PUEBLA, Pue: El senador panista Javier Lozano tendrá que pagar al exgobernador Manuel Bartlett Díaz un total de 10 millones de pesos por concepto de gastos y costos al perder el juicio que el primero emprendió por supuesto daño moral.
Según informó a la prensa local, el abogado de Bartlett, Carlos Meza Viveros, el juicio que inició en el marco de los comicios federales de 2012 ya “causó estado”, por lo que Lozano Alarcón está obligado a pagar la cantidad reclamada por el exmandatario poblano.
La demanda original fue interpuesta por Lozano desde junio de 2012 en el marco de los comicios federales, cuando ambos personajes políticos participaron como candidatos al Senado.
En ese entonces, en una entrevista de radio, Bartlett aseguró que Lozano se asoció con José Córdoba Montoya, quien fuera secretario particular del expresidente Carlos Salinas de Gortari, para vender energía eléctrica al ayuntamiento de Puebla.
Además de que criticó su desempeño como titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) respecto de la tragedia de la mina Pasta de Conchos y su relación con la exdirigente magisterial Elba Esther Gordillo Morales.
Luego de esta declaración, Lozano dio un plazo de 10 días a Bartlett para que se retractara de sus declaraciones, pero como el exsecretario de Gobernación no lo hizo, acudió al juzgado civil para interponer una denuncia por supuesto daño moral en su contra.
En octubre de 2013 Lozano obtuvo un primer fallo a su favor que obligaba a Bartlett a pagarle una reparación de daños por un monto de mil días de salario mínimo, equivalentes a 63 mil pesos, sin embargo, el exgobernador apeló esa sentencia.
Un año después, la Tercera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Puebla falló a favor del senador Bartlett y lo absolvió del cargo de daño moral. Posterior a esto, Lozano intentó llevar el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero la solicitud le fue rechazada.
El abogado indicó que el primer fallo no consideraba que Lozano pagara los costos del juicio, sin embargo, recurrieron a un recurso de revisión que dio la razón al actual senador petista.
Meza Viveros precisó que la justicia federal determinó que la sentencia a favor de Bartlett quedó firme y que el juicio “causó estado”, por lo que procede la ejecución de sentencia, en cuyo proceso el exmandatario reclama los 10 millones de pesos por los gastos que le generó el juicio.
“Tribunal Colegiado dice que (Lozano) tiene que pagar”, afirmó.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GABRIELA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449908/javier-lozano-debera-pagar-10-mdp-a-bartlett-tras-perder-juicio-dano-moral
CIUDAD DE MÉXICO: Luego de que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió utilizar la fuerza pública para frenar las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que eso “ya lo hemos venido haciendo” después de los hechos ocurridos en Nochixtlán.
El funcionario federal precisó que para desalojar las vías del tren en Michoacán “lo hicimos por esta vía” en uno de los siete tapones. No hubo confrontación, dijo, “pero ocupamos la fuerza pública y la hemos ocupado en alguna autopista, en algunas casetas, lo hemos venido haciendo”.
Tal vez de lo que no están enterados algunos grupos empresariales “es que agotamos y hemos seguido haciendo este trabajo o este proceso de diálogo institucional, para tratar de solventar o resolver algunos de los problemas con los maestros”, señaló en entrevista con Grupo Fórmula.
Y aseguró que se sentará con los empresarios para explicarles que el camino no son las posturas que lleven al encono, “todo lo contrario, con ellos habré de encontrar alguna salida y también lo habré de hacer con las maestras y maestros de estas regiones”.
El exgobernador de Hidalgo dijo que a los empresarios de Oaxaca les prometió que la Guelaguetza se iba a realizar, y la fiesta –dijo– tuvo lleno completo prácticamente toda la semana.
“Que habíamos de resolver los tapones en diferentes lados para el traslado de la mercancía, también lo hemos podido hacer”, subrayó.
Añadió: “Esperamos que podamos resolver en este momento el tema que tenemos con las maestras y los maestros y, bueno, seguramente hacia adelante tendremos que seguir caminando con ellos, ya que pues sus planteamientos llevan más tiempo, y también llevan a otras esferas en las que nos hemos comprometido a guiarlos y acompañarlos, incluso”.
Sobre los hechos ocurridos el pasado 19 de junio en Nochixtlán Oaxaca, donde al menos ocho personas murieron en el enfrentamiento con policías federales, Osorio Chong dijo que esperan el informe para poder proceder contra los responsables.
“Nosotros somos los primeros que estamos alentando esta investigación que permita llegar a conocer de manera transparente los hechos ocurridos”, recalcó.
Ayer, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, demandó a las autoridades hacer un uso racional de la fuerza pública para acabar con el conflicto magisterial que, sostuvo, tiene en jaque a la actividad económica.
Según el líder empresarial, la petición de las grandes empresas e incluso microempresas de puestos de mercado es que exista “ya” la acción del Estado mexicano para trabajar, puesto que la CNTE lleva casi tres meses de bloqueos y enfrentamientos.
“La fuerza pública tiene que emplearse siempre para poner orden, con todo el uso profesional, pero también en defensa de los derechos humanos del resto de las personas. Es lo que demandamos”.
Agregó que “si la fuerza pública se decide combinar con inteligencia y negociaciones, también que se usen todas las herramientas que tenga el Estado, pero la actividad económica educativa y la vida diaria deben restablecerse, así que todos los que hayan robado deben ser castigados”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449916/admite-osorio-chong-se-ha-usado-la-fuerza-publica-contra-maestros
ERONGARÍCUARO, Mich: La regidora de Desarrollo Urbano y Salud del ayuntamiento de Erongarícuaro, Yadira González Bartolo, de 34 años de edad y quien fue víctima de un secuestro registrado el pasado miércoles, fue rescatada este jueves en un hotel de Morelia, aseguraron autoridades policiacas.
De acuerdo con los primeros informes, se conoció que la funcionaria del municipio colindante con el de Pátzcuaro se encontraba en su oficina y recibió una llamada telefónica a las 11:00 de la mañana de un comandante, según comentaron testigos.
Al colgar el auricular, Yadira González se levantó y salió llorando de su oficina del ayuntamiento local para dirigirse a un lugar incierto.
Tras su desaparición, sus familiares solicitaron apoyo para localizar a la regidora González Bartolo, quien en esos momentos vestía blusa roja y pantalón de mezclilla.
Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) sólo informó que se trataba de un tema “virtual” y que procedió a orientar a los familiares, quienes hasta ese momento no habían presentado denuncia ante la dependencia ni ante la Unidad de Antisecuestros.
Sin embargo, en una acción coordinada entre la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) y la PGJE se logró dar con la regidora, quien se encontraba privada de su libertad en un hotel de la capital del estado.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: FRANCISCO CASTELLANOS J.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449904/rescatan-en-hotel-morelia-a-regidora-estuvo-secuestrada-dia
Buenos Aires. El canciller de Estados Unidos, John Kerry, entregó hoy aquí al presidente de Argentina, Mauricio Macri, archivos desclasificados sobre la dictadura que gobernó el país sudamericando entre 1976 y 1983.
