MONTERREY, NL: El 4 de octubre del 2009, Rodrigo Medina de la Cruz recibía la investidura de gobernador constitucional de Nuevo León. El priista de 37 años juró cumplir y hacer cumplir las leyes.
Siete años después, el mismo político está a un pie de pisar la cárcel, acusado de haber robado al erario tres mil 600 millones de pesos, al amañar un contrato que firmó con la armadora de automóviles asiática KIA, para que se instalara en el municipio de Pesquería. Medina de la Cruz anticipaba que sería objeto de persecución de parte de su sucesor. La noche del 3 de octubre del 2015, al acudir al Congreso local, para atestiguar la toma de protesta a Jaime Rodríguez Calderón como nuevo mandatario, escuchó un duro mensaje sobre los políticos corruptos.
Las palabras de El Bronco iban dirigidas a él. Aludido, Medina terminó el acto y se retiró. Contrario a lo que dictan las normas de la civilidad política, no acompañó al sucesor a las puertas de Palacio para entregarle las llaves. “Se le acabó la fiesta a los bandidos”, dijo Rodríguez aquella noche. Se esperaba que persiguiera judicialmente a Medina y, un año después, cumplió. Este jueves 28 a las 9:00 horas se espera que el priista acuda a la audiencia de imputación, donde escuchará, de voz de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, los cargos por peculado, delitos patrimoniales, ejercicio indebido de funciones, equiparable al ejercicio indebido de funciones y coalición. En resumen, a Medina, se le señala por haber orquestado una enorme estafa dentro del gobierno estatal para beneficiar a familiares y amigos con la firma del convenio con el que su administración le regalaba incentivos por 11 mil 500 millones de pesos a cambio de prácticamente nada. En esa entrega generosa de “estímulos de inversión”, fue distraída la cantidad por la que lo acusa la Procuraduría estatal. Medina presidía los consejos del gobierno del estado que aprobaron, fuera de la ley, la entrega de los recursos, por lo que todas las decisiones pasaron por su escritorio, alega la Fiscalía. Por estas imputaciones de corrupción, también son señalados su entonces secretario de Finanzas, Rodolfo Gómez Acosta, y su secretario de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán Robert, entre una decena más de excolaboradores. Todos ellos, mencionados en la investigación denominada Operación Tornado, podrían ser enviados a prisión y sin derecho a fianza, según la Fiscalía. En el expediente KIA ha sido mencionado también el actual secretario de Economía a nivel federal, Ildefonso Guajardo Villarreal, quien supo del convenio, lo avaló y se ofreció como gestor, aunque luego se supo que el documento resultó ser ilegal. Trascendió que Medina podría no presentarse ante el juez de Control en el Palacio de Justicia, donde le serán presentadas las acusaciones. Sin embargo, como señala el fiscal anticorrupción del estado, Ernesto Canales Santos, si se abstiene de acudir, se solicitará una orden de arresto para que sea forzado a sentarse en el banquillo a escuchar de los agentes del Ministerio Público, cómo armó la maquinaria para desviar la cifra millonaria. Se ha mencionado que el exgobernador priista, ahora autoexiliado en la Ciudad de México, es representado por el despacho de abogados de Adolfo Aguilar Zínser y por Javier Flores, quien fue el último procurador de justicia del estado de Medina. Dentro de la trama delictiva que la Fiscalía alega haber encontrado en el anterior gobierno (2009-2015), se encuentra también Humberto Medina Ainslie, el padre de Rodrigo, mencionado como el verdadero poder que operó desde las sombras para designar, a conveniencia de él y allegados, toda la obra pública construida en la administración de su hijo. Por ahora, como medida precautoria, la Fiscalía había obtenido una orden del juez para embargar un rancho que tiene el priista en el municipio de Terán, como una manera de asegurar, por lo menos en parte, la restitución del daño al erario. Sin embargo, el acusado obtuvo un amparo para que su propiedad no fuera objeto de aseguramiento precautorio. De cualquier manera, el proceso en su contra sigue su curso. Caído en desgracia, Medina ahora enfrenta presiones al interior del Partido Revolucionario Institucional. Un grupo de priistas notables de Nuevo León, enemigos políticos, a los que relegó durante su sexenio, piden al comité directivo estatal que sean suspendidos los derechos políticos de quienes son actualmente procesados por corrupción. Demandaron, en un principio, la inhabilitación de Víctor Ramón Martínez Trujillo, quien fuera director del Sistema Estatal de Caminos, en tiempos de Medina, y quien quedó vinculado a proceso por fraude de casi nueve millones de pesos, detectados por ejercer recursos de obras ya hechas, y por simular compras. El documento está firmado por el exmandatario priista y empresario Benjamín Clariond, la actual alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores; su marido, el exlegislador federal y exalcalde Abel Guerra; así como los exediles Ramón Salas y Sergio de la Fuente.
En medios locales se mencionó que Guerra Garza pedirá el mismo trato para los priistas Medina de la Cruz y otros exfuncionarios si son vinculados a proceso. FUENTE: PROCESO. AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA. LINK: http://www.proceso.com.mx/448873/rodrigo-medina-a-paso-la-carcel
CHILPANCINGO, Gro: Los cuerpos de una pareja decapitada fueron encontrados esta madrugada en la zona urbana del puerto de Acapulco, donde la violencia no cesa. El hallazgo fue en la esquina de las calles Santa Cruz y 10 de la colonia Bella Vista donde les víctimas, una mujer y un hombre, presentaban huellas de tortura y la cabeza cercenada, indican reportes oficiales. Este hecho ocurrió luego de que ayer fue detenido el empresario porteño José Joaquín Alonso Piedra El Abulón, acusado por el gobierno federal de ser presunto lavador de activos de la estructura del cartel de los Beltrán Leyva en el principal destino turístico de la entidad. También, Alonso Piedra es señalado por financiar campañas del PRI y PRD en Acapulco, y vinculado a través de narcomensajes con políticos como el gobernador Héctor Astudillo Flores, Manuel Añorve Baños y el notario presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado.
En esta semana, el gobierno federal a través de la Policía Federal (PF), ha desmantelado la estructura de los Beltrán Leyva en Acapulco, luego de que el líder del grupo antagónico denominado Cartel Independiente de Acapulco (CIDA), David Palma Analco El Deivid fuera detenido por autoridades estatales. En respuesta, la notaria 19 del representante del Poder Judicial en la entidad fue balaceada y en el lugar los agresores dejaron un mensaje donde acusaron a Astudillo, al fiscal local, Javier Olea y Robles Hurtado de recibir dinero y no cumplir con un supuesto acuerdo para liberar a El Deivid.
Luego, agentes federales detuvieron a la hermana de la secretaria de la Mujer, Gabriela Bernal Resendiz junto a Carlos Alberto Navarrete Sorian El Ruso, señalado como presunto jefe del brazo armado de los Beltrán Leyva en Acapulco. FUENTE: PROCESO. AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS. LINK: http://www.proceso.com.mx/448863/encuentran-dos-cuerpos-decapitados-en-acapulco
Alrededor de 500 trabajadores de la empresa Siderúrgica del Golfo e integrantes del Sindicato de Mineros sección 150 y 234, dieron inicio a un paro laboral tras el accidente que uno de los empleados sufrió en la planta el pasado viernes, por el cual hasta hoy se mantiene en coma, por lo que denunciaron que las medidas de inseguridad son insuficientes. Los mineros se manifestaron a las 7 horas aproximadamente frente a la empresa para, además, exigir la renuncia del el despido del gerente de Recursos Humanos. El portador de los trabajadores, Javier Zuñiga García, denunció la falta de medidas de seguridad que existen en la compañía, y explicó que el día del accidente no se contaban con las unidades para el traslado inmediato del lesionado. Ante esto, aseguró que no se moverán del lugar hasta que sus peticiones sean atentdidas y la firma se comprometa a dar solución a las demandas.
