Acusan a Astudillo de recibir dinero para liberar a líder criminal; amagan con atacar a turistas si no cumple

CHILPANCINGO. Gro: Por segunda ocasión consecutiva, en el puerto de Acapulco fue encontrado un narcomensaje dirigido al gobernador Héctor Astudillo Flores y el fiscal en la entidad, Xavier Olea Peláez, donde los acusan de recibir dinero y no cumplir con el acuerdo de liberar al presunto líder de la pandilla denominada Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), David Analco Palma El Deivid.


En esta ocasión, el hecho se registró ayer por la noche en plena avenida costera Miguel Alemán, la principal vía turística del puerto, a la altura de la playa Papagayo donde las autoridades encontraron un taxi abandonado y en su interior un perro desmembrado que fue dejado en bolsas negras.

El hecho provocó la movilización de policías y militares al pensar que se trataba de restos humanos y al revisar la escena también encontraron un mensaje que textual dice:


“Señores autoridades, señor gobernador Astudillo, señor fiscal Xavier Olea, no han cumplido con el acuerdo, bien que recibieron dinero de la señora Clara Elena Laborin Archuleta. El acuerdo es que suelte a nuestro comandante David Analco Palma y si no lo cumplen haremos un desmadre en plena Costera como lo hicimos cuando agarraron a nuestro mando Fredy del Valle, El Burro”.

Luego, remata con la siguiente advertencia: “Mataremos turistas, rafaguearemos bares, sitios de taxis y esta vez no va a ser un animal muerto en la bolsa, será un turista. Te tengo ubicado Xavier Olea, atentamente los Beltrán Leyva”.

En esta semana, el fiscal Olea dio a conocer que las autoridades prevén un recrudecimiento en la ola de violencia que persiste en el puerto de Acapulco debido a que este domingo vence el plazo para que un juez de primera instancia determine la situación legal de El Deivid, quien es acusado por autoridades ministeriales por delitos del fuero común luego de que un juez federal liberó al presunto jefe criminal al no encontrar elementos para procesarlo por delincuencia organizada y narcotráfico.

Este lunes, un comando atacó a balazos la sede de la Notaría 19, propiedad del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado, ubicada en el fraccionamiento Costa Azul, en el puerto de Acapulco.

Además, los sicarios dejaron dos cartulinas con mensajes donde acusan al gobernador Héctor Astudillo Flores, así como al fiscal en la entidad, Xavier Olea Peláez, y al propio Robespierre Robles, de recibir dinero y “no cumplir con el acuerdo” de liberar a David Canek Palma Analco El Deivid, señalado como presunto líder de una facción del grupo delictivo denominado Cártel Independiente de Acapulco (CIDA).

Desde hace varias semanas, Robespierre Robles, el influyente notario público 19 que fue designado por el gobernador Astudillo como presidente del TSJ, ha sido vinculado públicamente con el narco, específicamente lo relacionan con el empresario Joaquín Alonso Piedra El Abulón, quien es identificado como el lavador de activos del cártel de los Beltrán Leyva en el puerto de Acapulco, refieren informes oficiales.

A pesar de las acusaciones, el gobernador Astudillo ha minimizado el hecho argumentando que se trata de presiones de la delincuencia en contra de las autoridades por la lucha contra el narco.

Incluso, el mandatario ha desestimado la grave incidencia criminal que ubican a la entidad en los primeros sitios en homicidios dolosos, tan solo durante su administración se han registrado más de mil 500 ejecuciones en diferentes puntos de la entidad.


Al respecto, Astudillo ha dicho que la entidad es un lugar seguro porque las personas asesinadas “no son turistas ni famosos”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/448234/acusan-a-astudillo-recibir-dinero-liberar-a-lider-criminal-amagan-atacar-a-turistas-cumple

Alcalde en Guanajuato lo despide, Oficial Mayor lo saca a empujones y del cuello

Un video muestra el momento en que un empleado del Municipio de Jaral del Progreso, Guanajuato, jalonea por el cuello a otro que supuestamente acababa de ser despedido y que se negaba a abandonar las oficinas gubernamentales.

Benito Ireta, Oficial Mayor de Jaral del Progreso, jaloneó y provocó heridas a un empleado que presuntamente se negaba a abandonar las oficinas de la dependencia luego de que el Alcalde José Alberto Vargas Franco lo despidiera.

En el video que evidencia la agresión de Benito Ireta en contra del ex funcionario Martin Quesada Ramírez, quien laboraba en catastro como notificador.

El hombre es sacado a la fuerza de la dependencia por el propio Oficial Mayor, que se excede en sus funciones al momento de rodear con la mano derecha el cuello del Quesada y con el cuerpo lo comienza a aventar.

Mientras esto sucedía, la Regidora del PRD Carmen Rivera, quien al parecer es quien graba el momento, le exige al Oficial Mayor que se comporte y dé el ejemplo, sin embargo el agresor la ignora y jala de la mano al empleado para tratar de sacarlo, sin conseguirlo.

En algún momento el Oficial Mayor dio un aventón a la regidora mientras esta le pedía que parara.

Según trascendió, este hecho se dio después que el Alcalde despidió al empleado, quien se negó a salir de la dependencia, y el Oficial Mayor llegó para sacarlo.


AGREDIDO REQUIRIÓ SUTURA

Por su parte, Martin Quesada Ramírez fue llevado a tratar sus heridas a una clínica particular, donde le dieron siete puntadas por la herida.

ALCALDE AMENAZA A REGIDORA DEL PRD, TRAS DEFENDER AL EMPLEADO

Tras defender al empleado municipal, la regidora del PRD Carmen Rivera fue amenazada por el Alcalde, José Alberto Vargas Franco, “Si yo le pego, él también me pega a mí, con tal de que me calle”, pero no lo podemos permitir.

“Fue la (Policía) Ministerial al hospital donde él (empleado), estaba, yo me fui a hablar con el Alcalde y me dijo que no pasara las fotos porque al final de cuentas él iba a sacar al señor (Martin), que si yo le “pegaba” a él (Alcalde), él me iba a “pegar” a mí, como amenazando.

“Yo le dije a mí me puedes hacer lo que quieras, pero yo esto como autoridad no lo avalo, porque la presidencia no nos pertenece, nosotros no somos dueños. Si yo le pego, él también me pega a mi, con tal de que me calle, esto no lo podemos pasar por alto” explicó la regidora.
Inclusive explicó que el Alcalde le informó que el Oficial Mayor ya tenía una acta administrativa, pero lo que piden es que el funcionario quede fuera de la administración menciona, ‘esa persona no pierde estar dentro de la presidencia”

En la opinión de Carmen Rivera no había motivo para despedir al empleado, “solo porque estaba hablando con un panista”.

“Sin ningún motivo lo sacó, el día de ayer el Alcalde me dijo que este señor (Alcalde) se iba ir porque había estado platicando con una persona panista supuestamente y que a lo mejor estaba sondeando información adentro de la administración, yo le comentaba desde ayer que si tenía pruebas, me dijo que tenía una fotografía, se la pedí que me la mostrará, no la tuvo” explicó.

Este día el Alcalde le preguntó a la regidora que cómo “quedaban”, a lo que la regidora le pidió que mostrara pruebas porque a cada rato despedía personal y entraban personas que “no saben ni agarrar una computadora”. El Alcalde le dijo que “él era el que mandaba”, al final le informó que el empleado lo liquidarían al cien por ciento después de doce años.

