miércoles, 27 de julio de 2016

“Don Neto”, casi a punto, y Caro afuera: Los socios del Cártel de Guadalajara prueban la libertad

Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) diera un amparo al narcotraficante Rafael Caro Quintero, también conocido como el “narco de narcos”, el sinaloense fue liberado en agosto de 2013. Recientemente le tocó el turno de quien fuera su socio en la organización del Cártel de Guadalajara, Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, quien, luego de 32 años en la prisión de Puente Grande, en Jalisco, saldría para terminar su condena en casa.

La fragmentación de los grupos delictivos como Los Zetas modificaron la estructura de los grandes cárteles y hoy, de acuerdo con especialistas, sólo sobreviven dos: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que no significa que la violencia diminuya en el país, sino al contrario: en este reacomodo han surgido pequeños grupos criminales regionales que hoy se disputan violentamente distintos territorios. Además, dos grandes capos, históricos incluso, parecen estar dispuestos a retomar su posición de liderazgo.

Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) diera un amparo al narcotraficante Rafael Caro Quintero, también conocido como el “narco de narcos”, el sinaloense fue liberado en agosto de 2013. Ahora toca el turno de quien fuera su socio en la organización del Cártel de Guadalajara, Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, quien tras pasar 32 años en la prisión de Puente Grande, en Jalisco, se prepara para completar su sentencia desde casa.

En enero de 2015, Caro Quintero fue declarado culpable del homicidio de Enrique Camarena “Kiki Camarena” por un tribunal federal y se emitió una nueva orden de aprehensión en su contra. Actualmente es considerado prófugo de la justicia tanto en México como Estados Unidos, que además ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por su recaptura.

Hoy por hoy, el “narco de narcos”, a quien se le atribuye el origen del narcotráfico moderno y quien estuvo preso 28 de los 128 años que tenía como condena, es supuestamente el líder de una organización que trafica con estupefacientes en las rutas hacia Estados Unidos, de acuerdo con reportes de la Drug Enforcement Organization (DEA).

En Badiraguato, Sinaloa, su tierra, la guerra pausada ha vuelto a empezar. Y en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fincó sus dominios y propiedades famosas como los ranchos “El Búfalo”, “El Vaquero” y “Pocitos” se habla de las señales que dan cuenta de su presencia.

Rafael Caro Quintero fue detenido en una hacienda de Costa Rica en abril de 1985 por una pesada carga de culpas. Identificado como el dirigente de la organización criminal denominada Cártel de Guadalajara, traficaba droga hacia Estados Unidos y además, se afirmó, había asesinado al agente encubierto Enrique Camarena Salazar, también conocido como “Kiki”, y al piloto aviador Alfredo Zavala, ambos integrantes de la DEA [Drug Enforcement Administration, por sus siglas en inglés].

Sin embargo, en una entrevista publicada apenas el domingo pasado por el semanario Proceso, Caro Quintero negó haber asesinado a “Kiki” Camarena.

“No lo secuestré, no lo torturé y no maté” al agente de la Agencia Antidroga (DEA), dijo el fundador del Cártel de Guadalajara, quien admitió haber estado “en el lugar equivocado”, pero nada más.

Tras sus casi tres décadas en prisión aseguró que ahora sólo busca paz y pide “perdón a la sociedad de México”, a la familia del agente encubierto de la DEA y al Gobierno de Estados Unidos si en algo participó o estuvo involucrado.

Sentado en un banco de madera y ataviado con pantalón, camisa y gorra azul, Caro Quintero señaló que ya pagó su culpa y que hace 31 años dejó de ser narcotraficante.

También rechazó tener problemas con alguna agrupación dedicada al tráfico de drogas y contó que los líderes del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García, “El Mayo”, y Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” –actualmente preso y a la espera de ser extraditado a EU tras dos fugas de cárceles mexicanas– lo visitaron en 2013 tras su liberación.

De “El Chapo” dijo que es su amigo desde la infancia, que le respeta y que en el encuentro que sostuvieron le comentó que “ya no quería saber nada de cuestiones ilícitas”.

CARO QUINTERO EN BADIRAGUATO

Su padre falleció cuando él tenía 13 años de edad y entonces se hizo cargo de una familia de 12 hermanos que se distribuyeron para vivir en varios municipios de Sinaloa y Jalisco.

A los 18 años, se convirtió en chofer de carga en Culiacán. En ese trabajo estaba cuando conoció a Ernesto Fonseca Carrillo y a Juan José Esparragoza Moreno, también conocido como “El Azul”. Pronto conformarían una tríada.

Tres décadas después de que Rafael Caro Quintero se convirtiera en el líder del cultivo y trasiego de drogas en México, su pueblo, Badiraguato, se deshace atajado por un binomio: la miseria y la guerra.

Badiraguato es de los 200 municipios con los niveles de miseria más dramática en México. En otras palabras, en la cuna de los narcos más famosos, en la génesis de la violencia en el país, la mitad de los 30 mil habitantes vive en crisis alimentaria, en casas de lámina, sin zapatos y con pocas posibilidades de estudiar. Igual que cuando Rafael Caro Quintero nació y creció ahí.

En su accidentado mapa se ramifican tres generaciones de nombres de hombres con enigmáticas e intrincadas leyendas. En los 40, nacieron ahí Pedro Avilés Pérez, Ismael “El Mayo” Zambada y Juan José “El Azul” Esparragoza. Diez años después la misma tierra parió y crió a Fonseca Carrillo,  Caro Quintero e Ignacio Coronel Villarreal. Luego, Joaquín Guzmán Loera vio la primera luz y se hizo adolescente en esos mismos montes, casi al mismo tiempo que sus primos: los cinco hermanos Beltrán Leyva.

El semanario sinaloense Ríodoce ubicó el origen de este desajuste en el asesinato de Ernesto Guzmán Hidalgo, en abril de 2015. Fue medio hermano de Guzmán Loera y en la la sierra corrió la versión de que lo había mandado matar Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de padre y madre de “El Chapo”.

El ajuste de cuentas habría ocurrido porque don Ernesto no era confiable para la estructura de los Guzmán Loera. Era padre de Patricia Guzmán Núñez, esposa de Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”.

Caro Quintero fue detenido en la Quinta La California, dentro de la comunidad de San Rafael de Ojo de Agua en Alajuela. Con él estaba Sara Cosío Vidaurri Martínez –sobrina de Guillermo Cosío Vidaurri, ex Gobernador de la entidad y ex presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI)–, quien en un inicio fue considerada como secuestrada y posteriormente declaró ser pareja del narcotraficante.

La captura de Caro fue posible por la intervención de los teléfonos de la familia de Cosío, a la que ella llamó ese año e informó: “Yo no estoy secuestrada… yo estoy enamorada de Caro Quintero”. Así es como la DEA dio con el paradero del líder del Cártel de Guadalajara.

AL QUITE POR LA PLAZA DE JUÁREZ

A principios de este mes, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Chihuahua dijo que, de acuerdo con información de inteligencia militar que le fue proporcionada, Caro Quintero, aliado con el Cártel de los Beltrán Leyva, pretendía llegar a la entidad para disputarse el control del punto de trasiego de drogas de Ciudad Juárez, por lo que se preveía un recrudecimiento de la violencia en la entidad.

En las declaraciones que fueron difundidas por El Diario de Juárez, el Fiscal detalló que la intención de Caro Quintero es operar en la entidad y disputarse la plaza con el Cártel de Sinaloa que se ha visto debilitado. Incluso señaló que debido a la detección de grandes cantidades de droga, así como el recrudecimiento de la violencia en Ciudad Juárez, hacen pensar a la dependencia que el Cártel ya hizo presencia.

Un ex funcionario de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Fiscalía de Chihuahua confirmaron que Rafael Caro Quintero regresó al negocio del narcotráfico y busca pelearle a Joaquín “El Chapo” Guzmán el control de Ciudad Juárez y otras zonas de Chihuahua.