En México el mayor obstáculo que se enfrenta al pertenecer a un pueblo originario es la discriminación, así lo consideró el 43 punto 2 por ciento de personas entrevistadas para la Encuesta Nacional de Indígenas, elaborada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a través del del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) para medir la percepción de quienes no son indígenas sobre quienes sí lo son. En segundo lugar, las y los entrevistados consideraron que la marginación y la pobreza son dos de los elementos que acompañan regularmente a la discriminación que enfrentan indígenas, opinó el 21 punto 6 por ciento, y la exclusión y el analfabetismo, con 5 punto 8 y 4 punto 3 por ciento, respectivamente. El 82 punto 9 por ciento de las personas encuestadas ignora la riqueza que existe en el país al contar con una diversidad representada por 64 lenguas, además de sus derivaciones lingüísticas “Peor aún, no son capaces de mencionar el nombre de tres grupos originarios”, el estudio permite ver lo poco estimado que es ese grupo poblacional y cómo ello da lugar al racismo, sostuvo Natividad Gutiérrez Chong, del IIS, quien agregó que para revertir esa situación, se requiere devolver prestigio a los pueblos originarios. Explicó que existe una fuerte ignorancia de lo indígena que se muestra en los muchos “no sé” que se responden en la encuesta y, a pesar de eso, existe también una estigmatización de las y los indígenas basado en estereotipos que, consideró Gutiérrez Chong, es campo fértil para seguir reproduciendo prácticas racistas y discriminatorias que inhiben la movilidad social. “No podemos superar ese círculo, y habría que insistir en romper estereotipos, esa visión monolítica e innecesaria que tenemos al respecto”. La mayoría reconoce que a las y los indígenas “les va más mal, que para ellos es más difícil la vida” y por otro lado, el 21 por ciento menciona que la mayor ventaja de serlo es que tienen tradiciones, el 28 punto 4 por ciento no sabe, y 18 punto 1 cree que no hay ventajas. Las respuestas pueden obedecer, entre otras cuestiones, a la imagen perpetuada que tienen los pueblos originarios como personas que padecen constantemente miseria, marginación y discriminación, sostuvo Natividad Gutiérrez Chong, del IIS. La también coautora de “Ser indígena en México. Raíces y derechos”, libro de la colección “Los mexicanos vistos por sí mismos”, editada por esta casa de estudios, señaló que del “indio vivo” nadie quiere saber, ni ver, ni estar cerca; tampoco comprometerse en algún tipo de igualdad, equidad o manera que mitigue la ausencia de lo indígena en el pensamiento de la mayoría de los entrevistados (mil 200 personas) en el estudio. Calificó de “reveladores” los resultados obtenidos a través de la encuesta y explicó que éstos permiten ver qué tan poco estimado es el indígena en nuestra sociedad y cómo ello da lugar a la discriminación y el racismo”. Para revertir esa situación, se requiere actuar no sólo en los aspectos económico, simbólico y cultural, sino devolver prestigio a esas comunidades, porque a lo largo de la historia “eso es lo que nos ha faltado de manera apabullante”. Al preguntar si el color de la piel influye en el trato que reciben las personas, 51 punto 2 por ciento respondió que sí y “sí, en parte”, 33 punto 4 por ciento. En tanto que el 72 punto 2 por ciento considera que sí hay racismo en México y “sí, en parte”, 23 punto 2 por ciento.
Otro de los hallazgos de la encuesta es la contradicción de las y los mexicanos para asumir lo indígena, toda vez que, explicó la investigadora, la identidad nacional nos inculca un sentido glorioso de nuestro pasado étnico y pondera, hasta la repetición, que somos una mezcla, un “resultado feliz” entre indígenas y españoles, principalmente. Se trata de la famosa fórmula del mestizaje. Ese rechazo ocurre aunque el 34 por ciento considera que tiene raíces indígenas, y casi el 27 por ciento que “en parte”. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: https://desinformemonos.org/discriminacion-marginacion-y-pobreza-son-obstaculos-para-indigenas-en-mexico-unam/
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que en 2015 en México se registraron 20 mil 525 homicidios, una proporción de 17 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, y el Estado de México figuró como la entidad con el mayor índice de este delito: 2 mil 671 asesinatos. La entidad gobernada por el priista Eruviel Ávila Villegas es, además, líder en homicidios dolosos, un crimen que se acentúa contra las mujeres. Hace casi un año, en 11 municipios de esa entidad se declaró la Alerta de Género, pero tan sólo en lo que va de este mes de julio han sido asesinadas al menos 14 mujeres, según un recuento de la organización Mujeres en Cadena.
El 28 de julio de 2015, el Gobernador Eruviel Ávila Villegas pasó a la historia como el primero en solicitar una Alerta de Género para 11 municipios del Estado de México, luego de meses de presión por parte de organizaciones civiles y familias de las víctimas. Sin embargo, coinciden grupos de la sociedad civil organizada en esa entidad, a un año de esa declaración “no ha pasado nada”: los feminicidios continúan a la alza, las víctimas siguen siendo criminalizadas y las cifras son maquilladas. La Alerta de Género “nació muerta”, coinciden. En lo que va de julio, de acuerdo con un recuento de prensa local, al menos 14 mujeres han sido asesinadas en diversos municipios del Estado de México. La última víctima fue una joven de aproximadamente 25 años de edad presuntamente asesinada a golpes y cuyo cuerpo fue localizado dentro de una camioneta abandonada en calles de la colonia Ciudad Cuauhtémoc, en Ecatepec. De acuerdo con versiones extraoficiales, la víctima habría perdido la vida cuando era traslada por su pareja a un nosocomio, luego de resultar herida en un riña familiar. Un día antes, el sábado por la noche, otra mujer de entre 30 y 35 años de edad fue asesinada a balazos cuando transitaba por las calles del poblado Santa Clara Coatitla, también en Ecatepec. La Alerta de Género fue declarada en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Naucalpan, Chimalhuacán, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco, y en su momento el Gobernador Eruviel Ávila aseguró: “La Alerta de Género nos permitirá fortalecer nuestras políticas públicas a favor de las mujeres, lo vemos como un área de oportunidad, incluso podremos obtener recursos adicionales para canalizarlos a este sector”. De acuerdo con un monitoreo de la organización Mexicanas Encadenadas, en lo que va del 2016 se han registrado al menos 146 feminicidios en el Edomex. Sin embargo, la directora de la asociación, Xochitl Teresa Arzola Varga, destacó que “los medios en el estado pocas veces han reflejado lo que pasa en el Estado de México”. En tanto, el Observatorio Ciudadano Contra la Violencia, Desaparición y Feminicidio (OCVDF) documentó 63 asesinatos de mujeres, de agosto de 2015 a enero de 2016.
DENUNCIAN MAQUILLAJE DE CIFRAS
“A un año de la Alerta, en el Estado de México no ha pasado nada. Únicamente fue el pronunciamiento, únicamente fue quitarse a las organizaciones del cuello”, afirmó David Mancera Figueroa, presidente de la organización Solidaridad por las Familias.