La edil habló con el empleado de lo que informó el Alcalde, a lo que Martin cuestionó por qué (lo despedían) si no había hecho nada. No había elementos para correrlo, sostiene, el empleado quedó en las oficinas de predial luego de checar su llegada, porque no tenía ninguna baja de su trabajo y se esperó.

Minutos después a la perredista le avisaron que el Oficial Mayor, Benito Ireta, llegó y lo sacó, “sin más el Oficial Mayor que se sentía con más poder con el Alcalde y solo entró y lo sacó a golpes” en la trifulca, Ireta le lesionó un dedo de la mano, que tuvo que recibir atención médica donde le dieron 7 puntadas por la herida.

“Le pregunté, ¿lo vas a matar o lo quieres matar? y él, (el oficial mayor) me dice que sí, hasta aquí llegaste. ¿Cómo se sale el señor si lo trae del cuello ahorcando?” aseveró La regidora.


Al final Protección Civil trasladó al empleado a una clínica particular donde lo atendieron.

VIDEO:



FUENTE: SIN EMBARGO/ZONA FRANCA.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-07-2016/3070577

Los Moreira someten con dinero y amenazas, dicen activistas y periodistas

El que Humberto Moreira Valdés, ex Gobernador de Coahuila, haya demandado por “daño moral” a Roxana Romero, reportera del diario Vanguardia, y después a Sergio Aguayo, investigador de El Colegio de México, no es coincidencia, dicen comunicadores. Se trata de mandar un aviso: “Si eres crítico, te espera una represalia”. Eso dicen los activistas y periodistas coahuilenses consultados por SinEmbargo. Su intención, añaden, es acallar las voces del puñado que sigue en pie y con dignidad. Algo así decía ayer Lorenzo Meyer durante el evento en el que Carmen Aristegui anunció que fue demandada por MVS: lo que quieren los hombres del poder en México, decía el investigador, es mantener en un mundo de impunidad que los rodea de privilegios… 

Desde el reportero local, hasta el columnista nacional, con amplia trayectoria y prestigio –como Sergio Aguayo Quezada– pueden correr la misma suerte en Coahuila: una demanda por daño moral que implica citas, abogados, dinero, aunque no necesariamente cárcel, para complicarle la vida a las voces críticas contra los hermanos Moreira, una dinastía que cumple casi 11 años en el poder desde la llegada de Humberto a la Gubernatura en 2005, esto sin contar que el ex Gobernador ocupó la Alcaldía de Saltillo en 2002 y desde ahí tramó su red de complicidades, coincidieron activistas y periodistas coahuilenses.

“Es posible que esa demanda busque torpedear la posible apertura de expedientes que nos prometió a El Colegio de México el Gobierno de Coahuila, no nos han abierto los expedientes. Esa una situación peculiar; la CEAV [Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas] es una institución de Estado y está pidiendo a la CNDH [Comisión Nacional de Derechos Humanos] , PGR [Procuraduría General de la República], Gobierno de Tamaulipas, de Coahuila. Estamos teniendo acceso a algunos expedientes. Si le puedo decir que la CNDH ha tenido gran apertura, pero hemos firmado un convenio de confidencialidad de no poder mostrar ni comentar estos documentos hasta que termine la investigación, pero sí es indispensable que nos den acceso en Coahuila, eso hablaré con el Gobernador”, dijo el propio Aguayo Quezada en entrevista a este diario digital hace unos días.

El investigador indicó en ese momento que su primera hipótesis para explicar la demanda del ex Gobernador en su contra por daño moral y por 10 millones de pesos, es que dirige una investigación sobre los 300 desaparecidos de Allende.

Como Aguayo, la reportera Roxana Romero y el diario Vanguardia enfrentan una demanda por daño moral por publicar una investigación en torno a una pensión de 37 mil 128 pesos mensuales por su labor como profesor de secundaria en el pasado. De acuerdo con el texto de la periodista Roxana Romero, publicado el 18 de febrero de este año, el también ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtuvo de manera irregular ese pago al no cumplir con los periodos requeridos.

“Este sistema se presta para que el señor se dé por agraviado y empiece a demandar y a querer intimidar a quienes haciendo uso de su libertad de expresión lo cuestionan, escuchan y hacen que se escuche la voz y el sentir de miles de coahuilenses que se sienten desesperados por lo que pasó en Coahuila y donde la autoridad no hizo nada. Esta actitud bravucona de querer intimidar a quienes lo cuestionan no debe continuar más. El que debe rendir cuentas es él, no Sergio Aguayo, nadie más, es justamente él quien nos tiene que rendir cuentas. Él dejó hipotecado el futuro de los coahuilenses, con él hubo inseguridad, con él arrastramos una deuda que nos hace tener los impuestos más caros. Todas estas explicaciones nos las tiene que dar él, decirnos qué pasó y para eso las autoridades mexicanas tienen que colaborar y dejar de voltear a otro lado. Que no sean omisos y cómplices de lo que es evidente en Coahuila y que todos sentimos”, dijo en entrevista con SinEmbargo el Senador por el Partido Acción Nacional (PAN) de Coahuila Luis Fernando Salazar Fernández,  sobre la demanda de Moreira en contra del investigador de El Colegio de México.

ENTRE EL CRIMEN ORGANIZADO Y LOS POLÍTICOS

Fuentes consultadas por este medio digital, y que pidieron no ser citadas –por el temor a los Moreira y al crimen organizado– aseguran que la persecución a la prensa que no se alinea en la entidad, va más allá de la amenazas verbales.

Hay periodistas que han sido “levantados” por escribir el nombre de un criminal en una nota o tomar una fotografía incómoda, afirman.

De acuerdo con la organización Artículo 19 en lo que va de la administración del priista Enrique Peña Nieto se han registrado 1, 142 agresiones contra periodistas.

“El incremento en las incidencias actúa en contra del ejercicio de la libertad de expresión y expone el nivel democrático de nuestro país”, dice el reporte México: Sin prensa no hay democracia.

En ese documento la organización recoge el testimonio de una reportera de Coahuila acosada sexualmente y amenazada de muerte como consecuencia de su labor periodística.

“La periodista Gloria Ruiz García, de Ciudad Acuña, Coahuila, acosada sexualmente y amenazada de muerte, autoridades federales y estatales intentaron desechar el caso al decir que no se consumó el delito, además buscaron una conciliación con el agresor, el líder de una organización política de la entidad”, dice el informe.

El caso de la reportera de Ciudad Acuña se suma no sólo a otras agresiones sino a los casos de comunicadores que han sido asesinados, como es el de Valentín Valdés Espinosa, reportero del diario Zócalo de Saltillo, “levantado” en enero de 2010, torturado y asesinado, en cuyo cadáver se dejó un mensaje: “Esto va a pasarle a los que no entiendan, el mensaje es para todos”.

El caso de Rodolfo Ochoa Moreno, de Grupo Multimedios Laguna, asesinado en 2011 a balazos cuando fue atacado por un comando en su lugar de trabajo.

El de Daniel Alejandro Martínez Bazaldúa fue quizás el caso más sangriento. El 24 de abril de 2013 su cuerpo fue encontrado desmembrado en una calle de Saltillo. Era fotorreportero de sociales del diario Vanguardia. Tenía apenas unas semanas en ese puesto. Su muerte también se la adjudicó el crimen organizado.

El cartelón que dejaron sobre el cuerpo del joven fue interpretado por las autoridades del estado como una venganza, porque eran “desertores” de una banda criminal.

