A dos meses de la masacre cometida contra población de Nochixtlan, Oaxaca, que acompañaba las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en esa localidad, alistan peritajes en los que señalan que la Policía Federal no causó ninguno de los decesos sino “armas de policías estatales de Oaxaca y de civiles armados” información que deberá corroborar la Procuraduría General de la República (PGR) y dar su veredicto. Las investigaciones que hacen parte del debido proceso y de la reparación del daño, que exigen desde el día de los hechos familiares de las víctimas y organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, estas tardaron dos semanas en iniciarse y según la Policía Federal, a través de su División Científica y los Servicios Periciales de la PGR ya han llevado a cabo dictámenes periciales de las armas disparadas por los agentes federales así como el análisis a las utilizadas por agentes de la policía estatal por lo que tocaría explicar los resultados. Las y los funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional, señalaron según información del periódico La Jornada, que “ninguna de las armas de la Policía Federal que fueron accionadas durante los enfrentamientos en esa comunidad oaxaqueña habría hecho blanco en las personas que murieron”. Al respecto Arely Gómez, titular de La Procuraduría General de la República (PGR), dijo que la dependencia trabaja el caso “de acuerdo con los plazos que rige su legislación” y se encuentra en el deslinde de responsabilidades, afirmó que, se realizan las investigaciones en materia pericial, ministerial y policial. Por su parte, el alcalde de San Juan Mixtepec, Adolfo Gómez, integrante de la Caravana motorizada de los Pueblos Originarios de Oaxaca por la Paz y la Justicia que llegó ayer desde Oaxaca para sumarse a la exigencia de justicia por los crímenes perpetrados en ese pueblo, dijo que el acercamiento del titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el subsecretario de Derechos Humanos de la dependencia, Roberto Campa, con familiares de las víctimas de Nochixtlán es “puro circo para tomarse la foto” por lo que demandó castigo para todos los responsables, materiales e intelectuales. Por su parte, Luz Irene del Carmen Montes Lara, presidenta municipal de Santo Domingo Yanhuitlán, también integrante de la caravana dijo “Hoy venimos aquí con dignidad, con fuerza, con coraje, con rabia, a exigir que se atiendan las demandas de los huérfanos y de las viudas; que se atienda a los heridos y se castigue a los cobardes y traidores que dieron la orden de masacrar a nuestra sangre”.
El 19 de junio la policía federal y estatal atacó con armas de fuego a población de Asunción, Nochixtlán en Oaxaca, mientras se manifestaban junto a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en una barricada establecida en la carretera México-Oaxaca justo en el crucero de dicha población. Como producto de la represión cometida por la policía, fueron asesinadas 11 personas, según cifras de la población y el magisterio disidente, y 8 en cifras del gobierno, además de resultar heridas más de 100 personas que enfrentaron complicaciones para acceder a los servicios de salud que en algunos casos les fueron negados y en otros no se acudió a ellos por temor a las represalias. Hasta ahora no hay una reparación integral del daño. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: https://desinformemonos.org/preparan-informe-para-deslindar-responsabilidades-de-la-policia-federal-en-caso-nochixtlan/
La Secretaría hará una consulta para "recabar la opinión de la sociedad sobre el nuevo modelo educativo y la propuesta curricular a partir de la cual se elaborarán los nuevos planes y programas de estudio y los libros de texto". Todos los cambios entrarían en vigor en el ciclo escolar 2018-2019. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, presentó las propuestas de lo que se convertirá en el nuevo Modelo Educativo Nacional de la educación básica y media superior, el cual consta de tres documentos. Con los textos “Los fines de la educación”, el “Modelo Educativo 2016. Planteamiento pedagógico de la reforma educativa” y la “Propuesta curricular de educación obligatoria”, dados a conocer este miércoles, se cumple el mandato de ley de hacer una revisión y actualización del modelo educativo. “La historia del mundo muestra que las naciones que han logrado prosperar, lo han hecho a través de la educación; no hay atajos ni soluciones fáciles”, subrayó el funcionario este miércoles.
Territorios Indómitos Mientras cientos de empresas forestales comunitarias mexicanas luchan por sobrevivir en el ambiente de ilegalidad que propician las dependencias gubernamentales y el crimen organizado, el secretario de Medio Ambiente, Rafael Pacciano, se pasea por la FAO en Roma con un discurso deslumbrante, palabras huecas si se mira lo que está pasando con los bosques en México. Durante la inauguración, de la 23ª sesión del Comité Forestal Global convocada por la FAO, el secretario Pacciano, destacó la importancia del manejo sustentable de los bosques por parte de las comunidades como estrategia central para conservar la biodiversidad y detener la deforestación [1], de cara a la Reunión de las Partes de la Convención de Diversidad Biológica de la ONU (COP 13 de la CDB), que tendrá verificativo en Cancún a finales de este año. En ese mismo foro, en Roma, la FAO publicó el documento Estado de los Bosques 2016 [2], un estudio sobre la situación de los bosques en el mundo, en el que destaca que los bosques en las zonas tropicales siguen siendo destruidos a tasas aceleradas. Según datos de la plataforma Global Forest Watch [3] (generada por el prestigioso World Resources Institute [4]), tan sólo en México se pierden cerca de ciento cuarenta mil hectáreas de bosques anualmente. México se ha comprometido a alcanzar la meta de una tasa de deforestación cero para el 2030 [5], pero si proyectamos la tendencia seguida los últimos años; si tomamos en cuenta el hecho de que el compromiso gubernamental ante el manejo forestal comunitario es magro y contradictorio, y consideramos su indiferencia ante el mercado ilegal de madera y la prevalencia de subsidios a las vacas, a la soya y a la palma de aceite (los principales causantes de la deforestación que señala el documento de la FAO), lo más probable es que el promedio anual de pérdida de bosques se mantenga por encima de las ciento cuarenta mil hectáreas por muchos años. Esto se suma a una cantidad indeterminada de hectáreas de bosque que mantienen una cierta cobertura forestal, pero en condiciones severamente degradadas, donde se pierde biodiversidad y suelos y se deja de capturar carbono. Muchos funcionarios públicos argumentan que la pérdida de cobertura forestal se compensará con el establecimiento de plantaciones forestales, como la palma de aceite y el eucalipto, pero difícilmente tales plantaciones pueden considerarse bosques, ya que lejos de contribuir al mantenimiento de los servicios ecosistémicos, son monocultivos que depredan el suelo y el agua a la vez que liquidan la biodiversidad nativa. Como además suelen utilizarse para la producción de aceites, fibras y combustibles, contribuyen muy poco a la fijación de carbono. Volviendo a la