TOLUCA, Edomex. (apro).- El despojo de tierras se ha convertido en una constante de los gobiernos federal, estatal y municipales en la entidad para facilitar a los empresarios la construcción y desarrollo de obras de infraestructura que ofrecen como públicas pero que en realidad son concesionadas.
En los últimos días, Chimalhuacán, San Pedro Tultepec y Valle de Bravo se han sumado a Atenco, Xochicuautla, Coyotepec, San Francisco Magú y Tecámac para garantizar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), autopistas operadas por Higa u OHL, el tren interurbano, Plazas Estado de México, Ciudades Bicentenario o complejos habitacionales.
Volar
El primer día de agosto Apro dejó de manifiesto que la construcción de la nueva terminal aérea no sólo ha provocado malestar del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en la zona de Atenco-Texcoco.
Dos centenas de ejidatarios de Chimalhuacán denunciaron el despojo de 450 hectáreas, a través de Irma Lorena Roa López, jefe de Departamento de Control y Validación Documental, y Mario Vázquez, quienes ofrecieron a los dueños “gratificaciones por cuidar los terrenos del gobierno” mediante un convenio de “no ocupar o desocupar”, a cambio del pago de entre 10 y 65 pesos por metro cuadrado.
Al firmar los convenios, los funcionarios solicitaron a los propietarios documentos originales de contratos de compraventa, inmatriculaciones, escrituras públicas, títulos primordiales de 1895, traslados de dominio, recibos de impuesto predial, contratos privados, etc. En caso de oponerse, amenazaron con el desalojo por parte de la Policía y el Ejército.
Los afectados promovieron denuncias penales y amparos que se encuentran en proceso, pero de los que dos ya fueron ganados, de tal manera que los Tribunales ordenaron a la Legislatura local reintegrar las tierras a sus legítimos propietarios –María del Rosario Zedillo Méndez y Rosa Jiménez Tenorio–, lo que ocurrió el 12 de julio pasado sin que, hasta ahora, les haya sido reintegrada físicamente su propiedad, conforme lo advirtió Juan Loreto González, representante legal de los afectados.
Por estos terrenos además cruza la autopista de OHL para comunicar la terminal aérea, pero tampoco han sido indemnizados sus dueños con la construcción de cuatro puentes peatonales, como se comprometió la firma española.
En tanto, Tomás Cruz, dirigente de la Coalición de Organizaciones Urbanas y Campesinas (Coduc) Chimalhuacán, alertó que al considerar que tiene perdida la batalla jurídica, el gobierno federal constituyó a Antorcha Campesina como grupo de choque, al asignarle, mediante el Diario Oficial de la Federación, 20 hectáreas de la zona afectada para construir una Universidad Politécnica y, el 21 de julio, 30 hectáreas más para un centro deportivo y 150 adicionales para un parque industrial.
Interurbanos
La Procuraduría General de Justicia de Estado de México (PGJEM) inició carpetas de investigación por el presunto despojo de 50 hectáreas del ejido de San Pedro Tultepec, en Lerma, en contra de nueve de sus defensores.
El ejido en disputa se ubica en una zona bien comunicada y con plusvalía al alza, entre la carretera México-Toluca (donde además se construyen las obras del interurbano), la Vialidad Las Torres y la estación del tren Lerma.
Paulino Osorio, representante del movimiento, denunció que detrás de las acusaciones están las empresas Hino Motors, Continental Motors, Chrysler y Chevrolet, la familia Abascal y la señora Carmen Ontiveros.
“Nosotros sólo somos trabajadores del campo que no tenemos las relaciones políticas que ellos tienen”, dijo.
Tras la Revolución, unos 298 pobladores fueron dotados con mil 936 hectáreas. En 2001, los ejidatarios ganaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el amparo 168, y el 4 de junio de 2011 les fue entregado legalmente el ejido.
“Tenemos resolución presidencial, plano definitivo, acta de posesión y deslinde de todo el territorio”, expuso.
No obstante, el 19 de diciembre pasado fueron enviados a azuzar a la comunidad cerca de 5 mil granaderos estatales. Tratándose de un tema agrario y federal, Osorio Montaño alertó que la PGJEM y el gobierno estatal carecen de facultades en la disputa.
Navegar
Sin mediar notificación ni indemnización, el pasado viernes dos familias de Valle de Bravo, propietarias de casi 3 mil metros cuadrados sobre la costera, en pleno centro de la cabecera municipal, fueron desalojadas con el pretexto de construir en sus tierras una Plaza Estado de México.
Los inmuebles fueron expropiados el 27 de junio –cuando se promulgó el decreto respectivo– por el gobernador priista Eruviel Ávila, en favor de la Secretaría de Cultura, encabezada por Eduardo Gasca Pliego.
La vivienda del señor Rodrigo Pérez Mainou fue demolida, en su ausencia, el día del desalojo; la segunda se dejó pendiente ante la necesidad de desalojar algunas lanchas ancladas en la pensión Villalpando –de la que dependen seis familias, algunas de origen mazahua– por concesión de Conagua.
