CIUDAD DE MÉXICO: Susana Fuentes Rodríguez, síndica del municipio de Amacuzac, Morelos, denunció violencia política en su contra por parte del alcalde, Jorge Miranda Abarca.
El pasado 7 de junio la síndica presentó ante el Tribunal Electoral del estado (TEEM) un juicio para la protección de sus derechos político-electorales, porque desde abril pasado el alcalde ordenó a la Tesorería y a la Contraloría del municipio que no le pagaran su salario.
En entrevista, Fuentes Rodríguez dijo que espera que el caso –registrado en el expediente TEE/JDC/49/2016– se resuelva a la brevedad, pues desde la semana pasada hizo pública la denuncia, pero hasta ahora no ha recibido apoyo del Revolucionario Institucional (PRI), partido que la abanderó para llegar al cargo.
Como candidata de esa fuerza política, en 2015 Fuentes Rodríguez ganó la sindicatura de Amacuzac, y junto con ella fueron electos el alcalde Jorge Miranda Abarca y los regidores Juan Carlos Millán Hernández, Carolina Bahena Castillo y Reyna Flores Solano.
La síndica y Miranda Abarca no tenían una relación laboral, sin embargo, previo a los comicios él la buscó para que fuera su compañera de planilla y así cumplir con la paridad de género en candidaturas edilicias, como lo marca la ley electoral estatal.
Una vez ganada la elección comenzó el hostigamiento contra ella y la regidora Bahena Castillo. El primer episodio, recuerda la síndica, fue en enero pasado, cuando Miranda la llamó para nombrar al personal administrativo.
En esa ocasión llegaron todos los involucrados, pero a ella le dijeron que debía esperar afuera mientras el resto de hombres se reunían en una sala. Media hora después la funcionaria preguntó si sería requerida, y la secretaría le dijo que debía esperar.
Esperó aproximadamente media hora más, hasta que el alcalde salió con su equipo. Fuentes Rodríguez reclamó que la hubieran dejado fuera de la reunión, a lo que aquel respondió con insultos e incluso estuvo a punto de golpearla, pero sus compañeros lo detuvieron.
En otro momento, agrega, le pidieron que firmara un proyecto sobre un crédito, pero ella quiso saber de qué se trataba, lo que provocó el enojo del alcalde, y desde entonces no le piden que firmen documentos porque su rúbrica no es necesaria.
Una de las primeras represalias contra la síndica fue quitarle al personal que trabajaba en su oficina (una secretaria y su asesor), y desde abril le retuvieron el sueldo.
“Hemos sufrido de discriminación, amenazas de quitarnos el cargo. Él (el alcalde) me ha quitado de todas mis funciones. Les ha dado órdenes a los directores de que no me entreguen la información cuando se las requiero por oficio”, denunció.
Además, apunta, no puede participar en las reuniones de trabajo. “No me entregan ninguna información financiera, no participamos de ningún cabildo, no sé qué acuerdos estén tomando, no sé qué tanto se esté afectando al municipio, obra no tenemos. Nuestro sueldo del mes de enero nos lo retiró”.
Precisa que la primera vez que le retuvieron el sueldo, Miranda Abarca le dijo que no iba a pagarle el mes de enero porque los recursos se iban a utilizar en la compra de vehículos para recoger la basura del municipio, pero eso nunca se hizo.
La síndica también denunció que hay maltrato hacia los trabajadores, quienes deben presentarse a laborar los sábados, y hasta violencia sexual por parte de funcionarios cercanos al alcalde contra trabajadoras del municipio.
Y las amenazas han subido de tono: “Nos amenazó, que le fuéramos bajando porque mujeres como nosotras muchas veces no llegábamos al camino final y podíamos aparecer hechas cachitos en bolsas negras”.
La regidora Carolina Bahena Castillo asegura que a ella tampoco se le considera para tomar decisiones que afectan al municipio, a pesar de que ostenta un cargo de autoridad como regidora de Asuntos de la Juventud.
“No existe ni siquiera una justificación para suspender el sueldo. Me quitó trabajadores que estaban en mi área. El chofer asignado para los eventos que he tratado de sacar me pone mil y un obstáculos, no cuento con su apoyo”.
En opinión de la regidora, tanto ella como la síndica son discriminadas por ser mujeres, además de que el alcalde no quiere que cuestionen sus decisiones. Él sólo las apoyó como candidatas en su planilla para cumplir con la paridad de género, puntualiza.
La violencia política de género en Morelos cobró relevancia desde el pasado 2 de enero, cuando la alcaldesa electa en el municipio de Temixco, Gisela Mota Ocampo, fue asesinada justo un día después de tomar posesión del cargo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449145/denuncian-violencia-politica-contra-mujeres-en-alcaldia-amacuzac
CIUDAD DE MÉXICO: Este viernes las oficinas en México de la ONU sobre Igualdad de Género y Derechos Humanos, así como el Fondo de Población de Naciones Unidas, se pronunciaron en contra de la reforma antiaborto aprobada ayer en Veracruz, a la que consideraron una “regresión” que “podría contribuir a la estigmatización de las mujeres que quieran acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva”.
En un comunicado, las agencias de la ONU denunciaron que “la reforma aprobada compromete los derechos de las mujeres (…) la restricción en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, les afecta gravemente su vida, salud, educación e integridad; impacta su desarrollo y el de sus familias; incrementa la discriminación y el riesgo de violencia contra ellas, y conlleva graves consecuencias como el embarazo adolescente, los abortos clandestinos e insalubres y la mortalidad materna”.
El pronunciamiento fue respaldado por la Oficina en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU-Mujeres); la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
También recordaron que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU había concluido en 2012 –sobre el caso de México– que “las enmiendas introducidas en las constituciones locales que protegen la vida desde el momento de la concepción han puesto en peligro el disfrute por la mujer de su salud y derechos sexuales y reproductivos“.
Este posicionamiento de la ONU ocurre un día después de que el Congreso de Veracruz aprobara una reforma propuesta por el gobernador priista Javier Duarte que criminaliza el aborto en la entidad.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449175/repudia-onu-la-reforma-antiaborto-aprobada-en-veracruz
XALAPA, Ver: Luego de que el Congreso de Veracruz aprobara por mayoría, la tarde del 28 de julio, la reforma al artículo 4 de la Constitución local para proteger la vida “desde el momento de la concepción”, activistas y académicas dijeron que no descartan presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Previo a la aprobación de la reforma –presentada por el gobernador Javier Duarte en enero pasado y aprobada el pasado 28 de julio en el congreso en segunda vuelta– la integrante del Colectivo Feminista de Xalapa, Monserrat Díaz, y la presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Estela Casados González, aseguraron que existen suficientes elementos legales para echarla abajo.
De acuerdo con las activistas, la modificación para “proteger la vida desde la concepción” es violatoria de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres y criminaliza a aquellas que viven un aborto, incluso cuando es espontáneo, es decir, por causas naturales.
Antes de conocer la votación final, Monserrat Díaz explicó que las y los legisladores que están en contra de la reforma pueden promover una acción de inconstitucionalidad.
En este sentido, la abogada del Colectivo Feminista de Xalapa, Montserrat Díaz, señaló que las autoridades federales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también tienen posibilidad de frenar la reforma, puesto que viola los DH de las mujeres, por lo que llamó a que así lo hagan.
