Ciudad de México. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el gobierno de Puebla concretaron un tercer convenio modificatorio al de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio de 500 millones de pesos para continuar con la construcción del Viaducto Elevado en esa entidad, obra a cargo de OHL Concesiones. El proyecto carretero que contempla el acuerdo tiene por objetivo concluir la construcción del Viaducto Elevado de la Autopista Federal México-Puebla en sus diversas fases. La determinación, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, destaca que el estado de Puebla solicitó a la SCT autorizar y liberar recursos federales para la conclusión en diversas etapas de un proyecto carretero iniciado en 2014 y 2015, por un monto de hasta 500 millones de pesos de subsidio para concluir la etapa prevista en el ejercicio 2016.
Profesores adscritos al magisterio educativo bloquean los accesos al Auditorio Guelaguetza en la ciudad de Oaxaca como parte de las protestas en contra de la Reforma Educativa. Asimismo atravesaron dos camiones en la carretera federal Oaxaca-México y se concentraron en algunos puntos de la capital oaxaqueña. Hasta el momento no se reportan incidentes.
Maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquean esta mañana los accesos al Auditorio Guelaguetza ubicado en el Cerro del Fortín, en la capital de Oaxaca. Los profesores disidentes se concentraron desde el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca, cerraron la calle Sabino Crespo con un camión atravesado, y bloquearon la carretera federal 190, a la altura del Monumento a la Madre, con dos camiones de transporte público. Asimismo, los docentes se concentran en las inmediaciones del hotel Fortín Plaza, lugar al que elementos de la Policía estatal arribaron para establecer un perímetro de seguridad como parte de la estrategia para tratar de evitar que los profesores lleguen hasta el Auditorio Guelaguetza. Desde el día de ayer, debido a las amenazas del magisterio de boicotear el evento, las autoridades pidieron a la ciudadanía y a los turistas asistir temprano a la Guelaguetza. Inclusive se reporta que elementos de la policía transportan a algunos de los asistentes en sus patrullas. Las intenciones de los manifestantes es hacer escuchar su vos como parte de las movilizaciones anunciadas en contra de la Reforma Educativa.
Se prevé que la primera presentación de la Guelaguetza sea realizada a partir de las 10:00 horas del día de hoy. El pasado 25 de julio, dio inicio el tradicional festival de la Guelaguetza en el Auditorio del Cerro del Fortín, que presenta el folclore de los diferentes pueblos de Oaxaca. Desde entonces, los maestros que se mantenían en huelga contra la Reforma Educativa de 2013 manifestaron que estaban considerando una toma del auditorio. Sin embargo, el primero de los llamados “lunes del Cerro” se desarrolló con normalidad. El Gobernador del estado, Gabino Cué, dijo a la prensa local a su llegada al evento que se acordó una “actitud responsable de las maestras y maestros que habían hecho referencia a un riesgo de boicot”. Empero, ese día los policías impidieron una protesta por parte de algunos comerciantes en contra el Gobernador. Los comerciantes no sólo se quejaban del gobierno sino también de los maestros. Según algunos comerciantes citados por el medio Hoja Pública, las afectaciones a los negocios va en aumento a causa de las manifestaciones que la sección 22 de la CNTE mantiene en las carreteras desde hace más de 70 días.
CNTE BLOQUEA AEROPUERTO EN CHIAPAS
En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el día de hoy los docentes adscritos a la Coordinadora bloquean los accesos al Aeropuerto Ángel Albino Corzo como parte de las protestas contra la Reforma Educativa y para ejercer presión al Gobierno federal que se encuentra en negociaciones con los disidentes. Los profesores de las secciones 7 y 40 del Sindicato nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se concentraron a unos cuantos kilómetros del aeropuerto y sobre la carretera, lugar en donde atravesaron camiones de transporte público para evitar el paso. Según los docentes, el bloqueo permanecerá durante 10 horas. Por ello, al menos 400 elementos de Seguridad Pública resguardan las instalaciones. Por el momento no se reportan incidentes entre docentes y policías aunque sí se informa acerca de un plantón establecido por maestros en las zonas aledañas al centro de la ciudad capital del estado de Chiapas. Los profesores se mantienen en paro laboral desde el pasado 15 de mayo y desde entonces han efectuado movilizaciones, bloqueos carreteros y tomas de edificios públicos y privados, en diferentes puntos de Tuxtla Gutiérrez.
Este es el segundo bloqueo a dicho aeropuerto, ya que el pasado 25 de julio los maestros disidentes bloquearon durante casi ocho horas el acceso carretero del Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez.
Ciudad de México. Petróleos Mexicanos necesitará financiamiento externo para inversión de capital, debido a que durante 2017 no habrá una recuperación suficientemente fuerte del precio internacional del crudo, previó la calificadora Moody's. Señaló que el año próximo se mantendrán presionados los precios del petróleo y gas, a lo que se sumará una reducción de 5 por ciento en la producción de Pemex.
Los precios del petróleo y gas previstos para 2017 no serán tan fuertes para apoyar las finanzas e inversiones de la petrolera, por lo que Pemex "dependerá de financiamiento externo cuando menos para inversiones de capital", señaló Moody's. FUENTE: LA JORNADA. AUTOR: MIRIAM POSADA. LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/01/pemex-requerira-financiamiento-externo-moodys
El caso “es posible resolverlo”, sostiene la defensora. Pero “este tema ligado con drogas, con prostitución, no está probado, no hay nada en el expediente que lo sostenga”.
