CIUDAD DE MÉXICO: Desde el pasado miércoles 20, una veintena de familiares de desaparecidos en distintos puntos del país decidieron efectuar un plantón frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) para exigir a las autoridades información puntual sobre las indagatorias que llevan a cabo sobre las víctimas.
Pese a que entre el grupo se encuentran personas de la tercera edad y mujeres con su salud quebrantada –a dos de ellas les detectaron zika y una más padece diabetes–, decidieron ocupar uno de los carriles de alta velocidad de Paseo de la Reforma, la más importante y simbólica vialidad de la capital. Así, en medio de condiciones precarias y de la lluvia, llevan dos días en plantón y en ayuno voluntario. El día más difícil fue ayer porque forcejearon con una muralla humana de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de la ciudad al tratar de ocupar otro carril.
A consecuencia de los empellones, dos mujeres tuvieron que ser trasladadas en autos particulares a la Cruz Roja de Polanco porque la policía –de tránsito– se negó a llamar a una ambulancia. Además otra madre presentó un coma diabético ya que durante la refriega los uniformados rompieron el frasco donde llevaba la insulina y no recibió la atención médica que solicitaron con urgencia durante todo el día.
Hoy por la mañana el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos, se reunió con una comisión de padres, sin alcanzar ningún acuerdo concreto, aunque personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) acudió al plantón de los familiares para levantar los registros de sus familiares y asignarles un defensor. Los manifestantes provienen de los estados de Guerrero, Michoacán, Veracruz, Colima, Sinaloa, Guadalajara y Querétaro. Todos tienen un denominador común: la pérdida de familiares y por esa razón decidieron trasladarse a esta ciudad para que la procuradora Arely Gómez y la (CEAV) atiendan sus demandas porque hasta ahora los ministerios públicos locales los han ignorado. El caso de Deyanira Chino Ocampo, una mujer procedente de Chilpancingo Guerrero, ilustra el infierno que viven los familiares de desaparecidos. Ella busca que las autoridades federales le practiquen pruebas de ADN y las comparen con uno de los dos cuerpos que fueron encontrados en una fosa clandestina en Mojileca, Guerrero, el pasado 24 enero. Por la ropa que hallaron junto a los restos, Deyanira identificó a su hija Saira Hernández Chino, desaparecida desde el 10 de marzo de 2015. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a esta ciudad, después de que las autoridades estatales adujeron que carecían de recursos para realizar las pruebas genéticas. Sin embargo, la SEIDO tampoco ha realizado las pruebas. Chino Ocampo recuerda que otras madres ya habían acudido antes a la PGR sin encontrar eco a sus demandas. La persistencia de Deyanira por encontrar a su hija ha sido tal que ya sufrió las consecuencias. Uno de sus hijos fue levantado por un comando, luego de exigir justicia de manera insistente en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero. No menos difícil es el trance que ha vivido Laura Nolasco, cuyo padre, el biólogo Alejandro Nolasco Orta, se encuentra desaparecido desde mayo pasado. Ella sólo pide a la PGR la apertura del expediente de su progenitor, levantado por un comando después de solicitar la intervención de especialistas para supervisar el proyecto de construcción de una planta de fertilizantes en la laguna de Topolobampo, uno de los humedales más importantes del país. En general, la principal demanda del grupo que se encuentra en plantón frente a la sede de la PGR es que las autoridades los atiendan, que la Comisión Especializada en Atención a Víctimas los reconozca como parte afectada. “No han indemnizado a ninguna mamá, no han hecho un solo pago por reparación del daño, qué se está haciendo con ese presupuesto millonario?”, dicen. También solicitan que se continúe con la extracción de cuerpos de fosas clandestinas en el estado de Guerrero que los propios familiares han localizado en los alrededores de Chilpancingo.
Margarita López Pérez, del estado de Guerrero, cuenta su historia. Dice que el 13 de abril de 2011 desapareció su hija Yajaira Bahena López en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Dos años después, prosigue, le entregaron el cuerpo y dio sepultura a su hija. Sin embargo, menciona que hace poco recibió una notificación del Ministerio Público de Guerrero en el sentido de que el FBI había realizado pruebas genéticas al cuerpo que demostraban que no se trataba de su hija. La noticia le cayó como plomo, pues ni siquiera tenía conocimiento de que la agencia estadounidense conservaba restos de su hija, “sólo reabrieron la herida”, dice. FUENTE: PROCESO. AUTOR: DIANA ÁVILA. LINK: http://www.proceso.com.mx/448209/madres-desaparecidos-heridas-abiertas
Luego de pasar nueve meses en el penal de El Altiplano, porque así lo solicitó el Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, el profesor Othón Nazariega fue liberado este día tras pagar una fianza. Con esta suman tres liberaciones de líderes magisteriales en una semana.
La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó que Othón Nazariega Segura, uno de sus líderes detenidos en octubre de 2015, fue liberado este día. El abogado del magisterio en Oaxaca, Jerónimo Martínez Ambrosio, informó que Othón Nazariega pagó una fianza, con trabajo jurídico, para lograr su libertad, después de permanecer nueve meses en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, Estado de México, por petición del Gobernador Gabino Cué Monteagudo. Nazariega fue detenido, junto con Roberto Abel Jiménez y otros dos docentes, el 28 de octubre de 2015 acusado de los delitos de robo calificado, lesiones, ataque a instalaciones estratégicas del país, así como el bloqueo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de destrozos cometidos en oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) durante sus protestas contra la Reforma Educativa. El fin de semana, el secretario de finanzas de la Sección 22, Aciel Sibaja, detenido el pasado 14 de abril, y el profesor Roberto Abel Jiménez fueron liberados tras pagar una fianza. La Procuraduría General de la República (PGR) los acusaba por lavado de dinero de más de 25 millones de pesos, tentativa de homicidio y robo calificado con violencia.
La liberación es “muestra de que las consecuencias de la mal llamada reforma educativa, van solucionándose gracias a las movilizaciones que mantenemos junto a padres en nuestros sectores y regiones del estado y el país”, consideró el magisterio disidente. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/22-07-2016/3070974
Con este nuevo emplacamiento, el Gobierno de Javier Duarte estaría en condiciones de captar unos mil 500 millones de pesos ante el incremento del padrón vehicular en el estado, que se estima cercano al millón y medio de unidades. De acuerdo con documentos, en poder de BlogExpediente, la Dirección General de Autotransporte Federal de la SCT le dan el visto bueno a la Secretaría de Finanzas, en su solicitud de “series para placas metálicas y calcomanías de identificación vehicular”. La dependencia a cargo de Antonio Gómez Pelegrín ha asegurado que la solicitud es para garantizar “la suficiencia de placas” en el estado.