En tanto, autoridades de Durango confirmaron que ante el reciente incremento de violencia en Tamazula, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) blindaron las inmediaciones del municipio, para evitar que grupos de la delincuencia organizada ingresen a la zona.

“Estas áreas han sido complicadas históricamente. Nosotros hemos tenido mucho acercamiento con el Ejército mexicano, hemos expresado nuestra preocupación al respecto. Ha habido de parte de Sedena una recepción muy importante, muy serie de este tema. Hay un despliegue importante de activos de Ejército mexicano que sin duda estarán ayudando a estabilizar esta área del estado”, expuso Miguel Ángel Olvera Escalera, Secretario General de Gobierno, al diario Milenio.


KIKI CAMARENA

La polémica por el asesinato del agente Enrique Camarena Salazar en 1985 continúa generando controversia. Tras la exoneración de Caro Quintero en 2013 surgieron nuevas inquietudes en torno a su asesinato poniendo en jaque a las autoridades de la DEA y al Senador mexicano Manuel Bartlett Díaz.

El año pasado, el agente de Dirección Estadounidense de la DEA y encargado de la llamada “Operación Leyenda”, Héctor Berrellez, concedió una entrevista para la agencia de noticias Xinhua, donde aseguró que el secuestro y tortura de Enrique Camarena fue a cargo del mismo Bartlett, quien en ese entonces se desempeñaba como Secretario de Gobernación en la administración del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado.
“Quiero recalcarle que Manuel Bartlett, quien fue Secretario de Gobernación de México, no nada más dio la orden de asesinar a Enrique Camarena. Él también dio la orden de que asesinaran al periodista Manuel Buendía, éste último quien investigaba el involucramiento de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con el narcotráfico en México”.

Sin embargo, Berrellez aseguró que aunque el capo es el asesino material de Camarena existen otras personas como autores intelectuales de su homicidio.

Berrellez, en su investigación, dice que Camarena descubrió la relación de la CIA con el cártel de Caro Quintero y entonces fue secuestrado y torturado con la intención de interrogarlo para saber hasta dónde había llegado la información que él mandó a Washington sobre esta relación criminal de la CIA con el narcotráfico.

Berrellez aseguró que la decisión de secuestrarlo fue de Félix Rodríguez, agente de la CIA, el mismo que estuvo presente en la muerte de Ernesto “El Che” Guevara en Bolivia. El objetivo era saber cuánto sabía de las ligas entre narcotraficantes, funcionarios mexicanos y la CIA para llevar dinero a Nicaragua, “pero se les pasó la mano en el interrogatorio y lo mataron”.

Camarena fue secuestrado al salir del consulado de Estados Unidos en Guadalajara y llevado a la casa de Rubén Zuno Arce, cuñado del ex Presidente Luis Echeverría Álvarez. Zuno Arce murió en una prisión de EU en el 2012, acusado de haber participado en ese homicidio. Ese día, añadió, interrogaron tanto a Camarena como al piloto Zavala Avelar.

Otro testigo protegido, identificado como José, relató también que en el interrogatorio estuvieron, entre otros, Manuel Bartlett, quien incluso le hizo varias preguntas.


“DON NETO”, CON UN PIE AFUERA

El pasado 22 de julio, la Secretaría de Gobernación (Segob) dio un plazo de tres días para que el narcotraficante Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, socio de Rafael Caro Quintero, sea trasladado del penal de máxima seguridad de Puente Grande a su casa en el Estado de México, donde concluirá su sentencia.

La orden de la Segob se da luego de que un tribunal unitario autorizara la prisión domiciliaria en una finca del Estado de México para el hombre de 86 años, sentenciado a 40 años de prisión por homicidio, de los cuales ha purgado ya 31.

En el oficio DGPC/413/2016 la dependencia federal ordena el traslado en un plazo de tres días hábiles, una vez que el Comisionado del OADPRS, Guerrero Durán, sea notificado de esta orden, lo cual no ocurrió hasta el viernes pasado, según Yoanna Fonseca, hija de “Don Neto”, quien acusó al funcionario de retrasar el traslado del narcotraficante.

De no cumplir la resolución del tribunal, Guerrero Durán podría recibir una multa de 100 días de salario mínimo y otras sanciones penales y administrativas, de acuerdo con el oficio.

Desde la liberación de Rafael Caro Quintero –hace casi tres años– ya se había especulado acerca de la posible liberación de Ernesto Fonseca Carrillo.
No sólo Rafael Caro Quintero: Ernesto Fonseca Carrillo, conocido en el mundo del hampa de los 1980 como “Don Neto”, también habría quedado libre este día”. Así se lo dijo al diario mexicano Milenio José Luis Guízar, abogado en ese entonces de Ernesto Fonseca.

El abogado dijo que los familiares del narcotraficante le informaron que ya estaba libre y por cuestiones de salud lo trasladaban a la Ciudad de México.

Hoy, esa predicción sobre Fonseca Carrillo –quien es también tío de Amado Carrillo Fuentes, conocido como “El Señor de Los Cielos”– parece estar ya cerca.


En tanto, “Don Neto”, de 86 años de edad, padece 19 afectaciones a su salud y continúa recluido en el penal de máxima seguridad en Puente Grande, según ha informado su familia. Sin embargo, en las próximas horas podría salir del centro penitenciario en el que ha pasado ya tres décadas.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SAMANTHA MACÍAS LAGUNAS.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-07-2016/3071148

Hay 3 líneas de investigación sobre el asesinato del alcalde de San Juan Chamula: procurador

El procurador estatal mencionó que en la indagatoria sobre el caso de San Juan Chamula, Chiapas, no hay señalamientos en contra de un partido o institución en específico.

El Ministerio Público cuenta con tres líneas de investigación sobre el asesinato del alcalde de San Juan Chamula, Chiapas, Domingo López González, dijo el procurador estatal, Raciel López Salazar.

Esas líneas son: la revancha entre actores comunitarios, adversidad política, y “la línea económica por obras y apoyos municipales”, detalló el gobierno de Chiapas, en un comunicado.

El pasado 25 de julio, el procurador López Salazar mencionó que el asesinato, más que por un reclamo de obras públicas, se dio por motivos políticos.

Por el intento de un grupo opositor al alcalde de retomar el poder después de que el Partido Verde venciera por primera vez al PRI, en San Juan Chamula.

Sin embargo, este martes 26 de julio, el funcionario habló sobre las tres líneas de investigación, y expresó que “no hay señalamientos” en contra de una institución o partido político en específico.

“Tenemos plenamente identificadas a las personas que participaron en los hechos de San Juan Chamula y trabajamos para que pronto todos enfrenten a la justicia”, mencionó.

Por este caso hay siete personas detenidas.


Al alcalde le dispararon el pasado sábado 23 de julio, cuando acudió al palacio municipal de San Juan Chamula, y enfrente había una manifestación. El ataque con disparos mató a otras cuatro personas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/hay-tres-lineas-de-investigacion-sobre-el-asesinato-del-alcalde-de-san-juan-chamula/

Corrupción, la principal amenaza para empresas en México: American Chamber of Commerce

5 de cada 10 empresarios encuestados por la AmCham señalaron a la corrupción como la principal amenaza para sus actividades; consideraron que Tamaulipas y el Estado de México son las entidades más peligrosas por su nivel de crimen y violencia.

La principal amenaza para las empresas extranjeras y nacionales en México no es el secuestro ni la extorsión del crimen organizado, sino la corrupción de las autoridades.

Así lo dijeron 5 de cada 10 empresarios encuestados por la American Chamber of Commerce (AmCham), para su séptimo Informe de Seguridad Empresarial México, que presenta este miércoles.

El estudio de la AmCham, que realizó a partir de una encuesta a 340 directores generales de empresas -56% extranjeras, 41% nacionales y 3% cámaras de comercio-, reveló que la corrupción fue mencionada más veces por los empresarios como principal amenaza que los ataques al trasporte o cadena de suministro (46%); la extorsión de la delincuencia (45%); la impunidad (44%); el robo interno (42%); y el secuestro (40%).