Para Karla Micheel Salas Ramírez, abogada de Nadia Vera, Mile Virginia y Yesenia Quiroz -tres de las cinco víctimas de los hechos ocurridos el 31 de julio de 2015, en un departamento de la colonia Narvarte-, la Procuraduría de Justicia capitalina “ha obstaculizado cualquier tipo de avance” a un año de los asesinatos. “Si bien es cierto hay 3 personas procesadas actualmente, la averiguación previa se mantiene abierta, desafortunadamente la autoridad no está actuando en esa investigación abierta”. Y es que hay líneas de investigación que “no se han abordado, que están relacionadas con el trabajo periodístico de Rubén o con el activismo de Nadia, que apuntan con mucha claridad hacia el estado de Veracruz, ya sea por agentes del estado o agentes no estatales”. En ese sentido, sostiene que “una de las líneas más importantes en la investigación tenía que ser Veracruz, no necesariamente pensando en el gobierno sino en agentes no estatales que pueden estar actuando por órdenes, pon mandato de algunas autoridades”. En entrevista para Aristegui Noticias, detalla el contexto de asedio que vivieron Nadia y Rubén cuando vivían en Veracruz, por lo que decidieron mudarse a la Ciudad de México. La primera, desde finales de 2014, y él, desde junio 2015, semanas antes de que fuera asesinado. ¿Y las drogas?.. 2 pastillas y un cigarro de mariguana “Esa línea donde confluyen el activismo y el trabajo periodístico de Rubén van directamente hacia Veracruz y lamentablemente en esa línea que nos parece muy importante, el gobierno de la Ciudad, específicamente la Procuraduría, no ha querido profundizar, a pesar de que lo hemos solicitado e incluso hemos interpuesto recursos legales… para obligar a la procuraduría a que agote estas líneas de investigación, a que realice una serie de diligencias, porque está centrado desde el inicio en una hipótesis relacionada básicamente con una de las víctimas que es Mile Virginia, la mujer de origen colombiano, y en eso digamos ha tratado de centrar todo el crimen, todo el entorno del crimen”, expone Karla Micheel. Esa hipótesis consiste en que se trató en una especie de venganza por droga que no habría entregado o pagado Mile Virginia. Hasta ahora, según la defensora, sólo se encontró una bolsa con dos pastillas, así como un cigarro de mariguana, pero no hay claridad sobre a quién pertenecen. Además, “el cargamento o la droga que mencionaron que Mile tenía, le solicitamos a la Procuraduría que requiriera las cámaras del aeropuerto y que las revisara si ella había acudido días antes por droga… seguramente ahí se iba a encontrar o ubicar a Mile, no con un paquete que dijera ‘droga’ pero sí con un bulto, ¿no? La Procuraduría solicitó 400 horas del aeropuerto y en todas esas horas no se logró identificar a Mile. Lo que en estos momentos tiene la Procuraduría para sostener esa hipótesis de la droga es un testimonio de sujetos que han cambiado por lo menos en tres ocasiones la versión de lo que ocurrió”. Salas Ramírez precisa que, según la declaración de uno de los inculpados, la maleta con la que sale del departamento uno de los detenidos contenía pertenencias personales. Mientras que de la cajuela del Mustang que se llevaron por unas horas, fue sacada una bocina. La abogada considera que las pruebas que tiene la Procuraduría “probablemente alcancen para que los sujeten a proceso (a los detenidos)”, incluso para que les dicten un auto de formal prisión, “pero sería muy complicado que esas mismas pruebas lograran sostener una sentencia”. Las amenazas “Desde el inicio informamos a la Procuraduría de actos de amenazas que había sufrido Nadia concretamente durante el tiempo que estuvo en Veracruz, específicamente cuando ella era activista en el estado de Veracruz, tuvo seguimiento por parte de policías, en una ocasión la subieron a una patrulla, la amedrentaron; en algún momento también entraron a su departamento y prácticamente le dejan un mensaje amenazante. Esos elementos más otros… hay fotografías que logramos obtener donde se ve cómo hay personas vestidas de civil golpeando a la misma Nadia, fotografías tomadas por Rubén Espinosa, y que precisamente nosotros le solicitamos concretamente a la Procuraduría que a su vez interrogara al secretario de Seguridad Pública de Veracruz, especialmente además del gobernador, para cuestionarle cómo es que el gobierno está operando a través de personas vestidas de civil, si son personas o no que pertenecen a la policía y cuáles son las labores que realizan”, indica Karla Micheel. La abogada explica que en su casa en Veracruz, ingresaron al baño de Nadia y tomaron una ducha, lo cual fue tomado como un mensaje de que sabían dónde vivía. El ingreso a su departamento y el seguimiento que hacían policías a través de las patrullas o personas vestidas de civil, son considerados por la abogada y su familia como amenazas contra la activista. “Todo esto fue en un periodo concreto, desde 2013 a finales de 2014, cuando decide irse a vivir a la Ciudad de México”, refiere. “El seguimiento que hacían cuando ella iba de la universidad a su casa o al trabajo, ella observaba que había personas vestidas de civil siguiéndola… durante las elecciones el gobierno de Veracruz emitió un documento donde estaban los principales grupos que representaban una especie de amenaza a las elecciones. Entre los señalados estaba el colectivo al que pertenece Nadia”, abunda. “A un año, la conclusión que tenemos quienes hemos acompañado el caso, es que es un asunto de algún tipo de interés, concretamente del procurador general de Justicia, Rodolfo Ríos. Nos queda claro que en este momento no es desconocimiento, no es ignorancia, sí noto una intencionalidad política, el estar de manera insistente desviando la investigación, el estar queriendo tratarlo como si fuera una vendetta por una cuestión de drogas o por un pago de 6 mil pesos que hasta ahora es lo que consta en el expediente”, sostiene. El expediente lo resume en lo que encontraron en el lugar de los hechos, así como los testimonios de Daniel Pacheco y Abraham, es todo. Pero ambos cambiaron de testimonio y Omar dijo que no estuvo, aunque está detenido por las declaraciones de los otros y por el teléfono celular que aparece geolocalizado, no obstante que según él se lo prestó a Daniel Pacheco. En otro asunto, “Abraham dice que Omar pertenecía a los Zetas pero tampoco ha sido investigada esta declaración porque la procuraduría dice ‘es que son inculpados y van a decir cualquier cosa’. ¿Por qué entonces que pertenecían a los Zetas no les crees y por qué sí les crees que fueron al departamento o por qué si les crees que tuvieron relaciones sexuales con las víctimas cuando consta pericialmente que no ocurrió tal cosa?”