Documentos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) confirman que el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa sí va por una nueva emisión de placas vehiculares, con lo que estima obtener recursos millonarios. Esos recursos se sumarían a los que obtendrá con lo aprobado ayer por los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados del Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal) en el Congreso de Veracruz, quienes lograron imponer su mayoría para dar luz verde a dos fideicomisos para el pago de pasivos del Gobierno del Estado, que usarán el 3 por ciento del impuesto del impuesto sobre la nómina pagado por los empresarios. Los documentos, en poder de BlogExpediente, son una correspondencia entre la Dirección General de Autotransporte Federal de la SCT y el Secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín, donde le dan el visto bueno a la solicitud de “series para placas metálicas y calcomanías de identificación vehicular”. Este sería el segundo reemplacamiento que el Gobierno de Duarte intentaría aplicar. A mitad de sexenio quiso aplicar uno, pero los veracruzanos lo rechazaron. El intercambio de información pone de manifiesto el plan de Javier Duarte de Ochoa por dar una última estocada a los veracruzanos y sacar hasta el último centavo que pueda antes de entregar el gobierno el próximo 1 de diciembre.
El 14 de julio pasado, en dos comunicados, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) rechazó que haya un proyecto para reemplacar, como había acusado el Gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares.
“El Gobierno del Estado, a través de la SEFIPLAN, cumple con responsabilidad sus atribuciones fiscales, y de ninguna forma toma acciones para afectar a la siguiente administración estatal (con un nuevo emplacamiento).
“El ejercicio que ha estado realizando esta Secretaría es asegurar que exista la suficiencia de placas disponibles para el mantenimiento y control adecuado del Programa de Ordenamiento Vehicular vigente”, dijo la Sefiplan en uno de los dos comunicados emitidos para desmentir el asunto.
Con este nuevo emplacamiento, el Gobierno de Javier Duarte estaría en condiciones de captar unos mil 500 millones de pesos ante el incremento del padrón vehicular en el estado, que se estima cercano al millón y medio de unidades. El documento que se cita, fue elaborado el pasado 17 de marzo en las oficinas centrales de la SCT, en Calzada de las Bombas, Col. Los Girasoles, de Coyoacán, y le marcan copia a la dirección General Adjunta de Normas y Especificaciones Técnicas y de Seguridad del Autotransporte y a la Dirección de Normatividad . Marcado con el folio 4251-404-2016, asunto, “asignación de series”, Finanzas lo recibió y marcó de recibido el pasado 28 de marzo, entregado a las 11:38 en el despacho de Gómez Pelegrín. En su contendido, la SCT le otorga la “serie para las placas metálicas y calcomanías de identificación vehicular de diversos servicios para el Gobierno del Estado de Veracruz”. Así, para automóvil privado, se emiten las series y numeraciones XYA-001-A a XZU-740-C, disponibles para 921 mil 818 unidades. Para camión privado, XF-0001-A a XH-8794-G, existentes para 528 mil 742 unidades de esa naturaleza; y para autobús privado: 01-XFA-01 a 19-XFA-58 para mil 840. En total, son un millón 450 mil 550 unidades por las que el gobierno podría cobrar unos mil 500 millones de pesos, y a los cuales podría allegarse antes de entregar la administración al Gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares. Este acuerdo, según versiones, también será sacado por la aplanadora priísta, aprovechando los últimos meses de poder que le resta a la bancada del PRI para cumplir una de las últimas órdenes del gobernador. Para dar legalidad a la nueva disposición del gobernador, el documento de la SCT cita la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-200, del 2001; en donde “se establecen las características, especificaciones, técnicas y colores de las placas metálicas y calcomanías de identificación vehicular”. En el remate: “Comunico a usted que esta Unidad Administrativa estima procedente la utilización de las series a continuación detalladas con los totales para los servicios solicitados, los cuales corresponden a un rango de una nueva conformación de series para el gobierno del estado de Veracruz, de donde podrán ir utilizando las series según sus necesidades de acuerdo a la normatividad vigente, por lo que deberá de ajustarlo a su sistema de control vehicular”.
LAS DEUDAS DE DUARTE: SALUD, POLICÍA, OBRAS… De acuerdo con un informe del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), entregado al Congreso de Veracruz, y al cual el medio Blog Expediente tuvo acceso, diversas dependencias del Gobierno de Duarte de Ochoa tienen deudas por miles de millones. El Gobierno de Veracruz adeuda 400 millones 146 mil pesos a medios de comunicación, periodistas, agencias informativas, diarios locales y nacionales, publicistas y encuestadoras que Javier Duarte de Ochoa busca se liquiden con recursos del 3 por ciento a la nómina. El manejo de la publicidad por parte del Gobierno de Veracruz no ha sido cosa pequeña. Cuando Gina Domínguez asumió la responsabilidad como directora de Comunicación Social con la administración de Javier Duarte, esa oficina apenas tenía un presupuesto de 50 millones de pesos. Así consta en la Ley de Egresos para el estado de Veracruz 2011. En cambio, el mismo documento, para el 2016, dice que esa Coordinación ejercerá 304 millones de pesos, de los cuales, 124 millones serían destinados a difusión de la obra del Gobierno del Estado. Por su parte, Arturo Bermúdez Zurita pronto dejará la Secretaría de Seguridad Pública sumida en el descrédito… y con una deuda de al menos 1 mil 450 millones de pesos. La dependencia a su cargo adeuda facturas por energía a la Comisión Federal de Electricidad, las del agua potable para las comandancias en las ciudades más importantes, la comida para los policías, las botas, los uniformes, las municiones; e incluso le debe sumas millonarias a Telcel, a las abastecedoras de comida y al Instituto de Pensiones del Estado, a quien le adeudan 35 millones de pesos. Es más: le debe hasta a la Marina Armada de México.
Tampoco la Secretaría de Salud se ha salvado del colapso del Gobierno de Javier Duarte. Esa dependencia tiene deudas con proveedores por 1 mil 287 millones 709 mil 535 pesos lo que la convierte en la tercera más endeudada de la entidad y todo apunta que esto se debe al mal manejo de los recursos públicos. Los dos ex secretarios de Salud de Javier Duarte de Ochoa, fueron dados de baja del Gobierno estatal por presuntas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, y sus acciones mantienen colapsado al sistema de salud veracruzano con la falta de medicamentos en clínicas y hospitales, carencia de equipo especializado para tratamientos médicos, doctores y enfermeras sin base y mal pagados, y lo peor, hospitales que no están terminados, son el puro cascarón. Entre las deudas que la SSa mantiene con proveedores, destaca la registrada con Tiendas Soriana, cercana a los 500 millones de pesos, siendo así el proveedor al que más se le debe en todo el esquema del Gobierno del estado.
Por otra parte, el sexenio de Javier Duarte se ha caracterizado por el arranque de obra, la colocación de la primera piedra, pero no por la entrega. En tanto, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) veracruzana debe a contratistas y proveedores facturas por 1 mil 148 millones 637 mil 896 pesos. Entre la deuda registrada resaltan 299 millones 774 mil pesos de “obras varías para los Juegos Centroamericanos” de América y el Caribe celebrados en 2014. Se trata de obras en Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Xalapa, Tuxpan , Veracruz y Boca del Río, en donde se acondicionó o construyó infraestructura deportiva como canchas, estadios, un velódromo (Xalapa) y pistas para patinaje. FUENTE: SIN EMBARGO/BLOG EXPEDIENTE. AUTOR: REDACCIÓN/ IGNACIO CARVAJAL. LINK: http://www.sinembargo.mx/22-07-2016/3070757
La organización Familias Unidas, que agrupa a familiares de víctimas de desaparición en Coahuila, prepara una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad en Coahuila. La abogada de la asociación, Ariana Denise García Bosque, detalló que la demanda es en contra de los perpetradores, pero también de los funcionarios públicos que tienen responsabilidad por omisión, como son los hermanos Humberto y Rubén Moreira. Recientemente, Sergio Aguayo, académico del Colegio de México, fue demandado por el ex Gobernador Humberto Moreira por difamación. Por su parte, el también articulista sostuvo que el trasfondo es precisamente una investigación que realiza sobre lo sucedido en Allende.
El ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés enfrenta nuevas acusaciones por la masacre de Allende. La documentación sobre las desapariciones forzadas llevadas a cabo durante su gestión y la de su hermano Rubén Moreira Valdez será llevada ante la Corte Penal Internacional (CPI) antes de que acabe el año por Familias Unidas, una asociación que agrupa a familiares de las víctimas. Ariana Denise García Bosque, representante legal de la Asociación, detalló que los testimonios de un juicio en Texas se sumarán a la documentación de la asociación en la denuncia internacional. “Podríamos hablar de un hecho aislado, en donde no necesariamente una persona de la función pública tuviera la obligación de ver lo que está sucediendo, pero hablando de estos hechos tan terribles como los de Allende o la denuncia que se hizo ante el Estado con la Comisión de Derechos Humanos diciendo la ilegalidad del GATE [Grupo de Armas y Tácticas Especiales] podríamos aventurarnos y decir que sí se podría deducir una responsabilidad”, dijo la activista. En días pasados, Rodrigo Humberto Uribe Tapia, un ex miembro del cártel de Los Zetas, acusó que altos funcionarios de la administración del Gobernador Humberto Moreira recibieron dinero del cártel a cambio de operar con libertad. Las declaraciones fueron presentadas durante un juicio en Texas en contra del supuesto líder Zeta Marciano Millan Vázquez. Los pagos se hicieron a través de Vicente Chaires Yañez, asistente personal de Moreira, y de Jesús Torres Charles, ex Procurador estatal, según la declaración del testigo difundida por el diario estadounidense San Antonio Express News. Sobre Allende, familias de las víctimas y organización han acusado que fueron Los Zetas, ayudados por la omisión de las fuerzas de seguridad pública local, quienes perpetraron en los municipios de Allende y Piedras Negras la masacre y desaparición de hasta 300 personas. A la fecha sólo han sido reconocidas 28 desapariciones y 11 asesinatos, por parte de las autoridades. La denuncia en la que trabaja García Bosque desde hace tres años no será la primera que se presente por el caso Allende ante la CPI. Esta semana el aspirante a Gobernador, Armando Guadiana Tijerina, presentó una demanda por delitos de lesa humanidad ante la Corte de La Haya.
“Habría que ver si la Corte decide hacer una acumulación en determinado momento y tomar las dos vertientes”, dijo García.
La mayoría de desapariciones en Coahuila fueron realizadas en grupo, detalló Blanca Martínez Bustos, integrante de la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos, hace un mes y durante la presentación del informe “Atrocidades innegables” de Open Society. Para muestra un botón, dijo, pues el Centro Juan de Larios registró entre el 2007 y el 2015 un total de 494 personas desaparecidas, agrupadas en 164 casos.
En entrevista con SinEmbargo, García Bosque explicó por qué se puede decir que los Gobiernos de los hermanos Moreira cometieron desapariciones forzadas: —¿Cómo están documentando la información de desapariciones forzadas? —Tenemos tres años trabajando. Sabemos de antemano que presentar una denuncia de esa naturaleza en la CPI no se trata sólo de ir a decir que está pasando algo. Al día de hoy tiene más sustento lo que estamos trabajando, porque es de todos sabido que en Estados Unidos hay un juicio, en contra de una persona que tiene presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Ya se recopiló la totalidad de los documentos que se necesitaban, de los testimonios y ahorita estamos trabajando para presentar todo esto ante la CPI. —¿Qué testimonios incorporan y qué relación tendrá el juicio con la denuncia?
—Tenemos lo vertido y que es público, a través de diferentes publicaciones como el San Antonio Express News. Y, obviamente, los archivos que se convierten en públicos del juicio. Tenemos testimonios donde aparecen nombres que son de personas que nosotros registramos como desaparecidas. Es por eso que se vincularía este testimonio con lo que ha acontecido en el estado. Además, tenemos casos desde el 2007, pese a que la asociación empezó a trabajar en el 2013. Se han acercado a nosotros personas que tenían temor de denunciar la desaparición, a raíz del reproche de la propia autoridad, de hacerlos desistir, con la consigna de que si denunciaban podía suceder algo peor. —¿Tienen ustedes registrado algún indicio de ocultamiento u alteración de los casos de desapariciones por parte de las autoridades estatales?
—Han sido dos ocasiones en las que el estado ha manejado teorías de lo que supuestamente aconteció en Allende. La primera de ellas fue en el 2014 con un hallazgo de hasta 4 mil fragmentos de osamentas, de acuerdo con la versión del Procurador. Públicamente dijeron que estos fragmentos eran imposibles de cotejar con el ADN de sus familias. No pasaron ni 15 días, cuando ya teníamos publicaciones en las que les estaban entregando los restos a las familias. Pero más allá de eso, el Gobernador del estado [Humberto Moreira] en una entrevista pública reconoció que no eran restos sino que se les había entregado tierra del lugar de los hechos, e hicieron una justificación de que esto había sido una entrega simbólica a petición de las familias. Lo que preguntamos fue que si esto era una entrega simbólica por qué también se han estado entregando actas de defunción.
—¿De cuántos actas estaríamos hablando? —Se hace presumible, por información de quien aquel entonces era Subprocurador en el área de no localizados, de que se trataba de 11 casos. —¿Y cuántos testimonios integrarán la denuncia que presentarán ante la CPI? —No podríamos dar una cifra en cuanto a los testimonios, porque de un solo caso podrían desprenderse varios testimonios. Aquí el punto es que hablamos de dos etapas en las que se han perpetrado desapariciones en el estado. Una es el desafortunado caso de Allende en donde se empiezan a perpetrar desapariciones desde el 2009, aunque no es sino hasta el 2012 cuando se habla del terror que implementaron estos grupos criminales. Y a partir del 2013, tenemos otro tipo de desapariciones, documentadas por nosotros como desaparición forzada y que fueron perpetradas por el Grupo de Armas y Tácticas Especiales [GATE] del Gobierno del Estado, que ahora se denomina Fuerza Coahuila. —¿Cómo operaba el GATE?
