El modelo propuesto por la SEP incluye de nuevo la promesa de mejorar la infraestructura educativa; en años previos se invirtieron millones para lograr esa meta, y las carencias de agua, luz y drenaje siguen latentes.
En el documento sobre el nuevo modelo educativo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) muestra fotografías de alumnos y maestros trabajando en escuelas con pisos de mosaico y laboratorios equipados; sin embargo, la propuesta de formar a un alumno “para el siglo XXI” se enfrenta con una realidad distinta en el país: cuatro de cada diez escuelas no tiene drenaje, tres no tienen agua y una carece de luz eléctrica y sanitarios, según un censo del INEGI.
Se trata de una promesa vieja si se toma en cuenta que tanto la actual como la pasada administración han invertido millonarias cantidades para mejorar la infraestructura de las escuelas, pero las carencias siguen latentes y no hay una adecuada rendición de cuentas de los recursos utilizados para ese fin.
En el sexenio del presidente Felipe Calderón se rehabilitaron 57 mil 303 escuelas de educación básica, lo que significa un 24% de los 236 mil planteles; para llegar a ese número implementaron tres programas: “Mejores Escuelas”; “Mejores Espacios Educativos” y “Escuelas Modelo”, según datos de su último informe de gobierno.
En el presente sexenio, la SEP lanzó el programa “Escuela Digna” y fue sustituido por “Escuelas al Cien”.
Para el primero hubo una inversión de 3 mil 300 millones de pesos en 2014, pero según el estudio elaborado por la organización Gestión Social y Cooperación AC., fue uno de los 43 programas considerados como “la caja negra del gasto social Federal” de entre 161 analizados, debido a “que no proveen la información mínima necesaria para poder estimar su desempeño”.
El secretario de Educación, Aurelio Nuño, presentó el programa “Escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura Escolar Nacional)” que operará entre 2015 y 2018, con una inversión que ascenderá a 50 mil millones de pesos.
Sólo para 2016 la meta es rehabilitar 16 mil 419 planteles de los 33 mil que se atenderán en la administración.
Para Alma Maldonado, investigadora de Educación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), en este tema hay dos problemas: el abandono de los gobiernos estatales respecto al tema del mantenimiento de las escuelas, y la falta de rendición de cuentas sobre los programas de infraestructura.
Derivado de la descentralización educativa de 1994, los gobiernos estatales se hicieron cargo de sus sistemas educativos; sin embargo, en la realidad no invierten en el mantenimiento de los plantes.
Los gastos son absorbidos por los padres de familia.
“Los estados no se hacen cargo de sus propias escuelas, hay irresponsabilidad y desorganización”, asegura Maldonado.
Mientras que con los programas federales “son grandes inversiones, pero con poco seguimiento”.
El nuevo modelo educativo contra la realidad
El nuevo modelo educativo, presentado por el secretario Nuño el jueves pasado, plantea como uno de los componentes de la reforma curricular la “infraestructura necesaria” para propósitos culturales y recreativos.
La realidad dista de los hechos. No sólo no existe infraestructura para actividades artísticas, sino que en 41 mil 400 escuelas se carece de mobiliario para maestros y en 28 mil 980 para alumnos.
Aún así, para desarrollar el nuevo modelo curricular, la SEP recomienda que exista “mobiliario suficiente y adecuado”, como mesas que puedan ser fácilmente movibles y sillas cómodas.
Esto, porque los estudiantes deben ser capaces de realizar actividades de aprendizaje activo y colaborativo de alumnos y docentes; además, las escuelas deben tener espacios “convenientes para promover las actividades de exploración científica, las artísticas y las de ejercicio físico”.
El nuevo modelo propone que para el taller de convivencia escolar se deben propiciar espacios para el desarrollo de las emociones y aprendizajes creativos. Aunque la SEP reconoce que la mayoría de las escuelas no cuentan con esa infraestructura, propone que los directores acuerden con las autoridades municipales utilizar espacios como “alberca, gimnasio, teatro o algún otro espacio semejante” del municipio.
Y “si una escuela cuenta con infraestructura podrá facilitar su uso a los alumnos de otras escuelas cercanas”. Mientras que los planteles que cuenten con recursos federales podrán utilizarlos para rentar dicha infraestructura.
El estudiante del siglo XXI, según la SEP, debe tener habilidades que lo coloquen a la par que alumnos de otros países, pero solventar las carencias tan básicas como la infraestructura de las escuelas es una responsabilidad del Estado. Una obligación incumplida hasta el momento.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/la-sep-promete-de-nuevo-mejorar-las-escuelas-de-mexico/
miércoles, 27 de julio de 2016
El IMSS solapó a un médico que abusó sexualmente de una paciente: CNDH
Aunque el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comprobó con una investigación interna que un médico abusó de una paciente en la CDMX, no inició una acción penal y sólo aplicó un descuento salarial.
A pesar de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comprobó, mediante una investigación interna, que uno de sus médicos cometió abuso sexual en contra de una paciente del Hospital de Gineco-Obstetricia 3-A Magdalena de las Salinas, Ciudad de México, esta institución no inició ninguna acción penal ni administrativa en contra del doctor, y sólo lo sancionó con un descuento de 20 días de aguinaldo.
La historia es la siguiente: El 8 de junio de 2015, una paciente de 31 años de edad acudió al Hospital, tras presentar “inflamación pélvica”, “dolor en las piernas, fiebre y escalofríos”.
Tras dos días de internamiento, uno de los médicos (cuyo nombre se mantiene en reserva) acudió a la habitación de la paciente, y cometió distintos actos lascivos, usando como pretexto que debía realizarle un “tacto vaginal”.
Durante el procedimiento, el médico rozó uno de los pezones de la paciente con la mano, le tocó una nalga, y luego “introdujo los dedos en su zona genital, realizando dos movimientos de afuera hacia adentro”.
De manera simultánea, el médico cuestionó a la paciente acerca de su vida sexual, insistiendo en si solía mantener “relaciones orales” y “por el culito”. Ante la protesta de la paciente, ante los tocamientos y preguntas inadecuadas del médico, éste sólo argumentó que se trataba del “procedimiento habitual”.
La paciente no permitió que el médico continuara con las agresiones y protestó por la situación ante uno de los médicos directivos del hospital del IMSS –cuyo nombre también fue omitido–, quien defendió el proceder de su subordinado, aduciendo que “sólo hacía su trabajo”.
Debido a la inconformidad presentada por la paciente, el Departamento de Relaciones Laborales y Presupuestación de la Delegación Norte del IMSS inició una investigación en contra del médico, y un mes después de los hechos, en julio de 2015, la institución determinó sancionar al doctor implicado en abuso sexual “con 20 notas de demérito (…) equivalentes al descuento de 20 días de aguinaldo”.
Según el IMSS, el comportamiento fue inadecuado pero “no constituye en sí una conducta delictiva”, y con ese argumento sólo aplicó el descuento a manera de sanción.
Luego de realizar su propia investigación, la CNDH concluyó que es “imperante” que sobre estos hechos se presente una denuncia ante la Procuraduría General de la República, “para definir si las conductas analizadas son constitutivas de delito”.
Para la CNDH, este médico “incumplió sus obligaciones de actuar con legalidad, honradez, lealtad y eficiencia”, por lo que, además de ser denunciado penalmente, debe enfrentar un “procedimiento de responsabilidad” dentro del IMSS.
Por el momento el IMSS tiene 30 días para aceptar o desechar las exigencias de la CNDH; de aceptarla tendría que iniciar el procedimiento de responsabilidad y presentar la denuncia ante la PGR.
ACTUALIZACIÓN:
El IMSS respondió a esta nota enviando en redes sociales la liga de un comunicado que dice lo siguiente:
“El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dará cabal cumplimiento a la Recomendación 34/2016, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sobre un caso en el cual se cometieron presuntas prácticas indebidas en la atención médica de una paciente, por parte de un trabajador adscrito al Hospital de Gineco-Pediatría No. 3-A del IMSS, “Magdalena de las Salinas”, en julio de 2015.
Cabe señalar que al tener conocimiento de los hechos, el IMSS tomó diversas medidas preventivas y correctivas, a fin de evitar hechos similares, además de haber impuesto sanciones al personal involucrado.
No obstante, la Dirección General del IMSS instruyó a la Dirección Jurídica y a la Delegación Norte en la Ciudad de México a dar estricto cumplimiento conforme a la ley a todos los puntos contenidos en la recomendación, así como reforzar la capacitación al personal institucional en materia de derechos humanos y con perspectiva de género, con apego a las normas nacionales e internacionales”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/imss-solapa-a-medico-que-abuso-sexualmente-de-una-paciente/
A pesar de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comprobó, mediante una investigación interna, que uno de sus médicos cometió abuso sexual en contra de una paciente del Hospital de Gineco-Obstetricia 3-A Magdalena de las Salinas, Ciudad de México, esta institución no inició ninguna acción penal ni administrativa en contra del doctor, y sólo lo sancionó con un descuento de 20 días de aguinaldo.
La historia es la siguiente: El 8 de junio de 2015, una paciente de 31 años de edad acudió al Hospital, tras presentar “inflamación pélvica”, “dolor en las piernas, fiebre y escalofríos”.
Tras dos días de internamiento, uno de los médicos (cuyo nombre se mantiene en reserva) acudió a la habitación de la paciente, y cometió distintos actos lascivos, usando como pretexto que debía realizarle un “tacto vaginal”.
Durante el procedimiento, el médico rozó uno de los pezones de la paciente con la mano, le tocó una nalga, y luego “introdujo los dedos en su zona genital, realizando dos movimientos de afuera hacia adentro”.
De manera simultánea, el médico cuestionó a la paciente acerca de su vida sexual, insistiendo en si solía mantener “relaciones orales” y “por el culito”. Ante la protesta de la paciente, ante los tocamientos y preguntas inadecuadas del médico, éste sólo argumentó que se trataba del “procedimiento habitual”.
La paciente no permitió que el médico continuara con las agresiones y protestó por la situación ante uno de los médicos directivos del hospital del IMSS –cuyo nombre también fue omitido–, quien defendió el proceder de su subordinado, aduciendo que “sólo hacía su trabajo”.
Debido a la inconformidad presentada por la paciente, el Departamento de Relaciones Laborales y Presupuestación de la Delegación Norte del IMSS inició una investigación en contra del médico, y un mes después de los hechos, en julio de 2015, la institución determinó sancionar al doctor implicado en abuso sexual “con 20 notas de demérito (…) equivalentes al descuento de 20 días de aguinaldo”.
Según el IMSS, el comportamiento fue inadecuado pero “no constituye en sí una conducta delictiva”, y con ese argumento sólo aplicó el descuento a manera de sanción.
Luego de realizar su propia investigación, la CNDH concluyó que es “imperante” que sobre estos hechos se presente una denuncia ante la Procuraduría General de la República, “para definir si las conductas analizadas son constitutivas de delito”.
Para la CNDH, este médico “incumplió sus obligaciones de actuar con legalidad, honradez, lealtad y eficiencia”, por lo que, además de ser denunciado penalmente, debe enfrentar un “procedimiento de responsabilidad” dentro del IMSS.
Por el momento el IMSS tiene 30 días para aceptar o desechar las exigencias de la CNDH; de aceptarla tendría que iniciar el procedimiento de responsabilidad y presentar la denuncia ante la PGR.
ACTUALIZACIÓN:
El IMSS respondió a esta nota enviando en redes sociales la liga de un comunicado que dice lo siguiente:
“El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dará cabal cumplimiento a la Recomendación 34/2016, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sobre un caso en el cual se cometieron presuntas prácticas indebidas en la atención médica de una paciente, por parte de un trabajador adscrito al Hospital de Gineco-Pediatría No. 3-A del IMSS, “Magdalena de las Salinas”, en julio de 2015.
Cabe señalar que al tener conocimiento de los hechos, el IMSS tomó diversas medidas preventivas y correctivas, a fin de evitar hechos similares, además de haber impuesto sanciones al personal involucrado.