. Mile Virginia El otro elemento tiene que ver con el entorno de Mile, “la víctima que han envilecido” según la abogada. “No hay ningún elemento que acredite su entorno, una de las diligencias básicas que tenían que haber analizado”, lamenta. Ella “tenía 3 años viviendo en la Ciudad de México, estaba contratada para una empresa de modelaje… no han entrevistado a ninguna persona del entorno de Mile, no han investigado a la empresa. Mile estaba legalmente en México, cuando aportas documentos a Migración, Migración hace una investigación, el sistema hace una investigación sobre la persona que está pidiendo permiso. La Procuraduría no se ha tomado la molestia de verificar la estancia de Mile ni la empresa con la que terminó contratado, nada de eso consta en el expediente”. La abogada insiste en que “no hubo violación sexual, hubo violencia sexual por la forma como fueron encontrados los cuerpos, que estaban semidesnudas, atadas, Mile tenía un objeto entre los glúteos, pero no hubo penetración”. Critica el “proceso revictimizante” que han vividos las familias de las víctimas, con “todas las filtraciones que tuvieron una intencionalidad de ir construyendo una narrativa, de ir criminalizando a las víctimas”. “Este tema ligado con drogas, con prostitución, no está probado, no hay nada en el expediente que sostenga lo que la Procuraduría ha estado señalando en algunos medios de comunicación no directamente sino a través de las filtraciones”, expone. La abogada lamenta que la Procuraduría no tuvo el cuidado de conservar el cuerpo de la colombiana, por lo que “cuando llegó a Colombia llegó en un estado de descomposición avanzada. La familia ni siquiera pudo despedirse, ni tener el féretro abierto conforme a sus costumbres. Tres semanas tardó en llegar el cuerpo”. Derecho a la verdad Hasta ahora “hay un proceso contra 3 personas pero no hay derecho a la verdad que tienen las familias y por supuesto la sociedad”. Por ello, “hemos interpuesto 2 amparos relacionados con el derecho a la verdad para obligar a la Procuraduría no sólo que no cierre la investigación sino que actúe, porque de nada sirve que mantenga abierta una investigación si en los hechos prácticamente sigue sin investigar la línea Veracruz, sin agotar otras líneas que pudiesen estar relacionadas con los hechos”. “Rodolfo Ríos se puede ir mañana, en un año, cuando termine la administración de Mancera, pero vamos a seguir ahí (como abogados). “Creemos que este caso es posible resolverlo, a pesar de que ha pasado un año, y para eso se requiere voluntad, que dicho sea de paso ya manifestó el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera en mayo pasado, se comprometió a resolver el caso, a agotar todas líneas de investigación”. Y apunta: “De mayo a julio, quien ha obstaculizado que se concrete ese compromiso de Mancera ha sido el procurador”. “¿A qué intereses está respondiendo el procurador?”, se pregunta. Karla Micheel Salas Ramírez concluye que el crimen de la Narvarte “resulta emblemático no sólo por el número de víctimas, sino por la calidad de las víctimas, que refleja la vulnerabilidad de las mujeres, de periodistas, de defensoras de derechos humanos que veíamos como un lugar seguro la Ciudad de México, y que evidentemente nos viene a decir que no, no es un lugar seguro, que aquí pueden venir a operar criminales con la mayor impunidad”. Versión de la procuraduría capitalina La procuraduría capitalina envió una carta con “precisiones sobre el caso Narvarte”, la cual fue publicada por El Universal. El texto firmado por la directora general de Comunicación Social de la dependencia, María Elena Cárdenas Rodríguez, asegura que “el caso no está empantanado, tan no lo es (sic) que hay tres personas consignadas”.
XALAPA, Ver: El gobernador saliente de Veracruz, el priista, Javier Duarte de Ochoa, presentó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia penal en contra de su sucesor, el expriista Miguel Ángel Yunes Linares por el presunto delito de “enriquecimiento ilícito”. El mandatario veracruzano presentó como pruebas un listado de 16 propiedades que están a nombre de Yunes Linares, con un valor catastral inicial, según dijo, de 50 millones de pesos. En la denuncia de hechos, Duarte de Ochoa también solicitó a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos que investigue diversas inmobiliarias y una gasolinera propiedad de Yunes Linares, pues atajó que es inadmisible que el gobernador electo tenga tantas propiedades y negocios, pues su salario de servidor público no le permitiría tener tantos activos. “El único negocio que Yunes Linares tuvo antes de ser servidor público, era un local en el mercado de Soledad de Doblado –ciudad natal del gobernador electo- en donde vendía escobas”. En entrevista con la prensa, tras varios meses de abstenerse a hablar con los medios, Duarte enfocó sus baterías en contra de su eventual sucesor: “el señor Miguel Ángel Yunes es un ratero…es un delincuente, que se la pasa haciendo acusaciones sin sustentos; es como el tlacuache, que se hace el muerto, para que no lo maten”, expresó el mandatario priista. Aunque Javier Duarte no quiso entregar copia del listado de dichas propiedades a la prensa, el priista aseguró que hacen un global de 50 mil metros cuadrados, en distintos municipios de Veracruz, en los mejores lugares, en los más costosos de la entidad, dijo Duarte. “Son escrituras a nombre de él, de su familia, de empresas que están a nombre de él, un patrimonio desmedido, tenemos conocimiento de otras propiedades en distintos puntos del país y del extranjero que próximamente daré a conocer”. A la Fiscalía General del Estado, Duarte de Ochoa fue acompañado de diputados federales, locales, de la mayoría de sus secretarios del gabinete legal y ampliado y de algunos presidentes municipales afines a su gobierno. Uno de ellos, el legislador federal Jorge Carvallo soltó: “Le recomendaríamos al gobernador electo Yunes Linares que ponga sus garras a remojar… porque el que hierro mata, a hierro muere”. El gobernador saliente negó que el proceso de expulsión que le ha iniciado su propio partido, el PRI, le afecte en materia de gobernabilidad, incluso señaló que su presunta salida antes que concluya su sexenio solo son “rumores”, pues atajó que aún le quedan 120 días como mandatario constitucional de Veracruz. Aceptó que varios de exservidores públicos como Gabriel de Antes, Carlos Aguirre, Salvador Manzur y Tomas Ruiz González, exdirector nacional del partido Nueva Alianza, acudieron ante la justicia federal a tramitar un amparo para evitar ser detenidos por cualquier autoridad ministerial local o federal: “están en todo su derecho”. En ese rubro, reparó que el solo mete “las manos al fuego” por él, por su familia y por amigos que le han demostrado el respaldo. Al otro extremo de la ciudad, el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, presentó su Comité Rector del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, ahí fustigó que hoy Veracruz “padece serias calamidades” por culpa de Javier Duarte, quien “violó sistemáticamente” la división de poderes y la autonomía de los municipios. “Veracruz ha tocado fondo porque la sociedad fue abandonada por un caciquismo político que no le importó la violación a los derechos humanos… es urgente y necesario restaurar la libertad y el progreso de esta entidad”, expuso. En el 2016, la rivalidad personal entre Yunes Linares y Javier Duarte ha hecho que intercambien sendas denuncias por peculado, enriquecimiento ilícito, empresas fantasmas y de prestanombres, así como de propiedades obtenidas con recursos mal habidos.
