El viernes 15 de julio, la Coordinación Nacional de la Brigada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Red de Enlaces Nacionales, familias de personas desaparecidas de distintos estados del país y organizaciones observadoras partieron rumbo a Veracruz para comenzar una segunda etapa de búsqueda. Durante su visita, hallaron restos humanos en un pozo en el municipio Paso del Macho. “La desaparición en México es una práctica generalizada, sistemática contra la población civil y contra nuestros familiares”, acusaron.
La Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, un grupo de voluntarios que hace el trabajo de las autoridades de Veracruz, halló restos humanos en un pozo en el municipio Paso del Macho durante su segunda visita al estado.
Sin embargo, en Amatlán no pudo trabajar por falta de garantías que aseguraran su integridad, informó en conferencia de prensa.
Los resultados preliminares del análisis de las 10 mil piezas encontradas en la Primera Brigada de Búsqueda en la zona de Amatlán, añadió, dan cuenta que incluyen restos humanos. En Amatlán y Paso del Macho, la Brigada logró tomar muestras de ADN a 30 personas para facilitar la búsqueda e identificación de sus familiares. La sistematización preliminar de los casos documentados indica que en Amatlán la mitad de las desapariciones reportadas ocurrieron en el último año, mientras en Paso del Macho el 63 por ciento fue entre 2013 a la fecha.
Amatlán había sido definida por la Brigada como “en infierno”. Sospecha que allí se esconde una tragedia de dimensiones inimaginables.
La Brigada se ha robustecido con organizaciones civiles y con ciudadanos desesperados por encontrar a sus desaparecidos. Nació con apenas un puñado de voluntarios que arriesgan su propio pellejo. En este tiempo, algunos de los organizadores han sufrido ataques de la policía de Duarte de Ochoa, cuerpo de “seguridad” que se ha visto involucrado en incontables casos de asesinatos y desapariciones forzadas.
“Muchas personas reportaron haber recibido amenazas y/o hostigamiento por parte de distintos funcionarios al intentar denunciar el crimen”, expuso la Brigada.
El viernes 15 de julio, la Coordinación Nacional de la Brigada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Red de Enlaces Nacionales, familias de personas desaparecidas de distintos estados del país y organizaciones observadoras partieron rumbo a Veracruz para comenzar una segunda etapa de búsqueda.
El estado de Veracruz, gobernado por Javier Duarte de Ochoa, vive una crisis de seguridad.
Organizaciones civiles afirman que la administración de Duarte de Ochoa ha estado ocultando datos sobre muertos, desaparecidos
Durante la conferencia de prensa del cierre de esta segunda intervención, la Brigada acusó “la crisis humanitaria” que sufre Veracruz en materia de desaparición, y la incapacidad y omisiones del Gobierno para hacer frente a la problemática.
De acuerdo con lo observado, bajo el contexto de “la corrupción institucionalizada que existe en la zona”, se permite la desaparición de hombres, mujeres, jóvenes y niños con impunidad y, en muchos casos, con la complicidad de autoridades; ya sea por la participación directa o por no cumplir con las obligaciones de garantizar el respeto a la integridad y a los derechos humanos básicos de la población, entre ellos el de acceso a la verdad y la justicia.
La segunda Brigada se conformó por familiares de desaparecidos de distintos lugares del estado de Veracruz y de otras entidades con altos índices de violencia y desaparición como Coahuila, Guerrero, Sinaloa y Morelos.
“La desaparición en México es una práctica generalizada, sistemática contra la población civil y contra nuestros familiares que evidencia que puede ser una práctica que toque a todas y todos en cada uno de los Estados en donde vivimos”.
Además contó con la participación de expertos en derechos humanos, periodistas e investigadores.
La Segunda Brigada, concluyó, logró sus objetivos de construir la paz a partir de la participación ciudadana, la reparación del tejido social, y el propio hallazgo que podría dar paz y tranquilidad a una familia si se logra una pronta y correcta identificación.
Además se creó un grupo local de familiares en búsqueda que dará seguimiento a los trabajos con lo cual se amplía y se consolida el gran movimiento de familiares de personas desaparecidas que buscan.
“A pesar de los obstáculos, juntos podemos encontrar a nuestros desaparecidos e ir construyendo una sociedad en que la desaparición y la desaparición forzada ya no sea una realidad cotidiana”, declaró.
Ante las amenazas y agresiones que se han agudizado -recientemente fue asesinado el brigadista José Jesús Jiménez en Poza Rica-, se pidió el respaldo de las Medidas Cautelares de Protección emitidas por el Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. Además contaron con un esquema de acompañamiento y monitoreo de autoridades federales y peritos.
PARTEN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
La segunda etapa de búsqueda se llevó a cabo del 15 al 28 de julio en los municipios de Paso del Macho y Amatlán de los Reyes, Veracruz.
Durante la rueda de prensa antes de que partieran, María Herrera, madre de dos hijos desaparecidos, aseguró que perdona a quienes hicieron eso a sus familiares, “pero al gobierno cruel, despiadado y corrupto ni perdón ni olvido […]. El Gobierno no tiene la voluntad de buscarlos, si no ayuda que no estorbe”.
Con el rostro de alguien que ha llorado por mucho tiempo, Herrera dijo que “no queremos que esto siga sucediendo; queremos encontrarlos, aunque sean restos. No quiero que mis nietos anden buscando a sus hijos”.
Ella lleva ocho años buscando. Afirmó que no se quedarán con su dolor ni indignación.
“Nuestros compañeros se han quedado en la raya, pero el amor por nuestros seres queridos es más fuerte que cualquier cosa. El amor es fortaleza”, señaló María.
La primera brigada, añadió Aracely Salcedo de Colectivo de familias desaparecidas de Orizaba, confirmó que existen numerosas fosas clandestinas, casos de desaparecidos no denunciados y casos cuyas investigaciones no muestran avance.
“Documentamos el miedo y la rabia, pero también la esperanza. Aún hay un latido que nos hace creer que la paz es posible”, expuso.
Ya en Veracruz, familiares de desaparecidos de todo el país manifestaron su malestar con las autoridades por no colaborar durante el primer rastreó que realizaron.
Alrededor de 50 personas provenientes de diversos estados del país fueron al municipio de Amatlán de los Reyes para encontrar osamentas en sitios clandestinos.
En el primer día de salir al terreno, el papel de la Policía Científica y de la Fiscalía Regional de Córdoba los molestó.
“Ya estamos hasta la madre de mentiras. No queremos otra cosa más que hagan lo que corresponde. Los que estamos haciendo la búsqueda somos los familiares de los desaparecidos, acompañados de gente y asociaciones civiles. Esto no va funcionar así, porque el Gobierno debe realizar su trabajo, pero a raíz de que no lo hacen, lo hacemos nosotros. Ellos nos piden ser coadyuvantes, pero no lo están haciendo de la mejor manera. No nos mandan gente para ayudar, sólo nos mandan gente por si nosotros encontramos algo, ellos lo levantan”, dijo Mario Vergara Hernández, representante del Comité Los otros desaparecidos de Iguala, quien se haya presente en Veracruz.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-07-2016/3073370
El Gobierno mexicano no investiga los casos de la desaparición de 300 personas a plena luz del día en Allende, Coahuila, o los hornos crematorios de la prisión de Piedras Negras, porque mantiene una estrategia de violencia en contubernio con el crimen organizado para someter a la población y despojarla de su territorio. El Estado también busca “ocultar” los crímenes de Estado e invisibilizarlos, dicen el Obispo Raúl Vera y el activista y poeta Javier Sicilia.
