CIUDAD DE MÉXICO: Finlandia vendió simuladores de torres de telefonía celular para intervenir dispositivos móviles a México en 2014, según un reporte del Ministerio de Asuntos Exteriores del país europeo.
El documento, de 86 páginas de extensión, fechado el 14 de enero de 2015 y consultado por Apro, indica que la Unidad de Control de Exportación del Departamento de Relaciones Económicas Exteriores del citado ministerio autorizó el 11 de julio de 2014 a la empresa de tecnología Exfo Oy, filial de Exfo Inc., el envío al país de equipo modelo NetHawk F10. Su categoría de control de exportación es 5D001a y su código de identificación, FI1400031.
El Reporte 20-F de Exfo Inc., que todas las compañías extranjeras que cotizan en el mercado bursátil de Estados Unidos deben presentar sobre sus operaciones ante la Comisión de Comercio y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), fechado el 25 de noviembre de 2013 y revisado por Apro, explica que ese modelo, el NetHawk X6 y el NetHawk C2 son “herramientas de inteligencia para la policía, fuerzas armadas y otras organizaciones gubernamentales para combatir el crimen organizado y los terroristas”.
El documento finlandés –que aborda la gestión de las autorizaciones concedidas a la exportación de productos de doble uso (civil y militar)– no detalla si se analizó el impacto de su utilización sobre derechos humanos o si se sometió a investigación a la institución receptora del equipo.
En el Portal de Obligaciones de Transparencia no aparece ningún contrato suscrito con Exfo, pero la operación pudo realizarse mediante un intermediario, como suele ocurrir con la venta de programas de espionaje.
Se trata de una tecnología polémica, pues sus críticos la consideran invasiva y una amenaza para la privacidad de los usuarios de telefonía.
Conocida popularmente como “Stingray”, por un modelo fabricado por la estadunidense Harris Corporation, esos dispositivos pueden extraer información como los números de identidad del suscriptor móvil internacional (IMSI, por sus siglas en inglés), que es el número único de serie que el teléfono celular transmite de modo que el sistema detecta donde está ubicado.
Por eso, también se les conoce como “IMSI catchers” (detectores de números IMSI).
Además, pueden acceder al número de serie electrónico del teléfono, metadatos para su almacenamiento interno, interceptar el contenido de comunicaciones, rastrear y localizar un usuario de telefonía celular, propiciar un ataque de denegación de servicio móvil y obtener una clave de encriptación de comunicaciones.
Los rastreadores pueden ser instalados en aviones, helicópteros y vehículos manuales no tripulados o drones.
La torre falsa hace que los aparatos celulares cercanos a ella se conecten. Hecho esto, esos programas pueden recolectar información de identificación y localización de los teléfonos y, en algunos casos, intervenir las conversaciones, los mensajes de texto y la navegación por internet.
Otras versiones de esta tecnología son conocidas como “TriggerFish”, “IMSI-catcher”, “KingFish”, “Hailstorm”, analizadores digitales y simuladores de torres celulares.
“Los riesgos relacionados con los ‘IMSI-catchers‘ son similares a los de cualquier intervención telefónica. No debe hacerse sin una resolución de los tribunales”, alertó Tapani Tarvainen, vicepresidente de Frontera Electrónica Finlandia, en entrevista electrónica con Apro.
Envíos “controlados”
El Arreglo de Wassenaar sobre Controles a la Exportación para Armas Convencionales y Bienes y Tecnologías de Uso Dual, al cual están adscritos 41 países –entre ellos, Finlandia y México–, obliga a los fabricantes de esa tecnología a obtener una autorización de exportación de sus gobiernos con el propósito de garantizar que su utilización tendrá fines legítimos y no devendrá en actos de represión contra la población o en violaciones a derechos humanos.
Los “IMSI-catchers” están incluidos en la parte 1 sobre telecomunicaciones de la categoría 5 de la Lista de Bienes y Tecnologías de Uso Dual o Lista Básica del arreglo, vigente desde 1996 y que consta de nueve categorías para la Lista Básica y 22 para la Lista de Municiones.
Esos requerimientos adquieren relevancia en casos como el de México, que vive una crisis de derechos humanos por las elevadas cifras de ejecuciones, desapariciones y casos de tortura y por la cual la utilización de esos equipos entraña la agudización de esos flagelos.
Exfo, cuya oficina central se sitúa en la ciudad finlandesa de Oulu y tiene una división en Québec (Canadá), consiguió 16 licencias de exportación hacia México, de un total de 673 avaladas en 2014.
Un folleto promocional de Exfo, consultado por Apro, indica que esta compañía fabrica programas para el análisis de señales de redes, interrogación móvil, hallazgo de dirección física e intercepción móvil en marcha. Para ello, ofrece simuladores de torre celular con espionaje por áreas, bloqueo de servicio móvil y capacidades de interceptación en formatos portátil y vehicular, lectores (scanner) de celular y de detección en tamaño no detectable modelo C2 y redes de alta velocidad de despliegue rápido en el terreno modelo X6.
México es el mayor comprador de equipo espía en América Latina, al adquirir software de intervención de llamadas, de correos electrónicos, mensajes de texto, navegación por web, a empresas como la italiana Hacking Team, la inglesa FinFisher, la estadunidense Verint y la rusa Speech Pro, entre otras.
Exfo recibió también aval el 18 de julio de 2014 para enviar a México un lector móvil FX, clasificación A001f2 y código de identificación, FI14000330. Además, el gobierno finlandés la autorizó a vender el 4 de marzo y el 19 de junio de ese mismo año actualizaciones para el aparato F10.
El Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) ha utilizado los simuladores para rastrear y ubicar teléfonos y usuarios desde al menos 1995.
La Asociación Americana para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha identificado 66 agencias gubernamentales en 24 estados y el distrito de Columbia que utilizan esa tecnología.
En marzo último la Corte de Apelaciones Especiales del estado de Maryland revirtió un fallo de un tribunal estatal, al considerar que el uso de los simuladores de torres celulares sin orden judicial viola la Cuarta Enmienda, que garantiza la privacidad de los ciudadanos estadunidenses.
En México se desconoce la forma en que las autoridades han utilizado esa tecnología y quiénes han recurrido a ella.
Para Tarvainen, es importante conocer “las justificaciones hechas para respaldar el permiso de exportación” ante las condiciones implícitas en el Arreglo de Wassenaar ante la amenaza de usos autoritarios y de violaciones masivas a derechos humanos.
Ante el debate suscitado en Estados Unidos, el FBI y el Departamento de Justicia instituyeron desde 2014 políticas internas de modo que todos los usos de la tecnología deben basarse en una orden judicial
En el artículo “La tecnología Stingray y las expectativas razonables de privacidad en el internet de tod”, publicado el 31 de marzo último en la revista estadunidense Federalist Society Review, Howard W. Cox, profesor adjunto de informática forense en la Universidad George Washington, escribió que “el debate debe enfocarse en si hay o no una necesidad de crear un derecho estatutario de privacidad en el tema, junto con controles apropiados sobre el acceso gubernamental a esos datos”.
El exfiscal y exfuncionario de inteligencia de alto rango señaló que “algunos tribunales han sugerido que estos y otros temas de privacidad relacionados con las comunicaciones electrónicas en el siglo XXI son mejor resueltos a través de las acciones legislativas en vez de medidas judiciales”
Adquisiciones opacas
México también ha hecho negocios con Harris Corp, aunque los registros no son claros respecto a si compró “IMSI-catchers” a esa compañía, con sede en Melbourne (Florida).
La Secretaría de Marina (Semar) adjudicó de forma directa seis contratos, de los cuales tres consistieron en la adquisición de equipos de comunicaciones marinas. Pero los tres restantes llaman la atención por la vaga descripción de los dispositivos obtenidos.
