6 miembros del equipo de Duarte, señalados por la “desaparición” de las pensiones en Veracruz

Los afectados han denunciado a 25 funcionarios, entre ellos miembros del Gabinete de Javier Duarte, por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, coalición y peculado, delitos por los que pagarían penas de cuatro a quince años en prisión por el faltante de 4 mil 100 millones de pesos destinados para el pago de pensiones en Veracruz. “Los pensionados han decidido pasar del sospechosismo a los datos concretos, tienen las herramientas y la disposición para cuestionar el sistema de opacidad del Instituto de Pensiones del IPE”, dice Juan José Llanes, abogado de la organización que agremia a 28 mil personas que exigen sus ahorros.

Un listado de 25 funcionarios del Gobierno de Veracruz son acusados de ser los responsables por el desfalco de 4 mil 100 millones de pesos de las arcas destinadas a pagar a los pensionados. Esta lista incluye al menos seis de los miembros del Gabinete de Javier Duarte de Ochoa.

Blog Expediente tuvo acceso a la Carpeta de Investigación 425/2016, documento en que se detalla los nombres y cargos de los funcionarios señalados ente la Fiscalía General del Estado por el uso indebido de la suma multimillonaria, entregados en gran medida al gobierno del priista, Javier Duarte de Ochoa.

“Esta denuncia se debe únicamente a la disposición de la Reserva Técnica y será la primera de varias en contra de esta élite privilegiada. Los pensionistas han decidido pasar del sospechosismo a los datos concretos”, comparte Juan José Llanes, abogado de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV).

El defensor legal de los 28 mil agremiados, explica que Antonio Gómez Pelegrín, Secretario de Finanzas, en días recientes entregó una carpeta informativa, presumiendo la liquidación de un préstamo, obtenido desde el año de 2009 de las aportaciones obrero patronal de los trabajadores estatales en activo.

“El gobierno del estado ha tratado de farolear, diciendo ya pagamos lo que nos prestaron. ¿Pero por qué el consejo directivo del IPE realizó tal préstamo? Se trata de un acto indebido con base en el Artículo 16 de la Ley 287 (Ley de Pensiones del Estado de Veracruz)” detalla.

Aunado a lo anterior, Alberto Silva Ramos, Coordinador de Comunicación Social, publicó el 20 de mayo de 2016 un boletín donde confirma el pago de pensiones y jubilaciones con 360 millones también tomados de la Reserva Técnica.

“En la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), se acordó disponer de 360 millones de pesos de la reserva técnica para garantizar el pago de pensiones y jubilaciones”. (1)

A continuación se presenta un resumen de la denuncia interpuesta por la FEDIPEV, donde se detallan los argumentos legales presentados, los nombres de los funcionarios implicados, los castigos a los que pudieran ser acreedores y las exigencias los pensionistas a la misma FGE.

“A los servidores públicos que fueron señalados como responsables, los instamos a comparecer sin reticencias y a exponer -sin cortapisas- LA VERDAD HISTÓRICA de lo acontecido al Instituto de Pensiones, y a explicar puntual y detalladamente las razones de su quebranto financiero”.


“Y si -por cualquier razón anómala- los hechos no son investigados y sancionados como se debe, serán agotadas todas las instancias legales que conduzcan a la absoluta reparación del daño y al restañamiento de los agravios”, se lee en la denuncia penal.

LOS 25 FUNCIONARIOS SEÑALADOS POR LA FEDIPEV
“Todos -salvo error de apreciación de los suscritos-, cometieron actos que se consideran constitutivos de ilícito penal… Interponer por escrito FORMAL DENUNCIA, QUERELLA O ACUSACIÓN, en contra de los CC:
1.- OCTAVIO ANTONIO GIL GARCÍA, Consejero Presidente
2.- JOSÉ ADÁN CÓRDOBA MORALES, Secretario Técnico
3.- RICARDO GARCÍA GUZMÁN, Comisario Propietario
4.- FLAVINO RÍOS ALVARADO, Secretario de Gobernación
5.- ANTONIO GÓMEZ PELEGRÍN, Secretario de Finanzas
6.- XÓCHITL ADELA OSORIO MARTÍNEZ, Secretaria de Educación y Cultura
7.-FERNANDO BENÍTEZ OBESO, Secretario de Salud
8.- ALFREDO FERRARI SAAVEDRA, Secretario de Desarrollo Social
9.- GERARDO MANCILLA ARTEAGA, Secretario de Desarrollo Económico y Portuario
10.- MANUEL ARELLANO MÉNDEZ, Representante Sindical, SNTE 56, (Propietario)
11.- ACELA SERVÍN MURRIETA, Representante Sindical, SETSE, (Propietario)
12.- ENRIQUE LEVET GOROZPE, Representante Sindical, FESAPAUV, (Propietario)
13.- ENRIQUE CRUZ CANSECO, Representante Sindical, SDTEV, (Propietario)
14.- RICARDO DIZ HERLINDO, Representante Sindical, SUTSEM, (Propietario)
15.- FAUSTINO GARCÍA HERNÁNDEZ, Representante Sindical, FSTSEM y ODV, (Propietario)
16.-ÁNGEL CRUZ LAGUNES, Representante Sindical, (Suplente)
17.- ARTURO JARAMILLO DÍAZ DE LEÓN, Representante Sindical, (Suplente)
18.- FRANCISCO SALVADOR TORRES PERALTA, Representante Sindical, (Suplente)
19.- EÉDGAR MURRIETA GONZÁLEZ, Representante Sindical,(Suplente)
20.- JOSÉ ÁLVARO PÉREZ VELA, Representante Sindical,(Suplente)
21.- LUIS SARABIA OLGUÍN, Representante Sindical, (Suplente)
22.- CASIMIRO HERNÁNDEZ CUERVO, Representante Sindical, (Suplente)
23.- VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ SÁNCHEZ, Representante Sindical, (Suplente)
24.-OSWALDO DANIEL AHUMADA AGUIRRE, Representante Sindical, (Suplente)
25.- JORGE OCTAVIO TÉLLEZ KAWAS, Representante Sindical, (Suplente)

ARGUMENTOS LEGALES


El 11 de febrero de 2016, los consejeros del IPE determinaron disponer de setecientos sesenta y cinco millones, setecientos treinta y seis mil ochocientos noventa y tres pesos 21/100 M.N. del Fondo de la Reserva Técnica, y de esa cantidad pagar quinientos cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N. para la cobertura de obligaciones y prestaciones pendientes por cubrir, a cargo del IPE. Acuerdo número 85,217.

Sin embargo, explica el documento ante la FGE, el destino de los otros doscientos veinte millones setecientos treinta y seis mil ochocientos noventa y tres pesos 21/100 M.N. es incierto, toda vez que el único destino posible de la totalidad de lo sustraído de la reserva técnica (los $765 millones 736 mil 893.21), era la cobertura de obligaciones y prestaciones pendientes de pago, y no solamente $545 millones. De ahí que se tiene que se sustrajeron $220 millones 736mil 893.21 de la reserva técnica, sin definirse su objeto.

De igual manera, se tiene que el Gobierno del Estado de Veracruz, por conducto de su vocero oficial, Alberto Silva Ramos, admite que recibió en préstamo en el año 2009, la cantidad de 1 mil 600 millones de pesos, que –dice la información- se pagaron en el año 2010.


“Ahora bien, si bien es cierto que en el año 2009 se encontraba en vigor la ahora abrogada Ley número 20 de Pensiones del Estado de Veracruz, también cierto es que las disposiciones que regulaban la Reserva Técnica, eran idénticas a las que, en la Ley en vigor, norman ese tópico. En concreto, tampoco en el año 2009, al amparo de la Ley número 20 de Pensiones del Estado, podía disponerse de los recursos de la Reserva Técnica para “prestar” dinero al Gobierno del Estado de Veracruz”,

DELITOS Y CASTIGOS

Abuso de autoridad: los 25 servidores públicos denunciados, indebidamente, considera la Fedipev, habrían realizado inversiones en deuda con recursos públicos y aplicaron los fondos procedentes de la Reserva Técnica del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz a un fin distinto al que estaba destinado, haciendo con ellos una erogación ilegal.

“Artículo 318 del Código punitivo estatal.- Se impondrán de tres a diez años de prisión y multa hasta de cuatrocientos días de salario al servidor público que: …IV. Indebidamente otorgue o realice obra pública o contrate adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, inversiones de fondos y valores o deuda, con recursos públicos; V. A sabiendas aplique fondos públicos a un fin distinto al que estaban destinados o hiciere con ellos una erogación ilegal…”

Incumplimiento del deber legal: dado que los servidores públicos denunciados dejaron de cumplir con los deberes inherentes a su empleo, cargo o comisión en perjuicio de los derechos de los pensionistas, toda vez que autorizaron indebidamente la disposición de recursos procedentes de la Reserva Técnica del IPE. De igual manera, los denunciados tuvieron conocimiento de que, con las acciones que tomaron, existía la posibilidad de lesionar el patrimonio del Instituto, y no evitaron el daño a pesar de que dentro de sus facultades estaba hacerlo.