Mancera Figueroa dijo que a 12 meses de la declaración no ha habido ni si quiera capacitación suficiente para los funcionarios, y ejemplificó que “en Tultitlán, donde no han movido un solo dedo, no existe una unidad de víctimas; la Casa Rosa y el Instituto de la Mujer, siguen sin dar algún tipo de curso a su personal para que pueda atender” a las víctimas y a su familiares. Por sus parte, la directora de la asociación Mexicanas Encadenadas, Xochitl Teresa Arzola Vargas, declaró en entrevista para SinEmbargo que la Alerta de Género “nació muerta”, porque se emitió a partir de una pretensión política y personal y no de la necesidad de la sociedad. Añadió que “el Gobierno sigue sin entender que la declaratoria solo es un tema preventivo”. La activista consideró que de manera histórica los gobiernos del Estado de México se han dedicado a maquilar cifras.
“En el Estado de México existe esa práctica de maquilar cifras a conveniencia de los ayuntamientos y del estado en general”. Recordó que cuando Enrique Peña Nieto era Gobernador, a pesar de las cifras, no se emitió la Alerta de Género “para que nuestro Gobernador saliera en hombros y no se le opacara con ese tema”, dijo.
David Mancera coincidió en que pese a que el Estado de México tiene el triple de feminicidios que Ciudad Juárez, Chihuahua, el Gobierno estatal continúa “maquillando” las cifras y “empeñado en decir que el feminicidio va a la baja”.
“Ya casi a un año de la Alerta de Género, pues siguen maquillando las cifras. Ayer tuvimos un feminicidio donde una familia mata a una chica, antier a otra que le dieron un balazo en la cabeza. En los periódicos y en las cifras dicen que son homicidios”, recriminó.
El presidente de Solidaridad por las Familias consideró que pese a que en la entidad se registran a diario asesinatos, violaciones y desapariciones, el Ministerio Público aún no cuenta con un protocolo eficiente y “sigue con la cantaleta de que tenemos que esperar 72 horas, precisamente por un asunto de maquillaje”. “Tenemos un Procurador que es muy seco, demasiado conveniente a los intereses del Gobierno del estado. No permite la apertura oficial de las cifras reales, es una tasa mucho muy alta. [También] somos el primer lugar en asalto a transporte público, con decesos de pasajeros y violaciones a pasajeras”, alertó. Mancera Figueroa consideró que el Gobierno del Estado de México combate la violencia “echándole la culpa a otros actores, no tomando el toro por los cuernos; como si no hablando de que hay guerra, no existiera la guerra”.
“El Gobierno ha perdido de vista que la familia es la amalgama fundamental de nuestra ciudad. Ha perdido de vista el crimen, la violencia, hacerlo público y dar las medidas de prevención necesarias. El Gobierno local las está brincando, porque si oculta el crimen en el Estado de México pues entonces no tiene por qué dar explicaciones; si tu le callas la boca a las organizaciones, vas comprando, vas coptando y amagando a las organizaciones”, detalló.
En tanto, Xochitl Arzola mencionó que Mexicanas Encadenas junto con México Suma han salido a la calle a hablar de la violencia que se vive en el estado, tanto para exigir la Alerta de Género en todo la entidad como justicia para las personas que han sido asesinadas en el transporte público. Al cuestionarla sobre la falta de manifestación por parte de las sociedad civil ante los altos índices de violencia, la activista dijo que en la entidad existe un alto nivel de apatía derivado de la poca atención que los gobiernos federal, estatal y municipal le han dado al tema de la violencia. “Esto nos ha llevado a decir: ‘de todos modos las cosas van a salir igual, no ha pasado nada, no va a pasar nada’”, agregó. También dijo que la cultura de la denuncia es mínima en la entidad, por lo que existe otro número del cual no se tiene mayor información que es el de mujeres desaparecidas y señaló que el Gobierno local tipifica los feminicidios como homicidios dolosos e inclusive como suicidios. La activista mencionó que los mexiquenses están cansados de ver la nota roja de las personas que todos los días mueren en la entidad y expuso que existe una cifra que no es reportada, ya que los gobiernos la mantienen en un “silencio que les conviene ellos”. A un año de que la Alerta de Género fue emitida, la directora de Mexicanas Encadenadas dijo que falta declararla en los 125 municipios del estado, porque no existen protocolos y a pesar de las promesas “no se ha hecho nada”; la policía y los ministerios públicos no han sido capacitados, destacó.
“Falta todo un sistema de prevención en el Estado de México: desde la educación hasta la actuación para buscar a las mujeres desaparecidas y para tipificar el delito de feminicidio y llevar la justicia como se debe llevar a cabo […] necesitamos que se tome en serio la declaratoria”, dijo.
AL MENOS 14 MUJERES ASESINADAS EN JULIO Pese a que la Alerta de Género lleva casi un año en 11 municipios, la violencia contra las mujeres de la entidad no ha cesado. Sólo en lo que va de julio se han registrado al menos 12 feminicidios, según un recuento de la prensa local.
El pasado 21 de julio, en el municipio de Ixtapaluca, fue localizado el cuerpo de una mujer con múltiples golpes en el rostro. Se presume que fue víctima de abuso sexual pues al momento de ser localizada solo vestía una blusa. Un día antes, el 20 de julio, una mujer embarazada fue asesinada cuando caminaba acompañada de sus dos hijas por la colonia Reforma Urbana en el municipio de Tlalnepantla. Las primeras versiones señalan que un hombre que portaba un arma de fuego disparó en diversas ocasiones y las balas alcanzaron a la mujer, quien perdió la vida en el lugar y una menor fue herida en el brazo. El sábado 16 de julio, en Coacalco, una mujer fue asesinada de un disparo en la cabeza. En tanto, el domingo 17, en el mismo municipio, una mujer fue muerta a balazos por su pareja tras una discusión. El 13 de julio, un hombre que pasaba por un terreno baldío en Chimalhuacán localizó el cuerpo de una joven el cual presentaba heridas de armas punzocortantes. El 11 de julio, el cuerpo de una mujer en estado de descomposición fue encontrado en el municipio de Huixquilucan. De acuerdo con el reporte de la prensa, al momento del hallazgo, partes del cuerpo ya habían sido devoradas por la fauna. El cadáver de la víctima tenía los pies amarrados. La madrugada del jueves 7 de julio se localizó el cuerpo de una mujer, de aproximadamente 40 años de edad, en los carriles centrales de Periférico Norte; la mujer presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza. Dos días antes, una mujer fue asesinada de varios disparos durante un intento de robo en una estética del municipio de Ecatepec.
Durante el primer fin de semana del mes se registraron los hallazgos de los cuerpos sin vida de al menos cuatro mujeres. La primera fue localizada en el municipio de Huixquilucan, su cuerpo estaba semidesnudo. Los restos de otra mujer fueron encontrados dentro de una bolsa de plástico en el municipio de Zumpango. El tercero se encontró en los límites de Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán, y el de una cuarta fue hallado en San Salvador Atenco. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: MARIANA BLANCAS, ILSE GARCÍA. LINK: http://www.sinembargo.mx/26-07-2016/3071775.
A pesar de que la Reserva Federal anunció que dejará sin cambios las tasas de interés e hizo notar que los riesgos a corto plazo para la economía han disminuido, el precio del petróleo cayó ante un aumento en las reservas de crudo de Estados Unidos, lo que arrastró a la moneda mexicana.