Es la primera vez que Duarte presenta a título personal denuncia contra Yunes Linares, en otras ocasiones se ha valido de sus diputados federales y locales afines. Por su parte, Yunes Linares ha demando al gobernador Duarte y a sus cercanos colaboradores en cuatro ocasiones. FUENTE: PROCESO. AUTOR: NOÉ ZAVALETA. LINK: http://www.proceso.com.mx/449389/duarte-denuncia-a-yunes-linares-enriquecimiento-ilicito-ratero-dice
“Transparencia” es lo que pidieron funcionarios del Coneval cuando, la semana pasada, se confrontaron con los del Inegi por la medición de la pobreza. Sobre ese mal, padecido por más de 53 millones de mexicanos, la última década da cuenta de varios datos cerrados, como puede verse en los archivos del INAI y la plataforma Wikileaks. Algunos ejemplos: en 2009, el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa decidió no publicar las cifras de pobreza hasta que finalizaran las elecciones legislativas; dos años después, clasificó como “confidencial” una lista de denuncias de servidores públicos que se beneficiaron del programa Oportunidades, y en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, en 2013, el Coneval declaró que en sus archivos era “inexistente” el número de personas en crisis alimentaria por municipio atendido por la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Hoy, millones de mexicanos pasarán hambre. En la búsqueda de alimentos para amainarla, no tendrán a dónde acudir. Alejados de las ciudades, con las tierras secas, sin ingreso, tendrán que encararla. Otros, apenas alimentados, padecerán otras carencias como acceso a la salud o la educación. Para algunos más las horas pasarán sin casa donde refugiarse. La diferencia entre el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) por el cambio a la metodología del Módulo de Condiciones Socioeconómicas en 2015 puso en la palestra que sobre la pobreza debe permear la Transparencia. Pero en la última década, ese mal se ha convertido en un expediente con varios datos cerrados ante los ciudadanos. Una revisión en los archivos del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales (INAI) y la plataforma Wikileaks arroja que tanto en el Gobierno de Felipe Calderón como en el de Enrique Peña Nieto se tomaron decisiones para clasificar o postergar la publicación de la información relacionada con los pobres de México. #DATOSCERRADOS CON FELIPE CALDERÓN En 2011, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), recibió 43 mil 644 denuncias sobre personas que se habrían beneficiado de los apoyos del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Una parte de esas denuncias fue porque algunas familias no necesitaban las becas. Otra, fue porque algunas personas inscritas en el padrón eran funcionarios públicos. La dependencia, en ese momento a cargo de Heriberto Félix Guerra y poco antes bajo la titularidad de Ernesto Cordero Arroyo, clasificó esa información como “confidencial”; es decir, le puso un candado permanente que impide conocerla ahora y también en el futuro. En otras palabras: jamás se conocerá la lista de los nombres de los servidores públicos que presuntamente usaron a su favor el programa diseñado para abatir la pobreza, a menos que el Gobierno federal decida desclasificarla. No fue el único acto de ocultamiento de datos. Tres años antes, en 2009, el entonces Presidente Calderón Hinojosa y los partidos políticos de oposición acordaron no divulgar las cifras sobre el crecimiento de la pobreza hasta que pasaran las elecciones legislativas de ese año, en las que el Partido Revolucionario Institucional consiguió la mayoría en el Congreso de la Unión, de acuerdo con un reporte de la Embajada de Estados Unidos en México.
En el cable identificado con la serie 09MEXICO2205 y fechado el 5 de julio de 2009, que aún cuelga de la plataforma de Wikileaks (https://wikileaks.org/plusd/cables/09MEXICO2205_a.html), se lee: “La divulgación de esta información políticamente sensible fue hecha con retraso, por un acuerdo entre el Gobierno y los partidos de oposición, hasta después de las elecciones legislativas del 5 de julio de 2009”. Y en efecto, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) dio a conocer las cifras de la pobreza dos semanas después de los comicios. #DATOSCERRADOS CON ENRIQUE PEÑA NIETO Una de las primeras acciones del Presidente Enrique Peña Nieto fue el lanzamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el 21 de enero de 2013, en Las Margaritas, Chiapas. El programa estaba dirigido a 7.4 millones de mexicanos en pobreza extrema y arrancó en 400 municipios elegidos con criterios basados en la información del Coneval. En febrero de 2015, un peticionario de información le pidió al organismo el número de personas en pobreza alimentaria extrema por cada municipio, el número de personas en pobreza, la población potencial para cada programa por municipio y la población atendida en 2013. El órgano encargado de la evaluación de los programas sociales respondió que esa información era “inexistente” en sus archivos.
En su respuesta, se lee: “Con el fin de incrementar la probabilidad de encontrar a la población objetivo de la Cruzada, el levantamiento se realizó en manzanas y localidades de estratos socioeconómicos muy bajo y bajo (definidos por el INEGI) al interior de las Zonas de Atención Prioritaria en los 400 municipios, tal como se señala en el IEPDS 2014 (página 132). Por ello no es posible hacer cálculos especificando por municipio el número de personas en pobreza alimentaria extrema, el número de personas en pobreza, la población potencial para cada programa por municipio y la población atendida en 2013”. La pobreza y miseria volvieron a danzar como tema político. El pasado 15 de julio, el INEGI publicó el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2015 e informó que sus resultados no eran comparables con ejercicios anteriores porque se había modificado el trabajo de campo al preguntar sobre el ingreso de los hogares más pobres. A su vez, el CONEVAL cuestionó la decisión unilateral de INEGI, por no haber sido informado de los cambios y criticó el impacto en las mediciones históricas de pobreza. El Coneval pidió Transparencia. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: LINALOE R. FLORES. LINK: http://www.sinembargo.mx/01-08-2016/3073007
Analistas en economía del sector privado encuestados por el Banco de México disminuyeron en julio su estimado de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2016 a 2.30 por ciento, desde un previo de 2.40 por ciento. Analistas del Banco de México (Banxico) disminuyeron, por quinta vez, su estimado de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2016 y 2017. De acuerdo con la encuesta mensual, el pronóstico para este año se redujo a 2.28 por ciento, desde un previo de 2.36 por ciento. En tanto para 2017 la expectativa también fue recortada y pasó de 2.71 a 2.62 por ciento. Las previsiones para la inflación del año pasaron a 3.19 por ciento desde un previo de 3.10 por ciento. Para la inflación subyacente, aquella que elimina las variaciones de precios volátiles como agropecuarios y energéticos, la estimación quedó sin cambios, en 3.20 por ciento. La tasa de interés del Banco de México, que se ha elevado en 100 puntos base en lo que va de 2016 a 4.25 por ciento, terminaría en 4.61 por ciento, de acuerdo con los encuestados. La encuesta que realiza el Banxico entre analistas del sector privado y que se publicó este lunes, arrojó que los niveles esperados del tipo de cambio para los cierres de 2016 y 2017 se revisaron al alza en relación a la encuesta precedente (del mes de junio). Para 2016, los analistas prevén que el dólar cierre en 18.43 pesos, desde un previo de 18.31, mientras que para 2017, estiman que el billete verde cierre en 18.17, desde un previo de 17.95. Respecto al entorno económico y factores que podrían obstaculizar el crecimiento de México, los especialistas consideran que los principales causas son, en orden de importancia: la debilidad del mercado externo y la economía mundial (25 por ciento de las respuestas); la inestabilidad financiera internacional (17 por ciento de las respuestas); la plataforma de producción petrolera (10 por ciento de las respuestas); y el precio de exportación del petróleo (8 por ciento de las respuestas). La distribución de respuestas sobre el clima de negocios en los próximos 6 meses es similar a la del mes anterior, de modo que la fracción de analistas que opina que el clima de negocios permanecerá igual continuó siendo la preponderante, pero el porcentaje que cree que la economía no está mejor que hace un año aumentó en relación a junio y es el predominante, de igual forma que el mes previo. La fracción de especialistas que considera que es un mal momento para invertir aumentó con respecto a la encuesta anterior, al tiempo que la proporción de analistas que no están seguros sobre la coyuntura actual disminuyó, pero continuó siendo la preponderante.