El Artículo 319 del Código punitivo estatal dispone (al describir y sancionar el Incumplimiento del Deber Legal) que “Se impondrán de uno a ocho años de prisión y multa hasta de doscientos días de salario al servidor público que deje de cumplir con los deberes inherentes a su empleo, cargo o comisión en perjuicio de los derechos de un tercero o en beneficio propio o ajeno”.

Coalición: dado que los denunciados se unieron para tomar medidas contrarias a la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz, con el riesgo de que las decisiones que tomaron traigan aparejada la suspensión del servicio que debe dar el IPE a los pensionistas, particularmente, el pago de sus pensiones, dado que dispusieron indebidamente de los recursos de la Reserva Técnica destinados a garantizar la cobertura -o cubrir, dado el caso- el pago de las prestaciones de los derechohabientes.

Por otra parte, el Artículo 321 (que prevé el delito de Coalición) define que “Se impondrán prisión de seis meses a seis años y multa hasta de doscientas veces el salario, a los servidores públicos que se unan para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o disposición de carácter general, para impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la función pública, en cualquiera de sus niveles de gobierno”.

Peculado: dado que los denunciados, en provecho ajeno, dispusieron del dinero que recibieron en administración, procedente de la Reserva Técnica del Instituto, para aplicarlo a un fin que no se encuentra previsto en la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz.

que se define en el Artículo 323 del Código sustantivo penal, dice que “Se impondrán de cuatro a quince años de prisión y multa hasta de seiscientos días de salario al servidor público que, en provecho propio o ajeno, utilice o disponga de dinero, valores o cualquier otro bien que hubiere recibido en administración, depósito o por otra causa en razón de su cargo”.

“QUEREMOS LA VERDAD HISTÓRICA”

Más allá de un linchamiento social contra los 25 funcionarios expuestos en la denuncia 425/2016, Juan José Llanes, advierte que lo que exigen los pensionistas veracruzanos es la verdad; el trasfondo de los acuerdos entre el Gobierno del estado y el consejo directivo del IPE y sobre todo, la ubicación de los faltantes millonarios de la reserva técnica.

“Los pensionados han decidido pasar del sospechisismo a los datos concretos, tienen las herramientas y la disposición para cuestionar a este sistema de opacidad del Instituto de Pensiones del IPE”, comentó Llanes Gil del Ángel.

Finalmente, los demandantes, exigieron a la FGE, que se practiquen tantas y cuantas diligencias que sean necesarias a fin de determinar la verdad de los hechos denunciados. Además, solicitar el ejercicio de la acción penal y reparadora del daño en contra de los 25 agremiados.


Así la última medida ejercida por la coalición de pensionistas, quienes no obstante de haber emitido una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), y ahora un procedes legal, advierten que de no ver acciones contra los funcionarios y no reciben una sanción como se debe, agotarán todas las instancias legales que conduzcan a la absoluta reparación del daño y al restañamiento de los agravios

FUENTE: SIN EMBARGO/BLOG EXPEDIENTE.
AUTOR: REDACCIÓN/MIGUEL ÁNGEL CARMONA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-08-2016/3075494

“Fue mucho tiempo en la cárcel, aunque parecieran dos días”: Jacinta

AMEALCO, Qro: La casa de Jacinta Francisco Marcial, madre de cinco hijos y abuela de ocho nietos, siempre está cerrada, pero se abre cada tanto para recibir lo mismo a universitarios que quieren hacer una tarea, que a periodistas que desean entrevistarla, o a personas que simplemente van a conocerla.

Jacinta trata de recibir a todos sus visitantes en la casa ubicada a la orilla de la carretera que va del municipio de Amealco de Bonfil, en Querétaro, a la Ciudad de México, pero no siempre puede hacerlo porque toda la semana trabaja. En época de calor vende aguas frescas, paletas y helados, y en época de frío todo tipo de dulces y frituras.

De apenas metro y medio de estatura, esta mujer se ha dedicado a la venta desde que era niña, pero interrumpió su oficio en 2006, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) la acusó de secuestrar a seis policías de élite de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI). La indígena otomí recibió una sentencia de 21 años de prisión, de los cuales pasó 37 meses encerrada.

En entrevista, Jacinta habla del aprendizaje que le dejó este capítulo en su vida, mientras permanece sentada en el amplio patio de su casa, donde se observan cuartos de ladrillo sin decoración. Es un hogar que sigue construyendo y en el que habita desde hace unas tres décadas, cuando se casó.

Rodeada de plantas y árboles de pera y durazno, con su cabello trenzado y vestida con una blusa de cuello de pliegues y falda de tela satinada –el traje típico otomí–, se esfuerza por expresarse en español y no en su lengua materna.  A 10 años de su detención –que se cumplen este 3 de agosto– aún le cuesta hablar de lo sucedido.

Mientras conversa, trata de hilvanar el significado de palabras como “secuestro”, “careo”, “discriminación” o “reparación del daño”. Apenas puede pronunciarlas y aún más entenderlas. Las escuchó durante tantos años, que ahora busca darles sentido.

Una década después

Jacinta es sencilla y sonríe fácilmente. Nunca ha tenido un arma en sus manos y tampoco sabía lo que era “retener” a una persona. Comprendió lo que eso significa hasta que llegó a prisión.

El 26 de marzo de 2006, sin identificarse y sin portar uniforme, elementos de la entonces AFI hicieron un operativo en el tianguis de la plaza de la comunidad de Santiago Mexquititlán, en el municipio queretano de Amealco de Bonfil.

Ese día los policías despojaron a varios comerciantes de sus mercancías, alegando que se trataba de “piratería”. La gente protestó por la ilegalidad del decomiso. Ante la ira ciudadana, los policías se comprometieron a pagar por los destrozos y se retiraron del lugar para ir por dinero.

Mientras esto sucedía, pidieron a un compañero que se quedara en el sitio, como prueba de que estaban dispuestos a regresar con el pago de los destrozos. Horas más tarde volvieron para negociar con la comunidad y luego se retiraron.

Jacinta se mantuvo ajena a la situación. Narra que en ese momento estaba vendiendo aguas frescas en el tianguis, pero ni siquiera cerca de los policías. Fue hasta la tarde cuando los agentes de la AFI regresaron a la comunidad, supuestamente para pagar los daños. Ella –dice– fue a la farmacia y se acercó donde estaba “el alboroto”. En ese momento un periodista tomó una fotografía y el rostro de Jacinta quedó en la imagen.

El 3 de agosto de 2006 (menos de cinco meses después de los hechos), cuando parecía que todo había quedado en una anécdota, la indígena fue detenida por el delito de secuestro. La prueba para acusarla fue justamente esa imagen que se publicó en un periódico. Ahí aparecían ella, Alberta y Teresa – otras dos indígenas a las que también se acusó de secuestro–, en medio de un mar de gente.

Al tratar de reconstruir el hecho, Jacinta recuerda que ese día salió temprano para recorrer su barrio e invitar a la gente de la comunidad a ir a la peregrinación que cada mes de octubre sale de Querétaro rumbo a Atotonilco, en Guanajuato. Asegura que como ferviente católica, desde muy joven participa en las peregrinaciones de su comunidad.

“Ese día llegaron ellos. En la tarde, como a las seis de la tarde, venía de regreso a la casa. Cuando llegué estaban una señora y un señor en la puerta de afuera. Estaban platicando con mi esposo y mi hija. Cuando llego, se voltea la señora y me dice que si era la señora Jacinta y le dije que sí. Cuando le dije que sí, va y me agarra fuerte de acá arriba (de la cabeza) y me voltea a ver”.

Esas personas, que no se identificaron, le dijeron que debía ir a declarar “algo”. Confiada en que no había hecho nada, ella y su esposo Guillermo acompañaron a las dos personas.

“Cuando iba caminado ningún carro estaba ahí, pero cuando yo llego (la mujer) me empuja, me voltea y ya estaba un coche y me meten ahí. No me dejaba alzar mi cabeza ni nada. Y me dice: ‘¿tú eres la señora Jacinta?’. Y le dije que sí. ‘¿Qué hiciste hace poquito tiempo?’ (preguntó la mujer). Dije: ‘pues vámonos, yo no he hecho nada”.

Jacinta y su esposo subieron a la parte trasera del auto y las otras dos personas iban adelante; mientras la mujer manejaba, le dijo que nada más iba a declarar y ellos la iban a regresar a su casa.

“Yo no tenía miedo porque sabía que no había hecho nada”, recuerda. Y no sabía es que era trasladada al Juzgado Cuarto de Distrito del estado.

Cuando llegaron al lugar, su esposo se quedó afuera y a ella le pidieron que pasara. Al entrar, vio que algunas personas estaban cenando. Ante la indiferencia del personal, lo único que hizo fue sentarse a esperar a que alguien le hiciera las preguntas. Eso nunca pasó.