No obstante, la Dirección General del IMSS instruyó a la Dirección Jurídica y a la Delegación Norte en la Ciudad de México a dar estricto cumplimiento conforme a la ley a todos los puntos contenidos en la recomendación, así como reforzar la capacitación al personal institucional en materia de derechos humanos y con perspectiva de género, con apego a las normas nacionales e internacionales”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/imss-solapa-a-medico-que-abuso-sexualmente-de-una-paciente/
Estudiantes argentinos se unen a Madres de Plaza Mayo: convocan a rechazar visita de EPN
La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) expresó su rechazo a la visita del Presidente Enrique Peña Nieto a Argentina, que se realizará el próximo 29 de julio. El mismo día las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, junto a otras organizaciones civiles pidieron al Presidente Mauricio Macri “un posicionamiento firme” contra las violaciones a los derechos humanos en México.
La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) se pronunció en contra de la visita del Presidente Enrique Peña Nieto a Argentina y convocó a una movilización en contra del mandatario mexicano.
Los estudiantes argentinos publicaron en la pagina de Facebook de la Federación un cartel donde señalan a Peña Nieto como “asesino de docentes y estudiantes”.
La FUBA convocó el próximo 29 de julio, día en el que arriba Peña Nieto a Argentina, a las 10 de la mañana a una movilización en rechazo al Presidente de México, en la Plaza de Mayo.
En la imagen publicada aparece Peña Nieto y Mauricio Macri estrechándose la mano y se puede leer: Fuera Peña Nieto de Argentina, asesino de docentes y estudiantes.
Esta movilización se suma al rechazo que expresaron las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, junto a otras organizaciones civiles quienes reclamaron al Presidente Mauricio Macri “un posicionamiento firme” contra las violaciones a los derechos humanos en México.
A través de una carta dirigida al mandatario argentino, las madres de los desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983) y las abuelas que buscan a sus nietos robados en ese período manifestaron que “cualquier decisión del Gobierno argentino respecto a sus relaciones con México exige un posicionamiento firme sobre las graves violaciones que allí están ocurriendo”.
Las Abuelas de Plaza de Mayo y la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo mencionaron puntualmente el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y recordaron que “a pesar de que el Gobierno mexicano se niega a reconocerlo, varios informes de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos han dado cuenta de que el caso de Ayotzinapa evidencia un patrón de violaciones y absoluta impunidad que hoy caracteriza a México”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-07-2016/3072333
La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) se pronunció en contra de la visita del Presidente Enrique Peña Nieto a Argentina y convocó a una movilización en contra del mandatario mexicano.
Los estudiantes argentinos publicaron en la pagina de Facebook de la Federación un cartel donde señalan a Peña Nieto como “asesino de docentes y estudiantes”.
La FUBA convocó el próximo 29 de julio, día en el que arriba Peña Nieto a Argentina, a las 10 de la mañana a una movilización en rechazo al Presidente de México, en la Plaza de Mayo.
En la imagen publicada aparece Peña Nieto y Mauricio Macri estrechándose la mano y se puede leer: Fuera Peña Nieto de Argentina, asesino de docentes y estudiantes.
Esta movilización se suma al rechazo que expresaron las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, junto a otras organizaciones civiles quienes reclamaron al Presidente Mauricio Macri “un posicionamiento firme” contra las violaciones a los derechos humanos en México.
A través de una carta dirigida al mandatario argentino, las madres de los desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983) y las abuelas que buscan a sus nietos robados en ese período manifestaron que “cualquier decisión del Gobierno argentino respecto a sus relaciones con México exige un posicionamiento firme sobre las graves violaciones que allí están ocurriendo”.
Las Abuelas de Plaza de Mayo y la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo mencionaron puntualmente el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y recordaron que “a pesar de que el Gobierno mexicano se niega a reconocerlo, varios informes de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos han dado cuenta de que el caso de Ayotzinapa evidencia un patrón de violaciones y absoluta impunidad que hoy caracteriza a México”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-07-2016/3072333
Duarte anuncia que publicará su declaración patrimonial; dice no temer a la “guerra de lodo”
La PGR inició una serie de averiguaciones para determinar si el Gobernador de Veracruz y su círculo más cercano de familiares y colaboradores han incidido en la comisión del delito de uso de recursos públicos para fines personales. Por ello, la dependencia investiga las propiedades de los indagados, por lo que ha solicitado a diferentes dependencias de gobierno información al respecto. Luego de darse a conocer la noticia, Duarte de Ochoa dijo que hará pública su Declaración Patrimonial y que celebra la investigación de la Procuraduría
El Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, expresó el día de hoy que hará pública su Declaración Patrimonial luego de que se diera a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación de carácter patrimonial que lo involucra a él y a sus allegados más cercanos.
“Hoy haré pública mi Declaración Patrimonial que demuestra que los ataques en mi contra son producto de una guerra de lodo”, expresó Duarte vía Twitter.
Asimismo, el funcionario manifestó no tener nada que ocultar, ya que según él, “me he dedicado a servir y a cumplir con mi responsabilidad. No he tenido ni tengo prestanombres”, publicó en redes sociales.
De acuerdo con el diario Reforma, la PGR solicitó a la Dirección General de Catastro y Valuación de Veracruz información “con carácter de urgente y confidencial” sobre las propiedades que poseen el Gobernador y su circulo de familiares y colaboradores.
El medio de circulación nacional detalla que la Procuraduría instó a la dependencia estatal la información correspondiente a los antecedentes catastrales de 69 personas físicas y morales, entre las que se cuenta a la esposa de Duarte, Karime Macías Tubilla; su madre, Cecilia de Ochoa Guasti; su hermano, Daniel Duarte de Ochoa, y su suegra, María Virginia Yazmín Tubilla Letayf.
Asimismo, la lista de indagados incluye al concuño del Gobernador, José Armando Rodríguez Ayache, y del primo de su esposa, Jorge Fernando Ramírez Tubilla, otrora Subsecretario de Ingresos de su administración.
Además, Reforma menciona que en seguimiento al expediente FED/SEIDF-UEIDFF-VER/0000691/2016 de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (Seidf) de la PGR, la dependencia encabezada por Arely Gómez también solicitó documentación catastral de dos equipos de béisbol: los Cafeteros de Córdoba y los Rojos del Águila de Veracruz.
También, la PGR investiga las propiedades en Veracruz de otros funcionarios públicos, entre los que se cuenta al delegado federal de la Secretaría de Economía (SE) José Antonio Chara Mansur, quien es vinculado con 13 propiedades en Woodlands, Texas; así como al Edil de Alvarado y Gerardo Bonilla Suárez, Octavio Manuel Ruiz Barroso, quien funge como encargado del Velódromo de Xalapa.
Finalmente, el medio nacional citado menciona que el 5 de julio pasado el Gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, informó que sus abogados sumaron dos acusaciones en contra de Duarte por el desvío de recursos públicos.
La primera acusación fue presentada ante la Fiscalía de Lavado de Dinero de la PGR y refiere al uso de recursos del erario para la compra de bienes en el País y en el extranjero por parte de los operadores de Duarte.
La segunda delación fue presentada ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y denuncia un caso de evasión fiscal, en el que supuestamente 22 “empresas fantasmas” fueron creadas al inicio de la administración de Duarte para justificar pago de contratos por 654 millones de pesos.
Antes esto, Duarte expresó en Twitter que celebra la participación de la PGR “en la investigación derivada de la ridícula denuncia que presentó en mi contra M. Yunes. La verdad nos hará libres” (sic), expresó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-07-2016/3072315
El Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, expresó el día de hoy que hará pública su Declaración Patrimonial luego de que se diera a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación de carácter patrimonial que lo involucra a él y a sus allegados más cercanos.
“Hoy haré pública mi Declaración Patrimonial que demuestra que los ataques en mi contra son producto de una guerra de lodo”, expresó Duarte vía Twitter.
Asimismo, el funcionario manifestó no tener nada que ocultar, ya que según él, “me he dedicado a servir y a cumplir con mi responsabilidad. No he tenido ni tengo prestanombres”, publicó en redes sociales.
De acuerdo con el diario Reforma, la PGR solicitó a la Dirección General de Catastro y Valuación de Veracruz información “con carácter de urgente y confidencial” sobre las propiedades que poseen el Gobernador y su circulo de familiares y colaboradores.
El medio de circulación nacional detalla que la Procuraduría instó a la dependencia estatal la información correspondiente a los antecedentes catastrales de 69 personas físicas y morales, entre las que se cuenta a la esposa de Duarte, Karime Macías Tubilla; su madre, Cecilia de Ochoa Guasti; su hermano, Daniel Duarte de Ochoa, y su suegra, María Virginia Yazmín Tubilla Letayf.
Asimismo, la lista de indagados incluye al concuño del Gobernador, José Armando Rodríguez Ayache, y del primo de su esposa, Jorge Fernando Ramírez Tubilla, otrora Subsecretario de Ingresos de su administración.
Además, Reforma menciona que en seguimiento al expediente FED/SEIDF-UEIDFF-VER/0000691/2016 de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (Seidf) de la PGR, la dependencia encabezada por Arely Gómez también solicitó documentación catastral de dos equipos de béisbol: los Cafeteros de Córdoba y los Rojos del Águila de Veracruz.
También, la PGR investiga las propiedades en Veracruz de otros funcionarios públicos, entre los que se cuenta al delegado federal de la Secretaría de Economía (SE) José Antonio Chara Mansur, quien es vinculado con 13 propiedades en Woodlands, Texas; así como al Edil de Alvarado y Gerardo Bonilla Suárez, Octavio Manuel Ruiz Barroso, quien funge como encargado del Velódromo de Xalapa.
Finalmente, el medio nacional citado menciona que el 5 de julio pasado el Gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, informó que sus abogados sumaron dos acusaciones en contra de Duarte por el desvío de recursos públicos.
La primera acusación fue presentada ante la Fiscalía de Lavado de Dinero de la PGR y refiere al uso de recursos del erario para la compra de bienes en el País y en el extranjero por parte de los operadores de Duarte.
La segunda delación fue presentada ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y denuncia un caso de evasión fiscal, en el que supuestamente 22 “empresas fantasmas” fueron creadas al inicio de la administración de Duarte para justificar pago de contratos por 654 millones de pesos.
Antes esto, Duarte expresó en Twitter que celebra la participación de la PGR “en la investigación derivada de la ridícula denuncia que presentó en mi contra M. Yunes. La verdad nos hará libres” (sic), expresó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-07-2016/3072315
Senadores del PAN demandan en la PGR a Moreira por peculado, fraude y enriquecimiento ilícito
Los senadores del Partido Acción Nacional denunciaron hoy ante la PGR al ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, cohecho, fraude, encubrimiento y peculado. Esperan respuestas ante la inacción de la dependencia a cargo de Arely Gómez González.
El ex Gobernador de Coahuila y ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira Valdés, fue denunciado hoy ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los senadores y senadoras del Partido Acción Nacional (PAN) por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, cohecho, fraude, encubrimiento y peculado.
Esta mañana el Senador del PAN por Coahuila, Luis Fernando Salazar Fernández, acudió a las instalaciones de la dependencia que encabeza la Procuradora Arely Gómez González para pedirle que investigue a Humberto Moreira, como lo está haciendo Estados Unidos.
En entrevista con SinEmbargo el académico indicó hace unos días que solicitó ya al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas revisar la demanda para que “demuestre que me puede proteger frente a la intimidación de este tipo”.
Humberto Moreira demandó al investigador y articulista Sergio Aguayo por daño moral, reclamando una indemnización de 10 millones de pesos y una disculpa pública.
La demanda fue presentada el pasado 28 de junio y aceptada el día 30 en el Juzgado 15 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF), luego de que el también ex líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo sentirse lesionado emocionalmente por un artículo en el que Aguayo dijo que Moreira “desprende el hedor corrupto”.
El texto fue publicado el 20 de enero en los diarios Reforma y El Siglo de Torreón tras la detención del ex Gobernador en España, donde fue investigado por lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada. Una semana después, Moreira Valdés fue liberado por falta de pruebas y la fue archivada por la Audiencia Nacional de ese país.
Ahora, Moreira reclama una indemnización de 10 millones de pesos al considerar que se vio afectado por las opiniones del articulista, quien “utilizando medios de comunicación impresos y electrónicos de difusión masiva, atentó en contra de mi honor, vida privada y mi propia imagen también lesionando mis sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, así como la consideración que de mi persona tienen los demás”, indica la demanda.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-07-2016/3072352
El ex Gobernador de Coahuila y ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira Valdés, fue denunciado hoy ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los senadores y senadoras del Partido Acción Nacional (PAN) por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, cohecho, fraude, encubrimiento y peculado.
