El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) demandó hoy que los sujetos obligados por la Ley General de Desarrollo Social –la administración pública del gobierno federal– y la prensa se abstengan de todo uso público y político de la información de ingresos de los hogares publicada por el Inegi, la cual, al no poder compararse con cifras anteriores, obstaculiza al Coneval para calcular la pobreza nacional. Con estas cifras, de acuerdo con Rodolfo de la Torre del Centro, se corre el riesgo de que sea posible dar la impresión de que hay avances en materia de pobreza, desigualdad o de ingresos cuando en realidad no se sabe. Esto ya se dio en Puebla: el Gobernador Rafael Moreno Valle aseguró el lunes que el estado avanzó 23 lugares en la reducción de la desigualdad social “cuando es materialmente imposible saberlo con la información que actualmente se tiene”.
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) pidió al Gobierno federal y a la prensa evitar todo uso público y político, hasta que se haga un nuevo levantamiento consensuado, comparable y transparente para 2018, del Ingreso Trimestral Promedio del Hogar del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 (MCS 2015) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). También pidió a Coneval no sacar el reporte de pobreza porque, con los datos del Inegi, podría confundirse a la sociedad mexicana. De acuerdo con el centro especializado, el cálculo es “un error” porque no es comparable con levantamientos anteriores; no puede ser el inicio de un nuevo método de medición, y se corre el riesgo del uso político como ya lo hizo el lunes pasado Rafael Moreno Valle, el Gobernador de Puebla, el cuarto estado más pobre del país.
“Es una propuesta. Los primeros obligados serían los que están contemplados en la Ley General de Desarrollo Social que fundamentalmente es el Gobierno federal y sus dependencias. Aunque no estén incluidos en la Ley, esto tiene que extenderse a las entidades federativas y a los municipios, y a toda autoridad que tenga alguna injerencia en el tema […]. El Coneval es el que ha advertido que no se pueden hacer comparaciones, están ciñéndose a esta recomendación […]. Sería conveniente que también la prensa porque la información que se va a estar manejando al hacer comparaciones no sabemos si puede confirmarse o no. Es una recomendación para el caso de los medios de comunicación que tienen toda la libertad de escribir lo que consideren de interés”, afirmó en entrevista Rodolfo de la Torre García, Director del Programa de Desarrollo Social con Equidad del CEEY.
En lo absoluto es un acto de presión, especificó, se trata de “dejar un espacio para que las instituciones autónomas puedan establecer la manera más adecuada de llegar a conclusiones respecto a la información y su comparabilidad, y no contaminar su trabajo si se les está bombardeando con avances o retrocesos en la política social, pobreza, desigualdad, lo que hace más difícil su trabajo”. El hecho de que el Inegi, sin consultar, haya cambiado los criterios de levantamiento y verificación de la información en campo sobre el ingreso del hogar, afirmó el comunicado, se traduce en “una aparente falla en términos de transparencia y de coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)”, encargado de la medición de la pobreza nacional con base en los datos del instituto gubernamental. –¿Qué uso político podría dársele? –Dar la impresión de que hay avances en materia de pobreza, desigualdad o de ingresos cuando en realidad no lo sabemos. Un caso muy concreto de esta situación ya se está dando en Puebla. Ha habido funcionarios, el propio Gobernador [Rafael Moreno Valle] y muchos medios que han transmitido la impresión de que el estado avanzó 23 lugares en la reducción de la desigualdad cuando es materialmente imposible saberlo con la información que actualmente se tiene. En los últimos dos días ha estado circulando en varias notas periodísticas declaraciones del Gobernador. Esta información es a todas luces insostenible. El lunes pasado, tras inaugurar el Centro Integral de Servicios, el panista Moreno Valle aseguró que Puebla fue uno de los estados del país que más avanzó en desigualdad social, citando el Módulo de Condiciones Socioeconómicas del Inegi. El estado, dijo, avanzó 23 posiciones y se ubica en el noveno lugar en este rubro a nivel nacional. “Hoy con datos oficiales estamos dando cuenta de la política y del trabajo que encabezo”, declaró.
PETICIONES DEL CEEY En un comunicado, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias demandó hoy que los sujetos obligados por la Ley General de Desarrollo Social –la administración pública del gobierno federal– se abstengan de todo uso público de la información de ingresos de los hogares y pidió a las autoridades de las entidades federativas, los municipios y los actores políticos en general evitar la difusión pública de probables avances o retrocesos respecto al pasado en los indicadores que se puedan derivar del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015, dada su patente y oficial falta de comparabilidad. Por ello, el CEEY también demandó permitir que el Coneval no emita cifras de pobreza con base en los datos del MCS 2015 para no confundir a la sociedad” y evitar que se utilice esa información “con finalidades políticas”, aun cuando ello impida actualizar la medición de pobreza por entidad federativa de 2010. Medir no sólo la magnitud de la pobreza y su dinámica, sino la desigualdad, es fundamental para tener certezas en torno a costos y beneficios de la política social y cómo éstos se reparten en los distintos grupos de la población, dijo el CEEY. Por lo tanto, el CEEY pidió legislar de “manera urgente” sobre la autonomía del Coneval, que fue aprobada constitucionalmente en 2014; legislación que se encuentra demorada en el Senado de la República. Es fundamental, también consideró, consolidar la autonomía y preservar la credibilidad que tienen tanto el Inegi como el Coneval. Asimismo, requirió que la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018 sea levantada con la metodología utilizada en 2014 y 2016 para que se pueda enlazar con los datos históricos. El pasado viernes, el Inegi publicó datos del ingreso de los hogares que no son comparables con los de los levantamientos previos, lo que imposibilita al Coneval realizar un cálculo de la pobreza que sea comparable con su serie histórica, iniciada apenas en 2008.
Este Consejo debe realizar mediciones de pobreza comparables en el tiempo para, al tener la cifra de mexicanos en situación de pobreza, poder guiar las acciones de política social, y determinar si la incidencia de la pobreza aumenta o disminuye en el transcurso del tiempo.
El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, dijo que "el que anda chueco va a terminar mal" en referencia a los homicidios que se han registrado en la entidad, y agregó que eso "no es un tema que afecte directamente a la ciudadanía".