En el tema del mercado laboral, las variaciones previstas por los analistas en cuanto al número de trabajadores formales se mantuvieron en niveles similares a los reportados en junio. Las expectativas se mantuvieron en 650 mil unidades al cierre de 2016 y aumentaron ligeramente a 689 mil unidades para el cierre de 2017. El pasado 29 de julio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el PIB de México disminuyó 0.3 por ciento durante el segundo trimestre de 2016 respecto al trimestre anterior. Por componentes, las Actividades Primarias cayeron 0.1 por ciento y las secundarias bajaron 1.7 por ciento, mientras que las Terciarias permanecieron sin variación, en relación al trimestre previo. En su comparación anual, la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto registró un alza de 1.4 por ciento en el trimestre abril-junio de 2016 respecto a igual trimestre de 2015. Por actividades económicas, el PIB de las Actividades Primarias avanzó 4.3 por ciento y el de las Terciarias lo hizo en 2.4 por ciento. Por su parte, las Secundarias disminuyeron 0.5 por ciento. Ese mismo día, el consenso de analistas económicos consultados por Bloomberg estimó que el crecimiento de la economía mexicana se habría desacelerado en el segundo trimestre a 2.4 por ciento, desde el 2.6 por ciento observado en el primer cuarto. Además, la encuesta arrojó que el mercado espera una contracción trimestral de 0.1 por ciento, en comparación con el 0.8 por ciento observado en los tres primeros meses del año y esta sería la primera caída desde que el Producto Interno Bruto se contrajo uno por ciento en el segundo cuarto del año 2013. Los expertos atribuyeron un menor dinamismo económico al bajo crecimiento que ha reportado la actividad industrial y a la moderación en el sector servicios, que ha sido el principal motor de la producción. La calificadora HR Ratings aseguró la semana pasada que la desaceleración de la economía mexicana puede atribuirse principalmente al sector industrial, ya que este subíndice muestra una contracción trimestral anualizada a mayo de 2.47 por ciento, lo que contrasta con el avance de 1.56 por ciento en el primer trimestre del año. Adicionalmente, señalan que se observa una desaceleración en el sector servicios con un crecimiento de únicamente 0.78 por ciento, contra su expansión de 3.77 por ciento en el primer trimestre.
“La desaceleración en el sector servicios (especialmente en el consumo) es importante, ya que éste ha sido el sector que ha impulsado a la economía durante el año”, indicaron los especialistas de HR Ratings. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/01-08-2016/3074422
Es un proyecto sustentado en: un diseño de ingeniería, un esquema de contrataciones vinculado a la transparencia y una estrategia financiera diseñadas a ser autofinanciable.
El Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), uno de los proyectos emblemáticos del gobierno federal y pieza clave para convertir a México en una plataforma logística global, detona una estrategia financiera para hacer un proyecto autofinanciable. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que en la presente administración, la conectividad aérea del país creció considerablemente, pues se abrieron más de 260 rutas nacionales y 190 internacionales. Asimismo, la próxima entrada en vigor de un acuerdo bilateral de servicios aéreos con Estados Unidos afianzará el crecimiento futuro de la industria aeronáutica en México, expuso en el Informe Semanal de su Vocería. El nuevo aeropuerto, apuntó, es un proyecto sustentado en tres pilares: un diseño de ingeniería de la clase mundial, que permitirá tener una terminal sustentable y de vanguardia, y un esquema de contrataciones vinculado a la secuencia constructiva y a la transparencia. También una estrategia financiera diseñadas por la Secretaría de Hacienda para hacer un proyecto autofinanciables que otorgue certidumbre a la obra y disminuya el impacto en las finanzas públicas. En este contexto, informó que Nacional Financiera (Nafin), la banca comercial y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) firmaron un convenio el pasado 27 de julio que prevé dar acceso a proveedores y contratistas a un mecanismo financiero que incentive una mayor participación de empresas nacionales. El acuerdo establece dos productos: uno para grandes proveedores mediante el cual Nafin apoyará para cubrir hasta 70 por ciento de la garantía para obtener una línea de crédito de la banca comercial –con tasas de 10 y 11 por ciento y un plazo máximo de 42 meses– para capital de trabajo hasta por 50 por ciento del contrato que tiene formalizado con el GACM.
El otro producto es para pequeñas y medianas empresas a través del esquema “Cadenas productivas”, el cual ofrece agilidad, seguridad y transparencia para el cobro de facturas desde el banco comercial de su preferencia, que permite a los subproveedores tener disposición inmediata de recursos y requisitos mínimos de contratación sin costo. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://aristeguinoticias.com/0108/mexico/nuevo-aeropuerto-de-la-cdmx-detonara-estrategia-autofinanciable-shcp/
Ciudad de México. El Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó la disposición técnica en la que establece las especificaciones y requisitos que deberán cumplir los equipos para bloquear señales de telefonía celular en reclusorios. Estos equipos sólo podrán usarse en el perímetro de los centros de readaptación, a fin de evitar interferencias con otros servicios de telecomunicaciones. Estos equipos podrán ser usados a partir de octubre después de haber sido certificados en laboratorios especializados. Los centros de readaptación social, reclusorios, centros de internamiento para menores o cualquiera que sea la denominación para este tipo de instituciones que ya tengan equipos de bloqueo, tendrán dos años para adaptarlos a la nueva disposición técnica.
El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, aseguró que el Alcalde de Álvaro Obregón, policías municipales y un policía ministerial fueron quienes, presuntamente, asesinaron a un grupo de personas el pasado sábado en Cuitzeo. De acuerdo con las indagatorias, el Edil petista habría ordenado el crimen. El mandatario estatal dijo que el Alcalde estuvo a punto de ser candidato del PRD, pero que debido a información que lo ligaba con el crimen organizado se le retiró la candidatura.
Un Alcalde del Partido del Trabajo (PT), policías municipales y un policía ministerial fueron quienes, presuntamente, asesinaron a un grupo de personas el sábado pasado en Cuitzeo, dijo este día Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de esa entidad. Juan Carlos Arreygue Nuñez, Alcalde que se encuentra en calidad de indiciado, gobierna el municipio de Álvaro Obregón y de acuerdo con las indagatorias fue quien ordenó el crimen.
