Para romper el círculo de impunidad que protege a los hermanos Humberto y Rubén Moreira en Coahuila no hay otra que derrotar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2017, y eso lo deben tener muy claro los coahuilenses, coincidieron líderes políticos de los partidos Acción Nacional (PAN) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), así como académicos como Sergio Aguayo Quezada y Ricardo Espinoza Toledo.
Ayer, la Procuraduría General de Justicia de Coahuila anunció que, tras “diversas investigaciones”, se estableció que no hubo desvío de recursos ni daño al erario durante la administración de Humberto Moreira Valdés [del 1 de diciembre de 2005 al 4 de enero de 2011. Por tanto, el ex Gobernador quedó exculpado del caso.
Norberto Ontiveros Leza, Subprocurador ministerial de esa dependencia –que reporta al Gobernador Rubén Moreira Valdez–, mencionó que lo único que logró acreditarse es la contratación ilegal de deuda a través de decretos irregulares.
En 2011, cuando Humberto renunció a la gubernatura para lanzarse por la presidencia nacional del PRI, el Gobierno de la entidad informó que la deuda bancaria de Coahuila ascendía a más de 33 mil millones de pesos, de los cuales 5 mil 200 millones de pesos fueron contratados con documentos falsos y 18 mil más sin permiso del Congreso local.
Ontiveros Leza expuso que derivado de esas irregularidades la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Fiscalización y el Congreso del Estado interpusieron denuncias, mismas que concluyeron en 2012 y 2015.
El Subprocurador declaró al diario El Siglo de Torreón que se logró establecer que no hubo desvío de recursos a través de peritajes.
“No aparece ninguna transacción del Gobierno del estado a un particular o a una tercera persona. Ni tampoco hubo menoscabo patrimonial, de acuerdo con las indagatorias, como son los peritajes contables”, dijo. “No tenemos ningún medio de prueba que acredite el desvío de recursos. Hay averiguaciones abiertas y otras que concluyeron, en ninguna se establece desvío”, añadió.
Para Luis Fernando Salazar Fernández, Senador por el Partido Acción Nacional (PAN), el Procurador de Justicia de Coahuila, Homero Ramos Gloria, es juez y parte en la investigación sobre Humberto Moreira, pues él fue también su Secretario de Gobierno y, por tanto, no es imparcial en esa investigación.
El legislador blanquiazul expuso que para cortar en definitiva con el ciclo de impunidad en la entidad y que ha protegido a los hermanos Moreira, se requiere que los ciudadanos den paso a un nuevo Gobierno que termine de “tajo con la corrupción y que aplique la Ley”.
“Es necesario que las autoridades dejen de ser cómplices y omisas ante lo que ocurrió en Coahuila con el ‘Moreirato’. Es evidente que el Procurador de Justicia de Coahuila no hará nada porque él era Secretario de Gobierno de Humberto Moreira. Entonces él no es una persona imparcial. Por eso vamos a insistir en que a ellos, los que están gobernado ahorita y dejaron a Coahuila como el estado más endeudado, se les aplique la Ley y que se meta a la cárcel a Moreira y a todos los involucrados con la mega deuda”, dijo.
Salazar Fernández, quien ha expresado su deseo por ser candidato a la gubernatura de Coahuila en los comicios del próximo año, añadió que se debe ir por todos los que se encargaron de “desfalcar las arcas públicas” y por quienes permitieron que se violaran los derechos humanos de miles de familias que, además, desaparecieron por la inseguridad que priva desde el sexenio de Humberto Moreira.
“Los vamos a llamar a la justicia. Que nos diga el Procurador qué fue de la mega deuda. Si ya lo exculpó, entonces que explique en qué aplicaron los 36 mil millones de pesos, porque según los Informes de Moreira no aplicaron más de 15 mil millones de pesos en inversión en sus seis años de Gobierno”, dijo.
El pasado 27 de julio, Humberto Moreira fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los senadores del Partido Acción Nacional por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, cohecho, fraude, encubrimiento y peculado.