El contrato 699791, celebrado el 27 de febrero de 2015, trata de la compra de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones por 575 mil 912.7 dólares, signado con la División de Comunicaciones de la transnacional estadunidense.
El contrato 716336, rubricado el 23 de marzo de 2015 con esa misma filial, es igualmente ambiguo respecto a su objeto, pues alude a “material eléctrico y electrónico” por 280 mil 174.5 dólares.
Menos vago es el documento 716318, firmado también el 23 de marzo del año pasado, por la adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones por valor de 519 mil 704.98 dólares.
Además, la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) obtuvo de la División de Comunicaciones de Harris Corp. refacciones para equipos tácticos en alta frecuencia por siete millones 136 mil 304.53 dólares, según el contrato 4510000229 del 11 de julio de 2014.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EMILIO GODOY.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449165/finlandia-mexico-le-compra-equipo-espiar-en-celulares
El IMCO, en conjunto con Transparencia Mexicana, destacaron que el Gobernador Javier Duarte “está en su derecho de publicar esta información a través de otras plataformas o medios, para conocimiento de la ciudadanía veracruzana y la opinión pública en general”.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana anunciaron que no harán pública la declaración patrimonial, de intereses y fiscal (3de3) del Gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa hasta que exista una resolución judicial sobre las investigaciones que llevan a cabo el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría General de la República (PGR) contra el mandataria y en torno a su administración.
“En apego a la presunción de inocencia, el debido proceso y con el objetivo de no interferir con el proceso de investigación en curso, el IMCO y Transparencia Mexicana han decidido no publicar las declaraciones 3de3 en tanto no se emita resolución judicial al respecto”, detallaron ambas organizaciones en un comunicado difundido esta tarde.
El documento detalla que el Gobernador veracruzano anunció que haría públicas sus declaraciones luego de que se difundió la existencia de las investigaciones que a nivel federal hay en su contra.
“El envío se realizó después de conocerse los procesos de investigación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría General de la República (PGR) sobre su gobierno y decenas de personas físicas y morales vinculadas con el Gobernador Duarte”, recordaron. Y detallaron que ayer el Gobernador de Veracruz les envió por vía electrónica sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, a través de la plataforma www.3de3.mx.
El IMCO y Transparencia Mexicana hicieron hincapié en que el mandatario “está en su derecho de publicar esta información a través de otras plataformas o medios, para conocimiento de la ciudadanía veracruzana y la opinión pública en general”.
El pasado 27 de julio, Javier Duarte difundió a través de sus redes sociales, su declración de bienes. “No tengo nada qué ocultar; ésta es mi declaración patrimonial”, escribió ese día el mandatario.
El Gobernador de Veracruz dijo tener un ingreso anual, como servidor público, de 2 millones 272 mil 054 pesos, pero afirma no tener ningún otro ingreso por actividades comerciales, industriales, financieras o por servicios profesionales.
La declaración de bienes de Duarte de Ochoa incluye 2 millones 272 mil 054 pesos y una casa de 150 metros cuadrados de terreno y 225 metros cuadrados de construcción en el Fraccionamiento Alameda, en Córdoba, Veracruz, cuyo valor es de 700 mil pesos, y la cual, dijo, adquirió “al contado” el 14 de marzo de 1996.
También aparece otra casa, localizada en el Centro del Puerto de Veracruz, de 85 metros cuadros de terreno y 183 metros cuadrados de construcción, por un costo de 1 millón de pesos y que adquirió al contado el 15 de marzo de 1996. Además de tres vehículos: una camioneta Chevrolet, modelo 2008, con un costo de 474 mil 947 pesos y que, afirma, fue donada por el señor Antonio Macías; un automóvil Honda, modelo 2001, con un valor de 200 mil pesos, donado también por Antonio Macías, y una camioneta Dodge, modelo 2007, con un costo de 306 mil 086 pesos y que fue comprada a crédito.
El Gobernador dijo ser dueño de una pintura con valor de 240 mil pesos, pagada al contado; centenarios por 2 millones 050 mil pesos, que dice, fueron una donación de la señora Jazmín Tubilla, y muebles y accesorio de casa por 515 mil pesos pagados al contado.
En cuanto a sus inversiones en bancos, el priista declaró cuatro cuentas bancarias: una en Banco Mercantil del Norte, de nómina, por 622 mil 354 pesos; otra en Scotiabank Inverlat, de cheques, por 141 mil 436; una más en Santander Serfin, de cheques, por 139 mil pesos, y la cuarta, de nomina, también con Banco Mercantil del Norte y cuyo saldo es de 1 millón 131 mil 635 pesos.
Desde abril pasado, el entonces candidato a la gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, presentó una denuncia contra Duarte porque, acusó, mediante prestanombres ha acumulado más de 25 propiedades con un valor superior a los 3 mil millones de pesos.
De acuerdo con sus investigaciones, hay un Hotel en Bilbao a nombre del hermano de Duarte, un departamento en Madrid, así como casas en Houston y un rancho en Valle de Bravo, “que es una ofensa pues cuenta con 50 caballerizas, cuatro casas, además de un hospital para los caballos”, detalló en la entrevista radiofónica.
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Dirección General de Catastro y Valuación de Veracruz información “con carácter de urgente y confidencial” sobre las propiedades que poseen 69 personas físicas y morales, entre ellas Duarte y varios miembros de su familia, a partir de una denuncia presentada por Yunes.
Sin embargo, el Gobernador electo del estado consideró que la PGR “no puede reducirse a pedir información sobre los bienes de Javier Duarte, su familia y sus cómplices al propio Gobierno del Estado de Veracruz, es obvio que ocultarán los datos que inculpan a Duarte”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-07-2016/3073668
El arribo de la brigada de voluntarios que busca por todo Veracruz los restos o señales de los desaparecidos, ha sacado de las fosas muchas historias conmovedoras de madres, padres e hijos y hermanos que claman justicia, desesperados. El Gobierno de Javier Duarte de Ochoa nunca le respondió a las familias o a los grupos civiles. Todo lo contrario: los activistas padecieron persecución. Pero no hay mal que dure seis años, como se dice en México. Las víctimas han comenzado a hablar.
“Cuando llegué al pueblo el horror ya se había ido. Nada más encontré sangre en las paredes. A mi hermano lo dejaron casi muerto, no pudo evitar que se llevaran a mi hija y a mi madre, de 75 años de edad, y a otras 19 personas. La mayor desgracia que se recuerde en Atoyac, Veracruz. Fueron ellos: los policías estatales”.
Marisela Nájera Zayas relata cómo el 2 de agosto de 2013, abuelas, madres, padres, hijos, hermanos, 19 en total, fueron subidos en patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y se los llevaron a la tierra del nunca jamás. Por el caso, se abrió la carpeta de investigación 443/2013.
Como parte de una rutina enfermiza, Marisela ha viajado 15 horas, desde la ciudad fronteriza donde radica, para preguntar a los agentes de la Fiscalía Regional en Córdoba sobre el paradero de su madre y de su hija. Las respuestas, siguen siendo las mismas palabras deprimentes, asegura. “No, señora; pero seguimos trabajando”.
Su hija, María Inés Sánchez Sayas, desapareció a los 32 años de edad, cuando se disponía a ofrecer una misa a la Santa Muerte en una comunidad de la región. Fue de las primeras en ser sustraída por los hombres de Arturo Bermúdez Zurita, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. A María Inés y a los cinco devotos que la acompañaban se les vio por última vez pidiendo auxilio desde la batea de rehenes.
En tanto a su madre, Luz del Carmen Sayas Rodríguez, de 75 años de edad, fue sacada a rastras del bar “La Potra Zaina”. La mujer era la dueña de ese lugar, y ese día preguntó por qué se llevaban a sus clientes. Marisela ignora si su pecado fue haber sido testigo de todo con su vista nebulosa y cansina.