“El que anda chueco va a terminar mal”, dijo el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, en referencia a las víctimas de los asesinatos cometidos en las últimas semanas en esa entidad y agregó que la violencia no ha afectado directamente a la ciudadanía. El gobernador se suma a los funcionarios locales que han asegurado que las víctimas de homicidio están vinculadas al crimen organizado, con el argumento de que los grupos delincuenciales sólo se atacan entre ellos. Esto pese a que se han contabilizado casos en los que las personas asesinadas no han tenido antecedentes de actividades delictivas. Uno de los casos es el de una mujer a quien le dispararon dentro de una papelería en la colonia Ampliación San Francisco, en León; otro joven que empezaba a trabajar en una cerrajería del bulevar Pradera y el dueño de un motel ubicado en el Libramiento Norte. “El que anda chueco va a terminar mal y ahora sí que ellos toman esa decisión, ustedes se fijan, afortunadamente ese no es un tema que afecte directamente a la ciudadanía, es un tema que se está dando entre ellos y aquellos que quieran irse por la puerta falsa, pues no se necesita ser muy inteligente para saber que van a terminar mal”, declaró el gobernador cuando se le cuestionó si la presencia de la Gendarmería Nacional ayudaría a reducir el número de homicidios en la entidad. Tan sólo durante el mes de junio, se contabilizaron 88 asesinatos en el estado de Guanajuato, de los cuales 21 fueron cometidos en el municipio de León, siendo la racha más violenta del año. Márquez Márquez también aprovechó para asegurar que la presencia de la Gendarmería Nacional no es la solución al problema de inseguridad y reiteró, aunque ya sin exigir, que se necesita mayor presencia de las autoridades federales redoblar la seguridad en Guanajuato.
“Vamos trabajando, ya ayer el Secretario de Gobierno habló con la Policía Federal de aquí y bueno, va trabajando. Lo que hemos hecho es un gran esfuerzo de manera coordinada e insisto, tanto Ejército, como la PGR, como con la Policía Federal y los elementos que tenemos aquí nosotros, y hay resultados, se han dado detenciones”, mencionó. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/ZONA FRANCA. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/los-andan-chueco-terminaran-mal-dice-gobernador-guanajuato-homicidios-la-entidad/
Monterrey, NL. Unos 500 maestros inconformes con la reforma educativa formaron una cadena humana que rodeó el Palacio de Gobierno, en rechazo a esa legislación. Los profesores aprovecharon para lanzar consignas de descalificación a la reforma educativa y hasta comenzaron una ronda con la que exigían que el gobernador Jaime Rodríguez saliera a dialogar una vez más con ellos. Después de la caminata y los cantos, los inconformes cubrieron las escalinatas del Palacio de Gobierno y se acomodaron a modo de barricada en respuesta a los cierres que el gobierno estatal impuso en la marcha del miércoles pasado. Los guardias del Palacio no se inmutaron y por ser cerca de las 19:00 horas tampoco hubo personal afectado por el bloqueo, pues ya las oficinas estaban casi vacías. La actividad duró casi dos horas.
Marcelo Montiel y Alberto Silva manejaron la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) cuando se comenzó a fraguar el fraude con empresas fantasmas investigadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Ahora cinco de esas firmas presentan facturas para que el Gobierno les pague otros millones que se ignora si fueron devengados.
Marcelo Montiel Montiel y Alberto Silva Ramos, hombres cercanos al Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, son quienes despacharon en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del estado mientras varias empresas “fantasmas” cobraron jugosos contratos por supuesta venta de bienes y servicios al Gobierno. Los nombres de al menos cinco firmas resaltan en el listado de adeudos que mantiene el Gobierno de Veracruz con proveedores y contratistas, pues son investigadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), luego de que el portal de noticias AnimalPolítico desnudara el entramado de corrupción empleado por los duartistas para saquear al erario. La deuda de la Sedesol de Veracruz asciende a más de 912 millones 748 mil 520 pesos. El entramado de los consorcios y fechas de creación y asignación de contratos, dejan ver que se fundaron dentro del lapso de Marcelo Montiel trabajando en la Sedesol estatal; y cuando dan de baja, las tareas y obligaciones de aprobar o rechazar contratos, pasan al duartista Silva, con quien la jauja siguió.
En la lista de empresas que reclaman pagos pendientes, aparecen las empresas DENLYLK S.A de C.V, BIENAR S.A de CV, Bloques 2DM S.A de C.V, Alifresh S.A. de C.V y AD911 SA de CV. Las cinco, a excepción de Alifresh, fueron creadas y contratadas durante el periodo en el que ocupó la Sedesol, de diciembre de 2010, al primer trimestre del 2013, cuando es dado de baja por el escándalo “ladrones de elecciones”. En ese escándalo, se escuchaba a connotados miembros del Gobierno planear como se robarían el dinero de los impuestos para desviarlo a la compra de votos.
“Los viejitos son oro molido”, dijo en una de esas reuniones Salvador Manzur, en ese entonces secretario de Finanzas del Gobierno de Veracruz.
“No es fácil robarse una elección: hay que saber a quién comprarle el voto”, le remachó Pablo Anaya en ese mismo encuentro, que entonces fungía como delegado del PRI en Boca del Río.
Y de Marcelo Montiel Montiel no se escuchó nada en esos encuentros, pero terminó denunciado sólo para brincar a la Sedesol federal, con su mismo equipo, entre ellos, Víctor Rodríguez Gallegos, ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Diputación local de Coatzacoalcos, misma que perdió de manera holgada frente a Movimiento Regeneración Nacional (Morena). En la Sedesol, Montiel Montiel no resultó ajeno a los escándalos por malos manejos. En junio de 2015, dos empleados de esa dependencia, terminaron en manos de las autoridades luego de haber sido sorprendidos en distintos cajeros de la ciudad, cuando retiraban sumas de dinero de tarjetas para beneficiarios de programas sociales. Ambos empleados fueron liberados al poco tiempo por la Procuraduría General de la República (PGR). En 2013, por ejemplo, fue creada la empresa AD911 SA de CV dedicada a la venta de materiales para la construcción, es una de las incluidas en la lista del SAT y ese mismo año obtuvo el contrato Ls-105t00000-225-13-225 para surtir material para el mejoramiento y construcción de vivienda en la región de Los Tuxtlas y La Olmeca. El contrato dice que las viviendas se tenían que haber construido en los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Agua Dulce, Las Choapas, Moloacán, Jáltipan, Acayucan, Texistepec, Sayula de Alemán, Oluta, Zaragoza, Oteapan, Mecayapan, Cosoleacaque, Hidalgotitlán, y otros tantos del sur, región que coordina Marcelo Montiel Montiel para el PRI. Viviendas que nunca se hicieron ni se mejoraron, y los beneficiarios se quedaron esperando el apoyo porque fueron víctimas de una de las empresas fantasmas del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, ésta convalidada por el ex Diputado local y dos veces ex Alcalde de Coatzacoalcos. Pero por ese contrato, AD911 cobró 5 millones 387 mil pesos. Ahora, esta misma firma reclama el pago de 629 mil pesos bajo la factura 69450 en la lista de deudores. Alifresh S.A. de C.V, la cual reclama las facturas 69397 y 69371, por 4 millones 99 mil pesos y un millón 559 mil pesos, respectivamente, por venta de material para la construcción, es la única del entramado que se creó dos meses antes de que Marcelo Montiel Montiel rindiera protesta como titular de la dependencia, pero en poco tiempo, se hizo de tres contratos que le rindieron 20 millones de pesos; esto, aunque sus instalaciones se ubiquen en una casa de interés social en el fraccionamiento Los Torrentes, del puerto de Veracruz. Bloques 2DM S.A de C.V, con la factura 69400, pide le paguen un millón 790 mil pesos por haber participado del programa de suministro de lotes de material para la construcción. En el historial de AnimalPolitico, documentan que cobró 38 millones de pesos por diversos contratos en la dministración de Marcelo Montiel Montiel. Se anota igual BIENAR S.A de CV, creada en junio de 2012, su dirección en Xalapa, coincide con una panadería y un consultorio, su apariencia física, cuestionó el reportaje de AnimalPolitico, no es “el de una empresa que facturó 18 millones en contratos con el Gobierno”. En el listado de deudores, demanda el pago de las facturas por el programa de suministro de lotes de material. Trabajó en diversos contratos en la zona norte del estado.