visita del secretario Pacciano a Roma, ésta se convirtió más que nada en una promoción del ‘gran potencial de México en el tema de plantaciones forestales’, según da cuenta el propio boletín de la Semarnat al respecto. México no cuenta con un instrumento efectivo y una normatividad que permitan estimar la tasa real de pérdida y degradación de las selvas y bosques, pese a que organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales y Greenpeace, entre otras, han demandado desde hace lustros que exista transparencia y claridad en este rubro. El manejo de los datos de deforestación y degradación de bosques y selvas, así como el de ilegalidad en el mercado forestal, es discrecional, de manera similar a lo que ocurre con los datos de medición de la pobreza de Inegi: dependiendo de lo que se pretende demostrar, se utiliza determinada metodología, pero no existe un estándar legal que permita hacer comparaciones y proyecciones de manera objetiva. Así, mientras organismos internacionales como Global Forest Trends estima un promedio anual de la pérdida de cobertura forestal para México para el periodo 2010 – 2015 en cerca de 140 mil hectáreas, el secretario Pacciano mencionó en el evento del Día del Árbol el pasado 14 de julio, que ya son ‘solamente’ 91,000 hectáreas de selvas y bosques las que se pierden cada año, y que esta cifra está bajando. Mediante un análisis estadístico sencillo (una regresión lineal) de los datos para México de Global Forest Trends de los últimos quince años, al paso que vamos la ‘deforestación cero’ no se alcanzará antes del año 2056. Y peor aún si se continúa con la tendencia actual de favorecer actividades agrícolas no sustentables a costa de los bosques, como la promoción activa que hacen funcionarios del gobierno federal que usando subsidios y recursos oficiales promueven la ganadería extensiva o la siembra de soya transgénica en terrenos forestales de las comunidades indígenas de la Península de Yucatán y otras regiones del país. Diversas experiencias en todo el mundo y en particular en México [6] han mostrado que una manera efectiva de detener la deforestación, aumentar la cobertura forestal, conservar la biodiversidad, mantener la infiltración de agua a los acuíferos, conservar los suelos e incrementar los acervos de carbono, es el manejo sustentable de los territorios forestales por las comunidades que los habitan. Este tema es ampliamente reconocido por la FAO en el documento arriba señalado; en él se da clara cuenta no sólo de que es posible producir los alimentos que el mundo requiere sin dañar los bosques, sino que por el contrario la pérdida de los bosques pone en serio riesgo la seguridad alimentaria al degradar los suelos y perturbar los patrones hídricos y climáticos de los que depende la agricultura. En el discurso, muchas autoridades mexicanas, incluido el Secretario de Semarnat, parecen estar de acuerdo con estos planteamientos, pero en los hechos retrasan autorizaciones, ponen trabas, trámites y obstáculos al aprovechamiento forestal sustentable que tratan de llevar a cabo las comunidades y ejidos a los cuales criminalizan y persiguen. A la vez, las autoridades omiten perseguir a los verdaderos criminales ambientales en los puertos, madererías y algunas grandes empresas importadoras de madera, e incluso se favorece el comercio ilegal de madera (y por ende la deforestación) a través de las compras de gobierno, que se realizan a ciegas, sin contar con instrumentos efectivos para saber si se trata o no de productos legales. [1] https://www.gob.mx/semarnat/prensa/destaca-mexico-ante-integrantes-de-la-fao-objetivos-de-la-cop13-en-materia-forestal [2] http://www.fao.org/3/a-i5588s.pdf [3] http://data.globalforestwatch.org/datasets?keyword=MEX [4] http://www.wri.org/our-work/project/global-forest-watch [5] http://www.inecc.gob.mx/acerca/difusion-cp-inecc/1279-indc [6] White, A., Molnar, A. Martin, A. 2002. To Johannesburg and Beyond: Strategic Options to Advance the Conservation of Natural Forests. Forest Trends. 28 pp https://www.commdev.org/userfiles/mexicos_community_managed_forests.pdf FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS AUTOR: RAÚL BENET LINK: http://aristeguinoticias.com/2007/mexico/palabras-huecas-sobre-la-deforestacion-en-mexico/
Ciudad de México. La empresa española de energía Iberdrola, incorporó al ex presidente mexicano Felipe Calderon a su filial estadunidense Avangrid. Iberdrola tiene en México importantes inversiones con la Comisión Federal de Electricidad, y tiene trabajo en el desarrollo de energías limpias. A tres años de haber dejado la Presidencia de México, Calderón será comisionado de Avangrid que es una de las mayores empresas de generación de electricidad en Estados Unidos, resultado de la integración de Iberdrola USA y UIL Holdings Corporation. Antes de que Calderón se integrara al equipo de trabajo de Iberdrola por medio de Avangrid, lo hizo su ex secretaria de Energía, Georgina Kessel quien aparece como vocal en el Consejo de Administración de Iberdrola España.
"Soy un amigo. P.,F. Y S. no deben andar solos por el momento", le advierten de forma anónima. Paulo Díez Gargari, abogado de Infraiber, la empresa que mantiene desde hace tres años una disputa con OHL, presentó una denuncia el pasado sábado 16 de julio ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por una amenaza contra sus tres hijos. “Soy un amigo. P.,F. Y S. no deben andar solos por el momento”, fue la advertencia en una hoja de papel, que el abogado encontró en su casa el pasado fin de semana. Las letras P, F y S son las iniciales de los nombres de cada uno de sus hijos. En una carta dirigida a la procuradora General de la República, Arely Gómez, el abogado afirmó que esta intimidación podría buscar que no siga denunciando “más la corrupción e impunidad de la que OHL se ha beneficiado durante años, tanto en el Estado de México como en sus tratos con algunas dependencias y entidades del Gobierno Federal, durante la administración del Presidente Peña Nieto”. Aseguró que existen elementos suficientes para considerar seriamente la hipótesis de que este esquema “criminal” pudo haber sido aprobado “desde las más altas cumbres del poder en nuestro país. La PGR insiste en no investigarlo”. “Todo el mundo sabe lo que ocurre aquí, Procuradora, pero muchos prefieren volver la vista a otro lado. Todo el mundo sabe que OHL es el ENRON de nuestros días y que el Circuito Exterior Mexiquense es el caso de corrupción más grave de la historia reciente…”, sostuvo en la misiva que compartió con este sitio. Además, el abogado recordó que el 7 de septiembre del año pasado, agentes de la PGR le sembraron una pistola en su auto. “La atención a este asunto (la amenaza) no puede posponerse un minuto más”, aseveró. Aquí la carta de Díez Gargari: Escrito 19 07 16 (1) by Aristegui Noticias on Scribd:
Núñez podría enfrentar su proceso penal en libertad, pero cumpliendo con medidas cautelares como podrían ser el pago de una fianza y la prohibición de participar en las movilizaciones del magisterio disidente. La defensa del líder magisterial, Rubén Núñez Ginés, interpuso un nuevo juicio de amparo para impugnar los obstáculos que han presentado las autoridades penitenciarias federales para permitir la liberación bajo fianza del dirigente de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). El abogado Hugo Serafín Paz explicó que la demanda de amparo ya fue admitida por el Juez Primero de Distrito del Estado de Oaxaca, Miguel Arroyo Herrera, quien le asignó el número de expediente 1249/2016, fijando como fecha de la próxima audiencia el 10 de agosto de 2016. De acuerdo con el defensor del líder magisterial, el recurso legal tiene como fin obligar a que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) ponga a su cliente a disposición del Juez Segundo de lo Penal del Centro de Oaxaca, para que se pueda llevar a cabo la audiencia de medidas cautelares que permita liberar a Rubén Núñez. El líder de la Sección 22 de la CNTE enfrenta cargos en el fuero común por los delitos de robo y tentativa de homicidio, mismos que no se consideran graves en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que Núñez podría enfrentar su proceso penal en libertad, pero cumpliendo con medidas cautelares como podrían ser el pago de una fianza y la prohibición de participar en las movilizaciones del magisterio disidente. Por lo anterior, una vez que la autoridad penitenciaria ponga a Rubén Núñez a disposición del Juez Segundo de lo Penal de Oaxaca, este podrá celebrar la audiencia de medidas cautelares que permitirían su liberación, puesto que el líder de la Sección 22 enfrenta cargos que no ameritan privarlo de la libertad de forma oficiosa o automática. En sus primeros acuerdos, el juez de la causa emplazó a comparecer a los representantes legales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en su calidad de tercer interesado en el proceso penal que se le sigue a Núñez Ginés por el delito de robo. De igual forma, fue emplazado a expresar su punto de vista jurídico el profesor Pedro Caballero Bolaños, integrante de la sección 59 del SNTE, quien denunció a los integrantes del magisterio disidente por una presunta golpiza que recibió durante una de las movilizaciones de la Sección 22 del CNTE, registrada el 30 de agosto del 2014. De esa acusación, se deriva la imputación por tentativa de homicidio en contra de Rubén Núñez. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS AUTOR: JUAN OMAR FIERRO LINK: http://aristeguinoticias.com/2007/mexico/presentan-amparo-para-liberar-bajo-fianza-al-lider-de-la-cnte-ruben-nunez/
Según testigos que acusaron al líder Zeta, el ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira protegió al grupo criminal a cambio de sobornos.
Un jurado federal en Texas encontró culpable a Marciano Millán Vázquez, jefe Zeta en Piedras Negras, Coahuila, por los delitos de asesinato, tráfico de drogas y portación de arma, informó ayer martes el periódico San Antonio Express-News. Luego de un juicio que duró alrededor de dos semanas y tras una serie de pruebas presentadas por la Corte, Millán Vázquez fue encontrado culpable de 10 delitos, entre estos el asesinato de una niña de 6 años. Un testigo declaró ante el jurado que Millán utilizó un hacha para desembrar a la niña, cuando ésta se encontraba frente a sus padres. Otro de los testigos acusó ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, de recibir sobornos durante su administración, a cambio de brindar protección al grupo criminal de Millán; además dio a conocer el rompimiento de los Zetas con el político priista lo que presuntamente ocasionó en el asesinato de su hijo. Durante el juicio, el abogado de Millán presentó una serie de argumentos en los que aseguraba que su cliente no era responsable de ningún delito y mostró documentos en los que supuestamente se mencionaba que no era acusado de ningún delito en México; aun así el jurado federal lo encontró responsable de los cargos. Será hasta octubre cuando se realice una nueva audiencia para conocer la sentencia de Millán, quien a solicitud de la Fiscalía de Texas podría enfrentar cadena perpetua por los delitos cometidos en México y Estados Unidos a solicitud de la Fiscalía.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis solo resolvió temas administrativos en las sesiones de sus primeros dos años y no desarrolló planes para enfrentar la contaminación ambiental.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) pasó sus primeros dos años de operación sin tomar decisiones enfocadas a enfrentar la contaminación. Los principales acuerdos entre 2014 y 2015 fueron sobre temas administrativos y sólo en una junta mencionaron la necesidad de utilizar gasolinas limpias e inspeccionar a las industrias. Peor aún, el único acuerdo relevante que adoptaron para enfrentar la contaminación –homologar el programa de verificación vehicular- sólo se cumplió en una de las seis entidades que la integran. Hasta que, en 2016, estalló la crisis ambiental. Animal Político solicitó por transparencia las actas de las sesiones realizadas por la Comisión a partir de su creación, en octubre de 2013. En ellas se detalla a qué juntas asistieron los funcionarios y qué acuerdos tomaron los gobiernos de la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el propio Coordinador ejecutivo de la CAME. El primer dato es que los gobernadores sólo asistieron a dos de las primeras 13 reuniones convocadas. En su representación fueron los secretarios de medio ambiente de las entidades, aunque también tuvieron faltas, como el titular de Tlaxcala, Néstor Montáñez, que no estuvo en las tres sesiones de julio de 2015, o el de Puebla, Rodrigo Riestra, de Puebla, en la sesión de agosto de 2015 ni en la de octubre de 2014. En todos los encuentros participó siempre el coordinador ejecutivo de la CAME y entre uno o cuatro subordinados. También hubieron invitados, como funcionarios de los gobiernos, del Instituto Nacional de Ecología, de la Cofepris o de organizaciones del Centro Mario Molina e integrantes del comité científico asesor. Sin embargo, en el transcurso de los trabajos, el número de participantes disminuyó. Mientras en la segunda sesión de 2014 hubo 24 personas, en la última de 2015 hubo 15. La CAME fue creada para que seis gobiernos vecinos enfrentaran juntos los problemas que generan la contaminación del aire y otros temas ambientales, junto con las autoridades federales dedicadas al tema. Pero si bien los índices de contaminación registrados los últimos cuatro meses ya dejan en claro que fracasó en su encomienda, las actas de sus sesiones explican el por qué. Animal Político solicitó una entrevista con el coordinador ejecutivo de la CAME, Martín Gutiérrez Lacayo, para que explicara qué hizo la Comisión en sus dos primeros años, pero prefirió no aceptarla. ¿Qué hicieron en dos años? La Comisión Ambiental de la Megalópolis sustituyó a la Comisión Ambiental Metropolitana, creada en 1996. La nueva versión sumó a los gobiernos de Tlaxcala, Puebla, Morelos e Hidalgo, para que no sólo la Ciudad de México y el Estado de México se responsabilizaran de la calidad del aire. En la primer sesión de la Comisión –presidida por el secretario de Medio Ambiente, Juan José Guerra, el 20 de enero de 2014– propusieron que los seis gobiernos estatales aportaran cinco pesos por cada vehículo verificado al fideicomiso 1490. Con esos recursos financiarían los proyectos de mejoramiento de la calidad del aire que propusieran