“Llegando allá en Querétaro, ya estaban las otras dos muchachas (Alberta y Teresa, que vendían discos de música), preguntaron: ¿‘por qué te trajo si tú no vendías lo que nosotros vendíamos?’. Pues no, pero también me trajeron, dijeron que nada más iba a declarar y me iban a regresar”.

La promesa no se cumplió, porque minutos después las tres fueron exhibidas ante los medios de comunicación queretanos para, enseguida, trasladarlas al Centro de Readaptación Social de San José El Alto, el lugar donde Jacinta estuvo recluida tres años y casi dos meses.

La fe y el esfuerzo

Madre y abuela, Jacinta es una mujer famosa desde antes de pisar la cárcel. Es conocida como “la de los helados y paletas”. Hasta hace un par de años todavía fabricaba en los barriles donde la nieve se hace mezclando sal y hielo picado, y se le da vueltas al barril hasta que se tiene el producto final.

Hoy ya cuenta una máquina para preparar el helado, incluso tiene su negocio en su casa. Aunque ese local lleva el nombre de “JaciMemo”, las primeras letras de su nombre y el de su esposo, en realidad el negocio es de sus hijos, y por eso dice que no le gusta que le tomen fotografías frente a ese lugar.

Sobre su vida después de salir de la cárcel abrevia: “Desde que salí (es) igual, sigo trabajando en lo mismo, como antes”. Así resume su vida, como si no tuviera nada que contar.

No dice más porque considera que siempre hace lo mismo: de lunes a viernes va a la escuela primaria a vender paletas y helados a la hora del recreo, y cuando termina ahí lleva su carrito a la secundaria para esperar la hora de la salida de los alumnos. Los domingos vende aguas frescas en el tianguis de Santiago Mexquititlán.

Además de su actividad como vendedora, es conocida como una de las organizadoras de las multitudinarias peregrinaciones que cada año van a Atotonilco, en Guanajuato, y a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. Hace unas semanas estuvo en la capital por ese motivo. En los pueblos de la región hay comités organizadores, y en el suyo ella es parte de la comisión responsable.

Su fe comenzó desde niña, cuando su madrastra iba a las peregrinaciones a Atotonilco. “Ella nos llevó para que supiéramos cómo es, entonces de ahí empecé a ir. Luego tenía a mis hijos y ya no iba hasta que ya estaban grandecitos”.

Cuenta que por ahí de 1997, una de sus hijas la acompañó en su recorrido. Juntas caminaron durante ocho días desde la capital queretana hasta llegar a la Ciudad de México. Desde entonces participa cada año, sólo dejó de asistir durante los tres años que estuvo presa. Cuando la gente de su parroquia se enteró que había sido detenida, nadie lo podía creer.
Discriminación por etnia

Desde que ingresó a la cárcel de San José El Alto, Jacinta fue despojada de su identidad. No pudo vestirse ya con la ropa otomí –de colores vivos y amplias faldas, que tanto le gusta lucir– y tuvo que usar pantalón. Al final de cuentas la ropa era lo de menos, pero la obligaron a que hablara español.

Hasta que estuvo en la cárcel se enteró que estaba acusada de secuestro. Fueron las propias internas quienes le informaron de su situación.

“Las otras compañeras me dicen si es cierto que secuestramos a seis agentes federales. Digo no, ellos llegaron a recoger no sé cómo se llama (piratería), llegaron a hacer eso. A mí me trajeron pero yo no vendía eso”.

Todavía recuerda aquella conversación con una de sus compañeras de celda:

–Sí, pero no salió eso, salió que ustedes secuestraron seis agentes. ¿Saben qué es un secuestro?

–No.

–Un secuestro es cuando tú detienes una persona, la encierras, no la dejas que salga, eso es un secuestro.

Durante los primeros días en la cárcel no tuvo miedo de lo que le decían, hasta que una interna le soltó: “El delito de secuestro es muy grave, es el delito más grave de todos. Yo vengo por homicidio y más fácil que me vaya yo que tú”. Entonces empezó a dudar de su liberación.

Los domingos y los miércoles recibía la visita de sus familiares, quienes le contaban que nadie quería ayudarla porque se trataba de un delito muy grave, y además porque lo hizo contra el gobierno.

Así pasaron dos años, sin que tuviera más información. Y es que al hablar otomí y entender poco el español, ni siquiera podía comprender lo que un funcionario le dijera.

–¿Alguna vez vio a los policías que la acusaron? –le preguntaban.

–“No” –respondía.

Y aunque pedía hablar con ellos, su familia siempre le decía: “¿Cómo te vas a carear con ellos? No vas a ganar porque tú no sabes hablar nada y no les vas a entender”. El juez citó en varias ocasiones a los presuntos agraviados, pero éstos nunca se presentaron.

Durante dos años, su esposo y sus hijos se movilizaron para buscar un abogado y luego para viajar a la Ciudad de México y pedir asesoría del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que junto con el Centro Fray Jacobo Daciano asumieron la representación legal de Jacinta en diciembre de 2008.

El 19 de diciembre de ese año, la mujer fue condenada a 21 años de prisión y a dos mil días de multa, equivalentes a 91 mil 620 pesos. Un mes después Alberta y Teresa fueron condenadas a la misma pena, pero en abril de 2010 abandonaron la cárcel a raíz de una resolución dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Acostumbrada a no guardar fechas ni acontecimientos en la memoria, Jacinta señala: “Ahorita sí pienso que tres años y dos meses sí es mucho tiempo. En ese tiempo fue como dos, tres días, pero fue mucho tiempo ¡tres años!”.

La supuesta “secuestradora” obtuvo su libertad después de la intervención de sus abogados y una intensa campaña con la que se logró una recomendación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) dirigida al juez cuarto de Distrito de Querétaro por no brindar un intérprete, y otra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigida a la Procuraduría General de la república (PGR).

Lección de vida

Como resultado del litigio, un tribunal unitario ordenó reponer el procedimiento, y en medio del escándalo mediático la PGR decidió presentar conclusiones no acusatorias en su contra. El 16 de septiembre de 2009, Jacinta obtuvo su libertad.

Luego de su paso por la prisión, dice, le quedaron enseñanzas. “Aprendí de los abogado particulares. Dicen que van a apoyar, pero el abogado particular nada más te quita dinero, ahí aprendí eso. Y cosas que no sabía hacer como el deshilado, las manualidades, bordar listones en cojines o en servilletas, y manejar una máquina de coser de esas que usan en los talleres grandes, porque yo nunca había agarrado una”.

Ahora puede comunicarse con más facilidad en español, pero prefiere seguir hablando su lengua. “De a poquito iba aprendiendo a través de las compañeras. Me costó mucho trabajo porque había cosas que yo no entendía nada, ellas tenían paciencia de explicarme o de decirme qué significaba esa palabra o cómo se hablaba esa palabra que yo no entendía y me decían cómo debía de ser”.

En este camino también hubo episodios negativos: se perdió las celebraciones de la familia, los buenos momentos de los hijos, las anécdotas de los nietos, las peregrinaciones de tres años, y además vivió el maltrato de custodias e internas.

“De lo malo, creo que nada más de las compañeras que son ¿cómo le dicen?… discriminación. Hay compañeras que tenían tiempo allá, que ya conocían, sabían. En la primera noche que paso con las otras, había una que decía que no le gustaba que le metieran unas indias, no le gustaba que me quedara con ellas porque estaba acostumbrada a estar sola”.

A una década de aquella experiencia, Jacinta es hoy una mujer más consciente. Sabe de las protestas del magisterio y de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’, ocurrida en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

Se interesa por estar informada, porque a su casa siguen llegando visitantes que tienen un hijo o un familiar en la cárcel y le piden un consejo, añade.

Y así pasa el tiempo, entre sus reuniones con la feligresía, vendiendo paletas o bordando servilletas y fajas. Jacinta y sus abogados exigieron a la PGR la reparación del daño, pero esa instancia se ha negado en dos ocasiones, primero en 2012 y después un año más tarde, siempre alegando que no hubo pruebas suficientes para acusarla, pero que sí cometió un delito.

En esta nueva cruzada judicial, el 19 de mayo pasado el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la sentencia que en mayo de 2014 dictó el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), cuando ordenó a la PGR indemnizar y reconocer públicamente la inocencia de la indígena otomí.


A la fecha, Jacinta espera que se haga realidad esa disculpa, y aunque no entiende bien el término, sabe que eso no puede resarcir tres años de cárcel. “No le entiendo bien cómo es eso, pero estaría bien, pues la gente sabe que no es cierto (la acusación). Muchos me creyeron, saben que no fue cierto, pero sí es necesario”, dice sobre la reparación del daño.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449680/fue-mucho-tiempo-en-la-carcel-aunque-parece-hubieran-sido-dos-dias-jacinta

"Armadas" con hilos, piden el hallazgo de desaparecidos en NL

Monterrey, NL. Armadas con hilos de diferentes colores, bastidores y manta, una decena de mujeres bordó los rostros y nombres de sus familiares, en una acción de protesta afuera de la Procuraduría de Justicia del Estado.