Importadora DENLYLK S.A de C.V, con el reclamo de las facturas 69394, 69396, 69389, por sendos adeudos de 4 millones 284 mil pesos, 696 mil pesos y la tercera por 449 mil. Esta empresa opera en la casa donde vive un taxista que no sabe nada sobre contratos millonarios con el Gobierno. FUNCIONARIO NOCIVO Desde diciembre de 2010, hasta enero del 2016, Marcelo Montiel Montiel figuró como cabeza de las dos instituciones encargadas de la política de desarrollo social en Veracruz. Primero de la Sedesol estatal, y de allí, a la federal, en la que fue sustituido por Anilú Ingram. Son cinco años en que sus decisiones y forma de trabajar resultaron la herramienta en que Veracruz se aplicó la Cruzada Nacional contra el Hambre, instrumentada por el Presidente Enrique Peña Nieto, su mayor reto en el tema de lucha contra la pobreza y la desigualdad, la cual en Veracruz resultó un rotundo fracaso. En su último informe, el Consejo Nacional para la Evaluación de Políticas Públicas (Coneval), en junio de 2015, informa que en Veracruz, en 2012, la población en pobreza, era de 4 millones 141 mil personas; y para el 2014, había pasado a 4 millones 634 mil individuos. Respecto a la pobreza extrema, en 2012, eran un millón 122 mil; para el 2014, pasó a un millón 370. Es decir, medio millón de nuevos pobres aportados por Veracruz al concierto nacional. Estas mediciones se realizaron en el tiempo que correspondió a Marcelo Montiel Montiel trabajar en los dos niveles de la Sedesol. Antes de llegar a esos puestos, transitó entre la Alcaldía de Coatzacoalcos y la Diputación local por el mismo distrito. El municipio de la ciudad, debe al menos 550 millones de pesos a instituciones bancarias por préstamos millonarios; buena parte de esos recursos, se solicitaron con él como Alcalde en su último periodo. Alberto Silva, ex Alcalde de Tuxpan, tampoco ayudó ni aportó a resolver la deuda que arrastra ese municipio desde hace unos 11 años con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación está ordenando que ese ayuntamiento pague 200 millones de pesos por adeudos atrasados.
Cuando salió el reportaje de AnimalPolitico, uno de los más furibundos defensores del Gobierno de Veracruz, resultó en Alberto Silva, cuyas redes sociales inundó con negaciones, comunicados, desmentidos y demás tratando de negar la participación del Gobierno de Veracruz en un mega fraude como ahora se sabe que es el escándalo de las empresas fantasmas del que ahora salió salpicado. FUENTE: SIN EMBARGO/BLOG EXPEDIENTE. AUTOR: REDACCIÓN/IGNACIO CARVAJAL. LINK: http://www.sinembargo.mx/20-07-2016/3068311
XALAPA, Ver: Los cuerpos de dos jóvenes reportados como secuestrados hace 10 días en el sur de Veracruz aparecieron en una casa de seguridad en el puerto de Coatzacoalcos. Roberto Cristián Luis Guillén y José Luis Sánchez Guillén, ambos de 27 años de edad, fueron encontrados boca abajo, con cinta atada en pies y manos y huellas de múltiples golpes en diversas partes del cuerpo. Como no presentaban heridas de bala, las autoridades ministeriales presumen que murieron asfixiados. El hallazgo de los cadáveres se hizo en una vivienda de la avenida Bernardo Somoní, colonia Vista Mar. Vecinos notaron inactividad y malos olores emanados del lugar y reportaron el hecho. Los cuerpos fueron encontrados en la sala. Ambos jóvenes fueron secuestrados el pasado 11 de julio y sus captores exigieron millón y medio de pesos por cada uno para su liberación.
Una fuente de la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que las familias de ambos jóvenes no alcanzaron a reunir todo el dinero que exigieron sus captores, por lo que solo pagaron una parte y no dieron aviso a las autoridades correspondientes. Por el estado de descomposición de los cuerpos, se presume que tanto Luis Guillén como Sánchez Guillen tenían cuatro o cinco días de haber sido privados de la vida.
CIUDAD DE MÉXICO: El presidente del Foro Permanente de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para Cuestiones Indígenas, Álvaro Pop, lamentó los hechos violentos ocurridos el pasado 19 de junio en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, donde murieron al menos ocho personas, y urgió al gobierno federal a dialogar con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). En un comunicado, destacó que desde mayo los profesores de la CNTE mantienen una huelga y realizan protestas contra la reforma educativa impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, “por considerar que castiga a los docentes y no toma en cuenta las condiciones específicas de cada región del país”. Pop enfatizó que México ha reconocido formal y constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas y es signatario de los instrumentos internacionales que defienden las garantías de esas comunidades. En esos documentos, apuntó, se hace referencia al derecho de los pueblos indígenas a la educación en línea con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. Luego de recordar que Oaxaca es el estado mexicano con mayor diversidad cultural, indicó que además de la realidad social y económica del país, cualquier reforma educativa debe tomar en consideración los elementos étnico y cultural. En este contexto, el funcionario de la ONU urgió al gobierno de México a dialogar con la CNTE “para buscar una solución que respete las obligaciones nacionales e internacionales adquiridas por el país para promover y proteger los derechos de sus pueblos indígenas”. Las conversaciones entre la CNTE y las autoridades tras los hechos de Nochixtlán, apuntó, no han logrado ningún acuerdo, y ayer los maestros declararon suspendida la mesa de trabajo.