De esta manera, el diplomático cumplió con el compromiso que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, suscribió con Macri cuando visitó Buenos Aires en marzo pasado en una gira oficial.
“En respuesta a la solicitud del presidente Macri y de grupos de derechos humanos, el presidente Obama prometió compartir documentos de Estados Unidos y de fuerzas del orden y de agencias de inteligencia”, dijo Kerry.
Recordó que en 2002 Estados Unidos desclasificó más de cuatro mil cables y documentos del Departamento de Estado sobre la dictadura argentina, los cuales son claves para reconstruir la historia e investigar los crímenes cometidos durante ese periodo.
El funcionario estadunidense explicó que esta es apenas una primera parte de los archivos desclasificados, ya que en el futuro habrá más entregas.
Macri recibió a Kerry en su despacho de la Casa de Gobierno, acompañado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la canciller Susana Malcorra y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.
Antes, en una rueda conjunta con Malcorra, Kerry afirmó que ambos países cooperarán en temas de seguridad y mantenimiento de la paz, pero una de las prioridades será combatir al crimen organizado y el narcotráfico.
“Las agencias federales en Washington y en Buenos Aires están trabajando para mejorar la seguridad aeroportuaria, luchar en contra del terrorismo, (y) reducir la demanda de las drogas ilícitas”, manifestó.
Por otra parte, ratificó que Estados Unidos apoya “firmemente” los esfuerzos de Macri para incrementar la participación de Argentina en la economía mundial.
Por otra parte, Kerry felicitó a Malcorra por el acuerdo al que llegó Argentina para recibir a más de tres mil migrantes de Siria, de cara a la cumbre sobre refugiados que Obama realizará en septiembre próximo.
FUENTE: LA JORNADA/NOTIMEX.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/04/kerry-entrega-a-macri-archivos-desclasificados-sobre-la-dictadura
Según las investigaciones, la modelo de 23 años se golpeó con uno de los árboles de la calle lo que la impulsó metros más adelante.
Stephanie Magón, la modelo colombiana, tomó impulso y se lanzó desde el cuarto piso donde vivía, explicó el subprocurador de averiguaciones previas de Edmundo Garrido.
En entrevista con Denise Maerker en Radio Fórmula, el funcionario dijo este jueves 4 de agosto que en la caída la joven se golpeó contra los árboles, lo que explica algunas de las heridas que presenta su cuerpo, además esto la impulsó metros más adelante, hasta donde fue encontrado el cuerpo.
“Se proyecta con los árboles y eso hace que salga proyectada hacia el suelo”, detalló Garrido.
Stephanie presenta fractura de mandíbula y traumatismo craneoencefálico y otros golpes los presenta del lado derecho de su cuerpo.
Señaló que el examen toxicológico no reveló presencia se alcohol o de las drogas más comunes en el cuerpo de la modelo, pero se realizará un peritaje más específico.
Las últimas horas de Stephanie
De acuerdo con la línea del tiempo de la Procuraduría capitalina, la modelo llegó a un antro en el Centro Histórico cerca de la 1:30 de la mañana del sábado acompañada de amigos. Garrido dijo que la PGJ cuenta con un video y fotografías de Stephanie dentro del lugar, del que el grupo salió luego que elementos de seguridad del lugar les piden que se retiraran.
A las 5:59 horas la modelo y sus acompañantes llegan a su domicilio en la colonia Nápoles, sube al primer piso y según la declaración de uno de sus amigos ella cierra la reja del edificio.
Tres minutos después, a las 6:02 sus amigos toman un taxi y se van; a las 6:10 Stephanie se cae del edificio y muere.
Una vecina declaró que a esa hora escuchó un golpe fuerte, entonces se asoma y ve el cuerpo de la modelo desnudo en el suelo.
De acuerdo con Garrido, la testigo no vio ningún vehículo circulando, ni a alguna persona junto al cuerpo.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/la-modelo-colombiana-tomo-impulso-se-lanzo-la-azotea-pgj/
Los desaparecidos en Sinaloa han sobrepasado la capacidad de las autoridades. Y más aún, los familiares acusan al Gobierno de ser el principal obstáculo para dar con el paradero de sus desaparecidos. Datos oficiales de la entidad reflejan que hay 2034 denuncias por desaparecidos, pero los permisos de búsqueda se hacen, con regularidad, a destiempo. Ayer, el grupo “Sabuesos de Sinaloa” acudió al Rosario para dar seguimiento a tres hueso reportados por la Procuraduría General de Justicia. El resultado… fue la postergación de los rastreos. Ahora, los buscadores se preguntan: ¿Son estos retrasos a propósitos?
Ayer, un grupo de 20 familiares de desaparecidos arribó al municipio Rosario, en Sinaloa, para rastrear los restos de sus seres queridos dentro de una zona con amplia vegetación y humedad por las lluvias. Ésta no es la mejor época del año para realizar estas búsquedas. Pero las autoridades retrasaron durante doce meses las peticiones de acompañamiento para poner un pie en esa comunidad.
A pesar de caminar veredas junto a elementos de la fuerza pública, las madres del grupo los “Sabuesos de Sinaloa” no contaron con el apoyo de las autoridades en lo que respecta a la búsqueda.
“Las autoridades no creen que uno encuentre, entonces se burlan. Nos tildan de tontos, y ya cuando se encuentra a uno, ellos se quedan con la cara cuadrada [en esta ocasión no hubo hallazgos]. Ellos se metían en el terreno pero unos diez metros, algunos acompañaban, pero no trabajan, sólo eran observadores”, relató Alma Rosa Rojo Medina, integrante del grupo de búsqueda.
Después de batallar dos horas, en un lugar inhóspito donde los perros entrenados no pudieron guiar hacia nuevos indicios de restos humanos, los familiares tomaron la decisión de partir. Aunque adelantaron que regresarán en noviembre, cuando la próxima Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos se realice en Sinaloa.
“Esto que pasó ayer no es de ahora, tenemos como un año solicitando al Gobernador y a las autoridades que queríamos ir al Rosario cuando no estuviera la maleza sino seco. Pero, nos fueron dando largas. Eso afecta en que uno no encuentre nada. Pero que ellos no crean que nos desalientan”, dijo Rojo.
Hace diez días las autoridades de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) negaron la participación inmediata de los “Sabuesos de Sinaloa” en la exhumación de tres osamentas en el Rosario.
“Se las llevaron cuando fue el Ministerio Público la semana pasada. Fueron con la familia que había señalado el punto, aunque queríamos ir todos. Ahora ellos dicen que no eran restos humanos. Pero fotos mostradas a antropólogos que participaron en la Brigada de Veracruz dijeron que sí son de personas”, dijo Rojo.