El grupo de familiares de desaparecidos colocó fotografías y pañuelos bordados con los nombres de víctimas en la entidad en el edificio de la Procuraduría de Justicia del Estado, como una manifestación para exigir justicia.

Detienen a adolescente en Mexicali por presunta trata de personas

Tijuana, BC. Por una orden judicial, una mujer fue detenida en Mexicali para enfrentar cargos de trata de personas en la modalidad de explotación sexual entre mujeres estudiantes de preparatoria.

La mujer identificada como Karolina, de 19 años de edad, quien "enganchaba" en la prostitución a adolescentes estudiantes de nivel preparatoria.

El 27 de agosto de 2015, una menor de edad presentó una denuncia penal por trata de personas en la Agencia del Ministerio Público del fuero común por lo que se pidió una orden de aprehensión a un juzgado del Sistema Penal Acusatorio a partir de la investigación de la Unidad Estatal contra la Trata.

Hace un año, la víctima era estudiante del mismo centro escolar de la imputada, quien detectaba a compañeras en estado de vulnerabilidad por su relación familiar, situación económica y edades.

La Procuraduría General de Justicia de Baja California determinó que la forma de operar de Karolina iniciaba con una invitación a salir a las adolescentes, les compraba bebidas embriagantes y después, ya ebrias, las conducía a la zona de moteles de la carretera al aeropuerto, en donde se encontraban “clientes” para sostener relaciones sexuales. Al final les pagaba 800 pesos por el "servicio".

La presunta delincuente fue detenida en un operativo realizado en una casa del oriente de esta ciudad fronteriza e internada en el Centro de Detención Provisional mientras determina el juez las medidas cautelares que incluyen si enfrentará los cargos en libertad.

A raíz de esta denuncia, la PGJE inicio una campaña en preparatorias para concientizar sobre las consecuencias de ser víctimas de trata de persona en lo físico y sicológico, además de los daños en la familia.

Fuente: La Jornada

Autor: Antonio Heras

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/03/detienen-a-adolescente-en-mexicali-por-presunta-trata-de-personas

Juez ordena a la SSP de la CDMX quitar el bloqueo en Bucareli para permitir libre tránsito

Un juez federal otorgó un amparo a un ciudadano que se quejó por la "omisión" de las autoridades ante el bloqueo en Bucareli, donde se ubica la Secretaría de Gobernación.

Un juzgado federal ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México retirar bloqueo en la avenida Bucareli –cercana a la Secretaría de Gobernación–, al otorgar un amparo a un ciudadano que se quejó por “la omisión de las autoridades para asegurar el libre tránsito” en dicha vía.

De acuerdo con un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal, el juzgado concedió el amparo al quejoso y ordenó a la SSP quitar el bloqueo de manifestantes “con absoluto respeto de la vida e integridad personal de los manifestantes, así como su derecho a expresarse libremente”.

“El deber de garantizar el derecho a manifestarse públicamente no tiene el alcance de proteger el bloqueo deliberado de las vías de circulación, pues de otra manera se autorizaría que se vulneraran los derechos de la colectividad y se pondría en entredicho la armonía de la vida en sociedad”, concluyó el juzgado para otorgar el amparo.

Sin embargo, el bloqueo que realizan manifestantes de la CNTE es en la avenida Enrico Martínez, paralela a Bucareli. Son policías federales los que tienen un cerco policial frente a la Segob.

A finales de mayo pasado, elementos policiales desalojaron un plantón de manifestantes en Bucareli, el cual fue trasladado al parque de la Ciudadela

El comunicado del CJF detalla que el quejoso reclamó la omisión del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y los titulares de Movilidad, Héctor Serrano, y el de la Secretaría de Seguridad, Hiram Almeida, para “aplicar la Ley de Movilidaddel Distrito Federal, en lo relativo a la obligación de asegurar la utilización de las vialidades a sus habitantes, con motivo de la imposibilidad para transitar por Avenida Bucareli, en el tramo comprendido desde la Calle Morelos hasta la Secretaría de Gobernación”.

Fuente: Animal Político

Autor: Redacción

http://www.animalpolitico.com/2016/08/juez-ordena-a-la-ssp-quitar-el-bloqueo-polcias-bucareli-cdmx/

MVS y el honor

Joaquín Vargas, presidente de MVS Comunicaciones, demandó a Carmen Aristegui por daño moral. La acusa de dañar su imagen en el prólogo del libro sobre la “casa blanca” del presidente Enrique Peña Nieto, ya que hace afirmaciones sin sustento sobre su relación con el gobierno y la salida de la periodista y su equipo de trabajo de la empresa.

El empresario, como se ha dicho, tiene el derecho de demandar para cuidar su reputación, construida durante muchos años, pero igual que Peña Nieto quedará marcado por tomar una decisión polémica que difícilmente erradicará la percepción de que se trató de una reprimenda o censura en contra de la y los periodistas que participaron en la elaboracion del multipremiado reportaje que reveló el conflicto de interés del presidente con uno de los proveedores del gobierno.

El problema de imagen que tiene Vargas y la familia es más politico y comunicacional que jurídico. Aún ganando en tribunales, en la historia quedará registrado el inusitado hecho de que los autores de una las investigaciones periodísticas más reveladoras de los últimos años fueron despedidos por razones poco claras y bajo argumentos poco consistentes ante la opinión pública, como la explotación no autorizada de la marca Noticias MVS y otras incomprensibles razones.

En su diferendo, Joaquín Vargas no ha escatimado recursos: usó la estación de radio para transmitir mensajes por “abuso de confianza” de Aristegui y un equipo importante de abogados está a su servicio para anular el contrato con la periodista y ganar la millonaria demanda por la supuesta utilización ilegal de materiales generados en Noticias MVS en el portal Aristegui Noticias. Ahora suma la demanda por daño moral para incrementar su batalla jurídica. ¿Qué más sigue?

A su vez, Aristegui se ha defendido con el apoyo del prestigioso despacho de Javier Quijano y Xavier Cortina, pero no deja de ser una lucha desigual. Los recursos económicos y las relaciones de la familia Vargas con el poder político (incluido el grupo que ocupa actualmente la presidencia de México) son incomparables con las posibilidades económicas y las propias relaciones políticas de la periodista. Ante un desequilibrio así, cualquier periodista está en desventaja, en una vulnerabilidad enorme, por más credibilidad o imagen positiva que tenga. El impacto en el ejercicio periodístico es brutal porque se inhibe la independencia de los reporteros y la investigación de temas que pudiesen derivar en demandas por daño moral, emprendidas por políticos y empresarios a quienes lo que menos les importa es el dinero para “reparar” el daño, pero que pone en bancarrota a los periodistas demandados que pierden los juicios.

Lo que sucede con Aristegui no debe verse como un hecho aislado, sino como parte de los retrocesos que ha vivido México en libertad de expresión y derecho a la información en los últimos años, tal como lo han documentado ampliamente organizaciones como Artículo 19, Fundar y la Amedi. Es un contexto que evidentemente no ignora la familia Vargas y que pese a sus recursos jurídicos poco ayudará a su causa. Por eso, por más que defiendan la posición que se trata sólo de un caso entre particulares y no de censura, al final del día prevalecerá la interpretación política.


En la interpretación de que la empresa pudo haber actuado bajo consigna o presión, queda también el registro de la política editorial en sus noticiarios, luego de la salida de Aristegui. Muy lejos parece el slogan “más libre que nunca” que identificara el espacio informativo estelar. Para alguien que personalmente vivió con intensidad esa apertura e independencia, la crítica a los abusos del poder, en Noticias MVS, es triste, decepcionante el cambio radical de MVS, sus directivos y ahora el acoso legal a una periodista.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: GABRIEL SOSA PLATAS.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-08-2016/3074587

LOS DESAPARECIDOS DE VERACRUZ

Alicia Martínez comenzó con la procesión diaria de las madres de desaparecidos en Veracruz, desde el 7 de diciembre de 2015, cuando su hijo Carlos, de 20 años, no volvió a casa de su padre. “Hay noticias de mi hijo”, preguntaba desde entonces, pero la respuesta de las autoridades era la misma: “No, señora. Pero seguimos trabajando”. La madre se sometió de inmediato a una prueba de ADN para que buscaran entre los cadáveres, sin embargo fue hasta seis meses después de su desaparición que Alicia descubrió que esa prueba nunca fue incluida a la carpeta de investigación.

“¿Entonces cómo habían buscado a mi hijo?”, recrimina la mujer a quien el pasado 15 de junio le notificaron que las características de un joven asesinado en enero de 2016, se asemejaba con Carlitos, y que ya estaba sepultado en la fosa común del panteón de Palo Verde. Ahora, la madre está a la espera de una audiencia con una juez para una segunda prueba de ADN y finalmente poderse despedirse de él.