Esta mañana el Senador del PAN por Coahuila, Luis Fernando Salazar Fernández, acudió a las instalaciones de la dependencia que encabeza la Procuradora Arely Gómez González para pedirle que investigue a Humberto Moreira, como lo está haciendo Estados Unidos.
“Queremos pasar de la contemplación a la acción, por ello he presentado con senadoras y senadores del PAN una denuncia en contra de Humberto Moreira y contra quienes resulten responsables. Estamos pidiendo a la PGR que se investigue al ex Gobernador de Coahuila. Las autoridades de Estados Unidos llevan años investigando todo lo relacionado con el lavado de dinero, y lo que a nosotros nos resultó del Moreirato, la megadeuda. Han salido investigaciones sobre la red de corrupción que operó en Coahuila para desfalcar al Estado y también han seguido juicios en los que se han condenado a diversos ex funcionarios y empresarios que han señalado su participación en estos hechos, junto con la participación del ex Gobernador.Estos hechos no los ha tomado en cuenta la PGR, por eso creo que las autoridades de procuración de justicia siguen siendo cómplices y omisas al no investigar a quienes fueron los responsables de la megadeuda en Coahuila”, dijo el Senador en entrevista con SinEmbargo.Luis Fernando Salazar añadió que en la denuncia se le solicita a la PGR investigar las declaraciones de uno de los operadores financieros de una organización criminal que involucra al ex Gobernador Moreira Valdés en una corte federal de Estados Unidos, como el destinatario de millones de dólares a cambio de protección.
“Presentamos esta denuncia para pedirle a las autoridades mexicanas que haga el trabajo que hace Estados Unidos. Sería lamentable que los coahuilenses tengan que esperar a que la justicia llegue a México por una instancia distinta, en este caso por la justicia de un país extranjero y que sean autoridades de otro país las que puedan terminar con la impunidad de la que ha gozado Humberto Moreira. Es absurdo que mientras hay señalamientos importantes en contra de ex funcionarios que involucran al ex Gobernador y ex dirigente nacional del PRI, acá no ocurra nada”, indicó.El Senador del PAN agregó que hoy la fracción del PAN en el Senado de la República subió un punto de acuerdo en la Comisión Permanente que exhorta al Ejecutivo a garantizar los derechos de periodistas e investigadores en su labor informativa.
Humberto Moreira demandó a Sergio Aguayo por 10 millones de pesos
“Los senadores del PAN presentamos este punto de acuerdo en relación a la demanda por daño moral presentada por el ex Gobernador de Coahuila en contra del periodista y académico Sergio Aguayo, porque lo hizo con la finalidad de intimidar y violentar la libertad de expresión. Hacemos un llamado al Ejecutivo para que se garantice la libertad de expresión e información de los cuidadnos. Que se adopten las medidas necesarias para evitar que el sistema de justicia se use para acosar la labor informativa y de investigación”, dijo.El punto de acuerdo incluye que se ponga en marcha el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el caso de Sergio Aguayo, para garantizar su integridad física.
En entrevista con SinEmbargo el académico indicó hace unos días que solicitó ya al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas revisar la demanda para que “demuestre que me puede proteger frente a la intimidación de este tipo”.
“Yo establecí como una primera hipótesis de trabajo que podía ser por la investigación que estoy conduciendo desde El Colegio de México con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sobre la matanza de Allende en 2010 y 2011. Estoy a la espera de una conversación con el Gobernador de Coahuila [Rubén Moreira] para hoy por la tarde o mañana más temprano. Cuando hable con el Gobernador podré decir si esa hipótesis es correcta o no”, dijo.
Humberto Moreira demandó al investigador y articulista Sergio Aguayo por daño moral, reclamando una indemnización de 10 millones de pesos y una disculpa pública.
La demanda fue presentada el pasado 28 de junio y aceptada el día 30 en el Juzgado 15 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF), luego de que el también ex líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo sentirse lesionado emocionalmente por un artículo en el que Aguayo dijo que Moreira “desprende el hedor corrupto”.
El texto fue publicado el 20 de enero en los diarios Reforma y El Siglo de Torreón tras la detención del ex Gobernador en España, donde fue investigado por lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada. Una semana después, Moreira Valdés fue liberado por falta de pruebas y la fue archivada por la Audiencia Nacional de ese país.
“Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”, escribió entonces Aguayo.
Ahora, Moreira reclama una indemnización de 10 millones de pesos al considerar que se vio afectado por las opiniones del articulista, quien “utilizando medios de comunicación impresos y electrónicos de difusión masiva, atentó en contra de mi honor, vida privada y mi propia imagen también lesionando mis sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, así como la consideración que de mi persona tienen los demás”, indica la demanda.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-07-2016/3072352
martes, 26 de julio de 2016
Ex tesorero del gobierno de Medina acude a audiencia de imputación de cargos en NL
El actual gobierno de Nuevo León señaló a Gómez Acosta por presuntas irregularidades en el otorgamiento de incentivos económicos y pagos; la audiencia del exgobernador Rodrigo Medina será el jueves.
Rodolfo Gómez Acosta, Secretario de Finanzas y Tesorero General durante la administración del priista Rodrigo Medina (2009-2015) en Nuevo León, acudió este martes 26 de julio a una audiencia de imputación de cargos, tras ser señalado por presunto otorgamiento de incentivos económicos y pagos irregulares a proveedores.
“Estamos preparados para esta audiencia, a la que estamos convocados. Estaremos atentos al proceso”, dijo Gómez Acosta al llegar al Palacio de Justicia estatal, sin dar más detalles sobre su estrategia legal.
En dicha audiencia, conforme al sistema penal acusatorio, “se espera que el Juez de Control vincule a proceso e imponga las medidas cautelares correspondientes”, indicaron las autoridades estatales, del gobierno del independiente Jaime Rodríguez Calderón.
De acuerdo con el diario local El Norte, se espera que se le imputen cargos por el presunto desvío de 3 mil 600 millones de pesos en erogaciones e inversiones en terrenos de Pesquería.
El mes pasado el gobierno de Nuevo León informó sobre resoluciones de la Contraloría General del Estado dictó resoluciones para inhabilitar por 10 años a seis ex funcionarios que trabajaron en la administración del priista Rodrigo Medina.
Entre ellos, Gómez Acosta, “por irregularidades en el otorgamiento de incentivos económicos y por pagos irregulares a proveedores”.
Además de inhabilitarlo, tanto a él como a otros cuatro funcionarios se les impuso “una sanción resarcitoria” de 210 millones de pesos en forma solidaria por los incentivos irregulares que otorgaron.
Otra medida anunciada es el embargo de propiedades de 11 exfuncionarios de Nuevo León, como parte de los resultados de la llamada “Operación Tornado”, una investigación sobre hechos relacionados con los delitos de peculado, daño patrimonial, ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y coalición.
“El embargo precautorio de bienes de los 11 ex funcionarios estatales está relacionado con la instalación de una armadora coreana en Nuevo León”, detallaron autoridades de Nuevo León.
El próximo jueves está prevista la comparecencia de Rodrigo Medina, exgobernador de la entidad, quien ante las acusaciones de presunta corrupción ha dicho que es inocente.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/extesorero-de-nuevo-leon-acude-a-audiencia/
Rodolfo Gómez Acosta, Secretario de Finanzas y Tesorero General durante la administración del priista Rodrigo Medina (2009-2015) en Nuevo León, acudió este martes 26 de julio a una audiencia de imputación de cargos, tras ser señalado por presunto otorgamiento de incentivos económicos y pagos irregulares a proveedores.
“Estamos preparados para esta audiencia, a la que estamos convocados. Estaremos atentos al proceso”, dijo Gómez Acosta al llegar al Palacio de Justicia estatal, sin dar más detalles sobre su estrategia legal.
En dicha audiencia, conforme al sistema penal acusatorio, “se espera que el Juez de Control vincule a proceso e imponga las medidas cautelares correspondientes”, indicaron las autoridades estatales, del gobierno del independiente Jaime Rodríguez Calderón.
De acuerdo con el diario local El Norte, se espera que se le imputen cargos por el presunto desvío de 3 mil 600 millones de pesos en erogaciones e inversiones en terrenos de Pesquería.
El mes pasado el gobierno de Nuevo León informó sobre resoluciones de la Contraloría General del Estado dictó resoluciones para inhabilitar por 10 años a seis ex funcionarios que trabajaron en la administración del priista Rodrigo Medina.
Entre ellos, Gómez Acosta, “por irregularidades en el otorgamiento de incentivos económicos y por pagos irregulares a proveedores”.
Además de inhabilitarlo, tanto a él como a otros cuatro funcionarios se les impuso “una sanción resarcitoria” de 210 millones de pesos en forma solidaria por los incentivos irregulares que otorgaron.
Otra medida anunciada es el embargo de propiedades de 11 exfuncionarios de Nuevo León, como parte de los resultados de la llamada “Operación Tornado”, una investigación sobre hechos relacionados con los delitos de peculado, daño patrimonial, ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y coalición.
“El embargo precautorio de bienes de los 11 ex funcionarios estatales está relacionado con la instalación de una armadora coreana en Nuevo León”, detallaron autoridades de Nuevo León.
El próximo jueves está prevista la comparecencia de Rodrigo Medina, exgobernador de la entidad, quien ante las acusaciones de presunta corrupción ha dicho que es inocente.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/extesorero-de-nuevo-leon-acude-a-audiencia/
En 10 años de Transparencia, sólo 4 sanciones por negar la entrega de información pública
Cada vez que el INAI resuelve que una dependencia de gobierno está obligada a entregar información pública, la orden se vuelve noticia, pero muy pocas veces hay una sanción por incumplir con ese mandato.
En los últimos diez años el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha presentado 134 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra dependencias que han hecho caso omiso a su mandato de entregar información, pero de éstas sólo 4 han implicado una sanción; aun así, esto no significa la entrega de los datos que originaron la acusación.
En la realidad, las dependencias y sus funcionarios pueden negarse a entregar la información y las resoluciones del INAI se topan con un túnel sin salida en el que los únicos que pierden son los ciudadanos.
Del total de denuncias presentadas por el INAI ante la SFP, la mitad han sido rechazadas al considerar que no hay elementos que confirmen que el sujeto obligado violó la ley al ignorar la entrega de los datos solicitados.
Es decir aunque la autoridad le dio la razón al ciudadano de que está en derecho de tener acceso a la información pública, se beneficia a la dependencia gubernamental.
El resto de las investigaciones se quedan atoradas —en proceso— en los Órganos Internos de Control de las mismas dependencias que fueron denunciadas, en donde con el paso de los años se han quedado archivadas.
Las dependencias con más denuncias por no cumplir con las resoluciones del INAI son la Procuraduría General de la República (PGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que acumulan el 69% del total.
Las denuncias contra el SAT son, en todos los casos, por información relativa a la condonación de impuestos, que esa dependencia se ha negado a entregar pese a las reiteradas peticiones del INAI.
El argumento del SAT es que se trata de información clasificada como reservada y protegida por el secreto fiscal y que revelarla implica transgredir los derechos de los contribuyentes.
El INAI, por su parte, tras discutir los argumentos el SAT ha resuelto en diversas ocasiones que el nombre de los contribuyentes beneficiados con la condonación de impuestos es información de alto interés público.
Hasta ahora, el incumplimiento del SAT en ningún caso ha sido sancionado por la SFP.
Las únicas 4 denuncias que han derivado en una sanción por parte de Función Pública son tres contra PGR, por no entregar información sobre controles de confianza, y una más hacia la SCT sobre Mexicana de Aviación.
Violar la Ley de Transparencia
La SFP argumenta que si bien ha habido pocas sanciones efectivas por incumplimiento de instrucciones del INAI, en los últimos diez años sí ha aplicado distintas amonestaciones por violaciones a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública, pero sólo después de recibir quejas ciudadanas o de otros servidores públicos.
Desde 2006 a la fecha, 120 funcionarios han sido sancionados por violar la ley de Transparencia.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/sanciones-por-no-entregar-informacion-publica/
En los últimos diez años el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha presentado 134 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra dependencias que han hecho caso omiso a su mandato de entregar información, pero de éstas sólo 4 han implicado una sanción; aun así, esto no significa la entrega de los datos que originaron la acusación.