—El detalle es que realizaron detenciones arbitrarias, después de eso mantenían oculta a la persona. Los testimonios que se desprenden aseveran que privaban de la libertad a una persona. La familias salían a las instituciones a buscarlos, para ver si se encontraban detenidos en alguna celda, y encontraban una negativa. A veces pasaban hasta tres o cuatro días para que las familias pudieran tener conocimiento de dónde estaban. A esto se le llama desaparición forzada, porque es una desaparición, seguida por el ocultamiento de una persona, y sus perpetradores fueron directamente una corporación policial. Tenemos 15 personas aún no localizadas [15 de 85 casos de desaparición forzada]. —¿Qué sucedió con los que sí aparecieron? —Las demás, al se encontrados, tenemos testimonios vivos de que fueron objetos de tortura por parte de esa corporación. Esta corporación llamada GATE no tenía sustento legal cuando comenzó a operar. Se habla de su creación desde el 2009, y para el 2015 esta corporación no había sido reconocida dentro de un marco jurídico. Que omite la ley orgánica de la Comisión estatal de Seguridad, porque no existía. Posterior a ello, pues hacen un cambio de denominación llamarle a esa corporación Fuerza Coahuila. —Tanto las presuntas desapariciones cometidas por la GATE, como las de Allende se cometieron durante el Gobierno de Humberto Moreira y del actual Gobernador Rubén Moreira. ¿La denuncia tendrá alguna implicación para ellos?
—Obviamente, aquí hablamos de una participación de los perpetradores. Pero también hablamos que de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado, todos los funcionarios superiores: es decir, Gobernador, Secretario de Gobierno, Procurador y Comisionado de Seguridad, todos tienen responsabilidad por omisión. Ellos estaban obligados por ver y velar por la seguridad de todos los ciudadanos del estado. Resulta a veces imposible de creer que estas personas no se dieron cuenta jamás de lo que estaba sucediendo. Entonces, cabría una posibilidad de responsabilidad para los funcionarios. Ya en su momento cada instancia tendría que advertir si sí o no, de acuerdo a las obligaciones de cada funcionario. Y ver si tenía la obligación o el deber de saber lo que estaba sucediendo.
—¿Cómo influirá la denuncia ya presentada por un aspirante a Gobernador Armando Guadiana a la que ustedes pueda presentar? —Supongo que es un proceso muy aparte. Desconozco exactamente los rubros que están manejando en esa denuncia. Nosotros estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Los más evidentes son homicidio, tortura y desaparición forzada. Existe la participación de un ente del Estado, concretamente, de los directivos del centro penitenciario. Esto va documentado en la denuncia por los manejos que han hecho el estado. Tomando en cuenta la pura declaración del estado en cuanto este supuesto error de que se introdujeron personas al centro penitenciario y que ahí fueron calcinadas. Se habla de un número de hasta 150 personas. Habría que ver si la Corte decide hacer una acumulación en determinado momento y tomar las dos vertientes. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ. LINK: http://www.sinembargo.mx/19-07-2016/3069074
CHIHUAHUA, Chih: El gobernador César Horacio Duarte Jáquez se ha empeñado en desestabilizar las dependencias de gobierno e instituciones educativas. Busca dejar un caos a la administración entrante, de acuerdo con integrantes de la Alianza Ciudadana, grupo que impulsó la candidatura del panista Javier Corral Jurado a la gubernatura. Las denuncias de empleados de gobierno y del Tribunal Superior de Justicia se incrementaron en las últimas semanas, y también aumentó la violencia, principalmente en Ciudad Juárez y la capital del estado. Las organizaciones no gubernamentales y personas que conforman Alianza Ciudadana llamaron a los chihuahuenses a no pagar la revalidación vehicular sino hasta después del 4 de octubre, una vez que el panista rinda protesta, para castigar económicamente al gobierno actual ante los altos niveles de deuda que deja. “Considerando que el gobierno de César Duarte y el Congreso del estado a él sometido han endeudado irresponsable y desmesuradamente a los chihuahuenses, que los tres poderes del estado se han sumido en la corrupción y en el dispendio de los recursos públicos y que ha ignorado al pueblo de Chihuahua, la Alianza Ciudadana convoca a la desobediencia civil del pueblo”, lanzaron en redes sociales. A través del perfil de Facebook de Alianza Ciudadana, la activista Elvira Villarreal, el actor local Ernesto Medina y la abogada Éricka Mendoza llamaron a tampoco pagar impuestos en lo que resta de la actual administración. Luego de que Corral lanzara la página en internet denunciachihuahua.mx para que los ciudadanos y principalmente empleados de gobierno denuncien las anomalías que vean durante la transición de gobierno, se han recibido acusaciones, a través del portal y directamente ante Alianza Ciudadana, de que en las dependencias gubernamentales se está liquidando gente que no es afín al equipo cercano de Duarte y se está basificando a personas que sí lo son. Para el catedrático Enrique Rascón, integrante de Alianza Ciudadana, a este movimiento “le causan ruido” las últimas declaraciones del secretario de gobierno, Mario Trevizo Salazar, quien aseguró que la acción de inconstitucionalidad presentada por el gobierno federal contra el gobernador César Duarte y el Congreso del estado no procederá. La impugnación fue presentada el pasado 11 de julio, luego de que en Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz se crearan fiscalías anticorrupción antes de que a escala federal se aprobara la ley secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción. “No somos especialistas en derecho, pero es una aberración el hecho de que el gobernador tenga el poder de nombrar al fiscal anticorrupción, es el mismo vicio del sistema corrupto y corruptor, porque el nuevo fiscal tendría una dependencia directa del corrupto. Esa iniciativa, que fue presentada por el gobernador, trae todos los agravantes para la premeditación, alevosía y ventaja, como la analogía del sistema federal que nombró a Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública”, precisa Rascón. Agrega que el responsable de la auditoría “debe tener todos los dientes para señalar” y llevar procesos de penalización y castigo contra quienes generan daños al patrimonio de los chihuahuenses: “Hay una indignación pública en los ciudadanos, ante una propuesta de ese tipo, por los señalamientos históricos de que todavía haya defensores de la conducta de Duarte.” El exhorto a no pagar la revalidación vehicular es una iniciativa de la Alianza Ciudadana, pero el universitario también conminó a no pagar fotomultas y otros impuestos, hasta después del 4 de octubre, una vez que Javier Corral sea gobernador. Otra de las medidas que alarma al gobierno entrante es que en junio del año pasado el gobierno estatal firmó un convenio con la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para afiliar a los trabajadores de las 13 unidades de la Universidad Tecnológica del Estado de Chihuahua, lo que podría significar un daño a las finanzas de la entidad, ya que esto implica 70% de incremento en el pago de prestaciones. Esa iniciativa fue impulsada por César Duarte, el exsecretario de Educación y Cultura Marcelo González Tachiquín y el secretario general saliente de la Sección 8, Alejandro Villarreal Aldaz. La Sección 8 eligió este viernes a la nueva secretaria general, Rosa María Hernández Madero, y desde la dirigencia desactivaron otras dos planillas no afines a Villarreal. A la nueva lideresa le otorgaron una clave de subdirectora de secundarias estatales generales E0341, con efectos retroactivos desde enero, lo que viola la Ley del Servicio Profesional Docente, denunció el personal disidente de la misma dirigencia. En la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) varios funcionarios que han sido parte del gobierno duartista –entre éstos, el primo del gobernador, Horacio Jurado Medina, quien fue director administrativo de la institución–, denunciaron presuntos actos de corrupción, pero también los denunciantes han sido señalados por irregularidades. Enrique Rascón, quien además denunció penalmente actos ilegales en la Facultad de Contaduría y Administración, señaló que la institución también fue afectada por el gobernador, quien se entrometió para destituir al anterior director e imponer a la actual, Liliana Álvarez, esposa de uno de los 13 magistrados del Tribunal Superior del Estado… también impuestos por el gobernador e impugnados por diferentes abogados. Irregularidades hasta el fin El lunes 11, vecinos del fraccionamiento Bosques del Valle dieron a conocer que, alrededor de las 14:00 horas, ingresó en varias ocasiones una camioneta blanca con cajas etiquetadas que correspondían a licitaciones de 2014 y de 2015. Por la noche, aún llegaron llamadas de más vecinos, que alertaron sobre el hecho, ocurrido presuntamente en la casa de Roberto Anchondo de las Casas, secretario particular del rector, Enrique Seáñez Sáenz. Esa misma noche se registró un incendio en el relleno sanitario. El Cuerpo de Bomberos tardó alrededor de 12 horas en sofocarlo, generó contaminación y la ciudadanía no tardó en advertir que podría tratarse de un hecho intencional para quemar los documentos de diferentes dependencias estatales. Al día siguiente, las autoridades municipales culparon del siniestro a un indigente. Las elecciones para designar al nuevo rector, paralelamente, fueron pospuestas porque se realizarían durante el proceso electoral, y el Congreso local aprobó posponerlas para este agosto. “El Consejo Universitario es como un congreso en pequeño, pero además, en este momento, la gente de la universidad tiene terror a manifestarse y expresar a quién apoya. Quienes tienen el control férreo han advertido a los trabajadores que o los moverán de puesto o los correrán si no apoyan al candidato oficial, y ahora están por entregar cargas académicos a los maestros. Con eso los mantienen sometidos”, asevera Rascón.
