El ex Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, deberá presentarse a declarar por el desvío de 3 mil 600 millones de pesos, informó hoy su abogado Javier Treviño. Los delitos que le serían imputados son ejercicio indebido de funciones, peculado y daño patrimonial.
Un juez de distrito negó el amparo al ex Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la cruz, por lo que deberá presentarse a declarar por el desvío de 3 mil 600 millones de pesos, informó su abogado Javier Treviño. Tras la audiencia de esta mañana, el litigante admitió que ahora el ex mandatario puede ser citado de nueva cuenta a comparecer ante el Juez de Control dentro del proceso en el que se le pretende imputar por el caso Kia. Medina es señalado por otorgar incentivos fuera de la ley a Kia, generando un daño patrimonial al Estado por 3 mil 683.5 millones de pesos. Los delitos que le serían imputados son ejercicio indebido de funciones, peculado y daño patrimonial. El pasado 26 de julio, el ex Secretario de Finanzas y Tesorero de Nuevo León, Rodolfo Gómez Acosta, fue vinculado a proceso por ejercicio indebido de funciones, delitos patrimoniales y peculado, delitos relacionados con el caso de la automotriz KIA. Ante los tres señalamientos alcanzaría una condena por 36 años sin derecho a fianza. De acuerdo con Comunicación Social de Nuevo León, también fueron vinculados a proceso Víctor Martínez Trujillo, ex Director Sistema de Caminos; Juan Manuel Vallejo Ramos, ex Coordinador General de Administración de la Secretaría de Desarrollo Económico; y Esteban Cepeda Ochoa, ex Coordinador Sistema de Caminos. Gómez Acosta ha sido acusado de permitir que se entregaran incentivos fuera de la ley y no solicitados por la empresa KIA en el Municipio de Pesquería por lo que dañó al erario público por una cantidad de 3 mil 680 millones de pesos.
En agosto de 2015, el actual Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, prometió realizar una auditoría a fondo sobre la administración de Medina de la Cruz, tras haberse encontrado irregularidades en al menos 117 contratos públicos, entre ellos el acondicionamiento de terrenos por un amigo del padre del ex Gobernador por mil 600 millones de pesos. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/02-08-2016/3074910
El tercer Alcalde asesinado en una nueva racha de violencia es poblano. Pero el Gobernador de Puebla anda en campaña: Moreno Valle en espectaculares, Moreno Valle en camiones, Moreno Valle en cines, Moreno Valle en televisión, Moreno Valle en revistas. Moreno Valle de viaje, muchos viajes, porque, dice, “prepara una plataforma para el PAN”, su partido. El mandatario estatal dice que paga con su dinero los viajes por el país, pero no ha aclarado de dónde sale el dinero que gasta en promoverse, de cuerpo completo, con rostro sonriente, en cuanta prensa puede. Apenas en enero pasado, este año, Moreno Valle fue emplazado por el INE a retirar propaganda que calificó de ilegal. Moreno Valle es precandidato presidencial. Dejará el Gobierno en breve. Mientras, ha decidido darse un último baño de publicidad que, de acuerdo con sus críticos, paga con dinero de los poblanos.
A pesar de la pobreza que se vive en Puebla y la violencia que se ha registrado en estos últimos días, la cual cobró hoy la vida del Alcalde de Huehuetlán El Grande, el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, lleva meses promoviendo su imagen en portadas de revistas, camiones, cines e Internet.
Las calles de la Ciudad de México, Guanajuato, Sonora, Estado de México, Quintana Roo, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Jalisco, Michoacán y Aguascalientes se vieron inundadas con espectaculares de la revista Central, cuya portada de julio fue ocupada por el mandatario panista.
Un ciudadano poblano de nombre Josef Maldonado Blancas impugnó ante el Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación (TEPJF) la promoción de imagen anticipada de Rafael Moreno Valle. El juicio de inconformidad se sustenta en el supuesto uso indebido de recursos públicos, además de la promoción personalizada que ha realizado la Revista Central, presuntamente constituyen actos anticipados de campaña del Ejecutivo Estatal.
Dicha demanda está suscrita en la averiguación SUP-REP-170/2016 y su resolución se encuentra a cargo de Salvador Olimpo Nava Gomar.
A penas el 23 de julio, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), desechó esta denuncia en contra delG panista de Puebla que quedó asentada en el números VUT/SCG/PE/YAMB/CG/159/2016.
El reciente recurso busca desechar la determinación del INE y sancionar conforme a la ley electoral al mandatario poblano.
Además de aparecer en revistas, Moreno Valle también realiza giras los fines de semana a varios estados de la República donde, dice, trabaja en la elaboración de un “Plan Nacional de Desarrollo 2018 para el Partido Acción Nacional (PAN)”.
Legisladores locales de la oposición han cuestionado esas giras argumentando que el panista está realizando una promoción anticipada con miras a las elecciones presidenciales de 2018, sin embargo, Moreno Valle ha rechazado estas acusaciones.
El pasado 23 de julio Rafael dijo de visita en Tabasco que las giras que realiza en el país son financiadas por su cuenta personal y tienen el propósito de conocer la realidad de cada entidad, dado que aún no existe convocatoria alguna para la elección de Presidente.
“Ni siquiera hay una convocatoria, ni siquiera ha empezado el proceso electoral”, justificó tras cuestionamiento sobre si está promocionándose con miras a las elecciones del 2018.
Ayer, integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), de donde es José Santamaría Zavala, el Edil ejecutado este día, anunciaron que presentarían una queja por “actos anticipados” del Gobernador.
En entrevista para medios locales, la secretaria general del PRI Puebla, Rocío García Olmedo, señaló que dichos actos “son una violación a las leyes electorales, federales y locales; están muy claros los tiempos y es un claro adelanto que violenta la ley”.
En tanto, el representante ante el Instituto Electoral Estatal de Movimiento Ciudadano, Jorge Luis Blancarte Morales, aseguró que su instituto político estará pendiente del contenido que difunda el área de comunicación social del gobierno estatal sobe la difusión de la imagen del Gobernador, pues podría incurrir en una violación al artículo 134 de la Constitución por promover anticipadamente la imagen del mandatario poblano.
Mario Martell, periodista del diario Intolerancia, detalló: “Rafael Moreno Valle aprovechó los informes gubernamentales para promover su imagen fuera del territorio poblano. En dos ocasiones, tanto en 2012 como en 2014, se ha publicitado fuera del estado de Puebla. En 2012, el IFE determinó que el Congreso sancionará al Gobernador por su promoción extraterritorial violatoria a la Constitución y al Cofipe. Pero el Congreso, de mayoría morenovallista, se pronunció sin facultades para sancionar al Gobernador”.
En 2014, el INE determinó una sanción que el Congreso sancionara a Moreno Valle. Además también ordenó una multa en contra de la empresa Green TV la Televisión Viva, S.A. de C.V., por la difusión de promocionales alusivos al tercer informe gubernamental de Moreno Valle Rosas.