“Días después los agresores me contactaron por teléfono. Conocí la voz del sujeto. Le pedí que me las devolviera. Que viniera por mí. Que tuviera compasión. Pero nunca olvidaré su respuesta: ‘No, perra. A ti no te queremos. Y, ¿compasión? A mi madre yo mismo la degollé por puta'”, recuerda Marisela mientras regresa al momento y sacude su cabellera para largar a los fantasmas de la memoria.
SE LLEVARON A 19
La tarde del viernes 2 de agosto de 2013. La rutina en el pueblo cañero estaba por concluir. Los niños disfrutaban de un refresco tras un partido a diez goles. Música de banda se filtraba del bar “Potra Zaina”, ubicado en el centro de la localidad. La gente se disponía a encerrarse en sus casitas de madera. Pero todo se arruinó con el rugir de las camionetas de la SSP.
De acuerdo con la investigación ministerial 443/2013, María Inés, hija de la entrevistada, caminaba cerca del ingenio cañero El Potrero. Un grupo de amigos, la mayoría adolescentes, habían acordado ofrecer esa tarde una serie de oraciones por la Santa Muerte, en una comunidad vecina. No había dinero para el traslado, entonces a alguien se le ocurrió pedir un aventón.
“Eran ritos de muchachos. Gustos de mi hija y yo los respetaba. Tiene tres tatuajes; uno que abarca su espalda y otro en el pie. Ambos con la imagen de la ‘santísima’. Son señas que explico a la gente para solicitar informes”, cuenta Marisela.
La idea de ahorrarse el caminar fue aprobada por los amigos, así que comenzaron a levantar los pulgares hasta que alguien los asistiera. Fue cuando se vislumbraron las carrocerías estatales.
Los amigos, se miraron entre sí y concluyeron pedir ayuda a los agentes del orden. Para su primera sorpresa, la velocidad de las camionetas aminoró. Sin embargo, el entusiasmo mudó al horror cuando de la batea se asomaron rostros suplicando auxilio y advirtiendo peligro. Sin emitir palabras, a todos ubicaron en las bateas.
“Solamente de Potrero Nuevo fueron 19 personas, pero ya llevaban a más. Los rumores dijeron que la barredora comenzó desde Paso del Macho”, comparte Marisela Nájera, cuidadosa de que sus palabras, apenas las registre la grabadora.
Las camionetas estatales, continuaron su caminar, no obstante, faltaba una última parada en el bar del pueblo, “La Potra Zaina”, perteneciente a Doña Luz, madre de la entrevistada.
Al bar, presuntamente los oficiales entraron por un joven apodado “La Gallina” y una mesera de origen hondureño. Doña Luz, al presenciar la tunda a sus clientes, preguntó cuál era el motivo de la violencia. No hubo respuestas habladas, solo la tomaron a la mujer de 75 años por la ropa y a rastras la dirigieron a los vehículos.
Un hijo de Doña Luz justo arribaba al sitio, cuando notó que a su madre era secuestrada. “Hey, a dónde se la llevan”, preguntó entre gritos. El comandante entonces dio la orden de silenciar las protestas.
“Mi hermano, después de esa golpiza, no quedó bien. Le cuesta seguir las órdenes y las conversaciones. Testigos me dicen que lo descalabraron a patadas. Cuando llegué al pueblo él estaba refugiado en casa de un vecino. “Mana, ¡busca a mamá! Y desde entonces no he parado”.
Aquella tarde de viernes, 19 personas fueron levantadas: Luz del Carmen Sayas Rodríguez, María Inés Sánchez Sayas, Margarito Martínez Peña, Juan Carlos Martínez Peña, Emma Guadalupe Pérez Arroyo, Ricardo Illescas Ramírez, Jairo Manuel Flores, Blanca Paula Aguirre Torres, Marco Antonio Fernández Flores, María Isabel Mirón Gutiérrez, Kevin Malone Pantiga Hernández, Eduardo Alberto Ramos Tecalco, son los nombres de los que se tiene registro.
Las familias de los desaparecidos, se dedicaron a buscar entre los campos predilectos para los criminales, los cañaverales. Sin embargo, fue hasta el basurero municipal que encontraron respuestas. Prendas e identificaciones quedaron regadas en el piso. Marisela, únicamente recuperó un pasador de su madre.
En tanto, las autoridades, ante el señalamiento de miles de habitantes, soltaron la coartada: Nosotros no dimos la orden de ningún retén, se excusaron. Podría tratarse de unidades clonadas, al menos ocho, refieren los testigos presenciales.
“LES ROGUÉ QUE ME LAS REGRESARAN”
Ocho días posteriores al levantón masivo, timbró el teléfono de Marisela Nájera. Los captores conocían sus datos. Incluso le ordenaron que vendiera sus propiedades si quería devuelta a sus dos familiares. “Conozco la voz, le rogué que que me las regresara, pero son inmunes al dolor”.
El hombre detrás del teléfono pactó un trueque con Marisela, la citaron en punto de la media noche, a mitad del monte, en una antigua estación del tren. Tras 60 minutos de zozobra, el teléfono volvió a sonar.
“Creí que no ibas a venir”, dijo el sujeto entre carcajadas.
“Ten piedad. ¿Por qué te llevaste a mi mamá?, es una señora de la tercera edad. Ven por mí, yo no tengo quién me llore. Ten compasión”, suplicó Marisela.
“No, perra. A ti no te queremos. Y ¿compasión?… a mi madre yo mismo la degollé por puta”, luego resonaron las últimas carcajadas y el contacto con los presuntos captores y las mujeres desaparecidas se perdió hasta la fecha.
“TENGO QUE ENCONTRARLAS”
Son las palabras de la mujer que busca a madre e hija, secuestradas, precisamente, en el terreno más inseguro del estado de Veracruz, según los índices de delitos por municipios, registrados en el Sistema Nacional de Seguridad.
En Córdoba, municipio colindante con Atoyac, al menos 30 homicidios se han suscitado en lo que va del año 2016; 12 con arma de fuego, siete con arma blanca y once sin especificar. Además de cuatro secuestros y nueve violaciones; cinco a menores de edad.
Es el panorama que ha enfrentado desde hace tres años Marisela Nájera Zayas. Sin embargo, no baja la guardia y busca a Carmelita, la mujer que se pasaba destapando cervezas en el bar y tejiendo servilletas para las tortillas. Una abuela consentidora, se la vivía comprando regalos para los hijos la presume.
“Lo que más coraje me da es que a los mismos policías que se la llevaron les invitaba refrescos y botana cada vez que pasaban a saludarla. ¿Qué tiene que ver ella con todo esto? Es una personas de la tercera edad”.
En tanto, María Inés dejó tres hijos huérfanos, por ellos Marisela no cesa de buscarla. “No ha sido fácil mantenerlos, son ya unos adolescentes, y trabajo de lunes a viernes no alcanza. Son las chácharas que vendo en los mercados los domingos que ayudan a sobrellevar la situación”, explica la madre soltera al final de la entrevista.
Han transcurrido 36 meses desde el hecho trágico en la localidad Potrero Nuevo, en Atoyac. De los 19 desaparecidos se sabe nada. Un hecho que para la regidora, Leticia Amira Delgado Hernández, de Movimiento Ciudadano, tiene un origen: la complicidad entre los hombres de Arturo Bermúdez Zurita con el crimen organizado.
FUENTE: SIN EMBARGO/BLOG EXPEDIENTE.
AUTOR: REDACCIÓN/MIGUEL ÁNGEL CARMONA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-07-2016/3073471
Buenos Aires. Todo impulso de transformación y cambio positivo para las sociedades, "tiene resistencias, se asumen costos", compartió el presidente Enrique Peña Nieto a su homólogo y anfitrión Mauricio Macri.
