Justifica INM aumento en deportaciones: flujo migratorio creció 150% por violencia, pobreza y sequía

CIUDAD DE MÉXICO: Entre 2013 y 2015, la migración de centroamericanos que llegan a México con la idea de transitar hacia Estados Unidos, ha incrementado más de 150% por las condiciones de violencia, pobreza y sequía que padecen en sus países de origen, afirmó Ardelio Vargas, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM).

Lo anterior y no la contención de migrantes es lo que ha generado el incremento en el número de retornados que en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto es de unos 500 mil, 300 mil de los cuales han pasado por la estación migratoria de Tapachula, afirmó el funcionario en el Senado de la República.

La mayoría de los que llegan a México son hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses y cada vez llegan más africanos, haitianos, asiáticos y cubanos, informó a legisladores.

Recalcó que no ha incrementado la actividad de contención sino que han crecido los factores de flujo migratorio debido al corredor seco en Centroamérica que lleva 10 años ocasionado por el fenómeno de El Niño. La ONU, abundó, habla de 3.5 millones de personas en riesgo de hambruna en Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica.

Además, dijo: “hemos visto incrementos de grupos extracontinentales de manera exponencial. Por ejemplo, los cubanos pasaron de mil 800 en 2014 a 15 mil el año pasado. Están saliendo de su país a través de Brasil o Ecuador”.

También hay países que expulsan a sus migrantes por violencia interna. Además de Centroamérica, está el caso de África.

Al respecto dijo que la soberanía de esos países tiene fronteras abiertas, por lo que se requiere lograr acuerdos para que no continúen los flujos hacia México.

“El INM no puede retener a esos ciudadanos extracontinentales en estaciones migratorias por tiempo indefinido, a los 45 días se les tiene que dar oficio de salida para que se regularicen o regresen a su país”, explicó.

Vargas detalló que africanos y asiáticos no buscan llegar a la frontera con Tamaulipas, como los cubanos que van a Florida, sino que se dirigen a California, Estado Unidos.

También refirió que en Tijuana hay siete mil 500 extracontinentales, que en mayo llegaron  dos mil 500 y todos generan problemas de seguridad, sociales y de salud.

No obstante reconoció que el 60% de los migrantes en la frontera de Baja California son mexicanos y destacó el caso de los michoacanos que llegan con oficios expedidos por presidentes municipales en los que se especifica que hay violencia en su región y por eso salen del país. “Creen que con esos oficios les van a dar asilo en la Unión Americana y eso no es cierto”, advirtió.

También reconoció que sigue el problema de niños migrantes que viajan solos. De nueve mil menores en 2013 se pasó a 40 mil el año pasado y el 38% de ellos son menores de 11 años y el 48% de menores y adolescentes viajan solos.

México ha sido cuestionado por organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos por su negativa a brindar asilo a migrantes y por el incremento en el número de deportaciones.

El martes pasado, el diario Los Ángeles Times publicó un artículo de Mary Speck, analista del Grupo Crisis Internacional, en el que afirmó que México se ha convertido en el muro y “deportador en jefe” de migrantes que algunos políticos están pidiendo.

Indicó que sólo el año pasado México deportó 166 mil indocumentados, entre ellos 30 mil niños, y la cifra total significa más del doble de los que deportó Estados Unidos en el mismo lapso.


“Al detener y deportar migrantes, México se ha convertido en el ‘muro’ que ciertos políticos están pidiendo, lo que desde luego, no resuelve los problemas subyacentes”, consideró Speck, quien calificó a México como el “deportador en jefe”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449700/justifica-inm-aumento-en-deportaciones-flujo-migratorio-crecio-150-violencia-pobreza-sequia

Identifican a los 10 cuerpos calcinados en Michoacán; uno tenía 16 años

MORELIA, Mich: Los cuerpos de los 10 hombres calcinados y encontrados en el  municipio de Cuitzeo el pasado sábado por la mañana, fueron identificados hoy por personal de los Servicios Médicos Forenses de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado.  Entre ellos hay un menor de edad.


Las víctimas son: Ricardo G., de 42 años; Sergio B., de 18;  Braulio Santiago P., de 30;  Gustavo L. , de 16; Kevin Jaime H.,  de 19;  Juan de Dios Ch.,  de 20  Cesar Omar M.,  de 22;  Miguel R., de 29,   y Luis Alberto L., de 36 años de edad,  cuya correspondencia  de perfil genético fue comparada con muestras recabadas con personas que comparecieron ante la institución para reportar a sus familiares desaparecidos.

Una décima víctima de nombre Erick G., de 22 años, fue identificada y reclamada previamente ante la Fiscalía.


Al concluir las actuaciones ministeriales, los cuerpos fueron entregados a sus familiares. En esta diligencia estuvo presente el comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, Salvador Ceja Barrera.

La Procuraduría michoacana realiza acciones  que coadyuven en la investigación  de estos lamentables hechos, dijo el procurador José Martín Godoy Castro.

Nuevo jefe de seguridad en Álvaro Obregón

Por otra parte, tras la detención del anterior director de Seguridad Pública de Álvaro Obregón, Mario Flores Gómez y Rodolfo Medina Huerta tomaron protesta este día como director y subdirector de Seguridad Pública del municipio.


El nombramiento se realizó con la presencia del director de Seguridad Pública en el estado, Luis Manuel Martínez Hernández; del secretario del Ayuntamiento de Álvaro Obregón, Cristián Iván Pérez Ruíz; y del comandante regional de Morelia, Carlos Augusto Cortés Diego.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449689/identifican-a-los-10-cuerpos-calcinados-en-michoacan-uno-tenia-16-anos

Nochixtlán, “entre gas lacrimógeno, balazos y llanto”: testigos

Fue una operación "sin piedad, sin medir consecuencias”. No hubo diálogo ni protocolos, aseguran.

Dos testigos de lo ocurrido el 19 de junio en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, dieron su versión de los hechos en Aristegui CNN.

José Luis Aquino contó cómo fue la muerte de su hermano y subrayó que aquel día lo vivieron entre gas lacrimógeno, balazos y el llanto de las mujeres. 

“Estábamos en casa de mi hermano, a las 8:30 de la mañana (del domingo 19)… había gritos, gas lacrimógeno, sonido de disparos…”.

“No nos dimos cuenta que estábamos en medio de los federales… nos tiramos pecho tierra porque estaban fuerte los balazos… Mi hermano recibió un balazo en la boca, le perforó la lengua, destrozó el cuello y perforó el pulmón”, detalló José Luis.

“Lo cargué, no sé cómo no me tocó ningún balazo… el niño que trató de ayudarme recibió 4 balazos. Mi hermano estaba ahogándose en sangre, me encargó a sus hijos”, abundó.

“Sientes una impotencia… ves los borbotones de sangre”, confesó. Al llegar a la clínica una doctora le dijo: ‘ya viene muy mal’. Aún así pidió que lo atendiera.