Los terrenos expropiados se ubican en una zona de gran plusvalía. Una consulta de venta de terrenos en la zona costera con empresas como InmoMéxico o Inmuebles Metros Cúbicos reveló costos promedio de 150 mil dólares para propiedades de 500 metros cuadrados, mientras las casas se cotizan a partir de un millón de dólares, dependiendo de la ubicación en torno al lago, la extensión del terreno y el tipo de construcción.
Sara Sepúlveda, nuera de don Mario Villalpando, afirmó que su vivienda no es onerosa, y que el terreno le fue entregado a su suegro hace aproximadamente 40 años como pago por la empresa para la que trabajó.
“Nosotros tenemos una casita humilde, todo lo demás es terreno cubierto de vegetación y los lanceros donde guardamos las lanchas”, aclaró.
El artículo quinto de la Ley de Expropiación del Estado de México establece que “el pago de indemnización por expropiación de bienes inmuebles se basará en la cantidad que como valor fiscal o catastral figure en las oficinas catastrales o recaudadoras respectivas”.
El decreto expropiatorio afirma que el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México emitió los avalúos, y que la Secretaría de Cultura deberá cubrir la indemnización “en una sola exhibición en cheque certificado un mes después de publicado” a quien acredite tener derecho.
El documento incumple el artículo 11, fracción V, de la Ley de Expropiación de la entidad que obliga a especificar “el monto”.
En entrevista, Sepúlveda sostiene que desconocen los términos del avalúo realizado por la dependencia y rechaza que hayan recibido cheque alguno para indemnizarlos; incluso afirma que cuando se pretendió demoler su vivienda jamás les comunicaron una sola palabra sobre la indemnización.
De hecho, advierte que ni siquiera fueron notificados, lo que violentaría el artículo séptimo del propio decreto, que obliga a notificarlo “a quien o quienes tengan derecho, en términos del artículo 12 de la Ley de Expropiación para el Estado de México”.
También se violenta el artículo 14 de la Ley de Expropiación, en la que se dispone: “Después de cinco días de notificada la declaratoria, se citará personalmente al propietario o poseedor afectado y al solicitante, indicándoles el día y la hora en que se será (sic) dentro de los cinco días siguientes, en que se llevará a cabo la diligencia de posesión, la cual se realizará indefectiblemente”.
Mario Villalpando, de 87 años, quien según su nuera “ya padece demencia senil, no entiende bien lo que se le dice y confunde las cosas”, firmó el pasado viernes su acuerdo con el decreto expropiatorio luego se vio rodeado por una docena de elementos policiacos que irrumpieron en su casa.
El decreto entró en vigor el mismo día de su publicación. La mayoría de las reformas en la entidad operan a partir del día siguiente.
El resultando primero admite que el “secretario de Cultura del Estado de México, con oficio 228A00000/076/16, del 4 de abril de 2016, solicitó al Titular del Poder Ejecutivo, la expropiación”.
Eduardo Gasca, secretario de Cultura de la entidad, fue cliente de la marina de los Villalpando desde finales de 2013 hasta principios de 2015.
Apenas este jueves 4, pobladores inconformes realizaron una marcha en contra de la decisión, pues consideran que el proyecto atenta contra la ecología (la zona se encuentra considerada por el propio decreto como Área Natural Protegida de jurisdicción federal, denominada Área de Protección de Recursos Naturales Zona Protectora Forestal), la imagen urbana del pueblo (es rústica y el proyecto prevé encementar el área) y peor aún porque no fueron consultados.
El sábado 23 de julio fueron convocados por la empresa Infraestructura Social, contratada por la Secretaría de Infraestructura, para acudir a un “taller gratuito de participación ciudadana para la recuperación de espacios públicos”, en el que los asistentes aclararon que tenían necesidades distintas a las mejoras del embarcadero, y donde se les prometió no afectar a terceros.
“Hay otras necesidades más apremiantes en Valle y así se los hicimos saber… no veíamos necesidad de mejorar ese espacio olvidado, como dijeron ellos”, refirió Carmina Navarrete, una de las vecinas.
El embarcadero, dijo, ya está rebasado, es caótico y se requiere descargar el tráfico, por lo que durante ese encuentro los pobladores sugirieron como alternativa invertir en el desarrollo de San Antonio, ubicado al otro lado de la costera, para crear otro puerto.
Política de despojo
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) tiene documentados al menos otros cinco grandes despojos en la entidad, actualmente en litigio:
San Salvador Atenco –también por el NAICM–; Xochicuautla –donde Higa construye la autopista Toluca-Naucalpan); Coyotepec –el agua pretende municipalizarse para llevarla a una Ciudad Bicentenario–; San Francisco Magú –donde se quiere imponer el proyecto inmobiliario “Bosques del Paraíso” de la empresa Merket Construcciones SA de CV sobre el bosque y agua de la comunidad–, y Tecámac, cuya agua potable será destinada a la Ciudad Bicentenario.
José Antonio Lara, representante legal de organismo, alertó que “no son casos aislados; hay una política integral de despojo de tierras, territorio y recursos naturales, implementada por el gobierno estatal en favor de grandes empresas nacionales y extranjeras”.
Fuente: Proceso
Autora: Veneranda Mendoza
http://www.proceso.com.mx/450034/despojo-via-facilitar-a-empresarios-obras-en-edomex