“Más de medio año estuvo desaparecido mi hijo. Lo busqué por todos lados sin saber que la Fiscalía de Veracruz no sólo lo halló estrangulado al mes siguiente, sino con una negligencia brutal lo aventó a la fosa común. Se trata del cadáver 182 sin reconocer en lo que va del año. Ya les rogué que me lo devuelvan, pero parece que les divierte mi dolor”, habla Alicia Martínez Córdoba, quien desde el pasado 15 de junio comprobó a los servicios periciales de la Fiscalía Genera del Estado (FGE) que su hijo fue inhumado en el panteón de Palo Verde, en Xalapa, Veracruz.

Lo anterior, según las autoridades, tras no haber integrado los perfiles genéticos del joven Carlos Antonio Araujo Martínez a la carpeta de investigación.

Ante el actuar de las autoridades, la madre no sólo pide que el cadáver le sea entregado, sino que, en base al Artículo 12 de los Derechos de las Víctimas en el Proceso Penal, solicita que peritos independientes avalen el dictamen pericial a la hora de la exhumación, pues asegura, ya no confía en las autoridades.

Pese a que Alicia Martínez solicitó lo anterior desde el pasado 15 de junio, a la fecha, Verónica Portilla Suazo, juez de control del décimo primer distrito en Veracruz, ha negado en tres ocasiones una segunda confrontación de ADN.

“Me dice que para qué más pruebas. Que entonces me espere porque tiene muchas audiencias. Yo quisiera que entienda, si también es madre, que estoy en mi derecho y mi caso también es importante”, enfatiza la entrevista.

Por su parte, Luis Ángel Bravo Contreras, Fiscal General de Veracruz, había concedido un espacio para atender a Alicia Martínez el pasado 25 de julio. Sin embargo, mediante una llamada pospuso el encuentro hasta el 30 de agosto. “Su secretaria me dijo que está ocupado. Entonces, me pregunto, ¿quién me va a resolver este problema?”

Es la lacerante introducción de una de las decenas de historias que registra el Colectivo de desaparecidos Por la Paz Xalapa. Como está sentado en la investigación ministerial 262/2015, Carlos Antonio Araujo Martínez, de 20 años de edad, desapareció el 07 de diciembre de 2015.

45 días después, su cuerpo, junto al de otros cinco ejecutados, entre ellos una adolescente de 14 años, fue hallado en la parte baja de un mirador de 350 metros de profundidad en la comunidad la Tinajitas, en Actopan, Veracruz.

Los cadáveres rodaron hasta la orilla de un río, donde torrentes de viento y lluvia de la zona impidieron que el estado de putrefacción se consumara. No hubo larvas que devoraran el tejido musculoso. Alicia Martínez emite furiosa: “Es mi hijo, así esté momificado, así sea en fotografías a blanco y negro, yo lo identifico”.

CARLITOS, “EL GUAPO”


Carlitos, así será llamado el joven desaparecido a petición de la entrevistada, el portero veinteañero que comenzó a faltar a las “cascaritas” de la esquina por emplearse en un oficio que su madre jamás conoció a detalles.

Pasó el tiempo y a Carlitos, “el guapo”, como lo llaman en la cuadra, se le comenzó a ver endiosado en el teléfono, su guardarropa se fue poblando con nuevas camisetas, usaba el taxi para cualquier mandado. Su perfil en Facebook, ya no lo adornaba playeras del Pumas, ahora posteaba celebraciones con botellas Johny Walker y Buchanan’s al centro.

El mundo del fútbol y las tardes de pasear a su perra por la avenida cambiaron en octubre de 2015, dos meses antes de su desaparición, por un empleo en un torno como mecánico. Al menos eran los reportes que daba a sus padres divorciados.


“Se supone que ganaba menos de 1500 pesos semanales. Mi hijo estaba cambiando. Nunca había consumido bebidas alcohólicas. Los últimos días se fue a vivir con el papá. Ya casi no me visitó. El día que se lo llevaron ni siquiera pude despedirlo”, lamenta Alicia Martínez, inconsolable.

“SU AMIGO, EL TAXISTA, TAMBIÉN DESAPARECIÓ”

Carlitos comenzó a llevarse con un sujeto de oficio taxista, de 45 años de edad. Más tarde, en la labor investigadora de la madre, comprobó que el hombre contaba con antecedentes penales. “Era casi de a diario que lo iba a buscar a casa de su padre y se iban a dar la vuelta en el carro”, detalle Alicia.

La madre, desconfiada, nunca se cansó de preguntar a Carlitos sobre sus nuevas amistades, si acaso tenía problemas o deudas económicas para trabajar tantas horas; el hijo le pedía que estuviera serena.

Fue el domingo 6 de diciembre de 2015, cuando los demonios comenzaron a danzar por la capital del estado. Carlitos participó en una celebración familiar por parte de su padre. Festejaban, se divertían, para las 20:30 horas de ese día reportó que saldría a ver a una chica.

“Te estás al pendiente por cualquier cosa, pá”, y tras unas recomendaciones de rutina, salió de su domicilio.

El joven regresó a casa, alrededor de las 02:30 de la madrugada del 7 de diciembre. “Ya vine, pá”, fueron sus últimas palabras. Posteriormente, Carlitos encendió la televisión y se recostó en su cama individual. Su padre pudo notar el comportamiento extraño. Sin embargo, lo dejó pernoctar y se fue a dormir.

“Carlitos siempre dormía en bóxer. Aquella ocasión no se desvistió y se quedó atento al celular. Una hora más tarde el padre se levantó a aminorar el escándalo en el televisor. Sin embargo, notó que el hijo ya no estaba donde lo dejó”, cuenta su madre.

“Yo no sé si fueron por él. Ese día, a las 3 de la mañana, tuve un presentimiento. Era una opresión en mi pecho horrible. Me puse a rezar. Le llamé a mi hijo, pero el teléfono ya sonaba descolgado. Le dejé mensajes diciéndole cuánto lo amaba. Fue todo”, recuerda.

Horas más tarde, el lunes 7 de diciembre, la familia del taxista se apareció en la casa de Alicia, preguntaba por su paradero. De acuerdo con sus reportes, el hombre había perdido comunicación el día anterior a las 16:00 horas. La madre, atenta, llamó al padre de Carlitos para pasar el dato, pero su sorpresa fue que también estaba sin aparecer.


La madre comenzó a buscar información con los amigos de Carlitos en el Facebook y descubrió que a Rubén, uno de ellos, los suyos también ya lo buscaban por toda la capital veracruzana.

De acuerdo con la familia de Rubén, él se reuniría con una hermana en una fonda para comer. Jamás llegó. Señas del locatario indicaron que el joven estaba comiendo y que a las 17:20 horas contestó una llamada. Sin terminar la llamada, se levantó de la mesa y reportó al dueño: “Este, luego te vengo a pagar toda mi cuenta. Me salió un negocio donde voy a ganar mucha lana. Vengo y te pago todo”.

Se trataba de una desaparición múltiple. Alicia conoció por su ex pareja que Rubén, en los últimos días, también había frecuentado a Carlitos más de lo habitual, llegando a compartir cama individual en el domicilio del padre.

“A estas dos personas las levantan un día antes, ignoro si se llevaron entre los pies a mi niño. No sé quiénes lo habrán levantado, pero quisiera tenerlos aquí, frente a mí”, eleva el tono la madre y pierde la compostura desde su asiento.

Familiares de Carlitos, comenzaron un rastreo inhumano, sin tener respuesta alguna. Dieron con el taller mecánico donde había referido que trabajaba, pero los dueños aseguraron que tras una semana de labores, no volvió a presentarse.

Para el 8 de diciembre, la madre acudió al Ministerio Público xalapeño. Donde se originaría una segunda desaparición. Esta vez, a cargo de la Fiscalía General del Estado. “Cómo me duele no haber estado con él. No lo despedí, no pude besarlo, olerlo. Ahora sé dónde está, sin vida, pero ahí está. Solo quiero despedirlo y darle cristiana sepultura”.

“MI HIJO: EL MUERTO 182 SIN IDENTIFICAR”

En medio de la zozobra, los padres de Carlitos, acudieron a Servicios Periciales, para someterse a las pruebas de ADN. “Desde entonces, se comprometieron a incluir los perfiles genéticos en el expediente de desaparición, para cotejar la información con los cadáveres que irían llegando a las instalaciones”.

Alicia, comenzó con la procesión diaria de las madres de desaparecidos en Veracruz: “Hay noticias de mi hijo”, preguntaba en el departamento de los vivos y de los muertos, pero la respuesta era la misma: “No, señora. Pero seguimos trabajando”.

Fue hasta el 10 de mayo de 2016, que Alicia Martínez decidió uniese al colectivo Por la Paz Xalapa, liderado por Sara González Rodríguez. “Es irónico, pero allí encontré las respuestas y el apoyo que necesitaba”, dice.

Por recomendaciones de los compañeros, la madre solicitó escudriñar los archivos de los cadáveres sin reconocer en Servicios Periciales. “Al principio, me negaron el acceso. Dijeron que necesitaba de la autorización de la Fiscalía de Desaparecidos. Un papel que fue más importante que verme llorar”.