De sus 4 hermanos, uno murió y otro fue herido en los hechos del domingo 19 de junio.

A más de un mes de lo ocurrido, “nos vamos recuperando poco a poco pero no nos recuperamos del corazón, estamos heridos, lastimados, no vivimos una situación menor, vivimos un terrorismo, se salió de control”.

“Mi hermano fue herido directamente desde un helicóptero”, aseguró.

“Como a la 1, 2 de la tarde llegaron policías a la clínica a querer sacar a los heridos, se veían como una persona drogada, se paran y se te quedan viendo con la vista perdida”, mencionó.

Sobre la actuación del gobierno federal, comentó que “no captan ese dolor que traemos”.

A su vez, Primitivo Bautista se pregunta por qué se metieron con la población si el objetivo era quitar un bloqueo.

De aquel día, recordó que “empieza el lanzamiento de gas, que ofendió a la gente, y como padres de familia al escuchar el llamado de auxilio de compañeros tuvimos que acudir a ese llamado”.

“Se escuchaban detonaciones de armas de fuego provenientes de la Gendarmería”, afirmó.

De los pobladores “nadie llevaba arma, nadie llevaba con qué defenderse. Al ver una agresión ya muy directa por parte de la Gendarmería”.

Hasta ahora, los pobladores han tenido 10 reuniones con el gobierno federal. Con ello se ha logrado que 120 heridos de bala fueran atendidos en la Ciudad de México. 

“Hemos escuchado que los policías cumplieron un protocolo, que hubo diálogo, lo cual es mentira, siempre llegaron de manera directa, agrediendo”, dijo Primitivo.

Fue una operación “sin piedad, sin medir consecuencias”, aseguró.

“Nunca nos esperamos que ese día llevaran armas de fuego, no armas de goma, porque de ser así no hubiera muertos ni heridos”, añadió.


Los pobladores urgieron que las autoridades pidan perdón por lo ocurrido en Nochixtlán.

ENTREVISTA:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0308/mexico/nochixtlan-entre-gas-lacrimogeno-balazos-y-llanto-testigos-en-cnn/

Condena ONG declaraciones de alcalde sobre Nuevo Sistema de Justicia Penal

Víctor Fuentes, alcalde de San Nicolás de los Garza, calificó como "rateros" a quienes serán liberados de cárceles en Nuevo León con nuevas disposiciones.

La organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos manifestó su rechazo a las declaraciones del alcalde regiomontano de San Nicolás de los Garza, Víctor Fuentes, quien dijo este miércoles que “2 mil rateros” podrían salir en libertad debido al Nuevo Sistema de Justicia Penal.

“Estos calificativos agudizan la vulnerabilidad que ya de por sí sufren las personas que han estado privadas de libertad en algún centro de reclusión”, dijo la organización en un comunicado.

De acuerdo con el texto, Fuentes pasó por alto que las libertades otorgadas con fundamento en las nuevas disposiciones legales favorecen los derechos humanos de las personas, abonan a su reinserción social y que, sobre todo, respetan el principio de que la privación de la libertad sólo se aplicará en casos verdaderamente necesarios.

“Exigimos que las autoridades sean las primeras en conducirse con respeto a los derechos humanos de todas y todos en Nuevo León y eviten crear más prejuicios en contra de las personas que hayan sido privadas de su libertad”, aseguraron.


La organización demandó que los alcaldes no violenten con sus declaraciones el derecho a la presunción de inocencia, aún para aquellos que hayan sido sentenciados previamente por un delito.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0308/mexico/condena-ong-declaraciones-de-alcalde-sobre-nuevo-sistema-de-justicia-penal/

Amaga Concamin con parar inversiones en estados con conflicto magisterial

CIUDAD DE MÉXICO: La inconformidad del sector empresarial del país por las manifestaciones del magisterio disidente va al alza.


Este día, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) anunció que detendrá la inversión industrial por 50 mil millones de pesos (mdp) en los estados donde se presenta el conflicto magisterial como Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero.

“Lo que se frenará son las inversiones industriales en esta zona (entidades con conflicto magisterial) lo que representará una disminución a la inversión de más de 50 mil millones de pesos y detendrá la creación de cuatro mil empleos en esta región en los próximos meses”, aseguró el líder del organismo, Manuel Herrera Vega.


Como otros organismos empresariales, la Concamin exigió a los tres niveles de gobierno la implementación de medidas que restablezcan el Estado de Derecho en el país, así como las condiciones de paz y seguridad necesarias para el buen desempeño de la industria y bienestar de los mexicanos.

Para Herrera Vega, “es particularmente grave que haya personas que quieran condenar  nuestro país a ser una nación dividida en dos velocidades, en dos tipos de estado: donde se cumple la ley y donde no. Donde hay un modelo educativo que trata de mejorar y donde se quieren mantener estructuras del siglo pasado. Donde se apuesta por luchar contra la pobreza desde el talento y la competitividad y donde no”.

Industrias afectadas

Las afectaciones en las diferentes ramas industriales son las siguientes, según la Concamin:

En la industria de lácteos se estiman pérdidas por 300 millones de pesos aproximadamente; la del cemento ha perdido 800 mil pesos diarios; en la manufactura eléctrica, los retrasos en entregas y cancelación de embarques generan pérdidas y elevan los costos.

No sólo eso. En las bebidas carbonatadas, el impacto económico se estima en 140 millones de pesos y afectaciones a más de cinco mil empleados. Las grandes empresas dedicadas al maíz industrializado ya tienen una afectación económica que asciende a los 85 mil 859 dólares.

Las industrias dedicadas a las conservas alimenticias disminuyeron sus ventas en un 40%, mientras que todos los costos han aumentado. En la industria automotriz, vehículos con valor comercial aproximado de 450 millones de pesos han quedado inmovilizados. Mientras que las navieras mantienen 18 mil contenedores de carga inmovilizados en los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo.

La lista continúa con los agremiados de electrónica y tecnologías de la información, donde las pérdidas económicas ascienden a 20 millones de pesos sobre costos logísticos. Mientras que el impacto económico en la vivienda va de los 4 a 4.8 millones de pesos y se despidieron a 75 empleados.

IMSS: Poco viable “declarar en ceros”

El enfado de la iniciativa privada va en aumento. Ayer, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) amenazó con declarar impuestos en ceros ante las pérdidas y la prolongación del diálogo entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno.

Hoy, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, no dio el visto bueno y advirtió:


“El instituto paga por lo menos este año 70 mil millones de pesos en pensiones, tenemos 71 millones de derechohabientes y claramente tenemos que ser muy certeros en garantizar el patrimonio y respetando claramente el punto vista de cualquier ciudadano respecto de sus obligaciones fiscales”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN CARLOS CRUZ VARGAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449777/amaga-concamin-parar-inversiones-en-estados-conflicto-magisterial

Imponen siete años de cárcel al hijo de “El Señor de los Cielos”

CIUDAD DE MÉXICO: Un juez federal condenó a siete años y seis meses de prisión a Vicente Carrillo Leyva, hijo de Amado Carrillo Fuentes, fallecido líder del Cártel de Juárez apodado El Señor de los Cielos.