El dólar en bancos ha terminado la sesión hasta en 19.24 pesos, cinco centavos más que al inicio. A pesar de que la Reserva Federal anunció que dejará sin cambios las tasas de interés e hizo notar que los riesgos a corto plazo para la economía han disminuido, el precio del petróleo cayó ante un aumento en las reservas de crudo de Estados Unidos. En el mercado accionario, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió 0.24 por ciento y el Wall Street cerró hoy en territorio mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, cedió un mínimo 0.01 por ciento, después dela decisión del banco central estadounidense. El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cedió un 2.33 por ciento y cerró en 41.92 dólares el barril, como reacción al aumento semanal en el nivel de reservas de crudo en Estados Unidos. Con el cierre de hoy, es la primera vez desde el 19 de abril pasado que el WTI, el crudo de referencia en Estados Unidos, termina por debajo de los 42 dólares. El descenso de hoy, el quinto consecutivo, está vinculado con el anuncio oficial de que las reservas de crudo de Estados Unidos subieron en 1.7 millones de barriles la semana pasada, hasta los 521.1 millones, en máximos históricos en ocho décadas. También subieron las reservas de gasolinas, en medio millón de barriles, hasta los 241.5 millones.
Por su parte, el barril de petróleo Brent para entrega en septiembre cerró hoy en el mercado de futuros de Londres en 43.59 dólares, un 2.85 por ciento menos que al término de la sesión anterior. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/27-07-2016/3072383
Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) diera un amparo al narcotraficante Rafael Caro Quintero, también conocido como el “narco de narcos”, el sinaloense fue liberado en agosto de 2013. Recientemente le tocó el turno de quien fuera su socio en la organización del Cártel de Guadalajara, Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, quien, luego de 32 años en la prisión de Puente Grande, en Jalisco, saldría para terminar su condena en casa.
La fragmentación de los grupos delictivos como Los Zetas modificaron la estructura de los grandes cárteles y hoy, de acuerdo con especialistas, sólo sobreviven dos: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que no significa que la violencia diminuya en el país, sino al contrario: en este reacomodo han surgido pequeños grupos criminales regionales que hoy se disputan violentamente distintos territorios. Además, dos grandes capos, históricos incluso, parecen estar dispuestos a retomar su posición de liderazgo. Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) diera un amparo al narcotraficante Rafael Caro Quintero, también conocido como el “narco de narcos”, el sinaloense fue liberado en agosto de 2013. Ahora toca el turno de quien fuera su socio en la organización del Cártel de Guadalajara, Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, quien tras pasar 32 años en la prisión de Puente Grande, en Jalisco, se prepara para completar su sentencia desde casa. En enero de 2015, Caro Quintero fue declarado culpable del homicidio de Enrique Camarena “Kiki Camarena” por un tribunal federal y se emitió una nueva orden de aprehensión en su contra. Actualmente es considerado prófugo de la justicia tanto en México como Estados Unidos, que además ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por su recaptura. Hoy por hoy, el “narco de narcos”, a quien se le atribuye el origen del narcotráfico moderno y quien estuvo preso 28 de los 128 años que tenía como condena, es supuestamente el líder de una organización que trafica con estupefacientes en las rutas hacia Estados Unidos, de acuerdo con reportes de la Drug Enforcement Organization (DEA). En Badiraguato, Sinaloa, su tierra, la guerra pausada ha vuelto a empezar. Y en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde fincó sus dominios y propiedades famosas como los ranchos “El Búfalo”, “El Vaquero” y “Pocitos” se habla de las señales que dan cuenta de su presencia. Rafael Caro Quintero fue detenido en una hacienda de Costa Rica en abril de 1985 por una pesada carga de culpas. Identificado como el dirigente de la organización criminal denominada Cártel de Guadalajara, traficaba droga hacia Estados Unidos y además, se afirmó, había asesinado al agente encubierto Enrique Camarena Salazar, también conocido como “Kiki”, y al piloto aviador Alfredo Zavala, ambos integrantes de la DEA [Drug Enforcement Administration, por sus siglas en inglés]. Sin embargo, en una entrevista publicada apenas el domingo pasado por el semanario Proceso, Caro Quintero negó haber asesinado a “Kiki” Camarena. “No lo secuestré, no lo torturé y no maté” al agente de la Agencia Antidroga (DEA), dijo el fundador del Cártel de Guadalajara, quien admitió haber estado “en el lugar equivocado”, pero nada más. Tras sus casi tres décadas en prisión aseguró que ahora sólo busca paz y pide “perdón a la sociedad de México”, a la familia del agente encubierto de la DEA y al Gobierno de Estados Unidos si en algo participó o estuvo involucrado. Sentado en un banco de madera y ataviado con pantalón, camisa y gorra azul, Caro Quintero señaló que ya pagó su culpa y que hace 31 años dejó de ser narcotraficante. También rechazó tener problemas con alguna agrupación dedicada al tráfico de drogas y contó que los líderes del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García, “El Mayo”, y Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” –actualmente preso y a la espera de ser extraditado a EU tras dos fugas de cárceles mexicanas– lo visitaron en 2013 tras su liberación. De “El Chapo” dijo que es su amigo desde la infancia, que le respeta y que en el encuentro que sostuvieron le comentó que “ya no quería saber nada de cuestiones ilícitas”. CARO QUINTERO EN BADIRAGUATO Su padre falleció cuando él tenía 13 años de edad y entonces se hizo cargo de una familia de 12 hermanos que se distribuyeron para vivir en varios municipios de Sinaloa y Jalisco. A los 18 años, se convirtió en chofer de carga en Culiacán. En ese trabajo estaba cuando conoció a Ernesto Fonseca Carrillo y a Juan José Esparragoza Moreno, también conocido como “El Azul”. Pronto conformarían una tríada. Tres décadas después de que Rafael Caro Quintero se convirtiera en el líder del cultivo y trasiego de drogas en México, su pueblo, Badiraguato, se deshace atajado por un binomio: la miseria y la guerra. Badiraguato es de los 200 municipios con los niveles de miseria más dramática en México. En otras palabras, en la cuna de los narcos más famosos, en la génesis de la violencia en el país, la mitad de los 30 mil habitantes vive en crisis alimentaria, en casas de lámina, sin zapatos y con pocas posibilidades de estudiar. Igual que cuando Rafael Caro Quintero nació y creció ahí. En su accidentado mapa se ramifican tres generaciones de nombres de hombres con enigmáticas e intrincadas leyendas. En los 40, nacieron ahí Pedro Avilés Pérez, Ismael “El Mayo” Zambada y Juan José “El Azul” Esparragoza. Diez años después la misma tierra parió y crió a Fonseca Carrillo, Caro Quintero e Ignacio Coronel Villarreal. Luego, Joaquín Guzmán Loera vio la primera luz y se hizo adolescente en esos mismos montes, casi al mismo tiempo que sus primos: los cinco hermanos Beltrán Leyva. El semanario sinaloense Ríodoce ubicó el origen de este desajuste en el asesinato de Ernesto Guzmán Hidalgo, en abril de 2015. Fue medio hermano de Guzmán Loera y en la la sierra corrió la versión de que lo había mandado matar Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de padre y madre de “El Chapo”. El ajuste de cuentas habría ocurrido porque don Ernesto no era confiable para la estructura de los Guzmán Loera. Era padre de Patricia Guzmán Núñez, esposa de Alfredo Beltrán Leyva, “El Mochomo”. Caro Quintero fue detenido en la Quinta La California, dentro de la comunidad de San Rafael de Ojo de Agua en Alajuela. Con él estaba Sara Cosío Vidaurri Martínez –sobrina de Guillermo Cosío Vidaurri, ex Gobernador de la entidad y ex presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI)–, quien en un inicio fue considerada como secuestrada y posteriormente declaró ser pareja del narcotraficante. La captura de Caro fue posible por la intervención de los teléfonos de la familia de Cosío, a la que ella llamó ese año e informó: “Yo no estoy secuestrada… yo estoy enamorada de Caro Quintero”. Así es como la DEA dio con el paradero del líder del Cártel de Guadalajara. AL QUITE POR LA PLAZA DE JUÁREZ A principios de este mes, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Chihuahua dijo que, de acuerdo con información de inteligencia militar que le fue proporcionada, Caro Quintero, aliado con el Cártel de los Beltrán Leyva, pretendía llegar a la entidad para disputarse el control del punto de trasiego de drogas de Ciudad Juárez, por lo que se preveía un recrudecimiento de la violencia en la entidad. En las declaraciones que fueron difundidas por El Diario de Juárez, el Fiscal detalló que la intención de Caro Quintero es operar en la entidad y disputarse la plaza con el Cártel de Sinaloa que se ha visto debilitado. Incluso señaló que debido a la detección de grandes cantidades de droga, así como el recrudecimiento de la violencia en Ciudad Juárez, hacen pensar a la dependencia que el Cártel ya hizo presencia. Un ex funcionario de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Fiscalía de Chihuahua confirmaron que Rafael Caro Quintero regresó al negocio del narcotráfico y busca pelearle a Joaquín “El Chapo” Guzmán el control de Ciudad Juárez y otras zonas de Chihuahua. En tanto, autoridades de Durango confirmaron que ante el reciente incremento de violencia en Tamazula, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) blindaron las inmediaciones del municipio, para evitar que grupos de la delincuencia organizada ingresen a la zona. “Estas áreas han sido complicadas históricamente. Nosotros hemos tenido mucho acercamiento con el Ejército mexicano, hemos expresado nuestra preocupación al respecto. Ha habido de parte de Sedena una recepción muy importante, muy serie de este tema. Hay un despliegue importante de activos de Ejército mexicano que sin duda estarán ayudando a estabilizar esta área del estado”, expuso Miguel Ángel Olvera Escalera, Secretario General de Gobierno, al diario Milenio.