Todavía el año pasado, el 18 de enero del 2015, Moreno Valle se promocionó ocupando el pautado del PAN en tiempos oficiales.
“El Gobernador de Puebla, de la mano del Partido Acción Nacional intentó darle la vuelta a la prohibición sobre promoción extraterritorial, por la cual la administración morenovallista ha sido sancionada al promover los informes de su gobierno. Como parte de una campaña de spots del partido acción nacional se asignaron al pautado del INE 5 spots de 30 segundos a partir del pasado 10 de enero. En los spots se contrasta la corrupción de los gobiernos del PRI a los que en los spots se alude: ‘Me queda claro que con éstos no avanzamos. Cada vez estamos peor’”, escribió Martell.
De acuerdo con el periodista, “frente a los gobiernos priistas la campaña publicitaria presenta a los gobiernos panistas como gobiernos de ‘prosperidad y de paz’ que trabajan por la familia. De estos 5 spots, solamente 1 de ellos es de publicidad institucional del PAN. Tres de ellos promueven las acciones de los gobiernos panistas. 1 sobre el gobierno de Aguascalientes y 2 más sobre el gobierno de Puebla. Mientras que en el spot de Aguascalientes no se menciona a su Gobernador en los 2 spots referentes al gobierno panista de Puebla se promueve la imagen del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle”.
En junio, Moreno Valle realizó una entrevista a la televisora TV Azteca en la que dejó entrever que buscaría contender como candidato del PAN a la Presidencia de la República en el 2018 y que como presidente de la Comisión Política de su partido a nivel nacional recorrería todo el país.
Actualmente el mandatario poblano ha visitado los estados de Tabasco, Yucatán, Nayarit, Tlaxcala y Oaxaca, para destacar las labores de su gestión en Puebla.
El pasado 28 de julio, durante la transmisión del partido de la Selección Mexicana Sub 23 contra Argentina, apareció un manta blanquiazul con la leyenda #Rafa Presidente.
En el partido, que fue transmitido en cadena nacional, se veía una manta azul con blanco en la zona de palcos debajo de la lona de la Selección Nacional de México y a un lado de la del equipo Puebla que tiene como sede el Estadio Cuauhtémoc, mismo que se utilizó para la justa.
La fotografía causó indignación entre los usuarios de redes sociales quienes criticaron que el Gobernador estuviera más interesado en llenar el estadio con promociones de boletos al 2×1 que en resolver los problemas que aquejan al estado como la inseguridad o su falta se sensibilidad hacia los indígenas.
El mandatario también ha echado mano de las salas de cine, pues cabe destacar que para la promoción de su primer informe de labores contrató a la empresa Make Pro, a la cual pagó 14 millones de pesos para utilizar 3 mil 266 spots mismos que serían reproducidos en las pantallas de la cadena Cinemex.
LOS NÚMEROS DE LA VIOLENCIA EN PUEBLA
A finales de junio, la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió un documento de 11 recomendaciones al Gobierno del estado de Puebla, específicamente dirigido al Gobernador Rafael Moreno Valle, para atender los feminicidios que han repuntado en lo que va de 2016 a una cifra de 45 asesinatos tan solo de enero pasado a junio.
Por tal hecho, el Gobierno del estado corre con un plazo de seis meses para cumplirlas a cabalidad. De lo contrario, la Secretaria de Gobernación declarará de manera directa la alerta de género en Puebla.
En tanto que el actual Gobernador, Rafael Moreno Valle Rosas enfrenta acusaciones de parte de organizaciones civiles, las cuales revelaron la manipulación de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad, así como una crisis de la democracia reflejada en el último Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD-MEX) 2015.
El IDD-MEX, realizado de forma tripartita por la consultora Plilat, la Fundación Konrad Adanauer y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), reporta que de abril 2014 a mayo del 2015, se registraron 16 actos de represión y criminalización de la protesta social.
El indicador refiere que existe un peligro en que las autoridades estatales busquen restringir la protesta social a través de la vía legislativa. Como fue el caso de la llamada “Ley Bala”, que concedió el uso de la fuerza a elementos de seguridad pública en casos de la necesidad de restauración del orden, cuya puesta en práctica cobró la vida del menor José Luis Tlehuatle Tamayo.
Ahora, Moreno Valle lidia con la percepción de inseguridad de la entidad. Además de tener muy bajo crecimiento ya que ahora representa la cuarta con mayor porcentaje de población viviendo en pobreza, el 64.5 por ciento. O lo que es igual, 3 millones 958 mil personas.
Investigaciones refrendan la debacle del bienestar social en Puebla, las cuales se deben especialmente al decremento dos de los cuatro aspectos: la democracia social y democracia económica. La primera ayuda a medir factores que satisfacen a ciudadanos, y la segunda, sus expectativas económicas. Mientras que las tasas que representa el estado son por demás desalentadoras: el estado cuenta con el 5.23 por ciento de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, el 0.24 por ciento en secuestros, el 1.26 por ciento en cuanto a extorsiones y el 7.91 por ciento en robo a vehículos con violencia.
Y EN LA POBREZA…
En el último Índice de Desarrollo Democrático de México (IDD-MEX) 2015 se reporta que la precariedad se ha apoderado del estado durante la administración de Rafael Moreno Valle. La entidad es la cuarta con mayor porcentaje de población viviendo en pobreza, el 64.5 por ciento. O lo que es igual, 3 millones 958 mil personas.
Además, el indicador refleja que Puebla es el quinto estado con mayor nivel de pobreza extrema, 16.2 por ciento de sus habitantes.
Las condiciones en las que se encuentra el bolsillo de los poblanos fue aprovechada por los partidos como un argumento para generar un cambio.
En su visita a Puebla, Andrés Manuel López Obrador, líder del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no desaprovechó la oportunidad para apuntar que la pobreza era derivada de la corrupción. Y calificó a Moreno Valle de “represor, autoritario, mediocre, opresor y corrupto”.
Lo cierto es que investigaciones refrendan la debacle del bienestar social en Puebla. Hace dos años el IDD-MEX colocó a la entidad en el puesto 29 de todo el país, dos puestos más abajo que en 2015.
La caída, refirió el documento de la Coparmex, se debía especialmente al decremento dos de los cuatro aspectos: la democracia social y democracia económica. La primera ayuda a medir factores que satisfacen a ciudadanos, y la segunda, sus expectativas económicas.
La desmejoría de la economía era por el decrecimiento de la producción automotriz, principal actividad industrial del estado, la caída del 7.5 por ciento de la manufactura y del 6.5 por ciento en la construcción.
Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla son las únicas entidades federativas en que más de la mitad de su población se encuentra en situación de pobreza, de acuerdo con la información del Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
TITULO ORIGINARIO: Y mientras, Moreno Valle hace campaña: espectaculares, tele, camiones, portadas y viajes FUENTE: SIN EMBARGO.
Maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmaron la liberación de Juan Carlos Orozco Matus, conocido como “Mata”, del penal de Miahuatlán y Heriberto Magariño López del penal de Tehuantepec, dirigentes zapotecas del magisterio disidente en Oaxaca. Respecto a Orozco Matus, fue liberado la madrugada del lunes luego de ser detenido desde octubre del 2015, tras ser objeto de acusaciones de delitos federales, entre los que destaca la toma de la refinería “Antonio Dovalí Jaime”, en Salina Cruz. En su detención fue trasladado al penal del Altiplano en el estado de México, pero hace unas semanas fue llevado al penal de Miahuatlán.
Por su parte, a medio día del lunes pasado, fue puesto en libertad el representante de la sección 22 en el Istmo de Tehuantepec, Heriberto Magariño López, quien fue detenido el 10 de mayo y llevado al penal de Hermosillo, Sonora. Cuatro semanas después fue enviado al penal de Miahuatlán y finalmente la semana pasada recluido en el Centro de Readaptación Social de Tehuantepec. FUENTE: DESINFORMÉMONOS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: https://desinformemonos.org/confirman-liberacion-de-dirigentes-de-la-seccion-22-de-la-cnte/
Miembros de la Unión Campesina e Indígena Nacional montaron un plantón frente a las instalaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para exigir que las autoridades les entregue los recursos que se prometieron en diversos programas destinados a los pequeños productores. Originarios de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, cerca mil personas a bordo de 25 autobuses llegaron desde temprano a las oficinas de la Secretaría para desplegar sus lonas. Además, cocinaron en sus anafres arroz, maíz y frijol para repartir a los hombres, mujeres y niños. “Estamos aquí para denunciar el desmadre que hay en los estados con los programas, sobre todo el de concurrencia de los estados porque los gobernadores no entregan los recursos. Hace algunos días empezaron a entregar el paquete del programa de maíz y frijol (Pimaf) y para muchos ya terminó la temporada de siembra”, dijo uno de los inconformes. “Si no hay solución a nuestras demandas permaneceremos aquí toda la semana, traemos alimentos y agua para permanecer en la ciudad de México”, agregó otro campesino.
Un grupo de 150 expertos pidieron a ambos organismos publicar los cambios en la medición de la pobreza ya que ésta se debe realizar de la manera más precisa posible.
Un grupo de 150 expertos pidió al Inegi y al Coneval que hagan pública la información completa y detallada sobre los nuevos cambios para medir la pobreza anunciados en julio pasado. Los expertos, organizados a través de Oxfam México y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, pidieron a ambos organismos calcular de la manera más precisa posible el ingreso de los mexicanos, ya que gracias a esta medición se han construido avances significativos en materia de políticas públicas. “La calidad y la veracidad de las estadísticas públicas se sostienen en pilares como la transparencia, la discusión abierta y la rigurosidad técnica”, dicen los expertos en una carta abierta. Destacaron que la posibilidad de hacer una comparación histórica de los datos estadísticos es un recurso valioso tanto para la evaluación de los efectos de las políticas públicas en la población, como para la investigación académica. El grupo dijo estar preocupado por los cambios anunciados por el Inegi al Módulo de Condiciones Socioeconómicas 2015 (MCS 2015), “sin un previo proceso de revisión y discusión abierto con el concurso de usuarios expertos técnicos en la materia”. Esto, señala, imposibilita hacer una comparación histórica de la medición además dificulta la tarea del Coneval para medir la pobreza y su dinámica. Luego de anunció de los cambios y de las críticas que recibió el Inegi por parte de Coneval, ambos organismos acordaron establecer un grupo técnico de trabajo que revise los detalles del Módulo de Condiciones Socioeconómicas que incluya los cambios operativos para la captación del ingreso adoptados por el INEGI. Los expertos que firman la carta hacen cinco peticiones al Coneval y al Inegi: complementar el trabajo del grupo técnico con la consulta a expertos externos; publicar las modificaciones realizadas al levantar los datos sobre el ingreso y complementar la encuesta con variables que permitan la comparabilidad histórica. También realizar estudios técnicos para obtener características generales para la variable ingreso para toda la población, y no sólo los deciles de menor ingreso; garantizar el acceso a toda la información pertinente para calcular de la manera más precisa posible los ingresos de los hogares y preparar una metodología alternativa consensuada, transparente y definitiva sobre la medición del ingreso para 2018.
Para el investigador Ernesto López Portillo es “irregular” que un notario público certifique la nula portación de armas en un operativo policiaco; pues se tendrían que videograbar la actuación de los policías e invitar a instancias de derechos humanos.
El notario público que el pasado 16 de junio “certificó” la nula portación de armas de fuego por parte de policías estatales y federales que participaron en el operativo de Nochixtlán, Oaxaca, que dejó un saldo de siete civiles muertos y decenas de heridos, es un ex funcionario de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública, dependencia que hasta hace cuatro años comandaban a la Policía Federal. Se trata del notario público oaxaqueño Blas Fortino Figueroa Montes, quien de acuerdo con un documento entregado a una comisión de senadores que da seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, certificó en una hora y veinte minutos que 400 policías estatales y un número no definido de policías federales, sólo portaban equipo antimotín y no llevaban armas de fuego. La certificación notarial fue presentada por el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, para argumentar que los policías sólo portaban equipo antimotín al inicio del operativo, lo que a decir del investigador Ernesto López Portillo, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), se trata de una medida “irregular”, pues si quiere mostrar certeza la policía debe de videograbar sus operaciones y mostrar el material.
“En todo caso, debió llamar a visitadores de derechos humanos para que verificaran el operativo desde el inicio, hasta la retirada, y no a un notario”, dice el investigador. El notario, exdiputado priista y exfuncionario de la SSP De acuerdo con el acta notarial, de la que Animal Político tiene copia, el notario 65 de la ciudad de Oaxaca, Blas Fortino Figueroa Montes, recibió desde el 18 de junio tres oficios para realizar una “certificación de fe de hechos” sobre el número de elementos que participarían en un “operativo emergente de restauración del orden”. La solicitud la hicieron el secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Jorge Alberto Ruiz; el coordinador general de la Agencia Estatal de Investigaciones, Jaciel Vázquez, así como el coordinador estatal de la Policía Federal en Oaxaca, Jorge Cano. Por ello, el domingo 19 de junio, el notario público acudió a la Supercarretera Cuacnopalan-Tehuacán-Oaxaca desde las cinco horas y certificó que los 400 policías estatales sólo portaban el “kit policíaco antimotines”, sin armas de fuego ni punzocortantes. Lo mismo hizo con 50 elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes además del equipo antimotín, llevan dos lanzadores simples de “agentes químicos”. En el acta notarial no se asienta cuántos elementos de la Policía Federal revisó, aunque, de acuerdo con la información del comisionado Galindo, participaron 400 en el operativo. El notario certificó que los federales portaban “equipo antimotín, seis lanzadores simples de agentes químicos y 158 cápsulas de humo”. Revisó también los 50 vehículos oficiales que utilizarían los policías; la diligencia encabezada por el notario concluyó a las 6:20 de la mañana; es decir, una hora y veinte minutos después de su llegada. El historial laboral del notario Blas Fortino Figueroa Montes denota que conoce bien el funcionamiento de la policía, toda vez que de 2007 a 2013 trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, durante la administración de Genaro García Luna. De acuerdo con el registro de servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública, Figueroa Montes entró a dependencia en 2007 como director de Asuntos legales y derechos humanos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. Y de 2009 a 2013 fue director general de Normatividad y control de la SSP. Además, el notario conoce también el estado de Oaxaca, toda vez que tuvo cargos públicos durante tres gubernaturas. Fue presidente del Congreso estatal por el PRI, durante la administración del exgobernador, Diódoro Carrasco, entre 1992 y 1998. Después saltó a la Cámara de Diputados, como diputado priista por Oaxaca, en la LVI Legislatura, entre noviembre de 1994 y agosto de 1997. Y de 2001 a 2002 fue director de comunicación social en la administración del exgobernador José Murat.