El magistrado del Primer Tribunal Unitario Penal, Luis Pérez de la Fuente, confirmó en todos los términos la sentencia de primera instancia dictada en diciembre pasado por el juez decimocuarto de Distrito en Procesos Penales Federales, Rubén Darío Noguer.

Vicente Carrillo permanecerá recluido hasta 2018, destacó el diario Reforma, porque la autoridad judicial decidió hacer efectiva la sentencia desde 2011, cuando la PGR armó la carpeta de investigación por lavado de dinero, pese a haber sido detenido en 2009. El capo fue declarado culpable de lavar un millón 930 mil 357 pesos con depósitos bancarios.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449732/imponen-siete-anos-carcel-al-hijo-senor-los-cielos

Maestros de Chiapas pasarán vacaciones en paro

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Miles de maestros de las secciones 7 y 40 adheridas a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon este miércoles para ratificar que pese a las vacaciones escolares, continuarán con el paro de labores que iniciaron desde el pasado 15 de mayo.


Con esa medida, apuntaron, el paro del movimiento magisterial se convertirá –el próximo fin de semana– en el más largo en la historia de la CNTE desde su fundación, en diciembre de 1979.

Con pancartas y consignas, los profesores marcharon desde el parque Chiapasionate –ubicado en la salida oriente de esta capital– hacia la plaza central, en protesta contra la reforma educativa.


“Chiapas parió la CNTE y desde Chiapas se seguirá demostrando al gobierno estatal y federal la fuerza de esta organización magisterial para exigir y defender sus derechos gremiales”, señaló José Luis Escobar Pérez, uno de los miembros del Comité Ejecutivo de la sección 7, conformada por aproximadamente 45 mil sindicalizados.

El también vocero de la CNTE destacó que hoy cumplen 81 días en paro y, al paso que van, el próximo fin de semana se estarán cumpliendo de 84 a 85 días. En 2013, recordó, pararon labores durante 83 días.

Escobar Pérez dijo que si bien se han logrado algunos acuerdos en las mesas de diálogo con el gobierno federal, el punto medular que desató el paro magisterial es la exigencia de abrogar la reforma educativa, y  no pararán las protestas hasta que eso ocurra.

Alertó que el ciclo escolar 2016-2017 está en riesgo de no iniciar, y responsabilizó de ello al gobierno federal. Los maestros de la CNTE, subrayó, están decididos a seguir con el movimiento magisterial, aun cuando el calendario escolar marque el inicio de cursos.

Durante su recorrido por las calles de esta capital, los maestros capturaron a un presunto “oreja” del gobierno estatal que fue sorprendido tomando fotografías.


El joven, que se identificó como Luis Ignacio Palomeque, dijo que era de “prensa” y que tomaba fotografías para La Tribuna, pero en ese medio dijeron que no lo conocían.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449737/maestros-chiapas-pasaran-vacaciones-en-paro

IP, en su derecho de amparase, pero debe subir salarios: CNTE

Ciudad de México. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) señaló que los empresarios están en todo su derecho de interponer amparos y exigirle al gobierno que solucione el conflicto, pero también es un derecho, aseguró, aumentar los salarios.

"Nosotros también lo demandamos pero conforme a derecho y manden un decreto presidencial hasta la suspensión definitiva de la abrogación de la reforma educativa", señaló Enrique Enríquez, integrante de la dirección política de la CNTE.

"Queremos decirles a los empresarios que están en su derecho de meter todos los amparos que quieran pero también es una obligación aumentar el salario a cada uno de sus empleados porque que nada más piensan en sus grandes utilidades, a ver si es cierto que corresponden a esa voluntad. Lo que quieren es no tener pérdidas en sus utilidades no para aumentar empleos o para mejorar los pagos a los empleados, sino para que no tengan pérdidas en sus ganancias. ¿Qué no han tenido créditos fiscales para no pagar impuestos? Hoy nos amenazan diciendo que quieren suspender el pago de impuestos.


"Eso es mentira. Los empresarios siempre han tenido las grandes ventajas en esta ciudad de México y en todo el país. Que tengan la voluntad también para solucionar esto que es la abrogación definitiva de la reforma educativa", reiteró.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: LAURA POY SOLANO, CÉSAR ARELLANO.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/03/ip-en-su-derecho-de-amparase-pero-debe-subir-salarios-cnte

Pemex, CFE y SE explicarán a la Permanente el 'gasolinazo'

Ciudad de México. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión citó a comparecer el próximo martes al secretario de Energía, al subsecretario de Ingresos de Hacienda y a los directores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que expliquen las razones de los incrementos a la gasolina y las tarifas eléctricas.

Ello, durante un largo debate, en el que PRI y PAN intercambiaron acusaciones sobre mal manejo de la economía de sus respectivos gobiernos y PRD, PT y Morena advirtieron que la reforma energética ha sido un fracaso.

Legisladores del PAN advirtieron que el presidente Enrique Peña Nieto mintió al sostener una y otra vez que luego de la reforma energética, no aumentarían los combustibles. “De nuevo acudieron a los gasolinazos”, para recaudar 138 mil millones de pesos en impuestos, les dijo el diputado Federico Doring. En respuesta, el senador del PRI, Gerardo Sánchez, sostuvo que fue en el sexenio de Felipe Calderón en que “se inventaron” los aumentos mensuales a la gasolina.

La realidad, insistió la senadora panistas, Mariana Gómez del Campo, es que al concluir su sexenio, Calderón dejó en 10.81 pesos el precio de la gasolina y ahora, con un costo bajísimo del petróleo, está en más de 13 pesos.

La diputada del Verde, Jorgina Gaxiola, respondió que el incremento a la gasolina no es por voluntad del presidente Enrique Peña Nieto y se debe “a muchas razones”, entre ellas a fluctuaciones en el tipo de cambio y problemas de geopolítica internacional. No tiene que ver con la reforma energética, sostuvo.

Sin embargo, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, insistió en que la reforma energética se ha convertido en “un depredador social”. A nombre de Morena, la diputada Rocío Nahle destacó igualmente que esa reforma “es un verdadero fracaso”, porque los combustibles son ahora más caros y se está entregando el patrimonio energético a empresas privadas nacionales y extranjeras.


Barbosa señaló que es responsabilidad también del PAN, quien aprobó la reforma energética, está metido en la implantación de la misma y en la integración de los órganos directivos. “Señoritos de Acción Nacional están metidos en los negocios energéticos”.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ANDREA BECERRIL, VÍCTOR BALLINAS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/03/pemex-cfe-y-se-explicaran-a-la-permanente-el-gasolinazo-1

6 miembros del equipo de Duarte, señalados por la “desaparición” de las pensiones en Veracruz

Los afectados han denunciado a 25 funcionarios, entre ellos miembros del Gabinete de Javier Duarte, por abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, coalición y peculado, delitos por los que pagarían penas de cuatro a quince años en prisión por el faltante de 4 mil 100 millones de pesos destinados para el pago de pensiones en Veracruz. “Los pensionados han decidido pasar del sospechosismo a los datos concretos, tienen las herramientas y la disposición para cuestionar el sistema de opacidad del Instituto de Pensiones del IPE”, dice Juan José Llanes, abogado de la organización que agremia a 28 mil personas que exigen sus ahorros.