KIKI CAMARENA
La polémica por el asesinato del agente Enrique Camarena Salazar en 1985 continúa generando controversia. Tras la exoneración de Caro Quintero en 2013 surgieron nuevas inquietudes en torno a su asesinato poniendo en jaque a las autoridades de la DEA y al Senador mexicano Manuel Bartlett Díaz. El año pasado, el agente de Dirección Estadounidense de la DEA y encargado de la llamada “Operación Leyenda”, Héctor Berrellez, concedió una entrevista para la agencia de noticias Xinhua, donde aseguró que el secuestro y tortura de Enrique Camarena fue a cargo del mismo Bartlett, quien en ese entonces se desempeñaba como Secretario de Gobernación en la administración del Presidente Miguel de la Madrid Hurtado.
“Quiero recalcarle que Manuel Bartlett, quien fue Secretario de Gobernación de México, no nada más dio la orden de asesinar a Enrique Camarena. Él también dio la orden de que asesinaran al periodista Manuel Buendía, éste último quien investigaba el involucramiento de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con el narcotráfico en México”.
Sin embargo, Berrellez aseguró que aunque el capo es el asesino material de Camarena existen otras personas como autores intelectuales de su homicidio. Berrellez, en su investigación, dice que Camarena descubrió la relación de la CIA con el cártel de Caro Quintero y entonces fue secuestrado y torturado con la intención de interrogarlo para saber hasta dónde había llegado la información que él mandó a Washington sobre esta relación criminal de la CIA con el narcotráfico. Berrellez aseguró que la decisión de secuestrarlo fue de Félix Rodríguez, agente de la CIA, el mismo que estuvo presente en la muerte de Ernesto “El Che” Guevara en Bolivia. El objetivo era saber cuánto sabía de las ligas entre narcotraficantes, funcionarios mexicanos y la CIA para llevar dinero a Nicaragua, “pero se les pasó la mano en el interrogatorio y lo mataron”. Camarena fue secuestrado al salir del consulado de Estados Unidos en Guadalajara y llevado a la casa de Rubén Zuno Arce, cuñado del ex Presidente Luis Echeverría Álvarez. Zuno Arce murió en una prisión de EU en el 2012, acusado de haber participado en ese homicidio. Ese día, añadió, interrogaron tanto a Camarena como al piloto Zavala Avelar. Otro testigo protegido, identificado como José, relató también que en el interrogatorio estuvieron, entre otros, Manuel Bartlett, quien incluso le hizo varias preguntas.
“DON NETO”, CON UN PIE AFUERA
El pasado 22 de julio, la Secretaría de Gobernación (Segob) dio un plazo de tres días para que el narcotraficante Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, socio de Rafael Caro Quintero, sea trasladado del penal de máxima seguridad de Puente Grande a su casa en el Estado de México, donde concluirá su sentencia. La orden de la Segob se da luego de que un tribunal unitario autorizara la prisión domiciliaria en una finca del Estado de México para el hombre de 86 años, sentenciado a 40 años de prisión por homicidio, de los cuales ha purgado ya 31. En el oficio DGPC/413/2016 la dependencia federal ordena el traslado en un plazo de tres días hábiles, una vez que el Comisionado del OADPRS, Guerrero Durán, sea notificado de esta orden, lo cual no ocurrió hasta el viernes pasado, según Yoanna Fonseca, hija de “Don Neto”, quien acusó al funcionario de retrasar el traslado del narcotraficante. De no cumplir la resolución del tribunal, Guerrero Durán podría recibir una multa de 100 días de salario mínimo y otras sanciones penales y administrativas, de acuerdo con el oficio. Desde la liberación de Rafael Caro Quintero –hace casi tres años– ya se había especulado acerca de la posible liberación de Ernesto Fonseca Carrillo.
No sólo Rafael Caro Quintero: Ernesto Fonseca Carrillo, conocido en el mundo del hampa de los 1980 como “Don Neto”, también habría quedado libre este día”. Así se lo dijo al diario mexicano Milenio José Luis Guízar, abogado en ese entonces de Ernesto Fonseca.
El abogado dijo que los familiares del narcotraficante le informaron que ya estaba libre y por cuestiones de salud lo trasladaban a la Ciudad de México. Hoy, esa predicción sobre Fonseca Carrillo –quien es también tío de Amado Carrillo Fuentes, conocido como “El Señor de Los Cielos”– parece estar ya cerca.
En tanto, “Don Neto”, de 86 años de edad, padece 19 afectaciones a su salud y continúa recluido en el penal de máxima seguridad en Puente Grande, según ha informado su familia. Sin embargo, en las próximas horas podría salir del centro penitenciario en el que ha pasado ya tres décadas. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SAMANTHA MACÍAS LAGUNAS. LINK: http://www.sinembargo.mx/27-07-2016/3071148
El procurador estatal mencionó que en la indagatoria sobre el caso de San Juan Chamula, Chiapas, no hay señalamientos en contra de un partido o institución en específico.
El Ministerio Público cuenta con tres líneas de investigación sobre el asesinato del alcalde de San Juan Chamula, Chiapas, Domingo López González, dijo el procurador estatal, Raciel López Salazar. Esas líneas son: la revancha entre actores comunitarios, adversidad política, y “la línea económica por obras y apoyos municipales”, detalló el gobierno de Chiapas, en un comunicado. El pasado 25 de julio, el procurador López Salazar mencionó que el asesinato, más que por un reclamo de obras públicas, se dio por motivos políticos. Por el intento de un grupo opositor al alcalde de retomar el poder después de que el Partido Verde venciera por primera vez al PRI, en San Juan Chamula. Sin embargo, este martes 26 de julio, el funcionario habló sobre las tres líneas de investigación, y expresó que “no hay señalamientos” en contra de una institución o partido político en específico. “Tenemos plenamente identificadas a las personas que participaron en los hechos de San Juan Chamula y trabajamos para que pronto todos enfrenten a la justicia”, mencionó. Por este caso hay siete personas detenidas.