Mientras que entre 2002 y 2004 fue Coordinador estatal de Abasto y de 2004 a 2007, en la administración de Ulises Ruiz, fue director del Consejo estatal del café de Oaxaca.El investigador Ernesto López Portillo sostiene que la única manera para convencer sobre la buena actuación de la policía en el país no está en un acta notarial, sino en la transparencia. “La Policía Federal debe enseñar sus protocolos”, dice. Notario by http://www.animalpolitico.com on Scribd
El homicidio del alcalde ocurrió cuando circulaba a bordo de su camioneta en la carretera que va de la comunidad El Aguacate al municipio de Huehuetlán El Grande la madrugada de este martes 2 de agosto.
El alcalde de Huehuetlán El Grande, Puebla, José Santamaría Zavala, fue asesinado la madrugada de este martes 2 de agosto, reportan medios locales. Los primeros reportes señalan que el alcalde viajaba a bordo de su camioneta sobre la carretera que comunica a la comunidad El Aguacate con el municipio de Huehuetlán El Grande y que era perseguido por otro vehículo. En una de las curvas de la carretera, la camioneta del alcalde se salió del camino y fue en ese momento cuando los agresores dispararon en contra de Santamaría Zavala, de acuerdo con el diario Reforma. El asesinato del alcalde poblano es el tercer caso similar que ocurre en las últimas dos semanas. El pasado 23 de julio fue asesinado Domingo López González, presidente municipal de San Juan Chamula, en Chiapas. Un día después, el alcalde del poblado de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto, quien había pedido ayuda tras recibir amenazas del crimen, fue asesinado a balazos junto con su chofer cuando transitaba por una carretera en Michoacán. De acuerdo con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, dijo que su administración sí había atendido las solicitudes de seguridad del alcalde, aunque este decidió viajar por una zona y a una hora peligrosa:
“Llama la atención, subrayo, que haya realizado el viaje en donde perdió la vida, a sabiendas de que había sido reiteradamente amenazado, como él mismo lo señaló, por un grupo delictivo y que dicho viaje lo haya hecho en horario inconveniente y en una zona de alta peligrosidad”, mencionó. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/asesinato-alcalde-puebla/
En 1997, Pemex Exploración y Producción (PEP) firmó un contrato con Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral (Commisa), filial de la estadounidense KBR, para construir dos plataformas marinas para el tratamiento y procesamiento de gas natural. Pero en 2004 la petrolera mexicana rescindió el convenio.
Petróleos Mexicanos (Pemex) perdió una disputa legal con una unidad de la firma estadounidense de ingeniería KBR por lo que tendrá que pagar 406 millones de dólares, informó Reuters. Una Corte de Apelaciones de Estados Unidos ratificó una decisión arbitral ganada por KBR. “La instancia en Nueva York respaldó una decisión que confirma un pago de 300 millones de dólares emitido a pesar de que un tribunal mexicano lo había anulado y confirmó el fallo de un juez de primera instancia que agregó 106 millones de dólares para el juicio”, reportó la agencia.. En 1997, Pemex Exploración y Producción (PEP) firmó un contrato con Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral (Commisa), filial de la estadounidense KBR, para construir dos plataformas marinas para el tratamiento y procesamiento de gas natural. Pero en 2004 PEP acusó incumplimientos y violaciones al contrato, por lo que rescindió el convenio con Commisa, la cual inició un procedimiento arbitral. De acuerdo con el director general de Pemex, José Antorio González Anaya, la compañía ha cubierto pagos a proveedores por más de 92 mil millones de pesos al 30 de abril y se tienen programados 25 mil millones de pesos más.
El Gobierno Federal inyectó a Pemex 73 mil 500 millones de pesos para que cubriera el adeudo millonario con proveedores y contratistas que cargaba desde el año pasado. FUENTE: SIN EMBARGO. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://www.sinembargo.mx/02-08-2016/3074857
El que una sola familia haya podido gobernar tantos años en Coahuila, en medio de escándalos y señalamientos de corrupción, sólo se puede explicar por la creación de un círculo de impunidad que rodea a los hermanos Moreira y que ha sido posible bajo el paraguas del PRI, consideraron políticos de oposición y académicos. Por ello, plantearon, es necesario que la ciudadanía en esa entidad manifieste el próximo año su descontento en las urnas y rompa una barrera que ha impedido transparentar el manejo de las finanzas públicas y de la seguridad en ese estado.
Para romper el círculo de impunidad que protege a los hermanos Humberto y Rubén Moreira en Coahuila no hay otra que derrotar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 2017, y eso lo deben tener muy claro los coahuilenses, coincidieron líderes políticos de los partidos Acción Nacional (PAN) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), así como académicos como Sergio Aguayo Quezada y Ricardo Espinoza Toledo.
Ayer, la Procuraduría General de Justicia de Coahuila anunció que, tras “diversas investigaciones”, se estableció que no hubo desvío de recursos ni daño al erario durante la administración de Humberto Moreira Valdés [del 1 de diciembre de 2005 al 4 de enero de 2011. Por tanto, el ex Gobernador quedó exculpado del caso.
Norberto Ontiveros Leza, Subprocurador ministerial de esa dependencia –que reporta al Gobernador Rubén Moreira Valdez–, mencionó que lo único que logró acreditarse es la contratación ilegal de deuda a través de decretos irregulares.
En 2011, cuando Humberto renunció a la gubernatura para lanzarse por la presidencia nacional del PRI, el Gobierno de la entidad informó que la deuda bancaria de Coahuila ascendía a más de 33 mil millones de pesos, de los cuales 5 mil 200 millones de pesos fueron contratados con documentos falsos y 18 mil más sin permiso del Congreso local.
Ontiveros Leza expuso que derivado de esas irregularidades la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Fiscalización y el Congreso del Estado interpusieron denuncias, mismas que concluyeron en 2012 y 2015.
El Subprocurador declaró al diario El Siglo de Torreón que se logró establecer que no hubo desvío de recursos a través de peritajes.