Un listado de 25 funcionarios del Gobierno de Veracruz son acusados de ser los responsables por el desfalco de 4 mil 100 millones de pesos de las arcas destinadas a pagar a los pensionados. Esta lista incluye al menos seis de los miembros del Gabinete de Javier Duarte de Ochoa.

Blog Expediente tuvo acceso a la Carpeta de Investigación 425/2016, documento en que se detalla los nombres y cargos de los funcionarios señalados ente la Fiscalía General del Estado por el uso indebido de la suma multimillonaria, entregados en gran medida al gobierno del priista, Javier Duarte de Ochoa.

“Esta denuncia se debe únicamente a la disposición de la Reserva Técnica y será la primera de varias en contra de esta élite privilegiada. Los pensionistas han decidido pasar del sospechosismo a los datos concretos”, comparte Juan José Llanes, abogado de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV).

El defensor legal de los 28 mil agremiados, explica que Antonio Gómez Pelegrín, Secretario de Finanzas, en días recientes entregó una carpeta informativa, presumiendo la liquidación de un préstamo, obtenido desde el año de 2009 de las aportaciones obrero patronal de los trabajadores estatales en activo.

“El gobierno del estado ha tratado de farolear, diciendo ya pagamos lo que nos prestaron. ¿Pero por qué el consejo directivo del IPE realizó tal préstamo? Se trata de un acto indebido con base en el Artículo 16 de la Ley 287 (Ley de Pensiones del Estado de Veracruz)” detalla.

Aunado a lo anterior, Alberto Silva Ramos, Coordinador de Comunicación Social, publicó el 20 de mayo de 2016 un boletín donde confirma el pago de pensiones y jubilaciones con 360 millones también tomados de la Reserva Técnica.

“En la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), se acordó disponer de 360 millones de pesos de la reserva técnica para garantizar el pago de pensiones y jubilaciones”. (1)

A continuación se presenta un resumen de la denuncia interpuesta por la FEDIPEV, donde se detallan los argumentos legales presentados, los nombres de los funcionarios implicados, los castigos a los que pudieran ser acreedores y las exigencias los pensionistas a la misma FGE.

“A los servidores públicos que fueron señalados como responsables, los instamos a comparecer sin reticencias y a exponer -sin cortapisas- LA VERDAD HISTÓRICA de lo acontecido al Instituto de Pensiones, y a explicar puntual y detalladamente las razones de su quebranto financiero”.


“Y si -por cualquier razón anómala- los hechos no son investigados y sancionados como se debe, serán agotadas todas las instancias legales que conduzcan a la absoluta reparación del daño y al restañamiento de los agravios”, se lee en la denuncia penal.

LOS 25 FUNCIONARIOS SEÑALADOS POR LA FEDIPEV
“Todos -salvo error de apreciación de los suscritos-, cometieron actos que se consideran constitutivos de ilícito penal… Interponer por escrito FORMAL DENUNCIA, QUERELLA O ACUSACIÓN, en contra de los CC:
1.- OCTAVIO ANTONIO GIL GARCÍA, Consejero Presidente
2.- JOSÉ ADÁN CÓRDOBA MORALES, Secretario Técnico
3.- RICARDO GARCÍA GUZMÁN, Comisario Propietario
4.- FLAVINO RÍOS ALVARADO, Secretario de Gobernación
5.- ANTONIO GÓMEZ PELEGRÍN, Secretario de Finanzas
6.- XÓCHITL ADELA OSORIO MARTÍNEZ, Secretaria de Educación y Cultura
7.-FERNANDO BENÍTEZ OBESO, Secretario de Salud
8.- ALFREDO FERRARI SAAVEDRA, Secretario de Desarrollo Social
9.- GERARDO MANCILLA ARTEAGA, Secretario de Desarrollo Económico y Portuario
10.- MANUEL ARELLANO MÉNDEZ, Representante Sindical, SNTE 56, (Propietario)
11.- ACELA SERVÍN MURRIETA, Representante Sindical, SETSE, (Propietario)
12.- ENRIQUE LEVET GOROZPE, Representante Sindical, FESAPAUV, (Propietario)
13.- ENRIQUE CRUZ CANSECO, Representante Sindical, SDTEV, (Propietario)
14.- RICARDO DIZ HERLINDO, Representante Sindical, SUTSEM, (Propietario)
15.- FAUSTINO GARCÍA HERNÁNDEZ, Representante Sindical, FSTSEM y ODV, (Propietario)
16.-ÁNGEL CRUZ LAGUNES, Representante Sindical, (Suplente)
17.- ARTURO JARAMILLO DÍAZ DE LEÓN, Representante Sindical, (Suplente)
18.- FRANCISCO SALVADOR TORRES PERALTA, Representante Sindical, (Suplente)
19.- EÉDGAR MURRIETA GONZÁLEZ, Representante Sindical,(Suplente)
20.- JOSÉ ÁLVARO PÉREZ VELA, Representante Sindical,(Suplente)
21.- LUIS SARABIA OLGUÍN, Representante Sindical, (Suplente)
22.- CASIMIRO HERNÁNDEZ CUERVO, Representante Sindical, (Suplente)
23.- VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ SÁNCHEZ, Representante Sindical, (Suplente)
24.-OSWALDO DANIEL AHUMADA AGUIRRE, Representante Sindical, (Suplente)
25.- JORGE OCTAVIO TÉLLEZ KAWAS, Representante Sindical, (Suplente)

ARGUMENTOS LEGALES


El 11 de febrero de 2016, los consejeros del IPE determinaron disponer de setecientos sesenta y cinco millones, setecientos treinta y seis mil ochocientos noventa y tres pesos 21/100 M.N. del Fondo de la Reserva Técnica, y de esa cantidad pagar quinientos cuarenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N. para la cobertura de obligaciones y prestaciones pendientes por cubrir, a cargo del IPE. Acuerdo número 85,217.

Sin embargo, explica el documento ante la FGE, el destino de los otros doscientos veinte millones setecientos treinta y seis mil ochocientos noventa y tres pesos 21/100 M.N. es incierto, toda vez que el único destino posible de la totalidad de lo sustraído de la reserva técnica (los $765 millones 736 mil 893.21), era la cobertura de obligaciones y prestaciones pendientes de pago, y no solamente $545 millones. De ahí que se tiene que se sustrajeron $220 millones 736mil 893.21 de la reserva técnica, sin definirse su objeto.