Y es que además consideró que esta iniciativa pone en entredicho el principio básico de que los derechos no pueden ir hacia atrás, sino que deben ser progresivos.
Por su parte, Estela Casados insistió en que esta es una situación gravísima para las mujeres y puso como ejemplo que en otras entidades, donde se tienen este tipo de reformas, muchas mujeres han pasado años encarceladas a consecuencia de sufrir abortos espontáneos. Aunque cabe decir que en Veracruz el aborto no se castiga con cárcel sino con tratamiento psicológico.
No obstante la defensora de los derechos femeninos recordó que incluso en Veracruz, una voceadora llegó a solicitar atención médica de urgencia a consecuencia de un sangrado, por lo que hasta ese momento supo que estaba sufriendo un aborto, motivo por el cual el personal de la Cruz Roja la denunció y tuvo que pasar cerca de un año encarcelada, a pesar de que no existía un delito.
Mientras en el congreso se esperaba la discusión de la reforma, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, advirtió que “proteger la vida desde la concepción”, es lesivo para los derechos de las mujeres y atenta contra los resolutivos y sentencias de tribunales nacionales e internacionales.
A propósito de la aprobación de esta reforma en segunda vuelta en el congreso local, la rectora envió un comunicado donde señaló que el aborto es un tema de salud y de seguridad pública.
“Veracruz es el cuarto estado en nuestro país con mayor número de muertes por abortos clandestinos, con los más elevados índices de mortalidad materna y de embarazo en adolescentes”, dijo.
La rectora afirmó que las y los universitarios lamentan la aprobación de esta reforma porque representa un claro retroceso en materia de equidad de género.
InMujer de Veracruz, contra la reforma
A los rechazos se sumó la directora del Instituto Veracruzano de la Mujer, Edda Arrez Rebolledo, que calificó de “innecesaria” la reforma y lamentó la actitud de los legisladores de analizar la propuesta, a pesar de que la ONU les recomendó garantizar el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
En entrevista Arrez Rebolledo dijo que la paz sólo se logra cuando las mujeres tienen una vida digna y cuando hay un paquete de reformas legislativas que aseguran su salud, educación sexual, laica y libre de dogmas y la prevención de los embarazos no deseados o a edades tempranas.
FUENTE. PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449143/buscan-activistas-academicos-impugnar-ley-antiaborto-javier-duarte
Inicia gobierno del Estado de México 291 investigaciones por este delito en 5 años; logra 74 sentencias y 126 siguen en trámite. Obligatorio que MP y peritos aporten pruebas para comprobar este tipo penal, resalta la subprocuradora estatal.
Cuautitlán Izcalli, Méx. El homicidio violento de la pasante en derecho Mariana Lima, en junio de 2010, y la posterior presunción de feminicidio, marcaron el parteaguas en la administración y procuración de justicia en el estado de México, donde desde el primero de mayo de 2015 todo asesinato doloso de mujeres y niñas es investigado con perspectiva de género.
Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros, subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), reconoce el impacto que causó el crimen de Mariana y asegura que definitivamente es un asunto que realmente está haciendo historia dentro de la procuración de justicia con perspectiva de género.
Entre 2010 y 2016, organismos no gubernamentales, sociedad civil y una madre que exigió el esclarecimiento de la muerte de su hija y el amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reabrir el caso de la muerte de Mariana Lima empujaron nuevas formas de hacer justicia en la entidad a mujeres asesinadas sólo por el hecho de ser mujeres.
En los cinco años recientes, el gobierno mexiquense, a contracorriente, construyó instrumentos legales y técnicas científicas en materia de procuración de justicia e investigación de muertes violentas de mujeres.
A raíz de la sentencia de la Corte en el caso de Mariana Lima, la administración estatal encabezada por Eruviel Ávila publicó el 30 de abril de 2015 los Lineamientos generales para la investigación de la privación violenta de la vida de una mujer.
Ahí se establece que todo homicidio doloso de mujeres y niñas debe ser investigado con perspectiva de género. Es responsabilidad del Ministerio Público, agentes ministeriales, peritos en criminalística y médicos legistas, entre otros servidores públicos, aportar elementos de prueba que lleven a un juez a concluir la existencia del tipo penal de feminicidio.
El feminicidio es cuando existe, efectivamente, la muerte violenta de una mujer a manos de un tercero y que dentro del contexto de su asesinato haya habido una situación de rol sexual; es decir, que la víctima haya perdido violentamente la vida a manos de un tercero por el hecho de ser mujer, explica García Espinoza.
Agrega que en el pasado quinquenio el gobierno estatal trabajó en la construcción de infraestructura y especialización de personal, preparado para la investigación de muertes violentas de mujeres; el resto es concluir cuál de estos homicidios fue cometido por situación de género, plantea la funcionaria.
La fiscal reconoce que no es fácil que un homicidio doloso de una mujer llegue a una sentencia por feminicidio. Hay veces que logramos acreditar la existencia de feminicido, y hay veces que el juez determina que no, comenta.
Camino tortuoso, pero necesario
Encontrar elementos de prueba y materiales contundentes, que se puedan evidenciar incluso de forma científica, es el reto de cada día y es el camino que deben seguir las investigaciones sobre mujeres asesinadas en el estado de México.
La subprocuradora Dilcya Samantha García detalla que, de acuerdo a los protocolos y lineamientos en la materia, el tipo penal de feminicidio se determina cuando: haya habido violencia sexual antes o después de la muerte; el cuerpo se encuentre expuesto en la vía pública, a pesar de que no haya habido ningún tipo de parentesco o de relación entre la víctima y el victimario.
Otros elementos son que exista algún tipo de mutilación infamante en el cuerpo de la víctima. Algún tipo de desmembramiento o mutilación en los órganos sexuales. Que exista una relación de pareja pasada o presente en el momento del hecho delictivo, entre otros elementos, agrega.
Explica que como parte del protocolo a seguir, “dentro del levantamiento del cuerpo vamos a buscar condones, huellas hemáticas y espermáticas alrededor; objetos de un probable agresor en la escena de la comisión del delito.
En servicios periciales, a la víctima no se le hacen sólo los peritajes de rutina, sino también exámenes ginecológico y proctológico; se busca saliva del probable agresor en los pechos o en otras partes del cuerpo, así como más formas de agresión, abunda la funcionaria.
No tienen que darse evidentemente todos los supuestos para que pueda haber feminicidio; con uno que dé cumplimiento al contexto, con eso es suficiente para que solicitemos al Poder Judicial una imputación por este delito, aclara.
Indica que investigadores adscritos a la fiscalía en feminicidios buscan allegarse de toda la información. Encuadramos la investigación y toda nuestra teoría del caso sobre feminicidio, pero al llegar al juez y al hacer éste su análisis determina que no se trata de un homicidio doloso o feminicidio.
Discrepancia de ONG
Dilcya Samantha García Espinoza refiere que entre 2011 y 2016 la PGJEM inició 291 carpetas de investigación por posible feminicidio. De éstas, 126 casos aún están en trámite, es decir, sujetos a investigación. En tanto, 158 están judicializadas, esto es que se contó con elementos necesarios para solicitar órdenes de aprehensión o autos de vinculación a proceso.