“No aparece ninguna transacción del Gobierno del estado a un particular o a una tercera persona. Ni tampoco hubo menoscabo patrimonial, de acuerdo con las indagatorias, como son los peritajes contables”, dijo. “No tenemos ningún medio de prueba que acredite el desvío de recursos. Hay averiguaciones abiertas y otras que concluyeron, en ninguna se establece desvío”, añadió.
Para Luis Fernando Salazar Fernández, Senador por el Partido Acción Nacional (PAN), el Procurador de Justicia de Coahuila, Homero Ramos Gloria, es juez y parte en la investigación sobre Humberto Moreira, pues él fue también su Secretario de Gobierno y, por tanto, no es imparcial en esa investigación.
El legislador blanquiazul expuso que para cortar en definitiva con el ciclo de impunidad en la entidad y que ha protegido a los hermanos Moreira, se requiere que los ciudadanos den paso a un nuevo Gobierno que termine de “tajo con la corrupción y que aplique la Ley”.
“Es necesario que las autoridades dejen de ser cómplices y omisas ante lo que ocurrió en Coahuila con el ‘Moreirato’. Es evidente que el Procurador de Justicia de Coahuila no hará nada porque él era Secretario de Gobierno de Humberto Moreira. Entonces él no es una persona imparcial. Por eso vamos a insistir en que a ellos, los que están gobernado ahorita y dejaron a Coahuila como el estado más endeudado, se les aplique la Ley y que se meta a la cárcel a Moreira y a todos los involucrados con la mega deuda”, dijo.
Salazar Fernández, quien ha expresado su deseo por ser candidato a la gubernatura de Coahuila en los comicios del próximo año, añadió que se debe ir por todos los que se encargaron de “desfalcar las arcas públicas” y por quienes permitieron que se violaran los derechos humanos de miles de familias que, además, desaparecieron por la inseguridad que priva desde el sexenio de Humberto Moreira.
“Los vamos a llamar a la justicia. Que nos diga el Procurador qué fue de la mega deuda. Si ya lo exculpó, entonces que explique en qué aplicaron los 36 mil millones de pesos, porque según los Informes de Moreira no aplicaron más de 15 mil millones de pesos en inversión en sus seis años de Gobierno”, dijo.
El pasado 27 de julio, Humberto Moreira fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los senadores del Partido Acción Nacional por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, cohecho, fraude, encubrimiento y peculado.
El propio Luis Fernando Salazar dijo entonces: “Presentamos esta denuncia para pedirle a las autoridades mexicanas que haga el trabajo que hace Estados Unidos. Sería lamentable que los coahuilenses tengan que esperar a que la justicia llegue a México por una instancia distinta, en este caso por la justicia de un país extranjero y que sean autoridades de otro país las que puedan terminar con la impunidad de la que ha gozado Humberto Moreira. Es absurdo que mientras hay señalamientos importantes en contra de ex funcionarios que involucran al ex Gobernador y ex dirigente nacional del PRI, acá no ocurra nada”.
LA GENTE DEBE ROMPER LA IMPUNIDAD: MORENA
Sobre el tema, Martí Batres Guadarrama, líder de Morena en la Ciudad de México, expuso que el caso Coahuila es un ejemplo claro que el “perdón” que pidió Enrique Peña Nieto hace unos días, por el caso de su “casa blanca”, no tiene repercusión alguna y una vez se “echa por la borda”.
Lo que sucede en Coahuila, añadió, es similar a una monarquía.
“El Gobierno queda en manos de familiares precisamente para mantener intereses y para que éstos pervivan, continúen. Entonces, esto es una declaración de impunidad. Y si en los más altos puestos, a nivel nacional, no sucede nada, ahí se marca una línea de impunidad”, dijo en una entrevista con SinEmbargo.
En cuanto al papel de los ciudadanos, el líder de Morena en la capital del país expuso que deben reflexionar sobre su papel trascendental para poner fin a la impunidad.
“Tenemos un instrumento para hacerlo, y ese es Morena. Es la única fuerza política que se deslindó del tentáculo de intereses que se hizo alrededor del llamado Pacto por México”, agregó.
De cara al 2017, Martí Batres hizo un llamado a la ciudadanía para participar y a romper ese círculo que forman el PRI y el PAN, porque en Coahuila también se ha dado esa situación de que el descontento tiende a canalizarse hacia el PAN para que no pase nada.
“Lo que hemos visto en el norte del país, con gobiernos del PAN en Baja California, Baja California Sur, en Sonora, en Nuevo León, etcétera, es que sucede esta situación de conveniencia. La corrupción tiene un hilo de continuidad: ningún Gobierno del PAN ha llegado para castigar a los gobernates del PRI, y ningún Gobierno del PRI ha sancionado a los gobernadores del PAN. Esta línea de la corrupción y de la impunidad, sobre todo, sólo se puede romper doblegando al binomio PRI-PAN!”.
El domingo pasado, en Saltillo, Coahuila, Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, nombró al empresario minero Armando Guadiana Tijerina como Promotor de la Soberanía Nacional por Morena.
Guadiana Tijerina, quien ha expresado abiertamente su deseo de ser el candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila en 2017, fue apoyado en ese acto por el también por el empresario regiomontano Alfonso Romo Garza.
Sobre el particular, Martí Batres Guadarrama planteó que Guadiana Tijerina es una buena iniciativa no sólo para los coahuilenses sino también para Morena, pues significa un acercamiento importante de los empresarios con el partido.
“Ese es un sector donde Morena ha tenido más dificultad de diálogo y, sin embargo, Morena no es antiempresarial. Hay conciencia de que cada vez con mayor énfasis los empresarios tienen que participar de cambio y de transformación”, afirmó el político capitalino.
“Con estas decisiones se demuestra que Morena no está peleado con el empresariado ni con la inversión privada. Más bien, incluso, es la fuerza política que más apoya a los empresarios, sobre todo en dos aspectos: uno, Morena se ha opuesto y ha rechazado los aumentos de impuestos a los empresarios, y dos, Morena ha rechazado la extorsión que se realiza desde diversos gobiernos a los empresarios, a los que se les pasa la charola, se les piden cuotas, dinero a cambio de permisos… por eso Morena, en el Gobierno, sería ampliamente beneficioso para los empresarios, porque no se les expoliaría ni con más impuestos ni con extorsiones ni moches”.
Sobre la dificultad que implican las elecciones en Coahuila, aún en control de los Moreira y del PRI, Batrés Guadarrama planteó que será difícil, pero se tiene que dar la batalla por compleja que ésta sea.
“Ha habido situaciones muy complicadas para Morena, pero hemos avanzado. En Veracruz, por ejemplo, dimos un gran salto, y en Coahuila vamos a lograr un avance muy significativo. Ya lo verán”, afirmó.
EL TUFO DE LA CORRUPCIÓN
Hace unos días, el también ex líder del Partido Revolucionario Institucional demandó al investigador y articulista Sergio Aguayo Quezada por daño moral, reclamando una indemnización de 10 millones de pesos y una disculpa pública, pues Moreira Valdés dijo sentirse lesionado emocionalmente por un artículo en el que el investigador lo señaló de “desprender el hedor corrupto”.