“Como en todos los asesinatos, VANGUARDIA exige a las autoridades militares, federales, estatales y municipales, una investigación a fondo. De la misma, se deberá desprender si estos crímenes están vinculados con el ejercicio periodístico.Nos parece triste y alarmante que Coahuila se convierta en un Estado en el que la autoridad condene a personas asesinadas, convirtiéndolas en delincuentes, sin que para esto ofrezca el mínimo de pruebas o argumentos, como ocurrió anoche”, publicó el medio al día siguiente.

Estos crímenes, de acuerdo con fuentes locales, sembraron el terror entre los periodistas de la región quienes, aseguran, en la administración de Rubén Moreira padecieron la mayor persecución por su labor informativa por parte del crimen organizado y no por los servidores públicos, como ocurre en otras entidades.

Javier Garza, ex director de El Siglo de Torreón, expone que en Coahuila las principales agresiones a la prensa, en un primer momento, se dieron por parte del crimen organizado.

“De las que me tocaron nunca hubo una investigación. Por ejemplo, cuando balacearon el edificio de El Sol de Coahuila. Desde hace tres años no ha habido un ataque o intento de intimidación por parte de algún grupo criminal en la Comarca Lagunera. En otras partes del estado sí hay un clima de amenazas o de intimidación”, comenta.

Pero que esos ataques no se dieran desde el Gobierno local no significó que no existiera una estrategia para cooptar a los medios de comunicación, afirman. De hecho, hoy en día, todos los medios tienen algún compromiso afirma una de las fuentes consultadas: “Tienen amarrada a la Universidad, a los empresarios, a los periódicos, radios y televisoras”, dice un comunicador de Saltillo.

Los medios funcionan en Coahuila para perseguir a través de campañas de desprestigio a los adversarios políticos de los hermanos Moreira, sea quien sea, afirma.


EL CASO VANGUARDIA

Desde el 3 de mayo de este año, el diario Vanguardia ha sido blanco de agresiones directas e intimidaciones, además de una demanda del ex Gobernador Humberto Moreira Valdés que incluye a la reportera Roxana Romero, por supuesto daño moral, tras la publicación de una nota sobre la autorización de la pensión del priista por su labor como maestro en la entidad.

“Desde hace unas semanas, Vanguardia y sus periodistas están sufriendo una serie de actos de difamación, espionaje, acoso, vigilancia, intimidación y un ataque cibernético por motivos desconocidos”, denunció el diario en mayo.

La periodista Roxana Romero fue objeto de actos de intimidación, denunció Artículo 19. Dos sujetos siguieron el taxi donde ella se trasladó de la redacción a su casa. Dado que la unidad pasó al menos dos veces más frente al domicilio, Romero y su familia dejaron su hogar durante algunos días.

La reportera cubre temas de educación y notas comunitarias y humanas. No maneja información de seguridad pública desde hace más de un año.

El pasado 27 de enero, diversas páginas web fueron creadas para difamar, insultar e intimidar a miembros de Vanguardia; también se sumaron a esos ataques otros periodistas y comunicadores de Coahuila. Asimismo, el 25 de abril, los servidores del medio fueron atacados desde un DDoS desde Puebla, Coahuila y Nuevo León, pero el equipo técnico logró bloquear el ataque cibernético.

En mayo, alrededor de 30 elementos de Fuerza Coahuila, el grupo de seguridad estatal desalojó de su casa con exceso de violencia a Armando Castilla Galindo, director del diario, y quien fue despojado de sus pertenencias durante la madrugada.

“No podemos ignorar que este presunto acto judicial coincide con las denuncias que hemos realizado en los últimos días para dar a conocer actos de ‘vigilancia’ e intimidación que han sufrido miembros desde nuestro personal y nuestro Director”, planteó el periódico.

Ante estos hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares al Secretario General de Gobierno del Estado de Coahuila, Víctor Manuel Zamora Rodríguez, “con objeto de evitar que se ponga en riesgo la integridad personal y la seguridad física del personal del diario Vanguardia”.

Artículo 19 exigió al Gobierno de Coahuila, encabezado por Rubén Moreira Valdez, se apegue al Estado de Derecho en el seguimiento del proceso judicial iniciado por daño moral y omita el desarrollo de prácticas desproporcionadas y arbitrarias para amedrentar a los integrantes de Vanguardia.

El Comité para la Protección de los Periodistas mostró su preocupación por la agresión al director del diario Armando Castilla.

“El CPJ está seriamente preocupado por el allanamiento en la casa del director de Vanguardia y las denuncias de intimidación efectuadas por el periódico”, afirmó.

Ricardo Mendoza, director del periódico, dice que con Humberto Moreira se fortaleció el crimen organizado en el estado. Y ellos, los criminales, controlaron las líneas editoriales de Coahuila.

“En el caso de Humberto, son ataques directos a Vanguardia preferimos ajustar la línea editorial, debido a que no existía quien –ni el Gobierno local ni el Gobierno federal, ni ONGs– nos pudiera garantizar la seguridad”, afirma en entrevista con SinEmbargo.

Cuando Humberto Moreira dejó el poder, los periodistas empezaron a tener un “respiro”, pues los ataques de los criminales cesaron, relata el directivo. Sin embargo vino la embestida en contra del dueño del diario por parte del ex Gobernador con las demandas por daño moral.

“Cada quien tendrá sus lecturas. No te puedo decir, en el caso de Humberto Moreira, que el señor está ejerciendo su derecho ante una defensoría jurídica, lo único que hago es una relatoría de hechos. Muchas organizaciones lo que comentaban es que este tipo de acciones son de cierta forma intimidatorias para el ejercicio periodístico. Mientras no se determine si Moreira tiene razón o no en su querella sería desafortunado que nosotros –como parte acusada– definiéramos esta situación. Detrás de todo esto está la intimidación, el ataque a nuestra compañera”, dice. También lo es, añade, el despliegue de fuerzas policiacas para el desalojo de la casa de Armando Castilla.

EL ESCÁNDALO DE LA COMPRA DE RADIODIFUSORAS

En enero de 2009, Humberto Moreira Valdés voló en un jet privado con su esposa, guardaespaldas y su entonces Secretario de Finanzas, Héctor Villarreal Hernández, hacia la ciudad de San Antonio, Texas. La visita era para encontrarse con su hija, quien vivía en esa ciudad, pero además para discutir una estrategia relacionada con el PRI.

El grupo de mexicanos connotados iba con un tercer plan: encontrarse con Rolando González Treviño y su hermano para comprar una cadena de estaciones de radio con dinero que habían robado de las arcas del Gobierno de Coahuila.

Así empezó su relato el 1 de julio de 2015 el periódico San Antonio Express-News. De acuerdo con los periodistas Jason Buch y Guillermo Contreras, el empresario coahuilense decidió entregar información sobre las transacciones que realizó con Moreira.

“La petición de culpabilidad de González no menciona el nombre del ex Gobernador, de su ex tesorero o del hermano, a quienes los fiscales señalan de haber llevado a Moreira al poder. Pero fuentes cercanas a la investigación dijeron al San Antonio Express-News que el ex Gobernador mencionado es Humberto Moreira, quien dirigió Coahuila de 2005 a 2011, cuando renunció para irse a dirigir el PRI”, publicó el diario.

En respuesta, Humberto Moreira Valdés negó la acusaciones horas después por medio de una carta : “No ha existido ni existe acusación formal del Gobierno de Estados Unidos en mi contra por delito alguno”.

El ex líder del PRI nacional afirmó en la misiva que sólo existen declaraciones “de reos que dirían cualquier cosa con tal de obtener su libertad o algún beneficio en su condena”.