La percepción de la corrupción como la mayor amenaza para las empresas aumentó en relación al informe previo de la AmCham, publicado en 2014, cuando 21% de los encuestados señalaron a la corrupción, junto con la impunidad, como el factor que más impactó en el deterioro de su seguridad.

Sobre la confianza de los empresarios para denunciar agresiones, 52% dijo que la actuación de autoridades municipales fue “deficiente” ante denuncias presentadas, y 40% prefirió no contestar. En el caso de las autoridades a nivel estatal, un 46% señaló que su actuación fue deficiente, y 42% no contestó.

Las autoridades federales salieron algo mejor libradas: 25% dijo que su actuación sí fue eficiente, 33% deficiente, y 42% no opinó. No obstante, la confianza en las autoridades federales bajó 13 puntos porcentuales en relación a 2014.

“La Marina y el Ejército son las autoridades que mejor respuesta han dado ante las denuncias reportadas por la industria”, expuso en entrevista Ana López Mestre, directora de la American Chamber México, quien agregó que el 21% de las empresas decidieron no denunciar el delito, “lo que refleja una falta de confianza en las autoridades”.

Esa falta de confianza se refleja en otro dato: 83% de las empresas encuestadas dijo que su seguridad ha mejorado gracias a la puesta en marcha de medidas de seguridad internas (capacitaciones de personal, protocolos de viaje, controles de acceso, videocámaras, guardias privados, etcétera), frente al 15% que dijo que se debió a la intervención de alguna autoridad.

Tamaulipas desbanca a Nuevo León como el más peligroso para las empresas

En cuanto al mapa de la inseguridad en el país, el informe de la American Chamber refiere que los empresarios encuestados apuntan a Tamaulipas como el estado más peligroso, seguido del Estado de México (Edomex) y Michoacán.

En relación con el informe de 2014, Tamaulipas desbancó a Nuevo León como el estado más violento, mientras que el Estado de México subió del cuarto al segundo lugar, y Michoacán bajó al tercero. La Ciudad de México es la cuarta entidad más peligrosa (subió un puesto en comparación con 2014). Le siguen Nuevo León, que bajó del primer lugar al quinto; Guerrero, Jalisco, Veracruz, Sinaloa y Coahuila.

Cabe resaltar que tras dos ediciones en las que no figuraba en el top 10 de estados más peligrosos, Sinaloa volvió a la lista, mientras que Chihuahua abandonó el ranking después tres ediciones consecutivas de haber aparecido.

Por el contrario, Yucatán, Tlaxcala, Chiapas y Campeche, son las entidades con menos problemas de inseguridad, según reportaron las empresas. Colima a pesar de que en el primer semestre de este 2016 es la entidad con la mayor tasa de homicidios de México, 40 por cada 100 mil habitantes frente a 29.9 de Guerrero, ocupa el sexto lugar de estados más ‘pacíficos’ para las empresas.

Iztapalapa y Ecatepec, entre los municipios más violentos del país

En la clasificación por municipios más peligrosos, resaltan los casos de la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México, y de Ecatepec, en Edomex.

Aunque ambos municipios no figuraron en el ‘top 10’ del informe 2014, en esta nueva edición Iztapalapa ocupa el tercer lugar más peligroso, y Ecatepec el segundo, por delante de Monterrey (que era la ciudad más peligrosa en 2014), Morelia, Guadalajara, Acapulco, Veracruz, Torreón y Culiacán.


Reynosa, en Tamaulipas, es en la actualidad la localidad más peligrosa para las empresas extranjeras y nacionales, según apuntaron los encuestados.

Aumentan las extorsiones virtuales contra las empresas

Por tipo de agresión sufrida por las empresas, la ‘extorsión virtual’ fue la más reportada: 49% de los encuestados así lo dijeron. Esta cifra es 10 puntos porcentuales mayor a la de 2014, cuando el 39% de los empresarios señaló que sufrió al menos una vez una ‘extorsión virtual’, es decir, que fue objeto de una llamada telefónica que simula un secuestro para exigir un rescate.

En comparación con el informe de 2014, la ‘extorsión virtual’ superó al robo como delito más común contra empresarios, que en este 2015-2016 ocupa el segundo lugar (45% sufrió un robo).

Ataques al transporte de las empresas (38%), agresiones o amenazas contra empleados (35%), el secuestro virtual (19%), o el secuestro exprés (14%), son otros de los delitos más reportados. Mientras que la intrusión en las instalaciones fue el que más aumentó: pasó del 13% al 29%, 16 puntos porcentuales más.

En cuanto a los delitos más recurrentes, el robo y los ataques al transporte fueron los que más se repitieron: 17% de los encuestados dijeron que sufrieron un robo en más de ocasiones, y otro 17% que sus transportes fueron atacados también más de cinco veces.

62% de las empresas no redujeron su inversión, a pesar de la violencia

A pesar de los datos anteriores, el informe de la AmCham destaca que 62% de los empresarios encuestados aseguraron que no redujeron sus inversiones en México debido a la violencia. Este indicador está ligeramente por debajo en comparación con 2014, cuando 69% indicaron que no bajaron sus inversiones.


“Solamente 10 empresas dijeron haber reubicado sus operaciones dentro del país por motivos de seguridad, saliendo de Tamaulipas, Ciudad de México, Guerrero y Chihuahua, para reubicarse en Yucatán, Puebla, Oaxaca y Nuevo León”, apunta el informe, el cual también indica que seis empresas que operaban en Nuevo León, Edomex, Tamaulipas, Jalisco y Campeche, trasladaron sus operaciones a Estados Unidos y Canadá.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/la-corrupcion-es-la-principal-amenaza-para-las-empresas-en-mexico/

La Coparmex urge al gobierno solucionar conflicto magisterial; denuncia pérdidas económicas

Ante la falta de acuerdos y la intensificación de protestas a nivel nacional por parte de maestros disidentes adscritos al magisterio docente, la Coparmex urge al Gobierno mexicano hacer algo ante el riesgo que supone la situación, pues según asegura, los bloqueos y manifestaciones están gestando una falta de gobernabilidad y generando pérdidas millonarias al sector productivo y turístico de los estados.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que se está generando una crisis de gobernabilidad debido a que el Estado no ha puesto un alto a los bloqueos y protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Por medio de un video, la iniciativa privada manifestó que día a día “se configura una crisis de gobernabilidad en la que el Estado mexicano pareciera estar perdiendo la batalla frente a unos cuantos que violentan sistemáticamente la Ley”, haciendo referencia a que muchos de los actos del magisterio suponen delitos del ámbito federal.

Asimismo, la Coparmex profiere que aunque las autoridades persisten en su estrategia de diálogo, no se ven resultados positivos para con la sociedad, pues de acuerdo con el sector patronal, el costo de la táctica del gobierno para con la ciudadanía es enorme ya que “este conflicto deja daños irreversibles para los habitantes, para los negocios, para el turismo en los estados, para la seguridad y la tranquilidad en la vida cotidiana de las personas”.

En ese sentido, la iniciativa privada menciona que los mexicanos hemos sido secuestrados por aquellos que creyendo tener la razón, alzan la voz sin medir las consecuencias.

Como ejemplo de los daños causados, la Confederación expone el caso de las recientes festividades celebradas en Oaxaca por motivo de la Guelaguetza, donde cerca de cuatro de cada 10 turistas se vieron en la penosa necesidad de cancelar sus respectivos viajes ante el desorden social que vive el estado.

Del mismo modo, en el video se menciona la situación chiapaneca, en donde el sector agrícola presentó pérdidas que circundan los 450 millones de pesos debido a los bloqueos, circunstancia que evita y retrasa el transporte de productos.