las entidades participantes. Tres meses después, en abril de 2014, en su segunda sesión su principal anuncio fue que ya habían avanzado en la redacción del convenio del fideicomiso y proponían designar “Ecozonas”, aplicación de verificación vehicular obligatoria y avanzar en la homologación a más tardar a final de 2015. A esa sesión que duró hora y media, el único gobernador que acudió fue el de Puebla, Rafael Moreno Valle. En el siguiente encuentro, realizado en junio de 2014, estuvieron el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera; el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y el de Puebla, Rafael Moreno Valle. Fue la última vez que fueron, porque en las 10 siguientes no estuvo ningún mandatario. El primer acuerdo para enfrentar la contaminación se tomó en hora y media durante la tercera sesión –el 18 de junio de 2014– cuando los secretarios de Medio Ambiente y los miembros de la Comisión acordaron finalmente homologar los programa de verificación vehicular para las seis entidades, según anunció el exsecretario de Medio Ambiente Juan José Guerra Abud en junio de 2014. Sin embargo, ese primer acuerdo fracasó. Sólo la Ciudad de México instrumentó la medida, aún a costa del rechazo ciudadano. El resto decidió no implementar los cambios y mantuvieron programas de verificación calificados de “poco eficientes”. La medida incluía que los vehículos con antigüedad de nueve a 15 años dejarán de circular dos sábados al mes y un día a la semana, mientras que aquellos con más de 15 años de antigüedad no podrían circular los sábados y un día a la semana. Las demás entidades “dejaron solo al Distrito Federal”, según cuenta Gabriela Niño, coordinadora de políticas públicas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Por ello, dice, el verdadero desafío de un organismo como la CAME no sólo es acordar medidas, sino instrumentarlas. “El reto está en la coordinación de los estados para acciones concretas que prevengan las crisis”, insiste. Otra falla, dice en entrevista, es que los gobiernos no han podido comunicar a los ciudadanos las implicaciones ambientales de una buena verificación, de ahí el descontento. La inconformidad ciudadana llegó hasta un amparo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en julio de 2015. Los ministros determinaron que el holograma Cero, que permite circular todos los días, fuese otorgado con base a las emisiones contaminantes del auto y no al año de fabricación. Aunque la homologación de la verificación significaba un acuerdo relevante para las seis entidades, tampoco era la solución ni la acción que previniera la crisis ambiental porque “debe estar acompañada de más acciones o no tendrá implicaciones”, advierte la especialista de CEMDA, Gabriela Niño. La decisión de la Corte, además, obligó a la CAME a dedicar una sesión extraordinaria para analizar las implicaciones. En la siguiente sesión analizaron el impacto que podría tener la disminución de 150 puntos mínimos para activar una precontingencia, 200 para una contingencia Fase 1 y 230 para la contingencia Fase 2. En las dos horas y media de la segunda sesión extraordinaria –el siete de julio– la Comisión aprobó los límites de emisiones para otorgar los hologramas, para adecuar las verificaciones y “eliminar el texto donde se hace referencia al otorgamiento de hologramas con base en el año del modelo”. Entre sus aspiraciones a corto plazo estaba realizar una auditoría a Centros de verificación, operativos de vigilancia encubiertos y verificación vehicular a transporte público. Pero tampoco lo lograron, por eso es que apenas en junio pasado la CAME aprobó la nueva norma de verificación como parte de la reacción a la crisis ambiental. Sólo hasta la octava sesión ordinaria, en abril de 2015, la Comisión estableció como uno de los acuerdos promover una reunión entre este organismo y el director general de PEMEX para “plantear la necesidad de incrementar la cobertura de combustibles limpios en la megalópolis y verificar el estatus tecnológico, así como planes de mejora de la refinería y termoeléctrica de Hidalgo por su alto impacto en la calidad del aire”. En esa misma sesión acordaron una reunión con el subsecretario de Fomento y normatividad ambiental de la Semarnat, Cuauhtémoc Ochoa, para conocer el estatus de las normas sobre el control de emisiones de fuentes fijas, es decir la industria cementera, ingenios azucareros, refinerías, termoeléctricas, entre otras, para “sentar las bases para su debida actualización”. Pero en las siguientes sesiones no se mencionó que alguna de estas dos reuniones se hubieran concretado. En la solicitud de transparencia, este medio pidió todas las actas de sesiones ordinarias realizadas en 2014 y 2015; de acuerdo a los documentos entregados la última vez que se reunieron en 2015, fue en la cuarta sesión extraordinaria realizada el 17 de agosto en la Ciudad de México, es decir, seis meses antes de la crisis ambiental de 2016. En este último encuentro aprobaron los proyectos de ejecución para prevenir el aumento de contaminación que serían pagados con los recursos del fideicomiso 1490 y propuestas específicas para Puebla, como el programa piloto para evaluar la efectividad del uso de filtros de partículas.
Jesús Morones es dueño de una dulcería en El Salto, una peligrosa zona industrial al sureste del área metropolitana de Guadalajara, y cuenta que ha sido víctima de robo a mano armada ocho veces. "La última vez me golpearon y encerraron aquí junto con mi familia por diez minutos mientras ellos tomaban todo lo que querían. Buscaban dinero pero también se llevaron una caja de chocolates para comer después", dice. "Mi hijo estaba llorando y uno de los bastardos incluso le agarró el trasero a mi esposa".
La policía provee poca o ninguna protección contra este tipo de crímenes, así que los habitantes de las olvidadas orillas de Guadalajara han comenzado a formar grupos de vigilancia conocidos como autodefensas. Estos autodefensas han estado luchando contra los cárteles de drogas en los estados vecinos de Michoacán y Guerrero en últimos años, pero su formación en la gran ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, es más reciente y ha sido reportada por medios locales.
'Mi hijo estaba llorando y uno de los bastardos incluso le agarró el trasero a mi esposa'.
Mientras contempla el matorral quemado de El Salto, Raúl Muñoz, de 59 años y exguerrillero, dice que dirige las 27 células de autodefensas más grandes esparcidas en todo el pueblo. Atento y cuidadoso de los halcones, como se les conoce a los vigías de los cárteles, Muñoz señala varias camionetas negras con vidrios polarizados. Dice que probablemente pertenezcan a miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Cuenta también que el grupo criminal tiene "control total" de El Salto y el municipio vecino de Tlajomulco.
El CJNG es una organización relativamente nueva que ha crecido y se ha extendido rápidamente en los últimos cinco años para convertirse en uno de los grupos criminales más poderosos de México. Muñoz Sospecha que han comenzado a trabajar con grupos más pequeños de criminales en El Salto, derivando en un incremento de secuestros, robos y violaciones.
'No queremos que nadie sepa quienes somos'.