Pero el diario texano, que exhibe cómo San Antonio se ha vuelto un paraíso para el dinero sucio de los políticos –casi todos del PRI–, ofreció detalles de la reunión entre Moreira y González en la que supuestamente se decidió lavar dinero robado del erario de Coahuila. El empresario dueño del Corporativo Núcleo Radio Televisión, dice la información, se sentó con Humberto Moreira en una mesa de un club privado. En algún momento, Moreira llamó a su tesorero y le dio instrucciones sobre cómo hacer los pagos.

El dinero fue enviado vía electrónica a Estados Unidos desde una compañía llamada Construcciones Chavana, que el ex Gobernador “usó para mover fondos tanto de México como internacionales hacia los Estados Unidos”, de acuerdo con los documentos de la investigación.

Los fiscales dicen que ese dinero fue robado a los coahuilenses.

“Se estima que los fondos robados al estado de Coahuila por Moreira son aproximadamente cientos de millones de dólares”, dice la investigación publicada por el diario.

El San Antonio Express News reveló que, de acuerdo con un documento de la Corte federal de Estados Unidos, Humberto Moreira Valdés, sí estuvo implicado en la operación para utilizar dinero del erario para comprar estaciones de radio al sur de la frontera para después lavar esos recursos en Texas.

“El documento no menciona al funcionario, sino que simplemente dice que es un ex Gobernador que comenzó a robar dinero del estado [de Coahuila] en 2006”, publicó.

Y agregó: “El funcionario es referido como co-conspirador 1 o CC1, en el documento, un acuerdo de culpabilidad de Rolando González Treviño, un magnate de los medios de comunicación mexicanos que admitió la venta de las participaciones de los medios a funcionarios de Coahuila”.

El medio explicó que el “Co-conspirador 1”, era un funcionario de Saltillo que habría viajado a San Antonio para “discutir la estrategia política para el partido político mexicano PRI y el gobierno de Coahuila”.

El documento de la Corte de Estados Unidos correspondiente al juicio en contra del empresario mexicano Rolando Gómez Treviño refiere que Moreira “antes de convertirse en Gobernador se desempeñó como Alcalde de Saltillo, y en 2011 dimitió como líder de Coahuila para encabezar al gobernante Partido Revolucionario Institucional de México”.

Fuentes cercanas a la investigación dijeron al San Antonio Express News que Moreira acudió a las reuniones en San Antonio y en México “donde se discutió la compra de medios de González Treviño con el dinero robado del estado”.

El medio norteamericano publicó que el documento de la corte menciona que el Co-conspirador 1 (CC1) robó dinero de la tesorería de Coahuila dirigiendo contratos estatales a partidarios políticos que eran dueños de medios de comunicación, empresas constructoras y empresas de servicios de aviación.

“CC1 estaba usando fondos del Gobierno del estado de Coahuila y dirigiendo esos fondos estatales a los partidarios que actuaban en concierto con CC1 para robar fondos del estado de Coahuila. Estas personas eran principalmente hombres de negocios que operaban en el estado, y / o eran vendedores que prestan servicios para el Estado de Coahuila, y tenía una relación con CC1 en el momento de la elección “, dice el acuerdo de culpabilidad de Rolando González Treviño. “Se estima que los fondos robados por el estado de Coahuila por CC1 aproximadas a cientos de millones de dólares”.

La red de desvío de recursos públicos de Coahuila para ser lavados en Texas, en la que presuntamente está involucrado Moreira Valdés, incluye a otros 13 personajes, la mayoría ex funcionarios de su administración, de acuerdo con esos documentos judiciales de la Corte federal de Estados Unidos.

De los 14 involucrados, a los que llama en la prensa estadounidense “Conexión Coahuila”, seis están o han estado presos; uno se encuentra indiciado y dos han sido asesinados, indican documentos hechos públicos por la Corte estadounidense y revelados, primero, por el periódico San Antonio Express News.

La acusación que obra en poder del Departamento de Justicia de Estados Unidos destaca que Moreira habría ordenado a colaboradores transferir 1.8 millones de dólares para comprar estaciones de radio al sur de la frontera de Estados Unidos, a cuentas del empresario mexicano Rolando González Treviño, quien aceptó declararse culpable de dos cargos de conspiración para transferir dinero robado.

Se señala que ex funcionarios del Gobierno de Coahuila también estuvieron involucrados al tomar recursos del erario para comprar medios de comunicación entre 2006 y 2009, lapso que forma parte del periodo de Moreira.

“El Gobierno de Estados Unidos quiere estar seguro de lo que hace. Por eso quieren más evidencias y eso es lo que están esperando: están todavía buscando más evidencias, buscando cuentas bancarias; es claro que la investigación apunta a Humberto Moreira con este caso, la sentencia de Rolando González está para septiembre 15 o 16, pero lo que he visto es que no le han levantado cargos a las personas que estén cooperando. Entonces podría ser que cambie la fecha de sentencia”, dijo Guillermo Contreras, uno de los autores de la investigación del diario estadounidense, en entrevista con SinEmbargo.

El 10 de marzo de este año, Rolando González Treviño fue sentenciado a cinco años de libertad condicional luego de que admitió que formó parte de un esquema masivo para robar dinero de las arcas de Coahuila y lavarlo en Texas. Además, el juzgado impuso una multa de 250 mil dólares al empresario, quien podrá permanecer en Estados Unidos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-07-2016/3069868

WOLA, Prodh, Fundar y más ONGs piden a Obama suspender ayuda a México por no cumplir con DDHH

Organizaciones mexicanas e internacionales exigieron a Estados Unidos cancelar parte de los recursos de la Iniciativa Merida ante la falta de avance en el respeto a las garantías individuales por parte de los cuerpos encargados de la seguridad y las instituciones dedicadas a impartir justicia en México. Señalaron que pese a los “cientos de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército la información públicamente disponible revela que sólo dos soldados han sido condenados bajo jurisdicción civil por estos crímenes y no está claro si estas sentencias son definitivas”. Maureen Meyer, coordinadora de WOLA, dijo que “una decisión por el Departamento de Estado de no certificar a México este año enviaría un mensaje claro de que el gobierno mexicano no puede decir que está avanzando en materia de derechos humanos sólo por tener buenas leyes en papel”.

Ciudad de México, 22 de julio: Grupos civiles extranjeros y mexicanos exigieron al Gobierno de Estados Unidos que le cancele parte los recursos de la Iniciativa Mérida a nuestro país ante las constantes violaciones a los derechos humanos y la falta de castigo a los cuerpos de seguridad que cometen este tipo de delitos.

Esta mañana se tiene programada una reunión entre el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo mexicano Enrique Peña Nieto, en la Casa Blanca, como parte de la gira de trabajo que realiza el mandatario.

“Esta reunión tiene lugar en un momento en que el Departamento de Estado evalúa si el gobierno de México ha cumplido con las condiciones de derechos humanos en la Iniciativa Mérida, un paquete de asistencia de EE.UU. en materia de seguridad. Bajo la Iniciativa Mérida, el otorgamiento del 15 por ciento de ciertos fondos está condicionado a que el Departamento de Estado de EE.UU. informe al Congreso que México está logrando avances significativos en el respeto a los derechos humanos en el marco de operaciones de seguridad. De acuerdo con un memorándum preparado por la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) en conjunto con seis líderes organizaciones mexicanas, estadounidenses e internacionales, este año México tampoco ha cumplido con los requisitos y, por lo tanto, el Departamento de Estado debe solicitar la retención de los fondos condicionados”, señalan en el documento.