5 de cada 10 empresarios encuestados por la AmCham señalaron a la corrupción como la principal amenaza para sus actividades; consideraron que Tamaulipas y el Estado de México son las entidades más peligrosas por su nivel de crimen y violencia.
La principal amenaza para las empresas extranjeras y nacionales en México no es el secuestro ni la extorsión del crimen organizado, sino la corrupción de las autoridades. Así lo dijeron 5 de cada 10 empresarios encuestados por la American Chamber of Commerce (AmCham), para su séptimo Informe de Seguridad Empresarial México, que presenta este miércoles. El estudio de la AmCham, que realizó a partir de una encuesta a 340 directores generales de empresas -56% extranjeras, 41% nacionales y 3% cámaras de comercio-, reveló que la corrupción fue mencionada más veces por los empresarios como principal amenaza que los ataques al trasporte o cadena de suministro (46%); la extorsión de la delincuencia (45%); la impunidad (44%); el robo interno (42%); y el secuestro (40%). La percepción de la corrupción como la mayor amenaza para las empresas aumentó en relación al informe previo de la AmCham, publicado en 2014, cuando 21% de los encuestados señalaron a la corrupción, junto con la impunidad, como el factor que más impactó en el deterioro de su seguridad. Sobre la confianza de los empresarios para denunciar agresiones, 52% dijo que la actuación de autoridades municipales fue “deficiente” ante denuncias presentadas, y 40% prefirió no contestar. En el caso de las autoridades a nivel estatal, un 46% señaló que su actuación fue deficiente, y 42% no contestó. Las autoridades federales salieron algo mejor libradas: 25% dijo que su actuación sí fue eficiente, 33% deficiente, y 42% no opinó. No obstante, la confianza en las autoridades federales bajó 13 puntos porcentuales en relación a 2014. “La Marina y el Ejército son las autoridades que mejor respuesta han dado ante las denuncias reportadas por la industria”, expuso en entrevista Ana López Mestre, directora de la American Chamber México, quien agregó que el 21% de las empresas decidieron no denunciar el delito, “lo que refleja una falta de confianza en las autoridades”. Esa falta de confianza se refleja en otro dato: 83% de las empresas encuestadas dijo que su seguridad ha mejorado gracias a la puesta en marcha de medidas de seguridad internas (capacitaciones de personal, protocolos de viaje, controles de acceso, videocámaras, guardias privados, etcétera), frente al 15% que dijo que se debió a la intervención de alguna autoridad. Tamaulipas desbanca a Nuevo León como el más peligroso para las empresas En cuanto al mapa de la inseguridad en el país, el informe de la American Chamber refiere que los empresarios encuestados apuntan a Tamaulipas como el estado más peligroso, seguido del Estado de México (Edomex) y Michoacán. En relación con el informe de 2014, Tamaulipas desbancó a Nuevo León como el estado más violento, mientras que el Estado de México subió del cuarto al segundo lugar, y Michoacán bajó al tercero. La Ciudad de México es la cuarta entidad más peligrosa (subió un puesto en comparación con 2014). Le siguen Nuevo León, que bajó del primer lugar al quinto; Guerrero, Jalisco, Veracruz, Sinaloa y Coahuila. Cabe resaltar que tras dos ediciones en las que no figuraba en el top 10 de estados más peligrosos, Sinaloa volvió a la lista, mientras que Chihuahua abandonó el ranking después tres ediciones consecutivas de haber aparecido. Por el contrario, Yucatán, Tlaxcala, Chiapas y Campeche, son las entidades con menos problemas de inseguridad, según reportaron las empresas. Colima a pesar de que en el primer semestre de este 2016 es la entidad con la mayor tasa de homicidios de México, 40 por cada 100 mil habitantes frente a 29.9 de Guerrero, ocupa el sexto lugar de estados más ‘pacíficos’ para las empresas. Iztapalapa y Ecatepec, entre los municipios más violentos del país En la clasificación por municipios más peligrosos, resaltan los casos de la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México, y de Ecatepec, en Edomex. Aunque ambos municipios no figuraron en el ‘top 10’ del informe 2014, en esta nueva edición Iztapalapa ocupa el tercer lugar más peligroso, y Ecatepec el segundo, por delante de Monterrey (que era la ciudad más peligrosa en 2014), Morelia, Guadalajara, Acapulco, Veracruz, Torreón y Culiacán.
Reynosa, en Tamaulipas, es en la actualidad la localidad más peligrosa para las empresas extranjeras y nacionales, según apuntaron los encuestados.
Aumentan las extorsiones virtuales contra las empresas Por tipo de agresión sufrida por las empresas, la ‘extorsión virtual’ fue la más reportada: 49% de los encuestados así lo dijeron. Esta cifra es 10 puntos porcentuales mayor a la de 2014, cuando el 39% de los empresarios señaló que sufrió al menos una vez una ‘extorsión virtual’, es decir, que fue objeto de una llamada telefónica que simula un secuestro para exigir un rescate. En comparación con el informe de 2014, la ‘extorsión virtual’ superó al robo como delito más común contra empresarios, que en este 2015-2016 ocupa el segundo lugar (45% sufrió un robo). Ataques al transporte de las empresas (38%), agresiones o amenazas contra empleados (35%), el secuestro virtual (19%), o el secuestro exprés (14%), son otros de los delitos más reportados. Mientras que la intrusión en las instalaciones fue el que más aumentó: pasó del 13% al 29%, 16 puntos porcentuales más. En cuanto a los delitos más recurrentes, el robo y los ataques al transporte fueron los que más se repitieron: 17% de los encuestados dijeron que sufrieron un robo en más de ocasiones, y otro 17% que sus transportes fueron atacados también más de cinco veces. 62% de las empresas no redujeron su inversión, a pesar de la violencia A pesar de los datos anteriores, el informe de la AmCham destaca que 62% de los empresarios encuestados aseguraron que no redujeron sus inversiones en México debido a la violencia. Este indicador está ligeramente por debajo en comparación con 2014, cuando 69% indicaron que no bajaron sus inversiones.
“Solamente 10 empresas dijeron haber reubicado sus operaciones dentro del país por motivos de seguridad, saliendo de Tamaulipas, Ciudad de México, Guerrero y Chihuahua, para reubicarse en Yucatán, Puebla, Oaxaca y Nuevo León”, apunta el informe, el cual también indica que seis empresas que operaban en Nuevo León, Edomex, Tamaulipas, Jalisco y Campeche, trasladaron sus operaciones a Estados Unidos y Canadá. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: MANU URESTE. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/la-corrupcion-es-la-principal-amenaza-para-las-empresas-en-mexico/
Ante la falta de acuerdos y la intensificación de protestas a nivel nacional por parte de maestros disidentes adscritos al magisterio docente, la Coparmex urge al Gobierno mexicano hacer algo ante el riesgo que supone la situación, pues según asegura, los bloqueos y manifestaciones están gestando una falta de gobernabilidad y generando pérdidas millonarias al sector productivo y turístico de los estados.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que se está generando una crisis de gobernabilidad debido a que el Estado no ha puesto un alto a los bloqueos y protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Por medio de un video, la iniciativa privada manifestó que día a día “se configura una crisis de gobernabilidad en la que el Estado mexicano pareciera estar perdiendo la batalla frente a unos cuantos que violentan sistemáticamente la Ley”, haciendo referencia a que muchos de los actos del magisterio suponen delitos del ámbito federal. Asimismo, la Coparmex profiere que aunque las autoridades persisten en su estrategia de diálogo, no se ven resultados positivos para con la sociedad, pues de acuerdo con el sector patronal, el costo de la táctica del gobierno para con la ciudadanía es enorme ya que “este conflicto deja daños irreversibles para los habitantes, para los negocios, para el turismo en los estados, para la seguridad y la tranquilidad en la vida cotidiana de las personas”. En ese sentido, la iniciativa privada menciona que los mexicanos hemos sido secuestrados por aquellos que creyendo tener la razón, alzan la voz sin medir las consecuencias. Como ejemplo de los daños causados, la Confederación expone el caso de las recientes festividades celebradas en Oaxaca por motivo de la Guelaguetza, donde cerca de cuatro de cada 10 turistas se vieron en la penosa necesidad de cancelar sus respectivos viajes ante el desorden social que vive el estado. Del mismo modo, en el video se menciona la situación chiapaneca, en donde el sector agrícola presentó pérdidas que circundan los 450 millones de pesos debido a los bloqueos, circunstancia que evita y retrasa el transporte de productos.