Sin embargo, deben realizarse -enfatizó- porque son positivas para que deparen a las sociedades mayor desarrollo. "Ese es el reto que tenemos los gobiernos en esta era global y donde tenemos que aprovechar la oportunidad que el mundo nos da, y no estar aislados y ver cómo nos acompañamos y complementamos".
Los presidentes Enrique Peña Nieto y Mauricio Macri acordaron hoy dar un "nuevo impulso " a la relación entre México y Argentina, a partir de "una visión compartida de la ruta que las sociedades deben tener para alcanzar mayor desarrollo, justicia social y oportunidades de realización", dijo Peña.
Macri por su parte destacó los desafíos comunes de México y Argentina en temas como los derechos humanos, el combate al narcotráfico y al crimen organizado, el cuidado al medio ambiente porque son, "batallas que nos vinculan".
En la visita de Estado que realiza el presidente Peña a este país, se destacó sobre todo la firma de un documento de entendimiento para actualizar el Acuerdo de Complementación Económica suscrito hace 29 años y que hace al menos diez, "quedó medio congelado", dijo Macri.
La idea, indicaron ambos mandatarios es multiplicar los convenios bilaterales y llegar eventualmente a un Acuerdo de Libre Comercio entre México y Argentina.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ROSA ELVIRA VARGAS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/29/pena-a-macri-todo-cambio-positivo-para-la-sociedad-trae-costos
Ciudad de México. El Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, se reunió esta mañana con familiares de las víctimas del enfrentamiento del pasado 19 de junio en Asunción de Nochixtlán, Oaxaca, con quienes dialogó sobre el cumplimiento de los compromisos establecidos con ellos mismos, sus representantes y abogados.
Reiteró que la administración federal no criminalizará a las víctimas.
En las instalaciones de Casa Xitla, donde reciben albergue y alimentación durante su estancia en la Cuidad de México, "el funcionario reconoció la disposición y confianza de los presentes para avanzar en la prestación de servicios médicos a los afectados, demanda fundamental de las familias para distender el conflicto", informó Gobernación.
Como resultado de los acuerdos alcanzados en la pasada reunión realizada en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en la capital de aquel estado, Campa Cifrián destacó el compromiso gubernamental de no criminalizar a los afectados que reciben atención y a dar puntual seguimiento a las investigaciones encaminadas a deslindar responsabilidades en los lamentables sucesos ocurridos el mes pasado.
Representantes de los familiares reiteraron la exigencia de justicia y castigo para los responsables del enfrentamiento, no sólo la prestación de atención médica a los afectados, y pidieron que no se minimice el caso en general.
En el encuentro estuvieron representantes de la Secretaría de Salud, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, así como de la Comisión Nacional de Mediación.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: FABIOLA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/29/no-se-criminalizara-a-victimas-de-nochixtlan-campa
El viernes 15 de julio, la Coordinación Nacional de la Brigada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Red de Enlaces Nacionales, familias de personas desaparecidas de distintos estados del país y organizaciones observadoras partieron rumbo a Veracruz para comenzar una segunda etapa de búsqueda. Durante su visita, hallaron restos humanos en un pozo en el municipio Paso del Macho. “La desaparición en México es una práctica generalizada, sistemática contra la población civil y contra nuestros familiares”, acusaron.
La Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, un grupo de voluntarios que hace el trabajo de las autoridades de Veracruz, halló restos humanos en un pozo en el municipio Paso del Macho durante su segunda visita al estado.
Sin embargo, en Amatlán no pudo trabajar por falta de garantías que aseguraran su integridad, informó en conferencia de prensa.
Los resultados preliminares del análisis de las 10 mil piezas encontradas en la Primera Brigada de Búsqueda en la zona de Amatlán, añadió, dan cuenta que incluyen restos humanos. En Amatlán y Paso del Macho, la Brigada logró tomar muestras de ADN a 30 personas para facilitar la búsqueda e identificación de sus familiares. La sistematización preliminar de los casos documentados indica que en Amatlán la mitad de las desapariciones reportadas ocurrieron en el último año, mientras en Paso del Macho el 63 por ciento fue entre 2013 a la fecha.
Amatlán había sido definida por la Brigada como “en infierno”. Sospecha que allí se esconde una tragedia de dimensiones inimaginables.
La Brigada se ha robustecido con organizaciones civiles y con ciudadanos desesperados por encontrar a sus desaparecidos. Nació con apenas un puñado de voluntarios que arriesgan su propio pellejo. En este tiempo, algunos de los organizadores han sufrido ataques de la policía de Duarte de Ochoa, cuerpo de “seguridad” que se ha visto involucrado en incontables casos de asesinatos y desapariciones forzadas.
“Muchas personas reportaron haber recibido amenazas y/o hostigamiento por parte de distintos funcionarios al intentar denunciar el crimen”, expuso la Brigada.
El viernes 15 de julio, la Coordinación Nacional de la Brigada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Red de Enlaces Nacionales, familias de personas desaparecidas de distintos estados del país y organizaciones observadoras partieron rumbo a Veracruz para comenzar una segunda etapa de búsqueda.
El estado de Veracruz, gobernado por Javier Duarte de Ochoa, vive una crisis de seguridad.
Organizaciones civiles afirman que la administración de Duarte de Ochoa ha estado ocultando datos sobre muertos, desaparecidos
Durante la conferencia de prensa del cierre de esta segunda intervención, la Brigada acusó “la crisis humanitaria” que sufre Veracruz en materia de desaparición, y la incapacidad y omisiones del Gobierno para hacer frente a la problemática.
De acuerdo con lo observado, bajo el contexto de “la corrupción institucionalizada que existe en la zona”, se permite la desaparición de hombres, mujeres, jóvenes y niños con impunidad y, en muchos casos, con la complicidad de autoridades; ya sea por la participación directa o por no cumplir con las obligaciones de garantizar el respeto a la integridad y a los derechos humanos básicos de la población, entre ellos el de acceso a la verdad y la justicia.
La segunda Brigada se conformó por familiares de desaparecidos de distintos lugares del estado de Veracruz y de otras entidades con altos índices de violencia y desaparición como Coahuila, Guerrero, Sinaloa y Morelos.
“La desaparición en México es una práctica generalizada, sistemática contra la población civil y contra nuestros familiares que evidencia que puede ser una práctica que toque a todas y todos en cada uno de los Estados en donde vivimos”.
Además contó con la participación de expertos en derechos humanos, periodistas e investigadores.
La Segunda Brigada, concluyó, logró sus objetivos de construir la paz a partir de la participación ciudadana, la reparación del tejido social, y el propio hallazgo que podría dar paz y tranquilidad a una familia si se logra una pronta y correcta identificación.
Además se creó un grupo local de familiares en búsqueda que dará seguimiento a los trabajos con lo cual se amplía y se consolida el gran movimiento de familiares de personas desaparecidas que buscan.
“A pesar de los obstáculos, juntos podemos encontrar a nuestros desaparecidos e ir construyendo una sociedad en que la desaparición y la desaparición forzada ya no sea una realidad cotidiana”, declaró.
Ante las amenazas y agresiones que se han agudizado -recientemente fue asesinado el brigadista José Jesús Jiménez en Poza Rica-, se pidió el respaldo de las Medidas Cautelares de Protección emitidas por el Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. Además contaron con un esquema de acompañamiento y monitoreo de autoridades federales y peritos.
PARTEN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
La segunda etapa de búsqueda se llevó a cabo del 15 al 28 de julio en los municipios de Paso del Macho y Amatlán de los Reyes, Veracruz.
Durante la rueda de prensa antes de que partieran, María Herrera, madre de dos hijos desaparecidos, aseguró que perdona a quienes hicieron eso a sus familiares, “pero al gobierno cruel, despiadado y corrupto ni perdón ni olvido […]. El Gobierno no tiene la voluntad de buscarlos, si no ayuda que no estorbe”.