El reporte está firmada por el Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC); Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Latin America Working Group (LAWG); y la Oficina de Washington para América Latina (WOLA).

El documento está dirigido a John Kerry, Secretario de Estado de EU; Anthony Blinken, Sub Secretario de Estado; Sarah Sewall Subsecretaria de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos en el Departamento de Estado de los Estados Unidos; Mari Carmen Aponte, Secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica; Tom Malinowski, Subsecretario de Estado para Derechos Humanos y Democracia; William Brownfield, Secretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y de Cumplimiento de la Ley Roberta Jacobson, Embajadora de EU en México.

“Una decisión por el Departamento de Estado de no certificar a México este año enviaría un mensaje claro de que el gobierno mexicano no puede decir que está avanzando en materia de derechos humanos sólo por tener buenas leyes en papel”, dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México y Derechos de Migrantes en WOLA, según recoge el comunicado del memorándum.

De acuerdo con las organizaciones, México no ha cumplido con los requisitos para poder recibir los millonarios recursos del gobierno norteamericano:

Las organizaciones recordaron que por primera vez en la historia, el Departamento de Estado decidió el año pasado no certificar a México basándose en su evaluación que no se habían cumplido las condiciones.

Los requisitos que solicitan para poder continuar el apoyo es que el Gobierno de México investigue y persiga violaciones a los derechos humanos en tribunales civiles.

Al respecto, los grupos civiles señalaron que el gobierno no ha sido transparente sobre el número de violaciones graves a los derechos humanos que ha investigado, ni sobre los resultados de estas investigaciones.

Además de que “a pesar de cientos de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército la información públicamente disponible revela que sólo dos soldados han sido condenados bajo jurisdicción civil por estos crímenes y no está claro si estas sentencias son definitivas”.

Refieren que no existen condenas en casos emblemáticos, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos desde 2014, y el caso Tlatlaya, que recientemente cumnplió un año y en el que los militares han sido liberados. Las ONGs acusaron que “en ambos casos los funcionarios del gobierno han obstruido las investigaciones, torturado a los sospechosos y víctimas, y manipulado pruebas”.

En los cuatros casos en los que la Corte Interamericana ha emitido decisiones contra el Estado mexicano, ningún soldado ha sido condenado por las violaciones a derechos humanos que cometieron, recuerdan en el escrito.

Respecto al requisito de que México cumpla con las prohibiciones contra la tortura y el uso de testimonios obtenidos mediante este tipo de coacción, la organizaciones recordaron que en 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que las denuncias sobre tortura se duplicaron entre 2013 y 2014, cuando se registraron 2 mil 420 casos.

Acusa que “a pesar de los miles de casos de tortura y malos tratos en México, sólo 15 personas han sido condenados por este delito”.

Señala que casi el 80 por ciento de los sospechosos implicados en el caso Iguala tenía signos de tortura o malos tratos.

Apuntaron que pese a que “existe en el papel” la obligación que el ejército y la policía transfieren a los detenidos de manera inmediata a los detenidos ante las autoridades correspondiente, las bases nacionales de datos para monitorear detenciones no están completas y que el gobierno mexicano “ha omitido cumplir sus propias normas sobre detenciones y no proporciona al público información sobre éstas  en tiempo real”.

El documento señala que desde 2007, México ha registrado 28 mil 189 desapariciones, en los que más del 54 por ciento ocurrieron durante la administración del Presidente Peña Nieto.

Hasta febrero de 2015, el gobierno mexicano reporta únicamente 13 sentencias condenatorias registradas a nivel federal por desapariciones forzadas. 

En el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron desaparecidos por la policía local, es probable que funcionarios del gobierno hayan obstruido  la investigación llevada a cabo por el  grupo de expertos, reconocidos internacionalmente. Más de 21 meses después de la desaparición forzada, el paradero de los estudiantes aún se desconoce. 

No hay información confiable sobre cuántas de las desapariciones registradas son cometidas por las autoridades, critican en el memorándum.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-07-2016/3070596

Pide ONU-DH pesquisa “imparcial” por muerte de periodista en Tierra Blanca

Ciudad de México. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México lamentó el asesinato del periodista Pedro Tamayo, en Tierra Blanca, Veracruz, y llamó a las autoridades a realizar una investigación pronta, efectiva e imparcial de los hechos, que permita juzgar y sancionar a los responsables, así como reparar adecuadamente a los familiares de la víctima.

Recordó que en este año al menos ocho periodistas han sido ultimados, y estos

casos se suman a los 107 asesinatos de comunicadores, registrados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entre enero de 2000 y diciembre de 2015.

Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, expresó que aprecian las acciones de protección establecidas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección a los Periodistas de Veracruz, pero “lamentamos profundamente que aún con ellos, el señor Tamayo hay sido privado de la familia”.

Afirmó que los asesinatos de periodistas no sólo lesionan a sus familiares y seres queridos, “también lastiman al gremio por su efecto atemorizante, impactan negativamente en el derecho a la libertad de expresión y privan a la sociedad de su derecho a recibir información de interés público”.

Señaló que ningún ataque contra los periodistas ni trabajadores de los medios de comunicación, “Incluyendo medios independientes, comunitarios o de cualquier otro tipo, debe quedar impune. Toda agresión debe ser investigada de manera efectiva y exhaustiva sin descartar ninguna línea de investigación, particularmente aquélla que pueda estar ligada a la labor periodística.”


La ONU-DH reiteró su compromiso para seguir cooperando con las instituciones y las autoridades mexicanas en el fortalecimiento de las políticas y la institucionalidad existente en materia de protección de periodistas y combate a la impunidad.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALMA MUÑOZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/22/pide-onu-dh-pesquisa-201cimparcial201d-por-muerte-de-periodista-en-tierra-blanca

OPLE de Veracruz presenta tres denuncias contra Duarte

Xalapa, Ver. El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz presentó tres denuncias en contra de la administración de Javier Duarte, por el adeudo de 178 millones 247 mil pesos, del 2013 a la fecha, que ha provocado la suspensión del pago de salarios a trabajadores y la asignación de prerrogativas a los partidos políticos.

Alejandro Bonilla Bonilla, consejero presidente del OPLE estatal, informó que, agotadas las gestiones ante el gobierno de Duarte de Ochoa, este jueves, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un juicio electoral y nominado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y una denuncia ante la Fiscalía del Estado.

En la presencia de los representantes de todos los partidos políticos en el estado, Bonilla Bonilla, indicó que el gobierno de Duarte de Ochoa arrastra un adeudo de 9 millones 111 mil pesos, del 2013; 15 millones 239 mil pesos, en 2014; y 16 millones 379 mil pesos, del ejercicio 2015, acumulando un total de 40 millones 730 mil pesos en adeudos de ejercicios pasados.

En lo que respecta al ejercicio de 2016, ha acumulado 137 millones de pesos en deuda, que sumado a los pendientes de los años anteriores, alcanzan la cifra total de 178 millones 247 mil pesos de deuda.


Bonilla Bonilla dijo que “se trata de un adeudo muy importante” que ha impedido al organismo cumplir con las contraprestaciones laborales de los trabajadores de los 30 consejos distritales, a quienes no se les han pagado dos quincenas de trabajo devengado.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: EIRINET GÓMEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/22/ople-de-veracruz-presenta-tres-denuncias-contra-duarte

CFE entrega material de construcción a quienes sí aceptan acueducto para la termoeléctrica en Huexca

La mañana de este jueves 21 de julio empezaron a llegar a vecinos de la calle Primera de Oriente en Apatlaco, municipio de Ayala,  Morelos, los paquetes de material de construcción que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) prometió a vecinos que sí aceptaron que por ahí pase el acueducto para proveer de agua a la Termoeléctrica construida en el pueblo de Huexca.