De las 158 carpetas judicializadas, en 74 casos hubo sentencias condenatorias. Estos casos quedaron firmes como feminicidios.
La subprocuradora precisa que en el estado de México 50 por ciento de las víctimas de feminicidio tenían edades de entre 20 y 25 años, y que 90 por ciento de los crímenes se cometieron dentro de los espacios privados (el hogar, principalmente) y fueron realizados por una pareja, ex pareja o por alguien del núcleo familiar cercano: Las mujeres mueren dentro de su casa y por conocidos.
La penalidad para quienes cometen feminicidio en la entidad es de 40 a 70 años de cárcel y prisión vitalicia. Pero existe un contraste entre las cifras de la fiscalía de la PGJEM y los organismos no gubernamentales, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, sobre todo del lugar donde fue hallado el cadáver.
Para el OCNF, de 2005 a 2010 60 por ciento de las mujeres asesinadas en la entidad fueron encontradas en un lugar público; mientras que en 2012 el hallazgo de víctimas en espacios comunitarios ascendió a 67 por ciento y 32 por ciento fue en casa habitación.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SILVIA CHÁVEZ, RENÉ RAMÓN.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/07/29/politica/002n1pol
Ciudad de México. Integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) del magisterio disidente informaron que será hasta el próximo lunes a las 11:00 horas, cuando se reanude la mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación (SG) para retomar la agenda sobre las afectaciones generadas por la aplicación de la reforma educativa.
En tanto, decenas de profesores inconformes se manifiestan en los accesos de la plaza comercial Forum Buenavista, como parte de su jornada de lucha en todo el país, lo que incluye acciones coordinadas en diversos estados.
Los educadores se mantienen frente a los principales accesos, a fin de impedir el paso de los clientes, aunque han sido encapsulados por elementos de seguridad y tránsito capitalina.
Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmaron que la protesta forma parte de las acciones en contra de la reforma educativa, por lo que informaron que permanecerán en el lugar hasta la tarde de este viernes.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: LAURA POY SOLANO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/29/mesa-de-dialgo-cnte-sg-se-reanudara-hasta-el-lunes
CIUDAD DE MÉXICO: Finlandia vendió simuladores de torres de telefonía celular para intervenir dispositivos móviles a México en 2014, según un reporte del Ministerio de Asuntos Exteriores del país europeo.
El documento, de 86 páginas de extensión, fechado el 14 de enero de 2015 y consultado por Apro, indica que la Unidad de Control de Exportación del Departamento de Relaciones Económicas Exteriores del citado ministerio autorizó el 11 de julio de 2014 a la empresa de tecnología Exfo Oy, filial de Exfo Inc., el envío al país de equipo modelo NetHawk F10. Su categoría de control de exportación es 5D001a y su código de identificación, FI1400031.
El Reporte 20-F de Exfo Inc., que todas las compañías extranjeras que cotizan en el mercado bursátil de Estados Unidos deben presentar sobre sus operaciones ante la Comisión de Comercio y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), fechado el 25 de noviembre de 2013 y revisado por Apro, explica que ese modelo, el NetHawk X6 y el NetHawk C2 son “herramientas de inteligencia para la policía, fuerzas armadas y otras organizaciones gubernamentales para combatir el crimen organizado y los terroristas”.
El documento finlandés –que aborda la gestión de las autorizaciones concedidas a la exportación de productos de doble uso (civil y militar)– no detalla si se analizó el impacto de su utilización sobre derechos humanos o si se sometió a investigación a la institución receptora del equipo.
En el Portal de Obligaciones de Transparencia no aparece ningún contrato suscrito con Exfo, pero la operación pudo realizarse mediante un intermediario, como suele ocurrir con la venta de programas de espionaje.
Se trata de una tecnología polémica, pues sus críticos la consideran invasiva y una amenaza para la privacidad de los usuarios de telefonía.
Conocida popularmente como “Stingray”, por un modelo fabricado por la estadunidense Harris Corporation, esos dispositivos pueden extraer información como los números de identidad del suscriptor móvil internacional (IMSI, por sus siglas en inglés), que es el número único de serie que el teléfono celular transmite de modo que el sistema detecta donde está ubicado.
Por eso, también se les conoce como “IMSI catchers” (detectores de números IMSI).
Además, pueden acceder al número de serie electrónico del teléfono, metadatos para su almacenamiento interno, interceptar el contenido de comunicaciones, rastrear y localizar un usuario de telefonía celular, propiciar un ataque de denegación de servicio móvil y obtener una clave de encriptación de comunicaciones.
Los rastreadores pueden ser instalados en aviones, helicópteros y vehículos manuales no tripulados o drones.
La torre falsa hace que los aparatos celulares cercanos a ella se conecten. Hecho esto, esos programas pueden recolectar información de identificación y localización de los teléfonos y, en algunos casos, intervenir las conversaciones, los mensajes de texto y la navegación por internet.
Otras versiones de esta tecnología son conocidas como “TriggerFish”, “IMSI-catcher”, “KingFish”, “Hailstorm”, analizadores digitales y simuladores de torres celulares.
“Los riesgos relacionados con los ‘IMSI-catchers‘ son similares a los de cualquier intervención telefónica. No debe hacerse sin una resolución de los tribunales”, alertó Tapani Tarvainen, vicepresidente de Frontera Electrónica Finlandia, en entrevista electrónica con Apro.
Envíos “controlados”
El Arreglo de Wassenaar sobre Controles a la Exportación para Armas Convencionales y Bienes y Tecnologías de Uso Dual, al cual están adscritos 41 países –entre ellos, Finlandia y México–, obliga a los fabricantes de esa tecnología a obtener una autorización de exportación de sus gobiernos con el propósito de garantizar que su utilización tendrá fines legítimos y no devendrá en actos de represión contra la población o en violaciones a derechos humanos.
Los “IMSI-catchers” están incluidos en la parte 1 sobre telecomunicaciones de la categoría 5 de la Lista de Bienes y Tecnologías de Uso Dual o Lista Básica del arreglo, vigente desde 1996 y que consta de nueve categorías para la Lista Básica y 22 para la Lista de Municiones.
Esos requerimientos adquieren relevancia en casos como el de México, que vive una crisis de derechos humanos por las elevadas cifras de ejecuciones, desapariciones y casos de tortura y por la cual la utilización de esos equipos entraña la agudización de esos flagelos.
Exfo, cuya oficina central se sitúa en la ciudad finlandesa de Oulu y tiene una división en Québec (Canadá), consiguió 16 licencias de exportación hacia México, de un total de 673 avaladas en 2014.
Un folleto promocional de Exfo, consultado por Apro, indica que esta compañía fabrica programas para el análisis de señales de redes, interrogación móvil, hallazgo de dirección física e intercepción móvil en marcha. Para ello, ofrece simuladores de torre celular con espionaje por áreas, bloqueo de servicio móvil y capacidades de interceptación en formatos portátil y vehicular, lectores (scanner) de celular y de detección en tamaño no detectable modelo C2 y redes de alta velocidad de despliegue rápido en el terreno modelo X6.
México es el mayor comprador de equipo espía en América Latina, al adquirir software de intervención de llamadas, de correos electrónicos, mensajes de texto, navegación por web, a empresas como la italiana Hacking Team, la inglesa FinFisher, la estadunidense Verint y la rusa Speech Pro, entre otras.