La madre, con el requisito burocrático, obtuvo el pase hasta el 8 de junio de 2016 al apilado de expedientes. De entrada, los encargados, le ofrecieron estar tranquila, pues hasta ese día, ningún finado había correspondido con los rasgos genéticos de Carlos Antonio Araujo Martínez.

Ante la insistencia de la madre de la víctima, los encargados confirmaron que la prueba a la que se habían sometido seis meses atrás, aún no había sido integrada a la carpeta de investigación.

“La única respuesta que me dieron es que seguía en proceso la integración. ¿Entonces cómo habían buscado a mi hijo? les pregunté. Ellos le echaron la culpa a demás funcionarios. El hecho es que les reclamé por haberme engañado tanto tiempo”, recrimina la entrevistada.

Respaldada en el colectivo xalapeño, el día 15 de junio, a la madre le notificaron que las características de un joven asesinado en enero de 2016, se asemejaba con Carlitos. Sin embargo, ya estaba sepultado en la fosa común del panteón de Palo Verde.

La madre asistió a ver los expedientes de la persona ultimada: “A mi hijo lo habían estrangulado. Era el número 132 sin identificar. Su boquita estaba abierta, se veía aterrado. Ya había pocos músculos, pero el esqueleto es de mi hijo, sus dientes, sus facciones finas”, reclama Alicia Martínez.

La madre, desde que le presentaron las fotos en blanco y negro, confirmó el parentesco en llanto: “Sus músculos estaban deshidratados, tenía un color café al tono del cartón. Su calavera, es de él. Los orificios de sus ojos diminutos, su frente pequeña, su quijada afilada. Es él”, insiste.

La madre, tras aceptar la muerte de su jovencito, ahora solicita una segunda prueba de perfil genético, ante la juez, Verónica Portilla Suazo, juez de control del primer distrito en el estado de Veracruz.

Desde el 15 de junio solicitó una primera audiencia. La solicitud fue denegada, pues apeló la juez, que no tenía el nombre del genetista que omitió incluir los datos en la carpeta de investigación. “El Fiscal que lleva mi caso dice que eso a ella no le importa, que sólo debe autorizar la segunda prueba de ADN para que me entreguen los restos”.

Para la segunda audiencia, hasta el 10 de julio de 2016, la excusa fue la saturación de trabajo, de audiencias, Portilla Suazo, no pudo atender a la familia afectada. Se pospuso entonces para el viernes 22 de julio.


Para la última audiencia, la juez preguntó que “para qué un segundo dictamen externo si ya tenía uno. Yo quiero verlo, pues desconfío de la negligencia de las autoridades. Si ya me lo desaparecieron medio año, en ese lugar horrible como lo es la fosa común, ahora sólo pido que me lo presten un día, que tengan compasión de mi, solo quiero despedirlo”.

FUENTE: SIN EMBARGO/BLOGEXPEDIENTE.
TITULO ORIGINAL: La Fiscalía de Veracruz tenía mi perfil de ADN y aún así mandó a mi hijo a una fosa común, denuncia madre
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-08-2016/3074921

Unos 600 negocios de Oaxaca se van a huelga para protestar contra las movilizaciones de la CNTE

Participarán en la huelga negocios, entre gasolineras, restaurantes, hoteles, taxistas y prestadores de servicios turísticos de Oaxaca. También las cámaras, pequeño comercio, mediano y asociaciones civiles que han sido afectadas, así como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que ayer presentó una demanda de amparo en contra del Presidente Enrique Peña Nieto, gobernadores y funcionarios federales, ante las presuntas omisiones en las que han incurrido por los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Transportistas y comerciantes de Oaxaca, en el sur de México, anunciaron que el próximo 8 de agosto iniciarán un paro indefinido para exigir al Gobierno Federal que restaure la paz social y el libre tránsito en la región luego de que las protestas de maestros les hayan causado numerosas pérdidas.

La empresaria y líder de esta protesta, María Cristina Jacinto Montes, afirmó en rueda de prensa que participarán alrededor de 600 comerciantes y negocios, entre gasolineras, restaurantes, hoteles, taxistas y prestadores de servicios turísticos del estado.

Asimismo, se está buscando que la huelga se amplíe a otros comerciantes y empresarios del estado, agregó.

Participarán “las cámaras, pequeño comercio, mediano, pero sobre todo asociaciones civiles, que han sido afectadas. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), hoteleros, restauranteros, por supuesto que están con nosotros”, aseveró.

Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo en entrevista radiofónica que “si es necesario” el Estado debe usar la fuerza para evitar que las manifestaciones magisteriales bloqueen vías de comunicación y realicen saqueos a comercios, aunque “con apego al respeto de los derechos humanos y sin que nadie salga lastimado”.

“Ya sea por la protección de las instalaciones, las vías de comunicación o ya sea por el desalojo, pero [el Estado] tiene que utilizar las herramientas para permitir la libre circulación y la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos”, declaró el empresario a Grupo Fórmula.

Jacinto Montes añadió sobre la huelga en Oaxaca que “se trata de responder como ciudadano en contra de todo esto (el movimiento del magisterio) que nos obliga a vivir de rodillas”.

Además, sostuvo que fueron falsas las declaraciones del Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, en las que afirmó cinco días antes de la tradicional fiesta de la Guelaguetza que había una ocupación hotelera del 88 por ciento: “Es mentira, es perverso, es brutal”, puntualizó.

El transportista de turistas Jorge Cruz afirmó que ellos son un eslabón más que ha sido afectado por las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, por lo que llegaron al acuerdo de parar actividades.

La exigencia, reiteró, es que el Gobierno Federal resuelva el conflicto con la CNTE porque el Gobierno estatal y municipal ha sido rebasado.

Cruz informó que ya han sostenido reuniones con el Secretario de Gobernación del Gobierno Federal, Miguel Ángel Osorio Chong, pero no han recibido ninguna respuesta satisfactoria.

“Ahora le exigimos al presidente que cumpla con los mandatos constitucionales de libre tránsito y paz social a la que tenemos derecho todos los mexicanos”, dijo.

“En un lugar está el poder y el dinero que busca el Gobierno y, por el otro lado, el poder y el dinero que busca la CNTE, nosotros estamos en medio. Al gobernador (Cué) ni al presidente (Peña Nieto) le interesa. Es ridículo que un estado con esta riqueza esté viviendo de rodillas ante la CNTE”, concluyó Jacinto Montes.

Por otro lado, unas 190 autoridades municipales y del sector agrario se instalaron el martes plantón en el centro de Oaxaca capital, ello a fin de dar apoyo a los maestros que desde hace unos dos meses están ocupando el zócalo.

Desde mediados de mayo los maestros de la CNTE, con más de 200 mil afiliados en México, están en huelga para pedir la derogación de la reforma educativa impulsada por el actual Presidente, Enrique Peña Nieto, por considerar que es punitiva contra los maestros y no contempla particularidades regionales.


Desde entonces se han producido numerosas protestas, altercados y bloqueos viales que han puesto en jaque varios estados del país como Chiapas y Oaxaca, en el sur, y Michoacán, en el occidente.

FUENTE: SIN EMBARGO/EFE.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-08-2016/3075282

Inaceptable, suspensión de pagos de empresas al IMSS: Arriola

Ciudad de México. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) depende de la recaudación de cuotas obrero-patronales para garantizar la prestación de los servicios médicos y el cumplimiento de las obligaciones que tiene con sus trabajadores, por lo que es inaceptable que las empresas suspendan el pago de sus aportaciones, afirmó el director general del organismo, Mikel Arriola.

Cualquier acción en este sentido provocará actos de autoridad, la imposición de multas y sanciones previstas en la ley

Son facultades que tienen tanto el IMSS como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntó al referirse al planteamiento que hicieron organismos empresariales como respuesta a las afectaciones que han tenido por las protestas y bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).


En entrevista al término de la ceremonia de reconocimiento al desempeño médico y de enfermería, el funcionario subrayó que el IMSS atiende a 70 millones de derechohabientes y sólo en este año debe erogar 70 mil millones de pesos en pensiones.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/03/inaceptable-suspension-de-pagos-de-empresas-al-imss-arriola

Inaugura Nuño foro sobre el nuevo modelo educativo

Ciudad de México. Al inaugurar el foro de consulta del nuevo modelo educativo y la propuesta curricular para la formación obligatoria con organizaciones de la sociedad civil, Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, insistió en que el proyecto implica un "cambio esencial de enfoque pedagógico" que permitirá la transformación del país, pues destacó que "si alcanzamos el sueño de una educación de calidad vamos a poder competir con el mundo, y ser también una nación más justa y próspera".

En el acto, al que asisten representantes de 99 organizaciones sociales, entre ellas Mexicanos Primero, Fundación Azteca, Fundación Televisa, Suma por la Educación, Confederación de Escuelas Particulares, Fundación SM, Fundación Banorte, Empresarios por la Educación Básica, el funcionario federal reiteró que la evaluación que se aplica a los docentes "no es punitiva, sino generosa", pues señaló que a los profesores se les da hasta tres oportunidades para demostrar sus conocimientos pedagógicos, y de no obtener un resultado satisfactorio "sólo son retirados del aula, pero no pierden su empleo ni prestaciones".