Finalmente, el gremio refiere el caso del estado de Michoacán, donde por la misma ocasión, los insumos y productos importados de otros países se encuentran detenidos en el Puerto de Lázaro Cárdenas, evitando de ese modo que se pueda completar el cielo de exportaciones a otras entidades de la República.

VIDEO:



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-07-2016/3072317

Juez ordena a la PGR resarcir el daño causado a indígena encarcelada injustamente en Querétaro

Luego de que una indígena mexicana cumpliera injustamente más de tres años en prisión tras ser condenada a 21 años por supuestamente haber secuestrado de seis miembros de la ya desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), un tribunal ordenó a la PGR que resarce a la mujer quien fuera nombrada presa de conciencia por Amnistía Internacional en 2010, porque “se le negó un juicio justo y fue encarcelada por su situación social marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia”.

Un tribunal mexicano ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reparar el daño de manera integral a Teresa González Cornelio, indígena que pasó más de tres años en prisión acusada injustamente de secuestrar a seis policías, informó hoy Amnistía Internacional (AI).

La resolución del pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa “es de carácter inapelable” y ordena a la Fiscalía a “difundir en los medios de comunicación la inocencia de Teresa”, señaló la organización en un boletín conjunto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

La indígena hñahñu (otomí) fue condenada a 21 años de prisión en 2006 por el secuestro de seis miembros de la ya desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) que entraron vestidos de civil en un mercado de Santiago Mexquititlán, en el estado central de Querétaro, en un operativo en busca de drogas y DVD piratas.

Tras cumplir más de tres años de condena, González fue liberada por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque la Fiscalía general rechazó entonces reconocer su inocencia, recuerdan las agrupaciones.

Junto a González fueron detenidas otras dos mujeres más, que también fueron encarceladas y liberadas años más tarde.

En mayo pasado, otro tribunal ratificó la sentencia que ordena a la Fiscalía a reparar el daño a Jacinta Francisco Marcial en un plazo de cuatro meses.

Todavía queda pendiente de resolución el caso de Alberta Alcántara Juan, dentro del cual la PGR interpuso un recurso de revisión pidiendo revocar una orden de reparación del daño.

González fue nombrada presa de conciencia por Amnistía en 2010, porque “se le negó un juicio justo y fue encarcelada por su situación social marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia”.


Los casos de estas tres mujeres indígenas pueden suponer un “precedente fundamental” para que la Fiscalía se responsabilice por los daños del ministerio público cuando este incurra en actividades irregulares, señalaron las agrupaciones.

FUENTE: SIN EMBARGO/EFE.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-07-2016/3072488

Duarte deja deuda masiva y más impuestos, avalado por PRI-Verde; el boquete mayor, en Educación

Para pagar sus adeudos, el Gobernador Javier Duarte no sólo tiene ya el aval del Congreso del estado para usar los ingresos del Impuesto a la Nómina, además busca conseguir recursos de última hora y con medidas improvisadas. Su administración quiere captar unos 1 mil 500 millones de pesos con el reemplacamiento de todo el padrón vehicular de la entidad, cercano a millón y medio de autos.

El desastre financiero que el Gobernador Javier Duarte de Ochoa deja a Veracruz asciende a los 11 mil 038 millones de pesos, que ahora, con el aval de los diputados locales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), serán cubiertos con los recursos del impuesto al 3 por ciento a la nómina, ingresos que debían ser destinados al desarrollo de la entidad, y que ahora estarán comprometido durante varios años para el pago a proveedores.

La administración de Javier Duarte, a unos meses de finalizar el próximo diciembre, reportó una serie de deudas por miles de millones de pesos en diversas secretarias: la más endeudada es la de Educación, que reporta pasivos por 2 mil 554 millones de pesos. Mientras, tan sólo las secretarías de Seguridad Pública y de Salud, deben 1 mil 450 y 1 mil 148 millones de pesos respectivamente.

El pasado viernes 22 de julio, el Congreso de Veracruz avaló el proyecto del Gobernador Javier Duarte con el cual se “empeña” el impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal para que la administración entrante pague estos adeudos a proveedores y contratistas.

En la exposición de motivos del proyecto de Duarte, se expone que con ese decreto “se busca brindar una fuente de pago que garantice el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno del Estado frente a los mencionados proveedores y contratistas; lo cual permitirá fortalecer la seguridad jurídica y la certeza en el pago, generando condiciones óptimas para cumplir con los compromisos propios de su rubro”.

Diputados de oposición, empresarios y el Gobernador electo han recriminado que el dinero del impuesto a la renta en realidad debe ser utilizado para el desarrollo de la entidad y no para cubrir el desfalco de Javier Duarte. Incluso han denunciado que entre los proveedores a los que pretende pagar el Gobernador están las llamadas empresas “fantasma” que fueron detectadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El 19 de julio, Yunes evidenció que el Gobierno de Veracruz mantiene adeudos de 72 millones de pesos con empresas pertenecientes a la familia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) de ese Estado, Arturo Bermúdez Zurita.

El panista detalló que al revisar las cuentas del Gobierno, encontró que diversas empresas a las que la SSP le adeuda son propiedad de los hermanos y de la madre del aún funcionario estatal.

El pasado viernes, el Gobernador entrante aseguró que Javier Duarte y los legisladores buscan “cometer un atraco” a las finanzas de la entidad.
“El día de hoy [viernes], Javier Duarte y un grupo de diputados cómplices en el Congreso del estado cometieron un grave atraco, quieren que tus impuestos, los impuesto que debe servir para el desarrollo de Veracruz queden en sus manos, y que en los próximos años queden distribuidos entre sus cómplices. Ese dinero que debe servir para mejorar las condiciones de vida de los veracruzanos quieren que vaya a parar a la bolsa de los cómplices de esta banda. No lo voy a permitir, antes de que lo logren, soy capaz de desaparecer el impuesto del 3 por ciento a la nómina”, advierto el panista.

En tanto, previamente, los empresarios también han advertido que dejarán de pagar ese impuesto: “Al Gobernador del estado, Javier Duarte, y a los diputados del Congreso de Veracruz reiteramos que no pagaremos más este impuesto. Decimos no a la iniciativa del 3 por ciento en la nómina, ya que el objetivo es comprometer durante varios años los montos de ese impuesto recaudado para fines distintos para el que originalmente fue creado”, señalaron en días pasados.

Blog Expediente tuvo acceso al documento del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), donde se detallan los adeudas de las diferentes dependencias, así como los nombres de las dependencias a las que el Gobierno de Duarte les debe.

COMUNICACIÓN DE VERACRUZ DEBE 400 MILLONES

El Gobierno de Veracruz adeuda 400 millones 146 mil pesos a medios de comunicación, periodistas, agencias informativas, diarios locales y nacionales, publicistas y encuestadoras que Javier Duarte de Ochoa busca se liquiden con recursos del 3 por ciento a la nómina.

El manejo de la publicidad por parte del Gobierno de Veracruz no ha sido cosa pequeña. Cuando Gina Domínguez asumió la responsabilidad como directora de Comunicación Social con la administración de Javier Duarte, esa oficina apenas tenía un presupuesto de 50 millones de pesos.


Así consta en la Ley de Egresos para el estado de Veracruz 2011. En cambio, el mismo documento, para el 2016, dice que esa Coordinación ejercerá 304 millones de pesos, de los cuales, 124 millones serían destinados a difusión de la obra del Gobierno del Estado.

ZURITA DEJA DEUDA POR 1,450 MDP

Arturo Bermúdez Zurita pronto dejará la Secretaría de Seguridad Pública sumida en el descrédito y con una deuda de al menos 1 mil 450 millones de pesos.

La dependencia a su cargo adeuda facturas por energía a la Comisión Federal de Electricidad, las del agua potable para las comandancias en las ciudades más importantes, la comida para los policías, las botas, los uniformes, las municiones; e incluso le debe sumas millonarias a Telcel, a las abastecedoras de comida y al Instituto de Pensiones del Estado, a quien le adeudan 35 millones de pesos. Es más: le debe hasta a la Marina Armada de México.