Exfo recibió también aval el 18 de julio de 2014 para enviar a México un lector móvil FX, clasificación A001f2 y código de identificación, FI14000330. Además, el gobierno finlandés la autorizó a vender el 4 de marzo y el 19 de junio de ese mismo año actualizaciones para el aparato F10.
El Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) ha utilizado los simuladores para rastrear y ubicar teléfonos y usuarios desde al menos 1995.
La Asociación Americana para las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha identificado 66 agencias gubernamentales en 24 estados y el distrito de Columbia que utilizan esa tecnología.
En marzo último la Corte de Apelaciones Especiales del estado de Maryland revirtió un fallo de un tribunal estatal, al considerar que el uso de los simuladores de torres celulares sin orden judicial viola la Cuarta Enmienda, que garantiza la privacidad de los ciudadanos estadunidenses.
En México se desconoce la forma en que las autoridades han utilizado esa tecnología y quiénes han recurrido a ella.
Para Tarvainen, es importante conocer “las justificaciones hechas para respaldar el permiso de exportación” ante las condiciones implícitas en el Arreglo de Wassenaar ante la amenaza de usos autoritarios y de violaciones masivas a derechos humanos.
Ante el debate suscitado en Estados Unidos, el FBI y el Departamento de Justicia instituyeron desde 2014 políticas internas de modo que todos los usos de la tecnología deben basarse en una orden judicial
En el artículo “La tecnología Stingray y las expectativas razonables de privacidad en el internet de tod”, publicado el 31 de marzo último en la revista estadunidense Federalist Society Review, Howard W. Cox, profesor adjunto de informática forense en la Universidad George Washington, escribió que “el debate debe enfocarse en si hay o no una necesidad de crear un derecho estatutario de privacidad en el tema, junto con controles apropiados sobre el acceso gubernamental a esos datos”.
El exfiscal y exfuncionario de inteligencia de alto rango señaló que “algunos tribunales han sugerido que estos y otros temas de privacidad relacionados con las comunicaciones electrónicas en el siglo XXI son mejor resueltos a través de las acciones legislativas en vez de medidas judiciales”
Adquisiciones opacas
México también ha hecho negocios con Harris Corp, aunque los registros no son claros respecto a si compró “IMSI-catchers” a esa compañía, con sede en Melbourne (Florida).
La Secretaría de Marina (Semar) adjudicó de forma directa seis contratos, de los cuales tres consistieron en la adquisición de equipos de comunicaciones marinas. Pero los tres restantes llaman la atención por la vaga descripción de los dispositivos obtenidos.
El contrato 699791, celebrado el 27 de febrero de 2015, trata de la compra de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones por 575 mil 912.7 dólares, signado con la División de Comunicaciones de la transnacional estadunidense.
El contrato 716336, rubricado el 23 de marzo de 2015 con esa misma filial, es igualmente ambiguo respecto a su objeto, pues alude a “material eléctrico y electrónico” por 280 mil 174.5 dólares.
Menos vago es el documento 716318, firmado también el 23 de marzo del año pasado, por la adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones por valor de 519 mil 704.98 dólares.
Además, la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) obtuvo de la División de Comunicaciones de Harris Corp. refacciones para equipos tácticos en alta frecuencia por siete millones 136 mil 304.53 dólares, según el contrato 4510000229 del 11 de julio de 2014.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EMILIO GODOY.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449165/finlandia-mexico-le-compra-equipo-espiar-en-celulares
El IMCO, en conjunto con Transparencia Mexicana, destacaron que el Gobernador Javier Duarte “está en su derecho de publicar esta información a través de otras plataformas o medios, para conocimiento de la ciudadanía veracruzana y la opinión pública en general”.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Transparencia Mexicana anunciaron que no harán pública la declaración patrimonial, de intereses y fiscal (3de3) del Gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa hasta que exista una resolución judicial sobre las investigaciones que llevan a cabo el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría General de la República (PGR) contra el mandataria y en torno a su administración.
“En apego a la presunción de inocencia, el debido proceso y con el objetivo de no interferir con el proceso de investigación en curso, el IMCO y Transparencia Mexicana han decidido no publicar las declaraciones 3de3 en tanto no se emita resolución judicial al respecto”, detallaron ambas organizaciones en un comunicado difundido esta tarde.
El documento detalla que el Gobernador veracruzano anunció que haría públicas sus declaraciones luego de que se difundió la existencia de las investigaciones que a nivel federal hay en su contra.
“El envío se realizó después de conocerse los procesos de investigación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría General de la República (PGR) sobre su gobierno y decenas de personas físicas y morales vinculadas con el Gobernador Duarte”, recordaron. Y detallaron que ayer el Gobernador de Veracruz les envió por vía electrónica sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, a través de la plataforma www.3de3.mx.
El IMCO y Transparencia Mexicana hicieron hincapié en que el mandatario “está en su derecho de publicar esta información a través de otras plataformas o medios, para conocimiento de la ciudadanía veracruzana y la opinión pública en general”.
El pasado 27 de julio, Javier Duarte difundió a través de sus redes sociales, su declración de bienes. “No tengo nada qué ocultar; ésta es mi declaración patrimonial”, escribió ese día el mandatario.
El Gobernador de Veracruz dijo tener un ingreso anual, como servidor público, de 2 millones 272 mil 054 pesos, pero afirma no tener ningún otro ingreso por actividades comerciales, industriales, financieras o por servicios profesionales.
La declaración de bienes de Duarte de Ochoa incluye 2 millones 272 mil 054 pesos y una casa de 150 metros cuadrados de terreno y 225 metros cuadrados de construcción en el Fraccionamiento Alameda, en Córdoba, Veracruz, cuyo valor es de 700 mil pesos, y la cual, dijo, adquirió “al contado” el 14 de marzo de 1996.
También aparece otra casa, localizada en el Centro del Puerto de Veracruz, de 85 metros cuadros de terreno y 183 metros cuadrados de construcción, por un costo de 1 millón de pesos y que adquirió al contado el 15 de marzo de 1996. Además de tres vehículos: una camioneta Chevrolet, modelo 2008, con un costo de 474 mil 947 pesos y que, afirma, fue donada por el señor Antonio Macías; un automóvil Honda, modelo 2001, con un valor de 200 mil pesos, donado también por Antonio Macías, y una camioneta Dodge, modelo 2007, con un costo de 306 mil 086 pesos y que fue comprada a crédito.
El Gobernador dijo ser dueño de una pintura con valor de 240 mil pesos, pagada al contado; centenarios por 2 millones 050 mil pesos, que dice, fueron una donación de la señora Jazmín Tubilla, y muebles y accesorio de casa por 515 mil pesos pagados al contado.
En cuanto a sus inversiones en bancos, el priista declaró cuatro cuentas bancarias: una en Banco Mercantil del Norte, de nómina, por 622 mil 354 pesos; otra en Scotiabank Inverlat, de cheques, por 141 mil 436; una más en Santander Serfin, de cheques, por 139 mil pesos, y la cuarta, de nomina, también con Banco Mercantil del Norte y cuyo saldo es de 1 millón 131 mil 635 pesos.