La presentación de un modelo educativo por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE) busca, como lo hemos señalado, quitarnos legitimidad como interlocutores en una mesa paralela, “estamos construyendo una propuesta pero nos anuncian que hoy será presentada esta propuesta”, lo cual afectara el diálogo, advirtieron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) luego de señalar la “incapacidad” del gobierno al al finalizar la “mesa educativa” con la Secretaría de Gobernación la tarde de ayer. “Dijimos que se trataba de una maniobra de doble carril, donde ellos presentan su modelo y, por otro lado, tienen una mesita con la CNTE. Es tratar, otra vez, de dar interlocución, pero con dos carriles, donde en uno (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) sí dan, y en otro sólo buscan administrar el conflicto” afirmaron líderes de la Coordinadora. A la par de que la Segob ha mantenido ya 5 reuniones de negociación, de las que no se han tenido resultados ni acuerdos relevantes, la SEP se ha entrevistado con integrantes del SNTE para acordar modificaciones a la Reforma Educativa, referentes a las consecuencias punitivas de la evaluación docente que han sido señaladas por la CNTE en reiteradas ocasiones sin ser escuchadas. Sobre la quinta reunión con Segob, la comisión académica, señaló a través de Hugo Casanova, profesor de del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), que se llegó a un momento de “tensión y desencuentro” como resultado de la incapacidad de los representantes de gobierno federal para ser un puente entre la posición de la SEP y el gobierno y la CNTE e de impedir la presentación del modelo educativo. Los planteamientos de la CNTE fueron avalados por 15 miembros de una comisión interinstitucional de académicos y de investigadores en congruencia con los planteamientos hechos por el magisterio disidente sobre la necesidad de incluir a todas y todos los involucrados necesarios en el establecimiento de un nuevo modelo educativo lo que incluye a academia e investigadores quienes dijeron luego de la reunión que “compartimos los planteamientos pedagógicos de la CNTE, aunque no formemos parte del magisterio disidente” . Además de la academia, en este encuentro participó la Comisión Nacional de Mediación, los representantes de Gobernación y de la Secretaría de Educación Pública (SEP) así como 40 dirigentes de la CNTE entre ellos los líderes de Chiapas, Adelfo Alejandro; Michoacán, Víctor Manuel Zavala; Guerrero, Ramos Reyes, y la Ciudad de México, Enrique Enríquez Ibarra.. Se trata de la quinta mesa de negociación en la que el magisterio disidente no valora avances relevantes en una serie de conversaciones en las se intenta un diálogo que permita escuchar y dar solución a las demandas establecidas por maestras y maestros en México y a las que se han sumado ya, madres y padres de familia, organizaciones sociales y población en general al avalar las exigencias de las y los docentes con consecuencias graves de las que, su reparación, se encuentran incluidas en las demandas que exige el magisterio.
Entre las consecuencias que la Coordinadora exige sean atendidas y de las que el gobierno, dicen, no ha dado respuesta clara, están: la represión que el gobierno federal y los estatales han ejercido en contra del movimiento magisterial, organizaciones nacionales e internacionales han registrado violaciones a los derechos humanos, al menos 11 pérdidas humanas y 100 heridas en Nochixtlán, Oaxaca, personas presas por motivos políticos, desapariciones, detenciones, cesamientos a profesoras y profesores disidentes y retención de salarios, entre otras. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: https://desinformemonos.org/gobierno-hace-maniobra-de-doble-carril-a-snte-le-da-resultados-y-con-cnte-administra-conflicto/
Denuncian agresión contra ejidatarios del municipio de Halachó en Yucatán y daños al patrimonio de la organización civil equipo Indignación de los que acusan, como autor intelectual, a Herbert Zumárraga Rejón. Al mismo tiempo señalan que la diligencia del Ministerio Público para atender las denuncias interpuestas por Zumárraga, cuando ha intentado criminalizar a las y los dueños de las tierras, contrasta con la reticencia del mismo Ministerio Público para aceptar la denuncia por el daño a las llantas de la camioneta de la organización y por el permanente hostigamiento de personas empleadas del empresario en su contra “al amenazarlos continuamente, mover o dañar sus alambrados, cerrar caminos y hostigarlos de distintas formas” denunciaron. El ataque ocurrió durante un recorrido por los terrenos de los ejidatarios para mostrar y explicar la situación a un asesor del ejido y del equipo Indignación cuando un empleado del señor Zumárraga tomaba fotos de las personas que se encontraban haciendo dicho recorrido. Cuando regresaron al lugar en el que habían dejado la camioneta, encontraron parado junto a la camioneta, a un hombre de nombre Raymundo Moo Yah, empleado de Zumárraga, y encontraron las dos llantas delanteras dañadas. El trabajador del empresario no negó que él hubiese cometido el daño y amenazó a los compañeros ejidatarios y al asesor agrario. Las y los ejidatarios de Halachó que defienden sus tierras y que han promovido la Acción Restitutoria, por el despojo que enfrentan, vivieron esta nueva agresión por parte de un trabajador de Zumárraga Rejón, señalaron que la agresión también estuvo dirigida contra el equipo Indignación, puesto que el daño fue precisamente a la camioneta de este centro de derechos humanos, particularmente a las llantas delanteras de la camioneta, que fueron dañadas con un objeto punzocortante y quedaron inutilizables. Además presisan, que el evento ocurrió durante el recorrido por una de las parcelas que está en posesión de uno de los ejidatarios, por lo que el empleado de Zumárraga tuvo que entrar indebidamente a este terreno para dañar la camioneta. Explican la camioneta estaba prácticamente inutilizable, pero aún así decidieron retirarse de ahí ante las amenazas y para evitar enfrentamientos. Al acudir a un taller a reparar las llantas, el mecánico dijo que fue con un objeto punzocortante con lo que se atravesó todas las capas de ambas llantas. Por estos hechos y después de tener que insistir, acusan, puesto que el Ministerio Público se negaba a aceptar la denuncia, se abrió la carpeta de investigación 516/2016 ante la agencia décimo sexta con sede en Maxcanú, Yucatán. A través de una demanda de acción restitutoria, presentada en abril de 2015 ante el Tribunal Unitario Agrario, campesinos mayas ejidatarios de Halachó defienden sus tierras, invadidas por el señor Herbert Zumárraga Rejón. Al respecto, En abril de 2015, durante su estancia en Yucatán, Rose-Marie Belle Antoine, presidenta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), señaló entre sus observaciones que desde hace cinco años 1,825 ejidatarios pelean por recuperar 581 hectáreas que Herbert Zumárraga Rejón les quitó con documentación falsa a sus dueños legítimos. Además del despojo de sus tierras y la afectación de su territorio, los ejidatarios enfrentan, desde entonces, un hostigamiento judicial por parte del señor Zumárraga, quien a raíz de la adquisición de la Quinta San Jerónimo Kuncheila, se arroga la propiedad de una extensión mucho mayor de hectáreas que rodean la quinta. La acción restitutoria pretende obtener una resolución agraria para enfrentar el despojo de más de 500 hectáreas que ha invadido y pretendido cercar el empresario, y demostrar que se trata de tierras ejidales y comunales y, a fin de cuentas, parte del territorio que como pueblo maya les corresponde.