La masacre de Allende, los hornos crematorios en una prisión de Piedras Negras, los desaparecidos de Ayotzinapa, Veracruz, Morelos, Estado de México,Guerrero, el país incendiado e inmerso en la violencia y la impunidad, no es un Estado fallido, es una estrategia del Gobierno y del crimen organizado para someter a la población, dijo en entrevista con SinEmbargo el Obispo de Saltillo, Coahuila Raúl Vera López.
El Obispo que ayer dijo en una de sus homilías que desde hace años tuvo conocimiento de lo que sucedía en Piedras Negras con los crematorios que utilizó el crimen organizado para desaparecer los cuerpos de familias enteras y que ha denunciado la desaparición de 300 personas en Allende, Coahuila, aseguró que como sucedió en el pasado, también hoy la población está desprotegida ante una estrategia del Estado mexicano para despojarla de su territorio.
“La estrategia de la violencia del crimen organizado, unida a la del Ejército contra la población, es una estrategia política de control social y de territorio. Es para poner contra la pared a la población para hacer todas sus reformas estructurales”, dice el Obispo de Saltillo.
El Obispo de Saltillo agregó: “por supuesto que todo lo que está pasando en Coahuila, en Tamaulipas, con la violencia del Ejército y del crimen organizado, es por la riqueza natural. Los desplazamientos forzados y los controles disque del Estado fallido, ¡mentiras! ¡Es una estrategia del Gobierno para despojarnos!”.
Raúl Vera recordó que la desaparición de alrededor de 300 hombres, mujeres y niños en Allende en 2011, se hizo a la luz del día, en total impunidad y con la complicidad de las autoridades federales, estatales y municipales.
“Esta impunidad en la que han dejado el caso de Allende, la manera como se estuvo manejando, antes de que se que se hiciera público todo, el tema de la desaparición forzada de una cantidad de familias que a la luz del día fueron sacadas de sus casas por el crimen organizado, se llevaban las cosas, los electrodomésticos y le decían a la gente de los barrio ‘llévense lo que necesiten de esos muebles’. Así estábamos viviendo, se hacían en despoblado barbaries, no teníamos ni una protección de nadie y no han cambiado mucho las cosas”, dijo Vera López.
Vera agregó que en Coahuila son las familias de los desaparecidos en Allende y en otros puntos del estado quienes buscan todos los días justicia y buscan con desesperación a sus familiares, mientras que el Gobierno mexicano mantiene un “pacto de impunidad” entre los partidos políticos que data desde la gestión del ex Presidente Vicente Fox Quesada y que arropa a políticos como el ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés.
“En 2003 en tiempos de Fox tuvo un pacto político de impunidad con los partidos, por eso todas las cosas que tienen que ver con funcionarios no son tomados en cuenta, un ejemplo latente es el caso de Humberto Moreira. Por todos lados, los partidos políticos defienden a sus funcionarios, a sus estructuras “, dijo.
Ayer Vera López reveló que conocía de las desapariciones y lo que sucedía en el interior del penal de Piedras Negras, en Coahuila, porque los fieles y los sacerdotes se lo informaban. Pero era muy difícil ventilarlo porque estaban las familias y la Iglesia católica en el desamparo.
De acuerdo con el diario de Saltillo Vanguardia, al término de la celebración eucarística realizada en la capilla del Santo Cristo, el jerarca católico señaló que hace unos años la región estaba asolada por grupos de la delincuencia organizada.
“Para mí no ha sido ninguna sorpresa porque desde allá yo tenía mucha información sobre lo que estaba pasando y estábamos en el desamparo total en ese momento. A la luz del día desbarataron el caso, a la luz del día se llevaron a personas y todo sucedía a la luz del día. Yo lo supe porque como yo fui Obispo en esa parte, tengo relación con los fieles y los sacerdotes de esa diócesis, ellos me hablaban y me decían lo que estaba pasando ahí”, expuso el sacerdote.
Hace unos días el activista coahuilense Raymundo Mendoza sostuvo una hipótesis a SinEmbargo:que los Moreira dejaron crecer al narcotráfico en la entidad, como una estrategia para despojar a los pueblos rurales de sus tierras.
“Coahuila era muy tranquilo antes de la llegada de Humberto a la gubernatura. No pasaban grandes tragedias, pero después de que entra Moreira y de la guerra de Felipe Calderón, se desatan una serie de actos violentos y desaparición forzada como los 300 de Allende, que se supo años después. Entiendo que era una estrategia para ir desalojando comunidades enteras, sobre todo de las zonas rurales, son cuestiones que llegan a beneficiar a la Reforma Energética: desalojar tierras, mucha gente vendió sus tierras y muchas las compraron o la familia de Rubén o la de Humberto. Es una estrategia de largo plazo para apoderarse del negocio de los recursos energéticos”, expone.
EL ESTADO BUSCA ENTERRAR ALLENDE Y PIEDRAS NEGRAS
Para el poeta y líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) Javier Sicilia Zardain el que las autoridades mexicanas no investiguen el caso de Allende y el de la prisión de Piedras Negras en Coahuila, se debe a que buscan “enterrar” la responsabilidad del Estado en la violación de derechos humanos y en los crímenes atribuidos al crimen organizado, en complicidad con funcionarios públicos.
“Hay una impunidad dentro del Estado, una protección de aquellos que utilizan al Estado para servir al crimen organizado, por eso se permiten estos niveles de violencia. Y ahora quieren quitarnos la oportunidad de que el Estado tenga responsabilidad [al modificar la Ley de Víctimas], se trata de proteger al crimen”, dijo Javier Sicilia.
El líder del MPJD recordó que el Gobierno federal busca modificar la Ley de Atención a Víctimas para restarle responsabilidad al Estado en casos de las violaciones a los derechos humanos, como la desaparición forzada.
El poeta indicó que el Estado oculta los hornos crematorios de Piedras Negras, como trata de ocultar las fosas clandestinas de Morelos y de otros puntos del país: “el Estado no quiere responsabilizarse, no quiere asumir sus crímenes”, afirmó.
Sicilia Zardain explicó que la administración de priista Enrique Peña Nieto se busca “ocultar los crímenes de Estado”, como el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa “borró criminalizando a las víctimas” durante su sexenio, afirmando que los muertos de su guerra contra el narco eran criminales.
El caso de la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Iguala, Guerrero trascendió por las movilizaciones a nivel nacional que mantuvieron viva la exigencia de justicia. A la presión internacional, que al final terminó por ser menospreciada en el caso de los expertos del Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicó.
“Por desgracia aparte de la denuncia moral de Piedras Negras, no hubo esa gran movilización. Este Estado parece que no entiende. No queda de otra que refundar la Nación, sacarlos a todos, pero no podemos hacer esa coalición que permita la refundación. Todo está disperso: Piedras Negras por allá, Allende, Ayotzinapa, las agendas dispersas y eso fortalece a la estrategia de Gobierno federal. Es lamentable porque si seguimos así, la descomposición será peor”, alertó.
Javier Sicilia expuso la necesidad de unir a las organizaciones y líderes morales del país, alrededor de una causa que tenga como común denominador una agenda basada en la justicia y la paz.
“El Estado está desfondado porque los gobiernos han decidido proteger a los criminales que usan al Estado, a los partidos para servir a los intereses del dinero, de donde venga: del crimen organizado o de los grandes consorcios que de alguna forma en su legalidad alimentan al crimen organizado, porque destruyen el tejido social. Grandes consocios como los mineros que encuentran territorios libres, para seguir sirviendo a los corruptos como Moreira, [Javier] Duarte o Graco Ramírez”, finalizó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-07-2016/3073113
La entidad gobernada por el priista Eruviel Ávila Villegas registra, en lo que va del año, la tasa per capita de robo de vehículo con violencia más alta de todo el país, con 65.86 por ciento. En ese periodo se han presentado al menos 11 mil 274 denuncias por este delito. En 2015, se presentaron 22 mil 960.