Por ejemplo, la SSP le adeuda 28 millones 445 mil pesos al convenio con la Secretaría de Marina (Semar) en Coatzacoalcos, dinero necesario para los gastos operativos del personal de la Policía Naval. Es el recurso para la gasolina, para la compensación a los efectivos, para su comida y para los viáticos.


Además, la Policía veracruzana es hoy en México una de las peores evaluadas. En el plano internacional, es vista como la aliada de los grandes y pequeños cárteles, represora, golpeadora de estudiantes, de ancianos, de periodistas, responsables de desaparecer jóvenes para entregarlos a la delincuencia organizada, tal como pasó en Tierra Blanca, en Papantla, en Orizaba, en Veracruz, y en varios municipios veracruzanos donde los colectivos señalan a elementos oficiales como los responsables de llevarse a sus familiares.

SECRETARÍA DE SALUD, LA TERCERA CON MÁS DEUDA: 1,287 MDP

Tampoco la Secretaría de Salud se ha salvado del colapso del Gobierno de Javier Duarte. Esa dependencia tiene deudas con proveedores por 1 mil 287 millones 709 mil 535 pesos lo que la convierte en la tercera más endeudada de la entidad y todo apunta que esto se debe al mal manejo de los recursos públicos.

Los dos ex secretarios de Salud de Javier Duarte de Ochoa, fueron dados de baja del Gobierno estatal por presuntas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, y sus acciones mantienen colapsado al sistema de salud veracruzano con la falta de medicamentos en clínicas y hospitales, carencia de equipo especializado para tratamientos médicos, doctores y enfermeras sin base y mal pagados, y lo peor, hospitales que no están terminados, son el puro cascarón.


Entre las deudas que la SSa mantiene con proveedores, destaca la registrada con Tiendas Soriana, cercana a los 500 millones de pesos, siendo así el proveedor al que más se le debe en todo el esquema del Gobierno del estado.

SECRETARÍA DE OBRA TIENE DEUDA POR 1,148 MDP

El sexenio de Javier Duarte estuvo caracterizado por el arranque de obra, la colocación de la primera piedra, pero no por la entrega. En este contexto, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) de la entidad debe a contratistas y proveedores facturas por 1 mil 148 millones 637 mil 896 pesos. Entre la deuda registrada resaltan 299 millones 774 mil pesos de “obras varías para los Juegos Centroamericanos” de América y el Caribe celebrados en 2014. Se trata de obras en Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Xalapa, Tuxpan , Veracruz y Boca del Río, en donde se acondicionó o construyó infraestructura deportiva como canchas, estadios, un velódromo (Xalapa) y pistas para patinaje.

Carreteras inconclusas quedaron por toda la entidad. Ejemplo de ellos, es en los Tuxtlas donde a inicios de año pasado el Gobernador Javier Duarte anunció la carretera con concreto hidráulico Sihuapan-Salto de Eyiplanta, pero la obra sólo en eso quedó, en el anuncio.

En esa misma región, desde el 11 de julio de 2011 Duarte propuso el arranque de los tramos carreteros Tilapan-Lauchapan, y el de Tilapan-Rincón del Zapatero-La Florida, y pese a que ya están licitados, siguen entre pendientes de la SIOP.


En opinión de los expertos, el desorden se relaciona al constante cambio de mandos superiores y medios en el despacho de la SIOP, fueron al menos cinco secretarios, casi uno por año, quienes han pasado por esa dependencia, antes Secretaría de Comunicaciones, y han sido ineficientes con el tema del adeudo con proveedores.

SÓLO EN EDUCACIÓN, VERACRUZ DEBE 2,554 MDP

La Secretaría de Educación de Veracruz es la más endeudada de la entidad. Debe más de 2 mil 554 millones de pesos a firmas financieras, constructoras, contratistas y abastecedores, entre otros. Las deudas son por trabajos y bienes ofrecidos al Estado para el ramo educativo, por constructoras, comercializadoras de equipo para aulas, útiles, libros, y a instituciones de crédito por cubrir seguros para infraestructura educativa y de profesores.

En esa dependencia, el desordene financiero es tal, que tan sólo al Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz le deben 454 millones 643 mil pesos.

A finales del 2015, la firma GB Plus dio a conocer en el puerto de Veracruz, que unos 3 mil 500 integrantes del magisterio y burócratas empleados en la SEV, habían caído en buró de crédito porque el Gobierno del estado había incumplido los pagos por servicios contratados con firma Intermercado, desde créditos simples hasta financiamientos para vivienda. Sin embargo, advirtieron que muchos de los afectados ni si quiera lo sabían, pues las retenciones sí se aplicaron vía nómina, pero el recurso tomado no se pagó, siendo el maestro, y no la SEV o la Sefiplan, los responsables ante el Buró.


Por la Secretaría de Educación Veracruzana han pasado al menos tres secretarios Adolfo Mota, Édgar Spinoso Carrera y Vicente Benítez, quienes han estado envueltos en escándalos de corrupción.

LA SECTUR DE VERACRUZ TAMBIÉN NADA EN DEUDAS

Son 75 millones 122 mil pesos los que adeuda la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de Veracruz a diversos proveedores y contratistas, mientras esa dependencia la encabeza uno de los hombres que más señalamientos de enriquecimiento ilícito ha recibido en 2016: Harry Grappa Guzmán.

Las cámaras de comercio, las de hoteleros y restaurantes no han dejado de quejarse en lo que va de este 2016 por pagos pendientes de la Sectur.

De los 72 millones de pesos que la Sectur adeuda a proveedores y contratistas, al menos 9 millones 280 mil pesos corresponden a pagos pendientes por el Carnaval de Coatzacoalcos 2015. Se trata de gastos de logística, organización, sonido, armado de escenarios, etcétera, de los distintos eventos que se realizaron durante el carnaval de hace un año, uno de los más austeros que se hayan realizado.

Por pendientes con el Carnaval de Cosamaloapan, la Sectur tiene que pagar 2 millones 90 mil pesos, es deuda del 2014; de las fiestas de Candelaria, son 13 facturas, que van del 2014 al 2015 por montar escenarios, promociones o venta de servicios; por el Carnaval de Veracruz, la deuda representa más de 6 millones de pesos entre promociones, armado de escenarios, servicios, etc.


Otra de las fiestas con más pendientes, es la Candelaria, que se celebra en febrero en Tlacotalpan. Por este rubro, el gobierno de Veracruz adeuda unos siete millones de pesos que se vinculan a “gastos en eventos”.

FUENTE: SIN EMBARGO/BLOG EXPEDIENTE.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-07-2016/3070976

La SEP promete (otra vez) mejorar las escuelas, pero falta organización y rendición de cuentas

El modelo propuesto por la SEP incluye de nuevo la promesa de mejorar la infraestructura educativa; en años previos se invirtieron millones para lograr esa meta, y las carencias de agua, luz  y drenaje siguen latentes.


En el documento sobre el nuevo modelo educativo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) muestra fotografías de alumnos y maestros trabajando en escuelas con pisos de mosaico y laboratorios equipados; sin embargo, la propuesta de formar a un alumno “para el siglo XXI” se enfrenta con una realidad distinta en el país: cuatro de cada diez escuelas no tiene drenaje, tres no tienen agua y una carece de luz eléctrica y sanitarios, según un censo del INEGI.

Se trata de una promesa vieja si se toma en cuenta que tanto la actual como la pasada administración han invertido millonarias cantidades para mejorar la infraestructura de las escuelas, pero las carencias siguen latentes y no hay una adecuada rendición de cuentas de los recursos utilizados para ese fin.