Con el rostro de alguien que ha llorado por mucho tiempo, Herrera dijo que “no queremos que esto siga sucediendo; queremos encontrarlos, aunque sean restos. No quiero que mis nietos anden buscando a sus hijos”.
Ella lleva ocho años buscando. Afirmó que no se quedarán con su dolor ni indignación.
“Nuestros compañeros se han quedado en la raya, pero el amor por nuestros seres queridos es más fuerte que cualquier cosa. El amor es fortaleza”, señaló María.
La primera brigada, añadió Aracely Salcedo de Colectivo de familias desaparecidas de Orizaba, confirmó que existen numerosas fosas clandestinas, casos de desaparecidos no denunciados y casos cuyas investigaciones no muestran avance.
“Documentamos el miedo y la rabia, pero también la esperanza. Aún hay un latido que nos hace creer que la paz es posible”, expuso.
Ya en Veracruz, familiares de desaparecidos de todo el país manifestaron su malestar con las autoridades por no colaborar durante el primer rastreó que realizaron.
Alrededor de 50 personas provenientes de diversos estados del país fueron al municipio de Amatlán de los Reyes para encontrar osamentas en sitios clandestinos.
En el primer día de salir al terreno, el papel de la Policía Científica y de la Fiscalía Regional de Córdoba los molestó.
“Ya estamos hasta la madre de mentiras. No queremos otra cosa más que hagan lo que corresponde. Los que estamos haciendo la búsqueda somos los familiares de los desaparecidos, acompañados de gente y asociaciones civiles. Esto no va funcionar así, porque el Gobierno debe realizar su trabajo, pero a raíz de que no lo hacen, lo hacemos nosotros. Ellos nos piden ser coadyuvantes, pero no lo están haciendo de la mejor manera. No nos mandan gente para ayudar, sólo nos mandan gente por si nosotros encontramos algo, ellos lo levantan”, dijo Mario Vergara Hernández, representante del Comité Los otros desaparecidos de Iguala, quien se haya presente en Veracruz.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-07-2016/3073370
El Gobierno mexicano no investiga los casos de la desaparición de 300 personas a plena luz del día en Allende, Coahuila, o los hornos crematorios de la prisión de Piedras Negras, porque mantiene una estrategia de violencia en contubernio con el crimen organizado para someter a la población y despojarla de su territorio. El Estado también busca “ocultar” los crímenes de Estado e invisibilizarlos, dicen el Obispo Raúl Vera y el activista y poeta Javier Sicilia.
La masacre de Allende, los hornos crematorios en una prisión de Piedras Negras, los desaparecidos de Ayotzinapa, Veracruz, Morelos, Estado de México,Guerrero, el país incendiado e inmerso en la violencia y la impunidad, no es un Estado fallido, es una estrategia del Gobierno y del crimen organizado para someter a la población, dijo en entrevista con SinEmbargo el Obispo de Saltillo, Coahuila Raúl Vera López.
El Obispo que ayer dijo en una de sus homilías que desde hace años tuvo conocimiento de lo que sucedía en Piedras Negras con los crematorios que utilizó el crimen organizado para desaparecer los cuerpos de familias enteras y que ha denunciado la desaparición de 300 personas en Allende, Coahuila, aseguró que como sucedió en el pasado, también hoy la población está desprotegida ante una estrategia del Estado mexicano para despojarla de su territorio.
“La estrategia de la violencia del crimen organizado, unida a la del Ejército contra la población, es una estrategia política de control social y de territorio. Es para poner contra la pared a la población para hacer todas sus reformas estructurales”, dice el Obispo de Saltillo.
El Obispo de Saltillo agregó: “por supuesto que todo lo que está pasando en Coahuila, en Tamaulipas, con la violencia del Ejército y del crimen organizado, es por la riqueza natural. Los desplazamientos forzados y los controles disque del Estado fallido, ¡mentiras! ¡Es una estrategia del Gobierno para despojarnos!”.
Raúl Vera recordó que la desaparición de alrededor de 300 hombres, mujeres y niños en Allende en 2011, se hizo a la luz del día, en total impunidad y con la complicidad de las autoridades federales, estatales y municipales.
“Esta impunidad en la que han dejado el caso de Allende, la manera como se estuvo manejando, antes de que se que se hiciera público todo, el tema de la desaparición forzada de una cantidad de familias que a la luz del día fueron sacadas de sus casas por el crimen organizado, se llevaban las cosas, los electrodomésticos y le decían a la gente de los barrio ‘llévense lo que necesiten de esos muebles’. Así estábamos viviendo, se hacían en despoblado barbaries, no teníamos ni una protección de nadie y no han cambiado mucho las cosas”, dijo Vera López.
Vera agregó que en Coahuila son las familias de los desaparecidos en Allende y en otros puntos del estado quienes buscan todos los días justicia y buscan con desesperación a sus familiares, mientras que el Gobierno mexicano mantiene un “pacto de impunidad” entre los partidos políticos que data desde la gestión del ex Presidente Vicente Fox Quesada y que arropa a políticos como el ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés.
“En 2003 en tiempos de Fox tuvo un pacto político de impunidad con los partidos, por eso todas las cosas que tienen que ver con funcionarios no son tomados en cuenta, un ejemplo latente es el caso de Humberto Moreira. Por todos lados, los partidos políticos defienden a sus funcionarios, a sus estructuras “, dijo.
Ayer Vera López reveló que conocía de las desapariciones y lo que sucedía en el interior del penal de Piedras Negras, en Coahuila, porque los fieles y los sacerdotes se lo informaban. Pero era muy difícil ventilarlo porque estaban las familias y la Iglesia católica en el desamparo.
De acuerdo con el diario de Saltillo Vanguardia, al término de la celebración eucarística realizada en la capilla del Santo Cristo, el jerarca católico señaló que hace unos años la región estaba asolada por grupos de la delincuencia organizada.
“Para mí no ha sido ninguna sorpresa porque desde allá yo tenía mucha información sobre lo que estaba pasando y estábamos en el desamparo total en ese momento. A la luz del día desbarataron el caso, a la luz del día se llevaron a personas y todo sucedía a la luz del día. Yo lo supe porque como yo fui Obispo en esa parte, tengo relación con los fieles y los sacerdotes de esa diócesis, ellos me hablaban y me decían lo que estaba pasando ahí”, expuso el sacerdote.
Hace unos días el activista coahuilense Raymundo Mendoza sostuvo una hipótesis a SinEmbargo:que los Moreira dejaron crecer al narcotráfico en la entidad, como una estrategia para despojar a los pueblos rurales de sus tierras.
“Coahuila era muy tranquilo antes de la llegada de Humberto a la gubernatura. No pasaban grandes tragedias, pero después de que entra Moreira y de la guerra de Felipe Calderón, se desatan una serie de actos violentos y desaparición forzada como los 300 de Allende, que se supo años después. Entiendo que era una estrategia para ir desalojando comunidades enteras, sobre todo de las zonas rurales, son cuestiones que llegan a beneficiar a la Reforma Energética: desalojar tierras, mucha gente vendió sus tierras y muchas las compraron o la familia de Rubén o la de Humberto. Es una estrategia de largo plazo para apoderarse del negocio de los recursos energéticos”, expone.
EL ESTADO BUSCA ENTERRAR ALLENDE Y PIEDRAS NEGRAS
Para el poeta y líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) Javier Sicilia Zardain el que las autoridades mexicanas no investiguen el caso de Allende y el de la prisión de Piedras Negras en Coahuila, se debe a que buscan “enterrar” la responsabilidad del Estado en la violación de derechos humanos y en los crímenes atribuidos al crimen organizado, en complicidad con funcionarios públicos.
“Hay una impunidad dentro del Estado, una protección de aquellos que utilizan al Estado para servir al crimen organizado, por eso se permiten estos niveles de violencia. Y ahora quieren quitarnos la oportunidad de que el Estado tenga responsabilidad [al modificar la Ley de Víctimas], se trata de proteger al crimen”, dijo Javier Sicilia.