El texto en cuestión fue publicado el 20 de enero pasado en los diarios Reforma y El Siglo de Torreón, luego de que Humberto Moreira fuera detenido y encarcelado en España, donde fue investigado por lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada.
Una semana después, Moreira Valdés fue liberado por falta de pruebas y el caso fue archivado por la Audiencia Nacional de ese país.
“Moreira es un político que desprende el hedor corrupto; que en el mejor de los escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada impunidad mexicana”, escribió entonces Aguayo.
El académico e investigador del Colegio de México (Colmex) dijo a este diario digital que la primera hipótesis que se planteó para explicar la demanda millonaria de Moreira Valdés fue que el ex Gobernador buscaba obstaculizar la entrega de expedientes solicitados al Gobierno sobre la masacre de Allende, en donde fueron asesinadas y desaparecidas decenas personas.
“Yo establecí como una primera hipótesis de trabajo que podía ser por la investigación que estoy conduciendo desde El Colegio de México con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sobre la matanza de Allende en 2010 y 2011. Estoy a la espera de una conversación con el Gobernador de Coahuila [Rubén Moreira Valdez] para hoy por la tarde o mañana más temprano. Cuando hable con el Gobernador podré decir si esa hipótesis es correcta o no”, dijo hace unos días.
La investigación a la que se refiere Aguayo busca hacer un comparativo sobre las masacres de San Fernando, Tamaulipas y Allende, Coahuila. Se trata de un trabajo de largo plazo pera establecer “con mayor precisión cuáles son los resortes de las matanzas y tragedias y cuál es el papel que juega el Estado, la sociedad y los perpetradores”, detalló.
Por la importancia de los casos para Estados Unidos se firmarán convenios con la Universidad de Texas sede Valle del Río Grande y el National Security Archivo de la Universidad George Washington, adelantó.
“Es posible que esa demanda busque torpedear la posible apertura de expedientes que nos prometió a El Colegio de México el Gobierno de Coahuila, no nos han abierto los expedientes. Esa es una situación peculiar; la CEAV es una institución de Estado y está pidiendo a la CNDH [Comisión Nacional de Derechos Humanos] , PGR [Procuraduría General de la República], Gobierno de Tamaulipas, de Coahuila. Estamos teniendo acceso a algunos expedientes. Si le puedo decir que la CNDH ha tenido gran apertura, pero hemos firmado un convenio de confidencialidad de no poder mostrar ni comentar estos documentos hasta que termine la investigación, pero sí es indispensable que nos den acceso en Coahuila, eso hablaré con el Gobernador”, explicó Aguayo Quezada.
En tanto, Ricardo Espinoza Toledo, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), también se refirió al manto de impunidad que cubre a los Moreira desde hace años.
“Yo creo que hay un sentir generalizado entre la ciudadanía que no es reciente. Y que tal vez ahora se ha acentuado más. Sobre todo en los gobiernos estatales, que han estado infestados por altos niveles de corrupción, lo que se combina con la ineficacia para combatir la violencia y para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y en muchos de esos gobiernos, como el de Coahuila empieza a notarse, que la continuación del PRI no es por méritos propios sino que tiene que ver por mecanismos diversos de inducción del voto”, dijo.
“Hay un manto de impunidad, y un pacto de impunidad también. El caso de Coahuila es muy revelador, porque hay una familia que ha estado gobernando los últimos sexenios”, consideró el profesor Espinoza Toledo.
El presidente Enrique Peña Nieto tomó protesta a Hernández Martínez, quien se desempeñaba como Director de Finanzas de la CFE.
Jaime Francisco Hernández Martínez fue designado como el nuevo titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en sustitución de Enrique Ochoa Reza.
El presidente Enrique Peña Nieto tomó protesta a Hernández Martínez, quien hasta este martes 2 de agosto se desempeñaba como Director de Finanzas de la CFE.
En un comunicado, la Presidencia informó que el mandatario instruyó al nuevo director de la empresa productiva del Estado a continuar con la implementación de la Reforma Energética, relacionada con el sector eléctrico, y seguir adelante con la reestructuración de la CFE, para fortalecer su competitividad.
Entre sus nuevas tareas también estará asegurar la continuidad del servicio del Sistema Eléctrico Nacional y expandir su cobertura; el fortalecimiento financiero de la empresa y ampliar y modernizar su infraestructura.
El funcionario llega al cargo luego que en julio pasado Ochoa Reza dejara el cargo para contender por la presidencia del Partido Revolucionario Instituciona (PRI).
Jaime Francisco Hernández Martínez es doctor en Economía Política por el Departamento de Gobierno de la Universidad de Essex, en el Reino Unido, y Maestro en Economía Política por la misma Universidad. Estudió la licenciatura en Economía en el Instituto Politécnico Nacional y realizó estudios de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Antes de ocupar la Dirección de Finanzas de la CFE, se desempeñó como Director General de Programación y Presupuesto B, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El doctor Hernández Martínez ha sido miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), del Colegio de la Frontera Norte, y de diversas instituciones de la Banca de Desarrollo.
Además, colaboró en la Secretaría Técnica del Gabinete Económico y en la Coordinación de Asesores de Política Económica y Social de la Presidencia de la República.
Tuxtla Gutiérrez, Chis. Como parte de las protestas contra la reforma educativa, maestros y maestras de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), tomaron este martes la Torre Chiapas, un conjunto de edificios que en sus 15 pisos alberga distintas oficinas del gobierno federal y estatal, así como de empresas privadas. Los contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llegaron al lugar, en el oriente de la ciudad, alrededor de las 7 de la mañana e impidieron las labores que iniciaban una hora después. El inmueble alberga oficinas del gobierno de Chiapas como las secretarías de Hacienda; de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno; de Economía; Turismo; Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, así como del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, entre otros. En el lugar también se ubican despachos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), consulados centroamericanos y la sede del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Por su parte, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez (Canaco Servytur), condenó a través de un comunicado los bloqueos al aeropuerto Ángel Albino Corzo y centros comerciales, efectuados por el magisterio de la CNTE el jueves, viernes, sábado y domingo de la semana pasada. “Lamentamos la incalculable afectación que las acciones del magisterio han producido en las empresas asentadas en dichos centros comerciales y en las actividades normales de la ciudadanía”, se consigna. Estos nuevo bloqueos, señaló la Canaco, “reiteran que el movimiento no busca el diálogo y continúa afectando la vida de miles de ciudadanos”. Según la Canaco, la ciudadanía “no puede vivir secuestrada por los intereses de nadie. El futuro de los chiapanecos no puede ponerse en riesgo ni depender de intereses de grupos o particulares”. A los maestros en paro, la Canaco pidió “respeto” a la CNTE, ya que la ciudadanía, “al no compartir las causas y motivos de su movilización, ven su vida afectada al extremo de arriesgar sus ingresos y su patrimonio”. A las autoridades, la Canaco exige que, “en estricto apego a la ley, den solución inmediata a los bloqueos aplicando el marco legal que permite garantizar el estado de derecho para todos los ciudadanos”.