Como en Rosario, destaca la segunda negativa para que los familiares intercedieran en Mazatlán, donde el mes pasado tres cadáveres fueron encontrados cerca de un fraccionamiento llamado Lomas del Sol, y otros ocho en el de Presa del Valle.
“Ayer quisimos ir ahí, pero nos dijeron que no era prudente. Nos dijeron que iríamos después, pero no nos dieron fecha. A veces nosotros por eso decimos que nos vamos a ir a la desobediencia. Pero nos dice el Gobierno que si nos llega a pasar algo, ellos no se hacen responsables”, comentó la representante del grupo.
OCULTAN CIFRAS
El 15 de julio el Secretario General del Gobierno de Sinaloa Gerardo Vargas Landeros refirió que en Sinaloa habían entre 400 y 500 desaparecidos, con base a datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Una cifra difícil de creer para quienes buscan cada semana a los suyos.
El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) reporta 2016 desaparecidos en el fuero común y 18 en el fuero federal. Aunque son los familiares quienes se prestan a buscarlos, la administración del Gobernador panista Mario López Valdez no ha respondido de forma expedita.
Leonel Aguirre Meza, presidente de la organización civil Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Sinaloa (CDDHS), aseguró que las lluvias implican un riesgo para dispersar los vestigios.
“Para empezar el principal factor del cometimiento de desapariciones es el enfrentamiento de grupos criminales por el control de la zona. Y en la legislación es reciente este tipo de delito. No tenemos la estructura, la capacidad, los fondos económicos para atender este problema”.
Aguirre apuntó que el Gobernador Mario López Valdez atendió las peticiones de ayuda sino hasta dos años después de su inicio del ejercicio del poder: “Se logró alguna atención como el laboratorio de genética, crear algunas fiscalías especiales, pero de ahí en adelante ya no nos alcanza más para decir que tenemos suficiente para combatir este delito”.
Otros delitos también abonan contra ciudadanía y activistas. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) refieren que 880 averiguaciones previas por asesinato fueron abiertas en los primeros seis meses del año. Un amento con relación al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 839 casos.
Una crisis de homicidios que también toca a los familiares de quienes buscan. Sandra Luz Hernández se convirtió en un símbolo de lucha para las organizaciones civiles que apoyan a la familiares de desaparecidos.
En el 2014 la madre que investigaba por el paradero de su hijo fue asesinada en plena luz del día en Culiacán, después de reunirse con autoridades de la Procuraduría de Justicia estatal.
La impunidad siguió al caso. Un año después el presunto asesino confeso salió libre por falta de pruebas. Jesús Fernando Valenzuela Rodríguez reveló la ubicación de un arma con la que atacaron a Luz.
LUGARES SOSPECHOCHOS
Alma Rosa Rojo apuntó que en octubre del año pasado acudió a una terreno conocido por pobladores como “El Ranchito”, en las inmediaciones de Culiacán, un punto en el que se llega por la carretera La Costerita.
En un primer recorrido, el hallazgo de bolsas negras en las inmediaciones de una casa abandonada levantó la suspicacia de cuatro mujeres que se acercaron al sitio.
Habían llegado al sitio tras una denuncia anónima, sin embargo, el miedo a entrar solas al sótano de la casa hizo que pidieran el apoyo de las autoridades, con quienes regresaron en septiembre.
“La primera la hicimos sin el Gobierno, pero no buscamos en el sótano de la casa. Y cuando regresamos lo que encontramos fue olor a humo. La primera vez todavía no había lumbre y hemos estado queriendo regresar a ese lugar pero nos han dicho que tenemos que sacar permiso, que es peligroso, que no encuentran al dueño, para nosotros volver a ese lugar es importante”, resaltó Rojo.
Otro importante punto en el que hace falta que la PGJE indague es el Panteón 21 de marzo de Culiacán, donde un caso similar al de las fosas clandestinas de la Fiscalía de Morelos podría suscitarse, apostó Rojo hace unas semanas a este medio. Después de realizar un trámite para exhumar al presunto cuerpo su hermano, Ángel Rojo Medina, quien desapareció el 4 de julio del 2009
“Casi estamos seguros que ahí hay familiares, porque muchos se van sin la toma de ADN. Salen de la Semefo y se van a la fosa común. En el caso de la exhumación del cuerpo que se presumía de mi hermano, yo me di cuenta de que varios restos están ahí”, resaltó en días pasados.
La ineficacia del Procurador Marco Antonio Higuera Gómez para llevar estos casos ha derivado en que las organizaciones prefieran que sea el fuero federal el que investigue sus casos.
“Hay que darle una buena lectura a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas, este delito ya no debe ser responsabilidad de los gobiernos estatales, porque ya no tienen capacidad en ningún sentido de abatir este problema. Queda un delito de tamaño federal”, dijo Aguirre. Datos oficiales refieren que en el país hay más de 27 mil desaparecidos.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-08-2016/3075527
Los empresarios se han unido para presionar al gobierno: las movilizaciones de la CNTE, que llevan más de dos meses y hoy continúan, los han hecho perder millones de pesos. Ayer la Coparmex presentó una demanda de amparo en contra del Presidente Enrique Peña Nieto, gobernadores y funcionarios federales, ante las presuntas omisiones por los bloqueos del magisterio, y Concanaco-Servytur advirtió que podrían declarar su impuestos en ceros. Hoy, el CCE pidió utilizar las herramientas necesarias para desalojar a los protestantes y, además, la Concamin detendrá inversiones por 50 mil millones de pesos planeadas para Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas. Ante ello, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió a las cámaras patronales ver los avances empresarial del país ver los avances con la CNTE.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lleva dos meses y medio en su paro nacional contra la Reforma Educativa. Los bloqueos prolongados y manifestaciones en diversos estados, principalmente en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, han golpeado las millonarias ganancias del sector empresarial, por lo que ha aumentado su presión al Gobierno para que ponga un freno sin represión al movimiento magisterial, lo cual no ha logrado a pesar de las múltiples mesas de diálogo.
La última vez que el sector privado se unió fue cuando el Sistema Nacional Anticorrupción lo obligaba a rendir su declaración patrimonial, fiscal y de intereses. Sin embargo, luego de una protesta inédita en el Ángel de la Independencia, el Presidente Enrique Peña Nieto aceptó revisar ese punto.
Este miércoles, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) anunció que detendrá inversiones por 50 mil millones de pesos planeadas para Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas, estados donde permanecen las movilizaciones.
A la par, maestros de la CNTE marcharon desde las inmediaciones de la residencia oficial de Los Pinos hacia el Zócalo de la Ciudad de México, en donde protestaron.
De acuerdo con el presidente de la Concamin, Manuel Herrera Vega, el sector reporta pérdidas por 10 mil millones de pesos por las protestas de los profesores.
El freno a las inversiones, advirtió en conferencia de prensa, dañará las oportunidades de empleo y desarrollo para las familias.