El líder del MPJD recordó que el Gobierno federal busca modificar la Ley de Atención a Víctimas para restarle responsabilidad al Estado en casos de las violaciones a los derechos humanos, como la desaparición forzada.
El poeta indicó que el Estado oculta los hornos crematorios de Piedras Negras, como trata de ocultar las fosas clandestinas de Morelos y de otros puntos del país: “el Estado no quiere responsabilizarse, no quiere asumir sus crímenes”, afirmó.
Sicilia Zardain explicó que la administración de priista Enrique Peña Nieto se busca “ocultar los crímenes de Estado”, como el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa “borró criminalizando a las víctimas” durante su sexenio, afirmando que los muertos de su guerra contra el narco eran criminales.
El caso de la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Iguala, Guerrero trascendió por las movilizaciones a nivel nacional que mantuvieron viva la exigencia de justicia. A la presión internacional, que al final terminó por ser menospreciada en el caso de los expertos del Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicó.
“Por desgracia aparte de la denuncia moral de Piedras Negras, no hubo esa gran movilización. Este Estado parece que no entiende. No queda de otra que refundar la Nación, sacarlos a todos, pero no podemos hacer esa coalición que permita la refundación. Todo está disperso: Piedras Negras por allá, Allende, Ayotzinapa, las agendas dispersas y eso fortalece a la estrategia de Gobierno federal. Es lamentable porque si seguimos así, la descomposición será peor”, alertó.
Javier Sicilia expuso la necesidad de unir a las organizaciones y líderes morales del país, alrededor de una causa que tenga como común denominador una agenda basada en la justicia y la paz.
“El Estado está desfondado porque los gobiernos han decidido proteger a los criminales que usan al Estado, a los partidos para servir a los intereses del dinero, de donde venga: del crimen organizado o de los grandes consorcios que de alguna forma en su legalidad alimentan al crimen organizado, porque destruyen el tejido social. Grandes consocios como los mineros que encuentran territorios libres, para seguir sirviendo a los corruptos como Moreira, [Javier] Duarte o Graco Ramírez”, finalizó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-07-2016/3073113
La entidad gobernada por el priista Eruviel Ávila Villegas registra, en lo que va del año, la tasa per capita de robo de vehículo con violencia más alta de todo el país, con 65.86 por ciento. En ese periodo se han presentado al menos 11 mil 274 denuncias por este delito. En 2015, se presentaron 22 mil 960.
De acuerdo con cifras oficiales, durante el primer semestre de este año se han registrado al menos 32 mil 419 denuncias por robo común, que incluyen robos con y sin violencia de vehículos, a casas, a negocios, transportistas, transeúntes y otros no especificados. Los transeúntes de la entidad han denunciado 3 mil 328 robos de los cuales 2 mil 976 fueron con violencia.
Para los transportistas que circulan por la demarcación, los robos son un asunto de todos los días: en junio se denunciaron 110 robos. Es decir, se cometieron 3.6 diarios. Sin embargo, de acuerdo con expertos en la materia, la mayoría de los delitos cometidos en el Estado de México no se denuncia.
Ciudad de México, 29 de julio: “Un día iba en un camión hacia el Metro [Pantitlán]. Iba un poco lleno. Me recorrí a la parte de atrás y un wey se paró y me puso un madrazo en la quijada. Me dijo que me sentara y me pidió mi mochila. Otro wey se levantó, sacó una pistola y dijo: ‘esto ya valió madres, ¡denme todas sus cosas!’”.
Saúl González, habitante del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, narra el más reciente asalto de los tres que ha sido víctima. En esta última ocasión, Saúl llamó a la Policía. Su llamada se quedó en espera.
Para él, denunciar es una pérdida de tiempo por la ineficiencia de las autoridades. “No van a salir a buscarlos, no van a hacer nada, no te van a regresar tus cosas”, recrimina en entrevista con SinEmbargo.
El asalto a Saúl, como muchos otros, no quedan registrados. La gente prefiere escapar a la burocracia o, quizás lo peor, a la posibilidad de que los mismos agentes estén coludidos con los asaltantes.
Y no sólo eso: tanto activistas como políticos de oposición piensan que Edomex esconde cifras.
LAS CIFRAS DEL TERROR
El Estado de México, la entidad con más habitantes del país -unos 17 millones 26 mil 314 personas-, se ha convertido en una de las más violentas, es líder en homicidios dolosos, feminicidios, e incluso robos a traseúntes y autos. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la entidad gobernada por el priista Eruviel Ávila Villegas, de enero a junio de 2016, registra la tasa per capita de robo de vehículo con violencia más alta de todo el país con 65.86 por ciento. En ese periodo se han presentado al menos 11 mil 274 denuncias por este delito. En 2015, se presentaron al menos 22 mil 960.
En tanto, durante el primer semestre de este año, se han presentado al menos 32 mil 419 denuncias por robo común, que incluyen robos con y sin violencia de vehículos, a casas, a negocios, transportistas, transeúntes y otros no especificados.
En los 125 municipios del estado predomina el robo con violencia, en el primer semestre de 2016 se han cometido 16 mil 922 mientras que el número de robo sin violencia asciende a 15 mil 497.
En tanto, en el mismo periodo, los transeúntes de la entidad han denunciado 3 mil 328 robos de los cuales 2 mil 976 fueron con violencia y el resto, 352, sin violencia.
Los pequeños negocios también han sido afectados por la delincuencia, se denunciaron un total de mil 700 robos, la mayoría cometidos con violencia, según las cifras oficiales.
Para los transportistas que circulan por la demarcación los robos son un asunto de todos los días, en junio se denunciaron 110 robos. Es decir, se cometieron 3.6 diarios. Al respecto, el pasado mes de mayo Francisco Cuevas Dobarganes, director general de la Unión Industrial del Estado de México (Unidem), dijo a SinEmbargo que las más de 50 empresas que agrupan la cúpula empresarial en el Estado de México fueron víctimas extorsión, robo a trabajadores y robo de mercancía.
En lo que va del año, se han registrado al menos 1 mil 469 robos a casa habitación sin violencia; con violencia, 471.
DELITOS QUE NO SE DENUNCIAN
Sin embargo, las cifras publicadas por el Secretariado no representan el total de la incidencia de robos con y sin violencia en el Estado de México ya que muchos casos no se denuncian y además existen inconsistencias en el registro de delitos de fuero común, dijo la directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano, Doria Velez.
“Este problema no sólo se deriva de los casos que no llegan a ser del conocimiento de la autoridad porque no son denunciados, hay otros casos que aunque hayan sido denunciados por la víctima no llega a iniciarse una carpeta de investigación, entonces estos también forman parte de la denominada cifra negra”, dijo a SinEmbargo.
También agregó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), la mayor parte de los delitos no son denunciados y se debe a causas atribuibles a la autoridad.
La ENVIPE de 2014 reveló que a nivel nacional las razones por las cuales las víctimas no denuncian los delitos ante las autoridades destaca la pérdida de tiempo con un 32.2 por ciento y por desconfianza en la autoridad un 16,8 por ciento.
En el Estado de México, durante 2014, el 93.6 por ciento de los delitos cometidos no fueron denunciados.
Doria Velez consideró que falta información de calidad para diseñar políticas públicas que sean efectivas contra el crimen. “Falta trabajar en la calidad de la información para desarrollar inteligencia y acciones específicas focalizadas”, dijo.
“Yo te recomiendo que para que salga rápido tu acta digas que no robaron tu negocio, sino que te robaron tu cartera, así va a ser más fácil”, le dijo una agente del Ministerio Público conocido como “La Bola”, en el municipio de Nezahualcóyotl, a Rubén Vázquez, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, cuando intentó denunciar el robo a su café internet.