“El sábado pasado aparecieron unos cuerpos calcinados al interior de un vehículo. La primera hipótesis fue que por ser una zona de ordeña de combustible hubo una explosión, pero al profundizar nos dimos cuenta que policías del municipio de Álvaro Obregón partiparon en la detención de un grupo de personas”, dijo Aureoles Conejo al concluir la instalación del Consejo Consultivo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde partipan los gobernadores de la fuerza política y dirigentes.
Silvano Aureoles agregó que hay “indicios” de que el Alcalde del PT participó en el crimen y que es cuestión de horas para que el Juez proceda en contra de los problables responsables. El Gobernador añadió, sin dar el nombre del Alcalde, que el indiciado estuvo a punto de ser candidato del PRD a la Alcaldía de Álvaro Obregón, pero que debido a información que lo ligaba con el crimen organizado se le retiró la candidatura. “Cuando se presentó como candidato se solicitó información al Cisen y a la PGR y nos dijeron que había indicios de vínculos con la deliciencia organizada, el PRD le retiró la candidatura y el PT se la dio”, dijo. En la instalación del Consejo Consultivo, que tiene como objetivo recomponer al Sol Azteca, participan los gobernadores de Morelos, Tabasco, Michoacán y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera.
El Gobernador de Michoacán agregó que no se tiene conocimiento de más alcaldes infiltrados por el crimen organizado en la entidad. El sábado pasado, en Michoacán fueron encontrados los cuerpos calcinados de diez personas en el municipio de Cuitzeo. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) del estado informó que nueve de las víctimas fueron localizadas en el interior de una camioneta Toyota tipo Tacoma incendiada, y otra más a tres metros del vehículo, el cual estaba abandonado sobre una parcela de la comunidad de San Juan Tararameo, en dicho municipio. Se pudo conocer que los vecinos de la zona fueron los que hallaron el vehículo sin placas de circulación. Campesinos narraron que realizaban sus actividades cotidianas y explicaron que de pronto dieron con la unidad y las víctimas. Tres cuerpos estaban en la cabina, cinco en la batea y uno cerca del vehículo. Al lugar llegaron elementos de la Policía Federal y Estatal, así como autoridades de la PGJE, quienes iniciaron las averiguaciones correspondientes. Los expertos forenses hicieron una inspección minuciosa del área. De acuerdo con el diario Provincia, se pudo conocer que aparentemente los finados fueron rociados con gasolina por sus homicidas y se añadió que a través de la necropsia de ley se determinará de qué manera perdieron la existencia para establecer si tenían impactos de proyectil de arma de fuego, lesiones de arma blanca o de alguna otra índole.
Tras los hechos, los familiares de los fallecidos realizaron un bloqueo en la carretera libre Morelia-Zinapécuaro, a la altura de la base de Protección Civil Municipal, debido a que ninguna autoridad les daba razón sobre sus parientes; no obstante el Ayuntamiento les ofreció apoyo y así fue liberada la circulación. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: SHAILA ROSAGEL. LINK: http://www.sinembargo.mx/01-08-2016/3074467
La Procuraduría General de Justicia de Coahuila concluyó que en el estado no hubo desvío de recursos ni daño al erario durante la administración de Humberto Moreira Valdés. El Subprocurador ministerial, Norberto Ontiveros Leza, declaró al diario El Siglo de Torreón que no parece ninguna transacción del Gobierno del Estado a un particular o a una tercera persona. Durante el sexenio del ex Gobernador, la deuda del estado pasó de 323 millones de pesos a 36 mil 509 millones de pesos, lo que representa un aumento de 11 mil 203 por ciento, de acuerdo con los indicadores de obligaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además de las acusaciones por desvío de recursos, a Moreira se le vincula con Los Zetas. Marciano Millán, integrante de ese cártel, declaró a una corte de Texas que el crimen organizado llegó a operar a sus anchas en esa entidad fronteriza en la gestión de Humberto.
Tras “diversas investigaciones”, la Procuraduría General de Justicia en Coahuila (PGJ) estableció que no hubo desvío de recursos ni daño al erario durante la administración de Humberto Moreira Valdés, informaron medios locales citando fuentes oficiales. Norberto Ontiveros Leza, Subprocurador ministerial, mencionó que lo único que logró acreditarse es la contratación ilegal de deuda a través de decretos irregulares. En 2011 el Gobierno del estado informó que la deuda bancaria de Coahuila ascendía a más de 33 mil millones de pesos, 5 mil 200 contratados con documentos falsos y 18 mil más sin permiso del Congreso local. Ontiveros dijo que derivado de ello la Auditoría Superior del Estado, la Secretaria de Fiscalización y el Congreso del Estado interpusieron denuncias, mismas que concluyeron en 2012 y 2015. El Subprocurador declaró a El Siglo de Torreón que se logró establecer que no hubo desvío de recursos a través de peritajes.
“No aparece ninguna transacción del Gobierno del Estado a un particular o a una tercera persona. Ni tampoco hubo menoscabo patrimonial, de acuerdo con las indagatorias, como son los peritajes contables”, respondió Norberto Ontiveros.
“No tenemos ningún medio de prueba que acredite el desvío de recursos. Hay averiguaciones abiertas y otras que concluyeron, en ninguna se establece desvío”, añadió.
Humberto Moreira Valdés gobernó Coahuila de diciembre de 2005 a enero de 2011. Durante su sexenio, la deuda del estado pasó de 323 millones de pesos a 36 mil 509 millones de pesos, lo que representa un aumento de 11 mil 203 por ciento, de acuerdo con los indicadores de obligaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). También está el episodio de su encarcelamiento en España, el pasado 15 de enero, por motivos de esta misma investigación, a causa de transferencias de 200 mil euros. Además se le acusó de los delitos de blanqueo, malversación cometida durante su administración, cohecho y organización criminal. Sin embargo fue liberado el día 22 de ese mismo mes. De hecho, en este momento, esa deuda de crecimiento galopante es parte de una investigación fincada en el Departamento de Estado de Estados Unidos, donde esa contratación de deuda se catalogó como un ejemplo de corrupción de México. En tanto, su hermano y actual Gobernador del estado, Rubén Moreira Valdez, quien ha administrado durante los últimos cuatro años y ocho meses el estado, ha realizado operaciones de refinanciamiento de ese capital. Pero en vez de que la deuda se reduzca, en el primer trimestre de este año ascendió a 37 mil 777 millones de pesos.
Derivado de la violencia y de un fuerte endeudamiento, Coahuila ha comenzado a padecer en la última década los problemas provocados por la pobreza, aunque las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) lo presentan como uno de los estados que menos pobres genera. La danza de los millones: • En 2015 la deuda de Coahuila llegaba a los 323 millones de pesos. • 2011, al dejar Humberto la administración, la deuda ya alcanzaba 36 mil 600 millones de pesos. • En este sexenio al mando de Rubén Moreira, el Gobierno del Estado ha abonado alrededor de 10 mil mdp al pago de la deuda. • Son 2 mil millones de pesos por año. • En la presente administración se han pagado de 2 mil millones de pesos a capital.