El propio Luis Fernando Salazar dijo entonces: “Presentamos esta denuncia para pedirle a las autoridades mexicanas que haga el trabajo que hace Estados Unidos. Sería lamentable que los coahuilenses tengan que esperar a que la justicia llegue a México por una instancia distinta, en este caso por la justicia de un país extranjero y que sean autoridades de otro país las que puedan terminar con la impunidad de la que ha gozado Humberto Moreira. Es absurdo que mientras hay señalamientos importantes en contra de ex funcionarios que involucran al ex Gobernador y ex dirigente nacional del PRI, acá no ocurra nada”.
LA GENTE DEBE ROMPER LA IMPUNIDAD: MORENA
Sobre el tema, Martí Batres Guadarrama, líder de Morena en la Ciudad de México, expuso que el caso Coahuila es un ejemplo claro que el “perdón” que pidió Enrique Peña Nieto hace unos días, por el caso de su “casa blanca”, no tiene repercusión alguna y una vez se “echa por la borda”.
Lo que sucede en Coahuila, añadió, es similar a una monarquía.
“El Gobierno queda en manos de familiares precisamente para mantener intereses y para que éstos pervivan, continúen. Entonces, esto es una declaración de impunidad. Y si en los más altos puestos, a nivel nacional, no sucede nada, ahí se marca una línea de impunidad”, dijo en una entrevista con SinEmbargo.
En cuanto al papel de los ciudadanos, el líder de Morena en la capital del país expuso que deben reflexionar sobre su papel trascendental para poner fin a la impunidad.
“Tenemos un instrumento para hacerlo, y ese es Morena. Es la única fuerza política que se deslindó del tentáculo de intereses que se hizo alrededor del llamado Pacto por México”, agregó.
De cara al 2017, Martí Batres hizo un llamado a la ciudadanía para participar y a romper ese círculo que forman el PRI y el PAN, porque en Coahuila también se ha dado esa situación de que el descontento tiende a canalizarse hacia el PAN para que no pase nada.
“Lo que hemos visto en el norte del país, con gobiernos del PAN en Baja California, Baja California Sur, en Sonora, en Nuevo León, etcétera, es que sucede esta situación de conveniencia. La corrupción tiene un hilo de continuidad: ningún Gobierno del PAN ha llegado para castigar a los gobernates del PRI, y ningún Gobierno del PRI ha sancionado a los gobernadores del PAN. Esta línea de la corrupción y de la impunidad, sobre todo, sólo se puede romper doblegando al binomio PRI-PAN!”.
El domingo pasado, en Saltillo, Coahuila, Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, nombró al empresario minero Armando Guadiana Tijerina como Promotor de la Soberanía Nacional por Morena.
Guadiana Tijerina, quien ha expresado abiertamente su deseo de ser el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila en 2017, fue apoyado en ese acto por el también por el empresario regiomontano Alfonso Romo Garza.
Sobre el particular, Martí Batres Guadarrama planteó que Guadiana Tijerina es una buena iniciativa no sólo para los coahuilenses sino también para Morena, pues significa un acercamiento importante de los empresarios con el partido.
“Ese es un sector donde Morena ha tenido más dificultad de diálogo y, sin embargo, Morena no es antiempresarial. Hay conciencia de que cada vez con mayor énfasis los empresarios tienen que participar de cambio y de transformación”, afirmó el político capitalino.
“Con estas decisiones se demuestra que Morena no está peleado con el empresariado ni con la inversión privada. Más bien, incluso, es la fuerza política que más apoya a los empresarios, sobre todo en dos aspectos: uno, Morena se ha opuesto y ha rechazado los aumentos de impuestos a los empresarios, y dos, Morena ha rechazado la extorsión que se realiza desde diversos gobiernos a los empresarios, a los que se les pasa la charola, se les piden cuotas, dinero a cambio de permisos… por eso Morena, en el Gobierno, sería ampliamente beneficioso para los empresarios, porque no se les expoliaría ni con más impuestos ni con extorsiones ni moches”.
Sobre la dificultad que implican las elecciones en Coahuila, aún en control de los Moreira y del PRI, Batrés Guadarrama planteó que será difícil, pero se tiene que dar la batalla por compleja que ésta sea.