En el sexenio del presidente Felipe Calderón se rehabilitaron 57 mil 303 escuelas de educación básica, lo que  significa un 24% de los 236 mil planteles; para llegar a ese número implementaron tres programas: “Mejores Escuelas”; “Mejores Espacios Educativos” y “Escuelas Modelo”, según datos de su último informe de gobierno.

En el presente sexenio, la SEP lanzó el programa “Escuela Digna” y fue sustituido por “Escuelas al Cien”.

Para el primero hubo una inversión de 3 mil 300 millones de pesos en 2014, pero según el estudio elaborado por la organización Gestión Social y Cooperación AC., fue uno de los 43 programas considerados como “la caja negra del gasto social Federal” de entre 161 analizados, debido a “que no proveen la información mínima necesaria para poder estimar su desempeño”.

El secretario de Educación, Aurelio Nuño, presentó el programa “Escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura Escolar Nacional)” que operará entre 2015 y 2018, con una inversión que ascenderá a 50 mil millones de pesos.

Sólo para 2016 la meta es rehabilitar 16 mil 419 planteles de los 33 mil que se atenderán en la administración.

Para Alma Maldonado, investigadora de Educación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), en este tema hay dos problemas: el abandono de los gobiernos estatales respecto al tema del mantenimiento de las escuelas, y la falta de rendición de cuentas sobre los programas de infraestructura.

Derivado de la descentralización educativa de 1994, los gobiernos estatales se hicieron cargo de sus sistemas educativos; sin embargo, en la realidad no invierten en el mantenimiento de los plantes.

Los gastos son absorbidos por los padres de familia.

“Los estados no se hacen cargo de sus propias escuelas, hay irresponsabilidad y desorganización”, asegura Maldonado.

Mientras que con los programas federales “son grandes inversiones, pero con poco seguimiento”.

El nuevo modelo educativo contra la realidad

El nuevo modelo educativo, presentado por el secretario Nuño el jueves pasado, plantea como uno de los componentes de la reforma curricular la “infraestructura  necesaria” para propósitos culturales y recreativos.

La realidad dista de los hechos. No sólo no existe infraestructura para actividades artísticas, sino que en 41 mil 400 escuelas se carece de mobiliario para maestros y en 28 mil 980 para alumnos.

Aún así, para desarrollar el nuevo modelo curricular, la SEP recomienda que exista “mobiliario suficiente y adecuado”, como mesas que puedan ser fácilmente movibles y sillas cómodas.

Esto, porque los estudiantes deben ser capaces de realizar actividades de aprendizaje activo y colaborativo de alumnos y docentes; además, las escuelas deben tener espacios “convenientes para promover las actividades de exploración científica, las artísticas y las de ejercicio físico”.

El nuevo modelo propone que para el taller de convivencia escolar se deben propiciar espacios para el desarrollo de las emociones y aprendizajes creativos. Aunque la SEP reconoce que  la mayoría de las escuelas no cuentan con esa infraestructura, propone que los directores acuerden con las autoridades municipales utilizar espacios como “alberca, gimnasio, teatro o algún otro espacio semejante” del municipio.

Y “si una escuela cuenta con infraestructura podrá facilitar su uso a los alumnos de otras escuelas cercanas”. Mientras que los planteles que cuenten con recursos federales podrán utilizarlos para rentar dicha infraestructura.


El estudiante del siglo XXI, según la SEP, debe tener habilidades que lo coloquen a la par que alumnos de otros países, pero solventar las carencias tan básicas como la infraestructura de las escuelas es una responsabilidad del Estado. Una obligación incumplida hasta el momento.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/la-sep-promete-de-nuevo-mejorar-las-escuelas-de-mexico/

El IMSS solapó a un médico que abusó sexualmente de una paciente: CNDH

Aunque el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comprobó con una investigación interna que un médico abusó de una paciente en la CDMX, no inició una acción penal y sólo aplicó un descuento salarial.

A pesar de que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comprobó, mediante una investigación interna, que uno de sus médicos cometió abuso sexual en contra de una paciente del Hospital de Gineco-Obstetricia 3-A Magdalena de las Salinas, Ciudad de México, esta institución no inició ninguna acción penal ni administrativa en contra del doctor, y sólo lo sancionó con un descuento de 20 días de aguinaldo.

La historia es la siguiente: El 8 de junio de 2015, una paciente de 31 años de edad acudió al Hospital, tras presentar “inflamación pélvica”, “dolor en las piernas, fiebre y escalofríos”.

Tras dos días de internamiento, uno de los médicos (cuyo nombre se mantiene en reserva) acudió a la habitación de la paciente, y cometió distintos actos lascivos, usando como pretexto que debía realizarle un “tacto vaginal”.

Durante el procedimiento, el médico rozó uno de los pezones de la paciente con la mano, le tocó una nalga, y luego “introdujo los dedos en su zona genital, realizando dos movimientos de afuera hacia adentro”.

De manera simultánea, el médico cuestionó a la paciente acerca de su vida sexual, insistiendo en si solía mantener “relaciones orales” y “por el culito”. Ante la protesta de la paciente, ante los tocamientos y preguntas inadecuadas del médico, éste sólo argumentó que se trataba del “procedimiento habitual”.

La paciente no permitió que el médico continuara con las agresiones y protestó por la situación ante uno de los médicos directivos del hospital del IMSS –cuyo nombre también fue omitido–, quien defendió el proceder de su subordinado, aduciendo que “sólo hacía su trabajo”.

Debido a la inconformidad presentada por la paciente, el Departamento de Relaciones Laborales y Presupuestación de la Delegación Norte del IMSS inició una investigación en contra del médico, y un mes después de los hechos, en julio de 2015, la institución determinó sancionar al doctor implicado en abuso sexual “con 20 notas de demérito (…) equivalentes al descuento de 20 días de aguinaldo”.

Según el IMSS, el comportamiento fue inadecuado pero “no constituye en sí una conducta delictiva”, y con ese argumento sólo aplicó el descuento a manera de sanción.

Luego de realizar su propia investigación, la CNDH concluyó que es “imperante” que sobre estos hechos se presente una denuncia ante la Procuraduría General de la República, “para definir si las conductas analizadas son constitutivas de delito”.

Para la CNDH, este médico “incumplió sus obligaciones de actuar con legalidad, honradez, lealtad y eficiencia”, por lo que, además de ser denunciado penalmente, debe enfrentar un “procedimiento de responsabilidad” dentro del IMSS.

Por el momento el IMSS tiene 30 días para aceptar o desechar las exigencias de la CNDH; de aceptarla tendría que iniciar el procedimiento de responsabilidad y presentar la denuncia ante la PGR.

ACTUALIZACIÓN:

El IMSS respondió a esta nota enviando en redes sociales la liga de un comunicado que dice lo siguiente:

“El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dará cabal cumplimiento a la Recomendación 34/2016, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sobre un caso en el cual se cometieron presuntas prácticas indebidas en la atención médica de una paciente, por parte de un trabajador adscrito al Hospital de Gineco-Pediatría No. 3-A del IMSS, “Magdalena de las Salinas”, en julio de 2015.

Cabe señalar que al tener conocimiento de los hechos, el IMSS tomó diversas medidas preventivas y correctivas, a fin de evitar hechos similares, además de haber impuesto sanciones al personal involucrado.


No obstante, la Dirección General del IMSS instruyó a la Dirección Jurídica y a la Delegación Norte en la Ciudad de México a dar estricto cumplimiento conforme a la ley a todos los puntos contenidos en la recomendación, así como reforzar la capacitación al personal institucional en materia de derechos humanos y con perspectiva de género, con apego a las normas nacionales e internacionales”.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/imss-solapa-a-medico-que-abuso-sexualmente-de-una-paciente/

Estudiantes argentinos se unen a Madres de Plaza Mayo: convocan a rechazar visita de EPN

La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) expresó su rechazo a la visita del Presidente Enrique Peña Nieto a Argentina, que se realizará el próximo 29 de julio. El mismo día  las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, junto a otras organizaciones civiles pidieron al Presidente Mauricio Macri “un posicionamiento firme” contra las violaciones a los derechos humanos en México.

La Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) se pronunció en contra de la visita del Presidente Enrique Peña Nieto a Argentina y convocó a una movilización en contra del mandatario mexicano.

Los estudiantes argentinos publicaron en la pagina de Facebook de la Federación un cartel donde señalan a Peña Nieto como “asesino de docentes y estudiantes”.

La FUBA convocó el próximo 29 de julio, día en el que arriba Peña Nieto a Argentina, a las 10 de la mañana a una movilización en rechazo al Presidente de México, en la Plaza de Mayo.

En la imagen publicada aparece Peña Nieto y Mauricio Macri estrechándose la mano y se puede leer: Fuera Peña Nieto de Argentina, asesino de docentes y estudiantes.

Esta movilización se suma al rechazo que expresaron las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, junto a otras organizaciones civiles quienes reclamaron al Presidente Mauricio Macri “un posicionamiento firme” contra las violaciones a los derechos humanos en México.

A través de una carta dirigida al mandatario argentino, las madres de los desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983) y las abuelas que buscan a sus nietos robados en ese período manifestaron que “cualquier decisión del Gobierno argentino respecto a sus relaciones con México exige un posicionamiento firme sobre las graves violaciones que allí están ocurriendo”.


Las Abuelas de Plaza de Mayo y la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo mencionaron puntualmente el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y recordaron que “a pesar de que el Gobierno mexicano se niega a reconocerlo, varios informes de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos han dado cuenta de que el caso de Ayotzinapa evidencia un patrón de violaciones y absoluta impunidad que hoy caracteriza a México”.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-07-2016/3072333

Duarte anuncia que publicará su declaración patrimonial; dice no temer a la “guerra de lodo”

La PGR inició una serie de averiguaciones para determinar si el Gobernador de Veracruz y su círculo más cercano de familiares y colaboradores han incidido en la comisión del delito de uso de recursos públicos para fines personales. Por ello, la dependencia investiga las propiedades de los indagados, por lo que ha solicitado a diferentes dependencias de gobierno información al respecto. Luego de darse a conocer la noticia, Duarte de Ochoa dijo que hará pública su Declaración Patrimonial y que celebra la investigación de la Procuraduría

El Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, expresó el día de hoy que hará pública su Declaración Patrimonial luego de que se diera a conocer que la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación de carácter patrimonial que lo involucra a él y a sus allegados más cercanos.

“Hoy haré pública mi Declaración Patrimonial que demuestra que los ataques en mi contra son producto de una guerra de lodo”, expresó Duarte vía Twitter.

Asimismo, el funcionario manifestó no tener nada que ocultar, ya que según él, “me he dedicado a servir y a cumplir con mi responsabilidad. No he tenido ni tengo prestanombres”, publicó en redes sociales.

De acuerdo con el diario Reforma, la PGR solicitó a la Dirección General de Catastro y Valuación de Veracruz información “con carácter de urgente y confidencial” sobre las propiedades que poseen el Gobernador y su circulo de familiares y colaboradores.

El medio de circulación nacional detalla que la Procuraduría instó a la dependencia estatal la información correspondiente a los antecedentes catastrales de 69 personas físicas y morales, entre las que se cuenta a la esposa de Duarte, Karime Macías Tubilla; su madre, Cecilia de Ochoa Guasti; su hermano, Daniel Duarte de Ochoa, y su suegra, María Virginia Yazmín Tubilla Letayf.

Asimismo, la lista de indagados incluye al concuño del Gobernador, José Armando Rodríguez Ayache, y del primo de su esposa, Jorge Fernando Ramírez Tubilla, otrora Subsecretario de Ingresos de su administración.

Además, Reforma menciona que en seguimiento al expediente FED/SEIDF-UEIDFF-VER/0000691/2016 de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (Seidf) de la PGR, la dependencia encabezada por Arely Gómez también solicitó documentación catastral de dos equipos de béisbol: los Cafeteros de Córdoba y los Rojos del Águila de Veracruz.

También, la PGR investiga las propiedades en Veracruz de otros funcionarios públicos, entre los que se cuenta al delegado federal de la Secretaría de Economía (SE) José Antonio Chara Mansur, quien es vinculado con 13 propiedades en Woodlands, Texas; así como al Edil de Alvarado y Gerardo Bonilla Suárez, Octavio Manuel Ruiz Barroso, quien funge como encargado del Velódromo de Xalapa.

Finalmente, el medio nacional citado menciona que el 5 de julio pasado el Gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, informó que sus abogados sumaron dos acusaciones en contra de Duarte por el desvío de recursos públicos.

La primera acusación fue presentada ante la Fiscalía de Lavado de Dinero de la PGR y refiere al uso de recursos del erario para la compra de bienes en el País y en el extranjero por parte de los operadores de Duarte.

La segunda delación fue presentada ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y denuncia un caso de evasión fiscal, en el que supuestamente 22 “empresas fantasmas” fueron creadas al inicio de la administración de Duarte para justificar pago de contratos por 654 millones de pesos.


Antes esto, Duarte expresó en Twitter que celebra la participación de la PGR “en la investigación derivada de la ridícula denuncia que presentó en mi contra M. Yunes. La verdad nos hará libres” (sic), expresó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-07-2016/3072315

Senadores del PAN demandan en la PGR a Moreira por peculado, fraude y enriquecimiento ilícito

Los senadores del Partido Acción Nacional denunciaron hoy ante la PGR al ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, cohecho, fraude, encubrimiento y peculado. Esperan respuestas ante la inacción de la dependencia a cargo de Arely Gómez González.

El ex Gobernador de Coahuila y ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira Valdés, fue denunciado hoy ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los senadores y senadoras del Partido Acción  Nacional (PAN) por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, cohecho, fraude, encubrimiento y peculado.

Esta mañana el Senador del PAN por Coahuila, Luis Fernando Salazar Fernández, acudió a las instalaciones de la dependencia que encabeza la Procuradora Arely Gómez González para pedirle que investigue a Humberto Moreira, como lo está haciendo Estados Unidos.
“Queremos pasar de la contemplación a la acción, por ello he presentado con  senadoras y senadores del PAN  una denuncia en contra de Humberto Moreira y contra quienes resulten responsables. Estamos pidiendo a la PGR que se investigue al ex Gobernador de Coahuila. Las autoridades de Estados Unidos llevan años investigando todo lo relacionado con el lavado de dinero, y lo que a nosotros nos resultó del Moreirato, la megadeuda. Han salido investigaciones sobre la red de corrupción  que operó en Coahuila para desfalcar al Estado y también han seguido juicios en los que se han condenado a diversos ex funcionarios y empresarios que han señalado su participación en estos hechos, junto con la participación del ex Gobernador.Estos  hechos no los ha tomado en cuenta la PGR, por eso creo que las autoridades de procuración de justicia siguen siendo cómplices y omisas al no investigar a quienes fueron los responsables de la megadeuda en Coahuila”, dijo el Senador en entrevista con SinEmbargo.
Luis Fernando Salazar añadió que en la denuncia se le solicita a la PGR investigar las declaraciones de uno de los operadores financieros de una organización criminal que involucra al ex Gobernador Moreira Valdés en una corte federal de Estados Unidos, como el destinatario de millones de dólares a cambio de protección.