De igual manera, se tiene que el Gobierno del Estado de Veracruz, por conducto de su vocero oficial, Alberto Silva Ramos, admite que recibió en préstamo en el año 2009, la cantidad de 1 mil 600 millones de pesos, que –dice la información- se pagaron en el año 2010.


“Ahora bien, si bien es cierto que en el año 2009 se encontraba en vigor la ahora abrogada Ley número 20 de Pensiones del Estado de Veracruz, también cierto es que las disposiciones que regulaban la Reserva Técnica, eran idénticas a las que, en la Ley en vigor, norman ese tópico. En concreto, tampoco en el año 2009, al amparo de la Ley número 20 de Pensiones del Estado, podía disponerse de los recursos de la Reserva Técnica para “prestar” dinero al Gobierno del Estado de Veracruz”,

DELITOS Y CASTIGOS

Abuso de autoridad: los 25 servidores públicos denunciados, indebidamente, considera la Fedipev, habrían realizado inversiones en deuda con recursos públicos y aplicaron los fondos procedentes de la Reserva Técnica del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz a un fin distinto al que estaba destinado, haciendo con ellos una erogación ilegal.

“Artículo 318 del Código punitivo estatal.- Se impondrán de tres a diez años de prisión y multa hasta de cuatrocientos días de salario al servidor público que: …IV. Indebidamente otorgue o realice obra pública o contrate adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, inversiones de fondos y valores o deuda, con recursos públicos; V. A sabiendas aplique fondos públicos a un fin distinto al que estaban destinados o hiciere con ellos una erogación ilegal…”

Incumplimiento del deber legal: dado que los servidores públicos denunciados dejaron de cumplir con los deberes inherentes a su empleo, cargo o comisión en perjuicio de los derechos de los pensionistas, toda vez que autorizaron indebidamente la disposición de recursos procedentes de la Reserva Técnica del IPE. De igual manera, los denunciados tuvieron conocimiento de que, con las acciones que tomaron, existía la posibilidad de lesionar el patrimonio del Instituto, y no evitaron el daño a pesar de que dentro de sus facultades estaba hacerlo.

El Artículo 319 del Código punitivo estatal dispone (al describir y sancionar el Incumplimiento del Deber Legal) que “Se impondrán de uno a ocho años de prisión y multa hasta de doscientos días de salario al servidor público que deje de cumplir con los deberes inherentes a su empleo, cargo o comisión en perjuicio de los derechos de un tercero o en beneficio propio o ajeno”.

Coalición: dado que los denunciados se unieron para tomar medidas contrarias a la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz, con el riesgo de que las decisiones que tomaron traigan aparejada la suspensión del servicio que debe dar el IPE a los pensionistas, particularmente, el pago de sus pensiones, dado que dispusieron indebidamente de los recursos de la Reserva Técnica destinados a garantizar la cobertura -o cubrir, dado el caso- el pago de las prestaciones de los derechohabientes.

Por otra parte, el Artículo 321 (que prevé el delito de Coalición) define que “Se impondrán prisión de seis meses a seis años y multa hasta de doscientas veces el salario, a los servidores públicos que se unan para tomar medidas contrarias a una ley, reglamento o disposición de carácter general, para impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la función pública, en cualquiera de sus niveles de gobierno”.

Peculado: dado que los denunciados, en provecho ajeno, dispusieron del dinero que recibieron en administración, procedente de la Reserva Técnica del Instituto, para aplicarlo a un fin que no se encuentra previsto en la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz.

que se define en el Artículo 323 del Código sustantivo penal, dice que “Se impondrán de cuatro a quince años de prisión y multa hasta de seiscientos días de salario al servidor público que, en provecho propio o ajeno, utilice o disponga de dinero, valores o cualquier otro bien que hubiere recibido en administración, depósito o por otra causa en razón de su cargo”.

“QUEREMOS LA VERDAD HISTÓRICA”

Más allá de un linchamiento social contra los 25 funcionarios expuestos en la denuncia 425/2016, Juan José Llanes, advierte que lo que exigen los pensionistas veracruzanos es la verdad; el trasfondo de los acuerdos entre el Gobierno del estado y el consejo directivo del IPE y sobre todo, la ubicación de los faltantes millonarios de la reserva técnica.

“Los pensionados han decidido pasar del sospechisismo a los datos concretos, tienen las herramientas y la disposición para cuestionar a este sistema de opacidad del Instituto de Pensiones del IPE”, comentó Llanes Gil del Ángel.

Finalmente, los demandantes, exigieron a la FGE, que se practiquen tantas y cuantas diligencias que sean necesarias a fin de determinar la verdad de los hechos denunciados. Además, solicitar el ejercicio de la acción penal y reparadora del daño en contra de los 25 agremiados.


Así la última medida ejercida por la coalición de pensionistas, quienes no obstante de haber emitido una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), y ahora un procedes legal, advierten que de no ver acciones contra los funcionarios y no reciben una sanción como se debe, agotarán todas las instancias legales que conduzcan a la absoluta reparación del daño y al restañamiento de los agravios

FUENTE: SIN EMBARGO/BLOG EXPEDIENTE.
AUTOR: REDACCIÓN/MIGUEL ÁNGEL CARMONA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-08-2016/3075494

“Fue mucho tiempo en la cárcel, aunque parecieran dos días”: Jacinta

AMEALCO, Qro: La casa de Jacinta Francisco Marcial, madre de cinco hijos y abuela de ocho nietos, siempre está cerrada, pero se abre cada tanto para recibir lo mismo a universitarios que quieren hacer una tarea, que a periodistas que desean entrevistarla, o a personas que simplemente van a conocerla.

Jacinta trata de recibir a todos sus visitantes en la casa ubicada a la orilla de la carretera que va del municipio de Amealco de Bonfil, en Querétaro, a la Ciudad de México, pero no siempre puede hacerlo porque toda la semana trabaja. En época de calor vende aguas frescas, paletas y helados, y en época de frío todo tipo de dulces y frituras.

De apenas metro y medio de estatura, esta mujer se ha dedicado a la venta desde que era niña, pero interrumpió su oficio en 2006, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) la acusó de secuestrar a seis policías de élite de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI). La indígena otomí recibió una sentencia de 21 años de prisión, de los cuales pasó 37 meses encerrada.

En entrevista, Jacinta habla del aprendizaje que le dejó este capítulo en su vida, mientras permanece sentada en el amplio patio de su casa, donde se observan cuartos de ladrillo sin decoración. Es un hogar que sigue construyendo y en el que habita desde hace unas tres décadas, cuando se casó.

Rodeada de plantas y árboles de pera y durazno, con su cabello trenzado y vestida con una blusa de cuello de pliegues y falda de tela satinada –el traje típico otomí–, se esfuerza por expresarse en español y no en su lengua materna.  A 10 años de su detención –que se cumplen este 3 de agosto– aún le cuesta hablar de lo sucedido.

Mientras conversa, trata de hilvanar el significado de palabras como “secuestro”, “careo”, “discriminación” o “reparación del daño”. Apenas puede pronunciarlas y aún más entenderlas. Las escuchó durante tantos años, que ahora busca darles sentido.