En la sesión plenaria, donde los subsecretarios de Educación Básica, Javier Treviño Cantú, y de Media Superior, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, presentaron las principales propuestas del nuevo Modelo educativo y propuesta curricular, se explicó que la mecánica con que se realizará el "diálogo" sobre los tres documentos presentados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Los asistentes, quienes fueron asignados a 10 mesas diferentes de trabajo, a través de una selección aleatoria utilizando una tómbola, tendrán tres horas y media para debatir siete ejes sobre la transformación pedagógica del sistema educativo nacional. Elisa Bonilla, titular de Desarrollo Curricular de la SEP, detalló a los asistentes que de acuerdo con el Modelo de consulta elaborado con el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), se contará con participaciones de tres minutos para "proponer ideas y generar un diálogo", pues reconoció que el tiempo de atención promedio de un auditorio es de 20 minutos para el desarrollo de un tema.

Los trabajos de la sesión inaugural estuvieron abiertos a los medios de comunicación. Sin embargo, las sesiones de trabajo por mesa son transmitidas de forma simultánea en circuito cerrado en la sala de prensa de la SEP, y se informó que al concluir los trabajos en cada una de las 10 mesas, no se realizará una clausura formal.


De acuerdo a la dinámica acordada con el CIDE, en cada una de las mesas, que se realizan en distintos salones de la dependencia federal, participan 10 representantes de organizaciones sociales, un moderador y un representante del CIDE.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: LAURA POY SOLANO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/03/inaugura-nuno-foro-sobre-el-nuevo-modelo-educativo

Reforma: La PGJ de la CdMx violó la ley y archivó la denuncia por extorsión contra la esposa de López-Dóriga

De acuerdo con un tribunal, la PGJ capitalina violó una orden judicial al dar carpetazo y consumar la investigación por extorsión en contra de Adriana Pérez Romo, esposa del periodista Joaquín López-Dóriga, quien presuntamente, en 2015, pidió 5 millones de dólares para no frenar el desarrollo inmobiliario de Rubén Darío 225, en la colonia Polanco, desarrollo a cargo de la inmobiliaria Abilia, propiedad de la empresaria María Asunción Aramburuzabala.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México violó una resolución judicial al dar carpetazo y consumar la investigación por extorsión en contra de Adriana Pérez Romo, esposa del periodista Joaquín López-Dóriga, informó el día de hoy el periódico Reforma.

En agosto de 2015, la inmobiliaria Abilia, misma que pertenece a la empresaria María Asunción Aramburuzabala, levantó una denuncia en contra de Pérez Romo por el intento de extorsión por 5 millones de dólares para no frenar el desarrollo inmobiliario de Rubén Darío 225, en la colonia Polanco.

De acuerdo con el medio de circulación nacional, el pasado 2 de marzo la PGJ propuso el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa FMH/MH-5/T3/517/15-08, determinación que contravino una disposición judicial que impedía a la dependencia proponer el carpetazo y consumar el caso.

Luego de la interposición de un recurso de amparo interpuesto el 28 de octubre de 2015 por parte de la defensa de Aramburuzabala para evitar que la Procuraduría diera por concluido el caso, el 3 de junio de este año el Juez Segundo de Distrito en Amparo Penal, José Díaz de León, determinó que la sola propuesta de archivar la denuncia de la empresaria era violatoria de la ley, menciona Reforma.

El recurso fue presentado con la intención de contrariar la negativa de la PGJ de llamar a declarar como testigos, en contra de Pérez Romo, a los condóminos de Rubén Darío 223 -donde también vive la esposa del periodista- y de requerir diversos documentos.

El 8 de julio de este año, el titular de la Procuraduría, Rodolfo Ríos, ignorando los reclamos de la empresaria mexicana y la resolución judicial, notificó a las partes la determinación de no ejercer acción penal en contra de la esposa de López-Dóriga por lo que el caso habría quedado varado.

Sin embargo, la dependencia mencionada terminó por desechar el amparo bajo el alegato de que la PGJ ya había admitido que los condóminos se presentaran a declarar como prueba en favor de la parte demandante, por lo que estaría cumplimentando uno de los objetivos principales de la demanda.

Empero, detalla Reforma, el Ministerio público (MP) nunca llamó a interrogar a los condóminos por lo que la defensa de Aramburuzabala presentó un recurso de revisión en contra del desechamiento del amparo y de la suspensión definitiva que continuaba vigente.

El 15 de junio pasado, la PGJ presentó una queja ante el Octavo Tribunal Colegiado Penal con el fin de desechar el resolutivo con el que el juez Díaz de León le atribuyó el desacato. No obstante, el enjuiciador determinó que hubo un desacato pero no impuso sanción o denuncia contra la dependencia, debido a que la Procuraduría capitalina admitió las pruebas ofrecidas por Abilia a pesar de no haber hecho el interrogatorio a los condóminos.

Por dicha omisión, Reforma explica que la inmobiliaria de Aramburuzabala presentó un nuevo recurso de amparo pidiendo se ordene citar a declarar a los testigos, entre ellos al propio Joaquín López-Dóriga.


El 21 de agosto de 2015, la inmobiliaria Abilia encargada del desarrollo del proyecto de 122 departamentos en Rubén Darío 225, en la colonia Polanco, propiedad de la empresaria María Asunción Aramburuzabala, denunció a Teresa Adriana Pérez Romo, esposa de Joaquín López Dóriga, por extorsión.

Por ello, presentó una denuncia ante la fiscalía de Miguel Hidalgo bajo el número CI-FMH/MH-5/UI- 3 S/D/00427/08-2015,en contra de Paloma Carrera Baños y Gabriela Torres Ramírez, vecinas de Pérez Romo, e incluye a sus abogados Mario Alberto Becerra Pocoroba y Érika Mendoza Bergmans.

Ese mismo día el periódico Reforma también difundió un video que forma parte de la denuncia y que fue grabado el pasado 16 de junio de 2015 en las instalaciones de inmobilaria, en el que se observa al abogado Becerra, solicitar el dinero a nombre de Adriana Pérez Romo.

“En pocas palabras, quieren dinero, cabrón […] A eso se resume, aunque se oiga así de brusco. No hubiera querido yo venir a decírtelo nunca, y a eso se redujo: quieren dinero. ¿Cuánto quieren? Quieren 5 millones de dólares”, se escucha decir a Becerra Pocoroba.

La denuncia realizada por la inmobilaria de Aramburuzabala acusa, además, a Paloma Cerrera Baños y Gabriela Torres Ramírez, vecinas de Pérez Romo y los abogados de esta última, Mario Alberto Becerra Pocoroba y Érika Mendoza Bergmans.

El 26 de julio de 2015, María Asunción Aramburuzabala, considerada por Forbes como la mujer más rica de México, dijo al diario Reforma que Joaquín López-Dóriga la amenazó con destruirla luego de que la empresaria denunciara a la esposa del periodista por extorsionarla.

“Que el señor López-Dóriga no se equivoque, yo no estoy litigando este asunto en medios, estoy litigando este asunto penalmente, con denuncias penales […] Lo que estoy haciendo es exponer públicamente su mugrero. Él me amenazó de que si yo hablaba, sabría lo que es tener el rigor de todos los medios sobre mí y me iban a destrozar, cosa que me causó un gusto infinito porque mientras más lo publique y más lo hablen, más gente sabrá lo que ellos están haciendo”, dijo Aramburuzabala al diario capitalino.

El 6 de octubre del año pasado, Joaquín López-Dóriga aseguró que no existió extorsión alguna de su parte hacia la empresaria María Asunción Aramburuzabala, tal cómo ella lo afirmó. Sin embargo, no desmintió que su esposa, Teresa Adriana Pérez Romo, hubiera extorsionado a la ex vicepresidente ejecutiva del Grupo Corona.

“En lo de la extorsión es totalmente falso, jamás he hablado con ella [con Aramburuzabala], y sí en realidad hubiera existido, hubiera procedido penalmente”, afirmó el también conductor de un noticiario en Radio Fórmula.


En una comunicación difundida en su portal web el 22 de agosto pasado, Noticieros Televisa respaldó al periodista en el litigio inmobiliario que ha llegado al ámbito penal después que la inmobiliaria Abilia denunció un intento de extorsión por 5 millones de dólares.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-08-2016/3075252

Moreno Valle hasta en la sopa: 6 años de campaña… con cargo a uno de los estados con mayor pobreza

“Para Rafael Moreno Valle, los límites de Puebla no están ahí donde los mapas marcan las fronteras del estado. Son, por decir, más flexibles. Llegan hasta la frontera norte y la frontera sur. Van desde el Golfo de México hasta el océano Pacífico”, criticaron las organizaciones Artículo 19 y Fundar en un informe difundido en agosto de 2015. Las organizaciones documentaron que la publicidad del mandatario se había extendido hasta en 26 entidades del país donde se transmitieron anuncios de cine, radio y televisión para difundir sus informes de labores de 2012 y 2014.