De acuerdo con cifras oficiales, durante el primer semestre de este año se han registrado al menos 32 mil 419 denuncias por robo común, que incluyen robos con y sin violencia de vehículos, a casas, a negocios, transportistas, transeúntes y otros no especificados. Los transeúntes de la entidad han denunciado 3 mil 328 robos de los cuales 2 mil 976 fueron con violencia.
Para los transportistas que circulan por la demarcación, los robos son un asunto de todos los días: en junio se denunciaron 110 robos. Es decir, se cometieron 3.6 diarios. Sin embargo, de acuerdo con expertos en la materia, la mayoría de los delitos cometidos en el Estado de México no se denuncia.
Ciudad de México, 29 de julio: “Un día iba en un camión hacia el Metro [Pantitlán]. Iba un poco lleno. Me recorrí a la parte de atrás y un wey se paró y me puso un madrazo en la quijada. Me dijo que me sentara y me pidió mi mochila. Otro wey se levantó, sacó una pistola y dijo: ‘esto ya valió madres, ¡denme todas sus cosas!’”.
Saúl González, habitante del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, narra el más reciente asalto de los tres que ha sido víctima. En esta última ocasión, Saúl llamó a la Policía. Su llamada se quedó en espera.
Para él, denunciar es una pérdida de tiempo por la ineficiencia de las autoridades. “No van a salir a buscarlos, no van a hacer nada, no te van a regresar tus cosas”, recrimina en entrevista con SinEmbargo.
El asalto a Saúl, como muchos otros, no quedan registrados. La gente prefiere escapar a la burocracia o, quizás lo peor, a la posibilidad de que los mismos agentes estén coludidos con los asaltantes.
Y no sólo eso: tanto activistas como políticos de oposición piensan que Edomex esconde cifras.
LAS CIFRAS DEL TERROR
El Estado de México, la entidad con más habitantes del país -unos 17 millones 26 mil 314 personas-, se ha convertido en una de las más violentas, es líder en homicidios dolosos, feminicidios, e incluso robos a traseúntes y autos. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la entidad gobernada por el priista Eruviel Ávila Villegas, de enero a junio de 2016, registra la tasa per capita de robo de vehículo con violencia más alta de todo el país con 65.86 por ciento. En ese periodo se han presentado al menos 11 mil 274 denuncias por este delito. En 2015, se presentaron al menos 22 mil 960.
En tanto, durante el primer semestre de este año, se han presentado al menos 32 mil 419 denuncias por robo común, que incluyen robos con y sin violencia de vehículos, a casas, a negocios, transportistas, transeúntes y otros no especificados.
En los 125 municipios del estado predomina el robo con violencia, en el primer semestre de 2016 se han cometido 16 mil 922 mientras que el número de robo sin violencia asciende a 15 mil 497.
En tanto, en el mismo periodo, los transeúntes de la entidad han denunciado 3 mil 328 robos de los cuales 2 mil 976 fueron con violencia y el resto, 352, sin violencia.
Los pequeños negocios también han sido afectados por la delincuencia, se denunciaron un total de mil 700 robos, la mayoría cometidos con violencia, según las cifras oficiales.
Para los transportistas que circulan por la demarcación los robos son un asunto de todos los días, en junio se denunciaron 110 robos. Es decir, se cometieron 3.6 diarios. Al respecto, el pasado mes de mayo Francisco Cuevas Dobarganes, director general de la Unión Industrial del Estado de México (Unidem), dijo a SinEmbargo que las más de 50 empresas que agrupan la cúpula empresarial en el Estado de México fueron víctimas extorsión, robo a trabajadores y robo de mercancía.
En lo que va del año, se han registrado al menos 1 mil 469 robos a casa habitación sin violencia; con violencia, 471.
DELITOS QUE NO SE DENUNCIAN
Sin embargo, las cifras publicadas por el Secretariado no representan el total de la incidencia de robos con y sin violencia en el Estado de México ya que muchos casos no se denuncian y además existen inconsistencias en el registro de delitos de fuero común, dijo la directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, Doria Velez.
“Este problema no sólo se deriva de los casos que no llegan a ser del conocimiento de la autoridad porque no son denunciados, hay otros casos que aunque hayan sido denunciados por la víctima no llega a iniciarse una carpeta de investigación, entonces estos también forman parte de la denominada cifra negra”, dijo a SinEmbargo.
También agregó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), la mayor parte de los delitos no son denunciados y se debe a causas atribuibles a la autoridad.
La ENVIPE de 2014 reveló que a nivel nacional las razones por las cuales las víctimas no denuncian los delitos ante las autoridades destaca la pérdida de tiempo con un 32.2 por ciento y por desconfianza en la autoridad un 16,8 por ciento.
En el Estado de México, durante 2014, el 93.6 por ciento de los delitos cometidos no fueron denunciados.
Doria Velez consideró que falta información de calidad para diseñar políticas públicas que sean efectivas contra el crimen. “Falta trabajar en la calidad de la información para desarrollar inteligencia y acciones específicas focalizadas”, dijo.
“Yo te recomiendo que para que salga rápido tu acta digas que no robaron tu negocio, sino que te robaron tu cartera, así va a ser más fácil”, le dijo una agente del Ministerio Público conocido como “La Bola”, en el municipio de Nezahualcóyotl, a Rubén Vázquez, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, cuando intentó denunciar el robo a su café internet.
Rubén relató que la ministerio público redactó una declaración falsa, lo aislaron por una hora y un policía lo intimidó y presionó para que firmara la declaración que él no había hecho. Según Rubén, el policía y la agente buscaron que cayera en falsedad de declaraciones.
“Con qué confianza puedo ir a levantar una denuncia siendo que las personas que están ahí para defenderte son las primeras que te ponen las trampas para meterte a la cárcel. Porque el más fácil extorsionar a una persona que no tiene delitos que a un delincuente […] No creo que bajo ninguna circunstancia denunciar sirva de algo, yo lo he hecho y no ha pasado nada”, aseveró.
Rubén recuerda que en ocasión alrededor de cinco policías descendieron de una patrulla del Estado de México y lo detuvieron a él y a un par de amigos por “escandalizar en la vía pública”.
“Un policía estaba exageradamente borracho y se desesperó porque nos querían sacar dinero, y nos dijo ‘saben que ya valió madres’. Sacó la pistola nos apuntaron de frente, nos pidieron cartera, reloj, cadenas y al final nos amenazaron de muerte”, contó.
ESCONDER LAS CIFRAS
La Senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Laura Rojas Hernández, alertó en entrevista con SinEmbargo que aunque las cifras oficiales son alarmantes, en realidad la incidencia delictiva es mayor, y criticó que esconder las cifras está “en el ADN del PRI mexiquense”.
“Es mejor esconder las cosas debajo del tapete […] esconder las cosas está en el ADN del PRI mexiquense en lugar de construir alianzas con asociaciones y con la sociedad, prefieren no hablar”.
La legisladora presentó recientemente en el Congreso del Estado de México diversos puntos de acuerdo para que el Gobierno de la entidad presente un informe sobre la estrategia en materia de seguridad pública y los resultados de la misma.
La Senadora señaló que las cifras publicadas por el SESNSP son alarmantes y que la cifra real de delitos es mucho mayor que la reportada porque no se denuncian todos los crímenes. También solicitó implementar medias urgentes ante la creciente ola de inseguridad.