Este mismo día, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo en entrevista radiofónica que “si es necesario” el Estado debe usar la fuerza para evitar que las manifestaciones magisteriales bloqueen vías de comunicación y realicen saqueos a comercios, aunque “con apego al respeto de los derechos humanos y sin que nadie salga lastimado”.
“Ya sea por la protección de las instalaciones, las vías de comunicación o ya sea por el desalojo, pero [el Estado] tiene que utilizar las herramientas para permitir la libre circulación y la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos”, declaró el empresario a Grupo Fórmula.
Tanto la Concamin como el CCE apoyan la demanda de amparo promovida ayer por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
Ante ello, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió a las cámaras patronales ver los avances que se ha tenido con la CNTE.
“Hemos venido avanzando, las circunstancias en las que estábamos hace un par de semanas son totalmente diferentes a las que estamos hoy pasando, y esto a partir del diálogo, a partir del entendimiento”, dijo.
Y aseguró que se va de salida en el conflicto surgido de la Reforma Educativa.
Encabezados por Gustavo de Hoyos, los empresarios interpusieron una demanda de amparo en contra del Presidente Enrique Peña Nieto, gobernadores y funcionarios federales, ante las presuntas omisiones en las que han incurrido por los bloqueos de la CNTE.
“En esta demanda de amparo hemos señalado como responsables al Presidente de la República, al Secretario de Gobernación, al Secretario de Educación Pública, al Procurador General de la República, a los Gobernadores de los estados de Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Guerrero, a los Secretarios Federales de estos estados y a los Congresos de estas demarcaciones, entre otras autoridades”, dijo de Hoyos, presidente de la Coparmex. “Ante la inminente falta de capacidad del Estado mexicano para reestablecer el orden”, abundó.
De acuerdo con Hoyos, la demanda fue turnada al Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa, a cargo del Juez Agustín Tello Espíndola.
“Es importante señalar que no buscamos represión de los movimientos sociales, cuando estos son legítimos y son sobre todo respetuosos del contexto social, económico y del desarrollo de todos. La demanda del sector patronal es para que el Estado actúe para restablecer la paz, que se respeten las garantías Constitucionales de libre tránsito, derecho al trabajo, derecho a la educación y a la libertad económica”, señaló el líder patronal tras salir de las oficinas del PJF.
Acusó que las protestas de los maestros han dejado “perdidas incuantificables” en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.
“No se trata sólo de bloqueos temporales y de daños a carreteras, a vialidades, a plazas comerciales, a bancos o a sedes de instituciones gubernamentales, hemos sido testigos de bloqueos prolongados en carreteras y en vías de comunicación, en ferrocarriles, y en uno de los puertos más importantes del país, como lo es Lázaro Cárdenas que es la vía de abastecimiento principal para regiones industriales, comerciales y de servicios del país.
Los empresarios integrados en la Confederación de Cámaras Naciones de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) también anunciaron que presentarán una demanda colectiva contra los maestros de la CNTE por afectar económicamente sus intereses tras más de dos meses de movilizaciones.
Advirtieron que podrían presentar sus declaraciones de impuestos en ceros si no es atendida su denuncia.
En una rueda de prensa, los empresarios afiliados a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo indicaron que la demanda será presentada el 17 de agosto.
A finales de junio, los bloqueos viales en Chiapas provocaron desabasto de gasolina “en casi toda la entidad”, según líderes gasolineros. En Oaxaca, con 570 municipios, el problema de suministro de productos no fue generalizado, de acuerdo con habitantes de Nochixtlán y el vocero de la sección 22 del magisterio disidente, quienes prometieron continuar con estas acciones.
HUELGA DE 600 COMERCIANTES EN OAXACA
Transportistas y comerciantes de Oaxaca anunciaron que el próximo 8 de agosto iniciarán un paro indefinido para exigir al Gobierno Federal que restaure la paz social y el libre tránsito en la región luego de que las protestas de maestros les hayan causado numerosas pérdidas.
La empresaria y líder de esta protesta, María Cristina Jacinto Montes, afirmó en rueda de prensa que participarán alrededor de 600 comerciantes y negocios, entre gasolineras, restaurantes, hoteles, taxistas y prestadores de servicios turísticos del estado.
Asimismo, se está buscando que la huelga se amplíe a otros comerciantes y empresarios del estado, agregó.
Participarán “las cámaras, pequeño comercio, mediano, pero sobre todo asociaciones civiles, que han sido afectadas. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), hoteleros, restauranteros, por supuesto que están con nosotros”, aseveró.
Jacinto Montes añadió sobre la huelga en Oaxaca que “se trata de responder como ciudadano en contra de todo esto (el movimiento del magisterio) que nos obliga a vivir de rodillas”.
Además, sostuvo que fueron falsas las declaraciones del Gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, en las que afirmó cinco días antes de la tradicional fiesta de la Guelaguetza que había una ocupación hotelera del 88 por ciento: “Es mentira, es perverso, es brutal”, puntualizó.
Desde mediados de mayo los maestros de la CNTE, con más de 200 mil afiliados en México, están en paro para pedir la derogación de la Reforma Educativa por considerar que es punitiva contra los maestros y no contempla particularidades regionales.
Desde entonces se han producido numerosas protestas, altercados y bloqueos viales que han puesto en jaque varios estados del país, incluyendo zonas donde la CNTE tradicionalmente no tiene presencia como Nuevo León.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/03-08-2016/3075379
Acusados por buscar ayuda por su cuenta para el adolescente herido y amenazados por enviados de Seguridad Pública, la familia de César Eduardo no baja la guardia: exigen justicia.
Con amenazas y sin apoyo, viven su duelo los familiares de César Eduardo, joven que murió por una bala presuntamente disparada por un agente de la Policía Municipal.
Desde el viernes por la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública negó que haya sido uno de sus elementos quien disparó contra el joven de apenas 17 años, e informó que las armas que portaban los policías en ese momento, fueron entregadas a la Procuraduría General de Justicia del Estado para que se investigue.
En una reunión que tuvieron los padres del menor con Héctor López Santillana, alcalde de la ciudad, y Jorge Guillén, director operativo de la Policía municipal, los primeros aseguraron que se les negó el apoyo para encontrar al culpable del asesinato.
“[El comandante] Guillén frente al presidente municipal nos dijo así descaradamente que le hiciéramos como podamos, que ellos tienen muchos licenciados y están muy amparados, que nos arregláramos como podamos, que no íbamos a lograr absolutamente nada”, dijo María del Carmen, madre del menor asesinado.
Luis Enrique Ramírez Saldaña, Secretario de Seguridad Pública en días pasados confirmó que el elemento que presuntamente disparó en contra del joven había faltado al trabajo. Pero al ser cuestionado si descartaba que éste se haya fugado, respondió que cuenta con un defensor y precisó que se está cubriendo todo el proceso legal.
“Nosotros ya no sabemos qué hacer, nos dijeron que le hiciéramos como quisiéramos y que no íbamos a lograr nada”, comentó Julio César Ojeda, padre de la víctima.