A dos meses de la masacre cometida contra población de Nochixtlan, Oaxaca, que acompañaba las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en esa localidad, alistan peritajes en los que señalan que la Policía Federal no causó ninguno de los decesos sino “armas de policías estatales de Oaxaca y de civiles armados” información que deberá corroborar la Procuraduría General de la República (PGR) y dar su veredicto. Las investigaciones que hacen parte del debido proceso y de la reparación del daño, que exigen desde el día de los hechos familiares de las víctimas y organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, estas tardaron dos semanas en iniciarse y según la Policía Federal, a través de su División Científica y los Servicios Periciales de la PGR ya han llevado a cabo dictámenes periciales de las armas disparadas por los agentes federales así como el análisis a las utilizadas por agentes de la policía estatal por lo que tocaría explicar los resultados. Las y los funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional, señalaron según información del periódico La Jornada, que “ninguna de las armas de la Policía Federal que fueron accionadas durante los enfrentamientos en esa comunidad oaxaqueña habría hecho blanco en las personas que murieron”. Al respecto Arely Gómez, titular de La Procuraduría General de la República (PGR), dijo que la dependencia trabaja el caso “de acuerdo con los plazos que rige su legislación” y se encuentra en el deslinde de responsabilidades, afirmó que, se realizan las investigaciones en materia pericial, ministerial y policial. Por su parte, el alcalde de San Juan Mixtepec, Adolfo Gómez, integrante de la Caravana motorizada de los Pueblos Originarios de Oaxaca por la Paz y la Justicia que llegó ayer desde Oaxaca para sumarse a la exigencia de justicia por los crímenes perpetrados en ese pueblo, dijo que el acercamiento del titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia, Roberto Campa, con familiares de las víctimas de Nochixtlán es “puro circo para tomarse la foto” por lo que demandó castigo para todos los responsables, materiales e intelectuales. Por su parte, Luz Irene del Carmen Montes Lara, presidenta municipal de Santo Domingo Yanhuitlán, también integrante de la caravana dijo “Hoy venimos aquí con dignidad, con fuerza, con coraje, con rabia, a exigir que se atiendan las demandas de los huérfanos y de las viudas; que se atienda a los heridos y se castigue a los cobardes y traidores que dieron la orden de masacrar a nuestra sangre”.
El 19 de junio la policía federal y estatal atacó con armas de fuego a población de Asunción, Nochixtlán en Oaxaca, mientras se manifestaban junto a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en una barricada establecida en la carretera México-Oaxaca justo en el crucero de dicha población. Como producto de la represión cometida por la policía, fueron asesinadas 11 personas, según cifras de la población y el magisterio disidente, y 8 en cifras del gobierno, además de resultar heridas más de 100 personas que enfrentaron complicaciones para acceder a los servicios de salud que en algunos casos les fueron negados y en otros no se acudió a ellos por temor a las represalias. Hasta ahora no hay una reparación integral del daño. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: https://desinformemonos.org/preparan-informe-para-deslindar-responsabilidades-de-la-policia-federal-en-caso-nochixtlan/
La Secretaría hará una consulta para "recabar la opinión de la sociedad sobre el nuevo modelo educativo y la propuesta curricular a partir de la cual se elaborarán los nuevos planes y programas de estudio y los libros de texto". Todos los cambios entrarían en vigor en el ciclo escolar 2018-2019. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, presentó las propuestas de lo que se convertirá en el nuevo Modelo Educativo Nacional de la educación básica y media superior, el cual consta de tres documentos. Con los textos “Los fines de la educación”, el “Modelo Educativo 2016. Planteamiento pedagógico de la reforma educativa” y la “Propuesta curricular de educación obligatoria”, dados a conocer este miércoles, se cumple el mandato de ley de hacer una revisión y actualización del modelo educativo. “La historia del mundo muestra que las naciones que han logrado prosperar, lo han hecho a través de la educación; no hay atajos ni soluciones fáciles”, subrayó el funcionario este miércoles.