De voz suave pero fuertes convicciones, Muñoz dice que el crecimiento de la inseguridad hizo que un conjunto de lugareños formara un grupo de autodefensas a principios del año pasado, y agrega que su decisión se reafirmó cuando un matón asesinó a uno de sus colegas como advertencia en febrero de 2015. Sin embargo, el asesinato, que continúa sin resolverse, les hizo entender que debían mantener un perfil bajo y nunca lucir sus armas en público. Muñoz cuenta que cargan con escopetas, rifles de caza, y pistolas de bajo calibre, y que incluso tiene escondidos rifles de asalto en caso de emergencia, aunque se negó a mostrarlos.
"Tenemos que ser muy discretos, sobre todo porque no sabemos contra quien estamos. Podría ser nuestro vecino o gente muy cercana", afirma Muñoz, después de detenerse a saludar a un grupo de estudiantes de preparatoria. "No queremos que nadie sepa quienes somos porque eso podría poner en riesgo la seguridad de todos". El grupo dice que ha aprendido de los autodefensas que han crecido en el estado de Michoacán desde 2013, donde se infiltraron miembros de cárteles locales y algunos entrenados por el gobierno. Esa es la razón por la cual, cuenta Muñoz, son muy selectivos con las personas a las que dejan entrar. Cuenta que su grupo de 47 miembros está formado por líderes laborales, ambientalistas y amas de casa de mediana edad, quienes toman turnos para patrullar las polvorientas y engañosamente tranquilas calles de noche. Si llegan a detener a un criminal lo llevan ante las autoridades o lo sacan del área por la fuerza. Muñoz, quien trabajaba en una fábrica de llantas, tiene más de tres décadas de experiencia en activismo radical. Ayudó a grupos de izquierda en El Salvador en los años ochenta, y luego se unió al movimiento rebelde de los zapatistas en México, primero como observador de derechos humanos y luego, asegura, como miembro de su división armada, de 1994 hasta 2003. "Por años tuve mentores de los altos mandos zapatistas que me enseñaron cómo trabajan los autodefensas", cuenta Muñoz. "La lección más valiosa que recibí fue la disciplina, esa es la base de todo".
'No puedes tenerles miedo a estos bastardos. Lo único que puedes hacer es defenderte
A pesar de que su presencia se ha desvanecido en la consciencia nacional, los zapatistas aún viven de manera autónoma en algunas zonas de Chiapas, donde conservan un apoyo de las comunidades locales. Los autodefensas de Guadalajara han pasado casi inadvertidos fuera de sus comunidades, pero los expertos en seguridad, como Francisco Jiménez Reynoso, de la Universidad de Guadalajara, han seguido sus pasos desde que los primeros grupos surgieron hace unos dos años. Jiménez afirma que la mayoría están ubicados en El Salto, Tlajomulco, Zapotlanejo y Zapopan, el municipio más grande del estado. Las autoridades locales los han tolerado en silencio, mientras que los hombres de negocios han comenzado a contratar autodefensas para proteger a sus familias, hogares y negocios.
El académico piensa que el colapso de la seguridad en Guadalajara es culpa de la rivalidad política entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobierna Jalisco, y el partido Movimiento Ciudadano, que controla la mayor parte de la zona metropolitana. Ambos han politizado el problema de la seguridad antes de las elecciones de 2018, mientras el gobernador y la fiscalía general culpan públicamente a los rivales locales de la falta de policías en las orillas vulnerables de Guadalajara. Mientras las autoridades se culpan unas a otras, otro tendero de El Salto llamado Adolfo dice que varios residentes han comenzado a comprar armas porque pueden llegar a pasar días sin ver un sólo oficial de policía. El riesgo está en que esto puede derivar en peores ciclos de violencia. Morones, el dueño de la dulcería, dice que no confía lo suficiente en ninguno de los otros miembros de la comunidad para unirlos a alguno de los grupos de autodefensas, pero también ha tenido que defenderse. La última vez que sufrió un robo, cuenta Morones, reconoció a uno de los agresores, quien era un vecino que vive a pocas calles de él. Enfurecido, fue a la casa del hombre, lo golpeó y arrastró hasta una patrulla. Liberado bajo fianza tres días después, el ladrón presentó una queja ante la comisión de derechos humanos local, quienes ordenaron que Morones debía pagar aproximadamente 80 dólares para cubrir los gastos médicos.
“Ya estamos hasta la madre de mentiras. No queremos otra cosa más que hagan lo que corresponde”. La Segunda Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos se enfrenta con la indiferencia de las autoridades. Pese a que este flagelo ha alcanzado a más de 27 mil desaparecidos en México, los familiares presentes en Veracruz han señalado que las autoridades federales y del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa entorpecen los trabajos, de la misma forma que los hicieron con los hallazgos de la Primera Brigada. ¿Qué acciones han impedido un pleno desarrollo de los rastreos en Veracruz?
Familiares de desaparecidos de todo el país reunidos en Veracruz durante la Segunda Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos manifestaron su malestar con las autoridades por no colaborar durante el primer rastreó que realizaron. Alrededor de 50 personas provenientes de diversos estados del país se hallan en el municipio de Amatlán de los Reyes para encontrar osamentas en sitios clandestinos. Del 15 al 29 de julio, la Segunda Brigada se lleva a cabo. En el primer día de salir al terreno, el papel de la Policía Científica y de la Fiscalía Regional de Córdoba han terminado por molestarlos.
“Ya estamos hasta la madre de mentiras. No queremos otra cosa más que hagan lo que corresponde. Los que estamos haciendo la búsqueda somos los familiares de los desaparecidos, acompañados de gente y asociaciones civiles. Esto no va funcionar así, porque el Gobierno debe realizar su trabajo, pero a raíz de que no lo hacen, lo hacemos nosotros. Ellos nos piden ser coadyuvantes, pero no lo están haciendo de la mejor manera. No nos mandan gente para ayudar, sólo nos mandan gente por si nosotros encontramos algo, ellos lo levantan”, dijo Mario Vergara Hernández, representante del Comité Los otros desaparecidos de Iguala, quien se haya presente en Veracruz.