ELLOS NO SABEN NADA
Personal de Recursos Humanos de la Policía Municipal visitó a la familia, pero fue en vano el acercamiento, ya que niegan tener contacto alguno con el que habría matado al joven César Eduardo.
“Simplemente dicen que no saben nada del agente, que ellos no tienen sus datos, ni saben quién fue”, denunció María del Carmen.
La Procuraduría de Justicia informó que ningún elemento ha sido detenido ni puesto a disposición debido a que la investigación se encuentra en curso. Varios medios indicaron que Arturo Gutiérrez Silva, uno de los agentes que atendió el reporte durante la madrugada del viernes, dejó de presentarse a trabajar a la corporación.
“Ellos se están lavando las manos, no quieren dar la cara, simplemente ocultan la información y no aceptan la culpa, además de que nos acusan a nosotros de haberlo movido para que recibiera atención médica”, mencionó la mamá de César Eduardo.
DERECHOS HUMANOS SIGUE INVESTIGANDO
Por su parte, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) ha iniciado una investigación, de manera oficial, por el presunto homicidio del joven César Eduardo a manos de un policía municipal de León; en tanto, la Procuraduría de Justicia del Estado se ha mantenido hermética a dar información sobre el avance de la averiguación.
De manera oficiosa, la carpeta de investigación número 204/16-A ya solicitó al Secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, un reporte detallado de lo ocurrido la madrugada del viernes y el parte informativo que entregaron los policías presentes durante el hecho.
La familia de César Eduardo niegan tener el apoyo para esclarecer este asunto, no saben qué medida tomar para que se haga justicia, no quieren que esto quede impune.
“Sabemos que ya no me van a regresar a mi niño, pero no quiero que la persona que me lo mató vaya por la vida así como si nada pasara, él debe pagar por lo que hizo, porque es un asesino que hasta se ha de estar burlando de nosotros por no poder hacer nada, da coraje e impotencia que lo estén encubriendo”, recalcó María del Carmen, madre de la víctima.
LO ACUSAN POR MOVERLO DEL LUGAR
En varias pláticas que los padres han tenido tanto con el alcalde Héctor López Santillana, Jorge Guillén Romo, personal de Policía Municipal, y otros más, todos los han acusado que fue culpa de los familiares que el chico falleciera, por no esperar a que llegara la ambulancia al lugar, y que lo hallan movido en un coche particular.
“¿Qué querían que hiciéramos? Esperamos más de una hora a que llegara la ambulancia, hicimos varias llamadas y no atendieron nuestro reporte. Yo ya lo sentía frío, él ya había muerto, pero quisimos aferrarnos a que él seguía con nosotros”, reprocha la mamá.
Además de que los interceptó una patrulla con elementos de policía municipal, los cuales tomaron el pulso al joven, no dijeron nada y los dejaron continuar su camino, cosa que indignó a los familiares.
“¿Qué les costaba decirnos la verdad? Ellos ya sabían las cosas, están comunicados por el radio, simplemente dejaron que siguiéramos nuestro camino para después venirnos con esas cosas de que fue nuestra culpa que se muriera, mientras que uno de ellos fue el que disparó”, declaró la madre de César Eduardo.
FUENTE: SIN EMBARGO/ZONA FRANCA.
AUTOR: REDACCIÓN/MIRNA GÓMEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-08-2016/3075706
Naucalpan. Méx. Dos guardias privados fallecieron en una balancera registrada dentro de la residencia del ex gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, ubicada en Ciudad Satélite.
La familia Alemán Velasco, por medio de un comunicado de prensa, lamentó el fallecimiento de los guardias Javier Rodríguez Sánchez y Ángel Rodríguez Rodríguez, de 41 y 42 años de edad, respectivamente, ambos elementos de una empresa de seguridad contratada por la familia.
Alrededor de las diez de la mañana de este jueves, policías municipales y de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CESC), llegaron al exterior de la residencia, pues se recibió una llamada de que en el interior del domicilio había heridos.
Al domicilio también llegó personal de protección civil municipal, que en una ambulancia y, aún con vida, trasladó a Ángel Rodríguez al Hospital de Traumatología del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Lomas Verdes, pero por la tarde se confirmó su deceso.
En tanto, durante la presencia de personal de auxilio y de la policía estatal y local, por la mañana, se reportó el fallecimiento de Javier Rodríguez, quien presentaba varias heridas de bala al igual que Ángel Rodríguez.
Policías locales informaron que una balacera se registró en el interior de la residencia referida y avanzaron unidades de la policía municipal y estatal, ubicadas en un módulo ubicado a unos metros del inmueble.
En un comunicado de prensa, se estableció que la “oficina de la familia Alemán Velasco lamenta informar que el día de hoy se presentó un incidente en su propiedad en el que fallecieron los señores Javier Rodríguez Sánchez, jefe de ayudantes y Ángel Rodríguez Rodríguez, ayudante; ambos miembros de la empresa de seguridad contratada por la familia”.
En el mismo documento, se precisa que se desconocen los motivos que causaron estos hechos, por lo que las autoridades del Estado de México se encuentran realizando las investigaciones correspondientes.
“Al momento de los hechos no se encontraba presente ninguno de los miembros de la familia Alemán debido a que están fuera del país”, agrega.
Refiere que “Javier Rodríguez Sánchez y Ángel Rodríguez Rodríguez, fueron siempre apreciados colaboradores de alta estima por la entrega y dedicación a su trabajo. La familia Alemán expresa sus más profundas condolencias a sus familiares y amigos”.
Hasta las 17:30 horas de este jueves no había informe oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).
Trascendió que al parecer la riña entre los dos guardias de seguridad terminó en una balacera donde los dos hombres se hirieron de gravedad.
Cabe señalar que la residencia de la familia Alemán se ubica en el centro de Ciudad Satélite, ocupa casi una manzana y es de las más vigiladas en la zona, pues además de guardias privados, cuenta con una red de electricidad en muros y es habitual que sus residentes lleguen en helicóptero al inmueble.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: SILVA CHÁVEZ GONZÁLEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/04/balacera-deja-un-muerto-y-un-herido-en-satelite
Exige organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADAC) que las autoridades sean las primeras en conducirse con respeto a los derechos humanos de todas y todos en Nuevo León y eviten crear más prejuicios en contra de las personas que hayan sido privadas de su libertad ante las declaraciones del alcalde de San Nicolás de los Garza, Víctor Fuentes quien se refirió a personas privadas de su libertad como “2 mil rateros” que podrían salir en libertad de los centros de reinserción social de la entidad debido al Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Por lo anterior, las y los integrantes de la organización defensora de los derechos humanos, manifestaron su “rechazo a las declaraciones” emitidas por el Edil ya que desde su punto de vista “desinforman a la población y perpetúan la discriminación hacia las personas privadas de su libertad”.
Estos calificativos, aseguran, agudizan la vulnerabilidad que ya de por sí sufren las personas que han estado privadas de libertad en algún centro de reclusión.