Territorios Indómitos Mientras cientos de empresas forestales comunitarias mexicanas luchan por sobrevivir en el ambiente de ilegalidad que propician las dependencias gubernamentales y el crimen organizado, el secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacciano, se pasea por la FAO en Roma con un discurso deslumbrante, palabras huecas si se mira lo que está pasando con los bosques en México. Durante la inauguración, de la 23ª sesión del Comité Forestal Global convocada por la FAO, el secretario Pacciano, destacó la importancia del manejo sustentable de los bosques por parte de las comunidades como estrategia central para conservar la biodiversidad y detener la deforestación [1], de cara a la Reunión de las Partes de la Convención de Diversidad Biológica de la ONU (COP 13 de la CDB), que tendrá verificativo en Cancún a finales de este año. En ese mismo foro, en Roma, la FAO publicó el documento Estado de los Bosques 2016 [2], un estudio sobre la situación de los bosques en el mundo, en el que destaca que los bosques en las zonas tropicales siguen siendo destruidos a tasas aceleradas. Según datos de la plataforma Global Forest Watch [3] (generada por el prestigioso World Resources Institute [4]), tan sólo en México se pierden cerca de ciento cuarenta mil hectáreas de bosques anualmente. México se ha comprometido a alcanzar la meta de una tasa de deforestación cero para el 2030 [5], pero si proyectamos la tendencia seguida los últimos años; si tomamos en cuenta el hecho de que el compromiso gubernamental ante el manejo forestal comunitario es magro y contradictorio, y consideramos su indiferencia ante el mercado ilegal de madera y la prevalencia de subsidios a las vacas, a la soya y a la palma de aceite (los principales causantes de la deforestación que señala el documento de la FAO), lo más probable es que el promedio anual de pérdida de bosques se mantenga por encima de las ciento cuarenta mil hectáreas por muchos años. Esto se suma a una cantidad indeterminada de hectáreas de bosque que mantienen una cierta cobertura forestal, pero en condiciones severamente degradadas, donde se pierde biodiversidad y suelos y se deja de capturar carbono. Muchos funcionarios públicos argumentan que la pérdida de cobertura forestal se compensará con el establecimiento de plantaciones forestales, como la palma de aceite y el eucalipto, pero difícilmente tales plantaciones pueden considerarse bosques, ya que lejos de contribuir al mantenimiento de los servicios ecosistémicos, son monocultivos que depredan el suelo y el agua a la vez que liquidan la biodiversidad nativa. Como además suelen utilizarse para la producción de aceites, fibras y combustibles, contribuyen muy poco a la fijación de carbono. Volviendo a la visita del secretario Pacciano a Roma, ésta se convirtió más que nada en una promoción del ‘gran potencial de México en el tema de plantaciones forestales’, según da cuenta el propio boletín de la Semarnat al respecto. México no cuenta con un instrumento efectivo y una normatividad que permitan estimar la tasa real de pérdida y degradación de las selvas y bosques, pese a que organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales y Greenpeace, entre otras, han demandado desde hace lustros que exista transparencia y claridad en este rubro. El manejo de los datos de deforestación y degradación de bosques y selvas, así como el de ilegalidad en el mercado forestal, es discrecional, de manera similar a lo que ocurre con los datos de medición de la pobreza de Inegi: dependiendo de lo que se pretende demostrar, se utiliza determinada metodología, pero no existe un estándar legal que permita hacer comparaciones y proyecciones de manera objetiva. Así, mientras organismos internacionales como Global Forest Trends estima un promedio anual de la pérdida de cobertura forestal para México para el periodo 2010 – 2015 en cerca de 140 mil hectáreas, el secretario Pacciano mencionó en el evento del Día del Árbol el pasado 14 de julio, que ya son ‘solamente’ 91,000 hectáreas de selvas y bosques las que se pierden cada año, y que esta cifra está bajando. Mediante un análisis estadístico sencillo (una regresión lineal) de los datos para México de Global Forest Trends de los últimos quince años, al paso que vamos la ‘deforestación cero’ no se alcanzará antes del año 2056. Y peor aún si se continúa con la tendencia actual de favorecer actividades agrícolas no sustentables a costa de los bosques, como la promoción activa que hacen funcionarios del gobierno federal que usando subsidios y recursos oficiales promueven la ganadería extensiva o la siembra de soya transgénica en terrenos forestales de las comunidades indígenas de la Península de Yucatán y otras regiones del país. Diversas experiencias en todo el mundo y en particular en México [6] han mostrado que una manera efectiva de detener la deforestación, aumentar la cobertura forestal, conservar la biodiversidad, mantener la infiltración de agua a los acuíferos, conservar los suelos e incrementar los acervos de carbono, es el manejo sustentable de los territorios forestales por las comunidades que los habitan. Este tema es ampliamente reconocido por la FAO en el documento arriba señalado; en él se da clara cuenta no sólo de que es posible producir los alimentos que el mundo requiere sin dañar los bosques, sino que por el contrario la pérdida de los bosques pone en serio riesgo la seguridad alimentaria al degradar los suelos y perturbar los patrones hídricos y climáticos de los que depende la agricultura. En el discurso, muchas autoridades mexicanas, incluido el Secretario de Semarnat, parecen estar de acuerdo con estos planteamientos, pero en los hechos retrasan autorizaciones, ponen trabas, trámites y obstáculos al aprovechamiento forestal sustentable que tratan de llevar a cabo las comunidades y ejidos a los cuales criminalizan y persiguen. A la vez, las autoridades omiten perseguir a los verdaderos criminales ambientales en los puertos, madererías y algunas grandes empresas importadoras de madera, e incluso se favorece el comercio ilegal de madera (y por ende la deforestación) a través de las compras de gobierno, que se realizan a ciegas, sin contar con instrumentos efectivos para saber si se trata o no de productos legales. [1] https://www.gob.mx/semarnat/prensa/destaca-mexico-ante-integrantes-de-la-fao-objetivos-de-la-cop13-en-materia-forestal [2] http://www.fao.org/3/a-i5588s.pdf [3] http://data.globalforestwatch.org/datasets?keyword=MEX [4] http://www.wri.org/our-work/project/global-forest-watch [5] http://www.inecc.gob.mx/acerca/difusion-cp-inecc/1279-indc [6] White, A., Molnar, A. Martin, A. 2002. To Johannesburg and Beyond: Strategic Options to Advance the Conservation of Natural Forests. Forest Trends. 28 pp https://www.commdev.org/userfiles/mexicos_community_managed_forests.pdf FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS AUTOR: RAÚL BENET LINK: http://aristeguinoticias.com/2007/mexico/palabras-huecas-sobre-la-deforestacion-en-mexico/
Ciudad de México. La empresa española de energía Iberdrola, incorporó al ex presidente mexicano Felipe Calderon a su filial estadunidense Avangrid. Iberdrola tiene en México importantes inversiones con la Comisión Federal de Electricidad, y tiene trabajo en el desarrollo de energías limpias. A tres años de haber dejado la Presidencia de México, Calderón será comisionado de Avangrid que es una de las mayores empresas de generación de electricidad en Estados Unidos, resultado de la integración de Iberdrola USA y UIL Holdings Corporation. Antes de que Calderón se integrara al equipo de trabajo de Iberdrola por medio de Avangrid, lo hizo su ex secretaria de Energía, Georgina Kessel quien aparece como vocal en el Consejo de Administración de Iberdrola España.