Desde abril pasado, el entonces candidato a la gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, presentó una denuncia contra Duarte porque, acusó, mediante prestanombres ha acumulado más de 25 propiedades con un valor superior a los 3 mil millones de pesos.
De acuerdo con sus investigaciones, hay un Hotel en Bilbao a nombre del hermano de Duarte, un departamento en Madrid, así como casas en Houston y un rancho en Valle de Bravo, “que es una ofensa pues cuenta con 50 caballerizas, cuatro casas, además de un hospital para los caballos”, detalló en la entrevista radiofónica.
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Dirección General de Catastro y Valuación de Veracruz información “con carácter de urgente y confidencial” sobre las propiedades que poseen 69 personas físicas y morales, entre ellas Duarte y varios miembros de su familia, a partir de una denuncia presentada por Yunes.
Sin embargo, el Gobernador electo del estado consideró que la PGR “no puede reducirse a pedir información sobre los bienes de Javier Duarte, su familia y sus cómplices al propio Gobierno del Estado de Veracruz, es obvio que ocultarán los datos que inculpan a Duarte”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-07-2016/3073668
El arribo de la brigada de voluntarios que busca por todo Veracruz los restos o señales de los desaparecidos, ha sacado de las fosas muchas historias conmovedoras de madres, padres e hijos y hermanos que claman justicia, desesperados. El Gobierno de Javier Duarte de Ochoa nunca le respondió a las familias o a los grupos civiles. Todo lo contrario: los activistas padecieron persecución. Pero no hay mal que dure seis años, como se dice en México. Las víctimas han comenzado a hablar.
“Cuando llegué al pueblo el horror ya se había ido. Nada más encontré sangre en las paredes. A mi hermano lo dejaron casi muerto, no pudo evitar que se llevaran a mi hija y a mi madre, de 75 años de edad, y a otras 19 personas. La mayor desgracia que se recuerde en Atoyac, Veracruz. Fueron ellos: los policías estatales”.
Marisela Nájera Zayas relata cómo el 2 de agosto de 2013, abuelas, madres, padres, hijos, hermanos, 19 en total, fueron subidos en patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y se los llevaron a la tierra del nunca jamás. Por el caso, se abrió la carpeta de investigación 443/2013.
Como parte de una rutina enfermiza, Marisela ha viajado 15 horas, desde la ciudad fronteriza donde radica, para preguntar a los agentes de la Fiscalía Regional en Córdoba sobre el paradero de su madre y de su hija. Las respuestas, siguen siendo las mismas palabras deprimentes, asegura. “No, señora; pero seguimos trabajando”.
Su hija, María Inés Sánchez Sayas, desapareció a los 32 años de edad, cuando se disponía a ofrecer una misa a la Santa Muerte en una comunidad de la región. Fue de las primeras en ser sustraída por los hombres de Arturo Bermúdez Zurita, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. A María Inés y a los cinco devotos que la acompañaban se les vio por última vez pidiendo auxilio desde la batea de rehenes.
En tanto a su madre, Luz del Carmen Sayas Rodríguez, de 75 años de edad, fue sacada a rastras del bar “La Potra Zaina”. La mujer era la dueña de ese lugar, y ese día preguntó por qué se llevaban a sus clientes. Marisela ignora si su pecado fue haber sido testigo de todo con su vista nebulosa y cansina.
“Días después los agresores me contactaron por teléfono. Conocí la voz del sujeto. Le pedí que me las devolviera. Que viniera por mí. Que tuviera compasión. Pero nunca olvidaré su respuesta: ‘No, perra. A ti no te queremos. Y, ¿compasión? A mi madre yo mismo la degollé por puta'”, recuerda Marisela mientras regresa al momento y sacude su cabellera para largar a los fantasmas de la memoria.
SE LLEVARON A 19
La tarde del viernes 2 de agosto de 2013. La rutina en el pueblo cañero estaba por concluir. Los niños disfrutaban de un refresco tras un partido a diez goles. Música de banda se filtraba del bar “Potra Zaina”, ubicado en el centro de la localidad. La gente se disponía a encerrarse en sus casitas de madera. Pero todo se arruinó con el rugir de las camionetas de la SSP.
De acuerdo con la investigación ministerial 443/2013, María Inés, hija de la entrevistada, caminaba cerca del ingenio cañero El Potrero. Un grupo de amigos, la mayoría adolescentes, habían acordado ofrecer esa tarde una serie de oraciones por la Santa Muerte, en una comunidad vecina. No había dinero para el traslado, entonces a alguien se le ocurrió pedir un aventón.
“Eran ritos de muchachos. Gustos de mi hija y yo los respetaba. Tiene tres tatuajes; uno que abarca su espalda y otro en el pie. Ambos con la imagen de la ‘santísima’. Son señas que explico a la gente para solicitar informes”, cuenta Marisela.
La idea de ahorrarse el caminar fue aprobada por los amigos, así que comenzaron a levantar los pulgares hasta que alguien los asistiera. Fue cuando se vislumbraron las carrocerías estatales.
Los amigos, se miraron entre sí y concluyeron pedir ayuda a los agentes del orden. Para su primera sorpresa, la velocidad de las camionetas aminoró. Sin embargo, el entusiasmo mudó al horror cuando de la batea se asomaron rostros suplicando auxilio y advirtiendo peligro. Sin emitir palabras, a todos ubicaron en las bateas.
“Solamente de Potrero Nuevo fueron 19 personas, pero ya llevaban a más. Los rumores dijeron que la barredora comenzó desde Paso del Macho”, comparte Marisela Nájera, cuidadosa de que sus palabras, apenas las registre la grabadora.
Las camionetas estatales, continuaron su caminar, no obstante, faltaba una última parada en el bar del pueblo, “La Potra Zaina”, perteneciente a Doña Luz, madre de la entrevistada.
Al bar, presuntamente los oficiales entraron por un joven apodado “La Gallina” y una mesera de origen hondureño. Doña Luz, al presenciar la tunda a sus clientes, preguntó cuál era el motivo de la violencia. No hubo respuestas habladas, solo la tomaron a la mujer de 75 años por la ropa y a rastras la dirigieron a los vehículos.
Un hijo de Doña Luz justo arribaba al sitio, cuando notó que a su madre era secuestrada. “Hey, a dónde se la llevan”, preguntó entre gritos. El comandante entonces dio la orden de silenciar las protestas.
“Mi hermano, después de esa golpiza, no quedó bien. Le cuesta seguir las órdenes y las conversaciones. Testigos me dicen que lo descalabraron a patadas. Cuando llegué al pueblo él estaba refugiado en casa de un vecino. “Mana, ¡busca a mamá! Y desde entonces no he parado”.
Aquella tarde de viernes, 19 personas fueron levantadas: Luz del Carmen Sayas Rodríguez, María Inés Sánchez Sayas, Margarito Martínez Peña, Juan Carlos Martínez Peña, Emma Guadalupe Pérez Arroyo, Ricardo Illescas Ramírez, Jairo Manuel Flores, Blanca Paula Aguirre Torres, Marco Antonio Fernández Flores, María Isabel Mirón Gutiérrez, Kevin Malone Pantiga Hernández, Eduardo Alberto Ramos Tecalco, son los nombres de los que se tiene registro.