Informaron lo anterior vecinos del Callejón Niño Artillero y de la calle La Huerta, que se han negado a permitir que pase por esas vías el citado acueducto, al considerar que se pretende consumar el despojo del vital líquido a productores campesinos que tienen derechos reconocidos para emplear el agua del río Cuautla para regar sus tierras.

Esos paquetes de construcción se entregan “como indemnización” , por el paso del citado acueducto por la calle Primera de Oriente, indicaron los denunciantes, quienes  afirmaron que “éste recurso fue promovido por  personas que trabajan con Ramón González Ortíz, empleado de CFE,  quienes amenazan a los propietarios de casas que si no admiten el paso del acueducto en forma voluntaria, ´va a pasar con granaderos´, además de que desde hace unos meses estas personas han venido acarreando gente de otras colonias y del municipio de Cuautla, para convencer  a los vecinos para que acepten el paso” de la obra mencionada.


Los vecinos del Callejón Niño Artillero y algunos de la calle La Huerta reafirmaron que ellos continuarán “en resistencia sin pedir, ni recibir  nada” para evitar el paso del acueducto por sus calles.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: ROSA ROJAS.
LINK: https://desinformemonos.org/cfe-entrega-material-de-construccion-a-quienes-si-acepan-acueducto-para-la-termoelectrica-en-huexca/

“La sociedad está cada vez más enterada de los actos de corrupción”: EPN

"Todos están sujetos a la rendición de cuentas", asegura el madatario.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, publicó el jueves un artículo en la edición digital de El País, en el que señala que “gracias a las nuevas tecnologías de la información y a la libertad de expresión, la sociedad está cada vez más enterada de los actos de corrupción cometidos por servidores públicos y particulares”.

Añade que “hoy, los mexicanos nos sentimos lastimados y dolidos por este grave flagelo (la corrupción). Como presidente de la República, estoy convencido de la urgencia de erradicar la corrupción, fortalecer la transparencia y consolidar la rendición de cuentas. Por esas razones, el primer compromiso que firmé como candidato, y la primera propuesta legislativa que impulsé como presidente electo, fueron en contra de la corrupción”.

Al inicio del texto, indica que “hace cuatro años, sociedad y gobierno nos propusimos construir un nuevo México, un México de leyes, construido sobre instituciones sólidas y transparentes, un México que respondiera a las necesidades y preocupaciones de los mexicanos en la modernidad. Con ese objetivo, durante los primeros años de mi administración, nos dimos a la tarea de impulsar e implementar una serie de reformas que derribaran las barreras que impedían a los mexicanos alcanzar su verdadero potencial. Sin duda, para lograr este noble propósito, también era necesario garantizar el Estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas”.

El presidente escribió el texto con motivo de la promulgación de las leyes anticorrupción, el pasado lunes . Detalló que el Sistema Nacional Anticorrupción “convoca a todos los órganos e instituciones encargados de combatir la corrupción para trabajar de forma coordinada”.


“El sistema promoverá la prevención, la investigación y, en su caso, la sanción de los casos de corrupción“, sostuvo Peña Nieto.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2207/mexico/la-sociedad-esta-cada-vez-mas-enterada-de-los-actos-de-corrupcion-epn/

En México 300 conflictos mineros vulneran derechos de los pueblos

El gobierno ha concesionado proyectos mineros que se traslapan con territorios comunales y ejidales, atentando con las formas de organización y derechos sociales de las comunidades indígenas y campesinas, a fines de 2014 se registraron un total de 25 mil 267 concesiones mineras que, según datos del Servicio Geológico Mexicano, amparaban una superficie de casi 26 millones de hectáreas, lo que representa alrededor de 12 punto 7 por ciento del territorio nacional.

Señaló Marisa Jacott, directora de Fronteras Comunes y añadió que esta situación ha provocado más de 300 conflictos mineros en el país según la Red de Afectados por la Minería (REMA) y en un año, según Cartocrítica, la industria minera extrajo casi 437 millones de metros cúbicos de agua, cantidad suficiente como para cubrir las necesidades humanas de toda la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit

Explicó que la destrucción masiva de los recursos naturales provocada por la actividad minera son múltiples como la contaminación del aire, el agua y el suelo a gran escala; alteración del entorno y los ecosistemas; cambio de uso de suelo, incluso en áreas naturales protegidas; despojos con violencia, represión y crimen contra las formas de defensa del territorio y organización comunitaria; deterioro de la salud de los habitantes cercanos a las minas; además del impacto que sufren los trabajadores mineros por laborar en condiciones de alto riesgo y por el uso intensivo de materiales peligrosos y sustancias químicas, por ello dijo, resulta indispensable fortalecer en México el trabajo de defensa social y ambiental frente a esta actividad industrial depredadora.

En el marco del Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, que se conmemora este 22 julio, las organizaciones Colectivas, Colectivo de Abogados y defensores del Interés Público, Fronteras Comunes y Greenpeace México presentaron el manual “Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de pueblos y comunidades frente a
los megaproyectos mineros en México” como una herramienta para hacer frente a los abusos de los proyectos mineros en todo el país.

Esta publicación pretende socializar instrumentos jurídicos de defensa de las comunidades y del medio ambiente en el tema de minería, ya que muchos pueblos enfrentan el embate de una gran cantidad de concesiones otorgadas por el Estado mexicano para megaproyectos mineros, así como por la actividad minera ya existente, en la que hasta 2014 el 68 por ciento del capital invertido era de origen canadiense, aseguraron.


“El Estado mexicano privilegia el beneficio de intereses privados y extranjeros sobre los sociales, quebrantando así los derechos colectivos” por lo que el manual presentado también propone la utilización de herramientas jurídicas y no jurídicas para las comunidades a fin de, explicaron, fortalecer sus luchas por la defensa de su territorio, patrimonio y su salud frente al auge minero depredador en México.

FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/en-mexico-300-conflictos-mineros-vulneran-derechos-de-los-pueblos/

Advierte la CNTE que mantendrá bloqueos en Michoacán

MORELIA, Mich: La toma de casetas en carreteras y vías férreas seguirá en el estado de Michoacán, debido a que la negociación entre autoridades estatales y líderes magisteriales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no fructificó.

En entrevista, el secretario de Gobierno Adrián López Solís reconoció que hasta el momento no existen acuerdos tangibles con la disidencia magisterial. Por ello, previó que los docentes opositores a la reforma educativa no cesarán en sus demandas, en tanto la federación no defina el rumbo del esquema educacional en Michoacán.

El funcionario se dijo consciente de las afectaciones económicas registradas en el estado por los bloqueos de la CNTE en diferentes puntos de comunicación.

Sin embargo, destacó que este jueves comenzará el establecimiento de mesas de trabajo con los líderes magisteriales michoacanos para que, en coordinación con el gobierno federal, se puedan consumar acuerdos que favorezcan a la situación económica del estado.

Sobre los avances en el proceso de bancarización sobre la nómina de la Secretaría de Educación del Estado, López Solís comentó que existen avances “de consideración”. No obstante, dijo también que aquellos docentes que no cuenten aún con una tarjeta bancaria para recibir sus respectivas percepciones, seguirán cobrando a través de cheques.