"Soy un amigo. P.,F. Y S. no deben andar solos por el momento", le advierten de forma anónima. Paulo Díez Gargari, abogado de Infraiber, la empresa que mantiene desde hace tres años una disputa con OHL, presentó una denuncia el pasado sábado 16 de julio ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por una amenaza contra sus tres hijos. “Soy un amigo. P.,F. Y S. no deben andar solos por el momento”, fue la advertencia en una hoja de papel, que el abogado encontró en su casa el pasado fin de semana. Las letras P, F y S son las iniciales de los nombres de cada uno de sus hijos. En una carta dirigida a la procuradora General de la República, Arely Gómez, el abogado afirmó que esta intimidación podría buscar que no siga denunciando “más la corrupción e impunidad de la que OHL se ha beneficiado durante años, tanto en el Estado de México como en sus tratos con algunas dependencias y entidades del Gobierno Federal, durante la administración del Presidente Peña Nieto”. Aseguró que existen elementos suficientes para considerar seriamente la hipótesis de que este esquema “criminal” pudo haber sido aprobado “desde las más altas cumbres del poder en nuestro país. La PGR insiste en no investigarlo”. “Todo el mundo sabe lo que ocurre aquí, Procuradora, pero muchos prefieren volver la vista a otro lado. Todo el mundo sabe que OHL es el ENRON de nuestros días y que el Circuito Exterior Mexiquense es el caso de corrupción más grave de la historia reciente…”, sostuvo en la misiva que compartió con este sitio. Además, el abogado recordó que el 7 de septiembre del año pasado, agentes de la PGR le sembraron una pistola en su auto. “La atención a este asunto (la amenaza) no puede posponerse un minuto más”, aseveró. Aquí la carta de Díez Gargari: Escrito 19 07 16 (1) by Aristegui Noticias on Scribd:
Núñez podría enfrentar su proceso penal en libertad, pero cumpliendo con medidas cautelares como podrían ser el pago de una fianza y la prohibición de participar en las movilizaciones del magisterio disidente. La defensa del líder magisterial, Rubén Núñez Ginés, interpuso un nuevo juicio de amparo para impugnar los obstáculos que han presentado las autoridades penitenciarias federales para permitir la liberación bajo fianza del dirigente de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El abogado Hugo Serafín Paz explicó que la demanda de amparo ya fue admitida por el Juez Primero de Distrito del Estado de Oaxaca, Miguel Arroyo Herrera, quien le asignó el número de expediente 1249/2016, fijando como fecha de la próxima audiencia el 10 de agosto de 2016. De acuerdo con el defensor del líder magisterial, el recurso legal tiene como fin obligar a que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) ponga a su cliente a disposición del Juez Segundo de lo Penal del Centro de Oaxaca, para que se pueda llevar a cabo la audiencia de medidas cautelares que permita liberar a Rubén Núñez. El líder de la Sección 22 de la CNTE enfrenta cargos en el fuero común por los delitos de robo y tentativa de homicidio, mismos que no se consideran graves en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que Núñez podría enfrentar su proceso penal en libertad, pero cumpliendo con medidas cautelares como podrían ser el pago de una fianza y la prohibición de participar en las movilizaciones del magisterio disidente. Por lo anterior, una vez que la autoridad penitenciaria ponga a Rubén Núñez a disposición del Juez Segundo de lo Penal de Oaxaca, este podrá celebrar la audiencia de medidas cautelares que permitirían su liberación, puesto que el líder de la Sección 22 enfrenta cargos que no ameritan privarlo de la libertad de forma oficiosa o automática. En sus primeros acuerdos, el juez de la causa emplazó a comparecer a los representantes legales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en su calidad de tercer interesado en el proceso penal que se le sigue a Núñez Ginés por el delito de robo. De igual forma, fue emplazado a expresar su punto de vista jurídico el profesor Pedro Caballero Bolaños, integrante de la sección 59 del SNTE, quien denunció a los integrantes del magisterio disidente por una presunta golpiza que recibió durante una de las movilizaciones de la Sección 22 del CNTE, registrada el 30 de agosto del 2014. De esa acusación, se deriva la imputación por tentativa de homicidio en contra de Rubén Núñez. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS AUTOR: JUAN OMAR FIERRO LINK: http://aristeguinoticias.com/2007/mexico/presentan-amparo-para-liberar-bajo-fianza-al-lider-de-la-cnte-ruben-nunez/
Según testigos que acusaron al líder Zeta, el ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira protegió al grupo criminal a cambio de sobornos.
Un jurado federal en Texas encontró culpable a Marciano Millán Vázquez, jefe Zeta en Piedras Negras, Coahuila, por los delitos de asesinato, tráfico de drogas y portación de arma, informó ayer martes el periódico San Antonio Express-News. Luego de un juicio que duró alrededor de dos semanas y tras una serie de pruebas presentadas por la Corte, Millán Vázquez fue encontrado culpable de 10 delitos, entre estos el asesinato de una niña de 6 años. Un testigo declaró ante el jurado que Millán utilizó un hacha para desembrar a la niña, cuando ésta se encontraba frente a sus padres. Otro de los testigos acusó ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, de recibir sobornos durante su administración, a cambio de brindar protección al grupo criminal de Millán; además dio a conocer el rompimiento de los Zetas con el político priista lo que presuntamente ocasionó en el asesinato de su hijo. Durante el juicio, el abogado de Millán presentó una serie de argumentos en los que aseguraba que su cliente no era responsable de ningún delito y mostró documentos en los que supuestamente se mencionaba que no era acusado de ningún delito en México; aun así el jurado federal lo encontró responsable de los cargos. Será hasta octubre cuando se realice una nueva audiencia para conocer la sentencia de Millán, quien a solicitud de la Fiscalía de Texas podría enfrentar cadena perpetua por los delitos cometidos en México y Estados Unidos a solicitud de la Fiscalía.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis solo resolvió temas administrativos en las sesiones de sus primeros dos años y no desarrolló planes para enfrentar la contaminación ambiental.