Las familias de los desaparecidos, se dedicaron a buscar entre los campos predilectos para los criminales, los cañaverales. Sin embargo, fue hasta el basurero municipal que encontraron respuestas. Prendas e identificaciones quedaron regadas en el piso. Marisela, únicamente recuperó un pasador de su madre.
En tanto, las autoridades, ante el señalamiento de miles de habitantes, soltaron la coartada: Nosotros no dimos la orden de ningún retén, se excusaron. Podría tratarse de unidades clonadas, al menos ocho, refieren los testigos presenciales.
“LES ROGUÉ QUE ME LAS REGRESARAN”
Ocho días posteriores al levantón masivo, timbró el teléfono de Marisela Nájera. Los captores conocían sus datos. Incluso le ordenaron que vendiera sus propiedades si quería devuelta a sus dos familiares. “Conozco la voz, le rogué que que me las regresara, pero son inmunes al dolor”.
El hombre detrás del teléfono pactó un trueque con Marisela, la citaron en punto de la media noche, a mitad del monte, en una antigua estación del tren. Tras 60 minutos de zozobra, el teléfono volvió a sonar.
“Creí que no ibas a venir”, dijo el sujeto entre carcajadas.
“Ten piedad. ¿Por qué te llevaste a mi mamá?, es una señora de la tercera edad. Ven por mí, yo no tengo quién me llore. Ten compasión”, suplicó Marisela.
“No, perra. A ti no te queremos. Y ¿compasión?… a mi madre yo mismo la degollé por puta”, luego resonaron las últimas carcajadas y el contacto con los presuntos captores y las mujeres desaparecidas se perdió hasta la fecha.
“TENGO QUE ENCONTRARLAS”
Son las palabras de la mujer que busca a madre e hija, secuestradas, precisamente, en el terreno más inseguro del estado de Veracruz, según los índices de delitos por municipios, registrados en el Sistema Nacional de Seguridad.
En Córdoba, municipio colindante con Atoyac, al menos 30 homicidios se han suscitado en lo que va del año 2016; 12 con arma de fuego, siete con arma blanca y once sin especificar. Además de cuatro secuestros y nueve violaciones; cinco a menores de edad.
Es el panorama que ha enfrentado desde hace tres años Marisela Nájera Zayas. Sin embargo, no baja la guardia y busca a Carmelita, la mujer que se pasaba destapando cervezas en el bar y tejiendo servilletas para las tortillas. Una abuela consentidora, se la vivía comprando regalos para los hijos la presume.
“Lo que más coraje me da es que a los mismos policías que se la llevaron les invitaba refrescos y botana cada vez que pasaban a saludarla. ¿Qué tiene que ver ella con todo esto? Es una personas de la tercera edad”.
En tanto, María Inés dejó tres hijos huérfanos, por ellos Marisela no cesa de buscarla. “No ha sido fácil mantenerlos, son ya unos adolescentes, y trabajo de lunes a viernes no alcanza. Son las chácharas que vendo en los mercados los domingos que ayudan a sobrellevar la situación”, explica la madre soltera al final de la entrevista.
Han transcurrido 36 meses desde el hecho trágico en la localidad Potrero Nuevo, en Atoyac. De los 19 desaparecidos se sabe nada. Un hecho que para la regidora, Leticia Amira Delgado Hernández, de Movimiento Ciudadano, tiene un origen: la complicidad entre los hombres de Arturo Bermúdez Zurita con el crimen organizado.
FUENTE: SIN EMBARGO/BLOG EXPEDIENTE.
AUTOR: REDACCIÓN/MIGUEL ÁNGEL CARMONA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-07-2016/3073471
Buenos Aires. Todo impulso de transformación y cambio positivo para las sociedades, "tiene resistencias, se asumen costos", compartió el presidente Enrique Peña Nieto a su homólogo y anfitrión Mauricio Macri.
Sin embargo, deben realizarse -enfatizó- porque son positivas para que deparen a las sociedades mayor desarrollo. "Ese es el reto que tenemos los gobiernos en esta era global y donde tenemos que aprovechar la oportunidad que el mundo nos da, y no estar aislados y ver cómo nos acompañamos y complementamos".
Los presidentes Enrique Peña Nieto y Mauricio Macri acordaron hoy dar un "nuevo impulso " a la relación entre México y Argentina, a partir de "una visión compartida de la ruta que las sociedades deben tener para alcanzar mayor desarrollo, justicia social y oportunidades de realización", dijo Peña.
Macri por su parte destacó los desafíos comunes de México y Argentina en temas como los derechos humanos, el combate al narcotráfico y al crimen organizado, el cuidado al medio ambiente porque son, "batallas que nos vinculan".
En la visita de Estado que realiza el presidente Peña a este país, se destacó sobre todo la firma de un documento de entendimiento para actualizar el Acuerdo de Complementación Económica suscrito hace 29 años y que hace al menos diez, "quedó medio congelado", dijo Macri.
La idea, indicaron ambos mandatarios es multiplicar los convenios bilaterales y llegar eventualmente a un Acuerdo de Libre Comercio entre México y Argentina.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ROSA ELVIRA VARGAS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/29/pena-a-macri-todo-cambio-positivo-para-la-sociedad-trae-costos
Ciudad de México. El Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, se reunió esta mañana con familiares de las víctimas del enfrentamiento del pasado 19 de junio en Asunción de Nochixtlán, Oaxaca, con quienes dialogó sobre el cumplimiento de los compromisos establecidos con ellos mismos, sus representantes y abogados.
Reiteró que la administración federal no criminalizará a las víctimas.
En las instalaciones de Casa Xitla, donde reciben albergue y alimentación durante su estancia en la Cuidad de México, "el funcionario reconoció la disposición y confianza de los presentes para avanzar en la prestación de servicios médicos a los afectados, demanda fundamental de las familias para distender el conflicto", informó Gobernación.
Como resultado de los acuerdos alcanzados en la pasada reunión realizada en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en la capital de aquel estado, Campa Cifrián destacó el compromiso gubernamental de no criminalizar a los afectados que reciben atención y a dar puntual seguimiento a las investigaciones encaminadas a deslindar responsabilidades en los lamentables sucesos ocurridos el mes pasado.
Representantes de los familiares reiteraron la exigencia de justicia y castigo para los responsables del enfrentamiento, no sólo la prestación de atención médica a los afectados, y pidieron que no se minimice el caso en general.
En el encuentro estuvieron representantes de la Secretaría de Salud, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, así como de la Comisión Nacional de Mediación.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: FABIOLA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/29/no-se-criminalizara-a-victimas-de-nochixtlan-campa
El viernes 15 de julio, la Coordinación Nacional de la Brigada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Red de Enlaces Nacionales, familias de personas desaparecidas de distintos estados del país y organizaciones observadoras partieron rumbo a Veracruz para comenzar una segunda etapa de búsqueda. Durante su visita, hallaron restos humanos en un pozo en el municipio Paso del Macho. “La desaparición en México es una práctica generalizada, sistemática contra la población civil y contra nuestros familiares”, acusaron.
La Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, un grupo de voluntarios que hace el trabajo de las autoridades de Veracruz, halló restos humanos en un pozo en el municipio Paso del Macho durante su segunda visita al estado.