Los médicos marcharán el próximo 17 de agosto en 11 entidades y la Ciudad de México. Exigen material para realizar su trabajo, compra de medicamentos y más personal.
Luego de que el pasado 22 junio miles de médicos salieran a las calles de más de 80 ciudades en todo el país para protestar entre otros puntos contra la universalización de la Salud, ahora la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos convocó una nueva marcha nacional de protesta para el próximo 17 de agosto. Antonio Vital, coordinador de la Alianza, explicó en entrevista que el pasado sábado 23 de julio se realizó el Noveno Encuentro por la Salud y la Vida, donde empleados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el ISSSTE y de la Secretaría de Salud, expusieron las principales demandas que exigirán a las autoridades sanitarias. Sus demandas son: más contratación de personal sanitario; la compra de más medicamentos y de material que garanticen el abasto para la población; el rechazo al reciente recorte presupuestal y de la privatización de la Salud pública; y la defensa de las jubilaciones. La Alianza de Trabajadores informó que 11 entidades, más la Ciudad de México, ya se han sumado a la convocatoria para marchar el 17 de agosto a las instalaciones de la Secretaría de Salud federal, en la capital mexicana. Entre los estados se encuentran Veracruz, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Morelos y Puebla. El movimiento ‘Yosoymédico17, el cual organizó la pasada marcha nacional del 22 de junio, dijo a este medio a través de uno de sus voceros que por el momento no han decidido unirse a esta nueva protesta. En cuanto a la demanda de contratación de más personal sanitario, Antonio Vital expuso que exigirán a la Secretaría de Salud “que cumpla con la creación de 33 mil plazas comprometidas desde hace año y medio”. “En la Secretaría de Salud son 22 mil 600 plazas y 10 mil en el ISSSTE, las cuales se han dejado de cubrir, provocando que hoy haya un déficit muy grande en el sector público y un rezago enorme en la atención”, planteó Vital. Por eso, añadió, pacientes que tendrían que ser atendidos en un periodo máximo de tres semanas, pueden llegar a estar hospitalizados hasta entre tres y seis meses, “por carencias de insumos básicos, medicamentos, y de enfermeras y doctores”. Cabe recordar que el pasado 7 de julio, Animal Político documentó, que en hospitales públicos del IMSS no hay jeringas ni gasas, que los pacientes convalecen en sillas de metal en los pasillos, y que los doctores atienden a 70 pacientes al mismo tiempo. “Universalización provocará un colapso del servicio médico” Otro de los puntos en los que los médicos harán especial énfasis es en el recorte presupuestal anunciado por Hacienda el pasado 24 de junio, tras la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. El recorte, el segundo anunciado este 2016, fue de 31 mil 715 millones de pesos. Y la salud y la educación fueron los sectores más perjudicados, con un recorte de 13 mil millones, de los cuales 6 mil 500 corresponden a salud. “¿A cuánto equivale ese recorte de 6 mil 500 millones? –preguntó Antonio Vital para responderse-. El Hospital de Alta Especialidad Regional de Oaxaca tiene un presupuesto de alrededor de 460 millones de pesos. Ese recorte representa el equivalente al presupuesto de 12 años de este hospital”. De ahí que el coordinador de la Alianza subrayó que van a expresar su rechazo al recorte presupuestario, y también a la subrogación de algunos servicios por parte del IMSS, ya que entienden que esto supone el principio de la privatización de la salud pública en el país. En cuanto al Acuerdo Nacional hacia la Universalización de la Salud propuesto por el Ejecutivo, el cual plantea que gradualmente el IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud compartan recursos materiales y humanos, la Alianza dijo que también mostrará su rechazo por considerar que dicha propuesta provocará “un colapso del servicio”. “Con el recorte al presupuesto, el aumento de la cobertura (por la Universalización) y sin recursos humanos ni materiales, vamos a tener un colapso del servicio, y eso va a generar un enfrentamiento entre ciudadanos y derechohabientes con los trabajadores de la Salud”, apuntó Antonio Vital. Animal Político preguntó al departamento de comunicación de la Secretaría de Salud por una postura sobre los señalamientos de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos, y sobre la convocatoria de la marcha para el 17 de agosto. Hasta el momento, la dependencia no se ha pronunciado. No obstante, el pasado 24 de junio, el secretario de Salud, José Narro, negó en reiteradas ocasiones que el Acuerdo hacia la Universalización sea un primer paso para la privatización de los servicios de salud.
“Contundentemente lo digo: no hay ni la mínima intención de privatizar la salud. Es falso que se quiera privatizar (con el acuerdo de universalización) la salud en México. Miente quien así lo diga. No se vale engañar a la sociedad con planteamientos absolutamente falaces”, dijo el titular de Salud. FUENTE: ANIMAL POLÍTICO. AUTOR: MANU URESTE. LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/medicos-anuncian-nueva-marcha-nacional/
La administración de César Duarte pretende contratar más deuda hasta por 6 mil millones de pesos comprometiendo los ingresos carreteros futuros.