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) pasó sus primeros dos años de operación sin tomar decisiones enfocadas a enfrentar la contaminación. Los principales acuerdos entre 2014 y 2015 fueron sobre temas administrativos y sólo en una junta mencionaron la necesidad de utilizar gasolinas limpias e inspeccionar a las industrias. Peor aún, el único acuerdo relevante que adoptaron para enfrentar la contaminación –homologar el programa de verificación vehicular- sólo se cumplió en una de las seis entidades que la integran. Hasta que, en 2016, estalló la crisis ambiental. Animal Político solicitó por transparencia las actas de las sesiones realizadas por la Comisión a partir de su creación, en octubre de 2013. En ellas se detalla a qué juntas asistieron los funcionarios y qué acuerdos tomaron los gobiernos de la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el propio Coordinador ejecutivo de la CAME. El primer dato es que los gobernadores sólo asistieron a dos de las primeras 13 reuniones convocadas. En su representación fueron los secretarios de medio ambiente de las entidades, aunque también tuvieron faltas, como el titular de Tlaxcala, Néstor Montáñez, que no estuvo en las tres sesiones de julio de 2015, o el de Puebla, Rodrigo Riestra, de Puebla, en la sesión de agosto de 2015 ni en la de octubre de 2014. En todos los encuentros participó siempre el coordinador ejecutivo de la CAME y entre uno o cuatro subordinados. También hubieron invitados, como funcionarios de los gobiernos, del Instituto Nacional de Ecología, de la Cofepris o de organizaciones del Centro Mario Molina e integrantes del comité científico asesor. Sin embargo, en el transcurso de los trabajos, el número de participantes disminuyó. Mientras en la segunda sesión de 2014 hubo 24 personas, en la última de 2015 hubo 15. La CAME fue creada para que seis gobiernos vecinos enfrentaran juntos los problemas que generan la contaminación del aire y otros temas ambientales, junto con las autoridades federales dedicadas al tema. Pero si bien los índices de contaminación registrados los últimos cuatro meses ya dejan en claro que fracasó en su encomienda, las actas de sus sesiones explican el por qué. Animal Político solicitó una entrevista con el coordinador ejecutivo de la CAME, Martín Gutiérrez Lacayo, para que explicara qué hizo la Comisión en sus dos primeros años, pero prefirió no aceptarla. ¿Qué hicieron en dos años? La Comisión Ambiental de la Megalópolis sustituyó a la Comisión Ambiental Metropolitana, creada en 1996. La nueva versión sumó a los gobiernos de Tlaxcala, Puebla, Morelos e Hidalgo, para que no sólo la Ciudad de México y el Estado de México se responsabilizaran de la calidad del aire. En la primer sesión de la Comisión –presidida por el secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra, el 20 de enero de 2014– propusieron que los seis gobiernos estatales aportaran cinco pesos por cada vehículo verificado al fideicomiso 1490. Con esos recursos financiarían los proyectos de mejoramiento de la calidad del aire que propusieran las entidades participantes. Tres meses después, en abril de 2014, en su segunda sesión su principal anuncio fue que ya habían avanzado en la redacción del convenio del fideicomiso y proponían designar “Ecozonas”, aplicación de verificación vehicular obligatoria y avanzar en la homologación a más tardar a final de 2015. A esa sesión que duró hora y media, el único gobernador que acudió fue el de Puebla, Rafael Moreno Valle. En el siguiente encuentro, realizado en junio de 2014, estuvieron el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera; el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y el de Puebla, Rafael Moreno Valle. Fue la última vez que fueron, porque en las 10 siguientes no estuvo ningún mandatario. El primer acuerdo para enfrentar la contaminación se tomó en hora y media durante la tercera sesión –el 18 de junio de 2014– cuando los secretarios de Medio Ambiente y los miembros de la Comisión acordaron finalmente homologar los programa de verificación vehicular para las seis entidades, según anunció el exsecretario de Medio Ambiente Juan José Guerra Abud en junio de 2014. Sin embargo, ese primer acuerdo fracasó. Sólo la Ciudad de México instrumentó la medida, aún a costa del rechazo ciudadano. El resto decidió no implementar los cambios y mantuvieron programas de verificación calificados de “poco eficientes”. La medida incluía que los vehículos con antigüedad de nueve a 15 años dejarán de circular dos sábados al mes y un día a la semana, mientras que aquellos con más de 15 años de antigüedad no podrían circular los sábados y un día a la semana. Las demás entidades “dejaron solo al Distrito Federal”, según cuenta Gabriela Niño, coordinadora de políticas públicas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Por ello, dice, el verdadero desafío de un organismo como la CAME no sólo es acordar medidas, sino instrumentarlas. “El reto está en la coordinación de los estados para acciones concretas que prevengan las crisis”, insiste. Otra falla, dice en entrevista, es que los gobiernos no han podido comunicar a los ciudadanos las implicaciones ambientales de una buena verificación, de ahí el descontento. La inconformidad ciudadana llegó hasta un amparo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en julio de 2015. Los ministros determinaron que el holograma Cero, que permite circular todos los días, fuese otorgado con base a las emisiones contaminantes del auto y no al año de fabricación. Aunque la homologación de la verificación significaba un acuerdo relevante para las seis entidades, tampoco era la solución ni la acción que previniera la crisis ambiental porque “debe estar acompañada de más acciones o no tendrá implicaciones”, advierte la especialista de CEMDA, Gabriela Niño. La decisión de la Corte, además, obligó a la CAME a dedicar una sesión extraordinaria para analizar las implicaciones. En la siguiente sesión analizaron el impacto que podría tener la disminución de 150 puntos mínimos para activar una precontingencia, 200 para una contingencia Fase 1 y 230 para la contingencia Fase 2. En las dos horas y media de la segunda sesión extraordinaria –el siete de julio– la Comisión aprobó los límites de emisiones para otorgar los hologramas, para adecuar las verificaciones y “eliminar el texto donde se hace referencia al otorgamiento de hologramas con base en el año del modelo”. Entre sus aspiraciones a corto plazo estaba realizar una auditoría a Centros de verificación, operativos de vigilancia encubiertos y verificación vehicular a transporte público. Pero tampoco lo lograron, por eso es que apenas en junio pasado la CAME aprobó la nueva norma de verificación como parte de la reacción a la crisis ambiental. Sólo hasta la octava sesión ordinaria, en abril de 2015, la Comisión estableció como uno de los acuerdos promover una reunión entre este organismo y el director general de PEMEX para “plantear la necesidad de incrementar la cobertura de combustibles limpios en la megalópolis y verificar el estatus tecnológico, así como planes de mejora de la refinería y termoeléctrica de Hidalgo por su alto impacto en la calidad del aire”. En esa misma sesión acordaron una reunión con el subsecretario de Fomento y normatividad ambiental de la Semarnat, Cuauhtémoc Ochoa, para conocer el estatus de las normas sobre el control de emisiones de fuentes fijas, es decir la industria cementera, ingenios azucareros, refinerías, termoeléctricas, entre otras, para “sentar las bases para su debida actualización”. Pero en las siguientes sesiones no se mencionó que alguna de estas dos reuniones se hubieran concretado. En la solicitud de transparencia, este medio pidió todas las actas de sesiones ordinarias realizadas en 2014 y 2015; de acuerdo a los documentos entregados la última vez que se reunieron en 2015, fue en la cuarta sesión extraordinaria realizada el 17 de agosto en la Ciudad de México, es decir, seis meses antes de la crisis ambiental de 2016. En este último encuentro aprobaron los proyectos de ejecución para prevenir el aumento de contaminación que serían pagados con los recursos del fideicomiso 1490 y propuestas específicas para Puebla, como el programa piloto para evaluar la efectividad del uso de filtros de partículas.