Sin embargo, en Amatlán no pudo trabajar por falta de garantías que aseguraran su integridad, informó en conferencia de prensa.
Los resultados preliminares del análisis de las 10 mil piezas encontradas en la Primera Brigada de Búsqueda en la zona de Amatlán, añadió, dan cuenta que incluyen restos humanos. En Amatlán y Paso del Macho, la Brigada logró tomar muestras de ADN a 30 personas para facilitar la búsqueda e identificación de sus familiares. La sistematización preliminar de los casos documentados indica que en Amatlán la mitad de las desapariciones reportadas ocurrieron en el último año, mientras en Paso del Macho el 63 por ciento fue entre 2013 a la fecha.
Amatlán había sido definida por la Brigada como “en infierno”. Sospecha que allí se esconde una tragedia de dimensiones inimaginables.
La Brigada se ha robustecido con organizaciones civiles y con ciudadanos desesperados por encontrar a sus desaparecidos. Nació con apenas un puñado de voluntarios que arriesgan su propio pellejo. En este tiempo, algunos de los organizadores han sufrido ataques de la policía de Duarte de Ochoa, cuerpo de “seguridad” que se ha visto involucrado en incontables casos de asesinatos y desapariciones forzadas.
“Muchas personas reportaron haber recibido amenazas y/o hostigamiento por parte de distintos funcionarios al intentar denunciar el crimen”, expuso la Brigada.
El viernes 15 de julio, la Coordinación Nacional de la Brigada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Red de Enlaces Nacionales, familias de personas desaparecidas de distintos estados del país y organizaciones observadoras partieron rumbo a Veracruz para comenzar una segunda etapa de búsqueda.
El estado de Veracruz, gobernado por Javier Duarte de Ochoa, vive una crisis de seguridad.
Organizaciones civiles afirman que la administración de Duarte de Ochoa ha estado ocultando datos sobre muertos, desaparecidos
Durante la conferencia de prensa del cierre de esta segunda intervención, la Brigada acusó “la crisis humanitaria” que sufre Veracruz en materia de desaparición, y la incapacidad y omisiones del Gobierno para hacer frente a la problemática.
De acuerdo con lo observado, bajo el contexto de “la corrupción institucionalizada que existe en la zona”, se permite la desaparición de hombres, mujeres, jóvenes y niños con impunidad y, en muchos casos, con la complicidad de autoridades; ya sea por la participación directa o por no cumplir con las obligaciones de garantizar el respeto a la integridad y a los derechos humanos básicos de la población, entre ellos el de acceso a la verdad y la justicia.
La segunda Brigada se conformó por familiares de desaparecidos de distintos lugares del estado de Veracruz y de otras entidades con altos índices de violencia y desaparición como Coahuila, Guerrero, Sinaloa y Morelos.
“La desaparición en México es una práctica generalizada, sistemática contra la población civil y contra nuestros familiares que evidencia que puede ser una práctica que toque a todas y todos en cada uno de los Estados en donde vivimos”.
Además contó con la participación de expertos en derechos humanos, periodistas e investigadores.
La Segunda Brigada, concluyó, logró sus objetivos de construir la paz a partir de la participación ciudadana, la reparación del tejido social, y el propio hallazgo que podría dar paz y tranquilidad a una familia si se logra una pronta y correcta identificación.
Además se creó un grupo local de familiares en búsqueda que dará seguimiento a los trabajos con lo cual se amplía y se consolida el gran movimiento de familiares de personas desaparecidas que buscan.
“A pesar de los obstáculos, juntos podemos encontrar a nuestros desaparecidos e ir construyendo una sociedad en que la desaparición y la desaparición forzada ya no sea una realidad cotidiana”, declaró.
Ante las amenazas y agresiones que se han agudizado -recientemente fue asesinado el brigadista José Jesús Jiménez en Poza Rica-, se pidió el respaldo de las Medidas Cautelares de Protección emitidas por el Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. Además contaron con un esquema de acompañamiento y monitoreo de autoridades federales y peritos.
PARTEN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
La segunda etapa de búsqueda se llevó a cabo del 15 al 28 de julio en los municipios de Paso del Macho y Amatlán de los Reyes, Veracruz.
Durante la rueda de prensa antes de que partieran, María Herrera, madre de dos hijos desaparecidos, aseguró que perdona a quienes hicieron eso a sus familiares, “pero al gobierno cruel, despiadado y corrupto ni perdón ni olvido […]. El Gobierno no tiene la voluntad de buscarlos, si no ayuda que no estorbe”.
Con el rostro de alguien que ha llorado por mucho tiempo, Herrera dijo que “no queremos que esto siga sucediendo; queremos encontrarlos, aunque sean restos. No quiero que mis nietos anden buscando a sus hijos”.
Ella lleva ocho años buscando. Afirmó que no se quedarán con su dolor ni indignación.
“Nuestros compañeros se han quedado en la raya, pero el amor por nuestros seres queridos es más fuerte que cualquier cosa. El amor es fortaleza”, señaló María.
La primera brigada, añadió Aracely Salcedo de Colectivo de familias desaparecidas de Orizaba, confirmó que existen numerosas fosas clandestinas, casos de desaparecidos no denunciados y casos cuyas investigaciones no muestran avance.
“Documentamos el miedo y la rabia, pero también la esperanza. Aún hay un latido que nos hace creer que la paz es posible”, expuso.
Ya en Veracruz, familiares de desaparecidos de todo el país manifestaron su malestar con las autoridades por no colaborar durante el primer rastreó que realizaron.
Alrededor de 50 personas provenientes de diversos estados del país fueron al municipio de Amatlán de los Reyes para encontrar osamentas en sitios clandestinos.
En el primer día de salir al terreno, el papel de la Policía Científica y de la Fiscalía Regional de Córdoba los molestó.
“Ya estamos hasta la madre de mentiras. No queremos otra cosa más que hagan lo que corresponde. Los que estamos haciendo la búsqueda somos los familiares de los desaparecidos, acompañados de gente y asociaciones civiles. Esto no va funcionar así, porque el Gobierno debe realizar su trabajo, pero a raíz de que no lo hacen, lo hacemos nosotros. Ellos nos piden ser coadyuvantes, pero no lo están haciendo de la mejor manera. No nos mandan gente para ayudar, sólo nos mandan gente por si nosotros encontramos algo, ellos lo levantan”, dijo Mario Vergara Hernández, representante del Comité Los otros desaparecidos de Iguala, quien se haya presente en Veracruz.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-07-2016/3073370
El Gobierno mexicano no investiga los casos de la desaparición de 300 personas a plena luz del día en Allende, Coahuila, o los hornos crematorios de la prisión de Piedras Negras, porque mantiene una estrategia de violencia en contubernio con el crimen organizado para someter a la población y despojarla de su territorio. El Estado también busca “ocultar” los crímenes de Estado e invisibilizarlos, dicen el Obispo Raúl Vera y el activista y poeta Javier Sicilia.
La masacre de Allende, los hornos crematorios en una prisión de Piedras Negras, los desaparecidos de Ayotzinapa, Veracruz, Morelos, Estado de México,Guerrero, el país incendiado e inmerso en la violencia y la impunidad, no es un Estado fallido, es una estrategia del Gobierno y del crimen organizado para someter a la población, dijo en entrevista con SinEmbargo el Obispo de Saltillo, Coahuila Raúl Vera López.