En la realidad, las dependencias y sus funcionarios pueden negarse a entregar la información y las resoluciones del INAI se topan con un túnel sin salida en el que los únicos que pierden son los ciudadanos.
Del total de denuncias presentadas por el INAI ante la SFP, la mitad han sido rechazadas al considerar que no hay elementos que confirmen que el sujeto obligado violó la ley al ignorar la entrega de los datos solicitados.
Es decir aunque la autoridad le dio la razón al ciudadano de que está en derecho de tener acceso a la información pública, se beneficia a la dependencia gubernamental.
El resto de las investigaciones se quedan atoradas —en proceso— en los Órganos Internos de Control de las mismas dependencias que fueron denunciadas, en donde con el paso de los años se han quedado archivadas.
Las dependencias con más denuncias por no cumplir con las resoluciones del INAI son la Procuraduría General de la República (PGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que acumulan el 69% del total.
Las denuncias contra el SAT son, en todos los casos, por información relativa a la condonación de impuestos, que esa dependencia se ha negado a entregar pese a las reiteradas peticiones del INAI.
El argumento del SAT es que se trata de información clasificada como reservada y protegida por el secreto fiscal y que revelarla implica transgredir los derechos de los contribuyentes.
El INAI, por su parte, tras discutir los argumentos el SAT ha resuelto en diversas ocasiones que el nombre de los contribuyentes beneficiados con la condonación de impuestos es información de alto interés público.
Hasta ahora, el incumplimiento del SAT en ningún caso ha sido sancionado por la SFP.
Las únicas 4 denuncias que han derivado en una sanción por parte de Función Pública son tres contra PGR, por no entregar información sobre controles de confianza, y una más hacia la SCT sobre Mexicana de Aviación.
Violar la Ley de Transparencia
La SFP argumenta que si bien ha habido pocas sanciones efectivas por incumplimiento de instrucciones del INAI, en los últimos diez años sí ha aplicado distintas amonestaciones por violaciones a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública, pero sólo después de recibir quejas ciudadanas o de otros servidores públicos.
Desde 2006 a la fecha, 120 funcionarios han sido sancionados por violar la ley de Transparencia.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/sanciones-por-no-entregar-informacion-publica/
Gobierno de Guanajuato no ha frenado feminicidios: ONG; en 2016 se registran 56 casos
La organización Las Libres ha documentado, en lo que va del 2016, 56 asesinatos violentos de mujeres, convirtiéndose en el año más violento contra el género femenino.
Las acciones realizadas por el Gobierno de Guanajuato para prevenir y erradicar la violencia feminicida en Guanajuato no han sido suficientes para frenar el fenómeno, anotó la académica Rosalba Vázquez Valenzuela.
En entrevista, señaló que si las acciones de prevención estuvieran dando resultado se vería reflejado en el decremento de feminicidios; sin embargo, los casos van a la alza colocando el 2016 como el año más violento contra las mujeres.
La académica de la Universidad de Guanajuato y especialista en materia de género fue una de las integrantes del grupo de trabajo que analizó la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género y envío 13 recomendaciones para frenar la violencia contra las mujeres en Guanajuato.
La especialista en materia de género consideró que aunque hubo acciones extraordinarias por parte del gobierno estatal no se han cumplido a cabalidad con las recomendaciones.
Expuso, como ejemplo, que el Banco Estatal de Datos de la Procuraduría de Justicia del Estado en el tema de violencia de género está desactualizado, aunque fue una de las recomendaciones enviadas por el grupo de trabajo.
Señaló que al hacerse la revisión de cada una de las 13 recomendaciones se tiene que evaluar que cada uno de los puntos iba enfocado a la prevención.
2016: AÑO VIOLENTO PARA LAS MUJERES DE GTO.
La violencia de género en Guanajuato va en aumento, como ejemplo están los 56 asesinatos violentos de mujeres que ha registrado el Centro Las Libres a poco más de seis meses de haber iniciado el año.
De acuerdo con la directora de Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, el 2016 figura para ser el año más violento de los últimos 16 años, desde que inició la asociación con el trabajo por los derechos de las mujeres.
Cruz Sánchez comentó que el tema de la violencia contra las mujeres va en incremento, aunque autoridades como el procurador de justicia del estado, Carlos Zamarripa, insista en relacionar asesinatos violentos de mujeres con el crimen organizado.
La activista expuso que de los 56 asesinatos violentos, en al menos 25 casos las mujeres mueren a manos de sus parejas sentimentales, lo que es una causa para que pueda considerarse feminicidio. 11 son los casos han sido ejecuciones, sin que se tenga la certeza de que las mujeres son las que participen con grupos delictivos; explicó que también las mujeres son asesinadas por mantener una relación de pareja con personas que participan de manera activa con el crimen organizado. Tienen documentados alrededor de 12 casos relacionados con el asesinato derivado de un robo.
Sobre la posibilidad de solicitar nuevamente la declaratorio de Alerta de Violencia de Género, Cruz Sánchez comentó que primero se tiene que cerrar el proceso que está abierto por la primera solicitud.
Verónica Cruz apuntó que no sólo los feminicidios van en aumento, sino que las tentativas de feminicidio también presentan cifras a la alza. Explicó que en el 2014 documentaron 10 casos, en el 2015 fueron 15 casos y en lo que va de este año ya suman 7 intentos de feminicidio.
REPROCHA PRD CRIMINALIZACIÓN DE MUJERES
Por otro lado, Claudia Castello, secretaria nacional de Igualdad de Género del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reprochó que las autoridades de Guanajuato criminalicen a las mujeres asesinadas, asegurando que estuvieron ligadas a grupos delictivos.
AUTOR: REDACCIÓN/CARMEN PIZANO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-07-2016/3071915
Las acciones realizadas por el Gobierno de Guanajuato para prevenir y erradicar la violencia feminicida en Guanajuato no han sido suficientes para frenar el fenómeno, anotó la académica Rosalba Vázquez Valenzuela.
En entrevista, señaló que si las acciones de prevención estuvieran dando resultado se vería reflejado en el decremento de feminicidios; sin embargo, los casos van a la alza colocando el 2016 como el año más violento contra las mujeres.
La académica de la Universidad de Guanajuato y especialista en materia de género fue una de las integrantes del grupo de trabajo que analizó la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género y envío 13 recomendaciones para frenar la violencia contra las mujeres en Guanajuato.
La especialista en materia de género consideró que aunque hubo acciones extraordinarias por parte del gobierno estatal no se han cumplido a cabalidad con las recomendaciones.
“Sí hubo esfuerzos extraordinarios, hubo un trabajo que se aceleró en ese tiempo, el Estado sí hizo un esfuerzo para adecuar normatividad, para tener procesos, protocolos de investigación con perspectiva de género en feminicidios, en violación, pero después hay cosas que hemos visto que siguen pendientes”.
Expuso, como ejemplo, que el Banco Estatal de Datos de la Procuraduría de Justicia del Estado en el tema de violencia de género está desactualizado, aunque fue una de las recomendaciones enviadas por el grupo de trabajo.
Señaló que al hacerse la revisión de cada una de las 13 recomendaciones se tiene que evaluar que cada uno de los puntos iba enfocado a la prevención.
“Si ahora tenemos más mujeres asesinadas, independientemente de las causas, hay que tener la certeza de decir en qué condiciones fueron asesinadas y no quitar puntos de responsabilidad, porque ahí es donde se vería el avance”.
2016: AÑO VIOLENTO PARA LAS MUJERES DE GTO.
La violencia de género en Guanajuato va en aumento, como ejemplo están los 56 asesinatos violentos de mujeres que ha registrado el Centro Las Libres a poco más de seis meses de haber iniciado el año.
De acuerdo con la directora de Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, el 2016 figura para ser el año más violento de los últimos 16 años, desde que inició la asociación con el trabajo por los derechos de las mujeres.
Cruz Sánchez comentó que el tema de la violencia contra las mujeres va en incremento, aunque autoridades como el procurador de justicia del estado, Carlos Zamarripa, insista en relacionar asesinatos violentos de mujeres con el crimen organizado.
La activista expuso que de los 56 asesinatos violentos, en al menos 25 casos las mujeres mueren a manos de sus parejas sentimentales, lo que es una causa para que pueda considerarse feminicidio. 11 son los casos han sido ejecuciones, sin que se tenga la certeza de que las mujeres son las que participen con grupos delictivos; explicó que también las mujeres son asesinadas por mantener una relación de pareja con personas que participan de manera activa con el crimen organizado. Tienen documentados alrededor de 12 casos relacionados con el asesinato derivado de un robo.
Sobre la posibilidad de solicitar nuevamente la declaratorio de Alerta de Violencia de Género, Cruz Sánchez comentó que primero se tiene que cerrar el proceso que está abierto por la primera solicitud.
Verónica Cruz apuntó que no sólo los feminicidios van en aumento, sino que las tentativas de feminicidio también presentan cifras a la alza. Explicó que en el 2014 documentaron 10 casos, en el 2015 fueron 15 casos y en lo que va de este año ya suman 7 intentos de feminicidio.
REPROCHA PRD CRIMINALIZACIÓN DE MUJERES
Por otro lado, Claudia Castello, secretaria nacional de Igualdad de Género del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reprochó que las autoridades de Guanajuato criminalicen a las mujeres asesinadas, asegurando que estuvieron ligadas a grupos delictivos.
“Hemos tenido declaraciones desafortunadas del procurador del estado diciendo que las mujeres son asesinadas porque andan en malos pasos o porque andan con los narcos, eso es muy desafortunado porque no tendrían que hacer declaraciones desde la ignorancia de un tema”.Destacó que el propio Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha declarado que cualquier asesinato de mujer tiene que investigarse de primera instancia como feminicidio.
“En este país permea el machismo, el odio a las mujeres, la misoginia, la devaluación a las mujeres, lo primero que se tiene que investigar es la causa de esos homicidios”.FUENTE: SIN EMBARGO/ZONA FRANCA.
AUTOR: REDACCIÓN/CARMEN PIZANO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-07-2016/3071915
Edomex es líder en inseguridad y los activistas se preguntan por qué el mexiquense no despierta
La última publicación de las cifras oficiales de incidencia delictiva mostró una tendencia que se ha consolidado con la administración del Presidente Enrique Peña Nieto: Guerrero y el Estado de México encabezan la ola de asesinatos en el país. Sin embargo, en esta última entidad las autoridades, y buena parte de la prensa, se han encargado de que los esfuerzos de denuncia sean escasos, argumentan activistas. Desde el 2012 a la fecha, en el Estado de México se registraron 16 mil 165 denuncias por homicidio doloso. ¿Qué papel ha jugado el Gobernador Eruviel Ávila Villegas en medio de esta crisis?
El Estado de México es peligroso y es también la entidad que con mayor éxito ha invisibilizado la violencia. Así lo consideran representantes de organizaciones sociales, quienes plantearon que la ciudadanía mexiquense atraviesa dificultades para denunciar los hechos y otros sectores poderosos, como el empresarial y los miembros de la Iglesia católica, han preferido guardar silencio.
Los homicidios en el Estado de México arrastran una tendencia en ascenso desde hace años incluso. La semana pasada, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública apuntaron que 237 asesinatos ocurrieron durante junio en la entidad, seis más que en el mismo periodo del 2015.
“La sociedad civil está amedrentada y hace falta una apertura, una transición que se ha vivido en otros estados de la República”, opinó Gershenson. Las altas tasas de homicidio por cada 100 mil habitantes llevan casi un lustro en ascenso en el estado donde la población sólo conoce el Gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En el 2011 se reportaron 9.54 asesinatos por cada 100 mil, en el 2015 esa tasa ascendió a 12.27.
El pasado 21 de julio, el Gobernador Eruviel Ávila Villegas ofreció una alianza entre la policía y la ciudadanía. De esta cuenta, propuso la creación de consejos municipales de seguridad, que puedan interconectarse.
Sin embargo, en marzo el Gobernador impulso la llamada “Ley Atenco”, que criminaliza la protesta social y permitía el uso de armas contar civiles. Y aunque fue aprobada por el Congreso local, el mismo Ávila Villegas tuvo que pedir su inconstitucionalidad, concedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a las críticas a nivel nacional.
El miedo es lo que ahora prevalece al momento de exigir derechos en el Estado de México, han referido activistas.