La indignación, acusaron miembros de la Red de Enlaces Nacionales, inició desde el lunes, cuando las autoridades acusaron no tener listos resultados de la primera Brigada, realizada en abril. “No nos dieron ningún informe de lo que han procesado, nomás hicieron que perdiéramos el tiempo, que nos irritáramos más”, dijo Vergara, sobre la reunión que se llevó a cabo en las oficinas de la Parroquia de los Santos Reyes, en Amatlán. La Fiscalía del estado detalló que aún faltan por embalar 10 mil fragmentos de restos óseos, que no han podido ser entregados a la división científica de la Policía federal. Pese a haber sido el resultado de la primera brigada en ese municipio, especialmente, provenientes de los predios San Rafael Calería y el Porvenir. En respuesta, Luis Ángel Bravo afirmó que los hallazgos de 65 cuadras ex cavadas en el primer terreno serían entregados mañana. Un acto que los padres de familia han interpretado como “tirarse la bolita”. “Los fragmentos son muy chicos. No son cuerpos enteros, porque aquí los cocinaban. Los quemaron. Ojalá haya algunos que se les puede extraer ADN”, dijo Vergara. 15 concinas clandestinas fueron encontradas por la primera brigada hace tres meses. En la primera brigada, Juan Carlos Trujillo Herrera, presidente de Familiares en Búsqueda María Herrera, detalló que al menos 40 familiares locales que buscan a desaparecidos se unieron a este esfuerzo, no sin denunciar la falta de atención por parte de las autoridades.
“[Personas] que por miedo u omisión de las autoridades no habían tenido la oportunidad de recibir asesoría, presionar o avanzar en sus investigaciones, o en algunos casos interponer denuncia”, señaló Trujillo el 22 de abril.
APOYOS DE SEGURIDAD El viernes pasado, la Brigada llegó al municipio Paso del Macho. La Comisión Nacional de Seguridad Pública acompañó con dos patrullas a la fila de automóviles con destino a la Parroquia de la Virgen de Guadalupe. Pero, una vez llegados al sitio el acompañamiento de la seguridad se perdió, lo que prendió las alarmas. Previo al inicio de la brigada, se pidió el respaldo de las Medidas Cautelares de Protección emitidas por el Comité de Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas, para paliar el aumento de las agresiones en contra de quienes buscan. “Esta resistencia debe de vencerse. Tienen que entender que es una tarea de ellos buscar a quienes están desaparecidos. En su momento no les dieron las garantías individuales. Y bueno, creo que si queremos evitar nuevas tragedias, la autoridad tiene disponer de la seguridad”, expuso Oscar Loza Ochoa, representante de Voces Unidas por la Vida. Los familiares que buscan sus desaparecidos aún tienen presente que el pasado 22 de junio, José Jesús Jiménez Gaona, uno de los miembros de la Brigada Nacional fue asesinado en Poza Rica. Se había unido a este esfuerzo para buscar a su hija Jenny Isabel Jiménez de 23, que desapareció en el 2011. Ese miércoles por la noche Jiménez se encontraba con su esposa en la Colonia Flores Magón, cuando fue asesinado a tiros. Sujetos no identificados descendieron de una camioneta color rojo, y dispararon en numerosas ocasiones con un arma de asalto AK-47. La pareja de Jiménez, Francisca Vásquez Mendoza, resultó herida de gravedad. Loza refirió que tres representantes de la organización ubicada en Sinaloa viajaron a Veracruz. La posibilidad de que uno de sus desaparecidos se hallé tan lejos no es un disparate: “Tenemos registros e gente desaparecida en Ahome y hallada en Nuevo León. Pero además, el acto de presencia no es sólo para encontrar a nuestros familiares, sino en solidaridad con los de los otros”. El próximo lunes los familiares esperan que los elementos de la Policía Científica tomen muestras de ADN a los participantes de la Brigada con el objetivo de cotejarlas con los restos encontrados. BÚSQUEDA CONTRA CORRIENTE Vergara expuso que a diferencia de la primera Brigada, esta se realiza con mejores condiciones. “La iglesia de Veracruz nos ha apoyado. Es algo muy lindo. La iglesia ha respondido mucho mejor que el Gobierno. Nos está dando hospedaje, todo. Sin que nosotros demos nada. La gente ha perdido la credibilidad en el Gobierno, pero no la fe y la esperanza en la iglesia”, detalló. Dentro de la misma entidad hay personas que no han encontrado un cauce a una búsqueda de sus seres queridos. Juan Carlos Trujillo Herrera, presidente de Familiares en Búsqueda María Herrera, detalló el 22 de abril pasado que al menos 40 familiares locales que buscan a desaparecidos se unieron a este esfuerzo, no sin denunciar la falta de atención por parte de las autoridades. “[Personas] que por miedo u omisión de las autoridades no habían tenido la oportunidad de recibir asesoría, presionar o avanzar en sus investigaciones, o en algunos casos interponer denuncia”, señaló Trujillo. Los organizadores se han dado a la tarea de intervenir en las misas para pedir el apoyo de la gente, y que les puedan dar algún indicio de adonde dirigirse para iniciar la búsqueda. Algo que será imprescindible, dijo Vergara, porque las condiciones del terreno en Veracruz son más inhóspitas que en otros lugares del país.
“Yo como buscador de fosas, la primera vez que vine me dieron ganas de llorar. Aquí la naturaleza está del lado del Gobierno. Es muy fresco, muy húmedo, mucha hoja. Aquí sólo vamos a encontrar si la gente nos ayuda”, detalló el miembro de la Red de Enlaces Nacionales, quien perdió a su hermano Tomás el 5 de julio del 2012 en Huitzuco Guerrero. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/20-07-2016/3069272
Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, dijo que pese a que es reducido el vínculo comercial de América Latina con el Reino Unido –en proceso de separación de la Unión Europea–, la región está expuesta a una desaceleración más generalizada por la vía de vínculos financieros y a la volatilidad del sentimiento de los inversionistas. Ante ello, sugirió, México debe contar con una consolidación fiscal y concentrarse en la reestructura de Pemex.
México, la segunda mayor economía de América Latina, debe avanzar con su consolidación fiscal planeada y con la reestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex) ante la incertidumbre financiera por el “brexit”, sugirió Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI). Werner prevé que el país mantenga un ritmo de crecimiento de 2.5 por ciento este 2016. Al día siguiente en que se anunció que la mayoría de los británicos votó a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, dijo que México fortalecerá sus fundamentos macroeconómicos ante el impacto de este hecho y que el comercio nacional con Gran Bretaña representa el 0.7 por ciento de su comercio con el resto del mundo, por lo que no se espera un golpe relevante en la cuenta corriente o en la balanza comercial. “Queremos mandar una señal de confianza y confirmar que no tendremos un problema de falta de liquidez; tenemos una línea de 88 mil millones de dólares preparada por si se presentan eventos extremos en los mercados”, dijo en conferencia de prensa la mañana en que los mercados financieros operaban con nerviosismo y el dólar interbancario tocó un máximo histórico por arriba de los 19 pesos por uno. Acto seguido, anunció un segundo ajuste al gasto público para este año por 31 mil 715 millones de pesos, de los cuales 91.7 por ciento se ejecutará en el gasto corriente. Este recorte, a diferencia del anunciado en febrero por 132 mil 300 millones de pesos, no tocará a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Sin embargo, Werner dijo este día en su blog que pese a que el vínculo comercial de América Latina con el Reino Unido es reducido, la región está expuesta a una desaceleración más generalizada por la vía de vínculos financieros y a la volatilidad del sentimiento de los inversionistas.