“Año con año vemos cómo la cifra de incidencia delictiva [del Estado de México] es la más alta del país. Claramente el Gobierno del Estado de México está rebasado y no está dando resultados”, dijo.
SAÚL EN EDOMEX
El primero de los atracos de los que fue víctima, recuerda Saúl, de 24 años, fue cuando tenía 16: “No te voy a hacer nada, sólo dame tu cartera y tu celular”, escuchó mientras tres personas abordaban la unidad de transporte público donde él viajaba. Le impidieron descender del camión y lo despojaron de sus pertenencias.
El joven pretendía cambiarse de unidad ante la amenaza de los sujetos, pero uno de ellos le impidió bajar, le pidió al chofer que cerrara la puerta y le dijo que avanzara despacio por una avenida de ese municipio.
“Yo pensé que iba a ser un secuestro express porque me quedé yo solo con las otras tres personas y el chofer”, recuerda. El joven cuenta que uno de los tres sujetos se colocó en la parte delantera del camión, y fue el encargado de tomar el dinero del chofer, uno más se colocó a la mitad de la unidad y el tercero le quitó sus cosas.
En una segunda ocasión, Saúl fue asaltado en calles de su municipio por dos sujetos que viajaban en una bicicleta. Lo acorralaron, uno de los hombres sacó una navaja y le quitaron su celular.
Pero Saúl sabe que tres asaltos pueden ser poca cosa en Edomex, donde la estadística oficial lo expone a un cuarto, quinto o sexto.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MARIANA BLANCA GUTIÉRREZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-07-2016/3072174
Morelia, Mich. Conceden libertad bajo caución a 29 integrantes del grupo de ex autodefensa de José Manuel Mireles, detenidos el pasado 29 de mayo en Tumbiscatío, sin embargo, se requieren 120 mil pesos de pago de fianza por cada uno. “Se trata de gente pobre, por eso pedimos el apoyo del gobernador Silvano Aureoles para poderlos sacar de la cárcel, se trata de una fianza muy elevada”, afirmó el abogado defensor Ignacio Mendoza Jiménez.
Suman aproximadamente 380 ex autodefensas que se encuentran presos en distintos penales del país y de Michoacán por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército mexicano. “El 10 de agosto se define la situación de otros 70 que fueron detenidos en mayo de 2014 en Caleta de Campos municipio de Lázaro Cárdenas. Y quedan pendientes otros 100 más que fueron detenidos en Apátzingán, Parácuaro, Tumbiscatío, Múgica, y que anduvieron comandados por Estanislao Beltrán, Papá Pitufo.”
A los 29 ex autodefensas que serían liberados una vez que paguen la fianza, les condicionan no salir del estado; no reunirse con grupos armados; presentarse al Juzgado a firmar una vez al mes y no acercarse a los policías que los detuvieron. “Eso de que no se junten con grupos armados es una aberración”, dijo Mendoza Jiménez, tras señalar que los jueces no tienen argumentos para mantener en prisión a los ex autodefensas.
El abogado de ex autodefensas, dijo que el gobernador Aureoles debe apoyar tal y como lo hizo el pasado 11 de febrero cuando en un acto público puso fin a los grupos de autodefensa en Michoacán, y entregó 90 mil pesos para que quienes no forman parte de ninguna corporación de seguridad puedan iniciar alguna actividad productiva.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/29/conceden-libertad-a-29-integrantes-de-ex-autodefensas-en-michoacan
Casi la mitad de las cárceles estatales y municipales en el país están rebasadas en su capacidad; en cambio, ninguno de los 17 penales federales está ocupado en su totalidad.
En México existen 372 centros penitenciarios estatales y municipales, de los cuales casi la mitad, 178, tienen sobrecupo y de éstos hay diez cuya capacidad está rebasada entre un 300 y 600%. En ellos sobreviven de cuatro a seis internos en espacios destinados para un solo preso.
La mayoría de los penales estatales con sobrepoblación, el 75%, alberga tanto a reos locales como federales. En cambio, existen 17 centros penitenciarios federales con capacidad para 33 mil 888 internos, pero ninguno está ocupado en su totalidad.
Todo esto lo revelan datos oficiales publicados por el gobierno federal en respuesta a una solicitud de transparencia. En total, hay 244 mil personas presas en todas las cárceles del país, las cuales tienen espacio para 209 mil 481 reos. Esto significa, que hay 34 mil 709 personas presas en condiciones de hacinamiento.
Pero el problema no es parejo, pues las cárceles estatales y municipales, que son las más sobrepobladas, dan albergue a casi 25 mil reos federales, mientas que los centros penitenciarios federales no albergan reos estatales y ni siquiera a todos los federales, pese a tener espacios de sobra para ello.
El 62% de las personas presas por un delito local ya recibió una sentencia condenatoria. En cambio, menos de la mitad de los reos del orden federal, 49%, recibió una condena, por lo que siguen presos con su proceso abierto.
Las 10 cárceles más sobrepobladas
De las diez cárceles con mayor nivel de sobrepoblación, dos están en Puebla, cuatro en Hidalgo, dos en el Estado de México, una en Guerrero y otra más en Chiapas. Todos son reclusorios locales, administrados por autoridades estatales o municipales.
La Cárcel Distrital de Tepeaca, en Puebla, tiene el mayor nivel de hacinamiento de todos. Es un pequeño reclusorio con capacidad máxima para 46 personas, pero hasta abril de este año había 329 personas recluidas ahí. Es una sobrepoblación de más de 600%, según los datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de prevención y Readaptación Social.
Hace un año, según datos consultados también por transparencia, en esta prisión había 303 internos y la sobrepoblación era de 558%, lo que indica que hacinamiento actual es aún mayor.
De las 329 personas recluidas en este penal, 239 están aún bajo proceso, es decir, no han recibido sentencia por lo que jurídicamente, no se ha comprobado que sean culpables del delito que se les imputa.
Aunque se trata de una cárcel municipal, doce de los internos de este penal son personas procesadas por un delito federal.
La sobrepoblación ya ha causado problemas en este penal. En febrero de 2015 se registró una riña e intento de fuga de internos que protestaban por las condiciones de hacinamiento. Para controlar la situación se requirió una intervención policiaca que paralizó a la ciudad, pues el penal se ubica en pleno centro, al lado de un jardín de niños.
No fue la primera vez que se registraba ahí un incidente de esa naturaleza. En 2013, un grupo de internos quiso escaparse cavando un hoyo de 80 centímetros. Las autoridades lo descubrieron y frustraron el intento.
Lee: 5 fallas que tiene el sistema de cárceles en México, según la CIDH.
La Cárcel Distrital de Tizayuca, en Hidalgo, es la segunda con el mayor nivel de sobrepoblación del país. Dicho penal está diseñado para albergar a 47 personas como máximo pero en realidad hay 199 personas encerradas, lo que representa que el penal está rebasado en más de 445%.
Hay dos prisiones más con niveles de sobrepoblación que también rebasan el 400%: la Cárcel Distrital de Atotonilco, en Hidalgo, y la Cárcel de Huixtla, en Chiapas.
En 2012, la de Tizayuca fue considerada la cárcel más peligrosa de Hidalgo y en dos ocasiones en los últimos cinco años ocurrieron fugas de reos. En la de Huixtla estuvo preso el exgobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía, quien en redes sociales contó los abusos que ahí se padecían.
La lista de las diez cárceles con mayor hacinamiento la completan seis complejos rebasados en más de 300%. Se trata del Centro de Reinserción Social de Tlapa, en Guerrero; del Centro de Reinserción Social de Apan, en Hidalgo; de la Cárcel Distrital de Zacualtipán, en Hidalgo, y del Centro de Prevención y Readaptación Social de San Pedro Cholula, en Puebla.