La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad obtuvo en amparo una suspensión provisional que paraliza la autorización del Congreso de Chihuahua para contratar nueva deuda por parte del gobierno de César Duarte. Dicha autorización es anticonstitucional, pues el artículo 117 prohíbe a estados contratar financiamiento los últimos tres meses de gobierno, dijo la organización en un comunicado. Con esta acción legal se logró suspender el decreto del 6 de julio de 2016, a través del cual el Congreso de Chihuahua autorizó la adquisición de más deuda pública de la empresa de participación estatal Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., para obtener financiamiento hasta por 6 mil millones de pesos al comprometer ingresos carreteros futuros. “De acuerdo a datos del INEGI, la media nacional de endeudamiento per cápita es de $4,486 mientras que cada chihuahuense debe $ 12,000. Por ello es fundamental parar el excesivo endeudamiento del gobierno de César Duarte a unos meses de dejar la administración estatal”, dijo María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El texto completo del comunicado: MCCI/006/2016 Juez ordena a Gobierno de Chihuahua suspender endeudamiento El día de hoy, 1° de agosto, el Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, A.C. (DILE) -brazo jurídico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad- obtuvo en amparo una suspensión provisional que paraliza la autorización del Congreso de Chihuahua para contratar nueva deuda por parte del saliente gobierno de César Duarte. DILE argumentó que esta autorización es anticonstitucional, pues el artículo 117 prohíbe a estados contratar financiamiento los últimos tres meses de gobierno. Con esta acción por parte de DILE se logró suspender el decreto del 6 de julio de 2016, a través del cual el Congreso de Chihuahua autorizó la bursatilización de recursos –es decir la adquisición de más deuda pública- de la empresa de participación estatal Fibra Estatal Chihuahua, S.A. de C.V., para obtener financiamiento hasta por 6 mil millones de pesos al comprometer ingresos carreteros futuros. El juez Primero de Distrito en Chihuahua admitió la demanda presentada por DILE el pasado 28 de julio, le reconoció interés legítimo para pedir la suspensión y ordenó al Congreso y al Gobernador de Chihuahua que “no se efectúe la contratación de financiamientos, incluyendo la emisión de valores en los que participe Fibra Estatal Chihuahua, S. A. de C.V, de forma directa o indirecta y/o cualquier otra figura similar o análoga (los ‘financiamientos de la monetización’)”. Al respecto, la doctora María Amparo Casar, Presidente Ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, destacó que: “de acuerdo a datos del INEGI, la media nacional de endeudamiento per cápita es de $4,486 mientras que cada chihuahuense debe $ 12,000. Por ello es fundamental parar el excesivo endeudamiento del gobierno de César Duarte a unos meses de dejar la administración estatal”. La suspensión provisional a favor de DILE es una decisión que cumple con la necesidad de rendición de cuentas en el ejercicio de las finanzas públicas y en los endeudamientos de los estados. Defenderemos la resolución del juez de Distrito en caso de que sea impugnada por las autoridades de Chihuahua. De tener éxito en nuestra estrategia legal, ayudaríamos a detener el crecimiento de la deuda -sin motivo justificado aparente- de cada chihuahuense. Sobre Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
Asociación civil sin fines de lucro comprometida con la consolidación del Estado de Derecho en México, a través de una agenda integral dedicada a prevenir, denunciar y contribuir a erradicar la corrupción e impunidad que prevalecen en los sistemas público y privado de nuestro país. Está comprometida con arrojar luz sobre los actos y redes de corrupción a través de La investigación aplicada, el periodismo de investigación, el litigio estratégico y la movilización ciudadana. Esta iniciativa ciudadana es codirigida por Claudio X. González G. y María Amparo Casar. FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS. AUTOR: REDACCIÓN. LINK: http://aristeguinoticias.com/0108/mexico/ordena-juez-a-duarte-dejar-de-endeudar-a-chihuahua/
Entre las victimas se encuentran cuatro menores y tres adultos miembros de una familia de Tepecoacuilco.
En un solo fin de semana, sábado y domingo, fueron ejecutadas 16 personas en los municipios de Acapulco, Tixtla y Tepecoacuilco, en Guerrero. En otros sitios fueron hallados tres cuerpos en una fosa clandestina. Un comando armado ingresó a un bar de Acapulco en la madrugada y disparó contra un grupo de personas dejando un saldo de tres muertos y tres heridos; también en Acapulco fue hallada una nueva fosa clandestina con tres cadáveres. En la colonia La Garita, ubicada en el mismo puerto, encontraron los cuerpos de dos hombres y una mujer con huellas de tortura y heridas de bala en la cajuela de un automóvil con placas de Puebla. Asimismo, se reportó el homicidio de Juan Octavio Morales, juez de Paz en el municipio de Eduardo Neri, su cuerpo fue encontrado en un paraje entre la comunidad de El Troncón y Tixtla con varios disparos de grueso calibre, incluido el tiro de gracia.
–Gasolinazos, el mayor en 18 años –Gasolinas 30%, salarios 4% CIUDAD DE MÉXICO: Justo cuando más de 70% de los mexicanos lo repudia por su desastrosa y corrupta gestión, Enrique Peña Nieto agrede otra vez a sus compatriotas por partida doble: El aumento en el precio de las gasolinas y el diésel, a partir de este lunes 1, no es sólo el mayor en lo que va de su gobierno, sino el más elevado desde hace 18 años, en el sexenio de Ernesto Zedillo. Parece una conducta patológica, suicida y hasta vengativa, sobre todo tras los resultados que tuvo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones del pasado 5 de junio, pero Peña y Luis Videgaray, el secretario de Hacienda y virtual vicepresidente de México, han decretado también el aumento de hasta 3.36% a las tarifas eléctricas para la industria y el comercio por segundo mes consecutivo, igual que el gasolinazo.
Y habrá más aumentos de los precios de los energéticos, como ya lo adelantó nada menos que Enrique Ochoa Reza, el hasta hace unos días director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y quien fue impuesto como presidente del PRI precisamente por Peña y Videgaray, el fanático neoliberal que gobierna el país. Las propias cifras oficiales acreditan cómo ha sido afectado el poder de compra de los mexicanos en los recientes años y cómo las promesas de que ya no habría aumentos en los energéticos con la reforma fueron en realidad mentiras de Peña y del PRI, sostenidas también por el PAN. Con el nuevo gasolinazo vigente a partir de hoy –inventado por Felipe Calderón–, el precio del litro de gasolina Magna pasó de 13.40 a 13.96 pesos (un aumento de 56 centavos), la Premium de 14.37 a 14.81 (44 centavos más) y el diésel de 13.77 a 13.98 (21 centavos de aumento), el mayor del sexenio. Pero cifras del propio gobierno de Peña establecen que el aumento de las gasolinas ha sido, desde 2012, muy superior en términos porcentuales al de los salarios: La Magna se ha encarecido 25.4% (pasó de 10.81 a 13.96 pesos por litro) y la Premium elevó su precio 30% (de 11 pesos a 14.38 pesos), mientras que el diesel pasó de 10.81 pesos a 14.20 pesos, para un aumento de 31%. Es obvio que se trata de aumentos inauditos, pero son desproporcionados si se comparan con los incrementos al salario mínimo. Por ejemplo, en el gasolinazo de hoy lunes la Magna aumentó 4.2%, exactamente el mismo porcentaje autorizado al salario mínimo para este 2016, para ubicarse en 73.04 pesos diarios. Más aún: Desde 2012 el alza a los salarios mínimos ha sido de 4% en promedio, al pasar de 62.33 a 73.04 pesos, apenas 10.71 pesos de aumento en cinco años. Si de por sí el raquítico aumento al mínimo de enero quedó pronto pulverizado hasta en la “cuesta de enero”, la carestía que han generado ya los aumentos de precio de los energéticos, particularmente las gasolinas, es otro agravio para los mexicanos. En 2012, el equipo de campaña de la panista Josefina Vázquez Mota diseñó una estrategia propagandística que tambaleó al candidato priista. “Peña no cumple” fue un éxito, porque demostró que los compromisos cumplidos del priista eran falsos. Peña se derrumbó y, justo cuando el tracking de la casa de campaña de la candidata del PAN lo colocó en empate técnico con Andrés Manuel López Obrador –a un mes de la elección–, Felipe Calderón ordenó suspender esa campaña que permitió recuperarse al priista, como consta en “El Amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas”. El “Peña no cumple” fue –como ahora con tantas promesas incumplidas– una frase cierta, pero ordenó quitarla Calderón, justamente el inventor de los gasolinazos y tenaz impulsor de la privatización energética.
Un juez de distrito negó el amparo al ex Gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la cruz, por lo que deberá presentarse a declarar por el desvío de 3 mil 600 millones de pesos, informó su abogado Javier Treviño.