Clara Jusidman Rapoport, presidenta fundadora de la asociación civil Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE Social), develó que en el caso del Estado de México resalta el poder político del Grupo Atlacomulco, y no el de las organizaciones civiles.
Fuentes consultadas contrastaron la situación que vive Guerrero –que junto con el Estado de México encabeza la ola de homicidios en el país–. Guerrero, por ejemplo, reportó en el primer semestre del año mil 52 casos, 20 más que el Estado de México.
El 13 de julio pasado, unos 100 integrantes de organizaciones empresariales y civiles, y representantes de la Iglesia católica e iglesias evangélicas se congregaron en una actividad a la que denominaron Luto por Chilpancingo, buscando paz en medio de la tormenta y para condenar los 125 asesinatos dolosos ocurridos en la capital en o que va del año, donde estuvo aparentemente involucrada la delincuencia organizada, según su recuento.
A finales del mes pasado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, capital de Guerrero, reveló que al menos 100 empresarios han solicitado permisos para portar armas. Se sabe ahora que al menos a la mitad ya les fueron concedidas.
Durante una reunión Florencio Salazar Adame, Secretario General de Gobierno de esa entidad, el presidente de Coparmex explicó que en el caso de Chilpancingo 35 trabajadores de siete empresarios ya contaban con permisos para portar armas dentro del marco de la Ley.
En cambio, en el Estado de México, la industria privada se ha aliado con el PRI, refirió Gershenson.
“El único empresariado que prospera es el que ha vendido su alma a los intereses políticos, o es un empresariado que representa a la familia Hank, que ha hecho de la política su mejor negocio”, afirmó el luchador social.
AGRESIONES A MIGRANTES
Los migrantes sufren el mayor número de ataques en el país que no terminan de ser denunciados ante las autoridades competentes, han dicho organizaciones civiles, pero en el Estado de México poco se sabe de lo que les sucede.
Karina Ramírez Rivera, representante de la organización Un Mundo Una Nación, detalló que los ataques perpetrados en el pasado por grupos del narcotráfico a los migrantes han cedido lugar a las agresiones hechas por la empresa de seguridad privad “Cusaem” –Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México– en Tlaxcala, Querétaro y el Estado de México. Cusaem brinda servicios a Ferrosur, empresa de trenes de carga donde en ocasiones viajan los que cruzan México.
Un Mundo Una Nación refiere que 9 de cada 10 agresiones que se reportan dentro de la organización provienen de la empresa. En el pasado la organización Scalabrinianas Misión para Migrantes y Refugiados (SMR) informó que la empresa antes llamada Cusaem se encargó de la seguridad privada de Enrique Peña Nieto cuando era Gobernador del Estado de México.
“Muchas veces los testigos nos cuentan su testimonio, pero no quieren que se denuncie, porque no tienen tiempo o no sienten la seguridad para presentarse ante autoridades sociales. Las agresiones más leves que hemos registrado son golpes, robo, hasta balazos”, dijo Ramírez.
HACIA EL 2017
La gestión de Eruviel Ávila Villegas en materia de seguridad puede tener repercusiones en las próximas elecciones a celebrarse en la entidad el próximo 4 de junio, refirieron especialistas.
“Es el estado más importante a nivel económico, y es la reserva de votos tal cual de un priismo que va buscar todas las maneras de mantener la gubernatura y la Presidencia de la República. Han estado cayendo las cabezas visibles, los capos en Quintana Roo, Veracruz, Chihuahua. Y creo que lo mismo puede suceder en Coahuila, Estado de México y Nayarit”, dijo Gershenson.
Los entrevistados coincidieron que la labor del Gobernador para prevenir los feminicidios en el estado no se puede dejar pasar. Si bien la Secretaría de Gobernación (Segob) activó la Alerta de Género para 11 de los 125 municipios en julio de 2015, a menos de un año de su implementación el registro de este delito suma 90 casos.
Otro aspecto importante, dijo la fundadora del INCIDE, es que el narcotráfico ha hecho mella en la entidad.
“Hay una serie de bandas que cruzan el estado, y que a diferencia de Guerrero no han sido identificadas, o se dice que operan ahí, pero provienen de otros sitios”, declaró.
La organización Semáforo Delictivo detalla que el nivel de ejecuciones cometidas por el narcotráfico en México alcanza a 6 de cada 10 homicidios. El Estado de México también es una de las entidades con mayor número de robos: 32 mil 419 en lo que va del año, de los cuales el 52 por ciento han sido cometidos con violencia.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-07-2016/3071794
El Estado de México es peligroso y es también la entidad que con mayor éxito ha invisibilizado la violencia. Así lo consideran representantes de organizaciones sociales, quienes plantearon que la ciudadanía mexiquense atraviesa dificultades para denunciar los hechos y otros sectores poderosos, como el empresarial y los miembros de la Iglesia católica, han preferido guardar silencio.
“Es un estado con mucho dinero, la matriz de un movimiento corrupto que ha vivido de la impunidad durante décadas, y que derivó en la Presidencia de Enrique Peña Nieto”, dijo el activista Daniel Gershenson Shapiro.
Los homicidios en el Estado de México arrastran una tendencia en ascenso desde hace años incluso. La semana pasada, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública apuntaron que 237 asesinatos ocurrieron durante junio en la entidad, seis más que en el mismo periodo del 2015.
“La sociedad civil está amedrentada y hace falta una apertura, una transición que se ha vivido en otros estados de la República”, opinó Gershenson. Las altas tasas de homicidio por cada 100 mil habitantes llevan casi un lustro en ascenso en el estado donde la población sólo conoce el Gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En el 2011 se reportaron 9.54 asesinatos por cada 100 mil, en el 2015 esa tasa ascendió a 12.27.
El pasado 21 de julio, el Gobernador Eruviel Ávila Villegas ofreció una alianza entre la policía y la ciudadanía. De esta cuenta, propuso la creación de consejos municipales de seguridad, que puedan interconectarse.
Sin embargo, en marzo el Gobernador impulso la llamada “Ley Atenco”, que criminaliza la protesta social y permitía el uso de armas contar civiles. Y aunque fue aprobada por el Congreso local, el mismo Ávila Villegas tuvo que pedir su inconstitucionalidad, concedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a las críticas a nivel nacional.
El miedo es lo que ahora prevalece al momento de exigir derechos en el Estado de México, han referido activistas.
Clara Jusidman Rapoport, presidenta fundadora de la asociación civil Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE Social), develó que en el caso del Estado de México resalta el poder político del Grupo Atlacomulco, y no el de las organizaciones civiles.
“Da la impresión de que no hay un Gobierno, pero tampoco organizaciones civiles fuertes ni empresarios organizados. Hay, por ejemplo, grupos de Antorcha Campesina [ligado al PRI] que han tomado incluso municipios, pero es un estado que aún no encuentra su identidad. Seguramente una parte se siente más identificada con la Ciudad de México, y otras están muy alejadas; entonces tiene una identidad poco clara y eso contribuye a la violencia que estamos viviendo”, detalló Jusidman.
Fuentes consultadas contrastaron la situación que vive Guerrero –que junto con el Estado de México encabeza la ola de homicidios en el país–. Guerrero, por ejemplo, reportó en el primer semestre del año mil 52 casos, 20 más que el Estado de México.
El 13 de julio pasado, unos 100 integrantes de organizaciones empresariales y civiles, y representantes de la Iglesia católica e iglesias evangélicas se congregaron en una actividad a la que denominaron Luto por Chilpancingo, buscando paz en medio de la tormenta y para condenar los 125 asesinatos dolosos ocurridos en la capital en o que va del año, donde estuvo aparentemente involucrada la delincuencia organizada, según su recuento.
“El caso de Guerrero es de escándalo, pero se percibe un ánimo de mucha mayor apertura. Hay medios independientes como El Sur, acosados, pero combativos. En cambio, el Estado de México ha sido el laboratorio del autoritarismo priísta”, dijo Gershenson.
A finales del mes pasado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, capital de Guerrero, reveló que al menos 100 empresarios han solicitado permisos para portar armas. Se sabe ahora que al menos a la mitad ya les fueron concedidas.
Durante una reunión Florencio Salazar Adame, Secretario General de Gobierno de esa entidad, el presidente de Coparmex explicó que en el caso de Chilpancingo 35 trabajadores de siete empresarios ya contaban con permisos para portar armas dentro del marco de la Ley.
En cambio, en el Estado de México, la industria privada se ha aliado con el PRI, refirió Gershenson.
“El único empresariado que prospera es el que ha vendido su alma a los intereses políticos, o es un empresariado que representa a la familia Hank, que ha hecho de la política su mejor negocio”, afirmó el luchador social.
AGRESIONES A MIGRANTES
Los migrantes sufren el mayor número de ataques en el país que no terminan de ser denunciados ante las autoridades competentes, han dicho organizaciones civiles, pero en el Estado de México poco se sabe de lo que les sucede.
Karina Ramírez Rivera, representante de la organización Un Mundo Una Nación, detalló que los ataques perpetrados en el pasado por grupos del narcotráfico a los migrantes han cedido lugar a las agresiones hechas por la empresa de seguridad privad “Cusaem” –Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México– en Tlaxcala, Querétaro y el Estado de México. Cusaem brinda servicios a Ferrosur, empresa de trenes de carga donde en ocasiones viajan los que cruzan México.
“Se están documentando casos de violación de derechos humanos por parte de la empresa de seguridad privada de Ferrosur. Quién es FerroSur, pertenece a Grupo México, y quién es Grupo México: son empresarios que han respaldado a Enrique Peña Nieto desde su candidatura. Tienen tanto poder que se sienten intocables”, dijo Ramírez.
Un Mundo Una Nación refiere que 9 de cada 10 agresiones que se reportan dentro de la organización provienen de la empresa. En el pasado la organización Scalabrinianas Misión para Migrantes y Refugiados (SMR) informó que la empresa antes llamada Cusaem se encargó de la seguridad privada de Enrique Peña Nieto cuando era Gobernador del Estado de México.
“Muchas veces los testigos nos cuentan su testimonio, pero no quieren que se denuncie, porque no tienen tiempo o no sienten la seguridad para presentarse ante autoridades sociales. Las agresiones más leves que hemos registrado son golpes, robo, hasta balazos”, dijo Ramírez.
HACIA EL 2017
La gestión de Eruviel Ávila Villegas en materia de seguridad puede tener repercusiones en las próximas elecciones a celebrarse en la entidad el próximo 4 de junio, refirieron especialistas.
“Es el estado más importante a nivel económico, y es la reserva de votos tal cual de un priismo que va buscar todas las maneras de mantener la gubernatura y la Presidencia de la República. Han estado cayendo las cabezas visibles, los capos en Quintana Roo, Veracruz, Chihuahua. Y creo que lo mismo puede suceder en Coahuila, Estado de México y Nayarit”, dijo Gershenson.
Los entrevistados coincidieron que la labor del Gobernador para prevenir los feminicidios en el estado no se puede dejar pasar. Si bien la Secretaría de Gobernación (Segob) activó la Alerta de Género para 11 de los 125 municipios en julio de 2015, a menos de un año de su implementación el registro de este delito suma 90 casos.
“En la sociedad hay un machismo exacerbado que ha llevado a altos índices de violencia contra la mujer. Creo que hay un gran rezago en la estructuración de procuradurías, sistemas de investigación, etc, que hablan de una baja fortaleza del Estado de México”, dijo Jusidman.
Otro aspecto importante, dijo la fundadora del INCIDE, es que el narcotráfico ha hecho mella en la entidad.
“Hay una serie de bandas que cruzan el estado, y que a diferencia de Guerrero no han sido identificadas, o se dice que operan ahí, pero provienen de otros sitios”, declaró.
La organización Semáforo Delictivo detalla que el nivel de ejecuciones cometidas por el narcotráfico en México alcanza a 6 de cada 10 homicidios. El Estado de México también es una de las entidades con mayor número de robos: 32 mil 419 en lo que va del año, de los cuales el 52 por ciento han sido cometidos con violencia.