Finalmente tenemos los Centros de Readaptación Social de Chalco y Ecatepec, en el Estado de México. Cabe señalar que el de Ecatepec es el penal con más reos de los diez que encabezan la lista de mayor hacinamiento, con 4 mil 657 internos, cuando en realidad está diseñado solo con 958 espacios.
Y en los federales, sobran los espacios
De acuerdo con datos oficiales, en el país hay 17 centros penitenciarios federales con capacidad lista para albergar hasta 33 mil reos. Sin embargo, ninguno de ellos está ocupado en su totalidad.
Aunque las personas encarceladas por uno o varios delitos federales suman actualmente 47 mil 159, solamente 22 mil 263, que son menos de la mitad, están recluidos precisamente en las cárceles federales. El resto están recluidos en los penales estatales.
Lo anterior significa que las cárceles federales podrían albergar por lo menos a diez mil reos más del nivel federal sin llegar sin caer en problemas de sobrepoblación, pues tiene espacios subutilizados.
Por ejemplo, el Centro Federal de Readaptación Social número 16 en Morelos tiene espacio listo para dos mil 528 internos pero, actualmente, solo alberga a mil 423 reos federales. Es decir, 43% de esta cárcel esta subutilizada.
Lee: 6 de cada 10 personas LGBTI que están en cárceles mexicanas han sido víctimas de abusos.
Otro caso es el del Centro Federal de Readaptación Social número 15 en Chiapas con espacio para dos mil 520 internos, pero que actualmente tiene dos mil 54 reos. Más de 18% del complejo está desocupado.
Incluso los penales federales más antiguos como el número 1, ubicado en el Altiplano, Estado de México, y el número 2, en Puente Grande, Jalisco, tienen una ocupación por debajo de su capacidad real.
Ante esta situación, hay algunas entidades que han optado incluso por rechazar a más internos federales en sus cárceles. Es el caso del Gobierno de la Ciudad de México que desde 2009 ha impedido que internos acusados de delitos federales graves sean recluidos en los penales capitalinos.
Aun así, en la capital del país aún hay actualmente más de tres mil 500 reos federales. La tercera parte de ellos están presos en el reclusorio Preventivo Oriente, que está sobrepoblado en más de 100%.
Combinación peligrosa
La sobrepoblación en las cárceles del país es uno de los principales factores de riesgo que contribuyen a deteriorar las condiciones de readaptación social, de acuerdo con un diagnóstico presentado en abril de este año por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Los resultados del estudio denominado Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015 presentado por la Comisión arrojan que un penal saturado tiende a generar además condiciones de falta de higiene, riesgo de autogobierno, hacinamiento, deficiente división de procesados y sentenciados, fallas en la supervisión, entre otros.
Prueba de ello es la fuga masiva de diez reos que ocurrió en el penal estatal de Quintana Roo, y que ocasionaron la destitución del director de ese complejo. Dicho penal, según los datos oficiales, padece una sobrepoblación de 154%. De sus dos mil internos, 200 son reos federales.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en febrero pasado, al publicar los resultados de la Cuenta Pública 2014, que las políticas de reinserción social no están funcionando, por lo menos a nivel federal.
Tan solo entre 2007 y 2014, el número de presos reincidentes acusados de algún delito federal se multiplicó en más de 600%, al pasar de mil 84 internos con antecedentes a 10 mil 900.
La Auditoría advirtió que el gobierno federal ha sido ineficiente en su política de distribución penitenciaria, lo que hoy provoca que actualmente, prácticamente 1 de cada 2 internos no esté en un penal federal sino en cárceles locales que carecen de la infraestructura y políticas adecuadas para su tratamiento.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/las-10-carceles-mas-saturadas-mexico-la-sobrepoblacion-alcanza-600/
Esta semana el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, negó tener prestanombres e hizo pública su declaración patrimonial “que demuestra que los ataques en mi contra son producto de una guerra de lodo”. De acuerdo con lo declarado, el mandatario priista tiene dos casas en Veracruz y tres automóviles, así como un ingreso anual por 2 millones 272 mil pesos. También reportó la pertenencia de una pintura de 240 mil pesos y cuatro cuentas bancarias.
Domingo Yorio Saqui, director de Catastro y Valuación de Veracruz, mintió a la Procuraduría General de la República (PGR) en su informe sobre las propiedades que poseen personas cercanas al Gobernador Javier Duarte de Ochoa, informó Reforma.
De acuerdo con el diario nacional, la oficina ocultó datos catastrales de la cuñada de Duarte, Mónica Ghihan Macías Tubilla, y de su concuño, José Armando Rodríguez, señalados en una denuncia penal como prestanombres del mandatario priista.
De igual manera ocultó información sobre la dirección de la empresa Azura Sociedades Unidas, también en la mira de la investigación federal.
“En su respuesta sobre las propiedades de Ghihan Macías y Rodríguez, Yorio Saqui no reportó a la PGR que en sus archivos sí cuenta con registros catastrales de por lo menos cuatro propiedades”, reportó Reforma.
Mónica Ghihan Macías posee tres propiedades en la Torre Pelícano de Boca del Río y el concuño de Duarte tiene el departamento 6-B, ubicado en la misma torre.
En tanto, la empresa Azura Sociedades Unidas es representada por David Alejandro Osorio, de quien la PGR también solicitó información catastral.
Esta semana el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, negó tener prestanombres e hizo pública su declaración patrimonial “que demuestra que los ataques en mi contra son producto de una guerra de lodo”.
De acuerdo con lo declarado, el mandatario priista tiene dos casas en Veracruz y tres automóviles, así como un ingreso anual por 2 millones 272 mil pesos. También reportó la pertenencia de una pintura de 240 mil pesos y cuatro cuentas bancarias.
Ayer dijo que ya publicó su declaración fiscal y de intereses, la cual está sujeta a validación para ser pública.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-07-2016/3073355
Ayer los profesores en contra de la Reforma Educativa se manifestaron en el Zócalo de la Ciudad de México, bloquearon la Autopista del Sol en Guerrero y marcharon en Oaxaca. Este viernes continúan su movilización mediante el bloqueo de plazas comerciales.
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquean el acceso a Forum Buenavista, en la Ciudad de México, así como la entrada de tres plazas comerciales en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como parte de su movilización contra la Reforma Educativa.
Ayer los docentes también bloquearon centros comerciales en el estado sureño. Este día planean impedir el paso hasta las 12 de la noche.
En tanto, en la manifestación realizada en la plaza de la capital del país hay presencia de granaderos sin que hasta el momento se registren enfrentamientos, salvo empujones.
El servicio del tren suburbano, ubicado en Forum Buenavista, sigue ofreciéndose.
Ayer maestros de la Sección 9 de la CNTE lograron llegar al Zócalo de la Ciudad de México en operación hormiga para llevar a cabo una protesta en contra de la Reforma Educativa.
Encabezados por el líder magisterial Enrique Enríquez Ibarra, llegaron en pequeños grupos y se concentraron alrededor de la Catedral metropolitana a un costado de la Aldea Digital.
Asimismo, otro grupo de maestros provenientes de Chiapas y Michoacán se trasladaron del plantón que la CNTE mantiene en la Ciudadela rumbo al Hemiciclo a Juárez.
En Guerrero y Oaxaca también se manifestaron.
De acuerdo con el diario El Sur, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) bloquearon la Autopista del Sol, en la salida de Chilpancingo.