Una década después

Jacinta es sencilla y sonríe fácilmente. Nunca ha tenido un arma en sus manos y tampoco sabía lo que era “retener” a una persona. Comprendió lo que eso significa hasta que llegó a prisión.

El 26 de marzo de 2006, sin identificarse y sin portar uniforme, elementos de la entonces AFI hicieron un operativo en el tianguis de la plaza de la comunidad de Santiago Mexquititlán, en el municipio queretano de Amealco de Bonfil.

Ese día los policías despojaron a varios comerciantes de sus mercancías, alegando que se trataba de “piratería”. La gente protestó por la ilegalidad del decomiso. Ante la ira ciudadana, los policías se comprometieron a pagar por los destrozos y se retiraron del lugar para ir por dinero.

Mientras esto sucedía, pidieron a un compañero que se quedara en el sitio, como prueba de que estaban dispuestos a regresar con el pago de los destrozos. Horas más tarde volvieron para negociar con la comunidad y luego se retiraron.

Jacinta se mantuvo ajena a la situación. Narra que en ese momento estaba vendiendo aguas frescas en el tianguis, pero ni siquiera cerca de los policías. Fue hasta la tarde cuando los agentes de la AFI regresaron a la comunidad, supuestamente para pagar los daños. Ella –dice– fue a la farmacia y se acercó donde estaba “el alboroto”. En ese momento un periodista tomó una fotografía y el rostro de Jacinta quedó en la imagen.

El 3 de agosto de 2006 (menos de cinco meses después de los hechos), cuando parecía que todo había quedado en una anécdota, la indígena fue detenida por el delito de secuestro. La prueba para acusarla fue justamente esa imagen que se publicó en un periódico. Ahí aparecían ella, Alberta y Teresa – otras dos indígenas a las que también se acusó de secuestro–, en medio de un mar de gente.

Al tratar de reconstruir el hecho, Jacinta recuerda que ese día salió temprano para recorrer su barrio e invitar a la gente de la comunidad a ir a la peregrinación que cada mes de octubre sale de Querétaro rumbo a Atotonilco, en Guanajuato. Asegura que como ferviente católica, desde muy joven participa en las peregrinaciones de su comunidad.

“Ese día llegaron ellos. En la tarde, como a las seis de la tarde, venía de regreso a la casa. Cuando llegué estaban una señora y un señor en la puerta de afuera. Estaban platicando con mi esposo y mi hija. Cuando llego, se voltea la señora y me dice que si era la señora Jacinta y le dije que sí. Cuando le dije que sí, va y me agarra fuerte de acá arriba (de la cabeza) y me voltea a ver”.

Esas personas, que no se identificaron, le dijeron que debía ir a declarar “algo”. Confiada en que no había hecho nada, ella y su esposo Guillermo acompañaron a las dos personas.

“Cuando iba caminado ningún carro estaba ahí, pero cuando yo llego (la mujer) me empuja, me voltea y ya estaba un coche y me meten ahí. No me dejaba alzar mi cabeza ni nada. Y me dice: ‘¿tú eres la señora Jacinta?’. Y le dije que sí. ‘¿Qué hiciste hace poquito tiempo?’ (preguntó la mujer). Dije: ‘pues vámonos, yo no he hecho nada”.

Jacinta y su esposo subieron a la parte trasera del auto y las otras dos personas iban adelante; mientras la mujer manejaba, le dijo que nada más iba a declarar y ellos la iban a regresar a su casa.

“Yo no tenía miedo porque sabía que no había hecho nada”, recuerda. Y no sabía es que era trasladada al Juzgado Cuarto de Distrito del estado.

Cuando llegaron al lugar, su esposo se quedó afuera y a ella le pidieron que pasara. Al entrar, vio que algunas personas estaban cenando. Ante la indiferencia del personal, lo único que hizo fue sentarse a esperar a que alguien le hiciera las preguntas. Eso nunca pasó.

“Llegando allá en Querétaro, ya estaban las otras dos muchachas (Alberta y Teresa, que vendían discos de música), preguntaron: ¿‘por qué te trajo si tú no vendías lo que nosotros vendíamos?’. Pues no, pero también me trajeron, dijeron que nada más iba a declarar y me iban a regresar”.

La promesa no se cumplió, porque minutos después las tres fueron exhibidas ante los medios de comunicación queretanos para, enseguida, trasladarlas al Centro de Readaptación Social de San José El Alto, el lugar donde Jacinta estuvo recluida tres años y casi dos meses.

La fe y el esfuerzo

Madre y abuela, Jacinta es una mujer famosa desde antes de pisar la cárcel. Es conocida como “la de los helados y paletas”. Hasta hace un par de años todavía fabricaba en los barriles donde la nieve se hace mezclando sal y hielo picado, y se le da vueltas al barril hasta que se tiene el producto final.

Hoy ya cuenta una máquina para preparar el helado, incluso tiene su negocio en su casa. Aunque ese local lleva el nombre de “JaciMemo”, las primeras letras de su nombre y el de su esposo, en realidad el negocio es de sus hijos, y por eso dice que no le gusta que le tomen fotografías frente a ese lugar.

Sobre su vida después de salir de la cárcel abrevia: “Desde que salí (es) igual, sigo trabajando en lo mismo, como antes”. Así resume su vida, como si no tuviera nada que contar.

No dice más porque considera que siempre hace lo mismo: de lunes a viernes va a la escuela primaria a vender paletas y helados a la hora del recreo, y cuando termina ahí lleva su carrito a la secundaria para esperar la hora de la salida de los alumnos. Los domingos vende aguas frescas en el tianguis de Santiago Mexquititlán.

Además de su actividad como vendedora, es conocida como una de las organizadoras de las multitudinarias peregrinaciones que cada año van a Atotonilco, en Guanajuato, y a la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. Hace unas semanas estuvo en la capital por ese motivo. En los pueblos de la región hay comités organizadores, y en el suyo ella es parte de la comisión responsable.

Su fe comenzó desde niña, cuando su madrastra iba a las peregrinaciones a Atotonilco. “Ella nos llevó para que supiéramos cómo es, entonces de ahí empecé a ir. Luego tenía a mis hijos y ya no iba hasta que ya estaban grandecitos”.

Cuenta que por ahí de 1997, una de sus hijas la acompañó en su recorrido. Juntas caminaron durante ocho días desde la capital queretana hasta llegar a la Ciudad de México. Desde entonces participa cada año, sólo dejó de asistir durante los tres años que estuvo presa. Cuando la gente de su parroquia se enteró que había sido detenida, nadie lo podía creer.
Discriminación por etnia

Desde que ingresó a la cárcel de San José El Alto, Jacinta fue despojada de su identidad. No pudo vestirse ya con la ropa otomí –de colores vivos y amplias faldas, que tanto le gusta lucir– y tuvo que usar pantalón. Al final de cuentas la ropa era lo de menos, pero la obligaron a que hablara español.