“Eruviel Ávila en cualquier otro país ya hubiera sido destituido. Es un hombre que usted recordará el 1 de julio del año 2014, unas cuantas horas después de las ejecuciones extrajudiciales del Ejército en Tlatlaya, salió a defender al Ejército, de una manera totalmente obstinada. Y ha sido Alcalde de Ecatepec, donde dejó que funcionara la delincuencia organizada”, recordó Gershenson.FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-07-2016/3071794
Asesinatos del narco crecieron 33% en 6 meses; QRoo maquilla cifras, dice Semáforo Delictivo
En México, los homicidios reportaron un aumento del 16 por ciento en el primer semestre de este año en comparación con el mismo periodo de 2015, de acuerdo con la organización Semáforo Delictivo. En la presentación del mapa de la violencia en el país, la ONG informó que los tres delitos que van a la alza en el año son: robo de auto, homicidio y violación. También detalló que la incidencia de grupos del crimen organizado creció y sugirió que en Quintana Roo podrían haber estado escondiendo delitos, debido a la incongruencia de cifras reportadas por el Gobierno estatal.
Los homicidios en México van a la alza, en el primer semestre del año reportó un aumento del 16 por ciento de este delito en relación al 2015, informó la organización Semáforo Delictivo durante la presentación hoy el mapa de la violencia en el país, donde la incidencia de grupos del crimen organizado creció.
“Hay tres delitos que han subido en el año: robo de auto, homicidio y violación”, dijo Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo en una conferencia de prensa. “La corrupción se ha traducido en delitos de alto impacto”.
La tasa nacional de homicidios durante la primera mitad del 2016 es de 8 por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, entre las entidades con mayor incidencia de este delito estuvieron Colima con 40.4 por cada 100 mil, Guerrero 29.7, Zacatecas 25.8 y Sinaloa 17.7.
En el primer semestre del 2016, 5.6 de cada 10 homicidios en México fueron por crimen organizado. “Vemos que hay una tendencia ascendente de ejecuciones del crimen organizado, que creció 33 por ciento en relación al año pasado [al promedio mensual del año pasado]”, dijo Santiago Roel.
Destaca Quintana Roo, donde el 139 por ciento de los asesinatos relacionados a las ejecuciones del narcomenudeo, de acuerdo con un análisis de Lantia Consultores, en el que se basó el Semáforo Delictivo para hacer una proyección.
Por su parte, Baja California Sur y Aguascalientes, donde el 100 por ciento de las muertes se vincularon con el narcomenudeo.
La organización trabaja procesos de paz con diferentes estados y municipios busca reforzar políticas de prevención por encima de las medidas reactivas. “Tratamos de romper el viejo paradigma de tener mejor reacción policiaca”, dijo Roel.
El secuestro descendió 6 por ciento en relación al 2015. Este semestre Tamaulipas reportó ser la entidad más afectada con 1.6 por cada 100 mil habitantes en el primer semestre del año, seguida por Zacatecas con 1.5, Tabasco 1.4, Guerrero 1.2, Morelos 0.9, Veracruz 0.8 y el Estado de México 0.8, una formula obtenida comparando los estados con la tasa nacional.
Los delitos de violación incrementaron en un 6 por ciento en el primer semestre del año. El ascenso se dio, de acuerdo con Roel, por delincuentes que además de dedicarse al robo y extorsión, aumentaron su participación estos delitos. Aunque la mayoría de violadores siguen siendo personas allegadas a sus víctimas.
Chihuahua reportó una incidencia de 13 por cada 100 mil habitantes , Baja California Sur 12.7 y Zacatecas 11.9.
ESTRATEGIA FALLIDA
El director de la organización expuso que si el Gobierno interviniera el mercado negro, eliminaría el 50 por ciento de la violencia relacionada con las drogas.
“Seguimos insistiendo en tener más policías. Si ayudan en el peor crisis, pero no es la causa del fuego. En Nuevo León o en estados nuevos como Colima y Zacatecas. O en aquellos donde está empezando el fuego como Querétaro. Los mexicanos siguen insistiendo en el Ejercito y la Marina, nos hemos tragado la propaganda de guerra”, detalló Roel.
En el 2012, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, apuntó que datos proporcionados por autoridades mexicanas referían la muerte de 150 mil personas por la guerra contra el narcotráfico.
El año pasado hubo una discusión en el Senado sobre la legalización de la mariguana organizadas por la Secretaría de Gobernación y el Senado.
“A lo mejor vamos tarde en el debate. De acuerdo, si quieren empezar con mariguana, empecemos por ahí. Y de ahí lo puedes hacer con la heroína, como en Suiza. Allá se regala, para quien tiene problemas. Por qué en México no lo entendemos. Ha habido una fuerte propaganda de guerra. Dos los Estados Unidos nos marcan la pauta. Y somos incapaces de tomar medidas propias. Si los países más avanzados del mundo no pueden defender esto con policías, tampoco nosotros. Esa es la tragedia de México, no la violencia, sino no hacer nada al respecto”, dijo Roel.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-07-2016/3071957
Los homicidios en México van a la alza, en el primer semestre del año reportó un aumento del 16 por ciento de este delito en relación al 2015, informó la organización Semáforo Delictivo durante la presentación hoy el mapa de la violencia en el país, donde la incidencia de grupos del crimen organizado creció.
“Hay tres delitos que han subido en el año: robo de auto, homicidio y violación”, dijo Santiago Roel, director del Semáforo Delictivo en una conferencia de prensa. “La corrupción se ha traducido en delitos de alto impacto”.
La tasa nacional de homicidios durante la primera mitad del 2016 es de 8 por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, entre las entidades con mayor incidencia de este delito estuvieron Colima con 40.4 por cada 100 mil, Guerrero 29.7, Zacatecas 25.8 y Sinaloa 17.7.
En el primer semestre del 2016, 5.6 de cada 10 homicidios en México fueron por crimen organizado. “Vemos que hay una tendencia ascendente de ejecuciones del crimen organizado, que creció 33 por ciento en relación al año pasado [al promedio mensual del año pasado]”, dijo Santiago Roel.
Destaca Quintana Roo, donde el 139 por ciento de los asesinatos relacionados a las ejecuciones del narcomenudeo, de acuerdo con un análisis de Lantia Consultores, en el que se basó el Semáforo Delictivo para hacer una proyección.
“Eso no quiere decir que haya más asesinatos que muertos. Comparamos homicidios contra ejecuciones. En la metodología de Lantia, ellos si encuentran una fosa, eso lo incrementa. Nuestra sospecha es que específicamente en Quintana Roo han estado escondiendo delitos. Si lo ven, en meses anteriores, van a ver que todo el Semáforo está en verde. Por qué, porque estuvimos en año electoral. Y como no reportaron todos los homicidios salen estas incongruencias. Y aquí esto se ve reflejado”, dijo Roel.
Por su parte, Baja California Sur y Aguascalientes, donde el 100 por ciento de las muertes se vincularon con el narcomenudeo.
La organización trabaja procesos de paz con diferentes estados y municipios busca reforzar políticas de prevención por encima de las medidas reactivas. “Tratamos de romper el viejo paradigma de tener mejor reacción policiaca”, dijo Roel.
El secuestro descendió 6 por ciento en relación al 2015. Este semestre Tamaulipas reportó ser la entidad más afectada con 1.6 por cada 100 mil habitantes en el primer semestre del año, seguida por Zacatecas con 1.5, Tabasco 1.4, Guerrero 1.2, Morelos 0.9, Veracruz 0.8 y el Estado de México 0.8, una formula obtenida comparando los estados con la tasa nacional.
“Es un delito con alta cifra negra [no registrada] que varía de estado en estado, conforme el grado de confianza en las autoridades, por lo que debemos tomar las cifras con cautela. Este delito tiene una gran relación con corrupción de alto impacto”, dijo Roel.En el caso de la extorsión, ésta descendió en un 12 por ciento en el primer semestre, en relación al promedio nacional del año pasado. Baja California Sur reportó 8.4 por cada 100 mil, Nuevo León 5.9 y Zacatecas 5.5 fueron las entidades más afectadas.
“Pensamos que en muchos casos es fraude telefónico. En las cuales desde los penales intentan engañar. Este fraude se subsana dando información”, dijo el director.
El robo a vehículo es un indicador de corrupción en la autoridad, dijo Roel. “Porque yo busco la protección de las autoridades”, dijo. Baja California, Estado de México y Zacatecas, fueron las entidades con la mayor tasa de este delito.
Los delitos de violación incrementaron en un 6 por ciento en el primer semestre del año. El ascenso se dio, de acuerdo con Roel, por delincuentes que además de dedicarse al robo y extorsión, aumentaron su participación estos delitos. Aunque la mayoría de violadores siguen siendo personas allegadas a sus víctimas.
Chihuahua reportó una incidencia de 13 por cada 100 mil habitantes , Baja California Sur 12.7 y Zacatecas 11.9.
“Hemos hecho campañas de prevención de violación. Generalmente, los violadores son parientes cercanos. Y ya en la adolescencia, padrastros y exnovios. Se da en casa, y es muy fácil bajarla con información”, dijo Roel.El Semáforo Delictivo detalló que las causas de la pobreza se hallan en la falta de oportunidades para los jóvenes, el mercado negro de las drogas en manos de las mafias, la corrupción que existe en las autoridades del Gobierno.
“La corrupción afecta en especial en policías, jueces, y legisladores que no hacen buenas leyes. Por eso vamos a hacer un semáforo de gobierno, para evaluar los servicios del Gobierno. Cómo va generar el Gobierno, no es con democracia, esa ya la tenemos. Se trata de construir sistemas a prueba de corruptos y de tontos”, dijo Roel.
ESTRATEGIA FALLIDA
El director de la organización expuso que si el Gobierno interviniera el mercado negro, eliminaría el 50 por ciento de la violencia relacionada con las drogas.
“Seguimos insistiendo en tener más policías. Si ayudan en el peor crisis, pero no es la causa del fuego. En Nuevo León o en estados nuevos como Colima y Zacatecas. O en aquellos donde está empezando el fuego como Querétaro. Los mexicanos siguen insistiendo en el Ejercito y la Marina, nos hemos tragado la propaganda de guerra”, detalló Roel.
En el 2012, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, apuntó que datos proporcionados por autoridades mexicanas referían la muerte de 150 mil personas por la guerra contra el narcotráfico.
“Este es un problema de mercado, y hay que atenderlo con medidas económicas. Y obvio hay un tema de salud. Es un tema interesante el de regularización de las drogas, porque dices, como es posible que México aún no entienda, que el mercado debe regularizarse”, dijo Roel.
El año pasado hubo una discusión en el Senado sobre la legalización de la mariguana organizadas por la Secretaría de Gobernación y el Senado.
“A lo mejor vamos tarde en el debate. De acuerdo, si quieren empezar con mariguana, empecemos por ahí. Y de ahí lo puedes hacer con la heroína, como en Suiza. Allá se regala, para quien tiene problemas. Por qué en México no lo entendemos. Ha habido una fuerte propaganda de guerra. Dos los Estados Unidos nos marcan la pauta. Y somos incapaces de tomar medidas propias. Si los países más avanzados del mundo no pueden defender esto con policías, tampoco nosotros. Esa es la tragedia de México, no la violencia, sino no hacer nada al respecto”, dijo Roel.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/26-07-2016/3071957
La Ley de Movilidad en la CDMX lleva dos años sin aplicarse por la falta de un reglamento
Fue publicada en julio de 2014 y se estableció un plazo de 180 días para que se expidiera su reglamento, pero hasta ahora eso no ha ocurrido; la ley, entre otros puntos, establece que las personas que caminen en la calle o viajen en transporte público tienen derecho a un seguro.
El 14 de julio de 2014 entró en vigor la Ley de Movilidad de la capital mexicana que establece, entre otras cosas, que las personas que caminen en la calle o viajen en transporte público tiene derecho a un seguro; que las licencias de manejo solo se darán tras aprobar varios exámenes; o que se creará un fondo con el dinero de las multas que se paguen.
El objetivo es reorganizar la política de movilidad para dar prioridad al peatón, reducir al mínimo los percances viales y salvar entre el 2014 y el 2020 más de 50 mil vidas.
Pero nada de eso ha ocurrido en dos años, porque no existe un reglamento que permita aplicar en la realidad lo que hoy solo sigue en el papel.
El gobierno capitalino tenía 180 días, como máximo, para expedir el Reglamento que estableciera la forma en que se aplicarían los más de 250 artículos de la norma; ya pasaron más de dos años y no se ha expedido.