“Presentamos esta denuncia para pedirle a las autoridades mexicanas que haga el trabajo que hace Estados Unidos. Sería lamentable que los coahuilenses tengan que esperar a que la justicia llegue a México por una instancia distinta, en este caso por la justicia de un país extranjero y que sean autoridades de otro país las que puedan terminar con la impunidad de la que ha gozado Humberto Moreira.  Es absurdo que mientras hay señalamientos importantes en contra de ex funcionarios que involucran al ex Gobernador y ex dirigente nacional del PRI, acá no ocurra nada”, indicó.
Humberto Moreira demandó a Sergio Aguayo por 10 millones de pesos
El Senador del PAN agregó que hoy la fracción del PAN en el Senado de la República subió un punto de acuerdo en la Comisión Permanente que exhorta al Ejecutivo a garantizar los derechos de periodistas e investigadores en su labor informativa.
“Los senadores del PAN presentamos este punto de acuerdo en relación a la demanda por daño moral presentada por el ex Gobernador de Coahuila en contra del periodista y académico Sergio Aguayo, porque lo hizo con la finalidad de intimidar y violentar la libertad de expresión. Hacemos un llamado al Ejecutivo para que se garantice la libertad de expresión e información de los cuidadnos. Que se adopten las medidas necesarias para evitar que el sistema de justicia se use para acosar la labor informativa y de investigación”, dijo.
El punto de acuerdo incluye que se ponga en marcha el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el caso de Sergio Aguayo, para garantizar su integridad física.

En entrevista con SinEmbargo el académico indicó hace unos días que solicitó ya al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas revisar la demanda para que “demuestre que me puede proteger frente a la intimidación de este tipo”.
“Yo establecí como una primera hipótesis de trabajo que podía ser por la investigación que estoy conduciendo desde El Colegio de México con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sobre la matanza de Allende en 2010 y 2011. Estoy a la espera de una conversación con el Gobernador de Coahuila [Rubén Moreira] para hoy por la tarde o mañana más temprano. Cuando hable con el Gobernador podré decir si esa hipótesis es correcta o no”, dijo.

Humberto Moreira demandó al investigador y articulista Sergio Aguayo por daño moral, reclamando una indemnización de 10 millones de pesos y una disculpa pública.

La demanda fue presentada el pasado 28 de junio y aceptada el día 30 en el Juzgado 15 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF), luego de que el también ex líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo sentirse lesionado emocionalmente por un artículo en el que Aguayo dijo que Moreira “desprende el hedor corrupto”.

El texto fue publicado el 20 de enero en los diarios Reforma y El Siglo de Torreón tras la detención del ex Gobernador en España, donde fue investigado por lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada. Una semana después, Moreira Valdés fue liberado por falta de pruebas y la fue archivada por la Audiencia Nacional de ese país.
“Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”, escribió entonces Aguayo.

Ahora, Moreira reclama una indemnización de 10 millones de pesos al considerar que se vio afectado por las opiniones del articulista, quien “utilizando medios de comunicación impresos y electrónicos de difusión masiva, atentó en contra de mi honor, vida privada y mi propia imagen también lesionando mis sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, así como la consideración que de mi persona tienen los demás”, indica la demanda.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/27-07-2016/3072352

martes, 26 de julio de 2016

Ex tesorero del gobierno de Medina acude a audiencia de imputación de cargos en NL

El actual gobierno de Nuevo León señaló a Gómez Acosta por presuntas irregularidades en el otorgamiento de incentivos económicos y pagos; la audiencia del exgobernador Rodrigo Medina será el jueves.

Rodolfo Gómez Acosta, Secretario de Finanzas y Tesorero General durante la administración del priista Rodrigo Medina (2009-2015) en Nuevo León, acudió este martes 26 de julio a una audiencia de imputación de cargos, tras ser señalado por presunto otorgamiento de incentivos económicos y pagos irregulares a proveedores.

“Estamos preparados para esta audiencia, a la que estamos convocados. Estaremos atentos al proceso”, dijo Gómez Acosta al llegar al Palacio de Justicia estatal, sin dar más detalles sobre su estrategia legal.

En dicha audiencia, conforme al sistema penal acusatorio, “se espera que el Juez de Control vincule a proceso e imponga las medidas cautelares correspondientes”, indicaron las autoridades estatales, del gobierno del independiente Jaime Rodríguez Calderón.

De acuerdo con el diario local El Norte, se espera que se le imputen cargos por el presunto desvío de 3 mil 600 millones de pesos en erogaciones e inversiones en terrenos de Pesquería.

El mes pasado el gobierno de Nuevo León informó sobre resoluciones de la Contraloría General del Estado dictó resoluciones para inhabilitar por 10 años a seis ex funcionarios que trabajaron en la administración del priista Rodrigo Medina.

Entre ellos, Gómez Acosta, “por irregularidades en el otorgamiento de incentivos económicos y por pagos irregulares a proveedores”.

Además de inhabilitarlo, tanto a él como a otros cuatro funcionarios se les impuso “una sanción resarcitoria” de 210 millones de pesos en forma solidaria por los incentivos irregulares que otorgaron.

Otra medida anunciada es el embargo de propiedades de 11 exfuncionarios de Nuevo León, como parte de los resultados de la llamada “Operación Tornado”, una investigación sobre hechos relacionados con los delitos de peculado, daño patrimonial, ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y coalición.

“El embargo precautorio de bienes de los 11 ex funcionarios estatales está relacionado con la instalación de una armadora coreana en Nuevo León”,  detallaron autoridades de Nuevo León.


El próximo jueves está prevista la comparecencia de Rodrigo Medina, exgobernador de la entidad, quien ante las acusaciones de presunta corrupción ha dicho que es inocente.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/extesorero-de-nuevo-leon-acude-a-audiencia/

En 10 años de Transparencia, sólo 4 sanciones por negar la entrega de información pública

Cada vez que el INAI resuelve que una dependencia de gobierno está obligada a entregar información pública, la orden se vuelve noticia, pero muy pocas veces hay una sanción por incumplir con ese mandato.

En los últimos diez años el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha presentado 134 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra dependencias que han hecho caso omiso a su mandato de entregar información,  pero de éstas sólo 4 han implicado una sanción; aun así, esto no significa la entrega de los datos que originaron la acusación.

En la realidad, las dependencias y sus funcionarios pueden negarse a entregar la información y las resoluciones del INAI se topan con un túnel sin salida en el que los únicos que pierden son los ciudadanos.

Del total de denuncias presentadas por el INAI ante la SFP, la mitad han sido rechazadas al considerar que no hay elementos que confirmen que el sujeto obligado violó la ley al ignorar la entrega de los datos solicitados.

Es decir aunque la autoridad le dio la razón al ciudadano de que está en derecho de tener acceso a la información pública, se beneficia a la dependencia gubernamental.

El resto de las investigaciones se quedan atoradas —en proceso— en los Órganos Internos de Control de las mismas dependencias que fueron denunciadas, en donde con el paso de los años se han quedado archivadas.

Las dependencias con más denuncias por no cumplir con las resoluciones del INAI son la Procuraduría General de la República (PGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que acumulan el 69% del total.

Las denuncias contra el SAT son, en todos los casos, por información relativa a la condonación de impuestos, que esa dependencia se ha negado a entregar pese a las reiteradas peticiones del INAI.

El argumento del SAT es que se trata de información clasificada como reservada y protegida por el secreto fiscal y que revelarla implica transgredir los derechos de los contribuyentes.

El INAI, por su parte, tras discutir los argumentos el SAT ha resuelto en diversas ocasiones que el nombre de los contribuyentes beneficiados con la condonación de impuestos es información de alto interés público.

Hasta ahora, el incumplimiento del SAT en ningún caso ha sido sancionado por la SFP.


Las únicas 4 denuncias que han derivado en una sanción por parte de Función Pública son tres contra PGR, por no entregar información sobre controles de confianza, y una más hacia la SCT sobre Mexicana de Aviación.

Violar la Ley de Transparencia

La SFP argumenta que si bien ha habido pocas sanciones efectivas por incumplimiento de instrucciones del INAI, en los últimos diez años sí ha aplicado distintas amonestaciones por violaciones a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública, pero sólo después de recibir quejas ciudadanas o de otros servidores públicos.


Desde 2006 a la fecha, 120 funcionarios han sido sancionados por violar la ley de Transparencia.



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/sanciones-por-no-entregar-informacion-publica/