Y acusaron que, Víctor Fuentes pasa por alto que las libertades que pudieran ser otorgadas con fundamento en las nuevas disposiciones legales son libertades que favorecen los derechos humanos de las personas privadas de libertad, que abonan a su reinserción social y que sobre todo, explican, respetan el principio de que la libertad sólo se restringe en los casos verdaderamente necesarios y “no por cuestiones que puedan ser solucionadas a través de otros mecanismos de sanción”.
Aclararon que aunque “entienden” que en el ámbito de sus competencias, los alcaldes son encargados de brindar seguridad a la ciudadanía pero exhortaron a que “se limiten al ejercicio de las funciones propias de su encargo, y que no violenten, a través de sus declaraciones, el derecho a la presunción de inocencia del que gozamos todas y todos los habitantes de Nuevo León y que está consagrado en nuestra Constitución Federal, aún para aquellos que hayan sido sentenciados previamente por un delito”.
El pasado 18 de junio, entró en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal en todo el país que plantea un nuevo modelo de justicia y del que autoridades federales aseguran que tiene como objetivo “que en México haya una eficaz administración de justicia”.
Enrique Peña Nieto dio indicaciones al Secretario de Gobernación para encontrar, junto con las organizaciones de la sociedad civil, mecanismos para dar seguimiento y evaluar el nuevo modelo de justicia, y que ello, dijo, “permita enriquecer, y sobre todo asegurar que el modelo funciona y funciona bien para todo el país”.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), es una organización no gubernamental y sin fines lucrativos fundada en 1993 y que tiene como causa principal “la defensa de los derechos humanos de las personas, principalmente los que atañen a los grupos más vulnerables de la sociedad”, “en CADHAC buscamos despertar la conciencia de la sociedad civil para que asuma como causa propia la defensa y promoción de los Derechos Humanos, contribuyendo así a que la dignidad de la persona se respete en nuestra sociedad” explican en su página oficial sobre su labor.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: https://desinformemonos.org/exigen-a-edil-de-nuevo-leon-cumplir-su-obligacion-de-respetar-los-derechos-humanos-de-personas-privadas-de-su-libertad/
CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría General de Justicia de esta ciudad deberá citar a declarar a 39 vecinos del periodista Joaquín López Dóriga, como parte de la denuncia por presunta extorsión que interpuso contra su esposa Adriana Pérez Romo, la empresaria María Asunción Aramburuzabala.
Así lo establece la resolución del Juez Segundo de Distrito en Amparo Penal, José Díaz de León Cruz, quien otorgó un amparo a la empresa Abilia, propiedad de Aramburuzabala, cuya consecuencia es que sean llamados a declarar los condóminos del edificio Rubén Darío 223, incluido López Dóriga, informó el diario Reforma.
La inmobiliaria Abilia, interpuso una denuncia penal en agosto de 2015 contra Pérez Romo por intento de extorsión por cinco millones de dólares en el proceso de construcción de un inmueble en Rubén Darío 225, en la exclusiva zona de Polanco.
“Lo procedente es conceder a la quejosa el amparo y la protección de la justicia para el efecto de que (la PGJ capitalina) ordene citar a los testigos que se mencionaron”, dice la sentencia del juez en el amparo 172/2016 del pasado 29 de junio.
La resolución de Díaz de León establece que la Procuraduría debe cumplir con la emisión de los citatorios a los condóminos pese a que la dependencia a cargo de Rodolfo Ríos Garza notificó el pasado 8 de julio el no ejercicio de la acción penal.
Mediante un escrito manifestó que esta última sentencia de amparo sólo debía cumplirla cuando causara estado, es decir, cuando la confirmara un tribunal colegiado.
PGJ niega “carpetazo”
El miércoles pasado se informó que la PGJ capitalina archivó el expediente de investigación contra la esposa de López-Dóriga, pese a que una disposición judicial le impedía proponer un “carpetazo” y consumarlo.
Al respecto, la PGJ capitalina consideró que el fallo en el que se le atribuye desacatar una suspensión por archivar la denuncia de Abilia fue “incorrecto” y “equivocado”.
El subprocurador Jurídico de la Procuraduría, Jorge Mirón Reyes, dijo a Reforma que la dependencia no violó esa suspensión definitiva y que ya recurrieron a un tribunal colegiado para revertir el resolutivo.
“Creemos que el análisis hecho por el juzgador fue incorrecto, al considerar que una propuesta de no ejercicio es equivalente a una determinación final, lo cual no es así. Porque la violación hubiese incurrido si hubiésemos determinado la averiguación en ese momento y no lo hicimos.
“Por eso creemos que hay una apreciación equivocada y la Procuraduría quiere mostrar que evidentemente no incurrió en ninguna violación a la suspensión”, señaló Mirón.
La PGJ capitalina, dijo, presentó una queja ante el Octavo Tribunal Colegiado Penal con dos argumentos que pretenden revertir el fallo del juez y demostrar que es legal haber archivado la indagatoria contra la esposa de Joaquín López Dóriga.
Además Mirón aseguró que aun si el Colegiado confirma que la procuraduría violó la suspensión, esa determinación no tendrá ninguna consecuencia ni habrá responsabilidad administrativa o penal sobre algún MP, porque así se estableció desde la primera instancia.
Y afirmó que si impugnó el fallo fue sólo para dejar constancia de que la PGJ “no violenta ninguna decisión judicial”.
En tanto, la defensa Aramburuzabala presentó un recurso de inconformidad ante la Procuraduría capitalina contra la decisión de archivar la denuncia contra Adriana Pérez Romo y con el propósito de que la dependencia reconsidere el no ejercicio de la acción penal, dictado en la averiguación previa FMH/MH-5/T3/517/15-08.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/449793/caso-aramburuzabala-juez-ordena-a-la-pgj-citar-a-lopez-doriga-y-vecinos
La organización Artículo 19 presenta su segundo informe trimestral y desnuda una vez más la realidad de la prensa mexicana, en un país que se ha convertido en uno de los más letales para ejercer el periodismo, y donde, en promedio, un periodista asesinado cada 26 días. El documento alerta sobre los agresores, en su mayoría servidores públicos, las amenazas, las agresiones durante las protestas y las ejecuciones extrajudiciales a dos comunicadores de Oaxaca. Además, plantea, sin una voluntad política para detener la violencia y sólo con la encomienda de mantener una buena imagen en la opinión pública, los políticos y el Gobierno mexicano no se preocupan por hacer justicia y con ello detener la impunidad en los crímenes contra la prensa.
En México es asesinado un periodista cada 26 días, por lo que durante el segundo trimestre de 2016 las agresiones se incrementaron en 115 por ciento respecto a enero-marzo de este año, establece el Segundo Informe Trimestral sobre agresiones a la prensa de la organización Artículo 19.