Los cerca de 500 manifestantes, provenientes de distintos puntos del estado, exigieron la derogación de la Reforma Educativa y que el gobierno federal resuelva las demandas de la CNTE.
Además, maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) marcharon en la capital oaxaqueña y concluyeron su movilización con un mitin en el Zócalo, lugar en donde mantienen un plantón desde el pasado 15 de mayo.
Según medios locales, la protesta fue realizada frente a las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y en las zonas aledañas al Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca. No se reportaron incidentes.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-07-2016/3073432
El vestido de la firma Gucci que la Alcaldesa Claudia Guadalupe Acompa Islas ha portado pertenece a la colección de primavera–verano 2016, en la cual hay prendas valuadas hasta en tres mil 500 dólares (59 mil 500 pesos). Además, la funcionaria presumió en redes que para el festejo de San Pablo Apostol contrató a Alfonso Waithsman, el maquillista de la Primera Dama, Angélica Rivera, quien cobra un aproximado de 30 mil pesos a 200 mil pesos. En contraste, la población del municipio de Santiago Tuxtla vive en condiciones precarias e inclusive algunos de los empleados del Ayuntamiento han dejado de recibir sus respectivos salarios durante varios meses.
Claudia Guadalupe Acompa Islas, la Alcaldesa panista de Santiago Tuxtla, uno de los municipios más pobres de Veracruz, ha exhibido sus lujos y ostentoso estilo de vida mediante redes sociales.
Durante las fiestas patronales en la entidad, la funcionaria y su familia lucieron un modelo de la marca italiana Gucci, motivo por el cual fueron severamente criticados por usuarios en redes, quienes los llamaron “La familia Gucci”.
El vestido de la firma Gucci que ella portó pertenece a la colección de primavera–verano 2016, en la cual hay prendas valuadas hasta en tres mil 500 dólares (59 mil 500 pesos). Además, la funcionaria presumió en redes que para el festejo de San Pablo Apostol contrató a Alfonso Waithsman, el maquillista de la Primera Dama, Angélica Rivera, quien cobra un aproximado de 30 mil pesos a 200 mil pesos.
En su cuenta de Instagram, el famoso “maquillista de las estrellas”, como es conocido, compartió la foto en compañía de la Alcaldesa.
Los hijos de Acompa Islas también lucieron diseños de la famosa firma italiana, cuyos jeans y camisas oscilan entre los 20 mil y 11 mil pesos respectivamente.
En contraste, y de acuerdo con el Programa Región Los Tuxtlas 2013–2016 del estado de Veracruz, más del 61 por ciento de la población del municipio de Santiago Tuxtla es rural y 8 de cada 100 personas son adultos mayores de 65 años de edad.
Asimismo, el municipio presenta una tasa de analfabetismo del 22.4 por ciento y 38 de las comunidades que habitan la localidad no cuentan con recursos, y reciben apoyos de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Entre el 2000 y el 2010, ese municipio tuvo la tasa más baja de crecimiento en la región.
El reporte detalla que el 84.1 por ciento de las viviendas de la población son precarias, pues el 14.8 por ciento de las viviendas tienen pisos de tierra.
Sumado a la crisis general que asedia los bolsillos de los locatarios del municipio en cuestión, se ha reportado que algunos de los empleados del Ayuntamiento han dejado de recibir sus respectivos salarios por varios meses.
ACOMPA ISLAS, LA IMAGEN MEDIÁTICA
Acompa Islas es conocida por su constante aparición en publicaciones estatales como El Heraldo de Veracruz, donde ha mostrando un perfil de mujer empoderada. Suele aparecer junto con su esposo Raúl Sosa, ex Alcalde de ese municipio y ahora dirigente estatal de la Asociación Despierta Veracruz.
En diversas publicaciones de medios locales, Claudia Guadalupe Acompa Islas ha sido equiparada con la Primera Dama de México, Angélica Rivera de Peña, principalmente por su constante búsqueda de la apariencia perfecta, la ropa de diseñador y su asidua presencia en la prensa rosa.
En la edición de diciembre de 2014 de la revista El Heraldo de Veracruz, la funcionaria posa sentada, con las piernas en un ángulo de 45 grados, ropa impecable y mirada taciturna, donde el título reza: “Claudia Acompa, la mujer detrás del poder”. De inmediato se hizo el comparativo con la portada de la revista Marie Claire, donde apareció Angélica Rivera y su hija Sofía Castro, en la residencia oficial de Los Pinos.
En otra edición, la de junio de 2016, la misma revista publicó otro texto sobre Acompa y su esposo, ahora con el ángulo de su relación de pareja con Raúl Sosa González y el equipo que ambos conforman en la política y en lo personal. La portada lleva por título “Claudia&Raúl, entre lo social y lo íntimo”.
El contexto de ese número resalta las pretensiones políticas de ambos, pues en las entrevistas realizadas Sosa señala que le gustaría ver a su esposa como Senadora o legisladora local o federal, “llevando un mensaje de amor a las máximas tribunas del país y contagiar a México de solidaridad y compasión”.
Claudia por su parte, indica que apoyaría a su esposo para que sea el próximo Gobernador de Veracruz y “poder llevar el cambio que hemos logrado en Santiago a todos los rincones de nuestro estado hace falta devolverle la fe a la ciudadanía, porque con fe, todo es posible”.
En una tercera portada también de junio de este año, la Alcaldesa aparece acompañada de su esposo y sus dos hijos y la cual lleva por encabezado “Familia Sosa Acompa, la construcción del éxito”.
En ese artículo la imagen de la funcionaria es ensalzada con la de sus hijos, quienes han servido de escaparate para la ostentosa familia, viéndose como el par de vástagos ejemplares; uno de ellos, el mayor, Oziel Sosa Acompa funge como presidente del DIF Municipal y quien además estudia derecho en la Universidad Iberoamericana. Su hermano menor, Mauricio, estudia el bachillerato en el ITESM y asegura ser apasionado de los deportes y la tecnología, campo de estudio donde afirma que debe servir para “mejorar la calidad de vida de todos”.
De esta forma, la revista el Heraldo de Veracruz hace énfasis constante en que ellos conforman la familia “que ha roto el mito de que el éxito se encuentra distanciado de la unidad familiar”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/28-07-2016/3072942
CIUDAD DE MÉXICO: Para no arriesgarse a ser demandado, un observador de la vida política nacional ¿debe escribir en clave?, pregunta el historiador Lorenzo Meyer al referirse a los casos de Carmen Aristegui y Sergio Aguayo, a quienes MVS y el exgobernador Humberto Moreira, respectivamente, demandaron por “daño moral”.
En su columna publicada en el diario Reforma con el título “En el país ‘X’”, Meyer reprueba el asedio contra la periodista y el académico, y destaca que la cólera por provocar “daño moral” cayó primero sobre Aguayo y luego sobre Aristegui.
“Humberto Moreira pidió a la justicia que se obligue al académico a retractarse y a resarcirle diez millones de pesos por el daño moral que le causó el que afirmara en un artículo que él, Moreira, despedía un tufo asociado a la corrupción y a la impunidad mientras gobernó Coahuila entre 2005 y 2011. Poco después el peso de ese tipo de indignación ‘moral’ descendió sobre Carmen Aristegui y, de refilón, sobre la editorial que publicó La Casa Blanca de Peña Nieto (2015). El presidente de MVS demandó a la conductora de noticias por el prólogo que escribió para esa obra y exigió que en cualquier nueva edición se suprima esa introducción que explica el sentido de la obra”, sostiene el historiador en su artículo.