Finalmente, el gremio refiere el caso del estado de Michoacán, donde por la misma ocasión, los insumos y productos importados de otros países se encuentran detenidos en el Puerto de Lázaro Cárdenas, evitando de ese modo que se pueda completar el cielo de exportaciones a otras entidades de la República. VIDEO:
Luego de que una indígena mexicana cumpliera injustamente más de tres años en prisión tras ser condenada a 21 años por supuestamente haber secuestrado de seis miembros de la ya desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), un tribunal ordenó a la PGR que resarce a la mujer quien fuera nombrada presa de conciencia por Amnistía Internacional en 2010, porque “se le negó un juicio justo y fue encarcelada por su situación social marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia”.
Un tribunal mexicano ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) reparar el daño de manera integral a Teresa González Cornelio, indígena que pasó más de tres años en prisión acusada injustamente de secuestrar a seis policías, informó hoy Amnistía Internacional (AI). La resolución del pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa “es de carácter inapelable” y ordena a la Fiscalía a “difundir en los medios de comunicación la inocencia de Teresa”, señaló la organización en un boletín conjunto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. La indígena hñahñu (otomí) fue condenada a 21 años de prisión en 2006 por el secuestro de seis miembros de la ya desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) que entraron vestidos de civil en un mercado de Santiago Mexquititlán, en el estado central de Querétaro, en un operativo en busca de drogas y DVD piratas. Tras cumplir más de tres años de condena, González fue liberada por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque la Fiscalía general rechazó entonces reconocer su inocencia, recuerdan las agrupaciones. Junto a González fueron detenidas otras dos mujeres más, que también fueron encarceladas y liberadas años más tarde. En mayo pasado, otro tribunal ratificó la sentencia que ordena a la Fiscalía a reparar el daño a Jacinta Francisco Marcial en un plazo de cuatro meses. Todavía queda pendiente de resolución el caso de Alberta Alcántara Juan, dentro del cual la PGR interpuso un recurso de revisión pidiendo revocar una orden de reparación del daño. González fue nombrada presa de conciencia por Amnistía en 2010, porque “se le negó un juicio justo y fue encarcelada por su situación social marginal de mujer indígena, pobre y con limitado acceso a la justicia”.
Los casos de estas tres mujeres indígenas pueden suponer un “precedente fundamental” para que la Fiscalía se responsabilice por los daños del ministerio público cuando este incurra en actividades irregulares, señalaron las agrupaciones. FUENTE: SIN EMBARGO/EFE. LINK: http://www.sinembargo.mx/27-07-2016/3072488
Para pagar sus adeudos, el Gobernador Javier Duarte no sólo tiene ya el aval del Congreso del estado para usar los ingresos del Impuesto a la Nómina, además busca conseguir recursos de última hora y con medidas improvisadas. Su administración quiere captar unos 1 mil 500 millones de pesos con el reemplacamiento de todo el padrón vehicular de la entidad, cercano a millón y medio de autos.
El desastre financiero que el Gobernador Javier Duarte de Ochoa deja a Veracruz asciende a los 11 mil 038 millones de pesos, que ahora, con el aval de los diputados locales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), serán cubiertos con los recursos del impuesto al 3 por ciento a la nómina, ingresos que debían ser destinados al desarrollo de la entidad, y que ahora estarán comprometido durante varios años para el pago a proveedores. La administración de Javier Duarte, a unos meses de finalizar el próximo diciembre, reportó una serie de deudas por miles de millones de pesos en diversas secretarias: la más endeudada es la de Educación, que reporta pasivos por 2 mil 554 millones de pesos. Mientras, tan sólo las secretarías de Seguridad Pública y de Salud, deben 1 mil 450 y 1 mil 148 millones de pesos respectivamente. El pasado viernes 22 de julio, el Congreso de Veracruz avaló el proyecto del Gobernador Javier Duarte con el cual se “empeña” el impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal para que la administración entrante pague estos adeudos a proveedores y contratistas. En la exposición de motivos del proyecto de Duarte, se expone que con ese decreto “se busca brindar una fuente de pago que garantice el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno del Estado frente a los mencionados proveedores y contratistas; lo cual permitirá fortalecer la seguridad jurídica y la certeza en el pago, generando condiciones óptimas para cumplir con los compromisos propios de su rubro”. Diputados de oposición, empresarios y el Gobernador electo han recriminado que el dinero del impuesto a la renta en realidad debe ser utilizado para el desarrollo de la entidad y no para cubrir el desfalco de Javier Duarte. Incluso han denunciado que entre los proveedores a los que pretende pagar el Gobernador están las llamadas empresas “fantasma” que fueron detectadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El 19 de julio, Yunes evidenció que el Gobierno de Veracruz mantiene adeudos de 72 millones de pesos con empresas pertenecientes a la familia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) de ese Estado, Arturo Bermúdez Zurita. El panista detalló que al revisar las cuentas del Gobierno, encontró que diversas empresas a las que la SSP le adeuda son propiedad de los hermanos y de la madre del aún funcionario estatal. El pasado viernes, el Gobernador entrante aseguró que Javier Duarte y los legisladores buscan “cometer un atraco” a las finanzas de la entidad.
“El día de hoy [viernes], Javier Duarte y un grupo de diputados cómplices en el Congreso del estado cometieron un grave atraco, quieren que tus impuestos, los impuesto que debe servir para el desarrollo de Veracruz queden en sus manos, y que en los próximos años queden distribuidos entre sus cómplices. Ese dinero que debe servir para mejorar las condiciones de vida de los veracruzanos quieren que vaya a parar a la bolsa de los cómplices de esta banda. No lo voy a permitir, antes de que lo logren, soy capaz de desaparecer el impuesto del 3 por ciento a la nómina”, advierto el panista.
En tanto, previamente, los empresarios también han advertido que dejarán de pagar ese impuesto: “Al Gobernador del estado, Javier Duarte, y a los diputados del Congreso de Veracruz reiteramos que no pagaremos más este impuesto. Decimos no a la iniciativa del 3 por ciento en la nómina, ya que el objetivo es comprometer durante varios años los montos de ese impuesto recaudado para fines distintos para el que originalmente fue creado”, señalaron en días pasados. Blog Expediente tuvo acceso al documento del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), donde se detallan los adeudas de las diferentes dependencias, así como los nombres de las dependencias a las que el Gobierno de Duarte les debe. COMUNICACIÓN DE VERACRUZ DEBE 400 MILLONES El Gobierno de Veracruz adeuda 400 millones 146 mil pesos a medios de comunicación, periodistas, agencias informativas, diarios locales y nacionales, publicistas y encuestadoras que Javier Duarte de Ochoa busca se liquiden con recursos del 3 por ciento a la nómina. El manejo de la publicidad por parte del Gobierno de Veracruz no ha sido cosa pequeña. Cuando Gina Domínguez asumió la responsabilidad como directora de Comunicación Social con la administración de Javier Duarte, esa oficina apenas tenía un presupuesto de 50 millones de pesos.