“Ha habido situaciones muy complicadas para Morena, pero hemos avanzado. En Veracruz, por ejemplo, dimos un gran salto, y en Coahuila vamos a lograr un avance muy significativo. Ya lo verán”, afirmó.
EL TUFO DE LA CORRUPCIÓN
Hace unos días, el también ex líder del Partido Revolucionario Institucional demandó al investigador y articulista Sergio Aguayo Quezada por daño moral, reclamando una indemnización de 10 millones de pesos y una disculpa pública, pues Moreira Valdés dijo sentirse lesionado emocionalmente por un artículo en el que el investigador lo señaló de “desprender el hedor corrupto”.
El texto en cuestión fue publicado el 20 de enero pasado en los diarios Reforma y El Siglo de Torreón, luego de que Humberto Moreira fuera detenido y encarcelado en España, donde fue investigado por lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada.
Una semana después, Moreira Valdés fue liberado por falta de pruebas y el caso fue archivado por la Audiencia Nacional de ese país.
“Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”, escribió entonces Aguayo.
El académico e investigador del Colegio de México (Colmex) dijo a este diario digital que la primera hipótesis que se planteó para explicar la demanda millonaria de Moreira Valdés fue que el ex Gobernador buscaba obstaculizar la entrega de expedientes solicitados al Gobierno sobre la masacre de Allende, en donde fueron asesinadas y desaparecidas decenas personas.
“Yo establecí como una primera hipótesis de trabajo que podía ser por la investigación que estoy conduciendo desde El Colegio de México con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sobre la matanza de Allende en 2010 y 2011. Estoy a la espera de una conversación con el Gobernador de Coahuila [Rubén Moreira Valdez] para hoy por la tarde o mañana más temprano. Cuando hable con el Gobernador podré decir si esa hipótesis es correcta o no”, dijo hace unos días.
La investigación a la que se refiere Aguayo busca hacer un comparativo sobre las masacres de San Fernando, Tamaulipas y Allende, Coahuila. Se trata de un trabajo de largo plazo pera establecer “con mayor precisión cuáles son los resortes de las matanzas y tragedias y cuál es el papel que juega el Estado, la sociedad y los perpetradores”, detalló.
Por la importancia de los casos para Estados Unidos se firmarán convenios con la Universidad de Texas sede Valle del Río Grande y el National Security Archivo de la Universidad George Washington, adelantó.
“Es posible que esa demanda busque torpedear la posible apertura de expedientes que nos prometió a El Colegio de México el Gobierno de Coahuila, no nos han abierto los expedientes. Esa es una situación peculiar; la CEAV es una institución de Estado y está pidiendo a la CNDH [Comisión Nacional de Derechos Humanos] , PGR [Procuraduría General de la República], Gobierno de Tamaulipas, de Coahuila. Estamos teniendo acceso a algunos expedientes. Si le puedo decir que la CNDH ha tenido gran apertura, pero hemos firmado un convenio de confidencialidad de no poder mostrar ni comentar estos documentos hasta que termine la investigación, pero sí es indispensable que nos den acceso en Coahuila, eso hablaré con el Gobernador”, explicó Aguayo Quezada.
En tanto, Ricardo Espinoza Toledo, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), también se refirió al manto de impunidad que cubre a los Moreira desde hace años.
“Yo creo que hay un sentir generalizado entre la ciudadanía que no es reciente. Y que tal vez ahora se ha acentuado más. Sobre todo en los gobiernos estatales, que han estado infestados por altos niveles de corrupción, lo que se combina con la ineficacia para combatir la violencia y para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y en muchos de esos gobiernos, como el de Coahuila empieza a notarse, que la continuación del PRI no es por méritos propios sino que tiene que ver por mecanismos diversos de inducción del voto”, dijo.
“Hay un manto de impunidad, y un pacto de impunidad también. El caso de Coahuila es muy revelador, porque hay una familia que ha estado gobernando los últimos sexenios”, consideró el profesor Espinoza Toledo.
