Los desaparecidos en Sinaloa han sobrepasado la capacidad de las autoridades. Y más aún, los familiares acusan al Gobierno de ser el principal obstáculo para dar con el paradero de sus desaparecidos. Datos oficiales de la entidad reflejan que hay 2034 denuncias por desaparecidos, pero los permisos de búsqueda se hacen, con regularidad, a destiempo. Ayer, el grupo “Sabuesos de Sinaloa” acudió al Rosario para dar seguimiento a tres hueso reportados por la Procuraduría General de Justicia. El resultado… fue la postergación de los rastreos. Ahora, los buscadores se preguntan: ¿Son estos retrasos a propósitos?
Ayer, un grupo de 20 familiares de desaparecidos arribó al municipio Rosario, en Sinaloa, para rastrear los restos de sus seres queridos dentro de una zona con amplia vegetación y humedad por las lluvias. Ésta no es la mejor época del año para realizar estas búsquedas. Pero las autoridades retrasaron durante doce meses las peticiones de acompañamiento para poner un pie en esa comunidad.
A pesar de caminar veredas junto a elementos de la fuerza pública, las madres del grupo los “Sabuesos de Sinaloa” no contaron con el apoyo de las autoridades en lo que respecta a la búsqueda.
“Las autoridades no creen que uno encuentre, entonces se burlan. Nos tildan de tontos, y ya cuando se encuentra a uno, ellos se quedan con la cara cuadrada [en esta ocasión no hubo hallazgos]. Ellos se metían en el terreno pero unos diez metros, algunos acompañaban, pero no trabajan, sólo eran observadores”, relató Alma Rosa Rojo Medina, integrante del grupo de búsqueda.
Después de batallar dos horas, en un lugar inhóspito donde los perros entrenados no pudieron guiar hacia nuevos indicios de restos humanos, los familiares tomaron la decisión de partir. Aunque adelantaron que regresarán en noviembre, cuando la próxima Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos se realice en Sinaloa.
“Esto que pasó ayer no es de ahora, tenemos como un año solicitando al Gobernador y a las autoridades que queríamos ir al Rosario cuando no estuviera la maleza sino seco. Pero, nos fueron dando largas. Eso afecta en que uno no encuentre nada. Pero que ellos no crean que nos desalientan”, dijo Rojo.
Hace diez días las autoridades de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) negaron la participación inmediata de los “Sabuesos de Sinaloa” en la exhumación de tres osamentas en el Rosario.
“Se las llevaron cuando fue el Ministerio Público la semana pasada. Fueron con la familia que había señalado el punto, aunque queríamos ir todos. Ahora ellos dicen que no eran restos humanos. Pero fotos mostradas a antropólogos que participaron en la Brigada de Veracruz dijeron que sí son de personas”, dijo Rojo.
Como en Rosario, destaca la segunda negativa para que los familiares intercedieran en Mazatlán, donde el mes pasado tres cadáveres fueron encontrados cerca de un fraccionamiento llamado Lomas del Sol, y otros ocho en el de Presa del Valle.
“Ayer quisimos ir ahí, pero nos dijeron que no era prudente. Nos dijeron que iríamos después, pero no nos dieron fecha. A veces nosotros por eso decimos que nos vamos a ir a la desobediencia. Pero nos dice el Gobierno que si nos llega a pasar algo, ellos no se hacen responsables”, comentó la representante del grupo.
OCULTAN CIFRAS
El 15 de julio el Secretario General del Gobierno de Sinaloa Gerardo Vargas Landeros refirió que en Sinaloa habían entre 400 y 500 desaparecidos, con base a datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Una cifra difícil de creer para quienes buscan cada semana a los suyos.
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) reporta 2016 desaparecidos en el fuero común y 18 en el fuero federal. Aunque son los familiares quienes se prestan a buscarlos, la administración del Gobernador panista Mario López Valdez no ha respondido de forma expedita.
Leonel Aguirre Meza, presidente de la organización civil Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Sinaloa (CDDHS), aseguró que las lluvias implican un riesgo para dispersar los vestigios.
“Para empezar el principal factor del cometimiento de desapariciones es el enfrentamiento de grupos criminales por el control de la zona. Y en la legislación es reciente este tipo de delito. No tenemos la estructura, la capacidad, los fondos económicos para atender este problema”.
Aguirre apuntó que el Gobernador Mario López Valdez atendió las peticiones de ayuda sino hasta dos años después de su inicio del ejercicio del poder: “Se logró alguna atención como el laboratorio de genética, crear algunas fiscalías especiales, pero de ahí en adelante ya no nos alcanza más para decir que tenemos suficiente para combatir este delito”.
Otros delitos también abonan contra ciudadanía y activistas. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) refieren que 880 averiguaciones previas por asesinato fueron abiertas en los primeros seis meses del año. Un amento con relación al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 839 casos.
Una crisis de homicidios que también toca a los familiares de quienes buscan. Sandra Luz Hernández se convirtió en un símbolo de lucha para las organizaciones civiles que apoyan a la familiares de desaparecidos.
En el 2014 la madre que investigaba por el paradero de su hijo fue asesinada en plena luz del día en Culiacán, después de reunirse con autoridades de la Procuraduría de Justicia estatal.
La impunidad siguió al caso. Un año después el presunto asesino confeso salió libre por falta de pruebas. Jesús Fernando Valenzuela Rodríguez reveló la ubicación de un arma con la que atacaron a Luz.
LUGARES SOSPECHOCHOS
Alma Rosa Rojo apuntó que en octubre del año pasado acudió a una terreno conocido por pobladores como “El Ranchito”, en las inmediaciones de Culiacán, un punto en el que se llega por la carretera La Costerita.
En un primer recorrido, el hallazgo de bolsas negras en las inmediaciones de una casa abandonada levantó la suspicacia de cuatro mujeres que se acercaron al sitio.
Habían llegado al sitio tras una denuncia anónima, sin embargo, el miedo a entrar solas al sótano de la casa hizo que pidieran el apoyo de las autoridades, con quienes regresaron en septiembre.
“La primera la hicimos sin el Gobierno, pero no buscamos en el sótano de la casa. Y cuando regresamos lo que encontramos fue olor a humo. La primera vez todavía no había lumbre y hemos estado queriendo regresar a ese lugar pero nos han dicho que tenemos que sacar permiso, que es peligroso, que no encuentran al dueño, para nosotros volver a ese lugar es importante”, resaltó Rojo.
Otro importante punto en el que hace falta que la PGJE indague es el Panteón 21 de marzo de Culiacán, donde un caso similar al de las fosas clandestinas de la Fiscalía de Morelos podría suscitarse, apostó Rojo hace unas semanas a este medio. Después de realizar un trámite para exhumar al presunto cuerpo su hermano, Ángel Rojo Medina, quien desapareció el 4 de julio del 2009
“Casi estamos seguros que ahí hay familiares, porque muchos se van sin la toma de ADN. Salen de la Semefo y se van a la fosa común. En el caso de la exhumación del cuerpo que se presumía de mi hermano, yo me di cuenta de que varios restos están ahí”, resaltó en días pasados.
La ineficacia del Procurador Marco Antonio Higuera Gómez para llevar estos casos ha derivado en que las organizaciones prefieran que sea el fuero federal el que investigue sus casos.
“Hay que darle una buena lectura a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas, este delito ya no debe ser responsabilidad de los gobiernos estatales, porque ya no tienen capacidad en ningún sentido de abatir este problema. Queda un delito de tamaño federal”, dijo Aguirre. Datos oficiales refieren que en el país hay más de 27 mil desaparecidos.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-08-2016/3075527