El Instituto Nacional Electoral ha sancionado por lo menos en dos ocasiones al Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, por la promoción de su imagen fuera de la entidad que gobierna; mientras el pasado mes de enero, también ordenó que fuera retirada la propaganda de la revista Vértigo -donde él parecía en la portada- de espectaculares y anuncios televisión en al menos 12 entidades. Pese a ello, el panista se sigue dando el lujo, con el dinero de los poblanos, de que su rostro aparezca por cada rincón de su estado y en otros como la Ciudad de México, Guanajuato, Sonora, Estado de México, Quintana Roo, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Jalisco, Michoacán y Aguascalientes.

En el Informe Libertad de Expresión en Venta, elaborado por Artículo 19 y Fundar y presentado en agosto del año pasado, se alertó que para el Gobernador Rafael Moreno Valle “los límites de Puebla no están ahí donde los mapas marcan las fronteras del estado. Son, por decir, más flexibles. Llegan hasta la frontera norte y la frontera sur. Van desde el Golfo de México hasta el océano Pacífico”.

Las organizaciones documentaron que la publicidad del mandatario se había extendido hasta en 26 entidades del país donde se transmitieron anuncios de cine, radio y televisión para difundir sus informes de labores de 2012 y 2014. Desde agosto pasado, Artículo 19 y Fundar, destacaron también que pese a que Moreno Valle había sido encontrado responsable por violar la Constitución y los límites de difusión, en al menos dos ocasiones, no se habían implementado las debidas sanciones en su contra.

Rafael Moreno Valle incluso en 2014 innovó la tradicional manera de difundir los logros de su gobierno -a través de spots y espectacurales- y los incluyó en una telenovela llamada “El color de la pasión”, una producción de Televisa, donde promocionó obras y logros de su gestión.

Mientras, en enero del año pasado, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó a la revista Vértigo retirar la publicidad donde promocionaba la portada de su edición donde aparecía una enorme fotografía del Gobernador poblano con la leyenda “Moreno Valle: ‘Creamos las condiciones para atraer la inversión”, por considerarla violatoria a la Ley electoral.

Partidos de oposición y ciudadanos han promovido diversas quejas y denuncias por la excesiva difusión de la imagen del Gobernador, sin embargo, hasta ahora nada ha sido suficiente para que Moreno Valle desista de mostrarse y presumir sus “logros”.

EN LA IMPUNIDAD, RESPALDADO POR SU CONGRESO

En mayo de 2012, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) determinó que el Gobernador Rafael Moreno Valle y su director de Comunicación Social, Sergio Ramírez Robles, habían violado el artículo 134 de la Constitución por difundir el primer Informe de labores del mandatario a través de anuncios en salas de cine y radiodifusoras fuera de la entidad. Ese artículo determina que en la propaganda oficial no debe incluirse “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. Por dichas acciones, determinó el IFE, el mandatario y su secretario debían ser sancionados.

Sin embargo, el Congreso local frenó esa sanción y se dijo incompetente para actuar en contra del mandatario. Los legisladores poblanos señalaron que se podrían actuar en contra de Sergio Ramírez, dijeron que carecían de facultades para con respecto al Gobernador, pues justificaron que la única manera sería a través de una juicio político, el cual no procedía porque la falta no era grave.

Sin embargo, el Congreso de Puebla dijo haber llegado a un “acuerdo de palabra” con la oficina de enlace Legislativo del Gobierno de la entidad quien supuestamente garantizó que la Contraloría intervendría en el asunto para decidir si era necesario abrir un proceso administrativo, según denunció en su momento el Diputado Zeferino Martínez Rodríguez, de acuerdo con la información publicada por La Jornada.


En ese año, Moreno Valle apareció también en la revista Vértigo, en su edición 564 del 8 de enero. En esa ocasión, la publicación lucía una fotografía de Moreno Valle en la biblioteca Palafoxiana rodeado de libre y al fondo una bandera mexicana. Acompañada con la frase: “Transformar para progresar”, que evocaba el entonces lema del mandatario: “Acciones que transforman”.



MORENO VALLE HASTA EN LAS TELENOVELAS

El 7 de enero del 2014, el entonces representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Instituto Federal Electoral (IFE), José Antonio Hernández Fraguas, denunció a Moreno Valle por el uso de gastos excesivos para promover su imagen. En ese momento, Hernández Fraguas aseguró que un año antes, en 2013, el Gobernador gastó 124 millones de pesos para promover su imagen, en lo que se especula, dijo, es el camino para construir su candidatura a la Presidencia de México en el 2018.

Ese año, el INE también ordenó una sanción en contra de Rafael Moreno Valle por la difusión de propaganda de su tercer informe de Gobierno fuera de Puebla. En esa ocasión, la publicidad del mandatario llegó al Distrito Federal, el Estado de México, Guerrero y Guanajuato.

Sin embargo, en ese año, Moreno Valle llevó su publicidad a la trama de una telenovela de Televisa. Desde la producción “El Color de la pasión”, se promocionaron obras y logros de la gestión del poblano.


De acuerdo con una investigación del Diario Cambio, en la trama de esa telenovela, que se grabó en la capital poblana, se incorporaron al guión diálogos entre los actores que promocionan y presumen la modernización del estado y de la ciudad capital gracias a las obras realizadas en el sexenio de Moreno Valle Rosas, todo esto mezclado a la historia de amor entre Marcelo Escalante –protagonizado por el actor Erick Elías– y Lucía Gaxiola –que es interpretada por la actriz Esmeralda Pimentel–.



…Y NO DEJA LAS REVISTAS

El 26 de enero pasado, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, determinó que la propaganda de la edición de la revista Vértigo, donde apareció de nueva cuenta el Gobernador poblano, debía ser retirada debido a que constituía una promoción personalizada de un servidor públicos. Los consejeros determinaron que la aparición de Moreno Valle podría violar la Ley electoral e incluso provocar inequidad en el proceso de elección que se llevó a caba en junio pasado en al menos 12 estados.

En esa ocasión, Rafael Moreno Valle apareció en la portada de la publicación con la leyenda: “Moreno Valle: Creamos las condiciones para atraer inversiones”. Esta vez, fue el PRD quien presentó la queda ante dicha Comisión.


Y pasando por alto las diversas sanciones que el INE ha pretendido imponerle, Moreno Valle volvió a aparecer en espectaculares y camiones de diversas ciudades del país, ahora con la portada de la revista Central, donde también lo acompañó un mensaje para promover al mandatario: “Impulsando ideas”.

PUEBLA, EL CUARTO CON MÁS POBRES

Rafael Moreno Valle tomó las riendas del Gobierno poblano el 1 de febrero de 2011, luego de ganar las elecciones del 4 de julio de 2010, apoyado por la coalición Compromiso por Puebla, que apoyaron los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Nueva Alianza (Panal) y Convergencia.

Al cierre de 2014, luego de tres años y 10 meses de su administración, Puebla ocupaba el cuarto lugar entre los estados con más pobres en el país, de acuerdo con la última medición del Consejo Nacional de Evaluación Política de Desarrollo Social (Coneval).

El número de habitantes en desigualdad creció respecto a 2012: ese año había 3 millones 616 mil y para 2014 la cifra se elevó a 3 millones 878 mil, lo cual representa una variación del 2.1 por ciento.

La marginación en Puebla afecta de forma directa al 64.5 por ciento de la población: el Coneval reportó que 23.9 por ciento de los poblanos no tienen acceso a la alimentación; 30.6 por ciento no tiene servicios básicos en su vivienda; 18.9 por ciento tiene problemas de hacinamiento; 75.2 por ciento no goza de seguridad social; 21.2 por ciento carece de asistencia del sector salud y 22.9 por ciento se encuentra en rezago educativo.

Además de la situación de pobreza que abarca al 64.5 por ciento de los poblanos, un 16.2 por ciento se encuentra en pobreza extrema, por lo que hay cerca de 913 mil habitantes en dicha condición.

Por si fuera poco, en la capital del estado viven en situación de pobreza 900 mil 774 personas, quienes se ubican por debajo de la línea de bienestar; es decir, no cuentan con recursos suficientes para cubrir sus necesidades más básicas.

Estas cifras ubican al Ayuntamiento de Puebla en el primer lugar del ranking nacional de municipios con mayor número de personas en pobreza y ocupa el tercero en cuanto a la falta de acceso a servicios de salud, con 711 mil 224 personas sin acceso a esos servicios, de acuerdo con cifras del Coneval.


En esta línea, Puebla se posicionó también como el cuarto estado del país con el porcentaje más alto de población infantil en condiciones de pobreza, con 71.6 por ciento. A nivel nacional, por ejemplo, 53.9 por ciento de la población infantil vivía en esas condiciones.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-08-2016/3075126