Adelantó que la idea de la federación y del gobierno del estado es que todo trabajador de la educación se apegue a esta medida. Así, dejó en claro que “no cesará” el proceso de bancarización.

En días pasados, la secretaria de Educación del Estado, Silvia Figueroa Zamudio, dijo que cerca de 60% de los docentes del estado ya se habían apegado al esquema de bancarización. Así, sólo 40% se vería obligado a seguir con su cobro por la vía tradicional.

Los bloqueos

En tanto, los maestros de la CNTE permanecen en bloqueo constante de las vías férreas del Tren Kansas- México, en la avenida Tres Puentes de Morelia, donde instalaron campamentos desde el miércoles pasado. Hasta el momento se mantienen sin obstruir la circulación en las calles alternas.

Los docentes se movilizaron hoy como parte del plan de acción de lucha contra la aplicación de la reforma educativa, el cese de docentes y los descuentos salariales.

Se prevé que los bloqueos de vías ferroviarias sea repliquen en municipios como Lázaro Cárdenas, Nueva Italia, Uruapan, Pátzcuaro, Maravatío y Yurécuaro.

Los agremiados de la CNTE mantienen bloqueado el paso en las vías del tren de Morelia y otros cuatro municipios en la entidad. Se trata de los pasos del tren en Maravatío, en Caltzontzin, municipio de Uruapan, Lázaro Cárdenas, Nueva Italia y en la capital Morelia.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó en un comunicado que fueron desplegados cientos de elementos de la Policía Michoacán para monitorear y buscar el diálogo con integrantes de la Sección 18 de la CNTE.

“Ante la radicalización de acciones que el magisterio democrático ha realizado con el bloqueo de vías férreas y carreteras, así como la toma de plazas municipales, la SSP ha reforzado su operatividad para evitar afectaciones a la ciudadanía”, dijo.

Agregó que se da “atención especial al bloqueo del crucero de la carretera libre Pátzcuaro–Uruapan, a la altura de la comunidad de San Juan Tumbio, donde se busca que a través del diálogo los manifestantes liberen esta arteria”.

El operativo de la Policía Michoacán también incluye el aviso a los conductores para que eviten transitar por las zonas donde existen bloqueos.

Por último, la SSP refrendó “su compromiso con la preservación del estado de derecho” y llamó a la CNTE a “no abonar al encono social que puede derivar en confrontaciones con la población”.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.

LINK: http://www.proceso.com.mx/448180/advierte-la-cnte-mantendra-bloqueos-en-michoacan

“No es un caso de censura”, afirma MVS sobre demanda contra Aristegui

CIUDAD DE MÉXICO: Felipe Chao, vicepresidente de Relaciones Institucionales de Grupo MVS, confirmó que Joaquín Vargas, presidente del consorcio, interpuso una demanda por daño moral contra Carmen Aristegui y la editorial Penguin Random, debido a que existen “varias imputaciones” en el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto que la periodista debe “probar o retractarse”.


Entre esas afirmaciones, comentó Chao, está la imputación de que Joaquín Vargas “sucumbió a las componendas de poder, sin tener bases para decirlo”.

En entrevista vía telefónica, Chao subrayó que el interés de Joaquín Vargas “no es el dinero”. “Lo que demanda es que Carmen Aristegui compruebe lo que afirma o se retracte públicamente”, añadió.


En relación con la editorial Penguin Random, Vargas pide que se suprima el prólogo, escrito por Aristegui, “en tanto se resuelva el litigio”. Negó que intentaran impedir la circulación o la lectura del libro.

–Existe una coincidencia tanto de Aristegui como de la editorial de que esta demanda se trata de un intento de censura. ¿Cuál es la posición de Joaquín Vargas al respecto?

–No es un caso de censura. La relación laboral con Carmen Aristegui terminó con la demanda mercantil del 9 de abril de 2015 por cuatro razones fundamentales: uso indebido de propiedad intelectual e industrial; uso indebido de los derechos de autor; uso de recursos económicos sin facultad para ello, y por comprometer a la empresa sin autorización.

“No hay un intento absolutamente de nada relacionado con la censura. Se le pide que compruebe sus dichos o que se retracte”, advirtió.

–¿Existe una relación entre esta demanda y el discurso reciente del presidente Enrique Peña Nieto donde pide “perdón” por el escándalo de la Casa Blanca?

–No, ninguna. Presentamos la demanda hace casi dos meses.

–¿Por qué no se hizo pública?

–No la hicimos pública para que fuera el propio juez y los tribunales los que dirimieran.


Chao insistió en que no ha existido “ninguna presión” por parte del gobierno federal en la ruptura de MVS con Carmen Aristegui.

FUENTE: PROCESO.
FECHA: 21 JULIO 2016.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/448162/caso-censura-afirma-mvs-demanda-contra-aristegui

Congreso de Veracruz aprueba crear fideicomiso para pagar deudas del gobierno de Duarte

El Congreso de Veracruz aprobó la propuesta del gobernador Javier Duarte para crear un fideicomiso que cubra la deuda que dejó su administración.

El pleno del Congreso de Veracruz aprobó este jueves 21 de julio la creación de un fideicomiso que concentre los recursos provenientes del impuesto a la nómina para pagar la deuda que el gobierno estatal tiene con proveedores y prestadores de servicios.


“Es un día negro para los veracruzanos”, dijo el diputado Héctor Hugo Bernal, del PAN, tras la aprobación de la iniciativa con 29 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones.

La iniciativa incluye un anexo de empresas y particulares con los que el gobierno de Javier Duarte tiene deudas que ascienden a 11,039 millones de pesos.

Tras la aprobación, el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, dijo que no permitirá la creación del fideicomiso, al que calificó como un “grave atraco”.

“No lo voy a permitir  (…) antes de que lo logren, soy capaz de desaparecer el impuesto del 3 por ciento a la nómina, porque no es justo que los veracruzanos hagan un esfuerzo para pagar impuestos y esta bola de pillos se lleven el dinero”, dijo.

Al dar su posicionamiento, los diputados del PAN rechazaron la iniciativa. El líder de la bancada panista, Julen Rementería, denunció que este anexo ha sido cambiado varias veces, restando o añadiendo empresas y cambiando por tanto el monto de los pasivos.

“No sabemos realmente si está justificado, quién les dice a ustedes que no existen ahí más empresas que no pueden acreditar la legalidad de su adeudo”, señaló el panista.

La iniciativa propone que el Fideicomiso Irrevocable de Administración de Cuentas Mandatadas (FIAD) concentre los recursos recaudados por el pago del impuesto local sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal y transferir estos recursos al Fideicomiso Irrevocable de Pago a Proveedores y Contratistas para el Saneamiento Financiero del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (FIDESAN).

Rementería señaló que se está dando un cheque en blanco al gobierno a través del artículo 4 transitorio que detalla que “el Comité Técnico del FIDESAN tendrá facultades para integrar, una vez analizada su procedencia, a nuevos pasivos circulantes que no se encuentren en el listado del Anexo Único”.

“Lo que está a punto de ocurrir aquí es un robo Veracruz”, añadió.

El Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación deberá celebrar dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del Decreto los contratos de Fideicomiso señalados e implementar todas las acciones necesarias para cumplir con la finalidad de este Decreto.

Los diputados panistas criticaron que ningún diputado del PRI subió a tribuna para defender la propuesta enviada por el gobierno de Duarte.