Hasta que estuvo en la cárcel se enteró que estaba acusada de secuestro. Fueron las propias internas quienes le informaron de su situación.

“Las otras compañeras me dicen si es cierto que secuestramos a seis agentes federales. Digo no, ellos llegaron a recoger no sé cómo se llama (piratería), llegaron a hacer eso. A mí me trajeron pero yo no vendía eso”.

Todavía recuerda aquella conversación con una de sus compañeras de celda:

–Sí, pero no salió eso, salió que ustedes secuestraron seis agentes. ¿Saben qué es un secuestro?

–No.

–Un secuestro es cuando tú detienes una persona, la encierras, no la dejas que salga, eso es un secuestro.

Durante los primeros días en la cárcel no tuvo miedo de lo que le decían, hasta que una interna le soltó: “El delito de secuestro es muy grave, es el delito más grave de todos. Yo vengo por homicidio y más fácil que me vaya yo que tú”. Entonces empezó a dudar de su liberación.

Los domingos y los miércoles recibía la visita de sus familiares, quienes le contaban que nadie quería ayudarla porque se trataba de un delito muy grave, y además porque lo hizo contra el gobierno.

Así pasaron dos años, sin que tuviera más información. Y es que al hablar otomí y entender poco el español, ni siquiera podía comprender lo que un funcionario le dijera.

–¿Alguna vez vio a los policías que la acusaron? –le preguntaban.

–“No” –respondía.

Y aunque pedía hablar con ellos, su familia siempre le decía: “¿Cómo te vas a carear con ellos? No vas a ganar porque tú no sabes hablar nada y no les vas a entender”. El juez citó en varias ocasiones a los presuntos agraviados, pero éstos nunca se presentaron.

Durante dos años, su esposo y sus hijos se movilizaron para buscar un abogado y luego para viajar a la Ciudad de México y pedir asesoría del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que junto con el Centro Fray Jacobo Daciano asumieron la representación legal de Jacinta en diciembre de 2008.

El 19 de diciembre de ese año, la mujer fue condenada a 21 años de prisión y a dos mil días de multa, equivalentes a 91 mil 620 pesos. Un mes después Alberta y Teresa fueron condenadas a la misma pena, pero en abril de 2010 abandonaron la cárcel a raíz de una resolución dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Acostumbrada a no guardar fechas ni acontecimientos en la memoria, Jacinta señala: “Ahorita sí pienso que tres años y dos meses sí es mucho tiempo. En ese tiempo fue como dos, tres días, pero fue mucho tiempo ¡tres años!”.

La supuesta “secuestradora” obtuvo su libertad después de la intervención de sus abogados y una intensa campaña con la que se logró una recomendación del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) dirigida al juez cuarto de Distrito de Querétaro por no brindar un intérprete, y otra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigida a la Procuraduría General de la república (PGR).

Lección de vida

Como resultado del litigio, un tribunal unitario ordenó reponer el procedimiento, y en medio del escándalo mediático la PGR decidió presentar conclusiones no acusatorias en su contra. El 16 de septiembre de 2009, Jacinta obtuvo su libertad.

Luego de su paso por la prisión, dice, le quedaron enseñanzas. “Aprendí de los abogado particulares. Dicen que van a apoyar, pero el abogado particular nada más te quita dinero, ahí aprendí eso. Y cosas que no sabía hacer como el deshilado, las manualidades, bordar listones en cojines o en servilletas, y manejar una máquina de coser de esas que usan en los talleres grandes, porque yo nunca había agarrado una”.

Ahora puede comunicarse con más facilidad en español, pero prefiere seguir hablando su lengua. “De a poquito iba aprendiendo a través de las compañeras. Me costó mucho trabajo porque había cosas que yo no entendía nada, ellas tenían paciencia de explicarme o de decirme qué significaba esa palabra o cómo se hablaba esa palabra que yo no entendía y me decían cómo debía de ser”.

En este camino también hubo episodios negativos: se perdió las celebraciones de la familia, los buenos momentos de los hijos, las anécdotas de los nietos, las peregrinaciones de tres años, y además vivió el maltrato de custodias e internas.

“De lo malo, creo que nada más de las compañeras que son ¿cómo le dicen?… discriminación. Hay compañeras que tenían tiempo allá, que ya conocían, sabían. En la primera noche que paso con las otras, había una que decía que no le gustaba que le metieran unas indias, no le gustaba que me quedara con ellas porque estaba acostumbrada a estar sola”.

A una década de aquella experiencia, Jacinta es hoy una mujer más consciente. Sabe de las protestas del magisterio y de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’, ocurrida en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

Se interesa por estar informada, porque a su casa siguen llegando visitantes que tienen un hijo o un familiar en la cárcel y le piden un consejo, añade.

Y así pasa el tiempo, entre sus reuniones con la feligresía, vendiendo paletas o bordando servilletas y fajas. Jacinta y sus abogados exigieron a la PGR la reparación del daño, pero esa instancia se ha negado en dos ocasiones, primero en 2012 y después un año más tarde, siempre alegando que no hubo pruebas suficientes para acusarla, pero que sí cometió un delito.

En esta nueva cruzada judicial, el 19 de mayo pasado el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la sentencia que en mayo de 2014 dictó el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), cuando ordenó a la PGR indemnizar y reconocer públicamente la inocencia de la indígena otomí.


A la fecha, Jacinta espera que se haga realidad esa disculpa, y aunque no entiende bien el término, sabe que eso no puede resarcir tres años de cárcel. “No le entiendo bien cómo es eso, pero estaría bien, pues la gente sabe que no es cierto (la acusación). Muchos me creyeron, saben que no fue cierto, pero sí es necesario”, dice sobre la reparación del daño.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449680/fue-mucho-tiempo-en-la-carcel-aunque-parece-hubieran-sido-dos-dias-jacinta

"Armadas" con hilos, piden el hallazgo de desaparecidos en NL

Monterrey, NL. Armadas con hilos de diferentes colores, bastidores y manta, una decena de mujeres bordó los rostros y nombres de sus familiares, en una acción de protesta afuera de la Procuraduría de Justicia del Estado.

El grupo de familiares de desaparecidos colocó fotografías y pañuelos bordados con los nombres de víctimas en la entidad en el edificio de la Procuraduría de Justicia del Estado, como una manifestación para exigir justicia.

Detienen a adolescente en Mexicali por presunta trata de personas

Tijuana, BC. Por una orden judicial, una mujer fue detenida en Mexicali para enfrentar cargos de trata de personas en la modalidad de explotación sexual entre mujeres estudiantes de preparatoria.

La mujer identificada como Karolina, de 19 años de edad, quien "enganchaba" en la prostitución a adolescentes estudiantes de nivel preparatoria.

El 27 de agosto de 2015, una menor de edad presentó una denuncia penal por trata de personas en la Agencia del Ministerio Público del fuero común por lo que se pidió una orden de aprehensión a un juzgado del Sistema Penal Acusatorio a partir de la investigación de la Unidad Estatal contra la Trata.