“Los frecuentes episodios de aumento de la volatilidad del mercado, si bien efímeros, son un constante recordatorio de que las condiciones favorables del mercado pueden trastocarse de la noche a la mañana”, advirtió. Ante la mayor volatilidad, sobre todo en los precios de las acciones y los tipos de cambio, Werner expuso que la flexibilidad cambiaria continúa siendo la primera línea de defensa. Además, debido a que el espacio fiscal sigue siendo limitado en la mayoría de los países de la región, el economista declaró que es vital preservar los márgenes de políticas en caso de que se materialicen los riesgos. “En los países con pesadas cargas de deuda y fuertes presiones del mercado se requiere acelerar el ritmo del ajuste”, pidió Werner mencionando países como Brasil, para el que espera una contracción de un 3.3 por ciento, menos drástica que en el reporte anterior. Ayer el El Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó una décima sus previsiones de crecimiento de la economía mundial en 2016 y 2017 al 3.1 por ciento y 3.4 por ciento, respectivamente, debido a la incertidumbre por el “brexit”. Sin embargo, para México prevé una expansión de 2.5 por ciento para 2016, un 0.1 punto porcentual más que el 2.4 por ciento estimado en abril, y de un 2.6 por ciento para 2017, igual que en la proyección anterior.
Las perspectivas del organismo internacional para Latinoamérica en 2016 y 2017 mejoraron ligeramente al reducir la contracción de la región este año hasta el -0.4 por ciento, mientras que elevó el crecimiento para 2017 al 1.6 por ciento. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/20-07-2016/3069425
“En el IMSS yo recibía instrucciones administrativas que iban en contra de la salud de mis pacientes, y comencé a denunciar esa situación".
El doctor Raúl Sánchez Lozada es cirujano general egresado en 2002 con mención honorífica, además de autor de dos libros sobre tratamientos médicos, y varios artículos en la materia publicados en revistas especializadas. En 2013, este médico del IMSS, asignado al Hospital General de Zona número 1 de Pachuca, Hidalgo, inició una lucha ética, personal: “como estudiante de medicina, en el Hospital General de México –explica– yo recibí una instrucción muy concentrada en el aspecto humanista del servicio médico, hacemos lo que hacemos por el bienestar de la gente, y el bienestar de la gente está al principio, en medio y al final del proceso, así fui formado… Pero cuando empecé a trabajar en el Instituto Mexicano del Seguro Social, me encontré con que ahí hace mucha falta ese valor por lo humano, por la vida y la dignidad de los pacientes… En el IMSS yo recibía instrucciones administrativas que iban en contra de la salud de mis pacientes, y comencé a denunciar esa situación”. En septiembre de ese año, el doctor Sánchez Lozada recibió la orden de realizar una operación a un paciente de cáncer, aún cuando él no es especialista en oncología, lo cual dejó sentado por escrito. Luego, el 3 octubre de 2013, denunció ante el Órgano Superior de Control del IMSS que, dos días antes, le fue ordenado dejar para el final la operación del paciente más grave de su turno, debido a que “iba a ensuciar la sala”. Después, en noviembre de ese año, denunció que sus superiores le habían negado quirófano para operar de emergencia a una mujer con “perforación intestinal”, la cual aguardaba atención desde el turno previo. Esa mujer debió esperar a que todos los pacientes que no enfrentaban una urgencia médica fueran operados. “Mis superiores me pedían dejar para el turno de la noche a los pacientes que llegaban a urgencias durante el día, aunque requirieran entrar al quirófano inmediatamente, con el argumento de que el médico de la noche no tenía mucha carga de trabajo; o me pedían dejar las cirugías de urgencias para el final, para no ensuciar el quirófano”. Casos similares reportó en 2014 y en 2015 su última queja fue por la falta de antibióticos y analgésicos, requeridos por pacientes recién operados. Entre 2013 y 2015, en el Órgano Interno de Control del IMSS se acumularon al menos una decena de quejas presentadas por el doctor Sánchez Lozada, en las que denunciaba la mala atención brindada a pacientes de Hidalgo, a causa de decisiones administrativas. Luego, a principios de 2016, todas estas denuncias generaron un resultado: el doctor Raúl Sánchez Lozada fue separado de su cargo como cirujano del IMSS. “No me despidieron –detalla, indignado–: me declararon incapacitado permanentemente, me declararon con psicosis… es decir, literalmente me tiraron de a loco.” El síndrome Mobbing “En diciembre de 2015 yo cometí un error, que cometen en realidad muchas personas en esas fechas –explica el doctor, con voz calmada–: yo me emborraché, durante una celebración familiar. Y como no tengo el hábito de beber, me sentía yo muy mal, realmente me sentía muy enfermo, entonces mi familia decidió llevarme al IMSS, y ese fue el pretexto que luego usaron para declararme incapacitado: dijeron que yo había intentado suicidarme, que había tomado alcohol y fármacos, para quitarme la vida.” –¿Quiénes dijeron eso? –Mis superiores, precisamente aquellos a los que yo llevaba varios años denunciando… cuando supieron que yo estaba en el hospital, bajo valoración, emitieron una incapacidad y me mandaron al psiquiatra. Yo en realidad no había intentado suicidarme, ni nada parecido, no había ingerido medicamentos ni nada, sólo me emborraché durante la celebración con mi familia. A partir de enero de este año, al doctor Sánchez Lozada ya no se le permitió operar en el IMSS, debido a la incapacidad médica, y durante los siguientes tres meses fue enviado por sus superiores a tres psiquiatras distintos, para ser valorado, y en todos los casos el diagnóstico fue el mismo: episodio depresivo moderado, que no limitaba sus aptitudes laborales. “Yo pasé por un divorcio en 2012 –detalla–, y sí, es algo triste, es algo amargo, pero hasta ahí… yo no niego estar deprimido, pero en realidad creo que la razón es otra, y curiosamente dicha razón fue detectada por la última psiquiatra que me valoró. El dictamen de esta especialista señala que yo presento síndrome de Mobbing, es decir, de acoso laboral.” Entre 2013 y 2015, destaca, “fueron varios los ataques que sufrí, a causa de las quejas que presentaba ante el Órgano Superior de Control. Me cargaban más intervenciones que al resto de los cirujanos, como en castigo, y una vez me acusaron de abandono de mi puesto. Ese día yo había tramitado adecuadamente un pase de salida, y pude comprobar que la acusación era falsa, pero ese fue el trato que empezó a haber de mis superiores en mi contra”. Aptitudes laborales En enero de 2016, una psiquiatra del IMSS emitió un documento interno, en el cual señala que “cuando estuvo hospitalizado (el doctor Sánchez Lozada) efectivamente su sintomatología y conducta no eran compatibles con ingesta de depresores del sistema nervioso central”. Es decir, que no había síntomas de que hubiera ingerido alcohol y fármacos, que era el indicio de sus supuestos instintos suicidas. A pesar de ello, se ordenó una segunda valoración psiquiátrica, según la cual este médico presenta “trastorno depresivo mayor recurrente con conducta auto lesiva y suicida”. –Este último dictamen señala que usted es alcohólico, ¿esto es así? –se pregunta al doctor Sánchez Lozada. Él, hace una corrección. –El dictamen concluye “alcoholismo tipo dispomanía”, que es, según la literatura médica, no poder dejar de beber, una vez que comienza la ingesta de alcohol. Y mira, aquella vez que yo me emborraché, en diciembre de 2015, fue la primera en muchos años. Y sí, lo acepto: ese día no supe cuándo parar de beber. Pero fue una única vez, y no estaba en mi horario laboral. Ese mismo dictamen psiquiátrico, subraya el doctor Sánchez Lozada, es el que concluye que presenta “probable síndrome de Mobbing (acoso laboral)”. Y concluye una cosa más importante aún: que este médico “es apto para reintegrarse a laborar”. A pesar de ello, seis días después de emitido ese dictamen por el área de Psiquiatría de Medicina del Trabajo, el doctor Sánchez Lozada fue declarado por el IMSS con “incapacidad permanente”, debido a que presenta “eventos psicóticos por factores concomitantes desfavorecedores”, entre los cuales se menciona su divorcio. –¿Considera que ésta fue una consecuencia de las quejas que presentó por la mala atención a pacientes? –Sí, definitivamente… no sólo quisieron deshacerse de mí, sino además, su objetivo es desprestigiarme, humillarme. Pero yo aquí sigo, con la frente en alto.