Rubén relató que la ministerio público redactó una declaración falsa, lo aislaron por una hora y un policía lo intimidó y presionó para que firmara la declaración que él no había hecho. Según Rubén, el policía y la agente buscaron que cayera en falsedad de declaraciones.
“Con qué confianza puedo ir a levantar una denuncia siendo que las personas que están ahí para defenderte son las primeras que te ponen las trampas para meterte a la cárcel. Porque el más fácil extorsionar a una persona que no tiene delitos que a un delincuente […] No creo que bajo ninguna circunstancia denunciar sirva de algo, yo lo he hecho y no ha pasado nada”, aseveró.
Rubén recuerda que en ocasión alrededor de cinco policías descendieron de una patrulla del Estado de México y lo detuvieron a él y a un par de amigos por “escandalizar en la vía pública”.
“Un policía estaba exageradamente borracho y se desesperó porque nos querían sacar dinero, y nos dijo ‘saben que ya valió madres’. Sacó la pistola nos apuntaron de frente, nos pidieron cartera, reloj, cadenas y al final nos amenazaron de muerte”, contó.
ESCONDER LAS CIFRAS
La Senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Laura Rojas Hernández, alertó en entrevista con SinEmbargo que aunque las cifras oficiales son alarmantes, en realidad la incidencia delictiva es mayor, y criticó que esconder las cifras está “en el ADN del PRI mexiquense”.
“Es mejor esconder las cosas debajo del tapete […] esconder las cosas está en el ADN del PRI mexiquense en lugar de construir alianzas con asociaciones y con la sociedad, prefieren no hablar”.
La legisladora presentó recientemente en el Congreso del Estado de México diversos puntos de acuerdo para que el Gobierno de la entidad presente un informe sobre la estrategia en materia de seguridad pública y los resultados de la misma.
La Senadora señaló que las cifras publicadas por el SESNSP son alarmantes y que la cifra real de delitos es mucho mayor que la reportada porque no se denuncian todos los crímenes. También solicitó implementar medias urgentes ante la creciente ola de inseguridad.
“Año con año vemos cómo la cifra de incidencia delictiva [del Estado de México] es la más alta del país. Claramente el Gobierno del Estado de México está rebasado y no está dando resultados”, dijo.
SAÚL EN EDOMEX
El primero de los atracos de los que fue víctima, recuerda Saúl, de 24 años, fue cuando tenía 16: “No te voy a hacer nada, sólo dame tu cartera y tu celular”, escuchó mientras tres personas abordaban la unidad de transporte público donde él viajaba. Le impidieron descender del camión y lo despojaron de sus pertenencias.
El joven pretendía cambiarse de unidad ante la amenaza de los sujetos, pero uno de ellos le impidió bajar, le pidió al chofer que cerrara la puerta y le dijo que avanzara despacio por una avenida de ese municipio.
“Yo pensé que iba a ser un secuestro express porque me quedé yo solo con las otras tres personas y el chofer”, recuerda. El joven cuenta que uno de los tres sujetos se colocó en la parte delantera del camión, y fue el encargado de tomar el dinero del chofer, uno más se colocó a la mitad de la unidad y el tercero le quitó sus cosas.
En una segunda ocasión, Saúl fue asaltado en calles de su municipio por dos sujetos que viajaban en una bicicleta. Lo acorralaron, uno de los hombres sacó una navaja y le quitaron su celular.
Pero Saúl sabe que tres asaltos pueden ser poca cosa en Edomex, donde la estadística oficial lo expone a un cuarto, quinto o sexto.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: MARIANA BLANCA GUTIÉRREZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-07-2016/3072174
Morelia, Mich. Conceden libertad bajo caución a 29 integrantes del grupo de ex autodefensa de José Manuel Mireles, detenidos el pasado 29 de mayo en Tumbiscatío, sin embargo, se requieren 120 mil pesos de pago de fianza por cada uno. “Se trata de gente pobre, por eso pedimos el apoyo del gobernador Silvano Aureoles para poderlos sacar de la cárcel, se trata de una fianza muy elevada”, afirmó el abogado defensor Ignacio Mendoza Jiménez.
Suman aproximadamente 380 ex autodefensas que se encuentran presos en distintos penales del país y de Michoacán por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército mexicano. “El 10 de agosto se define la situación de otros 70 que fueron detenidos en mayo de 2014 en Caleta de Campos municipio de Lázaro Cárdenas. Y quedan pendientes otros 100 más que fueron detenidos en Apátzingán, Parácuaro, Tumbiscatío, Múgica, y que anduvieron comandados por Estanislao Beltrán, Papá Pitufo.”
A los 29 ex autodefensas que serían liberados una vez que paguen la fianza, les condicionan no salir del estado; no reunirse con grupos armados; presentarse al Juzgado a firmar una vez al mes y no acercarse a los policías que los detuvieron. “Eso de que no se junten con grupos armados es una aberración”, dijo Mendoza Jiménez, tras señalar que los jueces no tienen argumentos para mantener en prisión a los ex autodefensas.
El abogado de ex autodefensas, dijo que el gobernador Aureoles debe apoyar tal y como lo hizo el pasado 11 de febrero cuando en un acto público puso fin a los grupos de autodefensa en Michoacán, y entregó 90 mil pesos para que quienes no forman parte de ninguna corporación de seguridad puedan iniciar alguna actividad productiva.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/29/conceden-libertad-a-29-integrantes-de-ex-autodefensas-en-michoacan
Casi la mitad de las cárceles estatales y municipales en el país están rebasadas en su capacidad; en cambio, ninguno de los 17 penales federales está ocupado en su totalidad.
En México existen 372 centros penitenciarios estatales y municipales, de los cuales casi la mitad, 178, tienen sobrecupo y de éstos hay diez cuya capacidad está rebasada entre un 300 y 600%. En ellos sobreviven de cuatro a seis internos en espacios destinados para un solo preso.
La mayoría de los penales estatales con sobrepoblación, el 75%, alberga tanto a reos locales como federales. En cambio, existen 17 centros penitenciarios federales con capacidad para 33 mil 888 internos, pero ninguno está ocupado en su totalidad.
Todo esto lo revelan datos oficiales publicados por el gobierno federal en respuesta a una solicitud de transparencia. En total, hay 244 mil personas presas en todas las cárceles del país, las cuales tienen espacio para 209 mil 481 reos. Esto significa, que hay 34 mil 709 personas presas en condiciones de hacinamiento.
Pero el problema no es parejo, pues las cárceles estatales y municipales, que son las más sobrepobladas, dan albergue a casi 25 mil reos federales, mientas que los centros penitenciarios federales no albergan reos estatales y ni siquiera a todos los federales, pese a tener espacios de sobra para ello.
El 62% de las personas presas por un delito local ya recibió una sentencia condenatoria. En cambio, menos de la mitad de los reos del orden federal, 49%, recibió una condena, por lo que siguen presos con su proceso abierto.
Las 10 cárceles más sobrepobladas
De las diez cárceles con mayor nivel de sobrepoblación, dos están en Puebla, cuatro en Hidalgo, dos en el Estado de México, una en Guerrero y otra más en Chiapas. Todos son reclusorios locales, administrados por autoridades estatales o municipales.
La Cárcel Distrital de Tepeaca, en Puebla, tiene el mayor nivel de hacinamiento de todos. Es un pequeño reclusorio con capacidad máxima para 46 personas, pero hasta abril de este año había 329 personas recluidas ahí. Es una sobrepoblación de más de 600%, según los datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de prevención y Readaptación Social.
Hace un año, según datos consultados también por transparencia, en esta prisión había 303 internos y la sobrepoblación era de 558%, lo que indica que hacinamiento actual es aún mayor.