Solo la diputada Gladis Merlin aseguró que aunque es priista de cepa, votaría en contra del dictamen, pues dijo se debe “hacer la verdadera justicia social al pueblo veracruzano”.


“Es momento de pedir disculpas por las omisiones, es momento de pedir perdón pero con fortaleza y entereza”, dijo desde la tribuna.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/javier-duarte-veracruz-fideicomiso-adeudos-deuda/

Alza de homicidios en 2016, la mayor en seis años; van más de 10 mil personas asesinadas

Mayo y junio de este año son dos de los tres meses con el mayor número de homicidios de todo el sexenio. Lo acumulado en el primer semestre es el repunte más alto de asesinatos en seis años. Colima, Guerrero, Sinaloa y Morelos tienen la tasa más alta de asesinatos.

El primer semestre de 2016 cerró con el mayor incremento de homicidios de los últimos seis años en México. En junio se reportaron mil 666 homicidios dolosos –la tercera cifra mensual más alta de asesinatos desde finales del sexenio pasado–, sólo detrás de los mil 750 crímenes ocurridos un mes antes, en mayo, y los mil 668 homicidios de abril de 2013.

En total, de enero a junio de 2016 se registraron casi 9 mil 500 averiguaciones por homicidio doloso con un saldo de más de 10 mil personas asesinadas. Equivalen a un repunte del 15% de este delito respecto al mismo periodo de 2015, un alza que no se había registrado desde el sexenio de Felipe Calderón (2006–2012).

El antecedente de un incremento más alto de homicidios data del primer semestre del 2010, cuando se dispararon 30%. En el siguiente año, los casos crecieron 13%. Sin embargo, a partir de 2012 inició una tendencia a la baja que concluyó en el primer semestre de 2015, cuando hubo un ligero repunte menor al 1%.

El panorama en 2016 es distinto. El balance actualizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, confirman un incremento superior al 15% de este delito. Para ponerlo en proporción, de enero a junio de 2016 se han registrado mil 257 averiguaciones por homicidio doloso más que en el primer semestre de 2015.

Los homicidios perpetrados de enero a junio de 2016 dejaron como saldo 10 mil 301 víctimas. Es la cifra más alta desde 2014 cuando comenzó a darse a conocer esta estadística. En el primer semestre de 2015 el registro fue de 8 mil 979 personas asesinadas, y en 2014 de 9 mil 57 víctimas de homicidio.

El experto en temas de seguridad, Alejandro Hope, dijo en entrevista que junio fue el segundo mes con más víctimas de homicidio desde que se publica este registro, con mil 828 casos. Solo detrás de los mil 895 casos que se registraron en mayo, un mes antes.

“Esto nos confirma que se trata de un alza consolidada en el tema de los asesinatos. De hecho, si comparamos los primero seis meses de 2016 con los primeros seis meses del 2010 y excluimos al estado de Chihuahua que tenía una crisis tremenda en ese momento, es incluso mayor la proporción de homicidios”, detalló.

Consideró que estas cifras dejan en evidencia que el trabajo institucional realizado hasta ahora no ha sido suficiente, y que el descenso en los asesinatos de años anteriores pudieron deberse más a situaciones coyunturales que a una solución de fondo de esta problemática.


El top ten de la violencia

El primer semestre del año terminó con el estado de Colima a la cabeza en la tasa de homicidios dolosos del país. Dicha entidad acumuló 39 asesinatos en promedio por cada 100 mil habitantes. Esta proporción quintuplica la tasa nacional de asesinatos en el país, que es de 7.7 casos por 100 mil habitantes.

De enero a junio de 2016, Colima reportó 287 averiguaciones previas iniciada por homicidio dolosos. Para dimensionar esta cantidad, basta decir que en dicho estado no se había alcanzado este número de asesinatos en ningún año completo por lo menos desde 1997, el año más antiguo contemplado en el registro.

Guerrero tiene la segunda mayor tasa de homicidios en 2016: al menos 29 casos por cada 100 mil habitantes. Aunque ya no ocupa el primer sitio a nivel nacional, como había ocurrido en los tres últimos años, esto no implica que la situación en la entidad haya mejorado. De hecho, las mil 52 averiguaciones por homicidio de 2016 de este año son un incremento del 11.5 homicidios respecto a 2015.

Sinaloa es la tercera entidad con la mayor tasa de homicidios dolosos con 17.41 casos, y luego le sigue Morelos con 14.41 asesinatos y Baja California con 14.23. Todas estas entidades también registran un repunte en su número de asesinatos en comparación con el año pasado.

El top ten de los homicidios en el país lo completan los estados de Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Oaxaca y Sonora.

De acuerdo con Hope, el balance oficial deja en claro que el incremento de los homicidios dolosos en el país no es sólo un fenómeno aislado que esté ocurriendo en un solo estado, por lo que su causa tampoco se puede atribuir a un solo hecho focalizado.

Animal Político publicó el mes pasado que 23 estados del país registran en 2016 un incremento en el número de homicidios, mientras que en 2015 eran 17 los estados con un repunte. Esto significa que el fenómeno se ha ido generalizando.

¿A qué se debe este incremento en los homicidios del país? Hope explicó que si bien el gobierno federal ha tenido éxito en atacar las estructuras de liderazgo de los grupos del crimen organizado (100 de 122 objetivos prioritarios han sido detenidos o abatidos), esto no acaba con el problema

Puso como ejemplo el caso de Ciudad Victoria en Tamaulipas, donde la fragmentación de Los Zetas ha derivado en múltiples células criminales que ahora están enfrascadas en una disputa violenta por el control de “la plaza”. Esta violencia dejó por ejemplo, 23 personas asesinadas entre el 8 y el 15 de julio pasado en la entidad entre ellos nueve menores de edad.

“Tampoco podemos descartar como otro factor de violencia el incremento en la demanda de drogas en Estados Unidos, posiblemente de amapola, lo que origina una mayor disputa criminal por zonas de producción de estos estupefacientes. Pudiera ser el caos de Guerrero por ejemplo”, agregó el especialista.


Secuestros, la otra cara

Contrario al caso de los homicidios dolosos, las cifras de averiguaciones por secuestro mantienen una tendencia a la baja luego de que en 2013 se llegó a un nivel récord de este delito.

De enero a junio de 2016 los datos oficiales registran 707 averiguaciones previas por este delito, de las cuales 188 se han iniciado en la Procuraduría General de la República y 519 más en las distintas procuradurías y fiscalías estatales del país. Esto representa una baja de once por ciento en la incidencia de este delito respecto a 2015.

Tamaulipas, como ha ocurrido en los últimos dos años, es la entidad con la mayor tasa de secuestros del país. El primer semestre de 2016 cerró con un promedio de 1.59 plagios por cada cien mil habitantes, casi cuatro veces más que el promedio nacional que es de 0.42 plagios.

Tabasco cerró el primer semestre de este año con 1.37 secuestros por cien mil habitantes, la segunda tasa más alta del país. Luego le sigue Guerrero con una tasa de 1.20 casos y Morelos con 0.87 secuestros. El quinto sitio es del estado de México con un promedio de 0.78 secuestros, apenas por encima de Veracruz con un índice de 0.76 casos.


De acuerdo con Alejandro Hope, las cifras de secuestro tienen que tomarse con reserva, pues no hay certeza de la metodología utilizada por muchos estados para capturar estos casos, además de que hay una cantidad importante de plagios por los que no se inicia una averiguación previa a diferencia de los homicidios.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/alza-homicidios-2016-la-mayor-seis-anos-van-mas-10-mil-personas-asesinadas/