El Obispo que ayer dijo en una de sus homilías que desde hace años tuvo conocimiento de lo que sucedía en Piedras Negras con los crematorios que utilizó el crimen organizado para desaparecer los cuerpos de familias enteras y que ha denunciado la desaparición de 300 personas en Allende, Coahuila, aseguró que como sucedió en el pasado, también hoy la población está desprotegida ante una estrategia del Estado mexicano para despojarla de su territorio.
“La estrategia de la violencia del crimen organizado, unida a la del Ejército contra la población, es una estrategia política de control social y de territorio. Es para poner contra la pared a la población para hacer todas sus reformas estructurales”, dice el Obispo de Saltillo.
El Obispo de Saltillo agregó: “por supuesto que todo lo que está pasando en Coahuila, en Tamaulipas, con la violencia del Ejército y del crimen organizado, es por la riqueza natural. Los desplazamientos forzados y los controles disque del Estado fallido, ¡mentiras! ¡Es una estrategia del Gobierno para despojarnos!”.
Raúl Vera recordó que la desaparición de alrededor de 300 hombres, mujeres y niños en Allende en 2011, se hizo a la luz del día, en total impunidad y con la complicidad de las autoridades federales, estatales y municipales.
“Esta impunidad en la que han dejado el caso de Allende, la manera como se estuvo manejando, antes de que se que se hiciera público todo, el tema de la desaparición forzada de una cantidad de familias que a la luz del día fueron sacadas de sus casas por el crimen organizado, se llevaban las cosas, los electrodomésticos y le decían a la gente de los barrio ‘llévense lo que necesiten de esos muebles’. Así estábamos viviendo, se hacían en despoblado barbaries, no teníamos ni una protección de nadie y no han cambiado mucho las cosas”, dijo Vera López.
Vera agregó que en Coahuila son las familias de los desaparecidos en Allende y en otros puntos del estado quienes buscan todos los días justicia y buscan con desesperación a sus familiares, mientras que el Gobierno mexicano mantiene un “pacto de impunidad” entre los partidos políticos que data desde la gestión del ex Presidente Vicente Fox Quesada y que arropa a políticos como el ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés.
“En 2003 en tiempos de Fox tuvo un pacto político de impunidad con los partidos, por eso todas las cosas que tienen que ver con funcionarios no son tomados en cuenta, un ejemplo latente es el caso de Humberto Moreira. Por todos lados, los partidos políticos defienden a sus funcionarios, a sus estructuras “, dijo.
Ayer Vera López reveló que conocía de las desapariciones y lo que sucedía en el interior del penal de Piedras Negras, en Coahuila, porque los fieles y los sacerdotes se lo informaban. Pero era muy difícil ventilarlo porque estaban las familias y la Iglesia católica en el desamparo.
De acuerdo con el diario de Saltillo Vanguardia, al término de la celebración eucarística realizada en la capilla del Santo Cristo, el jerarca católico señaló que hace unos años la región estaba asolada por grupos de la delincuencia organizada.
“Para mí no ha sido ninguna sorpresa porque desde allá yo tenía mucha información sobre lo que estaba pasando y estábamos en el desamparo total en ese momento. A la luz del día desbarataron el caso, a la luz del día se llevaron a personas y todo sucedía a la luz del día. Yo lo supe porque como yo fui Obispo en esa parte, tengo relación con los fieles y los sacerdotes de esa diócesis, ellos me hablaban y me decían lo que estaba pasando ahí”, expuso el sacerdote.
Hace unos días el activista coahuilense Raymundo Mendoza sostuvo una hipótesis a SinEmbargo:que los Moreira dejaron crecer al narcotráfico en la entidad, como una estrategia para despojar a los pueblos rurales de sus tierras.
“Coahuila era muy tranquilo antes de la llegada de Humberto a la gubernatura. No pasaban grandes tragedias, pero después de que entra Moreira y de la guerra de Felipe Calderón, se desatan una serie de actos violentos y desaparición forzada como los 300 de Allende, que se supo años después. Entiendo que era una estrategia para ir desalojando comunidades enteras, sobre todo de las zonas rurales, son cuestiones que llegan a beneficiar a la Reforma Energética: desalojar tierras, mucha gente vendió sus tierras y muchas las compraron o la familia de Rubén o la de Humberto. Es una estrategia de largo plazo para apoderarse del negocio de los recursos energéticos”, expone.
EL ESTADO BUSCA ENTERRAR ALLENDE Y PIEDRAS NEGRAS
Para el poeta y líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) Javier Sicilia Zardain el que las autoridades mexicanas no investiguen el caso de Allende y el de la prisión de Piedras Negras en Coahuila, se debe a que buscan “enterrar” la responsabilidad del Estado en la violación de derechos humanos y en los crímenes atribuidos al crimen organizado, en complicidad con funcionarios públicos.
“Hay una impunidad dentro del Estado, una protección de aquellos que utilizan al Estado para servir al crimen organizado, por eso se permiten estos niveles de violencia. Y ahora quieren quitarnos la oportunidad de que el Estado tenga responsabilidad [al modificar la Ley de Víctimas], se trata de proteger al crimen”, dijo Javier Sicilia.
El líder del MPJD recordó que el Gobierno federal busca modificar la Ley de Atención a Víctimas para restarle responsabilidad al Estado en casos de las violaciones a los derechos humanos, como la desaparición forzada.
El poeta indicó que el Estado oculta los hornos crematorios de Piedras Negras, como trata de ocultar las fosas clandestinas de Morelos y de otros puntos del país: “el Estado no quiere responsabilizarse, no quiere asumir sus crímenes”, afirmó.
Sicilia Zardain explicó que la administración de priista Enrique Peña Nieto se busca “ocultar los crímenes de Estado”, como el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa “borró criminalizando a las víctimas” durante su sexenio, afirmando que los muertos de su guerra contra el narco eran criminales.
El caso de la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Iguala, Guerrero trascendió por las movilizaciones a nivel nacional que mantuvieron viva la exigencia de justicia. A la presión internacional, que al final terminó por ser menospreciada en el caso de los expertos del Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicó.
“Por desgracia aparte de la denuncia moral de Piedras Negras, no hubo esa gran movilización. Este Estado parece que no entiende. No queda de otra que refundar la Nación, sacarlos a todos, pero no podemos hacer esa coalición que permita la refundación. Todo está disperso: Piedras Negras por allá, Allende, Ayotzinapa, las agendas dispersas y eso fortalece a la estrategia de Gobierno federal. Es lamentable porque si seguimos así, la descomposición será peor”, alertó.
Javier Sicilia expuso la necesidad de unir a las organizaciones y líderes morales del país, alrededor de una causa que tenga como común denominador una agenda basada en la justicia y la paz.
“El Estado está desfondado porque los gobiernos han decidido proteger a los criminales que usan al Estado, a los partidos para servir a los intereses del dinero, de donde venga: del crimen organizado o de los grandes consorcios que de alguna forma en su legalidad alimentan al crimen organizado, porque destruyen el tejido social. Grandes consocios como los mineros que encuentran territorios libres, para seguir sirviendo a los corruptos como Moreira, [Javier] Duarte o Graco Ramírez”, finalizó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-07-2016/3073113