Así consta en la Ley de Egresos para el estado de Veracruz 2011. En cambio, el mismo documento, para el 2016, dice que esa Coordinación ejercerá 304 millones de pesos, de los cuales, 124 millones serían destinados a difusión de la obra del Gobierno del Estado. ZURITA DEJA DEUDA POR 1,450 MDP Arturo Bermúdez Zurita pronto dejará la Secretaría de Seguridad Pública sumida en el descrédito y con una deuda de al menos 1 mil 450 millones de pesos. La dependencia a su cargo adeuda facturas por energía a la Comisión Federal de Electricidad, las del agua potable para las comandancias en las ciudades más importantes, la comida para los policías, las botas, los uniformes, las municiones; e incluso le debe sumas millonarias a Telcel, a las abastecedoras de comida y al Instituto de Pensiones del Estado, a quien le adeudan 35 millones de pesos. Es más: le debe hasta a la Marina Armada de México. Por ejemplo, la SSP le adeuda 28 millones 445 mil pesos al convenio con la Secretaría de Marina (Semar) en Coatzacoalcos, dinero necesario para los gastos operativos del personal de la Policía Naval. Es el recurso para la gasolina, para la compensación a los efectivos, para su comida y para los viáticos.
Además, la Policía veracruzana es hoy en México una de las peores evaluadas. En el plano internacional, es vista como la aliada de los grandes y pequeños cárteles, represora, golpeadora de estudiantes, de ancianos, de periodistas, responsables de desaparecer jóvenes para entregarlos a la delincuencia organizada, tal como pasó en Tierra Blanca, en Papantla, en Orizaba, en Veracruz, y en varios municipios veracruzanos donde los colectivos señalan a elementos oficiales como los responsables de llevarse a sus familiares. SECRETARÍA DE SALUD, LA TERCERA CON MÁS DEUDA: 1,287 MDP Tampoco la Secretaría de Salud se ha salvado del colapso del Gobierno de Javier Duarte. Esa dependencia tiene deudas con proveedores por 1 mil 287 millones 709 mil 535 pesos lo que la convierte en la tercera más endeudada de la entidad y todo apunta que esto se debe al mal manejo de los recursos públicos. Los dos ex secretarios de Salud de Javier Duarte de Ochoa, fueron dados de baja del Gobierno estatal por presuntas irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, y sus acciones mantienen colapsado al sistema de salud veracruzano con la falta de medicamentos en clínicas y hospitales, carencia de equipo especializado para tratamientos médicos, doctores y enfermeras sin base y mal pagados, y lo peor, hospitales que no están terminados, son el puro cascarón.
Entre las deudas que la SSa mantiene con proveedores, destaca la registrada con Tiendas Soriana, cercana a los 500 millones de pesos, siendo así el proveedor al que más se le debe en todo el esquema del Gobierno del estado. SECRETARÍA DE OBRA TIENE DEUDA POR 1,148 MDP El sexenio de Javier Duarte estuvo caracterizado por el arranque de obra, la colocación de la primera piedra, pero no por la entrega. En este contexto, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) de la entidad debe a contratistas y proveedores facturas por 1 mil 148 millones 637 mil 896 pesos. Entre la deuda registrada resaltan 299 millones 774 mil pesos de “obras varías para los Juegos Centroamericanos” de América y el Caribe celebrados en 2014. Se trata de obras en Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Xalapa, Tuxpan , Veracruz y Boca del Río, en donde se acondicionó o construyó infraestructura deportiva como canchas, estadios, un velódromo (Xalapa) y pistas para patinaje. Carreteras inconclusas quedaron por toda la entidad. Ejemplo de ellos, es en los Tuxtlas donde a inicios de año pasado el Gobernador Javier Duarte anunció la carretera con concreto hidráulico Sihuapan-Salto de Eyiplanta, pero la obra sólo en eso quedó, en el anuncio. En esa misma región, desde el 11 de julio de 2011 Duarte propuso el arranque de los tramos carreteros Tilapan-Lauchapan, y el de Tilapan-Rincón del Zapatero-La Florida, y pese a que ya están licitados, siguen entre pendientes de la SIOP.
En opinión de los expertos, el desorden se relaciona al constante cambio de mandos superiores y medios en el despacho de la SIOP, fueron al menos cinco secretarios, casi uno por año, quienes han pasado por esa dependencia, antes Secretaría de Comunicaciones, y han sido ineficientes con el tema del adeudo con proveedores. SÓLO EN EDUCACIÓN, VERACRUZ DEBE 2,554 MDP La Secretaría de Educación de Veracruz es la más endeudada de la entidad. Debe más de 2 mil 554 millones de pesos a firmas financieras, constructoras, contratistas y abastecedores, entre otros. Las deudas son por trabajos y bienes ofrecidos al Estado para el ramo educativo, por constructoras, comercializadoras de equipo para aulas, útiles, libros, y a instituciones de crédito por cubrir seguros para infraestructura educativa y de profesores. En esa dependencia, el desordene financiero es tal, que tan sólo al Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz le deben 454 millones 643 mil pesos. A finales del 2015, la firma GB Plus dio a conocer en el puerto de Veracruz, que unos 3 mil 500 integrantes del magisterio y burócratas empleados en la SEV, habían caído en buró de crédito porque el Gobierno del estado había incumplido los pagos por servicios contratados con firma Intermercado, desde créditos simples hasta financiamientos para vivienda. Sin embargo, advirtieron que muchos de los afectados ni si quiera lo sabían, pues las retenciones sí se aplicaron vía nómina, pero el recurso tomado no se pagó, siendo el maestro, y no la SEV o la Sefiplan, los responsables ante el Buró.
Por la Secretaría de Educación Veracruzana han pasado al menos tres secretarios Adolfo Mota, Édgar Spinoso Carrera y Vicente Benítez, quienes han estado envueltos en escándalos de corrupción. LA SECTUR DE VERACRUZ TAMBIÉN NADA EN DEUDAS Son 75 millones 122 mil pesos los que adeuda la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de Veracruz a diversos proveedores y contratistas, mientras esa dependencia la encabeza uno de los hombres que más señalamientos de enriquecimiento ilícito ha recibido en 2016: Harry Grappa Guzmán. Las cámaras de comercio, las de hoteleros y restaurantes no han dejado de quejarse en lo que va de este 2016 por pagos pendientes de la Sectur. De los 72 millones de pesos que la Sectur adeuda a proveedores y contratistas, al menos 9 millones 280 mil pesos corresponden a pagos pendientes por el Carnaval de Coatzacoalcos 2015. Se trata de gastos de logística, organización, sonido, armado de escenarios, etcétera, de los distintos eventos que se realizaron durante el carnaval de hace un año, uno de los más austeros que se hayan realizado. Por pendientes con el Carnaval de Cosamaloapan, la Sectur tiene que pagar 2 millones 90 mil pesos, es deuda del 2014; de las fiestas de Candelaria, son 13 facturas, que van del 2014 al 2015 por montar escenarios, promociones o venta de servicios; por el Carnaval de Veracruz, la deuda representa más de 6 millones de pesos entre promociones, armado de escenarios, servicios, etc.
Otra de las fiestas con más pendientes, es la Candelaria, que se celebra en febrero en Tlacotalpan. Por este rubro, el gobierno de Veracruz adeuda unos siete millones de pesos que se vinculan a “gastos en eventos”. FUENTE: SIN EMBARGO/BLOG EXPEDIENTE. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/27-07-2016/3070976