Durante todo el tiempo que el doctor Raúl Sánchez Lozada laboró para el IMSS, mantuvo de forma paralela un puesto de fin de semana como cirujano de urgencias en el Hospital General de México, perteneciente a la Secretaría de Salud federal, institución en la que, concluye, “mis capacidades profesionales, como médico y como ser humano, siguen siendo valoradas”. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: PARIS MARTÍNEZ. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/cesan-a-medico-del-imss-que-denunciaba-abusos/
El bajo desempeño de la economía oaxaqueña se debe a la informalidad laboral y la pobreza, causadas por el fracaso en la implementación de políticas que incrementen la productividad laboral, detalla el Semáforo Económico.
Durante los últimos 10 años, Oaxaca ha sido uno de los focos rojos del país en términos económicos. Al analizar los indicadores del #SemáforoEconómico, de México, ¿Cómo Vamos?, se observa que la suma de los esfuerzos que se han realizado para que el estado se desarrolle han sido insuficientes. Uno de los factores que explican el bajo desempeño de la economía oaxaqueña en crecimiento, informalidad laboral y pobreza es el fracaso en la implementación de políticas que incrementen la productividad laboral en el estado. Entre 2006 y 2015, Oaxaca creció en promedio 2% anual, mientras que el país lo hizo a un ritmo de 2.4%, posicionándose como el quinto estado con la menor tasa de crecimiento durante ese periodo. La producción en Oaxaca ha estado caracterizada por amplias variaciones en sus tasas de crecimiento, alcanzando un máximo de 5.9% durante el cuarto trimestre de 2011 y un mínimo de -4.5% durante el segundo trimestre de 2009. En 2006, Oaxaca era el estado con el mayor porcentaje de población ocupada trabajando en la informalidad: 70.4% de los trabajadores, es decir, 7 de cada 10, eran informales. Diez años después la situación empeoró y la tasa de informalidad laboral aumentó a 74.6% de la población ocupada, son 369 mil 233 personas más en esta condición. Asimismo, la pobreza laboral en Oaxaca se incrementó durante los últimos 10 años y se ha mantenido como el segundo estado con el más bajo desempeño en este indicador. El porcentaje de personas que no pueden adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral pasó de ser 59.7% de la población del estado en 2006 a 63.2% en 2016. Hoy existen casi 446 mil personas más en pobreza laboral que las que había hace 10 años. La estrategia para que Oaxaca logre mejorar sus indicadores económicos debe tener como base el impulso a la productividad laboral. Actualmente, un trabajador en Oaxaca produce el equivalente a $70 pesos por hora trabajada, mientras a nivel nacional cada hora trabajada genera un valor de $133 pesos. Es necesario definir claramente el enfoque que debe tener el impulso en productividad en cada estado para que se traduzca en beneficios de largo plazo. De acuerdo con un estudio realizado por estudiantes de la Universidad de Harvard (Lopes Teixeira et al, 2014, Enhancing Productivity Growth in Southern Mexico: the Cases of Oaxaca and Veracruz), el problema de la productividad laboral en Oaxaca debe enfrentarse a partir de distintos enfoques. De acuerdo con este estudio, la baja productividad laboral es, por un lado, un fenómeno que se presenta en todas las industrias del estado. De las 88 industrias enlistadas en el Censo Económico del INEGI (excluyendo las relacionadas con la industria del petróleo y gas), únicamente 5 cuentan con una productividad laboral superior a la de las mismas industrias a nivel nacional. Para mejorar la productividad se debe invertir en mejoras estructurales, desde capital físico y humano, hasta combate a la corrupción.
Oaxaca es el segundo estado con menor grado de escolaridad promedio; 7.52 años mientras el promedio nacional alcanza los 9.16 años de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015. En términos de infraestructura física, únicamente 21.1% de las manzanas en Oaxaca cuentan con todas las vialidades pavimentadas, mientras el promedio nacional es de 42.9% de acuerdo con los últimos datos disponibles del INEGI. Adicionalmente, Oaxaca ocupa el lugar 29 de 32 entidades en el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2010 de Transparencia Mexicana, donde la entidad número 32 tiene los mayores niveles de corrupción.
La baja productividad en Oaxaca también proviene de la concentración de la actividad económica en industrias que son poco productivas en sí. Para mejorar la productividad desde este flanco, se deben identificar las industrias altamente productivas con potencial para ser desarrolladas en Oaxaca. Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) parten de la promesa del sexenio de incrementar la productividad y son una oportunidad para elevar la productividad laboral en Oaxaca desde ambos ámbitos. Las ZEE tienen el acierto de enfocarse en eliminar la brecha de crecimiento y productividad que divide al norte y sur del país, pero la debilidad de ser una política que, al momento, pretende utilizar la misma fórmula para impulsar a todos los estados donde será aplicada. La principal tarea del gobierno durante los próximos meses será definir la estrategia de implementación que cada estado en específico requiere para incrementar su productividad laboral, en lugar de asumir que el mismo diseño funcionará con todos por igual. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/#SemáforoEconómico AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/retos-las-zonas-economicas-especiales-oaxaca/