Hace un año, la víctima era estudiante del mismo centro escolar de la imputada, quien detectaba a compañeras en estado de vulnerabilidad por su relación familiar, situación económica y edades.

La Procuraduría General de Justicia de Baja California determinó que la forma de operar de Karolina iniciaba con una invitación a salir a las adolescentes, les compraba bebidas embriagantes y después, ya ebrias, las conducía a la zona de moteles de la carretera al aeropuerto, en donde se encontraban “clientes” para sostener relaciones sexuales. Al final les pagaba 800 pesos por el "servicio".

La presunta delincuente fue detenida en un operativo realizado en una casa del oriente de esta ciudad fronteriza e internada en el Centro de Detención Provisional mientras determina el juez las medidas cautelares que incluyen si enfrentará los cargos en libertad.

A raíz de esta denuncia, la PGJE inicio una campaña en preparatorias para concientizar sobre las consecuencias de ser víctimas de trata de persona en lo físico y sicológico, además de los daños en la familia.

Fuente: La Jornada

Autor: Antonio Heras

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/03/detienen-a-adolescente-en-mexicali-por-presunta-trata-de-personas

Juez ordena a la SSP de la CDMX quitar el bloqueo en Bucareli para permitir libre tránsito

Un juez federal otorgó un amparo a un ciudadano que se quejó por la "omisión" de las autoridades ante el bloqueo en Bucareli, donde se ubica la Secretaría de Gobernación.

Un juzgado federal ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México retirar bloqueo en la avenida Bucareli –cercana a la Secretaría de Gobernación–, al otorgar un amparo a un ciudadano que se quejó por “la omisión de las autoridades para asegurar el libre tránsito” en dicha vía.

De acuerdo con un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal, el juzgado concedió el amparo al quejoso y ordenó a la SSP quitar el bloqueo de manifestantes “con absoluto respeto de la vida e integridad personal de los manifestantes, así como su derecho a expresarse libremente”.

“El deber de garantizar el derecho a manifestarse públicamente no tiene el alcance de proteger el bloqueo deliberado de las vías de circulación, pues de otra manera se autorizaría que se vulneraran los derechos de la colectividad y se pondría en entredicho la armonía de la vida en sociedad”, concluyó el juzgado para otorgar el amparo.

Sin embargo, el bloqueo que realizan manifestantes de la CNTE es en la avenida Enrico Martínez, paralela a Bucareli. Son policías federales los que tienen un cerco policial frente a la Segob.

A finales de mayo pasado, elementos policiales desalojaron un plantón de manifestantes en Bucareli, el cual fue trasladado al parque de la Ciudadela

El comunicado del CJF detalla que el quejoso reclamó la omisión del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y los titulares de Movilidad, Héctor Serrano, y el de la Secretaría de Seguridad, Hiram Almeida, para “aplicar la Ley de Movilidaddel Distrito Federal, en lo relativo a la obligación de asegurar la utilización de las vialidades a sus habitantes, con motivo de la imposibilidad para transitar por Avenida Bucareli, en el tramo comprendido desde la Calle Morelos hasta la Secretaría de Gobernación”.

Fuente: Animal Político

Autor: Redacción

http://www.animalpolitico.com/2016/08/juez-ordena-a-la-ssp-quitar-el-bloqueo-polcias-bucareli-cdmx/

MVS y el honor

Joaquín Vargas, presidente de MVS Comunicaciones, demandó a Carmen Aristegui por daño moral. La acusa de dañar su imagen en el prólogo del libro sobre la “casa blanca” del presidente Enrique Peña Nieto, ya que hace afirmaciones sin sustento sobre su relación con el gobierno y la salida de la periodista y su equipo de trabajo de la empresa.

El empresario, como se ha dicho, tiene el derecho de demandar para cuidar su reputación, construida durante muchos años, pero igual que Peña Nieto quedará marcado por tomar una decisión polémica que difícilmente erradicará la percepción de que se trató de una reprimenda o censura en contra de la y los periodistas que participaron en la elaboracion del multipremiado reportaje que reveló el conflicto de interés del presidente con uno de los proveedores del gobierno.

El problema de imagen que tiene Vargas y la familia es más politico y comunicacional que jurídico. Aún ganando en tribunales, en la historia quedará registrado el inusitado hecho de que los autores de una las investigaciones periodísticas más reveladoras de los últimos años fueron despedidos por razones poco claras y bajo argumentos poco consistentes ante la opinión pública, como la explotación no autorizada de la marca Noticias MVS y otras incomprensibles razones.

En su diferendo, Joaquín Vargas no ha escatimado recursos: usó la estación de radio para transmitir mensajes por “abuso de confianza” de Aristegui y un equipo importante de abogados está a su servicio para anular el contrato con la periodista y ganar la millonaria demanda por la supuesta utilización ilegal de materiales generados en Noticias MVS en el portal Aristegui Noticias. Ahora suma la demanda por daño moral para incrementar su batalla jurídica. ¿Qué más sigue?

A su vez, Aristegui se ha defendido con el apoyo del prestigioso despacho de Javier Quijano y Xavier Cortina, pero no deja de ser una lucha desigual. Los recursos económicos y las relaciones de la familia Vargas con el poder político (incluido el grupo que ocupa actualmente la presidencia de México) son incomparables con las posibilidades económicas y las propias relaciones políticas de la periodista. Ante un desequilibrio así, cualquier periodista está en desventaja, en una vulnerabilidad enorme, por más credibilidad o imagen positiva que tenga. El impacto en el ejercicio periodístico es brutal porque se inhibe la independencia de los reporteros y la investigación de temas que pudiesen derivar en demandas por daño moral, emprendidas por políticos y empresarios a quienes lo que menos les importa es el dinero para “reparar” el daño, pero que pone en bancarrota a los periodistas demandados que pierden los juicios.

Lo que sucede con Aristegui no debe verse como un hecho aislado, sino como parte de los retrocesos que ha vivido México en libertad de expresión y derecho a la información en los últimos años, tal como lo han documentado ampliamente organizaciones como Artículo 19, Fundar y la Amedi. Es un contexto que evidentemente no ignora la familia Vargas y que pese a sus recursos jurídicos poco ayudará a su causa. Por eso, por más que defiendan la posición que se trata sólo de un caso entre particulares y no de censura, al final del día prevalecerá la interpretación política.


En la interpretación de que la empresa pudo haber actuado bajo consigna o presión, queda también el registro de la política editorial en sus noticiarios, luego de la salida de Aristegui. Muy lejos parece el slogan “más libre que nunca” que identificara el espacio informativo estelar. Para alguien que personalmente vivió con intensidad esa apertura e independencia, la crítica a los abusos del poder, en Noticias MVS, es triste, decepcionante el cambio radical de MVS, sus directivos y ahora el acoso legal a una periodista.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: GABRIEL SOSA PLATAS.
LINK: http://www.sinembargo.mx/02-08-2016/3074587