El pasado 27 de julio, Humberto Moreira fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, cohecho, fraude, encubrimiento y peculado. Antes, el también ex líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) demandó al investigador y articulista Sergio Aguayo Quezada por daño moral, reclamando una indemnización de 10 millones de pesos y una disculpa pública, pues Moreira Valdés dijo sentirse lesionado emocionalmente por un artículo en el que Aguayo lo señaló de “desprender el hedor corrupto”. El texto fue publicado el 20 de enero en los diarios Reforma y El Siglo de Torreón tras la detención del ex Gobernador en España, donde fue investigado por lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada. Una semana después, Moreira Valdés fue liberado por falta de pruebas y el caso fue archivado por la Audiencia Nacional de ese país.
“Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”, escribió entonces Aguayo.
Ahora, Moreira reclama una indemnización de 10 millones de pesos al considerar que se vio afectado por las opiniones del articulista, quien “utilizando medios de comunicación impresos y electrónicos de difusión masiva, atentó en contra de mi honor, vida privada y mi propia imagen también lesionando mis sentimientos, afectos, creencias, decoro, reputación, así como la consideración que de mi persona tienen los demás”, indica la demanda. Más de 45 mil ciudadanos rechazan la demanda que Humberto Moreira interpuso contra Aguayo y acusan al ex Gobernador de tratar de intimidar al académico. En una petición subida a la plataforma Change.org, los firmantes solicitaron al Presidente de México, Enrique Peña Nieto, al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y a la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, la garantía a la libertad de opinión y a la integridad personal de Sergio Aguayo y de quienes ejercen el periodismo.
“Exigimos respeto irrestricto a la libertad de opinión, de expresión y de prensa que deben prevalecer en un Estado de derecho que afirma constituirse con principios democráticos”, expusieron los firmantes.
SU CONEXIÓN CON LOS ZETAS Marciano Millán, integrante de Los Zetas detenido en Estados Unidos, declaró empatado mes a una corte de Texas que el crimen organizado llegó a operar a sus anchas en Coahuila en la administración de Humberto Moreira, tanto que ese cártel estuvo involucrado en minería de carbón y tuvieron contratos gubernamentales para pintar y renovar escuelas y construir carreteras. El líder criminal en Piedras Negras también reveló que propiedades de ex funcionarios de Coahuila en Texas y cuentas bancarias estarían ligadas a sobornos dirigidos al ex Gobernador a cambio de libertad para asesinar, traficar drogas, e incluso usar vehículos oficiales como helicópteros para escapar de la Marina. El pasado 19 de julio, Marciano Millán Vázquez fue declarado culpable de los diez cargos que se le imputaban en Estados Unidos, entre ellos, diferentes homicidios y tráfico de drogas. Por primera vez un testigo federal conectó públicamente a Los Zetas con el ex Gobernador de Coahuila, cuyo nombre está en una investigación vigente por presunto lavado de dinero en Estados Unidos. Humberto Moreira Valdés ha negado las acusaciones, pero sus oponentes políticos en México han utilizado el testimonio de San Antonio a intensificar su crítica de él y la administración actual del estado. El juicio en Estados Unidos reveló el funcionamiento interno de Los Zetas y arrojó dudas sobre una versión de los hechos ofrecida por los fiscales del Estado de Coahuila de lo que ocurrió durante el régimen del cártel en Piedras Negras.
La semana pasada, Jacobo Dayán, un consultor profesor y los derechos humanos, miembro de la organización Violencia y Paz, dijo al diario San Antonio Express, que el Gobierno mexicano ha puesto trabas a los activistas de derechos humanos tratando de averiguar acerca de matanzas de cártel y los obliga a depender de la información que se escurre en medios de comunicación y en los tribunales de Estados Unidos.
Un grupo de reporteros representando a Periodistas de a Pie, Fotorreporteros MX y Ojos de Perro, arribaron a la capital veracruzana uniformados de camisetas blancas y una letra escarlata al centro, que en conjunto se leía #JusticiaparaRubén. Esto como parte de una protesta en la que los periodistas exigen a las autoridades justicia en el multihomicidio de la Colonia Narvarte, en la Ciudad de México, que ocurrido el pasado 31 de julio de 2015 cobró la vida del ex colaborador de la Revista Proceso y Cuartoscuro, Rubén Espinosa Becerril, y de cuatro mujeres. Asimismo, un contingente de 40 personas rodearon el palacio de gobierno de Xalapa y tapizaron edificios de la zona con carteles y fotografías.
“¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú!” frase dibujada por reporteros y activistas, frente al palacio de gobierno de Veracruz, responsabilizando al priista, Javier Duarte de Ochoa por el asesinato de Rubén Espinosa Becerril, una de las 19 víctimas en “esta cacería de comunicadores”. En punto de las 11 horas, periodistas capitalinos y del estado recordaron en la ciudad de Xalapa al excolaborador de la Revista Proceso y Cuartoscuro, en su primer año luctuoso. Lo anterior en recuerdo del multihomicidio del 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte, Ciudad de México, donde, además de Rubén, perdieron la vida cuatro mujeres; Nadia Vera, activista veracruzana; Mile Martín, Yesenia Quiroz y Alejandra Negrete. El sitio de reunión fue en la Plaza Regina Martínez, nombrada así por el colectivo Voz Alterna, agrupación a la que Rubén Espinosa perteneció y que hasta la fecha condena la muerte de la también corresponsal de la Revista Proceso. Custodiados por una patrulla de la Policía Federal, un grupo de 25 reporteros, representando a Periodistas de a Pie, Fotorreporteros MX y Ojos de Perro, arribaron a la capital veracruzana, uniformados de camisetas blancas y una letra escarlata al centro, que en conjunto se leía #JusticiaparaRubén. La apertura del evento estuvo a cargo de la reportera Arantxa Arcos, quien fervorosa demandó: “Creímos que al exiliarse y con el paso del tiempo el hambre de los asesinos de Rubén disminuiría; pero no fue así: el 31 de julio nos enteramos que lo habían asesinado”. Posteriormente, Marcela Turati, defensora de los Derechos Humanos de periodistas, fue llamada al micrófono ya que fue de las últimas personas con las que Espinosa Becerril se apoyó antes de perder la vida. La también premio Gabriel García Márquez 2014, anunció la exposición de trabajos fotográficos del finado: “Rubén Espinosa tuvo un sueño: mostrar la pesadilla de vivir en Veracruz. Hoy se hará realidad”.