El catedrático urgió a enviar una señal de que el poder impune se acabó y de la importancia de salir a manifestarse abiertamente, porque los niveles de corrupción en la UACh “han llegado a altos niveles”. FUENTE: PROCESO. AUTOR: PATRICIA MAYORGA. LINK: http://www.proceso.com.mx/448246/cesar-duarte-cierre-broche-lodo
ARTEAGA, Mich: La Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado informó que un grupo de sujetos armados ejecutó anoche a cinco integrantes de una familia en la comunidad de San José de Los Pinos, en este municipio. Se trata de Esteban C., María de la Luz T., y sus hijos Felipe, Griselda y Francisco. El cuarto hijo, Andrés C., resultó lesionado en una pierna por un proyectil de arma de fuego. De acuerdo con un pariente de las víctimas, individuos fuertemente armados llegaron hasta el domicilio y, sin mediar palabra, dispararon sus armas y luego se dieron a la fuga.
Agustín Carstens Carstens, gobernador del Banco de México (Banxico), recordó en entrevista con Quartely Americas que después de la crisis de 1976 la necesidad de estabilizar al país era evidente. Décadas después, la economía mexicana sigue sin crecer al ritmo necesario para reducir la pobreza. Un sistema financiero más robusto podría “fácilmente” añadir un punto porcentual por año al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el funcionario. Sin embargo, especialistas consultados por la revista consideraron que la corrupción también la ha frenado.
Ciudad de México, 22 de julio: La economía de México ha crecido aproximadamente solo un 2 por ciento en los últimos años. No es una tragedia, pero no es el ritmo necesario para reducir la pobreza y es menor a la meta de entre 5 y 6 por ciento planteada por el Presidente Enrique Peña Nieto, expuso Quartely Americas. Si la economía mexicana ha sido dirigida por años por un tecnócrata brillante como Agustín Carstens Carstens, el gobernador del Banco de México (Banxico), ¿por qué no crece más rápido?, cuestionó la publicación. “El problema de guiar un país que está progresando, que puede desarrollarse completamente para toda la sociedad sin dejar a nadie atrás, bueno, es un gran reto”, respondió Carstens, una de las autoridades económicas más respetadas en el mundo financiero. “Es un reto que no hemos resuelto y será difícil. Estamos trabajando en eso”, añadió quien fue uno de los candidatos a dirigir el Fondo Monetario Internacional (FMI) hace un par de años. Se define a sí mismo como parte de “la generación de los 12.50”, es decir, antes de que en 1976 el ex Presidente Luis Echeverría decidiera liberar la cotización del peso frente al dólar. Después vino la devaluación de la moneda mexicana que hundió al país en una terrible década donde la deuda se disparó, se nacionalizaron los bancos, la inflación llegó a los tres dígitos y fracasó la creación de suficientes empleos para los jóvenes. “La necesidad de estabilizar al país era evidente”, dijo en la entrevista con Quartely. “Lo que se hizo bastante evidente fue que había muchas necesidades sociales en México”, recordó. “Tal vez los instintos de algunos políticos que estaban tratando de satisfacer esas necesidades sociales eran válidos. Pero al final del día hay restricciones en el presupuesto. Esas restricciones no pueden ser ignoradas, y, bueno, si son ignoradas puede haber consecuencias muy perjudiciales, ¿verdad?”. Carstens y sus compañeros de generación egresados del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) han dirigido la economía mexicana desde la década de los 80. “Incluso en la alternancia de diferentes partidos políticos en el poder, el grupo de tecnócratas en la Secretaría de Hacienda y el banco central se ha mantenido igual en gran medida. Bajo su mirada, México ha logrado una estabilidad que la ‘generación de 12.50’ solo pudo haber soñado. La inflación ha estado en alrededor del 4 por ciento por años. La deuda pública es manejable y las tasas de interés están bajas. México escapó de la gran crisis financiera del 2008-2009 sin quiebra de bancos”, documentó el texto. La receta es clara: apoyo del Estado, política monetaria cautelosa y una buena integración con la economía mundial. Sin embargo, ¿México es demasiado tenue para proveer las necesidades básicas?, ¿por qué no hace las grandes inversiones en educación o infraestructura necesarias para reducir la pobreza?
“Un sistema financiero más robusto podría ‘fácilmente’ añadir un punto porcentual por año al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a lo largo del tiempo”, afirmó el gobernador del banco central.
Banxico estima que México crecerá este año en un rango de entre 2 y 3 por ciento. Por su parte, Fernando Aportela Rodríguez, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, dijo a la publicación que el camino hacia un ritmo de crecimiento más rápido radica en parte en la implementación de las reformas estructurales como la energética y la de telecomunicaciones. Los cambios fiscales han ayudado a disminuir la dependencia al petróleo, que en 2012 aportó el 39 por ciento de los ingresos y en 2015 solo el 20 por ciento ante los bajos precios del barril, añadió.
Sin embargo, Alejandro Poiré, ex Secretario de Gobernación, aseguró que la corrupción y los monopolios han continuado siendo las barreras del crecimiento.
El economista Luis de la Calle, quien participó en el diseño e implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, estuvo de acuerdo. Los estados cercanos a la frontera Estados Unidos, con instituciones relativamente sólidas y expuestos a la economía mundial, han estado creciendo más rápido que el 4 por ciento esta década, dijo a Quartely Americas. Otras entidades, menos conectadas con altos niveles de corrupción y víctimas del crimen organizado apenas crecen.