“Tenemos una ley de movilidad con las mejores prácticas del mundo sin duda pero ¿de qué nos sirve tener un papel increíble sino podemos actuar de ninguna forma? Tener una ley sin reglamento es como no tener nada, no te está asegurando nada”, dijo Fernanda Rivero Banfield, directora de la asociación civil México Previene.
Rivero firmó una carta respaldada por más de 20 organizaciones civiles especializadas en movilidad que hace un mes fue entregada a la Consejería Jurídica de la Ciudad de México para pedir la publicación del reglamento. En el documento recordaron que al día tres personas mueren solo por accidentes viales.
Animal Político contactó a la Consejería encabezada por Manuel Granados para preguntarles sobre el reglamento. Confirmaron que éste no se ha expedido y se debe a que la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la ciudad no ha mandado el texto correspondiente para su análisis final.
En la SEMOVI la titular del Nuevo Modelo de Movilidad, Laura Ballesteros, reconoció que existe un retraso, pero dijo que a partir de julio de 2015, cuando ella asumió su actual cargo, se aceleró el trabajo, lo que permitió finalizar y entregar un proyecto de Reglamento la semana pasada, que se espera se revise y apruebe antes que concluya el 2016.
“¿Qué si se tenía que haber sacado antes? Pues por supuesto que tendría que haber salido antes, pero justamente porque no se hizo al principio es que se crea el Nuevo Modelo de Movilidad para avanzar en esto”, dijo.
Cuatro claves de la ley
La Ley de Movilidad del Distrito Federal publicada en 2014 reordena prácticamente a todos los actores que comparten el espacio público de la ciudad; la norma establece la prioridad que tiene le peatón y el ciclista sobre los demás; las reglas para la concesiones del transporte de todo tipo y sanciones; los parámetros de clasificación de las avenidas, entre otros.
Pero además incluye varias innovaciones, la mayoría propuestas por organizaciones de la sociedad civil, que buscan alcanzar una movilidad más equitativa y segura. Estas disposiciones requieren de reglas que no se han establecido. Aquí el ejemplo de cuatro de ellas.
*Seguro para las víctimas
La Ley de Movilidad protege a las personas en la calle o en el transporte, en caso de ser víctimas de un accidente. El artículo 196 establece que una persona que sufra daños y perjuicios en la vía pública (incluyendo peatones o ciclistas) a causa del mal estado de las calles, avenidas o de las señalizaciones, debe ser indemnizada.
El artículo 72 indica que todos los conductores de autos particulares están obligados a contar con un seguro de responsabilidad civil en los términos que se establezca en el Reglamento. Además el artículo 110 establece la obligación de los concesionarios del transporte público para contar con una “póliza de seguro” que proteja tanto a los terceros que resulten afectados en un incidente, pero también a los usuarios.
Para que esto funcione y lo haga bien en la realidad, Rivero Banfield indica que el reglamento debe establecer las características mínimas de la protección que se dará a las personas.
“En el reglamento debe de venir detallado el seguro obligatorio de responsabilidad social. Esto es decir más o menos cual es el monto a asegurar (…) Este seguro cubriría a daños a terceros y a ti. Hay muchos seguros que solo cubren daños al automóvil por ejemplo, entonces es una trampa que solo se hable de la obligatoriedad de seguros, debe ser un seguro bien detallado”, dijo.
La experta recordó que según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el 75 por ciento del parque vehicular no está asegurado actualmente, por lo que es vital que esto se materialice conforme los parámetros que establezca el reglamento.
*Exámenes para conducir
El artículo 65 de la Ley de Movilidad establece que para obtener licencias o permisos para conducir cualquier tipo de vehículo motorizado “será necesario acreditar las evaluaciones y cursos” que establezca la Secretaría de Movilidad.
El Reglamento de la Ley de Movilidad que aún no se expide, deberá establecer la batería de exámenes que tendrá que cumplir la persona que aspire a una licencia, y que se prevé que sean de tres tipos: médicos, teóricos y prácticos, explicó Rivero Banfield.
“Se habría dicho que sería antes de 2017 pero evidentemente ya vamos atrasados en este tema porque no existe el reglamento. También está la parte de diferenciar los exámenes de manejo por ejemplo para las motocicletas. Actualmente si tú tienes una licencia puedes manejar un auto o una moto y esto debe diferenciarse”, dijo la experta.
Otra cosa que el reglamento debe detallar según la presidenta de México Previene, son las especificaciones para cursos en línea o prácticos, la elaboración de un manual de capacitación con parámetros homologados, y la regulación básica de las escuelas de manejo.
*Fondo de Movilidad
El artículo 32 de la ley establece la creación del Fondo Público de Movilidad y Seguridad Vial cuyo objetivo será el de “captar, administrar y aportar recursos” que contribuyan a mejorar las condiciones de infraestructura, seguridad vial y acciones de cultura vial en materia d e movilidad
“El fondo de movilidad lo que va a hacer es canalizar todos los recursos que se generan por ejemplo de los parquímetros, de las multas, de las fotomultas… esto se tiene que definir con mucha precisión en el reglamento y también que es lo que va a pasar con ese dinero”, dijo la presidenta de México Previene.
De acuerdo con Rivero Banfield, deben establecerse reglas claras sobre el manejo de estos recursos para que su ejercicio realmente este encaminado al beneficio de la movilidad y el espacio público.
*Reorganización del transporte
La Ley de Movilidad promete por fin reorganizar todo el sistema de transporte público. Además de nuevas normas para el otorgamiento de concesiones y permisos, también plantea una revisión constante de los distintos sistemas para priorizar un mejor traslado y cobertura de rutas y demandas
Lo anterior implicará, de acuerdo con el artículo 223 de la Ley, que la secretaría de Movilidad será la responsable de coordinar todas las políticas de movilidad a través de un “Centro de Gestión” que evaluará las condiciones de las vialidades y de los sistemas. Pero todo este proceso deberá detallarse en el Reglamento que aún no existe.
“Esta ley lo que hace es cambiar atribuciones de prácticamente todas las dependencias que tienen que ver con movilidad (…)da atribuciones a SEMOVI como cabeza de sector para integrar el Centro de Gestión de Movilidad y esas son atribuciones que en parte hoy tiene la Secretaría de Seguridad Pública”, dijo Laura Bellesteros.
¿Cuándo estará listo?
El pasado 7 de junio más de 20 organizaciones civiles especializadas en temas de movilidad entregaron una carta a la Consejería Jurídica de la Ciudad de México (de la que Animal Político tiene copia con el acuse de recibo) en la que piden se acelere la expedición del reglamento, luego de que el límite para ello se sobrepasó hace año y medio.
Fernanda Rivero Banfield dice que hasta ahora no han recibido una respuesta de la Consejería, pese a que de acuerdo con la información que tienen ya recibieron el texto del reglamento elaborado por la Secretaría de Movilidad para su aprobación.
Animal Político buscó la posición de la Consejería Jurídica. La respuesta, a través del área de comunicación social de dicha dependencia, es que en efecto no se ha expedido el reglamento pero se debe a que Secretaría de Movilidad aun ha entregado el texto para su verificación final, pues se encuentra analizándolo con organizaciones civiles.
Laura Ballesteros, titular del Nuevo Modelo de Movilidad de la SEMOVI dijo que antes de que acabe el 2016 será expedido el reglamento. El proyecto ya se terminó y es cuestión del proceso administrativo de revisión para que se materialice.
Reconoció que en el primer año luego de expedida la Ley no se trabajó a la velocidad a la que se debería pero tras asumir el cargo, en julio de 2015, se plantearon como meta sacar en un año todos los pendientes y en ese proceso están trabajando,
“Además del reglamento estamos trabajando en el Programa Integral de Seguridad Vial para que esté listo en noviembre de este año. Y próximamente también se hará la instalación del Órgano Regulador del Transporte (…) invitamos a la sociedad civil a que siga dando seguimiento y presionado con estos temas”.
Marchas no serán reglamentadas
Los artículos 212, 213 y 214 de la Ley de Movilidad abordan el tema de las manifestaciones en la ciudad. Se indica que la Secretaría de Seguridad Pública está obligada a dar las facilidades para la libre manifestación (incluyendo marchas), pero también que los organizadores deben avisar 48 horas antes a las autoridades.
La ley además estipula que la policía está facultada para “evitar el bloqueo en vías primarias de circulación continua” con “apego a la normatividad aplicable”. Todos los lineamientos que regulen este apartado, según la ley, estarán contenidos en el Reglamento de la misma (con el que aún no se cuenta).
Ballesteros explicó que ese tema ha quedado suficientemente claro en la Ley y no será motivo de mayor reglamentación. Recordó que los artículos mencionados están en un proceso de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Leopoldo Maldonado, Coordinador del programa de protección y defensa de Artículo 19, quien promovió junto con otras organizaciones la impugnación ante la SCJN, dijo que los artículos de la Ley de Movilidad sobre manifestaciones implican en los hechos “un permiso de la autoridad” para poder manifestarse, situación que es una violación a la libertad de expresión y debe ser eliminado de la Ley.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/la-ley-de-movilidad-cumple-dos-anos-sin-reglamento-en-la-cdmx/
El 14 de julio de 2014 entró en vigor la Ley de Movilidad de la capital mexicana que establece, entre otras cosas, que las personas que caminen en la calle o viajen en transporte público tiene derecho a un seguro; que las licencias de manejo solo se darán tras aprobar varios exámenes; o que se creará un fondo con el dinero de las multas que se paguen.
El objetivo es reorganizar la política de movilidad para dar prioridad al peatón, reducir al mínimo los percances viales y salvar entre el 2014 y el 2020 más de 50 mil vidas.
Pero nada de eso ha ocurrido en dos años, porque no existe un reglamento que permita aplicar en la realidad lo que hoy solo sigue en el papel.
El gobierno capitalino tenía 180 días, como máximo, para expedir el Reglamento que estableciera la forma en que se aplicarían los más de 250 artículos de la norma; ya pasaron más de dos años y no se ha expedido.
“Tenemos una ley de movilidad con las mejores prácticas del mundo sin duda pero ¿de qué nos sirve tener un papel increíble sino podemos actuar de ninguna forma? Tener una ley sin reglamento es como no tener nada, no te está asegurando nada”, dijo Fernanda Rivero Banfield, directora de la asociación civil México Previene.
Rivero firmó una carta respaldada por más de 20 organizaciones civiles especializadas en movilidad que hace un mes fue entregada a la Consejería Jurídica de la Ciudad de México para pedir la publicación del reglamento. En el documento recordaron que al día tres personas mueren solo por accidentes viales.
Animal Político contactó a la Consejería encabezada por Manuel Granados para preguntarles sobre el reglamento. Confirmaron que éste no se ha expedido y se debe a que la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la ciudad no ha mandado el texto correspondiente para su análisis final.
En la SEMOVI la titular del Nuevo Modelo de Movilidad, Laura Ballesteros, reconoció que existe un retraso, pero dijo que a partir de julio de 2015, cuando ella asumió su actual cargo, se aceleró el trabajo, lo que permitió finalizar y entregar un proyecto de Reglamento la semana pasada, que se espera se revise y apruebe antes que concluya el 2016.
“¿Qué si se tenía que haber sacado antes? Pues por supuesto que tendría que haber salido antes, pero justamente porque no se hizo al principio es que se crea el Nuevo Modelo de Movilidad para avanzar en esto”, dijo.
Cuatro claves de la ley
La Ley de Movilidad del Distrito Federal publicada en 2014 reordena prácticamente a todos los actores que comparten el espacio público de la ciudad; la norma establece la prioridad que tiene le peatón y el ciclista sobre los demás; las reglas para la concesiones del transporte de todo tipo y sanciones; los parámetros de clasificación de las avenidas, entre otros.
Pero además incluye varias innovaciones, la mayoría propuestas por organizaciones de la sociedad civil, que buscan alcanzar una movilidad más equitativa y segura. Estas disposiciones requieren de reglas que no se han establecido. Aquí el ejemplo de cuatro de ellas.
*Seguro para las víctimas
La Ley de Movilidad protege a las personas en la calle o en el transporte, en caso de ser víctimas de un accidente. El artículo 196 establece que una persona que sufra daños y perjuicios en la vía pública (incluyendo peatones o ciclistas) a causa del mal estado de las calles, avenidas o de las señalizaciones, debe ser indemnizada.