“MATARON Y TORTURARON A UN VALIENTE”
Conmovida ante el micrófono, Turati compartió una reseña de Rubén, a quien denominó como un poeta de la lente, una persona incorruptible, de los mejores. Su ímpetu y gallardía por cubrir manifestaciones se vio aminorado por la serie de hostigamientos que comenzaron a aparecer para el final de su vida. “El hombre, de 31 años, temía perder sus tres trabajos y convertirse en un fotógrafo que nadie contratara. Cargaba con la sensación de ser tóxico y poner en riesgo a su familia. Poco hablaba de sí mismo. De acuerdo con la fundadora del proyecto Periodista de a Pie, Rubén comenzaba a tomar terapias para vencer los miedos sembrados por la policía de Arturo Bermúdez; sin embargo ya vislumbraba escenarios trágicos. “No lo dejaron en paz, aunque huyó de la narcomafia Veracruzana. Exigimos justicia y castigo para los funcionarios que participaron, solaparon, encubrieron, ignoraron o facilitaron estos crímenes. Queremos que Veracruz deje de ser este estado de muerte y de silencio”. Para el final de su participación, Turati se dirigió a Javier Duarte de Ochoa. En punto del medio día, sincronizada con el resonar de las campanas de la catedral, exigió que el máximo ejecutivo saliera y se llevara a la conciencia los nombres de los 19 tundeteclas asesinados, así como los tres desaparecidos. “Rubén, Regina, Goyo, Anabel, Juan, Moisés, Víctor, Manuel, Noé, Miguel Ángel, Yolanda, Gabriel, Armando, Juan, Daniel y Pedro. También Octavio, Sergio, Miguel. No importó que muchos de ellos denunciaran sus acosas ante la prensa, ante el mismo gobierno o mecanismos internacionales; nada los salvó”. “LA MUERTE DE RUBÉN UN CRIMEN DE ESTADO” Posterior a la intervención de la reportera capitalina, la hermana de Rubén, Patricia Espinosa Becerril, acusó a las autoridades veracruzanas y capitalinas; a las primeras como responsables de la ejecución; a las otras por haber ensuciado las investigaciones correspondientes. Mi hermano lo dijo: una persona de la Ayudantía del Gobierno del Estado le advirtió tomándolo del cuello: “Deja de tomar fotos si no quieres terminar como Regina”. “Se trata de otra verdad histórica que lleva el sello de agua de todos los crímenes de estado. A la fecha no sabemos dónde quedó el arma que mató a mi hermano ni las señas del verdadero homicida. Por otro lado, las líneas de investigación siguen abiertas, ¿acaso siguen así sólo para calmar la protesta social? cuestionó indignada la mujer.
“PUÑO ARRIBA; LO QUE HACEMOS ES DIGNO”
“Exigimos justicia en el multihomicidio de la Narvarte, queremos la verdad. Puño arriba y frente en alto, que lo que hacemos es digno” frase de Marcela Turati que convocó a los presentes a tomar pancartas con el rostro de Rubén Espinosa y salir a marchar por las calles de la capital, donde dedicó años de oficio a las causas sociales; aquellas personas que no tienen voz” compartía en entrevistas Rubén. Fue un contingente de 40 personas los que rodearon el palacio de gobierno, entre uno de los planes de protesta estaban panfletos con la consigna “No pueden matar la verdad”, manifestantes comenzaron a tapizar edificios de la zona. El alto forzado fue en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin importar la presencia policial, amistades de Rubén embarraron con engrudo panfletos con el rostro de Rubén sobre las paredes de la base del “Capitán Tormenta” y unísonos gritaron ¡justicia!
El final de la marcha se dio frente al palacio de gobierno; esta vez dando la espalda. El grupo de allegados al fotoperiodista se agrupó para darle vida a la frase #JusticiaparaRubén. Y así la protesta culminó, con el sonido predilecto del décimo cuarto reportero ejecutado: el que emite el obturador fotográfico. FUENTE: SIN EMBARGO/BLOG EXPEDIENTE. AUTOR: REDACCIÓN/MIGUEL ÁNGEL CARMONA. LINK: http://www.sinembargo.mx/01-08-2016/3074302
Ciudad de México. Al iniciar el segundo período de sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro presidente Luis María Aguilar Morales informó que “a la brevedad” se dará trámite a la petición de la Mesa Directiva del Senado de la República de atención prioritaria a las acciones de inconstitucionalidad 56/2016, 57/2016 y 58/2016 promovidas en contra de leyes anticorrupción aprobadas por los congresos de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua. Aguilar Morales agregó que “a la brevedad” se continuará con el trámite respecto y se solicitarán los informes correspondientes a los ministros instructores, Norma Lucía Piña Hernández, Javier Laynez Potisek y José Ramón Cossío Días, respectivamente, para que en la próxima sesión privada de pleno se determine lo conducente. En los tres casos, la PGR plantea que deben ser declaradas inconstitucionales y, por ende, invalidadas porque violan el artículo cuarto transitorio del decreto de reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual establece que los sistemas locales en este rubro carecen de facultades para aprobar leyes antes de que se publiquen las normas generales correspondientes aprobadas por el Congreso de la Unión, lo cual no ha sucedido. En el caso de Veracruz, la Procuraduría General de la República impugna la legalidad de las modificaciones a los artículos 33, 49, 67, 76 y 78 de la Constitución local, promovidas por el gobernador Javier Duarte de Ochoa; la reforma al artículo 51 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado, a los artículos 15, 28 Bis, 38, 39 Bis y 39 ter, modificados de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del estado, y los artículos 34, 35, 37, 38, 38 bis, 38 ter y 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado. Respecto de Quintana Roo, promovida por el ejecutivo local Roberto Borge Angulo, la PGR demanda la invalidez de las reformas a los artículos 75, 76, 90, 110 y 160 de la Constitución de la entidad. En cuanto a la legislación de Chihuahua, la PGR también demanda la invalidez de la legislación en la materia, además de que, la oposición alega que el gobernador de la entidad César Duarte, también creó todo un “blindaje” para evitar demandas en su contra al término de su mandato El ministro presidente dijo que en lo que resto de este año, la Corte podrá analizar la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Reglamentaria del artículo sexto primer párrafo de la constitución, referente al derecho de réplica y del Código Nacional de Procedimientos Penales en la que se cuestiona la violación a los derechos humanos, al debido proceso, presunción de inocencia y certeza jurídica. En diciembre pasado, la Corte admitió las demandas del PRD, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las cuales se acumularon en una sola demanda. Los quejosos argumentaron que la norma impugnada contiene disposiciones que podrían ser de naturaleza electoral y son contrarias a otros ordenamientos, a la Constitución y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos; particularmente cuestionaron el artículo 14, ya que excluye a los grupos sociales de inconformarse con informaciones inexactas, falsas o difamatorias, anulando de facto, el derecho de réplica.