De las 329 personas recluidas en este penal, 239 están aún bajo proceso, es decir, no han recibido sentencia por lo que jurídicamente, no se ha comprobado que sean culpables del delito que se les imputa.
Aunque se trata de una cárcel municipal, doce de los internos de este penal son personas procesadas por un delito federal.
La sobrepoblación ya ha causado problemas en este penal. En febrero de 2015 se registró una riña e intento de fuga de internos que protestaban por las condiciones de hacinamiento. Para controlar la situación se requirió una intervención policiaca que paralizó a la ciudad, pues el penal se ubica en pleno centro, al lado de un jardín de niños.
No fue la primera vez que se registraba ahí un incidente de esa naturaleza. En 2013, un grupo de internos quiso escaparse cavando un hoyo de 80 centímetros. Las autoridades lo descubrieron y frustraron el intento.
Lee: 5 fallas que tiene el sistema de cárceles en México, según la CIDH.
La Cárcel Distrital de Tizayuca, en Hidalgo, es la segunda con el mayor nivel de sobrepoblación del país. Dicho penal está diseñado para albergar a 47 personas como máximo pero en realidad hay 199 personas encerradas, lo que representa que el penal está rebasado en más de 445%.
Hay dos prisiones más con niveles de sobrepoblación que también rebasan el 400%: la Cárcel Distrital de Atotonilco, en Hidalgo, y la Cárcel de Huixtla, en Chiapas.
En 2012, la de Tizayuca fue considerada la cárcel más peligrosa de Hidalgo y en dos ocasiones en los últimos cinco años ocurrieron fugas de reos. En la de Huixtla estuvo preso el exgobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía, quien en redes sociales contó los abusos que ahí se padecían.
La lista de las diez cárceles con mayor hacinamiento la completan seis complejos rebasados en más de 300%. Se trata del Centro de Reinserción Social de Tlapa, en Guerrero; del Centro de Reinserción Social de Apan, en Hidalgo; de la Cárcel Distrital de Zacualtipán, en Hidalgo, y del Centro de Prevención y Readaptación Social de San Pedro Cholula, en Puebla.
Finalmente tenemos los Centros de Readaptación Social de Chalco y Ecatepec, en el Estado de México. Cabe señalar que el de Ecatepec es el penal con más reos de los diez que encabezan la lista de mayor hacinamiento, con 4 mil 657 internos, cuando en realidad está diseñado solo con 958 espacios.
Y en los federales, sobran los espacios
De acuerdo con datos oficiales, en el país hay 17 centros penitenciarios federales con capacidad lista para albergar hasta 33 mil reos. Sin embargo, ninguno de ellos está ocupado en su totalidad.
Aunque las personas encarceladas por uno o varios delitos federales suman actualmente 47 mil 159, solamente 22 mil 263, que son menos de la mitad, están recluidos precisamente en las cárceles federales. El resto están recluidos en los penales estatales.
Lo anterior significa que las cárceles federales podrían albergar por lo menos a diez mil reos más del nivel federal sin llegar sin caer en problemas de sobrepoblación, pues tiene espacios subutilizados.
Por ejemplo, el Centro Federal de Readaptación Social número 16 en Morelos tiene espacio listo para dos mil 528 internos pero, actualmente, solo alberga a mil 423 reos federales. Es decir, 43% de esta cárcel esta subutilizada.
Lee: 6 de cada 10 personas LGBTI que están en cárceles mexicanas han sido víctimas de abusos.
Otro caso es el del Centro Federal de Readaptación Social número 15 en Chiapas con espacio para dos mil 520 internos, pero que actualmente tiene dos mil 54 reos. Más de 18% del complejo está desocupado.
Incluso los penales federales más antiguos como el número 1, ubicado en el Altiplano, Estado de México, y el número 2, en Puente Grande, Jalisco, tienen una ocupación por debajo de su capacidad real.
Ante esta situación, hay algunas entidades que han optado incluso por rechazar a más internos federales en sus cárceles. Es el caso del Gobierno de la Ciudad de México que desde 2009 ha impedido que internos acusados de delitos federales graves sean recluidos en los penales capitalinos.
Aun así, en la capital del país aún hay actualmente más de tres mil 500 reos federales. La tercera parte de ellos están presos en el reclusorio Preventivo Oriente, que está sobrepoblado en más de 100%.
Combinación peligrosa
La sobrepoblación en las cárceles del país es uno de los principales factores de riesgo que contribuyen a deteriorar las condiciones de readaptación social, de acuerdo con un diagnóstico presentado en abril de este año por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Los resultados del estudio denominado Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015 presentado por la Comisión arrojan que un penal saturado tiende a generar además condiciones de falta de higiene, riesgo de autogobierno, hacinamiento, deficiente división de procesados y sentenciados, fallas en la supervisión, entre otros.
Prueba de ello es la fuga masiva de diez reos que ocurrió en el penal estatal de Quintana Roo, y que ocasionaron la destitución del director de ese complejo. Dicho penal, según los datos oficiales, padece una sobrepoblación de 154%. De sus dos mil internos, 200 son reos federales.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en febrero pasado, al publicar los resultados de la Cuenta Pública 2014, que las políticas de reinserción social no están funcionando, por lo menos a nivel federal.
Tan solo entre 2007 y 2014, el número de presos reincidentes acusados de algún delito federal se multiplicó en más de 600%, al pasar de mil 84 internos con antecedentes a 10 mil 900.
La Auditoría advirtió que el gobierno federal ha sido ineficiente en su política de distribución penitenciaria, lo que hoy provoca que actualmente, prácticamente 1 de cada 2 internos no esté en un penal federal sino en cárceles locales que carecen de la infraestructura y políticas adecuadas para su tratamiento.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/07/las-10-carceles-mas-saturadas-mexico-la-sobrepoblacion-alcanza-600/
Esta semana el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, negó tener prestanombres e hizo pública su declaración patrimonial “que demuestra que los ataques en mi contra son producto de una guerra de lodo”. De acuerdo con lo declarado, el mandatario priista tiene dos casas en Veracruz y tres automóviles, así como un ingreso anual por 2 millones 272 mil pesos. También reportó la pertenencia de una pintura de 240 mil pesos y cuatro cuentas bancarias.
Domingo Yorio Saqui, director de Catastro y Valuación de Veracruz, mintió a la Procuraduría General de la República (PGR) en su informe sobre las propiedades que poseen personas cercanas al Gobernador Javier Duarte de Ochoa, informó Reforma.
De acuerdo con el diario nacional, la oficina ocultó datos catastrales de la cuñada de Duarte, Mónica Ghihan Macías Tubilla, y de su concuño, José Armando Rodríguez, señalados en una denuncia penal como prestanombres del mandatario priista.
De igual manera ocultó información sobre la dirección de la empresa Azura Sociedades Unidas, también en la mira de la investigación federal.
“En su respuesta sobre las propiedades de Ghihan Macías y Rodríguez, Yorio Saqui no reportó a la PGR que en sus archivos sí cuenta con registros catastrales de por lo menos cuatro propiedades”, reportó Reforma.
Mónica Ghihan Macías posee tres propiedades en la Torre Pelícano de Boca del Río y el concuño de Duarte tiene el departamento 6-B, ubicado en la misma torre.
En tanto, la empresa Azura Sociedades Unidas es representada por David Alejandro Osorio, de quien la PGR también solicitó información catastral.
Esta semana el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, negó tener prestanombres e hizo pública su declaración patrimonial “que demuestra que los ataques en mi contra son producto de una guerra de lodo”.
De acuerdo con lo declarado, el mandatario priista tiene dos casas en Veracruz y tres automóviles, así como un ingreso anual por 2 millones 272 mil pesos. También reportó la pertenencia de una pintura de 240 mil pesos y cuatro cuentas bancarias.
Ayer dijo que ya publicó su declaración fiscal y de intereses, la cual está sujeta a validación para ser pública.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-07-2016/3073355