Si los mexicanos tienen que seguir esperando una mayor recompensa –o si pueden optar por un cambio más sustancial con en el siguiente Gobierno federal “es una pregunta abierta, pero Carstens pide paciencia”. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/22-07-2016/3070010
El Delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Edgar Durón Puente, aseguró que las políticas nacionales marcan que los niños continúen sus estudios, ya que si se les permite el acceso al trabajo, sería una forma de evitar que regresen a la escuela. Al cumplir con la mayoria de edad están en su pleno derecho de trabajar.
De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y la reforma del Presidente de la República Enrique Peña Nieto, no es viable que niños de 15 años y menores de esta edad, puedan laborar, ya que la finalidad es que no deserten de la escuela, indicó el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Edgar Durón Puente. Dijo que a partir de los 18 años están en su pleno derecho, y aunque algunos sectores como el de la agricultura ha sostenido pláticas con estas autoridades para plantear la posibilidad de que esta propuesta se pueda aprobar, no es posible sino hasta la mayoría de edad. Lo anterior luego de que un empresario de la agroindustria manifestó la necesidad de brindar trabajo a menores para que puedan apoyar en la economía de sus familias, pues muchos de ellos no pueden continuar sus estudios debido a que no hay mayores ingresos y esa sería una manera de poder contribuir de forma temporal bajo ciertas características. Durón Puente aseguró que las políticas nacionales marcan que los niños continúen sus estudios, ya que si se les permite el acceso al trabajo, sería una forma de evitar que regresen a la escuela.
“Está legislado en artículo 123 y Ley Federal del Trabajo se reforma en una fase de erradicar el trabajo infantil, aparte de ser una actividad destacada como peligrosa para los menores también puede constituir una deserción escolar, es decir los menores pueden desviarse hacia la calle a ganar dinero y dejar su formación, y eso implica también que el talento humano y la mano de obra no sea calificada porque se requiere de estudios y no los tienen por contar con una relación laboral y ganar dinero”, explicó. FUENTE: SIN EMBARGO/PULSO. AUTOR: REDACCIÓN/AIMEE TORRES. LINK: http://www.sinembargo.mx/22-07-2016/3070629
Familiares presentes en el “Foro Internacional sobre Tortura y Desaparición Forzada y cometida por Particulares” denunciaron que la actual administración de Gobierno le dio la espalda a la búsqueda de los 27 mil desaparecidos en el país. Las autoridades no han sido capaces de ofrecer garantías para que estos delitos vuelvan a suceder. Y es más, no les conviene, apuntaron activistas.
Ciudad de México, 22 de julio: Familiares de desaparecidos lamentaron que el denominador común de las desapariciones en México sea la falta de acciones de seguimiento por parte de las autoridades de justicia. Luchadores sociales sostuvieron que aún en las desapariciones cometidas por particulares hay una responsabilidad de las autoridades, que se han coludido en algunos casos con el crimen, y otras han omitido su labor de resguardar a la ciudadanía.
“Hay una línea delgada porque hoy en día hay una confabulación muy fuerte entre las autoridades. Es decir, no hay un estado donde no la delincuencia organizada exista y esté sola. Como lo estuvo en Iguala, donde toda la estructura de la policía y del Ayuntamiento pertenecía a Guerreros Unidos”, dijo Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinollan.
Esta implicación de los partidos políticos y las autoridades de los niveles estatal y federal dentro del caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa generan un esquema de “marcrocriminalidad” que afecta a las víctimas, apuntaló Rosales Sierra durante el “Foro Internacional sobre Tortura y Desaparición Forzada y cometida por Particulares”. Michael Chamberlin, representante del Centro de Derechos Humanos Fray Juan Larios, detalló que en algunos casos el Ejército goza de mayor impunidad en los casos de cometimiento de desapariciones forzadas, que el que puedan llevar a cabo autores particulares.
“El Ejército en México está creado para atacar a al sociedad civil, considerada el enemigo. Lo vemos ahora: el que el Ejército no quiera abrir sus cuarteles es un desafío a la democracia”, dijo en referencia al caso de los normalistas, desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014.
Representantes de organizaciones civiles coincidieron que el caso de los 43 puso en el ojo público un fenómeno que abarca a más de 27 mil familias, quienes aún esperan saber dónde están sus hijos, sus padres, sus madres, sus hermanos y hermanas. INVESTIGACIONES A DESTIEMPO Lucía Baca, madre del ingeniero desaparecido Alejandro Alfonso Moreno Baca, refirió que a pesar de que se realizan foros con numerosas recomendaciones al Gobierno, las familias no ven muestras de avances. “Desafortunadamente todo es a destiempo. Investigaciones que solicitamos hace cinco años cinco meses que tiene mi hijo de desaparecido son muy lentas, a destiempo y cuando se realizan ya no tienen la efectividad que se amerita. Parece ser, y por la experiencia que tenemos que todo se hace a propósito. Porque como familias hemos sido constantes en las visitas con la autoridad para que busquen a mi hijo, entonces, es mínimo el avance”, refirió. Moreno Baca, fungía como ingeniero de IBM, cuando desapareció el 27 de enero del 2011, en el tramo de la carretera de Nuevo Laredo a Monterrey. Se presume que fue llevado después de ser detenido en un retén del grupo Los Zetas. “Se logra que las autoridades hagan una línea de investigación pero no se concreta. Uno va a todas las instancias, porque no todas tienen la capacidad, y nunca hemos podido que las autoridades trabajen de forma coordinada. Antes nuestra queja era de porque no se unían. Pero tal parece que se hace a propósito. Le hemos dado resultado en Nuevo León y aquí en el Distrito Federal”, dijo la madre. Después de mucho batallar, refirió, un acta circunstanciada pudo volverse averiguación previa en al Procuraduría General de la República. Pese a que la dependencia ofreció un millón de pesos para quien ofreciera información, hasta ahora el caso permanece inmóvil. El ingeniero Moreno Baca viajaba con dirección a Texas a bordo de un Mazda color rojo. Partió de la Ciudad de México, y tras una breve parada con un amigo en Monterrey, emprendió nuevamente su camino. Lo esperaban conocidos en Nuevo Laredo, pero ya no se hizo presente.
“No he encontrado a mi hijo, la gran mayoría de las familias lo que más deseamos es encontrarlos, ese es el motivo de que andemos con autoridades de todos los órdenes. Hemos tratado de que con la nueva Ley se escuchen las necesidades de la madres. Sin embargo, lo que más nos interesa es que se lleven a cabo y no sean letra muerta”, refirió.
MANTO DE IMPUNIDAD Teresea Vera Alvarado, quien busca a su hermana Minerva Vera Alvarado, desaparecida el 29 de abril del 2006, en el municipio de Matías Romero, Oaxaca. En el Ministerio Público de Matías Romero no ha encontrado la respuesta que esperaba, por lo que se ha dado a la tarea de recorrer la república, para hallar más pistas que la lleven hacia su familiar. Como lo fue su última visita a las fosas de Tetelcingo, Morelos, donde 117 cuerpos fueron exhumados de una fosa clandestina de la Fiscalía estatal.
“Lo que hay es impunidad. No hay claridad en las autoridades de buscar a nuestros desaparecidos. Por falta de voluntad política y ellos se tapan las espaldas porque hay colusión. No quieren reconocer que existe esta violencia. Lo vemos en Oaxaca y muchas partes”, expuso.