En dicho prólogo, añade, Aristegui se refiere al “derrumbe moral” de los dueños de la empresa radiofónica que la echaron a ella y a su equipo del noticiero que conducía, después de haber hecho pública la existencia de la lujosa mansión conocida como la “Casa Blanca” y vendida a la familia presidencial en términos muy favorables por un contratista favorecido por los gobiernos encabezados por Enrique Peña Nieto.
“Las pruebas que los ofendidos le piden a Aguayo o a Aristegui no suelen dejar rastros, pero se pueden inferir por sus consecuencias”, refiere Meyer, y recuerda la frase del carrancista don Luis Cabrera: “yo los acuso de corruptos no de tarugos”.
“Sin embargo, algo se puede inferir de un incidente al final del gobierno de Felipe Calderón, cuando el propio dueño de MVS hizo pública la forma y contenido de la presión ejercida sobre él desde la Presidencia para que obligara a Aristegui a disculparse por haber hecho una acotación en su noticiero que ofendió a ‘Los Pinos’. Si eso ocurrió por un comentario pidiendo que se aclarara el rumor sobre el gusto del Presidente por la bebida, ¿cómo habrá reaccionado esa misma instancia ante el reportaje sobre una ‘Casa Blanca’ de siete millones de dólares?”, pregunta.
Incluso, sugiere que para evitar demandas por daño moral –por ejemplo en el caso de la casa blanca de EPN– se hable entonces en clave:
“A inicios del siglo XXI, en un país X, el gobernador E de un estado importante, y donde un mismo partido había gobernado ininterrumpidamente desde 1929, tuvo un contratista favorito que en poco tiempo acumuló una fortuna notable. Con el correr del tiempo, muchas maniobras y buena suerte, ese gobernador logró unir a los fragmentos de su partido que tras 71 años en el poder, lo había perdido a nivel nacional. Una buena dosis de recursos de origen legítimo, pero también oscuro, más los errores y la corrupción del partido que había desalojado de la casa presidencial al viejo partido autoritario, le permitieron a E recuperar la Presidencia.
“Para cuando E asumió la Presidencia y dio nuevas encomiendas a las empresas de su contratista favorito, éste había construido una lujosa residencia en la capital que vendió en condiciones muy favorables a la consorte de E para que fuera el hogar familiar cuando concluyera el periodo presidencial. Cuando un equipo de periodistas documentó e hizo públicos los términos de esta transacción, se desató un escándalo de tal magnitud, que la pareja presidencial debió renunciar a la mansión. Pero los periodistas que sacaron a la luz todo el asunto fueron echados de la empresa donde trabajaban, y éstos y la opinión pública atribuyeron el hecho a una venganza de los afectados… etcétera, etcétera”.
Y remata: “Un ejercicio de la crítica hecho en los términos anteriores o en alguna variante resulta ridículo e indigno para su autor, para el lector y para el país mismo. Sin embargo, además del silencio y en las circunstancias actuales es válido preguntarse: ¿hay en la actualidad otro camino para no correr el riesgo de terminar demandado y asediado?”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/448989/evitar-demandas-se-debera-escribir-en-clave-cuestiona-meyer
CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría General de la República (PGR) informó que Saúl Montes de Oca Morlett, El Ciego, jefe operativo del Cártel de Tijuana, fue sentenciado a 151 años y ocho meses de prisión, y al pago de mil 432 días de multa.
En un comunicado, la dependencia precisó que el Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Jalisco, acusó a El Ciego de los delitos de delincuencia organizada (en la modalidad de contra la salud), colaborar de cualquier manera a su ejecución, y de secuestro, previstos y sancionados por el Código Penal Federal.
De acuerdo con la causa penal, en los años noventa Montes de Oca Morlett se desempeñaba como policía judicial en Tijuana, Baja California, donde brindaba apoyo y protección a un grupo de la delincuencia organizada en el trasiego de grandes cantidades de cocaína y mariguana vía terrestre y marítima hacia Estados Unidos.
El Ciego –interno en el Centro Federal de Readaptación Social número Dos en Puente Grande, Jalisco– se encargaba de conseguir la mariguana y cocaína para que, junto con la organización, abastecieran las diferentes “narco tienditas” que operaban en ese estado del norte del país, según el comunicado de la PGR.
Señaló, asimismo, que diversas personas allegadas a las investigaciones señalaron que el sentenciado operaba como sicario y era el líder de un grupo de personas que extorsionaban, secuestraban y ejecutaban a ciudadanos en Tijuana.
También tuvo participación, junto con los integrantes que conforman la célula delictiva, en el atentado contra el periodista J. J. Blanco Ornelas, del periódico ‘Zeta’.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449009/sentencian-a-151-anos-carcel-a-ciego-jefe-operativo-del-cartel-tijuana
En EU ya lo investigan por lavado de dinero así como por una red de corrupción, señalan.
Un grupo de senadores del Partido Acción Nacional presentó ante la PGR una denuncia contra el ex gobernador de Coahuila y ex dirigente del PRI, Humberto Moreira.
De acuerdo con el documento en poder de Aristegui Noticias, los legisladores recordaron que la deuda del estado pasó de 323 millones de pesos en 2005 a 36 mil 675.8 millones de pesos en 2011.
En el apartado de “hechos”, señalaron que “autoridades del estado de Texas investigan por el delito de lavado de dinero” a Moreira.
Además de que se iniciaron diversos procesos en EU para investigar una red de corrupción que operó en Coahuila en el sexenio pasado.
Tras enlistar las diferentes indagatorias, piden a la PGR que “se dé inicio a la investigación correspondiente por los hechos que pudieran ser constitutivos de delito”.
La denuncia íntegra:
DENUNCIA CONTRA MOREIRA by Aristegui Noticias on Scribd
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2807/mexico/en-manos-de-la-pgr-esta-denuncia-contra-humberto-moreira-documento/
La defensa del capo argumentó que tiene graves problemas de salud que incluyen ceguera y senilidad.
El capo Rafael Ernesto Fonseca Carillo, alias “Don Neto”, abandonó el penal estatal de Puente Grande, Jalisco, para cumplir los 8 años con 9 meses que le restan a su condena bajo confinamiento domiciliario y con vigilancia permanente de las autoridades penitenciarias federales.
Considerado fundador del Cártel de Guadalajara, “Don Neto” fue detenido en 1985 por el secuestro y homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y su piloto mexicano, Alfredo Zavala Avelar, doble crimen por el que fue condenado a 40 años de prisión junto con el ahora prófugo Rafael Caro Quintero.
A 31 años de su captura, Ernesto Fonseca fue trasladado por el gobierno federal a su domicilio particular que se localiza en un fraccionamiento del municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, con el fin de que ahí cumpla con el resto de su condena.
El traslado obedece a que el pasado 2 de junio, un juez federal ordenó al Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), instancia encargada de administrar y vigilar los penales federales, que le otorgara el beneficio del confinamiento domiciliario a “Don Neto”, debido al precario estado de salud de quien fuera uno de los principales narcotraficantes de nuestro país.
La resolución del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal del Estado de Jalisco cumple a su vez con las sentencias de dos juicios de amparo otorgados al capo por un Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, órgano judicial que en enero del 2015 ratificó la condena de 40 años de cárcel para el narcotraficante que cuenta con 86 años de edad.
La sentencia dictada el 22 de enero del 2015 si bien confirmó la condena de Fonseca Carrillo, también instruyó al juez que llevaba la causa penal en su contra a resolver el incidente de confinamiento domiciliario solicitado por la defensa del capo, argumentando sus graves problemas de salud que incluyen ceguera y senilidad.
Tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como las autoridades penitenciarias agotaron todas las instancias legales para dar cumplimiento al fallo, pero el pasado 2 de junio del 2016 perdieron su último recurso legal ante un tribunal federal para evitar que “Don Neto” abandonara la cárcel, por lo que a partir de esa fecha se dedicaron a solicitar prórrogas ante el Juez de Distrito encargado del caso para retrasar el traslado.
Sin embargo, el impartidor de justicia consideró que el cumplimiento de la sentencia ya no se podía seguir prorrogando, por lo que volvió a ordenar que se cumpliese con el mandato de otorgar el confinamiento domiciliario a Ernesto Fonseca.
Antes de dar el paso final, las autoridades penitenciarias tuvieron que certificar que el domicilio propuesto por la defensa para que “Don Neto” cumpla su condena confinado en un inmueble particular era el idóneo para mantenerlo bajo vigilancia federal y evitar posibles fugas.
De esta manera, Rafael Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”, se convirtió en el segundo hombre del caso Camarena que abandona la cárcel, ya que antes lo hizo Caro Quintero, a través de un amparo que le había concedido la libertad lisa y llana tras 28 años de cárcel, con el argumento de que había sido procesado y condenado de manera errónea por un juez del fuero federal, a pesar de que el delito de homicidio debía ser juzgado en el fuero común.
El fallo dictado el 8 de agosto del 2013 fue revocado posteriormente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero ya era demasiado tarde, puesto que el narcotraficante ya se había ocultado y dado a la fuga.
En su condición de prófugo de la justicia norteamericana y mexicana, Caro Quintero concedió una entrevista al semanario Proceso que se publicó esta semana, en la cual negó ser autor o partícipe en el asesinato del ex agente de la DEA, Enrique Camarena.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2807/mexico/don-neto-cumplira-el-resto-de-su-condena-en-un-fraccionamiento-de-atizapan/
El secretario de Hacienda apuntó como los riesgos principales al entorno internacional, bajos precios del petróleo y la gran volatilidad en los mercados financieros globales.
El proyecto de presupuesto 2017 que presentará el gobierno federal al Congreso de la Unión tendrá como eje proteger la estabilidad, el crecimiento, la inflación, los empleos y la economía de las familias mexicanas, afirmó el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.
Ante integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), señaló que frente el entorno internacional complejo, le toca al gobierno federal “apretarse el cinturón. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a seguir haciendo mediante ajustes al gasto público”.
“Las decisiones que habremos de presentar a la discusión en el Congreso de la Unión a partir de septiembre, tendrán como eje, primero, preservar, proteger la estabilidad de la economía mexicana, proteger nuestro crecimiento, proteger la creación de empleos, que sigamos teniendo inflación baja; es decir, proteger la economía de las familias mexicanas”, dijo.
Durante la instalación de la Comisión Ejecutiva de Hacienda de la Conago, que encabezará el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, se refirió a los tres retos hacendarios que enfrenta el país hacia adelante.
Apuntó que en un entorno internacional muy complejo, bajos precios del petróleo, gran volatilidad en los mercados financieros internacionales y riesgos de carácter geopolítico, el primer reto es preservar la estabilidad financiera del país con el objetivo de que México siga creciendo de manera equilibrada.
El segundo reto es el cumplimiento de los objetivos del gasto público y lograr que los tres niveles de gobierno tengan la capacidad financiera para cumplir con sus obligaciones frente a la ciudadanía; para entregar los bienes y servicios públicos, la infraestructura, los programas que la ciudadanía espera, con razón y derecho, que lleven a cabo los gobiernos.
Consideró que un tercer reto, tal vez más importante que los dos anteriores en el ánimo de la ciudadanía en México, es no sólo que haya recursos suficientes, sino que éstos se ejerzan con transparencia, claridad y eficacia.
“Que haya un manejo responsable de las haciendas públicas, y que sea todo esto de cara a la ciudadanía, rindiendo cuentas de manera efectiva”, subrayó el encargado de las finanzas públicas del país.
Resaltó que en un entorno global tan complejo, México sigue creciendo y sigue creciendo con estabilidad, como lo confirma el dato sobre la economía mexicana a mayo de este año, dado a conocer por el INEGI.
Asimismo, los datos del crecimiento de las ventas del comercio en mayo pasado, que fueron superiores a lo esperado por analistas, muestran que el crecimiento económico no sólo se mantiene, sino que además continúa siendo impulsado por el mercado interno, por la demanda doméstica, lo que tiene que ver con la estabilidad de precios y la creación de empleos.
Señaló que este miércoles el INEGI también dio a conocer un dato alentador: continúa disminuyendo la tasa de desempleo la cual, destacó, ya está en niveles previos a la crisis de 2008, además de que en la administración del presidente Enrique Peña Nieto se han creado ya más de dos millones de empleos formales.
“Todo esto ocurre, insisto, en un entorno internacional muy complejo, porque en México tenemos un compromiso prioritario con la estabilidad”, aseveró Videgaray Caso.
Ante los gobernadores del país, afirmó que la prioridad en el manejo de la hacienda pública es lograr que la trayectoria fiscal de México proteja el entorno de estabilidad y que permita que siga creciendo la economía.
Por otra parte, comentó que en materia de recursos hacia los estados y los municipios hay una buena noticia: 2016 ha sido un muy buen año para los ingresos de las entidades federativas, pues las participaciones federales para los gobiernos locales están por arriba de lo programado.
“Tenemos, y esto no es sólo para algunos estados, para todas las entidades federativas, para las 32 entidades federativas, los 31 estados y para la Ciudad de México, las participaciones están por arriba de lo que se había programado cuando se aprobó la Ley de Ingresos”, añadió.
Informó que de enero a julio de este año las participaciones federales están 6.0 por ciento arriba de lo programado, es decir, 23 mil 545 millones adicionales, los cuales representan una mayor capacidad de los estados y también de los municipios para cumplirle a la ciudadanía.
También representan una menor presión para las entidades federativas, las cuales no necesitan recurrir al endeudamiento, como lo tendrían que haber hecho ante la ausencia de estos recursos excedentes.
Explicó que los estados y municipios tienen mayores recursos provenientes de participaciones federales, porque la implementación de la reforma hacendaria, aprobada en 2013 y que entró en vigor en 2014, ha significado un incremento muy importante de los ingresos tributarios no petroleros.
Recordó que la recaudación federal participable está asociada a los ingresos no petroleros, por lo que mientras los ingresos del gobierno federal se ven mermados por la caída del precio del petróleo, los ingresos de las entidades federativas se han visto protegidos.
Además, las participaciones han sido superiores por el buen comportamiento de los ingresos tributarios no petroleros, tanto en Impuesto al Valor Agregado (IVA) como en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a personas físicas y personas morales.
“Esto representa una gran oportunidad para los estados y municipios, y representa también la obligación de que sean ejercidos con transparencia y con responsabilidad”, expresó el secretario de Hacienda.
Ante ello, opinó, la reforma constitucional en materia de responsabilidad financiera de los estados y los municipios es una de las grandes transformaciones que se han vivido en las finanzas públicas en México en las últimas décadas.
Videgaray Caso señaló que la nueva Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios responde a un legítimo reclamo ciudadano, que es poner orden en las finanzas de los gobiernos locales y ponerle un límite a los excesos en el endeudamiento de algunas entidades.
Aseguró que frente a los retos que tiene la nación de proteger a la economía del entorno internacional, de proteger los empleos, de cumplirle a la ciudadanía en la creación de infraestructura, en los programas sociales, y hacerlo de una manera transparente y responsable, “tendremos una gran capacidad de trabajo en equipo”, concluyó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/2807/mexico/el-gobierno-seguira-apretandose-el-cinturon-en-2017-videgaray/