En lo que va del año han asesinado a ocho periodistas, dos de ellos fueron ejecuciones extrajudiciales. Además, durante el primer semestre se documentaron 218 agresiones contra la prensa, de las cuales 149 se dieron entre abril y junio; esos ataques han quedado en total impunidad, advierte.
“La impunidad que penetra a México, particularmente en lo que respecta a las agresiones contra la libertad de expresión, convierte al país en uno de los más letales para la prensa. Un aumento de tal magnitud en el número de agresiones sólo se explica por la falta de una política de protección y de acceso a la justicia efectiva, así como a la carente rendición de cuentas del Estado respecto a los responsables de estas agresiones”, dijo Ana Ruelas, directora de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica.
De acuerdo con la organización la libertad de prensa en México sufre “paulatinos y constantes retrocesos que transgreden los derechos a la información y a la libertad de expresión. Las agresiones contra la libertad de expresión son cada vez violentas y derivan en situaciones donde se requieren más instrumentos para la defensa”.
Por entidad, la Ciudad de México –que gobierna Miguel Ángel Mancera Espinosa– es el primer lugar de agresiones contra la prensa con 31 casos. Le siguen Veracruz, con 28; Oaxaca, con 27; Guerrero, con 17; y Puebla, con 15 .El informe detalla que en lo que va del presente año los asesinatos a periodistas superaron ya a cualquier otro periodo del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Incluso, explica, los 24 homicidios de la administración priista supera los ocurridos durante el sexenio del ex Presidente Vicente Fox Quesada, donde fueron asesinados 22 reporteros.
El número de homicidios a periodistas, dice la organización, ya superó al documentado durante todo 2015 “en apenas los primeros siete meses de este año”. Artículo 19 enfatiza que el informe de este trimestre pone especial atención en la falta de respuesta por parte del Estado a las agresiones.
“La denegación sistemática de justicia, la estigmatización pública y la revictimización se expone en medida especial en el caso de Salvador Olmos, asesinado el 25 de junio por parte de la policía municipal de Huejuapan de León, Oaxaca, en contexto de las protestas magisteriales en el país”, dice el documento.
SERVIDORES PÚBLICOS AGRESORES
Contrario al discurso oficial de las autoridades, en el que afirman que la mayoría de las agresiones y violaciones a derechos humanos provienen de la delincuencia organizada, Artículo 19 documentó durante el primer semestre de este año 100 agresiones perpetradas por servidores públicos, frente a sólo siete provenientes de grupos criminales.
Por tipo de agresión son las físicas y materiales las de mayor registro durante el semestre con 46 casos. Les siguen las intimidaciones, con 37; las amenazas, con 35; las privaciones de la libertad [que incluyen a las conocidas como “encapsulamientos” o “retenciones”], con 32, y ataques a medios de comunicación, con 16.
“De esta cuenta, preocupa de manera especial a ARTICLE 19 las dos ejecuciones extrajudiciales registradas en el primer semestre del año, que vuelven a señalar al Estado mexicano como responsable de la forma más extrema de censura, los asesinatos de periodistas. Es decir, el Estado se convierte en el protagonista directo en la persecución y eliminación física de quienes pretenden ejercer su derecho a la libre comunicación de ideas e información. En este sentido, la actuación violenta de las policías municipales de Huajuapan de León y de San Andrés Huaxpaltepec, ambos municipios de Oaxaca, en los casos de Marcos Hernández y Salvador Olmos, respectivamente, obliga a las autoridades mexicanas no sólo a emprender procesos de depuración de la responsabilidad penal, sino también adoptar medidas preventivas para evitar la repetición de hechos similares, como pudiera ser la revisión de las políticas de seguridad local que se están desarrollando, la supervisión de su funcionamiento y efectividad, así como el monitoreo permanente de las capacidades y aptitudes del personal que integra los cuerpos policiales locales”, establece el informe.
La violencia contra periodistas y comunicadores aparece nuevamente focalizada en aquellas entidades federativas tradicionalmente más peligrosas para el trabajo informativo.
“Los tres asesinatos en Veracruz (Anabel Torres Salazar, Manuel Torres González y Pedro Tamayo Rosas), por su parte, ocurrieron en el habitual clima de violencia generalizada de aquel Estado, que en una dialéctica permanente de luchas y alianzas con el crimen organizado ampara un creciente número de agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas con casi total impunidad. Es necesario recordar que el sistema de ‘Alerta temprana para protección de periodistas en Veracruz’, impulsado por la Segob [Secretaría de Gobernación] y por el Gobernador [Javier] Duarte, sigue siendo un mecanismo que dista mucho de ser eficaz en la prevención y punición de ataques a periodistas”, indica.
El informe enfatiza en que la actuación “pasiva” de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), debido a que sólo en dos investigaciones–la de Elidio Ramos Zárate y de Anabel Torres Salazar– se manejó la línea de la libertad de expresión como móvil del asesinato.
“La FEADLE se ha mostrado absolutamente pasiva en todos ellos, desobedeciendo su mandato de prevenir, perseguir y sancionar los delitos cometidos en contra de los periodistas. Es necesario denunciar que las autoridades se muestran inoperantes a la hora de identificar y perseguir a las personas responsables, como en los asesinatos de Anabel Flores, Elidio Ramos, Manuel Torres y Francisco Pacheco. Más grave aún, en dos de estos casos las autoridades criminalizaron a las víctimas para explicar sus muertes, en términos de supuestos vínculos con redes delictivas, en el caso de Anabel Flores, o de presuntas actividades de delincuencia común, acompañada de la estigmatización por adscripción ideológica, forma de vestir y supuestos hábitos de consumo, en el caso de Salvador Olmos”, señala.
Artículo 19 alerta en su informe sobre el patrón de encubrimiento de la autoridades y la justificación de la violencia ejercida contra los periodistas, al ligarlos a “categorías sociales consideradas peligrosas”.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
La organización destaca la utilización del sistema judicial y administrativo para atacar a los medios de comunicación y a los periodistas, principalmente a través del retiro de la publicidad oficial, si se publica información incómoda los gobiernos y ejemplifica con el caso del diario digital A Fondo, en el Estado de México, el cual ha “sido objeto de todo tipo de presiones gubernamentales” por su cobertura sobre los feminicidios que se dan con frecuencia en la entidad.
En el primer semestre se registraron 11 casos de violencia institucional, de los cuales siete han sido dirigidos contra los medios de comunicación y cuatro contra periodistas en particular. Por tipo de medio se ha documentado que cuatro son digitales, cuatro radiofónicos y tres impresos. Los perpetradores son las instituciones públicas en 10 casos (seis federales y cinco estatales) y en uno fue particular.
“La violencia institucional tiene diversas manifestaciones específicas tales como la judicialización y su extremo, la criminalización; el acoso administrativo; y el retiro o negación arbitrarias de la pauta de publicidad oficial. Mediante todas estas variables diversos actores estatales o privados pretenden inhibir a medios y periodistas que realizan coberturas que pueden resultarles incómodas para sus intereses”, dice el informe.