Los familiares de desaparecidos esperan ser incluidos en la próxima discusión para expedir la Ley General de Desapariciones Forzadas. “Estamos pidiendo que se nos incluya, que se nos tome en cuenta para que todos los asuntos que lleve esa Ley tenga la participación de las víctimas“, dijo Teresa Alvarado.
SIN REPARACIÓN INTEGRAL María Guadalupe Fernández Martínez ha pasado los últimos siete años buscando a su hijo, quien se desarrollaba como ingeniero de la empresa constructora ICA Fluor Daniel. Desapareció el 25 de enero del 2009 en Monclova, Coahuila. “En mi caso. Acudimos de inmediato a denunciar a un ser querido. Pero lejos de ayudarnos pusieron por delante una serie de trabas burocráticas. Se ha insistido que se priorice la búsqueda. Lo hacemos esperanzados en que haciendo uso de ello puedan encontrar a nuestros familiares. Pero a hasta el día de hoy la ayuda ha sido a familiares ricos”, expuso frente al auditorio del Foro. Tres hombres con armas de fuego sorprendieron al Robledo después de estacionarse enfrente de una venta de autopartes. Le exigieron las llaves del vehículo y subir de vuelta a la camioneta. Desde entonces Guadalupe Fernández ha emprendido una gestión incansable para que las autoridades busquen el paradero de su hijo. En su momento Martínez refirió que la recompensa que ofreció la PGR a quien diera información sobre su hijo, no fue correctamente difundida por las autoridades a los medios de comunicación. Cinco personas han ido a la cárcel por este caso, incluyendo dos ex compañeros de trabajo de Robledo.
“Así como yo, miles de personas pululan en todo el país buscando a sus seres queridos. La mayoría sin atreverse a denunciar por miedo. La mayor parte de los casos están como secuestro, aunque nunca se pidió rescate. Toda víctima tiene derecho a una reparación integral. Cosa que no ha sucedido porque todos los días, cada dos horas, desaparece una persona en este país. De qué sirven las leyes si no se aplican cuando es necesario”, dijo la madre.
ALTOS MANDOS
Patricia Manzanares, madre de Juan Hernández Manzanares, elemento de la Policía Federal, quien desapareció el 20 de febrero del 2011 en Nuevo León, destacó que existe un estigma en contra de todos los elementos de las fuerzas de seguridad pública. “Mi hijo desaparece dentro de un hotel, con 300 federales, con gente de la Policía de Investigación, a la una de la mañana, cuando él a esas horas estaba hablando por teléfono con una amiga”, dijo la madre. Cuando Patricia se acercó al hotel le entregaron la billetera de su hijo, algo que le pareció sospechoso porque él nunca salía sin ella del edificio. La madre dijo que muchos de los altos mando mantienen acuerdos con el crimen organizado. Les entregan a los más jóvenes a cambio de beneficios.
“Lo cierto es que las autoridades no investigan nada, y no estamos hablando de los policías de abajo, sino los de arriba”, dijo la madre.
TIERRA BLANCA, Ver: Una tenue llovizna acompañó el cortejo fúnebre desde la casa del periodista Pedro Tamayo Rosas hasta el camposanto de este municipio bautizado como “La Novia del Sol” y desde hace algunos años territorio de la delincuencia organizada, sea de Los Zetas, del Cártel Jalisco Nueva Generación o bien de células criminales independientes. Alrededor de un centenar de amigos de Tamayo –conocido como “Thor” en el ámbito policiaco– acudieron a despedir al reportero, custodiados por una veintena de policías estatales, ministeriales y de la Gendarmería Nacional. Decenas de coronas y arreglos florales vistieron la última morada.
“Malditos los que te hicieron eso. Eras mi niño tan hermoso… que amabas tu trabajo, me quitaron mi corazoncito”, gritaba desconsolada la madre de La madre de Pedro, Socorro Rosas, quien una y otra vez besaba el cristal del ataúd donde estaba el cuerpo de su hijo. “Vamos a enterrar a tu hermano, a mi niño”, decía Socorro mientras abrazaba al menor de sus hijos. Con la mirada extraviada, los ojos secos de tanto llorar, Alicia Bielsa, la esposa del periodista, reprochaba ante las cámaras de televisión las declaraciones del fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, quien horas antes dijo en la radio que Tamayo tenía “vínculos” con organizaciones criminales. “Se están diciendo muchas cosas que no son ciertas”, apuntó. Un día después de la muerte del reportero, personeros del gobierno de Javier Duarte circularon boletines sin firma donde aseguraban que Pedro Tamayo era “apadrinado” del Cártel Jalisco Nueva Generación y tenía multipropiedades. A la casa de la víctima llegaron representantes de medios internacionales y nacionales, además de sus amigos de medios regionales, para documentar las condiciones humildes en las que vivía el periodista número 19 asesinado en el gobierno de Duarte. The New York Times, AP, AFP, Proceso, El Universal, Televisa, Sin Embargo, Blog Expediente, Liberal del Sur y Crónica de Xalapa fueron algunos de los medios que asistieron al cortejo fúnebre de Pedro Tamayo. “Pedro era consciente de los riesgos que corría… Como él decía, siempre vivió en la línea de fuego. Con su ausencia esta región pierde una voz, una luz que informaba en medio de un ambiente criminal”, señaló Ignacio Carvajal, jefe de información de El Liberal del Sur y amigo personal de Tamayo. Subrayó, asimismo, que el periodista de La Voz de Tierra Blanca y El Piñero de la Cuenca era sumamente comprometido con las causas sociales, y siempre solidario. De acuerdo con sus colegas, la “criminalización” que se quiere hacer del periodista es con el ánimo de expiar culpas y lavar errores por parte del gobierno de Duarte y de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), pues Tamayo es el primer reportero asesinado que contaba con “medidas cautelares de protección” por parte de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas y de la SSP. Al culminar el entierro y los honores religiosos, comerciantes, familiares y periodistas depositaron sus ofrendas y lanzaron un reclamo unánime: “Que se haga justicia”.
Con policías estatales y municipales bajo investigación, la Fiscalía General del estado dispuso para la familia de Pedro Tamayo un sistema de videovigilancia y un botón de pánico, además de una red de contactos seguros, aplicaciones de seguridad y una guardia permanente por parte de la Policía Ministerial y Fuerza Civil. FUENTE: PROCESO. AUTOR: NOÉ ZAVALETA. LINK: http://www.proceso.com.mx/448277/despiden-a-periodista-asesinado-en-veracruz-vivio-siempre-en-la-linea-fuego-dicen-amigos
CHILPANCINGO. Gro: Por segunda ocasión consecutiva, en el puerto de Acapulco fue encontrado un narcomensaje dirigido al gobernador Héctor Astudillo Flores y el fiscal en la entidad, Xavier Olea Peláez, donde los acusan de recibir dinero y no cumplir con el acuerdo de liberar al presunto líder de la pandilla denominada Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), David Analco Palma El Deivid.
