos por un contrato que también se desprende del programa de suministro de materiales para viviendas.

Animal Político publicó que a esta compañía, constituida en 2012, se le adjudicaron en 2013 casi 20 millones de pesos en contratos. En la dirección en donde debería estar la empresa en Xalapa, hay en realidad una panadería y un consultorio médico.

A la empresa AD911 aún hay que pagarle, de acuerdo con la lista enviada por Veracruz al Congreso, casi 630 mil pesos por un contrato del programa de suministro de lotes de materiales.


De manera similar a la de otros casos, esta empresa fue constituida en mayo de 2013 y menos de seis meses después Sedesol-Veracruz le concedió múltiples contratos que superaron los 26 millones de pesos.

Ni la Cruz Roja se salva

El gobierno de Javier Duarte, según la lista de adeudos enviada al Congreso, le debe a más de 300 empresas  y organismos distintos.

En el listado aparece por ejemplo la Cruz Roja Mexicana, que según el folio 577681 de la Secretaría de Finanzas, está pendiente de recibir un pago de más de 260 mil pesos por concepto de subsidio de la campaña Colecta 2015.

A Teléfonos de México (Telmex) tan solo la  Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz le debe más de seis millones de pesos de cinco contratos distintos. A la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la oficina de la Secretaría Particular de la Oficina del Gobernador y la Secretaría del Medio Ambiente le deben casi 400 mil pesos de luz.

El gobierno de Duarte debe incluso la cuota de seguro social de los trabajadores de la Secretaría de Educación del estado de Veracruz, el cual retuvo pero no pagó. Este adeudo supera los 454 millones de pesos.

¿Dónde está el dinero?

El diputado local del PAN, Julem Rementería , dijo que la inclusión de estas empresas investigadas por el SAT en el listado de pasivos del gobierno de Veracruz viene a generar más dudas sobre el mecanismo que se pretende crear a través de un fideicomiso, que se alimentará con las retenciones del 3% a la nómina de los trabajadores, para pagar las deudas que deja la administración de Javier Duarte.

Aunque el gobierno estatal prometió a los legisladores  enviar una nueva lista corregida de los pasivos del gobierno, Rementería dijo que las dudas persisten, ya que de entrada todos los contratos tenían partidas asignadas, y si el dinero no está es porque fue “desviado por los funcionarios”.

De acuerdo con el diputado, los pasivos que en total reporta el gobierno alcanzan los 12 mil millones de pesos, pues además incluyen pagos a “terceros institucionales” que superan los mil cien millones de pesos y que, por ejemplo, son descuentos que hicieron a los trabajadores por el pago de seguro social, pero que en realidad no se pagó.

El Órgano Fiscalizador del Estado, agregó el legislador, también debe dar cuentas de por qué nunca reportó ni denunció el subejercicio o la falta de pago a proveedores del gobierno, ni de la desaparición de miles de millones de pesos que ahora se buscan recuperar comprometiendo impuestos de varios años.

El diputado dijo que este lunes sostendrán una reunión con representantes de la Secretaría de Finanzas del Estado, en donde se plantearán múltiples dudas sobre este mecanismo que, a su juicio, dejará endeudadas a por lo menos las próximas dos administraciones estatales.


Las deudas de la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz:

Lista Veracruz Adeudos Sedesol by http://www.animalpolitico.com on Scribd

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La lista negra del SAT:

Sat Lista Negra (2) by http://www.animalpolitico.com on Scribd

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FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL, LIZBETH PADILLA.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/gobierno-de-duarte-tiene-adeudos-de-8-mdp-a-empresas-fantasma/

Vecinos de Cd. Cuauhtémoc, Ecatepec EdoMéx realizan movilización contra la inseguridad

Ecatepec, Méx.- Vecinos de la colonia Ciudad Cuauhtémoc, del pueblo de Chiconautla, Ecatepec, Estado de México realizaron una movilización en contra de la inseguridad en la zona, que ha aumentado en más del 100% en estos 6 meses del año en curso.

A partir de las 9 de la mañana, aproximadamente unas 40 personas iniciaron la marcha sobre el Circuito Cuauhtémoc, hacia la zona de Barrio Herrería, después hacia las Torres, para llegar a la carretera federal México-Pachuca y conducirnos hacia el palacio municipal.

Durante el trayecto comenzaron a gritar: 

-¿Quiénes somos?

- Contestaban ¡Somos de Ciudad Cuauhtémoc! 

- Luego ¿Qué quieren?

- Respondían ¡Seguridad!

Además que exigían ¡No más feminicidios! y ¡No más balas!.

Que los demás vecinos de diferentes barrios de la zona se unieran a la marcha, aunque desafortunadamente por miedo o 'conformidad' no quisieron unirse a la protesta. 

Además llegaban los policías municipales atrás de la manifestación, tomando fotos, así como los de la Comisión Estatal de Seguridad Estatal llegando a amedrentar con su presencia a manifestantes, esto en la zona de Las Torres en la parte baja del cerro Chiconautla.

Igual lo hicieron otros policías estatales en la zona de la carretera federal, sobre el carril del mexibús. Hasta uno de los policías estatales burlándose de los manifestantes, enfundando su arma de alto calibre.

Más imágenes: https://www.facebook.com/LDragonario/photos/pb.247313595419027.-2207520000.1468889109./640431526107230/?type=3&theater

https://www.facebook.com/LDragonario/photos/pb.247313595419027.-2207520000.1468889109./640413846108998/?type=3&theater

Un automóvil Nissan Sentra con placas MBF-94-28 trató de pasar sobre los manifestantes, casi provocando un atropellamiento o accidente por la imprudencia del conductor.

https://www.facebook.com/ElPuebloMedio/photos/pcb.894752724001970/894752387335337/?type=3&theater

Más vecinos se unieron a la movilización

Llegando al Puente de Fierro en San Cristobal Ecatepec, había otras 60 personas que estaban esperando el contingente, ya que dijeron que estaban monitoreando su llegada, lo cual pidieron si se podían unir a la movilización, los vecinos de Cd. Cuauhtémoc aceptaron porque lo más importante es que se hiciera por Ecatepec y fueron rumbo al palacio municipal por la Avenida Morelos viniendo del centro del municipio.

Venían de diferentes colonias de la zona, donde padecen problemas de agua y de seguridad, a causa de un gobierno fallido desde hace muchos años.

Llegada al palacio municipal

Más de 100 personas en total llegaron al palacio municipal, donde también se encontraba un mitín de antorcha campesina, afiliada al PRI, donde supuestamente piden que haya servicios públicos, sabiendo que tienen el apoyo de los dirigentes del mismo partido.

Los manifestantes no se sintieron intimidados por los de antorcha y llegaron hasta la entrada del palacio, donde inmediatamente cerraron las puertas, pidieron que saliera el edil municipal Indalecio Ríos, de extracción priísta, pero nunca salió a hablar con los vecinos, sabiendo que estaba en la clausura y entrega de 'becas' hacia una de las escuelas privadas con apoyo del mismo partido.

Realizaron un mitín, en donde exigieron que saliera a dar la cara, que están hartos de tanta inseguridad en la zona, pero cuando una mujer estaba hablando sobre un testimonio de una vecina que fue herida de bala durante un asalto al transporte público, cuando se escuchó música de banda dentro del palacio como un acto de intimidación y 'falta de respeto' al momento que se daba la declaración.

Poco tiempo después una persona que venía en la manifestación les pidió que organizaran una comisión para hablar con las autoridades del municipio.

Testimonio víctima de la inseguridad

El 25 de febrero de este año, sobre Circuito Cuauhtémoc en la misma zona, se suben a asaltar en el transporte público donde venía una señora, mamá de la joven que esta hablando sobre la situación. Comenta que fueron tres tipos que pagaron pasaje normal y comenzaron a asaltar el camión, su mamá siente que le dieron un 'cachazo', se la llevan a la clínica del IMSS No. 68 donde hubo negligencia médica, porque no la atendieron como deberían.

Diez días después se va a atender al Hospital La Raza del IMSS, le hacen una tomografía y una radiografía, se dan cuenta que no fue un golpe sino una bala que trae, la cual no se la pueden extraer porque pueden tocar un nervio y quedar con una parálisis facial, sin terapia que se la puedan resolver.

Además no fue la única persona herida de bala, una persona joven también fue herido, pero en una pierna, saliendo el fragmento de la bala.

Comenta su hija que no han recibido el apoyo por parte de las autoridades, ni para brindar seguridad en la zona, es por ello que se unen a la inconformidad de los vecinos contra este estado fallido, para exigir a este señor (Indalecio Ríos) que está ahí sentado, además de inútil, que les brinde el apoyo allá (Ciudad Cuauhtémoc), en donde se sientan seguros.

Su mamá apenas puede hablar, por el aparato que trae debido a la bala que trae alojada abajo del maxilar, fue entonces que volvió a comentar su hija que el punto de reunión de estos asaltantes se encuentra en la Secundaria Juan de la Barrera, donde se suben a asaltar hoy en día. Dice que, además el ejército ha entrado a la zona, pero sólo se subían (al cerro) a pasear.

Audio Original: http://mx.ivoox.com/es/testimonio-victima-inseguridad-ecatepec-edomex-audios-mp3_rf_12264107_1.html

Después de la reunión con autoridades municipales

La comisión de vecinos de Ciudad Cuauhtémoc salieron después de dos horas, comentó una persona sobre los resolutivos, estos son algunos a los cuales llegaron:

1.- Reforzar la vigilancia, con mejores elementos policiacos y capacitados

2.- Tener otra reunión para dar seguimiento de lo que están haciendo

3.- Checar las cámaras de seguridad funcionen adecuadamente

4.- Operativos adecuados al transporte público de la zona