El artículo 72 indica que todos los conductores de autos particulares están obligados a contar con un seguro de responsabilidad civil en los términos que se establezca en el Reglamento. Además el artículo 110 establece la obligación de los concesionarios del transporte público para contar con una “póliza de seguro” que proteja tanto a los terceros que resulten afectados en un incidente, pero también a los usuarios.
Para que esto funcione y lo haga bien en la realidad, Rivero Banfield indica que el reglamento debe establecer las características mínimas de la protección que se dará a las personas.
“En el reglamento debe de venir detallado el seguro obligatorio de responsabilidad social. Esto es decir más o menos cual es el monto a asegurar (…) Este seguro cubriría a daños a terceros y a ti. Hay muchos seguros que solo cubren daños al automóvil por ejemplo, entonces es una trampa que solo se hable de la obligatoriedad de seguros, debe ser un seguro bien detallado”, dijo.
La experta recordó que según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el 75 por ciento del parque vehicular no está asegurado actualmente, por lo que es vital que esto se materialice conforme los parámetros que establezca el reglamento.
*Exámenes para conducir
El artículo 65 de la Ley de Movilidad establece que para obtener licencias o permisos para conducir cualquier tipo de vehículo motorizado “será necesario acreditar las evaluaciones y cursos” que establezca la Secretaría de Movilidad.
El Reglamento de la Ley de Movilidad que aún no se expide, deberá establecer la batería de exámenes que tendrá que cumplir la persona que aspire a una licencia, y que se prevé que sean de tres tipos: médicos, teóricos y prácticos, explicó Rivero Banfield.
“Se habría dicho que sería antes de 2017 pero evidentemente ya vamos atrasados en este tema porque no existe el reglamento. También está la parte de diferenciar los exámenes de manejo por ejemplo para las motocicletas. Actualmente si tú tienes una licencia puedes manejar un auto o una moto y esto debe diferenciarse”, dijo la experta.
Otra cosa que el reglamento debe detallar según la presidenta de México Previene, son las especificaciones para cursos en línea o prácticos, la elaboración de un manual de capacitación con parámetros homologados, y la regulación básica de las escuelas de manejo.
*Fondo de Movilidad
El artículo 32 de la ley establece la creación del Fondo Público de Movilidad y Seguridad Vial cuyo objetivo será el de “captar, administrar y aportar recursos” que contribuyan a mejorar las condiciones de infraestructura, seguridad vial y acciones de cultura vial en materia d e movilidad
“El fondo de movilidad lo que va a hacer es canalizar todos los recursos que se generan por ejemplo de los parquímetros, de las multas, de las fotomultas… esto se tiene que definir con mucha precisión en el reglamento y también que es lo que va a pasar con ese dinero”, dijo la presidenta de México Previene.
De acuerdo con Rivero Banfield, deben establecerse reglas claras sobre el manejo de estos recursos para que su ejercicio realmente este encaminado al beneficio de la movilidad y el espacio público.
*Reorganización del transporte
La Ley de Movilidad promete por fin reorganizar todo el sistema de transporte público. Además de nuevas normas para el otorgamiento de concesiones y permisos, también plantea una revisión constante de los distintos sistemas para priorizar un mejor traslado y cobertura de rutas y demandas
Lo anterior implicará, de acuerdo con el artículo 223 de la Ley, que la secretaría de Movilidad será la responsable de coordinar todas las políticas de movilidad a través de un “Centro de Gestión” que evaluará las condiciones de las vialidades y de los sistemas. Pero todo este proceso deberá detallarse en el Reglamento que aún no existe.
“Esta ley lo que hace es cambiar atribuciones de prácticamente todas las dependencias que tienen que ver con movilidad (…)da atribuciones a SEMOVI como cabeza de sector para integrar el Centro de Gestión de Movilidad y esas son atribuciones que en parte hoy tiene la Secretaría de Seguridad Pública”, dijo Laura Bellesteros.
¿Cuándo estará listo?
El pasado 7 de junio más de 20 organizaciones civiles especializadas en temas de movilidad entregaron una carta a la Consejería Jurídica de la Ciudad de México (de la que Animal Político tiene copia con el acuse de recibo) en la que piden se acelere la expedición del reglamento, luego de que el límite para ello se sobrepasó hace año y medio.
Fernanda Rivero Banfield dice que hasta ahora no han recibido una respuesta de la Consejería, pese a que de acuerdo con la información que tienen ya recibieron el texto del reglamento elaborado por la Secretaría de Movilidad para su aprobación.
Animal Político buscó la posición de la Consejería Jurídica. La respuesta, a través del área de comunicación social de dicha dependencia, es que en efecto no se ha expedido el reglamento pero se debe a que Secretaría de Movilidad aun ha entregado el texto para su verificación final, pues se encuentra analizándolo con organizaciones civiles.
Laura Ballesteros, titular del Nuevo Modelo de Movilidad de la SEMOVI dijo que antes de que acabe el 2016 será expedido el reglamento. El proyecto ya se terminó y es cuestión del proceso administrativo de revisión para que se materialice.
Reconoció que en el primer año luego de expedida la Ley no se trabajó a la velocidad a la que se debería pero tras asumir el cargo, en julio de 2015, se plantearon como meta sacar en un año todos los pendientes y en ese proceso están trabajando,
“Además del reglamento estamos trabajando en el Programa Integral de Seguridad Vial para que esté listo en noviembre de este año. Y próximamente también se hará la instalación del Órgano Regulador del Transporte (…) invitamos a la sociedad civil a que siga dando seguimiento y presionado con estos temas”.
Marchas no serán reglamentadas
Los artículos 212, 213 y 214 de la Ley de Movilidad abordan el tema de las manifestaciones en la ciudad. Se indica que la Secretaría de Seguridad Pública está obligada a dar las facilidades para la libre manifestación (incluyendo marchas), pero también que los organizadores deben avisar 48 horas antes a las autoridades.
La ley además estipula que la policía está facultada para “evitar el bloqueo en vías primarias de circulación continua” con “apego a la normatividad aplicable”. Todos los lineamientos que regulen este apartado, según la ley, estarán contenidos en el Reglamento de la misma (con el que aún no se cuenta).
Ballesteros explicó que ese tema ha quedado suficientemente claro en la Ley y no será motivo de mayor reglamentación. Recordó que los artículos mencionados están en un proceso de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Leopoldo Maldonado, Coordinador del programa de protección y defensa de Artículo 19, quien promovió junto con otras organizaciones la impugnación ante la SCJN, dijo que los artículos de la Ley de Movilidad sobre manifestaciones implican en los hechos “un permiso de la autoridad” para poder manifestarse, situación que es una violación a la libertad de expresión y debe ser eliminado de la Ley.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/la-ley-de-movilidad-cumple-dos-anos-sin-reglamento-en-la-cdmx/
'Ombudsman' de Oaxaca pide aclarar operativo en Nochixtlán
Ciudad de México. El defensor de derechos humanos del pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, destacó ante senadores y diputados de la Comisión Permanente que no está claro qué perseguía el operativo de la Policía Federal el 19 de junio en Nochixtlán.
“Si querían lograr el desalojo de la carretera en 15 minutos lo consiguieron, entonces por qué persiguieron a la población y entraron a la zona urbana, a colonias como la 20 de noviembre y persiguieran a los habitantes”.
En el Senado, ante legisladores de la Comisión de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, el defensor de derechos humanos de Oaxaca narró que el operativo que inició a las siete de la mañana continuó hasta las 17 horas. “Si habían desbloqueado la autopista en 15 minutos por qué siguieron persiguiendo a los habitantes, cuál era el operativo”.
Peimbert Calvo relató que antes del operativo del 19 de junio la Policía Federal intentó ingresar desde el día 13, pero el bloqueo no los dejó avanzar. Entonces quisieron pasar por otras comunidades, “tenemos información que nos ha brindado la población donde nos dicen que al no poder pasar por la autopista quisieron intentarlo por la carretera federal o libre, intentaron diferentes vías de acceso, y quisieron hacerlo por caminos municipales, Tlaltongo en particular pero no pudieron avanzar por las fiestas”.
“Tenemos información que los días 14 y 16 empezaron a regresarse los camiones de la Policía Federal ya sin policías y estos se quedaron vestidos de civil en las comunidades aledañas”.
El defensor dijo que el 19 de junio a las siete de la mañana se empezó a reagrupar la fuerza federal ya se acercaron a Nochixtlán donde había entre 60 y 70 personas bloqueando. Sin que hubiera ningún protocolo se empezaron a acercar al bloqueo, se oyeron detonaciones y se lanzó gas lacrimógeno.
“Insistió el defensor cuáles fueron los efectivos de la policía porque si en 15 minutos habían desbloqueado, por qué continuaron persiguiendo a la población”.
El defensor narró que en efecto no se conoce la cifra exacta de heridos y lesionados por el temor que tiene la población a ser criminalizada. En ese marco narró que elementos de la Policía Federal impidieron que un hospital atendiera a los heridos. “Esto incluso nos lo narra un oficio del IMSS”.
Luego, el defensor explicó que la Policía Federal al ingresar a la comunidad 20 de noviembre, donde había niños, alrededor de 30, éstos trataron de protegerse del gas que lanzó la policía, se cubrieron con su ropa y se tiraron a la sierra, se trata de 30 menores que fueron rescatados por una madre de familia que los llevó por una vereda a otra colonia.
Dijo que el evento del día 19 dejó marcada a la población, sobre todo a los menores. Luego acusó que hasta la fecha las instituciones no han entregado los informes que se les ha requerido.
En estos momentos continúa la sesión de preguntas y respuestas.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VICTOR BALLINAS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/26/ombudsman-de-oaxaca-pide-aclarar-operativo-en-nochixtlan
“Si querían lograr el desalojo de la carretera en 15 minutos lo consiguieron, entonces por qué persiguieron a la población y entraron a la zona urbana, a colonias como la 20 de noviembre y persiguieran a los habitantes”.
En el Senado, ante legisladores de la Comisión de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, el defensor de derechos humanos de Oaxaca narró que el operativo que inició a las siete de la mañana continuó hasta las 17 horas. “Si habían desbloqueado la autopista en 15 minutos por qué siguieron persiguiendo a los habitantes, cuál era el operativo”.
Peimbert Calvo relató que antes del operativo del 19 de junio la Policía Federal intentó ingresar desde el día 13, pero el bloqueo no los dejó avanzar. Entonces quisieron pasar por otras comunidades, “tenemos información que nos ha brindado la población donde nos dicen que al no poder pasar por la autopista quisieron intentarlo por la carretera federal o libre, intentaron diferentes vías de acceso, y quisieron hacerlo por caminos municipales, Tlaltongo en particular pero no pudieron avanzar por las fiestas”.
“Tenemos información que los días 14 y 16 empezaron a regresarse los camiones de la Policía Federal ya sin policías y estos se quedaron vestidos de civil en las comunidades aledañas”.
El defensor dijo que el 19 de junio a las siete de la mañana se empezó a reagrupar la fuerza federal ya se acercaron a Nochixtlán donde había entre 60 y 70 personas bloqueando. Sin que hubiera ningún protocolo se empezaron a acercar al bloqueo, se oyeron detonaciones y se lanzó gas lacrimógeno.
“Insistió el defensor cuáles fueron los efectivos de la policía porque si en 15 minutos habían desbloqueado, por qué continuaron persiguiendo a la población”.
El defensor narró que en efecto no se conoce la cifra exacta de heridos y lesionados por el temor que tiene la población a ser criminalizada. En ese marco narró que elementos de la Policía Federal impidieron que un hospital atendiera a los heridos. “Esto incluso nos lo narra un oficio del IMSS”.
Luego, el defensor explicó que la Policía Federal al ingresar a la comunidad 20 de noviembre, donde había niños, alrededor de 30, éstos trataron de protegerse del gas que lanzó la policía, se cubrieron con su ropa y se tiraron a la sierra, se trata de 30 menores que fueron rescatados por una madre de familia que los llevó por una vereda a otra colonia.
Dijo que el evento del día 19 dejó marcada a la población, sobre todo a los menores. Luego acusó que hasta la fecha las instituciones no han entregado los informes que se les ha requerido.
En estos momentos continúa la sesión de preguntas y respuestas.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: VICTOR BALLINAS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/26/ombudsman-de-oaxaca-pide-aclarar-operativo-en-nochixtlan
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