Artículo 19 recuerda el caso de la periodista Sanjuana Martínez, quien enfrenta un proceso civil iniciado en su contra por Jesús Ortega Martínez, el líder de la “tribu” o expresión Nueva Izquierda (NI) o “Los Chuchos” del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en donde, indica, se violó el debido proceso.
La organización recordó el caso de Gabriel Ortega, periodista del medio Por la Libre en Chihuahua capital, quien fue detenido, incomunicado y sujeto a proceso por la supuesta comisión del delito de editar información contenido en el artículo 333 del Código Penal de Chihuahua. “El delito además de ser abiertamente violatorio de la libertad de expresión per se, fue utilizado de manera arbitraria para castigar a Ortega por la publicación, el 11 de septiembre de 2015, de una nota sobre cheques del Secretario de Salud, Pedro Hernández vinculados a tráfico de influencias del gobernador César Duarte y su esposa. Poco tiempo después publicó otra nota sobre la factura de un reloj que fue presuntamente regalado por Hernández a la esposa del Gobernador. Sin embargo, Gabriel Ortega, también entonces candidato de Morena [Movimiento Regeneración Nacional] a diputado suplente por el distrito XVI local, había increpado una semana antes de su detención al candidato del PRI a la gubernatura por su papel protagónico como Presidente del Congreso local en el endeudamiento de la entidad”, dice.
El informe señala que tanto el caso de Sanjuana, como el de Gabriel Ortega, genera “serias dudas” sobre la imparcialidad del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y del Poder Judicial de Chihuahua.
“Además, es un botón de muestra del uso político de las fiscalías para imputar falsos delitos a voces disidentes. Las violaciones al debido proceso en ambos han sido tan burdas, que son pocas las probabilidades de que se deban a un simple error de los funcionarios ministeriales y judiciales”, indica.
El documento rescata lo casos de la indemnización que le impuso el Juez de Primera Instancia Civil en Campeche al consorcio Multimedios que edita el periódico La Opinión. El embargo al periódico Noroeste y la agresión a Estrella Pedroza, reportera de El Regional del Sur y corresponsal de La Silla Rota, quien fue agredida por policías del Mando Único de Cuernavaca, cuando ella los grababa con su celular agrediendo verbal y físicamente a un taxista de la capital de Morelos.
AMENAZAS EN TODO EL PAÍS
Durante el primer semestre de 2016 la organización documentó 35 amenazas de distinta índole. Once de ellas de muerte, como el caso contra Jorge Sánchez, director del periódico La Unión de Medellín del municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, e hijo del periodista asesinado Moisés Sánchez Cerezo, aún y cuando es beneficiario del Mecanismo Federal de Protección desde enero de 2015.
“Sin embargo, el contexto y particularidad de cada una de las amenazas reflejan la complejidad y situación de riesgo con la que conviven periodistas, reporteros y trabajadores de los medios de comunicación a lo largo de todo el país. La Ciudad de México es la entidad federativa que suma el mayor número de amenazas con siete, le sigue Guerrero con seis y posteriormente Veracruz con cinco. Es importante mencionar que estos dos últimos estados se encuentran en un contexto electoral, de protestas civiles y de asesinatos contra periodistas y personas que ejercen una labor periodística”, indica Artículo 19.
De la agresiones 11 fueron amenazas de muerte, de las cuales seis se dieron a través de las redes sociales, dificultando el rastreo de los agresores. 42 por ciento del total de las agresiones ocurrieron, presuntamente, por parte de funcionarios públicos (11) o miembros de partidos políticos (cuatro).Las amenazas provenientes de particulares fueron 11.
“Tal es el caso de Mario Gómez, corresponsal del Heraldo de Chiapas en Yajalón, Chiapas, quien fue amenazado el día 15 de junio vía redes sociales por el chófer de los diputados del Partido Verde Ecologista de México [PVEM]. Otro caso relevante es el de José Maldonado, director del medio digital Noventa Grados de Morelia, Michoacán quien fue amenazado de muerte por elementos de la PGJ del estado”, revela.
ATAQUES A PERIODISTAS QUE CUBREN PROTESTAS
La organización documentó durante el primer semestre del año 43 agresiones contra la prensa en contextos de protesta social: 18 en Oaxaca, 10 en Tabasco, cuatro en Ciudad de México, tres en Veracruz, dos en Chiapas, dos en Michoacán, una en Yucatán,Puebla, Guanajuato y Guerrero.
“Los ataques van desde el robo de material de trabajo hasta el peligro de la integridad física y la vida; así, de las 43 agresiones, 16 fueron privación de la libertad, 15 fueron ataque físico o material, cinco intimidaciones, cuatro amenazas, dos homicidios y un acoso y hostigamiento”, dice.
Del total de agresores, 20 fueron particulares, en cuatro casos se desconoce el carácter del agresor y 19 son funcionarios públicos, autoridades de los cuales, en 10 casos los agentes perpetradores son policías locales, y nueve policías federales.
Artículo 19 concluyó que existe en México un “imparable” patrón de violencia contra la prensa, a pesar de que existen mecanismos estatales y federales para la defensa de los periodistas.
“Una vez más, los contextos de protesta se confirman como los más peligrosos contra la prensa. El actual contexto de alta conflictividad social, derivada de la respuesta del Estado ante la movilización magisterial y popular en Oaxaca, Ciudad de México y Chiapas es un escenario donde se recrudece la ausencia de garantías mínimas para cubrir dichos acontecimientos de interés público”, dice y alerta sobre que “las autoridades de todos los niveles de gobierno, emprenden acciones destinadas a dar golpes mediáticos, mas no para erradicar las causas estructurales que favorecen la violencia contra periodistas”.
Los políticos, dice el informe, están preocupados por hacer un control de daños sólo ante la “opinión pública ante casos específicos que causan indignación”, pero no hacen nada por detener la violencia en contra de los periodistas.
“Article 19 exige a las autoridades correspondientes llevar a cabo investigaciones serias e imparciales, a fin de identificar y castigar a todas las personas responsables, teniendo en cuenta como hipótesis principal la labor periodística de las y los comunicadores. Es necesario, además, ofrecer una reparación adecuada a las familias por la pérdida de sus seres cercanos, asegurando la no repetición de los hechos de violencia cometidos por funcionarios públicos, y garantizando la creación de un clima de respeto hacia la labor periodística”.
La organización también exige “que el Estado mexicano brinde una protección efectiva a periodistas y comunicadores en el ejercicio de su profesión. En este sentido, urge reducir los niveles de impunidad de las agresiones a periodistas, y garantizar que los mecanismos de protección estatales y el federal, así como las comisiones locales de derechos humanos, gestionen e implementen esquemas de seguridad preventiva eficaces y acciones encaminadas a garantizar la integridad física de los periodistas y de sus familias, actuando incluso de una forma proactiva a fin de que no se repitan hechos fatales en otros comunicadores”.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/04-08-2016/3075493