En esta ocasión, el hecho se registró ayer por la noche en plena avenida costera Miguel Alemán, la principal vía turística del puerto, a la altura de la playa Papagayo donde las autoridades encontraron un taxi abandonado y en su interior un perro desmembrado que fue dejado en bolsas negras. El hecho provocó la movilización de policías y militares al pensar que se trataba de restos humanos y al revisar la escena también encontraron un mensaje que textual dice:
“Señores autoridades, señor gobernador Astudillo, señor fiscal Xavier Olea, no han cumplido con el acuerdo, bien que recibieron dinero de la señora Clara Elena Laborin Archuleta. El acuerdo es que suelte a nuestro comandante David Analco Palma y si no lo cumplen haremos un desmadre en plena Costera como lo hicimos cuando agarraron a nuestro mando Fredy del Valle, El Burro”. Luego, remata con la siguiente advertencia: “Mataremos turistas, rafaguearemos bares, sitios de taxis y esta vez no va a ser un animal muerto en la bolsa, será un turista. Te tengo ubicado Xavier Olea, atentamente los Beltrán Leyva”. En esta semana, el fiscal Olea dio a conocer que las autoridades prevén un recrudecimiento en la ola de violencia que persiste en el puerto de Acapulco debido a que este domingo vence el plazo para que un juez de primera instancia determine la situación legal de El Deivid, quien es acusado por autoridades ministeriales por delitos del fuero común luego de que un juez federal liberó al presunto jefe criminal al no encontrar elementos para procesarlo por delincuencia organizada y narcotráfico. Este lunes, un comando atacó a balazos la sede de la Notaría 19, propiedad del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado, ubicada en el fraccionamiento Costa Azul, en el puerto de Acapulco. Además, los sicarios dejaron dos cartulinas con mensajes donde acusan al gobernador Héctor Astudillo Flores, así como al fiscal en la entidad, Xavier Olea Peláez, y al propio Robespierre Robles, de recibir dinero y “no cumplir con el acuerdo” de liberar a David Canek Palma Analco El Deivid, señalado como presunto líder de una facción del grupo delictivo denominado Cártel Independiente de Acapulco (CIDA). Desde hace varias semanas, Robespierre Robles, el influyente notario público 19 que fue designado por el gobernador Astudillo como presidente del TSJ, ha sido vinculado públicamente con el narco, específicamente lo relacionan con el empresario Joaquín Alonso Piedra El Abulón, quien es identificado como el lavador de activos del cártel de los Beltrán Leyva en el puerto de Acapulco, refieren informes oficiales. A pesar de las acusaciones, el gobernador Astudillo ha minimizado el hecho argumentando que se trata de presiones de la delincuencia en contra de las autoridades por la lucha contra el narco. Incluso, el mandatario ha desestimado la grave incidencia criminal que ubican a la entidad en los primeros sitios en homicidios dolosos, tan solo durante su administración se han registrado más de mil 500 ejecuciones en diferentes puntos de la entidad.
Un video muestra el momento en que un empleado del Municipio de Jaral del Progreso, Guanajuato, jalonea por el cuello a otro que supuestamente acababa de ser despedido y que se negaba a abandonar las oficinas gubernamentales.
Benito Ireta, Oficial Mayor de Jaral del Progreso, jaloneó y provocó heridas a un empleado que presuntamente se negaba a abandonar las oficinas de la dependencia luego de que el Alcalde José Alberto Vargas Franco lo despidiera. En el video que evidencia la agresión de Benito Ireta en contra del ex funcionario Martin Quesada Ramírez, quien laboraba en catastro como notificador. El hombre es sacado a la fuerza de la dependencia por el propio Oficial Mayor, que se excede en sus funciones al momento de rodear con la mano derecha el cuello del Quesada y con el cuerpo lo comienza a aventar. Mientras esto sucedía, la Regidora del PRD Carmen Rivera, quien al parecer es quien graba el momento, le exige al Oficial Mayor que se comporte y dé el ejemplo, sin embargo el agresor la ignora y jala de la mano al empleado para tratar de sacarlo, sin conseguirlo. En algún momento el Oficial Mayor dio un aventón a la regidora mientras esta le pedía que parara. Según trascendió, este hecho se dio después que el Alcalde despidió al empleado, quien se negó a salir de la dependencia, y el Oficial Mayor llegó para sacarlo.
AGREDIDO REQUIRIÓ SUTURA Por su parte, Martin Quesada Ramírez fue llevado a tratar sus heridas a una clínica particular, donde le dieron siete puntadas por la herida. ALCALDE AMENAZA A REGIDORA DEL PRD, TRAS DEFENDER AL EMPLEADO Tras defender al empleado municipal, la regidora del PRD Carmen Rivera fue amenazada por el Alcalde, José Alberto Vargas Franco, “Si yo le pego, él también me pega a mí, con tal de que me calle”, pero no lo podemos permitir. “Fue la (Policía) Ministerial al hospital donde él (empleado), estaba, yo me fui a hablar con el Alcalde y me dijo que no pasara las fotos porque al final de cuentas él iba a sacar al señor (Martin), que si yo le “pegaba” a él (Alcalde), él me iba a “pegar” a mí, como amenazando. “Yo le dije a mí me puedes hacer lo que quieras, pero yo esto como autoridad no lo avalo, porque la presidencia no nos pertenece, nosotros no somos dueños. Si yo le pego, él también me pega a mi, con tal de que me calle, esto no lo podemos pasar por alto” explicó la regidora. Inclusive explicó que el Alcalde le informó que el Oficial Mayor ya tenía una acta administrativa, pero lo que piden es que el funcionario quede fuera de la administración menciona, ‘esa persona no pierde estar dentro de la presidencia” En la opinión de Carmen Rivera no había motivo para despedir al empleado, “solo porque estaba hablando con un panista”. “Sin ningún motivo lo sacó, el día de ayer el Alcalde me dijo que este señor (Alcalde) se iba ir porque había estado platicando con una persona panista supuestamente y que a lo mejor estaba sondeando información adentro de la administración, yo le comentaba desde ayer que si tenía pruebas, me dijo que tenía una fotografía, se la pedí que me la mostrará, no la tuvo” explicó. Este día el Alcalde le preguntó a la regidora que cómo “quedaban”, a lo que la regidora le pidió que mostrara pruebas porque a cada rato despedía personal y entraban personas que “no saben ni agarrar una computadora”. El Alcalde le dijo que “él era el que mandaba”, al final le informó que el empleado lo liquidarían al cien por ciento después de doce años. La edil habló con el empleado de lo que informó el Alcalde, a lo que Martin cuestionó por qué (lo despedían) si no había hecho nada. No había elementos para correrlo, sostiene, el empleado quedó en las oficinas de predial luego de checar su llegada, porque no tenía ninguna baja de su trabajo y se esperó. Minutos después a la perredista le avisaron que el Oficial Mayor, Benito Ireta, llegó y lo sacó, “sin más el Oficial Mayor que se sentía con más poder con el Alcalde y solo entró y lo sacó a golpes” en la trifulca, Ireta le lesionó un dedo de la mano, que tuvo que recibir atención médica donde le dieron 7 puntadas por la herida. “Le pregunté, ¿lo vas a matar o lo quieres matar? y él, (el oficial mayor) me dice que sí, hasta aquí llegaste. ¿Cómo se sale el señor si lo trae del cuello ahorcando?” aseveró La regidora.
Al final Protección Civil trasladó al empleado a una clínica particular donde lo atendieron. VIDEO:
